SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número29FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, Derecho público romano. Recepción, jurisdicción y arbitrajeGALÁN LORDA, Mercedes - ZUBIRI JAURRIETA, Amparo, Los términos faceros de la merindad de Pamplona. Estudio histórico-jurídico: (Gobierno de Navarra, Instituto Navarro de Administración Pública, Pamplona, 2005), 345 págs índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.29 Valparaíso  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552007000100024 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXIX, 2007, pp. 550-556

RECENSIONES Y RESEÑAS

 

FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, María del Camino, La sentencia inquisitorial (Editorial Complutense, Colegio Universitario Domingo de Soto de Segovia, Madrid, 2001), 341 páginas.

 

Guillermo Hierrezuelo Conde


Nos encontramos frente a una monografía, coeditada entre la editorial Complutense y el entonces existente Instituto de Historia de la Inquisición, actualmente transferido y cambiado su nombre a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (que edita la Revista de la Inquisición. Intolerancia y Derechos Humanos, cuya directora es Consuelo Maqueda Abreu, de notable prestigio por sus aportaciones a la materia) con otro libro de José Ramón Rodríguez Besné (los Besné son de origen francés, del Loira, aunque Besneville está en el cantón de Saint-Sauveur-le-Vicomte, pero no sabemos si este Rodríguez Besné tiene que ver con los Besné de Saget de Talhouet o con aquel siniestro Camille-Philippe Besné que tantos desatinos cometió durante el terror thermidoriano; por otro lado es seguro que como Rodríguez -y no sólo él, sino la mayor parte de los Rodríguez españoles- no guarda ningún parentesco con la leonesa Marta Eugenia Rodríguez, que ha estudiado en Harvard, en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Massachussetts, tiene 26 títulos universitarios y está considerada una de las cinco españolas con mayor coeficiente intelectual probado: supera los 215) sobre el Consejo de la Suprema Inquisición, de escaso calado científico pese al inconmensurable número de años que Besné le ha dedicado a la realización del mismo. En ese sentido lo que podía haber sido una obra monumental ha quedado reducido a un libro circunstancial, con un tratamiento muy elemental de las fuentes informativas y que no ha tenido apenas acogida en el mundo científico de relieve, de verdaderos expertos en la Inquisición, siendo un libro que nadie se ha atrevido a prologar. Tiene aspectos positivos sin duda la obra de R Besné, de los que ya me ocupé en su momento, por lo que ahora me ahorro reiteraciones ("nullum est iam dictum quod non sit dictum prius").

Pero centrándonos en la monografía que nos ocupa, la de María del Camino Fernández Giménez, se trata en la misma del procedimiento inquisitorial. Este sistema tiene sus orígenes en la época medieval, momento en el que se iniciaba a través de la inquisitio, atribuyéndosele al inquisidor, al mismo tiempo, las funciones de fiscal y juez. En una etapa posterior ya se hizo una delimitación más clara: primero la inquisitio, denuncia posterior y finalmente la acusación. La figura de San Ramon de Penyafort tiene mucho que ver con los orígenes del procedimiento inquisitorial, ya que en el Concilio de Tarragona de 1242 se sentaron las bases de la organización del tribunal medieval de la Inquisición. La ocasión inmediata fueron las herejías de los cataros, de los valdenses, de los albigenses que amenazaban con sus prácticas heterodoxas la disolución de los fundamentos religiosos y sociales de los Estados cristianos de la Corona de Aragón, del mediodía de Francia y del Norte de Italia.

Sabíamos que el procedimiento inquisitorial se caracterizaba por ser especial, sumario y secreto. De esta forma se evitaba cualquier tipo de venganza personal del acusado, haciendo inviable al mismo tiempo la misma defensa del reo al desconocer la acusación. Determinadas personas con un elevado estatus social (nobles, clérigos y ciudadanos ricos) no serían sometidas a penas de carácter infamante o corporal. La finalidad de este proceso era castigar al hereje, obteniendo su confesión y si era posible la conversión, pero una conversión sincera. El medio utilizado para ello no era otro que la tortura, que con tanta precisión de detalles estudió Francisco Tomás y Valiente, y que fue tomada de la tradición procesal civil como instrumento de prueba de la culpabilidad o inculpabilidad. Había que entender como herejía las afirmaciones de personas bautizadas que defendieran tesis contrarias alas verdades del catolicismo. Este proceso era imparable, aunque tuviera lugar la muerte del reo. Incluso se podía llegar a coaccionar al acusado impidiéndole oír misa o asistir a cualquier ceremonia de carácter religioso. Las tres fases procesales representaban el pórtico a las cuestiones procesales: una fase inicial, una intermedia y una final. En la primera se requería acusación, denuncia o inquisición. La acusación de particulares confería al acusador el deber de probarla, siendo a la vez parte procesal. En caso de que no pudiera ser probada, se le impondría a ésta la pena del reo. Posteriormente en el tiempo, se le castigaba como falso testimonio. A través de la denuncia se ponía en conocimiento de los jueces un delito. En este caso el denunciante no tendría que presentar ningún tipo de pruebas en la medida en que no era parte integrante del proceso. Pero la forma más común era la inquisición, que daba lugar a un procedimiento de oficio cuando una de las autoridades judiciales tuviera conocimiento de un delito contra la fe. La inquisitio generalis consistía en que "el juez tiene constancia directa y concreta de la existencia del hecho delictivo o irregularidad herética, pero desconoce la persona sobre la que recae la sospecha" (p. 25). Era el caso, a modo de ejemplo, de los rumores que se iniciaban en una cierta ciudad sobre una herejía. En la specialis el inquisidor investigaba conociendo el responsable de la herejía y adoptando las medidas adecuadas. Una vez constatada la existencia de indicios contra el acusado, el inquisidor procedía a dictar mandamiento de prisión y embargo de bienes. La fase intermedia tenía relevancia ya que en la misma se interrogaban los testigos, y sólo si confesaban la herejía no serían ajusticiados con la pena capital. En la fase decisoria o final se procedía a la consulta de fe y a la publicación de la sentencia.

En 1488 se instauró el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Los Tribunales de distrito tenían categoría inferior a la Suprema. Estos Tribunales se fueron creando en distintas ciudades como Zaragoza y Valencia, en 1482, Barcelona en 1484, Mallorca en 1488, Sevilla y Córdoba en 1482, Toledo y Llerena en 1485, Valladolidy Murcia en 1488, Cuenca en 1489, Las Palmas en 1505, Logroño en 1512, Granada en 1526, Santiago en 1574 y Madrid en 1640. Estos inquisidores tenían la facultad para subdelegar sus funciones en otras personas, siempre que así estuviera previsto en las leyes. El Papa no podía, sin embargo, incurrir en herejía. El obispo u ordinario investigaba las herejías y practicaba las pruebas para posteriormente enviarlas al inquisidor. Junto a estas figuras intervenían unos expertos en teología, los asesores; si bien su voto no era vinculante en la práctica, los inquisidores seguían sus directrices. En un primer momento no existía la figura del promotor fiscal, pero con el tiempo se crearía para actuar como acusador, debiendo tener la categoría de perito en Derecho, y era el que se encargaba de tramitar toda la acusación. No faltaban, por otro lado, los notarios o secretarios, oficiales que daban fe de los actos procesales. Con el tiempo, su nombramiento correspondería a los inquisidores.

Camino Fernández en el capítulo tercero estudia el concepto y elementos de la sentencia. Entre éstos se encontraban el sujeto (representado por la figura del reo), al igual que el objeto (en nuestro caso concreto se trata de la herejía). Las personas acusadas o sospechosas de hereje podían optar entre la confesión o el arrepentimiento, así como la ratificación de sus confesiones en las veinticuatro horas posteriores al tormento en caso de confesión. La obligación de guardar secreto se prolongaba a lo largo de todo el proceso. Asimismo, el reo tenía la obligación ineludible de estar presente en el momento de la lectura de la sentencia, pudiendo además solicitar la recusación del inquisidor. El acusado tenía que cumplir íntegramente sus penas, así como el derecho a percibir alimentos durante el tiempo que estuviese en la cárcel. En caso de inocencia del reo, éste tenía derecho a que el Santo Oficio expidiese un certificado de la sentencia, pero la práctica era la de no concederlo. El objeto de la acusación era, como hemos señalado, la herejía de los bautizados y de los conversos, así como aquellas conductas sospechosas que eran indicio de ella. Sean estos los casos de los judaizantes, de los luteranos (la intentona luterana en España no tuvo carácter popular sino aristocrático; el vulgo se mostró muy contrario a las ideas reformistas), de los alumbrados, de los moriscos y además la bigamia (que entonces era más fácil de poder darse, ya que se carecía de medios de control efectivos), el terrible pecado y delito de solicitación que tiene que darse con las condiciones requeridas y con ocasión de la confesión sacramental, el sortilegio, la blasfemia (en gran parte del siglo XX en España la blasfemia ha sido un delito recogido en el Código penal), la brujería o la hechicería eran algunos de los delitos existentes. A ello dedica Camino Fernández las pp. 80-90. Las penas para estos delitos se estudian por parte de Fernández en las pp. 190 y ss. Realmente que a materias que han merecido millares de páginas escritas les dedique tan escasas páginas producen rubor y mucho mayor cuando ni siquiera en nota se hace eco de la bibliografía crítica que ha estudiado penas y delitos.

Las sentencias podían ser interlocutorias (que a su vez se subdividían en las de tormento y prueba) y definitivas (condenatorias y absolutorias). A través del tormento se pretendía descubrir la verdad, utilizándose como medio de prueba. La edad no fue motivo para excluir del tormento a una persona acusada de herejía; las mujeres embarazadas sólo eran sometidas a tormento una vez que habían dado a luz y transcurría un lapso prudencial de tiempo. El reo se debía ratificar en sus confesiones en las veinticuatro horas posteriores al tormento. En caso de no hacerlo se adoptarían las medidas oportunas. El tormento era admitido que pudiera repetirse nuevamente en caso de que se incurriera en contradicciones. En las sentencias de prueba, el órgano competente (el promotor fiscal) debía solicitar las pruebas correspondientes. En cambio, las definitivas se caracterizaban porque tratan sobre el objeto principal del proceso y ponen fin al mismo, ya sea absolviendo o mediante condena. Entre estas últimas eran frecuentes las de reconciliación y relajación. Las de reconciliación requerían que los presuntos herejes confesasen sus contradicciones con la fe católica. La excomunión no se le aplicaba a aquellos que asumían el catolicismo de forma inequívoca. Pero si la conversión era simulada, se le excomulgaría e impondría la cadena perpetua.

Los aspectos formales de la sentencia requerían los siguientes presupuestos: texto escrito, votación y lectura inmediata de la misma. Sin embargo, en algún que otro proceso transcurrieron incluso años desde la votación hasta el pronunciamiento. Las sentencias eran leídas en auto público y siempre de día, salvo que hubiera un elevado número de procesos sobre los que dictar sentencia. Finalmente se procedía a la notificación a las partes implicadas (acusada y promotor fiscal), si bien cabía apelación aunque no era frecuente que se admitiera. La última fase de la misma, y tras los posibles recursos, consistía en la ejecución de la sentencia.

En la sentencia hay que diferenciar entre el visto y el fallo, si bien el primero de ellos únicamente se presentaba en las sentencias definitivas, que se iniciaban directamente con el fallo. En el fallo se recogían todas las consecuencias jurídicas para las partes procesales. Algunas de las penas impuestas fueron la celebración de los autos de fe, la ejecución de la pena de muerte en la hoguera, la vergüenza pública, los azotes, la exhumación de los huesos de los herejes difuntos y el sambenito como vestidura de los penitentes con su posterior exposición en las iglesias o las galeras. El hereje que no acogía los principios católicos era calificado como infame y se le castigaba con la privación de fama y de honor. La pena de mayor gravedad era la de muerte. Entre las penas arbitrarias se incluían las impuestas a los herejes o sospechosos de herejía como la pena de excomunión, la de abjuración (trata sobre un acercamiento a la fe católica, rechazando cualquier herejía), la de destierro (su duración estaba en función del delito y del arbitrio del Santo Oficio, si bien la duración normal era de diez años), la de cárcel, que conllevaba una privación de libertad no superior a ocho años incluso en aquellos casos en que fuesen condenados a cárcel perpetua. Otra modalidad de pena era la de galeras, si bien se excluían determinadas personas como era el caso de los nobles, las mujeres, los clérigos o las personas cuyo estado físico no aconsejaban esta medida. Quizá la pena de más difusión fuese la de azotes y vergüenza, que se aplicaban en numerosos casos como el de las mujeres que contrajeran segundas nupcias en vida del primer marido o a los testigos falsos. No menos usual era la pena pecuniaria, mediante la cual se castigaba a los sospechosos de herejía, así como a los acusados de bigamia, blasfemia, expresiones malsonantes y ofensas proferidas contra el tribunal y sus oficiales. Esta pena se cuantificaba en función del delito cometido y de la persona. Una sanción más novelesca era la pena de hábito penitencial, el sambenito que acabamos de mencionar, consistente en obligar al condenado a llevar encima de la ropa el saco bendito (sambenito o hábito). Entre las incapacitaciones se establecían otros castigos que impedían "desempeñar determinadas funciones o usar algunos derechos, tanto en el ámbito civil como religioso" (p. 187) (como podían ser profesiones de procurador, arrendador, boticario, físico o cirujano, entre otras), así como llevar oro, plata, coral, perlas, etc.

Las sentencias no tenían nunca carácter de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en todo momento en apelación y suplicación. La primera de ellas pretendía un nuevo examen a cargo de un Tribunal superior al que conoció del caso. En la época medieval siempre era viable presentar un recurso de apelación, pero en tiempos posteriores no se llegó a permitir. De hecho, en las sentencias interlocutorias sí era posible la apelación, denegándose en las sentencias definitivas. Otro de los recursos que tuvieron cierta difusión fue el de suplicación, que consistía en que "el Tribunal que dictaba sentencia de vista podía revisar de nuevo el proceso en grado de revista, siempre que el reo se considerase agraviado y primero apelase ante el Consejo" (p. 263). En realidad, era frecuente que se calificase a este recurso como de apelación y viceversa. En el Apéndice (en realidad el libro es un apéndice encadenado sin solución de continuidad) se recogen finalmente una serie de sentencias de la Inquisición (pp. 273-325). Sobran. Hay miles y miles de sentencias inquisitoriales, para que aquí aparezcan veinte documentos que ninguno de ellos es significativo, ni como documento, ni por el personaje sobre el que recae la sentencia.

La autora ha tratado con notoria superficialidad un tema de Derecho procesal tan delicado y objeto de valoraciones científicas de relieve extraordinario en el mundo occidental, y además María del Camino ha adoptado planteamientos científicos poco compatibles con un verdadero rigor intelectual y método histórico-crítico. ¿A qué viene reproducir textos enteros sin más, que debería a lo sumo indicarse en nota su existencia, en latín o castellano o en traducciones que no sirven para otra cosa que para llenar páginas y más páginas de su libro como ocurre en pp. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y para qué seguir si es en todo el libro, salvo la indicación de cuando ya se da de forma clamorosa en pp. 43-44, 49, 51-53, 59-62, 66, 95, 96, 114-117, 152-156, 169-173, 191-195, 203-204, 206-209, 224-225, 229-236, 238-250, 257-260 y 265-269- Su claridad y sencillez ha sido elogiada por Manuel J. Peláez incomprensiblemente, e incluso pretendió hacerlo en París en la RHDFE., idea que abandonó harto de tanto tener que aplicar el bálsamo de la mentira con la esponja de la falta del sentido común a todos estos trabajos inquisitoriales, que no hacen sino denostar a la iglesia católica por un lado y por otro, por acá y por acullá, en vez de denunciar los verdaderos problemas de la manipulación histórico-jurídica, y no sólo en materia de instituciones eclesiásticas.

Se entiende lo que dice Fernandez Giménez, pero no dice nada de relieve jurídico que permita a esta obra calificarla como de excelencia. Con Fernández Giménez es posible acercarnos a una materia nada simple y entender cuestiones como los sujetos y el objeto del proceso, así como los recursos procesales, lo cual no quiere decir que la construcción intelectual sea ni elegante, ni sugerente, simplemente inteligible, con raciocinio de transmisora de conocimientos para la enseñanza tanto universitaria como media y elemental. Otros hablaban de ver la sombra de San Pedro. Aquí no se ve la de Carnelutti, ni la de Calamandrei, ni la de Chiovenda, ni la de Guasp, ni la de Salgado de Somoza, sino una sencillez quizás impropia de un marco jurídico impreso. La bibliografía final de pp. 333 a 341 no se corresponde con lo que luego la autora recoge a lo largo de las 748 notas a pie de página del libro. ¿Cual es la razón técnica de ese despliegue bibliográfico (entre ellos aparece el controvertido Juan Antonio Llórente González, que luego no vemos citado en texto, en ninguna de las tres obras suyas que menciona, como de B. Netanyahu se hace eco de una obra menor sobre los marranos españoles, pero no de su gran libro, que debería conocer, y seguro conoce), si luego más del 80% del mismo no se ha utilizado en el aparato crítico?

Este libro de Camino Fernández es una continuación de los estudios que se vienen prolongando desde el año 1976 por un grupo de investigadores entre los que hay de todo. Era de esperar que la labor de esta estudiosa de las normas jurídicas procesales hubiera tenido su continuación y llegase a mejorar su obra, pero no se ha visto que haya publicado nada de Derecho procesal sugerente desde entonces. Incomprensiblemente, uno de sus mayores críticos el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Complutense, Juan Antonio Alejandre, quizás el mejor conocedor entre los iushistoriadores de la Inquisición con que actualmente contamos en España, que fue severo juez de Fernández Giménez, con ocasión de su concurso de habilitación nacional, reprobando su programa (donde no había ni Derecho privado, ni Derecho penal, ni Derecho procesal, ya que al tener que someterse a una prueba de temario no iba a incluirlo arriesgándose a poder tropezar), su concepción de la asignatura, su peregrinaje por un lado y por otro, el abandono en que dejó al pobre Ricardo Gómez Rivero negándose a dar las clases que le correspondían en la Universidad Miguel Hernández de Elche, cuando Gómez Rivero cayó en dolorosa postración fruto de la enfermedad y con elevadas y malignas fiebres, el que tenga su domicilio familiar en Murcia y sus lugares de trabajo estuvieran en Elche y actualmente en Madrid; sin embargo, reiteramos, Alejandre no censuró este libro, tampoco lo hizo Peláez, salvo veladas críticas. Desconocemos la verdadera razón. En nuestro caso, que silo valoramos, incluso positivamente, hemos quedado decepcionados con el paso del tiempo y recuperamos la censura del mismo que quedó interceptada en su momento, salida de la pluma de un iushistoriador originario de la isla de Tenerife, que se atrevió a decir la verdad sobre esta obra, pero que fue silenciado con violencia moral por intentar señalar sus defectos, que no son pocos.

Otra cosa que sorprende del libro es que carezca de prólogo, cuando está editado por una Institución oficial que tiene un director. ¿Pero tendrá valores este libro? Efectivamente, es una monografía pedagógica. La que puede leer un alumno de segundo ciclo o de doctorado y entenderla y puede servir para impartir clases prácticas con los textos que reproduce sin cesar y los comentarios que hace a los mismos, pero esto no es una tesis doctoral. También obra en su favor otro dato muy positivo: todo está muy bien esquematizado y el sumario es verdaderamente meritorio, lo cual sorprende todavía más con respecto a otras carencias. Pero no queremos levantar sospechas sobre algo que no hemos comprobado concienzudamente todavía y dejamos para una tercera entrega. Debe saberse la verdad y ser capaces de volar como lo hicieron Monsieur Garnerin y Madame Blanchard, cuando uno escribe de cuestiones científicas, sin someterse a las nuevas sectas de Levi, ya que como decía Don Félix "a otra suerte de esos dados;/ y al diablo les prenda fuego".

 

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons