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 número29PÉREZ MARCOS, Regina Mª, Un tratado de Derecho penitenciario del siglo XVI. La visita de la cárcel y de los presos de Tomás Cerdán de Tallada: (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2005), 335 págs.Revista de Dret Històric Català, 5: (Barcelona, 2005 [publicado en 2006]), 244 págs. índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.29 Valparaíso  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552007000100041 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXIX, 2007, pp. 618-620

RECENSIONES Y RESEÑAS

 

PINO ABAD , Miguel, El recurso de suplicación en Castilla. Expresión de la gracia regia, con "Prólogo" de José María García Marín (Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2006), 262 págs.        [ Links ]

 

María Encarnación Gómez Rojo
Universidad de Málaga, España.


Nos presenta en esta ocasión Pino Abad, tal y como nos tiene acostumbrados, un trabajo de investigación sólido y consistente, bien planteado en su organización cronológica en el que abarca toda la evolución histórica de la institución procesal objeto de sus desvelos científicos que da título al libro.

Ya desde el inicio una idea subyace y preside el análisis del A., la naturaleza cambiante del recurso de suplicación y las continuas modificaciones que en su aplicación sufre —no podemos olvidar que el ámbito temporal del trabajo transcurre entre la consolidación del derecho territorial castellano en la segunda mitad del siglo XIII y el primer tercio del siglo XIX con la promulgación del Real Decreto sobre recursos de segunda suplicación e injusticia notoria de 4 de noviembre de 1838— con el objetivo de adaptarse a la realidad social del tiempo concreto en que debía ser aplicado.

Un interesantísimo y esclarecedor "Prólogo" de José María García Marín, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pablo de Olavide, abre el volumen que recensiono cuyo cuerpo queda estructurado en cinco capítulos, el primero de los cuales se centra temporalmente en la Baja Edad Media. El A. parte de la consideración del recurso de suplicación como una manifestación de la gracia real. El monarca era titular de la jurisdicción y por tanto a él le correspondía, con total discrecionalidad, admitir a trámite la sustanciación del mismo y, en su caso, revocar sentencias firmes, es decir, aquellas que ya hubieran agotado la vía procesal ordinaria —de ahí el carácter extraordinario que desde un principio muestra esta institución— por lo que en buena lógica debía ser desestimado todo recurso de suplicación procedente de aquel litigante que, pudiendo haber interpuesto recurso ordinario en tiempo y forma, no lo hubiera hecho pues claramente denotaba tener una intencionalidad dilatoria de la ejecución de la sentencia, finalidad que no tiene en puridad esta institución procesal si bien es la que en la práctica consigue. Podrían ser objeto de suplicación, según afirma el A., las sentencias dadas por los alcaldes de casa y corte, las del adelantado mayor de la corte, las procedentes de los adelantados mayores de los territorios y aquellas otras emitidas por la Audiencia y falladas por el Consejo Real, mientras que, por otro lado, las competencia para resolver este recurso extraordinario, que en su conceptualización primigenia correspondería al monarca, fue oscilando a lo largo del tiempo por ser objeto de continua delegación por parte del rey a favor de diversas autoridades judiciales: el denominado juez de suplicaciones, la Audiencia o el propio Consejo Real, señalando Pino que, de hecho, a partir de 1390 para algunos casos y, sobre todo a partir de la entrada en vigor de las ordenanzas del Consejo Real de 1459, hubo simultáneamente dos órganos competentes para resolver el recurso de suplicación lo que ocasionó graves alteraciones que vinieron a complicar de forma desmesurada la administración de justicia; por un lado, el Consejo, para aquellos recursos interpuestos directamente ante el Rey y, por otro, la Audiencia para aquellas causas que la misma había sustanciado en primera instancia o en apelación y siempre que el litigante no interpusiera recurso ante el Consejo. En cuanto a la tramitación del recurso de suplicación en la Baja Edad Media, Pino Abad distingue cinco aspectos principales: término para interponerlo, forma, sustanciación por los jueces competentes, aportación de pruebas y ejecución de la sentencia recurrida.

En lo relativo a la Edad Moderna, el A. estudia la evolución del recurso de suplicación según los reinados. En el de los Reyes Católicos, el A. destaca varios momentos importantes, a saber, la Real Cédula de 15 de abril de 1475 —que reformaba la estructura de la Audiencia y la Chancillería para incrementar sus competencias, encomendándosele el conocimiento de todas las causas civiles y criminales que en ese momento estuvieran pendientes en el Consejo si bien los propios monarcas se reservaban la prerrogativa de atribuir al Consejo la resolución de aquellas causas especialmente importantes con lo que, de hecho, dicho órgano siguió conociendo las suplicaciones—, a las que siguió las Cortes de Madrigal de 1476 en las que se adoptó la decisión de separar la Audiencia y la Chancillería de la esfera de la justicia personal del monarca que quedó representada por los alcaldes de casa y corte y por el Consejo; las Cortes de Toledo de 1480 —en las que se concedía clara primacía al Consejo sobre la Audiencia sin que se aceptara contra sus decisiones más recurso que el de suplicación que debía interponerse ante el rey y éste en su caso lo trasladaría para su conocimiento a los miembros del Consejo—, las Ordenanzas de Córdoba de 1485 —que incrementaban la plantilla de la Audiencia para hacer frente al importante número de causas pendientes, según lo dispuesto en la Real Cédula de 1475 a la que ya se ha aludido—, las de Medina del Campo de 1489 en la misma línea de la anterior; el recurso de suplicación en la Audiencia y Chancillería de Ciudad Real creada en 1494 para descargar a la de Valladolid; las Ordenanzas para abreviar los pleitos de 1499 —respecto a las cuales Pino Abad señala la inclusión en las mismas de la posibilidad de interponer recurso de suplicación, tanto respecto a las sentencias definitivas dictadas por el Consejo de Castilla o algunas de las Audiencias o Chancillerías como respecto a las sentencias y autos interlocutorios, si bien el término concedido para interponer dicho recurso variaba, diez días en el primer caso y tres en el segundo computables desde que las partes tenían constancia del contenido de la resolución judicial— y las que con el mismo motivo se aprueban en 1502. Se detiene después el A. en los cambios acontecidos en el recurso de suplicación durante los reinados de Doña Juana, Carlos V y Felipe II para culminar con las reformas borbónicas distinguiendo en esta época la suplicación en las Audiencias de la Corona de Aragón —en la que apenas se detiene por sobrepasar el ámbito geográfico que se había fijado— de la interpuesta en las Audiencias de Asturias y Extremadura.

Muy documentado y minucioso se muestra Miguel Pino Abad al adentrarse en el análisis del recurso de segunda suplicación, afirmando que el de suplicación coexistió de hecho desde finales del siglo XIV con la llamada segunda suplicación, que se podía interponer contra las sentencias de revista dadas por las Audiencias, Chancillerías o Consejo de Castilla, en causas que se habían incoado ante alguno de estos altos órganos y siempre que versaran sobre materias caracterizadas por su complejidad, en cuyo origen también se encuentra la voluntad soberana del monarca, a quien correspondía revocar sentencias firmes para suavizar el excesivo rigor de algunos jueces y servir de garantía última a los legítimos derechos de los litigantes, situándose en este sentido el rey castellano medieval por encima de las propias leyes. El A. señala que fueron las Cortes de Segovia de 1390 las que regularon los requisitos para la correcta interposición de este recurso entre los cuales se encontraba que el recurrente debía depositar una fianza de mil quinientas doblas, cantidad que perdería si la sentencia era confirmada en dicho grado, razón por la cual, esta segunda suplicación también recibió el nombre de recurso de las "mil y quinientas". El desenvolvimiento de esta segunda suplicación en la Edad Moderna ocupa un buen número de páginas del libro incidiendo Pino muy específicamente en los requisitos para incoar este recurso, la legitimación para recurrir, la necesidad del depósito previo, el órgano competente para conocerlo, los pasos concretos para su tramitación procesal y las singularidades de la resolución de este recurso de segunda suplicación por el Consejo de Indias y por el Consejo de Guerra.

La pérdida de importancia de la suplicación en el periodo codificador es también objeto de análisis por parte del A. que incide, por un lado, en la influencia que en ella tuvieron las importantes críticas doctrinales que veían en este recurso procesal extraordinario una simple trampa o artificio que, con más frecuencia de la debida si bien apoyada siempre en las posibilidades que concedía el propio ordenamiento jurídico, era utilizado por litigantes malintencionados con el único objetivo de prolongar de forma exagerada la resolución de aquellos procesos en que estaban inmersos y, por otro, en la generalización del recurso de casación más perfecto técnicamente. Ambas circunstancias ocasionaron el desinterés de los juristas por esta institución procesal, lo que a la postre se puso de manifiesto en la escasa regulación que la suplicación encontró en el ordenamiento jurídico procesal del siglo XIX.

El volumen culmina con una relación bibliográfica en la que quizás podría haberse incluido algún otro título y un nada despreciable para el investigador apéndice documental.

Desde estas líneas felicitamos a Miguel Pino por este volumen caracterizado por el empleo de una metodología historicista minuciosa y por traer a colación un aparato científico riguroso y especializado que el A. interpreta de forma magistral. Se trata por tanto de una monografía que sin duda viene a llenar una laguna importante en el tratamiento de los temas procesales por parte de los historiadores del Derecho español.

 

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