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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.29 Valparaíso  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552007000100032 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXIX, 2007, pp. 577-592

RECENSIONES Y RESEÑAS

 

LINARES, José L. - MONTAGUT ESTRAGUES, Tomás de - RICART, Encarnado - SANSÓN, Victoria (editores), Liber Amicorum Juan Miquel Estudios romanisticos con motivo de su emeritazgo (Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2006), 1.111 págs.        [ Links ]

 

Guillermo Hierrezuelo Conde


Un estudio sobre el valor epistemológico de las reglas jurídicas romanas en el Derecho comunitario europeo (pp. 21-44), elaborado por Francisco J. Andrés Santos, profesor titular de Derecho romano de la Universidad de Valladolid, sirve a modo de introducción en este homenaje. En el mismo analiza las aportaciones más relevantes derivadas de la creación de lo que sería más tarde la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea, que tuvo como consecuencia jurídica quizás más relevante la creación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuya única pretensión era uniformar un ordenamiento jurídico propio, que estaba representado en los Tratados constitutivos, otros instrumentos internacionales de integración, los Reglamentos, las Directivas, las Decisiones, los Acuerdos del Consejo, etc. Por este motivo, Andrés Santos califica a ese Derecho común como "una tabla de doble entrada, en la que figuran unas reglas de tipo descendente (el Derecho comunitario primario y derivado) y otras de tipo ascendente (las normas estatales de carácter armonizado), que confluyen en un punto común, el nuevo Derecho europeo" (p. 22). Las interpretaciones del Tribunal europeo —que en numerosas ocasiones ha utilizado reglas o máximas romanas— tienen y han tenido una gran trascendencia, a pesar de que, desde un punto de vista estrictamente jurídico-formal, la jurisprudencia del Tribunal europeo no se presentase como una fuente del Derecho comunitario. De hecho, ha sido el artífice de reformular un nuevo Derecho privado europeo, más acorde con la realidad del momento, si bien aún no ha visto luz un Código europeo único de Derecho civil y mercantil.

En segundo lugar, Hans Ankum, el que fuera Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Amsterdam, ha analizado el término favor libertatis en los trabajos de los juristas clásicos romanos (pp. 45-78). Este principio se vio favorecido con la aparición de la idea de la humanitas, a finales de la República, y de la benignitas a partir de Marco Aurelio, que propiciaron la aplicación de aquel principio de favorecer la libertad. H. Ankum ha dividido los 33 textos estudiados, la mayoría de ellos incorporados en el Digesto, en dos categorías: la A, que se refería a aquellos en los que el favor libertatis caracterizaba una decisión o una norma jurídica existente o para explicar por qué la misma había sido aceptada (p. 48); pero también estaban aquellos textos, clasificados en la categoría B, en los que esa expresión servía como argumento para llegar a una opinión o a una decisión nueva favorable a un esclavo que conseguía la libertad o a una persona libre que devenía como esclava. La mayoría de los textos de la categoría A han sido opiniones aceptadas por los juristas. Un buen ejemplo de este tipo de normas la encontramos en el jurista Juliano (D. 40, 4, 16) o en el texto de Ulpiano (D. 40, 7, 19), así como en Paulo {Sententiae 2, 23, 2) al manifestar: "Manumissionis gratia inter virum et uxorem donatio favore libertatis recepta est" (p. 53). Pero sin duda, el texto de la categoría B más difícil de interpertar ha sido el de Ulpiano D. 40, 5, 24, 10. Ulpiano invocó igualmente el favor libertatis para mejorar la posición del statuliber (D. 40, 7, 9, 3). Sin embargo, hay que señalar que mucho más frecuentes que las manumisiones mortis causa fueron las inter vivos (p. 66).

Javier Barrientos Grandon, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Diego Portales (Santiago de Chile), escribe sobre las servitus viae en Hispania y servidumbres rústicas en provincias (a propósito de Cil. II/7 699a=Ae. 1995, 846) (pp. 79-95). En concreto se ha referido a una inscripción aparecida en la población hispana de Sisapo, uno de los centros mineros más importantes de la Baetica, que parece que estaba ubicada en la aldea de "La Bienvenida", una pedanía dependiente del municipio de Almodóvar del Campo. En época clásica las servidumbres se constituían por el dueño del predio dominante y debían adquirirse por aquél que lo era del predio sirviente. Este principio era aplicable también a los praedia provincialia, aunque ellos no eran susceptibles de haberse en dominio civil, debido a su condición de ager publicus. Durante la República el territorio de la provincia era considerado de dominio del pueblo romano, y en el Principado también como perteneciente al príncipe. El ager publicus, en cuanto perteneciente al populus romanus, quedaba confiado en su administración a los censores, y podía ser entregado en locaciones públicas a los particulares mediante el pago de un vectigal periódico, pero quien así lo recibía no adquiría la condición de dueño, sino la de poseedor, amparado por el interdicto utipossidetis. La condición del vectigalista sobre los fundos provinciales era transmisible a sus herederos y también podía disponer de ellos mediante legados, o inter vivos, ya fuera mediante una venta, o constituyéndolos en prenda, o gravándolos en usufructo. De esta forma, en provincias era posible que el vectigalista constituyera una servidumbre a favor de su predio y que fuera adquirida por el también vectigalista del fundo sirviente. En provincias las servidumbres podían ser constituidas mediante pactos y estipulaciones, según afirmaba Gayo. Javier Barrientos considera que "lo más probable debió ser que la servitus viae mencionada en la inscripción procedente de Sisapo se hubiera constituido mediante una estipulación" (p. 91). Por otra parte, considera que en provincias sí era posible imponer servidumbres rústicas (viae servitus imposita), aunque se hace imposible determinar la naturaleza real o personal de las mismas. Entre las servidumbres rústicas más antiguas se podrían citar las de via, iter, actus o aquaeductus.

Ana G. Bustelo (Universidad de Santiago de Compostela) estudia tres textos de la jurisprudencia clásica, recogidos en el libro 40 del Digesto, en su colaboración Libertates in ultimum vitae tempus (pp. 97-140), que se refiere a las manumisiones testamentarias dispuestas por el dominus para el último día de la vida del esclavo que se pretendía manumitir. En un fragmento de Juliano (D. 40, 4, 17) se establecía, con carácter general, la nulidad de las manumisiones que el testador concedía para el último momento de la vida del propio esclavo, porque de nada le servía al esclavo convertirse en libre en el momento final de su existencia, cuando ya no iba a poder disfrutar de la libertad. En el texto de Paulo (D. 40, 7, 4, 1), aunque sin calificar como tal, se recogía el caso tipo de libertad concedida para el último momento de la vida del servus: la manumisión "cum moreretur". En este texto de Paulo se contemplaban tres supuestos de manumisión testamentaria directa que no otorgarían al esclavo la condición de statuliber, siendo la manumisión ineficaz: en primer lugar, la libertad que se ha supeditado a un plazo de tiempo tan largo que resultaría imposible que el esclavo manumitido pudiera sobrevivir; en segundo término, aquella a la que se ha añadido una condición imposible; y, en tercer lugar, la manumisión dejada en suspenso hasta la muerte del esclavo (cum moreretur). Además, en ningún caso de manumisión surgiría una expectativa transmisible a los herederos del servus manumitido, por tratarse de un derecho personalísimo y, en consecuencia, intransmisible.

Una cuestión tan controvertida como la regulada en el art. 29 del Código Civil español, 1889, en relación con sus orígenes romanos (pp. 141-168) ha sido comentado de la mano de Anna Caballé Martorell, profesora de la Universidad Pompeu Fabra. En el citado artículo se determina el comienzo de la personalidad con el nacimiento, siempre que nazca con las condiciones que expresa el art. 30. De las actas de las sesiones del Congreso y del Senado se desprende claramente el motivo de la discusión: la "personalidad" o "capacidad jurídica" del nasciturus. En el Derecho romano, Juliano (D. 38, 16, 6 y 8) señalaba que el que no había sido aun concebido en el momento de la muerte del de cuius, no podía ser llamado a la sucesión legítima, ni tampoco a la bonorum possessio como cognado. Por otro lado, Ulpiano (D. 38, 16, 3, 11) hacía hincapié en que el nacimiento había de tener lugar antes de los diez meses de la muerte del pater. Los juristas de la época clásica no reconocieron nunca la existencia autónoma del embrión. De hecho, la protección que se le otorgaba no significa ni un reconocimiento, ni una atribución de personalidad, sino una expectativa justificada de que el concebido podía llegar a ser persona, y que iba a repercutir en la protección de su integridad física y en materia de status personarum, y en la protección de sus intereses patrimoniales en materia hereditaria. Sin embargo, en el texto primitivo del art. 29, dada en 1888, se decía que el nacimiento determinaba la personalidad excepto en los casos en que la ley retrotrayese a una fecha anterior los derechos del nacido. Pero se consideró que este sistema consagraba un deficiente sistema de protección del hijo postumo en relación a su herencia paterna.

Una cuestión como la remissio mercedis en la primera época del iusnaturalismo moderno ha sido tratada de la mano deLuigi Capogrossi (pp. 169-194). En la primera generación de los glosadores afloró la idea de que sólo en caso de pérdida de toda la producción del año, se salvaba eventualmente la producción de la simiente para el año sucesivo, quizá inspirándose en la institución de la remissio (p. 172). Pero la opinión mayoritaria era la de hacer una combinación entre la remissio intégrale, que hemos mencionado, y la remissio pro rata, cuando se perdía al menos la mitad del producto. Es evidente que la doctrina medieval tuvo como base la disciplina romana de la institución. De hecho, la ciencia jurídica intermedia situaba el origen de la remissio en la teoría general de los riesgos contractuales. Capogrossi destaca que esta institución despertó en los juristas intermedios el mismo interés que para los romanos (p. 174). En concreto estudia el pensamiento de juristas de la talla de Luis de Molina y de Huig de Groot (pp. 174-187), el iusnaturalismo francés y la etapa previa a la codificación (pp. 187-189), así como en la obra de Robert-Joseph Pothier (pp. 189-194).

María Jesús Casado Candelas, profesora de la Universidad de Valladolid, desarrolla en su colaboración la temática de los libros sobre Derecho romano censurados (pp. 195-223). Como manifiesta la autora, "para encontrar obras censuradas de las cuales algunos ejemplares escaparan al control inquisitorial, habría que recorrer todas las bibliotecas de Europa e Hispanoamérica, y no sólo públicas, sino también privadas" (p. 197). Las obras que menciona son, entre otras: Opera, de Franciscus Hotmanus; Mediolanensis iurisconsultus clarissimus, escrita por Philippus Decio; Coryphaeus iu-risconsultorum, escrita por Hugo Donellus, entre otros. Los autores que estuvieron en el punto de mira de la Inquisición fueron los que dejaban translucir en sus obras matices heréticos: los falsos conversos, los protestantes o luteranos, los alumbrados y los humanistas, como Alciato, Duareno, Poliziano, etc. Las obras sospechosas eran aquellas que trataban de cuestiones de fe, de las Sagradas Escrituras y controversias sobre la fe católica; las tendentes a fomentar la superstición; las dañosas de las buenas costumbres de la Iglesia; las anónimas, sin impresor o editor, sin lugar o fechas; y aquellas en contra de los valores protegidos por el Santo Oficio.

Un ensayo de la influencia del Ius Gentium hoy en Europa ha sido elaborado en este homenaje por Amelia Castresana, profesora de la Universidad de Salamanca (pp. 225-235). No puede soslayarse la influencia del Derecho romano en la unificación del Derecho privado europeo, especialmente en materia de obligaciones y contratos. De hecho, Roma representó el triunfo de la universalidad sobre el principio de nacionalidades, y el ius gentium podría calificarse como "modelo histórico de integración" (p. 231), que hizo que triunfase la universalidad, la comunidad de hombres y de ideas. De hecho, destaca como paradigmas de integración jurídica en Europa tres pilares: la promesa, las palabras que formalizan esa promesa, y la confianza en la actuación honrada de quien habla. A modo de ejemplo, podríamos citar la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta de bienes de consumo.

Un tema que no nos deja indiferentes es el referido al cristianismo primitivo en el Imperio romano. Juan Churruca, antiguo catedrático de Derecho romano de la Universidad de Deusto, dedica su colaboración a este particular (pp. 237-264). Hacia el año 172, en un escrito apologético del obispo Melitón de Sardes dirigido al emperador Marco Aurelio y a su hijo Cómodo, aparecía formulada, por primera vez en la literatura cristiana, la idea de que entre el cristianismo y el Imperio romano existía una relación providencial metahistórica. En esta misiva Melitón afirmaba que Cristo había nacido en tiempo de Augusto, así como que Xa. pax Augusta fue el factor básico para la difusión del cristianismo. De hecho, Orígenes, en su obra apologética contra Celso, desarrolló notablemente la concepción providencial del Imperio romano apuntada por Melitón (p. 258), si bien de su obra se extraía la conclusión de que no era probable que un cristiano fuese nombrado emperador e, incluso, calificaba como una gran calamidad, el que un emperador romano se convirtiera al cristianismo.

Una reflexión crítica sobre la contribución de la doctrina romanística a la construcción del nuevo Derecho común europeo y extraeuropeo nos viene de la mano de Francisco Cuena Boy, catedrático de Derecho romano de la Universidad de Cantabria (pp. 265-288). Considera que todo proyecto de recuperación del Derecho romano y de la tradición romanística para el desarrollo del Derecho privado europeo debería adaptarse necesariamente a las condiciones de la realidad europea contemporánea, muy distinta por otro lado de la época del tus commune. Pero para reseñar la relevancia del Derecho romano para la tradición jurídica europea "debe evitarse el error de considerar aisladamente el desarrollo del derecho romano y, lo que sería peor todavía, el error de pretender su validez intemporal" (p. 272). Por otro lado, es evidente que los Tribunales europeos no recogen únicamente Derecho romano en sentido estricto, sino que llevan a cabo una adaptación de esas citas al contexto histórico y doctrinal. Pero este fenómeno no se limita a Europa, sino que se extiende a Iberoamérica. De hecho, Cuena Boy considera que partir de un concepto del tus romanum como Derecho universal y de la defensa del Derecho romano como Derecho actual, lleva inevitablemente a una iusnaturalización del Derecho romano justinianeo con la finalidad de ponerlo al servicio de la vida actual (pp. 284-285).

Rafael Domingo, catedrático de Derecho romano de la Universidad de Navarra, nos ofrece una vez más (ya son varias las ocasiones que sepamos que ha publicado sobre el mismo asunto) un estudio sobre el Código civil japonés de 1898 —revisado en 1947—, como un código a la europea (pp. 289-304), que fue el contenido de la conferencia que pronunció en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en abril de 2001, con ocasión de la presentación de su libro, que recogía la traducción hecha en colaboración con Nobuo Hayashi. Sobre ese libro expusimos nuestra particular visión en la propia REHJ. 29 (2002), pp. 436-438. También aparecieron otras recensiones salidas de diversas e ilustradas plumas en el AHDE., el Anuario de Derecho Civil y Europees Vervoerrecht. Juridisch en Economisch Tijdschrift. Este código, que ha sabido integrar con maestría el Derecho europeo y el anglosajón, eligió en su elaboración el ordenamiento francés, el alemán y, entre otros, el español, frente al common law. Si hay algo que ha separado el código japonés del BGB. ha sido que los legisladores japoneses de 1898 no recogieron el principio alemán de abstracción. En cuanto a las semejanzas entre el código japonés y el español se remontan a que ambos tuvieron muy presentes el código francés. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 3 de noviembre de 1946 se promulgó una nueva constitución, que modificaba algunos artículos del Código civil. Dieciséis años más tarde se produjo otra modificación de menor calado, y en 1980 en materia de sucesiones, que mejoró la posición del cónyuge viudo. Pero fue la Ley 149/1999, de 8 de diciembre, la que realmente modificó en profundidad la capacidad de obrar, la tutela y algunos aspectos en materia de sucesiones. Las notas de Heinrich Honsell sobre "Culpa in eligendo", fundamentalmente en el BGB. (pp. 513-521), no parece que nos vayan a permitir descubrir la piedra filosofal del Derecho de obligaciones. En cambio, entre las cuatro mejores aportaciones que se recogen en esta miscelánea en homenaje a Miquel está sin duda la contribución de Rolf Knütel, de la Universidad de Bonn, sobre Betrachtungen zur Rechsfindung der romischen Juristen (pp. 523-555). Knütel fue uno de los profesores alemanes que dejaron de interesarse por el AHDE., en cuanto causaron baja los romanistas (Alvaro d'Ors el primero) en la publicación al abrigo de las nuevas tendencias que en esa revista impuso Francisco Tomás y Valiente, que le fueron muy criticadas en el ámbito internacional. De la Universidad de Munich, han llegado unas páginas de Dieter Nórr en torno a una serie de reflexiones sobre D. 43, 1, 2, 3 y Bas. 58, 14, 2, 3.

Una institución de origen romano, como ha sido el profesional privado conocido como tabellio, con competencias similares a los actuales notarios, es comentada en las pp. 305-320, por Antonio Fernández de Buján, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Aparecía mencionada por vez primera en un fragmento de Ulpiano en el año 215 d.C, aunque la realidad es más antigua, en cuanto que el término notario se detecta citado en los escritos de Séneca. Los tabelliones conservaron, a lo largo del Derecho romano, el carácter de profesionales privados, si bien durante la monarquía absoluta, sin llegar a ser considerados funcionarios públicos, fueron sometidos a un estricto control y subordinación por parte del poder público. No fue hasta la época bizantina cuando se les reconoció a los tabelliones una elevada posición jurídica, atribuyéndole plena, fides pública (p. 315). Más tarde, en el siglo X, en el Libro del Prefecto del Emperador bizantino León el Sabio, se regulaba asimismo la corporación notarial. Con el renacimiento del estudio del Derecho romano en Bolonia, a partir del siglo XII, numerosos fragmentos del Corpus iuris civilis referidos a los tabelliones fueron estudiados en todas las Universidades europeas.

Un comentario del jurista romano Aemilius Papinianus, probablemente el jurista romano más admirado de todos los tiempos, ha sido realizado por parte de Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho romano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (pp. 321-355). Según la mayoría de las fuentes literarias parece que nació bajo el principado de Antonino Pío (138-161 d.C). En cuanto al lugar de nacimiento algunos textos lo ubican en Siria, Emesa o Fenicia. Fernández de Buján, atendiendo a los numerosos cargos desempeñados y las épocas de su ejercicio, considera que Papiniano habría fallecido contando unos setenta años de edad, asesinado por orden de Caracala en los primeros años de su mandato (p. 328). Otro dato de su biografía es que su vida estuvo estrechamente vinculada con la del emperador Septi-mio Severo. La doctrina mayoritaria ha determinado que Papiniano ocupó primero el cargo de adsessor de la prefectura del pretorio; más tarde, desempeñó en el gobierno de Septimio Severo el puesto de magister libellorum, y, posteriormente, el de Prefecto del Pretorio, sucediendo en el mismo a Plautiano en el año 203. Federico Fernández de Buján destaca de este autor "el dominio de la técnica del caso" y lo califica como "uno de los más preclaros exponentes de la brillante historia de la jurisprudencia romana" (p. 349). La mayoría de la obra jurisprudencial elaborada por él está recogida en el Digesto, procedentes de sus Quaestiones y sus Responsa.

Fernando J. Gómez-Carbajo de Viedma, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, ha estudiado a Ateneo de Náucritus en su obra Los Deipnosofistas, y en concreto la "feliz muerte" de su personaje Ulpiano el Tirio, que algunos estudiosos han identificado con la persona histórica del jurista Domicio Ulpiano (pp. 357-449). De hecho, Gómez-Carbajo de Viedma afirma que "bien podría aplicarse a la persona de Domicio Ulpiano, salvo en lo que se refiere a las dotes poéticas que Ateneo le atribuye" (p. 376). Algunos autores han defendido que Ateneo se estaba refiriendo al padre del jurista, a su tío, a algún antepasado más antiguo, o tal vez a su hijo, e incluso a algún otro pariente; aunque, como señala Gómez-Carbajo de Viedma, no faltan los autores que niegan que existiera relación alguna entre ambos personajes. Los dos principales rasgos de Ulpiano el Tirio serían: ser un gran polemista, y estar obsesionado por la búsqueda de antecedentes literarios que acreditasen el uso de una determinada acepción de las palabras. De hecho, una de las notas que reseña el autor que comenta a este personaje es que muestra una gran ignorancia en materia jurídica como puede ser, entre otros temas, sobre la esclavitud. De hecho, Ateneo califica a Ulpiano, el Tirio, como "erudito, pedante y pesadísimo, pero no dice de él que sea jurista. Nos lo presenta, en cambio, como el simposiarca: el guardián de las leyes del banquete y el gobernador de la reunión" (p. 417). Gómez-Carbajo de Viedma entiende que la "feliz muerte" de la que se habla, a pesar de tratarse de un linchamiento, es por la sencilla razón de que esa expresión no se refiere para nada al fallecimiento del jurisconsulto, sino que 'Ulpiano' murió 'yéndole muy bien', 'obteniendo con ello una ganancia"' (p. 433).

La figura de Quintiliano y su doctrina sobre el juramento de los jueces ha sido el argumento planteado en este homenaje por Ángel Gómez-Iglesias Casal, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela (pp. 451-468). Marco Fabio Quintiliano fue un célebre orador de la época Flavia, cuya obra capital fue la Institutio oratoria, que recogía posiciones educativas modernas. Entre sus alumnos destacaron Plinio el Joven y quizá también Tácito. Ángel Gómez-Iglesias lo califica ante todo como orator, más que perito en derecho o jurista. Por este motivo, sus afirmaciones en el ámbito jurídico han de ser leídas e interpretadas con gran cautela, como es el caso de su afirmación sobre el pretendido juramento de los jueces en su libro 5 (Inst. or. 5,6,4). De hecho, Gómez-Iglesias Casal entiende que "nunca pretendió citar un tal juramento que deberían prestar los que tuvieran la función de dar su opinión o sententia en un litigio" (p. 457). Por otro lado, la responsabilidad de los jueces le era atribuida directa y automáticamente por la disposición de la Ley, sin que fuera necesario acudir a la existencia de tal juramento y su violación, para poder exigir responsabilidad al juez.

Alejandro Guzmán Brito, catedrático de Derecho romano y Decano de Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y Miembro Extranjero de la Academia de Iusprivatistas Europeos (Pavía), se refiere a la doctrina sobre la interpretación de las leyes de Robert-Joseph Pothier (pp. 469-498). La obra jurídica de este autor (1699-1772) abarcó casi todos los temas de Derecho privado: el Derecho consuetudinario, el Derecho romano en las Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae cum legibus Codicis et Novellae (1748-1752), así como trabajos monográficos sobre obligaciones, depósito y mandato, etc. En realidad, como manifiesta Guzmán Brito, "el pensamiento de Pothier en torno a las diversas materias componentes del tema de las leyes no aparece expuesto en alguna obra sistemática autónoma, del género de sus numerosos traites, sino en sus Pandectae" (p. 472). En esta obra de Pothier se recogen textos de los Digesta y del Codex, que el autor cuida de citar y reproducir. La doctrina de la interpretación legal, expuesta por Pothier, "se nos presenta, pues, como un intento de enmarcar un conjunto de textos romanos en un esquema y para apoyo de unos conceptos, en los cuales reconocemos los extremos fundamentales de la tradición hermenéutica medieval" (p. 497). Por otro lado, en las Pandectae se ha limitado a reordenar los textos romanos originales y no a reinterpretarlos.

Gábor Hamza, catedrático de Derecho romano y de Derecho constitucional de la Universidad Eötvös Loránd (Budapest), nos ofrece unas reflexiones sobre la defensa jurídica de la personalidad en el Código civil peruano de 1984 (pp. 499-511). La defensa de la personalidad ya se encontraba recogida en el siglo V a.C. en el texto de la Ley de las XII Tablas, si bien no contemplaba la noción general de la defensa de la personalidad. Efectivamente, en el Derecho romano se trataba bajo todos los conceptos de una defensa de valores de carácter extremadamente concreto. Pero en el proceso de la recepción del Derecho romano habría que señalar que, no sólo el Derecho justinianeo fue objeto de recepción, sino también en el Derecho prejustinianeo. Acercándonos a Latinoamérica, en el Código civil peruano de 1984 se contempla, por primera vez de manera expresa en el ordenamiento jurídico, el derecho al respeto de la imagen y de la intimidad de las personas (art. 17). Es más, el art. 1984 se refiere al daño moral, otorgando al juez mayor libertad para determinar la indemnización. Por otro lado, el daño moral está regulado en el art. 1985, exigiendo una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido.

Un estudio sobre la moderna ciencia romanística y la historia de la constitución romana ha sido desarrollado por Luigi Labruna (pp. 557-564). En esta colaboración hace un recorrido por cuestiones tan variopintas como el pensamiento romanístico y la figura de Juan Miquel, autor de El problema de la sucesión de Augusto (1969), el sexenio liberal (1868-1874), el Código penal de 1870 y sus sucesivas reformas, la Ley de Enjuiciamiento criminal de 1882, la Constitución española de 1931, e, incluso, la nueva encrucijada en la que se ha visto embarcada Occidente tras el 11 de septiembre de 2001. Luigi Labruna ha resaltado la importancia de la tradición romanística con el fin de construir un nuevo tus (privatum) commune europaeum, pero también las numerosas críticas a las que se ha sometido al moderno pandectismo (p. 562). A modo de conclusión, resalta que el Estado moderno debe mucho a la comprensión de la estructura y del funcionamiento de la res publica del Imperio romano.

Un estudio sobre la estructura del compromissum ha sido elaborado por José Luis Linares, catedrático de la Universidad de Gerona (pp. 565-604), donde ha sido Decano de la Facultad de Derecho y actualmente desempeña el puesto de Secretario General de la Universidad. Linares es un emigrante canario en Cataluña, discípulo fiel de Juan Miquel, no como otros que permanecieron en La Laguna y unos cuantos más de la Universidad de Barcelona que no dieron más que disgustos al sabio catedrático. Como ha señalado J. L. Linares "el arbitraje privado del Derecho romano preclásico y clásico, fundado en el compromissum de las partes y en el receptum del arbitro, es una construcción original y sutil. Y es que el acuerdo de someter una controversia a la decisión de un arbitro no sería elevado a contrato" (p. 565). En realidad, el compromissum constituiría, más bien, una aplicación típica de la stipulatiopoenae. De hecho, la doctrina mayoritaria afirma que en el compromissum, como aplicación típica de la estipulación penal, subyacería una conventio. En la época posclásica prevalecería la jurisdiccionalización del arbitraje privado sobre este instrumento de resolución de conflictos; y, más tarde, la compilación justinianea marcó un nuevo modelo de esta institución que inspiró los códigos procesales decimonónicos.

José María Llanos, profesor de la Universidad de Valencia, estudia el Decreto de Marco Aurelio sobre apoderamiento de bienes del deudor (D. 48, 7, 7) (Cali. 5 De Cognit.) (pp. 605-615). Calístrato realizó, en los libros De Cognitionibus, un análisis del nuevo procedimiento oficial que rompía con la diversidad procedimental formularia entre el ámbito de lo privado y de lo público; en otras palabras, la delgada línea divisoria entre un acto contrario al tus, en el ámbito civil, y en el ámbito penal. De hecho, Calístrato incluyó los dos pasajes que se estudian en esta obra (D. 4, 2, 13 y D. 48, 7, 7) en el libro V, dedicado a las cognitiones de capitali crimine, cuando en su origen se trataba de un supuesto civil, con sanción pecuniaria. José María Llanos aclara que "el objeto de este estudio es el pasaje situado en el contexto de la Ley Julia, por cuanto es considerado unánimemente como el texto genuino sobre el Decreto de Marco Aurelio, en detrimento de D. 4, 2, 13. Es cierto que de los dos textos resulta difícil saber con exactitud cuál es más fiable, sin embargo, parece que la doctrina es favorable a considerar genuino D. 48, 7, 7, al ser más correcto formalmente y más coherente, aunque también pueda haber sufrido alguna interpolación" (p. 609). El autor considera que en D. 48, 7, 7 no se recogería en realidad una duplicidad de sanciones (p. 611). De hecho, concluye que es evidente que la Ley Julia no preveía el supuesto al que se refirió con posterioridad el Decreto de Marco Aurelio, y que éste no imponía la sanción de la ya vigente Ley Julia para las conductas que refería.

Antonio Mateo, profesor de la Universidad de Cantabria y discípulo directo de Rafael Domingo, ha tratado la cuestión de la minería en el Derecho romano (pp. 617-629). En el período republicano la regulación del Derecho público minero en Roma se desarrolló en las provincias, no en Italia. De hecho, Antonio Mateo considera que existieron probablemente diferentes regímenes legales dependiendo de la clase de minas explotadas. Posiblemente las minas de oro fueran explotadas por grandes empresas que trabajaban con esclavos. Existe unanimidad al considerar que durante el Imperio los mineros tomaban posesión de la cantera o de la mina a través de la ocupación que, más tarde, sería comprada. Gran importancia alcanzaron el yacimiento de bronce explotado en Vipasca, que fue extraído entre el fin de la República y el comienzo del Principado. Para el conocimiento de este período es fundamental el texto de los bronces de Vipasca, sacado a la luz a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El manejo de las fuentes referidas al matrimonio de los protagonistas de la llamada Laudatio Turiae, ha sido estudiado por Rosa Mentxaka, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (pp. 631-647). Esta inscripción de mármol romana, que recogía aproximadamente 90 líneas, está considerada como la más extensa realizada por un particular. De esta inscripción se deduce que Turia estaba sometida a tutela. De hecho, al producirse el asesinato de sus padres, pasó a ser una mujer sui iuris, situación en la que permaneció, a juicio de Rosa Mentxaka, durante toda la vida conyugal. Además, abogaba la existencia del matrimonio por la incorporación a la casa familiar, incluso en ausencia del marido que se encontraba con los pompeyanos, impedía el matrimonio cum manu, aunque reconoce que de las menciones recogidas en el texto, también se podría defender un matrimonio cum manu.

Bajo el título "Cláusulas generales, desarrollo judicial del Derecho y aspectos de técnica legislativa en el reciente Derecho mercantil" (pp. 649-661), Jorge Miquel Rodríguez, profesor de Derecho mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, expone que uno de los grandes logros del Derecho romano fue la capacidad de abstracción en la formulación de la regla general y la aplicación al caso concreto. En los últimos años se han promulgado una serie de normas de carácter reparador o de reacción a problemas concretos: la Ley del mercado de valores, la Ley de sociedades anónimas, Ley demarcas, etc. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal recoge el régimen de aplicación de una cláusula general. Junto a esa cláusula aparece un listado de supuestos concretos que tipifican conductas que, en la medida que se cumplan determinadas condiciones establecidas en relación a cada una de ellas, serán calificadas como desleales. De hecho, para proceder a la aplicación de la cláusula general, debe valorarse la conducta del acuerdo con el parámetro que establecen las propias conductas concretas, esto es, con carácter restrictivo. La Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, contiene en su art. 10 bis aparentemente una cláusula general que podría quedar sepultada en la medida en que están expresamente tipificadas numerosas conductas.

José María Miquel, hermano de aquél a quien se dedica este homenaje, y catedrático de Derecho civil de la Universidad Autónoma de Madrid, ha disertado sobre la condictio furtiva, la actio spolii, la llamada acción real del antiguo Derecho alemán, la acción publiciana y la acción recuperatoria de una posesión mobiliaria anterior en el BGB. (pp. 663-684). Estas acciones parala recuperación de bienes muebles en el Derecho común presentan cierta coincidencia en sus supuestos de hecho, aunque también difieren en la amplitud de su ámbito de aplicación. Se llaman acciones petitorias en cuanto que tiene protagonismo esencial la posesión anterior y en las que es decisivo el modo de perder la posesión. La condictio furtiva, tal como se configuraba en el usus modernuspandectarum, estaba apoyada en el amplísimo concepto Aefurtum romano, así como la publiciana y la actio spolii, permitían recuperar la posesión apoyada en una anterior basada en una privación ilegal o pérdida involuntaria (p. 667). Por otro lado, la condictio furtiva presentaba ciertas analogías con la acción mobiliaria alemana en cuanto ambas se presentaban como acciones cuyos supuestos de hechos estaban en conexión con el del hurto, pero se distinguían claramente de las propias acciones penales. En cuanto a la llamada acción mobiliaria alemana destaca la polémica entre Bruns y Delbrück (pp. 677-678). Finalmente, analiza la acción mobiliaria fundada en una posesión pretérita en el BGB. en su §1007 que regulaba una acción petitoria apoyada en la posesión pretérita inspirada en las acciones estudiadas.

Sonia Molla Nebot (Universidad de Valencia) se refiere a la relación entre iniuria e iniuria iudicis (pp. 685-702). La primera se recogía en un texto de Ulpiano (D. 46, 10, 1), mientras que la segunda únicamente aparecía referida a la injusticia del juez en la sentencia, y no a la injusticia de la sentencia misma. En sentido general, la iniuria sería, en palabras de Ulpiano, aquello que se hacía injustamente (D. 47, 10, 1 pr.). Molla Nebot afirma que cualquier aproximación a la iniuria iudicis requeriría necesariamente un análisis de la autoridad de la cosa juzgada (p. 695). La jurisprudencia romana la relacionó con la eficacia de una sentencia injusta frente a terceros, pero sin que ello afectara a la nulidad de la sentencia, por lo que tal sentencia no podría considerarse en principio que fuese contraria al ius. En cambio, en el ámbito de la iniuria, existiría la posibilidad de que el juez fuera demandado por la iniuria cometida.

Un estudio sobre las fuentes catalanas, como el Liberprivilegiorum civitatis Barci-none, denominado Llibre Verddeprivilegis de Barcelona, en su relación con el Derecho general del Principado, ha sido llevado a cabo por Tomás de Montagut i de Estragues, catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Pompeu Fabra, en la que es Secretario General y Vicerrector de Relaciones Institucionales (pp. 703-720). El Llibre Verd de privilegis reflejaba la imagen del municipio y del Derecho de Barcelona durante el período de génesis, de formación y de consolidación y expansión de sus instituciones públicas locales, como los consellersj el Consell deis jurats. Se trataba de una compilación antigua de textos jurídicos y no jurídicos, que por sus carencias y deficiencias era necesario renovar. La nueva edición del Llibre Verdproyectó recopilar en un solo libro tanto los textos jurídicos que configuraban el Derecho general y especial de Barcelona, con otros textos que se estimaban relevantes para comprender los orígenes y la tradición histórica. Fue Ramon Ferrer, notario de Barcelona, quien se encargó de esta ardua labor, si bien no sería original ni pionera porque en 1345 ya existía un libro antiguo de privilegios.

Con este escrito del profesor, que lo fue de la Universidad de Navarra y de la de Santiago de Compostela, Alvaro d'Ors (t 2004), se recupera un artículo sobre la translatio iudicii noxalis in statuliberum (pp. 737-747). En el mismo examina la libertad sobrevenida, en un juicio noxal, a un reo statuliber. Respecto a este particular parecería que ha habido contradicción de opiniones entre los juristas romanos: aquellos que sostenían que el demandado por la acción noxal debía quedar absuelto en base a D. 9, 4, 14, 1 y 47, 2, 62, 9, ya que no podía hacer la deditio in noxam del que había dejado de ser esclavo, y quienes abogaban la translatio de la acción contra el exesclavo. Sin embargo, Alvaro d'Ors manifestaba que en su opinión "no hay contradicción entre los juristas romanos para este tema, sino que todos admitían que el juicio noxal resultaba inútil desde que constaba la libertad del reo, pero que contra éste podía darse entonces la acción penal directamente. Esto, por lo demás, resulta razonable, pues, ya de entrada hay que reconocer que sería absurdo que quien cometió un delito quedara liberado de toda responsabilidad por el hecho de haber alcanzado una libertad que sólo podía liberar a quien había asumido un juicio noxal como demandado" (p. 738). Por ello, concluye que contra el reo statuliber, que alcanzaba la libertad durante la acción noxal, se daba siempre la acción penal correspondiente como directa.

Sobre una cuestión tan controvertida como las "variantes" y errores en las distintas copias de la Lex Flavia municipalis ha escrito de nuevo Xavier d'Ors, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela (pp. 749-803). Resalta el número de fragmentos epigráficos pertenecientes a las leyes municipales hispanas que han surgido en los últimos años; si bien los más relevantes son las tres copias conocidas de mayor extensión: las copias salpensana, malacitana e irnitana, así como, en el tema que le ocupa, las copias italicense, vilonense y ostipponense, además del que denomina "bronce innominado". Asume la idea de su padre Alvaro d'Ors acerca de la existencia de una lex municipalis de Augusto (lex Iulia municipalis), destinada a la organización de los municipios itálicos. Y considera como uno de los principales problemas que habría para un estudio de estas cuestiones el que los grabadores cometieron múltiples errores en su trabajo: omisiones, repeticiones, palabras mal transcritas, etc.

Una perspectiva del naufragio en el Derecho romano clásico nos la ofrece Teresa Peralta, profesora de la Universidad de Lérida (pp. 805-821). En este período no era una institución jurídica unitaria, sino que constituía un hecho que suponía la pérdida total o parcial de una nave y de la carga y que conllevaba una serie de consecuencias jurídicas que afectaban a todos los ámbitos del Derecho. Desde un punto de vista jurídico, la nave constituía un corpus ex contingentibus, es decir, una cosa compuesta por elementos singulares unidos entre sí. En el más antiguo Derecho romano, el tus naufragii estaba considerado como la facultad de la población costera que daba derecho a apropiarse de las cosas provenientes de los naufragios. Ello implicaba que el propietario no tenía la posibilidad de recuperarlas ni tampoco podía de ningún modo hacer valer sus derechos (p. 808). Pero a medida que el Mediterráneo pasó a ser sometido por el pueblo romano, desapareció el derecho de naufragio y se proclamó el principio de que todos los pueblos que se relacionasen con Roma tenían derecho a ser respetados en cuanto a la vida e integridad. Javoleno, recogido en D. 41, 1, 58, consideró que ninguna cosa extraída del mar empezaba a ser del que la extrajo antes de que su dueño hubiera comenzado a tenerla como abandonada (p. 821). Plantea un problema que ha merecido a lo largo del derecho histórico de diversos pueblos soluciones que no siempre fueron concordantes y que incluso, en nuestros días, ha provocado más de un contencioso.

Maurici Pérez Simeón, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, comenta la sustitución vulgar con condictio incompleta, haciendo un estudio histórico del art. 774 del Código civil español y del art. 167 del Codi de Successions catalán a la luz de la tradición romanística (pp. 823-853). Los juristas romanos dejaron dicha cuestión a la casuística. En esta interpretación del caso, el principal criterio para determinar qué interpretación resultaba preferible era el de intentar establecer la voluntad presumible del testador teniendo en cuenta el contexto y la finalidad de la disposición. De hecho, en un texto de D. 28, 6, 21 (Ulp. 41) se hace una interpretación literal y restrictiva de la condictio substitutionis. Aunque en la era moderna la communis opinio, que hacía una interpretación restrictiva, propugnada por los glosadores y comentaristas, tuvo numerosos seguidores, a partir del siglo XVI tomó fuerza la idea contraria. En el Derecho castellano anterior al Código civil, la norma que se utilizó era Partidas VI, 2, 5- Más recientemente, el Código civil español de 1889 reguló el problema de la interpretación de la condictio substitutionis en el art. 774. La mayor parte de la doctrina civilista y el Tribunal Supremo español en sentencia de 28 de septiembre de 1956 consideraron que este artículo rompía con la tradición romanística, imponiendo la presunción legal de que, si el testador mencionaba un caso concreto en la condictio substitutionis, la sustitución debía operar exclusivamente en ese caso. El Código de sucesiones, regulado por Ley 40/1991 de 30 de diciembre, estableció una presunción legal de la voluntad del testador para los tres casos más frecuentes de condiciones incompletas en la sustitución vulgar.

César Rascón, catedrático de la Universidad de León, se refiere al error en el precio, como elemento que daría lugar a la rescisión de las ventas (pp. 855-875). Rascón se remonta a las constituciones de Diocleciano en las que se establecía la regla de la rescisión de las ventas por lesión ultra dimidium, y que no contemplaban la posibilidad de que fuera el comprador quien pudiera intentar la rescisión por lesión enorme, aunque su compra hubiera estado presidida por una impericia tal que le llevase a pagar más del doble de lo que la cosa valía. Asimismo hace referencia al pensamiento de Glück, en su comentario a los textos de Ulpiano y Pomponio en D. 18.1 (pp. 860-862). Rascón considera que el fragmento de Ulpiano era concluyente y que "en las compras y en las ventas debe haber acuerdo. Y de no haberlo, ya sea en la misma venta, en el precio o en cualquier otro aspecto del contrato, la venta no existe. Y no es menos expresivo el párrafo de Pomponio [...]" (p. 862). Sin embargo, Glück entendía que sólo habría lugar a la rescisión cuando el vendedor hubiera pensado un precio mayor que el ofrecido al comprador, pero no a la inversa.

Hans Erich Troje aporta una nota ilustrada de contribuciones bibliográficas cronológicamente reproducidas en IJber Literatur zu Problemen der Digestenüberlieferung (pp. 1005-1017). No faltan los españoles Cándido Flores Selles, el importantísimo estudio de Encarnació Ricart Martí, de la que hablaremos a continuación, aparecido en el AHDE., de 1987, que consagró a la autora internacionalmente en cotas muy superiores a las establecidas hasta entonces por algunos romanistas españoles, aunque luego dio la impresión de que Ricart se retiró a sus cuarteles de invierno y no quiso prodigarse con nuevas genialidades (al menos de aquel nivel difícilmente alcanzable, y menos en tradición manuscrita del Digesto), J. Carbonell y Juan Miquel.

El pensamiento de Encarnació Ricart, catedrática de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), se ha plasmado en el régimen de créditos y deudas en fenómenos de sucesión inter vivos y en la in iure cessio hereditatis (pp. 877-920). Parte su estudio del comentario tercero del jurista Gayo, parágrafo 1,39,77,82, y del comentario segundo, el parágrafo 98 (p. 878). En el expediente sucesorio mortis causa, para créditos y deudas, habría un tratamiento unitario, bajo la denominación de nomina; sin embargo, la decemviral regla de que créditos y deudas se dividían automáticamente entre coherederos, sería un argumento en sentido contrario. En cuanto a la sucesión inter vivos por capitis deminutio, Ricart se refiere a la capitis deminutio que los juristas denominan minima, en que lapermutatio status afectaría al ámbito privado de la familia pero sin hacer mención a las situaciones individuales que se reflejarían, sobre todo, en el ámbito público. Estudia la capitis deminutio como consecuencia de condena criminal (pp. 887-890); de cautiverio de guerra (pp. 890-892); de pérdida de ciudadanía (pp. 892-895); capitis deminutio mínima y edicto de capite minutis (pp. 895-911). A modo de conclusión, Encarnació Ricart manifiesta que "créditos y deudas del patrimonio hereditario se mantienen cohesionados con la masa, hasta que un acto jurídico de efecto transmisivo, desintegra la universalidad ficticia. De ahí la necesidad de rescindir la capitis deminutio mínima" (p. 920).

Un título tan sugerente como el de "Nuevas perspectivas de la transmisión textual del Digesto en occidente" (pp. 921-941) nos ofrece María Victoria Sansón Rodríguez, Catedrática de Derecho romano de la Universidad de La Laguna. Una de las principales cuestiones hasta el presente ha sido la de determinar de qué modelo se copiaron los manuscritos de la Vulgata y su relación con la Littera Florentina, en la medida en que en la época del humanismo jurídico sólo se disponía de la llamada Littera Florentina, manuscrito del siglo VI. Efectivamente, los manuscritos de la Vulgata ofrecían eventualmente variantes respecto a la Florentina. Reconstruir el texto originario del Digesto de la compilación de Justiniano no se planteaba tarea fácil, pues había que tomar previamente decisiones sobre dicha relación y sobre cuáles de las variantes, respecto a la Florentina, que se encontraban en los manuscritos de la Vulgata debían ser atendidas. Desde el siglo XV surgió la necesidad de elegir entre las mejores variantes para la edición del texto del Digesto, un proceso que culminó con la edición de Torelli en 1553. Esto conllevó la necesidad de determinar cuál era la relación entre la Littera Florentina y la Littera Bononiensis o Vulgata del Digesto. También estudia Sansón Rodríguez la Editio Maior de Mommsen de 1870, que representó un salto cualitativo frente a las ediciones anteriores, y que es la edición que se mantiene hoy en día (pp. 926-930). Juan Miquel se alineó en la posición de Mommsen que defendía la procedencia de los manuscritos más antiguos de la Vulgata de F a través de un códice intermedio, si bien criticaba la excesiva aplicación de la tesis del arquetipo de Lachman por parte de Mommsen (p. 934).

Un breve estudio del edicto de retorsión ha sido realizado por Marié Sixto, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela (pp. 943-964). Bajo este sugerente título estudia una institución que aparecía citada por Ulpiano en el libro 3 aded. (D. 2, 2). En base a ello, si un magistrado (municipal), en el ejercicio de su iurisdictio, tomaba un novum ius (decisión "inicua" según entiende M. Sixto, y que otros autores consideran como "injusta") en contra de algún particular, esa misma medida podría ser aplicada en el futuro contra el propio magistrado; de igual manera, si un particular conseguía del magistrado esa medida "inicua", en su propio beneficio y en perjuicio de otro particular, también a aquél le podría ser aplicada en el futuro esa misma medida "inicua". Sin embargo, no perseguía la disposición edictal resarcir el perjuicio irrogado al particular que la sufrió. Este edicto de retorsión se apoyaba, a juicio del autor de esta colaboración, en fuentes literarias, en particular a Cn. Octavius (amigo personal de Cicerón), pretor en el 79 a.C. (p. 948).

MarioTalamanca estudia un fragmento de Pomponio (Sing. Ench.; D. 1, 2, 2, 13) (pp. 965-982) en el que aparece la expresión "in melius produci", si bien en la versión de Vittorio Scialoja propone como corrección sustituirla por los términos "in medium produci". Pero la misma, como señala Mario Talamanca, ha sido totalmente ignorada y criticada abiertamente en 1967 de la mano de Luigi Lombardi. Sin embargo, Tala-manca no considera que sea descabellada la enmienda sugerida por Scialoja (p. 967). Incluso llega a afirmar que "el modesto intérprete moderno podría quedar admirado [...] al ver totalmente confirmada, en una más amplia base textual, la intuición que había apuntado Scialoja [...], en la medida en que aparece al menos en tres pasajes literarios de la jurisprudencia clásica" (p. 970). Con esa expresión algunos autores han defendido que Pomponio quería dejar de manifiesto el "desarrollo" o "progreso" del Derecho.

Carmen Tort Martorell, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha referido a la aportación de Papiniano al problema de qué porción hereditaria podía reclamar el legitimado a interponer una querella inofficiosi testamenti (pp. 983-1003). Tort Martorell estudia los dos fragmentos D. 5.2.16 pr. y D. 5, 2, 16, 1 de Papiniano, en los que se refiere al controvertido problema de qué porción hereditaria podía reclamar el legitimado a la querella inofficiosi testamenti y, sobre todo, con qué consecuencias. Papiniano marcó la pauta de sus contemporáneos, así como la de los juristas posteriores. Un análisis conjunto de ambos textos llevarían, a juicio de Carmen Tort Martorell, a la siguiente tesis sobre la querella inofficiosi testamenti: el legitimado podría reclamar sólo su cuota intestada y la consecuencia podría ser tanto la rescisión parcial como total del testamento (p. 992). Refiriéndose al primero de los textos, parece que Papiniano negaría implícitamente la existencia de dos acciones independientes, de forma que rescisión y petición se fundirían en la propia querella. De esta forma, el que la interpusiese obtendría, con una sola acción, el reconocimiento de su derecho a la parte que reclamase, la rescisión del testamento respecto de esa misma parte y la asignación de esa cuota. Asimismo, esto impediría la participación en el reparto del que no se ha querellado o no ha ganado el pleito. En el segundo texto, Papiniano entendía que en bonorum possessio y querella inofficiosi testamenti se discutían cosas diferentes: en la primera, de iurepatris; en la segunda, de iure testamenti, y cuestionaría la legalidad del testamento como institución civil.

Un comentario en torno a la consumición procesal de la condictio y de la vindicatio rei (Pom. 6 Ad Sabinum D. 47, 2, 9, 1) ha sido realizado por Alejandro Valiño, profesor de la Universidad de Valencia (pp. 1019-1026). Este es el único fragmento que recoge la concurrencia entre las dos acciones reipersecutorias de que puede disponer el propietario: la condictio y la vindicatio rei. La primera se plantearía como una acción in ius y personal, mientras que la segunda se presentaría como el prototipo de las acciones reales, lo que daría lugar a que no quedase ipso iure extinguida. Refiriéndose al texto comentado, Alejandro Valiño señala que: "ciertamente la interpolación del pasaje no me parece cuestionable a la vista del régimen que propone cuando ha tenido lugar el entablamiento de la condictio, cuya consumación ipso iure haría del todo punto improcedente el recurso a la vindicatio rei, puesto que sobre tal asunto ya ha tenido lugar una litis contestatio generada por la interposición de otro recurso alternativo" (pp. 1024-1025).

La cuestión de la numeración de las Novelas en García del Corral ha sido planteada por Emilio Valiño, catedrático de Derecho romano de la Universidad de Valencia (pp. 1027-1033). De las Novellae constitutiones o Novelas nos han llegado diversas colecciones privadas, como: el EpitomeJuliani (colección latina de los años 535 a 555); el Authenticum (años 535 a 556), o la colección griega de las Novelas, reeditada por los humanistas. Han llegado también hasta nosotros el Laurenciano 80, manuscrito que se remonta al siglo XIV, que está en buen estado de conservación. Después de otras ediciones, las Novelas griegas fueron publicadas al modo moderno por primera vez por Haloandro en Nuremberg en 1531, y luego por el escocés Scrymgeour. Por otro lado, la edición bilingüe del Corpus iuris civilis de García de Corral, que alcanzó gran importancia y casi el carácter de traducción oficial en regiones como Navarra y Cataluña, tiene en la actualidad poca validez. Esta edición de García del Corral seguía una numeración anticuada que se separaba en muchos aspectos de las ediciones más modernas. Sin embargo, hay que reconocerle como mérito la publicación del texto latino y el castellano.

Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, notario y miembro de número de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas, considerado junto a Eduardo García de Enterría uno de los dos mejores juristas españoles del momento, escribe sobre la interpretación y la equidad en las Constituciones Tanta y Omnem (pp. 1033-1050). En el Corpus iuris el emperador Justiniano recogió un rescripto del año 316 (Codex, 1, 14, 1), conocido por ley ínter aequitatem de Constantino, quien había escrito a su prefecto del pretorio que solamente al emperador le correspondía y era lícito, al interpretar, indagar si cabía resolver por equidad. Justiniano en la constitución Tanta, recogida en el Codex 1, 17, 2, ordenó que nadie agregase comentarios a estas leyes ni las interpretase, permitiendo tan sólo la traducción a la lengua griega. Pero esta constitución Tanta no tuvo efectividad, ni siquiera en la Alta Edad Media, en occidente, a consecuencia de otra constitución de Justiniano, la Omnem, referente a la enseñanza del derecho. De hecho, en la alta Edad Media, las escuelas de arte liberales abrieron nuevos horizontes hasta entonces cerrados por los emperadores bizantinos, especialmente Justiniano en sus constituciones Tanta y Omnem, recurriendo a la equidad como ratio (p. 1043).

Otra colaboración estudia la evolución histórica en el Derecho romano de los molinos y tahonas (pp. 1051-1086). Términos como moleta, molinillo, molino de sangre y molino de agua se han ido sucediendo a lo largo de la Antigüedad unos a otros. La invención de la manivela posibilitó un significativo avance hacia el molino giratorio, de forma que con este nuevo instrumento se pudo aumentar la producción entre diez a doce veces. Un molino giratorio existió en cada casa romana, e incluso entre los legionarios romanos cada tienda común de 6 a 8 hombres, disponía de un molinillo (p. 1054). La invención del molino giratorio posibilitó el nacimiento del molino de doble embudo, tirado por un animal. El edicto de Diocleciano sobre precios máximos, de 301 d.C, mencionaba por primera vez, junto al molinillo y al molino de sangre, a los molinos de agua. Casi un siglo más tarde, el 12 de abril de 398, los emperadores Honorio y Arcadio promulgaban por vez primera un decreto de protección a los molinos de agua.

Esta obra colectiva, elaborada por los numerosos amigos de Joan Miquel, se presenta en conmemoración de la jubilación académica de este admirado catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, que también lo fue en las Universidades de La Laguna, donde ocupó el cargo de vicerrector, y de Barcelona, si bien, por suerte, sigue vinculado al mundo académico como Profesor emérito. Miquel ha estado situado "en una primera línea de la romanística europea" (p. 13). Catedrático muy joven, salió en la oposición en que también fue promovido Jesús Burillo Loshuertos. Venía pertrechado por muchos méritos ya que había hecho el doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de Bolonia, era doctor en Derecho por la Universidad Literaria de Valencia y alcanzó un tercer doctorado por la prestigiosa Universidad de Munich considerada, en los actuales índices de calidad científica del Instituto de Enseñanza Superior de Sanghai, la mejor Universidad de Alemania y la más cualificada Universidad de la Europa continental. Entre sus publicaciones destacan, su Historia del Derecho romano (1995), Derecho privado romano (1992), Quaestiones. Docencia del Derecho a través del casuismo romano (1985), así como su traducción de la Historia del Derecho romano, de Wolfgang Kunkel (1966). El presente libro ha sido financiado por la Universidad Pompeu Fabra y el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología BJU2003-09552-C03-00. La obra está prologada por las dos personas que, siendo rectores de la Universidad Pompeu Fabra, han asistido al proceso de preparación y luego de publicación del homenaje, Rosa Virós, catedrática de Ciencia Política y de la Administración, y Josep J. Moreso, y va acompañada de una posterior dedicatoria, en amistoso tono, a cargo de los ya citados José Luis Linares, Tomás de Montagut, Encarnació Ricart y Victoria Sansón. Se recoge luego un listado de sus publicaciones. Son muchos los que piensan, y yo entre ellos, aunque existan otros que discrepan al respecto, que, fallecido Alvaro d'Ors, Juan Miquel es el mejor romanista español vivo.

 

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