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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.29 Valparaíso  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552007000100044 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXIX, 2007, pp. 624-629

RECENSIONES Y RESEÑAS

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, El influjo del Derecho Canónico en el Código Civil de la República de Chile (Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2006), 259 págs.        [ Links ]

 

Italo Merello A.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.


Se diría que el influjo del derecho canónico en la legislación civil chilena es un tema que ha cobrado cierta actualidad con motivo de la Ley N° 19-947, de 2004, que, al sustituir la antigua ley de matrimonio civil, introdujo nuevas causales de nulidad matrimonial claramente inspiradas en el moderno derecho de la Iglesia. Así, en este último tiempo la vinculación entre ambos derechos, al menos en ciertos ámbitos, se ha convertido en materia casi de trato común, llegando incluso a exceder lo estrictamente académico.

Sin embargo, ni tal reforma marca propiamente un influjo del derecho canónico en el Código Civil de la República de Chile tal como salió de manos de Andrés Bello (1781-1865), pues por éste se ha de entender aquí—y asilo circunscribe el A.— aquel que fue promulgado en 1855; ni, de otro lado, el influjo canónico se revela únicamente en materia de matrimonio, si bien ha sido ésta la institución a que tradicionalmente el derecho canónico ha prestado mayor atención en razón de su carácter sacramental. En efecto, el tema de los influjos canónicos incidentes en el Código Civil chileno rebasa lo estrictamente matrimonial, abriendo un campo que ofrece aristas generalmente desconocidas, zonas en la sombra, incluso para quienes no son ajenos al oficio forense.

Por eso, enhorabuena esta obra de Carlos Salinas que, sin lugar a dudas, ha venido a poner luz en esta materia. Se le echaba en verdad de menos. Es que hasta el aparecimiento de este libro solo contábamos con trabajos monográficos desperdigados sobre aspectos parciales del tema, buena parte de ellos incluso cosecha del propio A., cuyos resultados naturalmente han sido aprovechados en la elaboración de esta obra. Pero ahora, en cambio, disponemos de un texto unitario, comprensivo y sistemático, que ayuda y facilita la inteligencia y manejo de esta materia.

No está de más recordar que el Código Civil chileno hizo época en la historia de la codificación civil iberoamericana, por cuanto otros países del continente lo han tomado como modelo, ya derechamente adoptándolo como suyo o simplemente reformulán-dolo, con lo que ha venido a cumplir en el Nuevo Mundo un papel similar al que tuvo el Code Civil des Francais en el viejo. De este modo el trabajo de Carlos Salinas no circunscribe su interés sólo al Código Civil de Chile, sino que se proyecta también a otros de la zona, dejando abierta la senda para nuevas indagaciones en esta línea.

El A. inicia su recorrido con una alusión a lo que se podría llamar la ambientación o circunstancia —inmediata una, y más lejana otra— en que se sitúan los blancos de su estudio: el Código Civil de Chile por un lado, y el proceso general de recepción del derecho canónico por otro, para así explicar el nexo entre ambos. Se trata sin más de describir el marco cultural de donde se extraen las categorías que configuran el esquema de pensamiento entonces imperante.

De este modo, parte haciendo algunas consideraciones acerca de la realidad del catolicismo en Chile en la época en que Bello trabajó en la elaboración del Código Civil, tanto desde el punto de vista constitucional como sociológico. Veinticinco años que van desde 1831, en que el ministro Diego Portales( 1793-1837) le encarga privadamente la elaboración de un código, hasta 1855 en que se promulga. Desde el citado punto de vista constitucional el catolicismo era la religión oficial del Estado, según principio establecido en la Constitución de 1833 entonces vigente, consolidando una situación ya reconocida desde los ensayos constitucionales de la patria vieja. Pero, de otro lado, existía la sujeción y control que el Estado ejercía sobre la Iglesia en virtud del patronato, manifestado principalmente en el derecho de presentación de obispos y en el exequatur. En ambos aspectos la herencia de la monarquía indiana aparece a flor de piel, pero, si bien el patronato allá lo ejerció la corona en virtud de una concesión pontificia, aquí fue asumido de hecho por las autoridades criollas —se lo arrogaron para sí—, si bien soportado por la Santa Sede, aunque no pocas veces a su desagrado cuando creía ver abusos en su ejercicio. Y sociológicamente, entonces, la religión comúnmente profesada era la católica, con lo que se ha podido identificar a la república de entonces como un "Estado católico".

Enseguida el A. se detiene en la ciencia jurídica medieval, pues es allí y a partir de la Universidad de Bolonia, ya a la altura del siglo XII, cuando ambos derechos —civil (romano-justinianeo) y canónico— se asocian en el destino de la comunidad de la época: la república cristiana. Baste recordar que, entonces, con frecuencia quienes concurrían a estudiar derecho, coronaban sus estudios con la obtención de un doble doctorado — in utroque iure: en uno y otro derecho, o sea, civil y canónico—, pues si no se consideraba jurista quien no era romanista, no se le tenía por bueno si no era canonista, como así lo traslucía el adagio Legista sine canonibusparvum valet, canonista sine legibus nihil, atribuido a Ludovico Romano (1409-1439). Ambos derechos, de esta forma, constituyeron una unidad científico-jurídica que transitaron juntos durante varios siglos. Una suerte de vidas paralelas en que ninguno resultó impermeable al otro, ya que convivieron en un permanente proceso de influjo recíproco. Así uno y otro derecho fueron la base y pilar del sistema del derecho común vigente en Europa desde el siglo XIII hasta la codificación del derecho, cuyos primeros frutos han sido tradicionalmente considerados los códigos prusiano (Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, de 1794), francés (Code Civil des Francais de 1804) y austríaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, de 1811). El derecho común así fue un sistema jurídico que se proyectó no sólo en Europa sino que también en ultramar, llegando a América el mismo día del desembarco de Colón en el Caribe. En efecto, la ritualidad que aquel 12 de octubre acompañó al acto de descubrimiento y toma de posesión del Nuevo Mundo se hizo conforme a las normas del derecho común, que ya venían con el navegante al echar las velas del zarpe, pues la corona castellana fundó en ese derecho los títulos de adquisición "de las tierras firmes e islas por descubrir del mar océano", como rezan las crónicas y documentación de la época.

Sabido es que la codificación sustituyó al derecho común motivado principalmente por los problemas de carácter externo a que éste dio origen —según lo destaca la profusa literatura crítica de los siglos XVII y XVIII— problemas que, paradójicamente derivaron de lo que fue su gran riqueza: ser un derecho de jurista, que, precisamente por serlo — descentralizado en sus órganos de producción— creó un clima de incerteza e inseguridad jurídica por la existencia de tanto autor, tanto texto, tanta opinión, que finalmente lo hizo difícil de conocer y manejar. Porque desde el punto de vista interno, en cambio, el sistema del derecho común fue un universo riquísimo, al punto que los propios códigos de la codificación que vinieron a sellar su muerte —no obstante las novedades que trajeron en cuanto a filosofía jurídica inspiradora y sistemática expositiva— terminaron nutriéndose de aquél.

De esta manera el A. nos quiere mostrar que el derecho canónico no fue un derecho que ingresó a contramano por los entresijos de nuestro universo jurídico —una suerte de derecho intruso que en algún momento aparece entre nosotros— sino, al contrario, un elemento fundante de nuestra cultura jurídica, que no se puede ignorar. Hasta entrada nuestra república, las hoy escuelas de derecho se conocían todavía como "escuelas de cánones y leyes", por cuanto lo que allí se estudiaba era derecho romano y canónico —siguiendo la tradición indiana heredada a su vez de la cultura europea— , con lo que a nivel de cátedra se actuaba incluso de espaldas al derecho que operaba en la práctica. Es que sólo esos derechos valía la pena estudiar, pues se estimaba que sabiéndolos se conocía el derecho a cabalidad; los otros se daban por añadidura, se aprendían con el ajetreo del foro.

La obra de Carlos Salinas —en lo que constituye su parte medular— nos muestra claramente cómo ese influjo incide en el Código Civil chileno. Y aquí la sistemática expositiva que sigue, la organiza distinguiendo las siguientes modalidades de influjo: implícito y explícito, este último a su vez de dos tipos: de remisión material (o recepticia) y de remisión formal (o no recepticia) a los que se agrega el derecho canónico como presupuesto de algunos preceptos codiciales.

Por influjo implícito entiende el A. aquel que no se advierte a simple vista en el articulado del código, sino que hay que leer por sobre o bajo su texto para descubrirlo. Concretamente, hay que indagar la historia de la respectiva figura e institución que se recoge en él, pues sólo así es posible pesquisar dicha influencia. Carlos Salinas aquí incluye principalmente dos ejemplos: la noción de persona jurídica como ente ficticio que es capaz de ser titular de derechos y obligaciones; y el matrimonio putativo, instituciones ambas que hoy forman parte del patrimonio jurídico occidental.

En cuanto al influjo explícito de remisión material, se produce cuando el Código Civil convierte en norma civil una norma canónica, con lo que disposiciones nacidas en el específico ámbito canónico tendrán ahora vida en ambos —canónico y civil—, situación que, de paso, nos recuerda aquel viejo recurso denominado "ley de confirmación del concilio" promulgada por algunos reyes romano-germanos de la alta Edad Media, cuando querían que un canon conciliar adquiriera validez y eficacia secular. El A. separa aquí la incidencia de este influjo, primero en las normas civiles actualmente vigente, y enseguida en las ya derogadas. En cuanto a las primeras trae a cuenta el reconocimiento de la personalidad jurídica de derecho público a las iglesias y comunidades religiosas; el régimen jurídico de las cosas consagradas al culto divino y la invalidez de los legados recaídos sobre dichas cosas . Y respecto de las derogadas apunta a los impedimentos matrimoniales, la forma del matrimonio entre católicos y no católicos y la dispensa de impedimentos.

Pero hay situaciones de influjo explícito en que se produce una remisión formal del Código Civil chileno al derecho canónico, y tal se da en aquellos supuestos en que aquél se remite a una norma canónica, pero sin llegar a incorporarla en el ordenamiento jurídico civil —la que sigue vagando en su espacio original propio—, pero dándole efectos en el fuero civil a actos realizados válidamente al amparo de la norma canónica. Nuevamente aquí el A. separa el tratamiento del tema distinguiendo entre artículos vigente y derogados. Entre los primeros las siguientes situaciones: residencia de obispos y curas, domicilio parroquial, prueba del estado civil y personalidad jurídica de iglesias y comunidades religiosas. Y entre los derogados, todo lo relativo a la muerte civil, y a la validez ante el Estado del matrimonio canónico, el único permitido entonces en Chile.

Acercándonos a la segunda mitad del libro el A. nos habla del derecho canónico como presupuesto del Código Civil chileno, apartado en que analiza aquellas normas sedentes en éste que recogen conceptos e instituciones canónicas, pero para atribuirle dentro de su ámbito un efecto civil propio —así querido y dispuesto por el codificador civil, con independencia del que pueda tener en el ámbito canónico—, con lo que la disposición queda convertida en instrumento de interpretación e inteligibilidad de la respectiva norma civil. Hay aquí tantos ejemplos, como cuando el código refiérese a obispos, curas, iglesias, comunidades religiosas, obras de piedad religiosa, capellanías, alma del testador, etc., entre los artículos vigentes; y entre los derogados, impedimentos canónicos, hijos sacrilegos, clérigo de órdenes mayores ligado por voto de castidad, etc.

Pero el A. fue incluso más lejos. No sólo trata de aquellos influjos canónicos efectivamente recibidos por el Código Civil chileno a través de las modalidades ya bosquejadas, sino que concluye su obra haciendo mención, en un logrado capítulo, de un pretendido influjo canónico, que en definitiva no cristalizó. Sólo estuvo de momento en la mente de Bello y sus proyectos de Código. El A. rotula el capítulo con un sugerente título: "Un influjo frustrado del derecho canónico en el Código Civil de Chile: mala fides superveniens nocet". Frustrado, porque el derecho canónico exigía que la buena fe existiera durante todo el tiempo de la posesión a fin de poder acceder a la prescripción, principio que recogió el Proyecto de Código Civil Ae 1853, pero que, como es sabido, fue definitivamente abandonado en el código, que tan sólo exige la buena fe inicial.

En cada tema el registro de fuentes es abundante y el aparato bibliográfico exhaustivo. Según sea el caso, allí se invoca el precedente romano, cuando lo hay; con mayor detención la ciencia jurídica medieval de civilistas y canonistas; un lugar especial, a que dedica un capítulo, ocupan las Siete Partidas —tan importante en nuestra tradición indiana y republicana hasta el aparecimiento del Código Civil— como eslabón entre el derecho civil y canónico medieval y nuestro código; sin estar ausentes tampoco la citas a los teólogos españoles de la segunda escolástica, ni la doctrina francesa pre-napoleónica, principalmente representada por Pothier; también la mención de los códigos existentes a la época del nuestro, en especial el francés; en fin, eso y mucho más. Pero el A. no siempre hace desembocar todo esto directamente en el Código Civil de nuestra república, sino que previamente se detiene en sus diferentes proyectos, para avizorar así las vicisitudes que pudo sufrir el pensamiento de Andrés Bello en su proceso de elaboración.

Este listado de fuentes naturalmente no es utilizado en todas las hipótesis abordadas por el A. —no se les cita siempre a todas—, ya que su mención dependerá del respectivo tema de examen: a veces será sucesiva (cuando el contenido que interesa pasa de una a otra fuente), otras discontinua (cuando pasa sólo por algunas); a veces directa (cuando las ideas se recogen inmediatamente de una fuente), otras refleja (cuando se recogen mediatamente a través de una intermedia); a veces total (cuando el contenido que interesa se recoge en globo), otras parcial (cuando sólo se recoge en parte).

En suma, el enfoque general de la obra obedece, a la vez, a un diseño histórico y dogmático, con lo que viene a dar respuesta a tres interrogantes, que en uno u otro sentido conforman dicha visión: señalarlos sectores civiles de influjo canónico, señalar la razón de dicho influjo y la modalidad como se produce, para señalar por último el sentido y alcance final que ellos tienen. Por tal motivo este trabajo de Carlos Salinas, no solo se convierte en un instrumento útil para el historiador del derecho —que hallará en él valiosa información—, sino que alcanza también al abogado de profesión, llamado a hacer un estudio dogmático del tema, como además a los jueces encargados de aplicarlo. Pero hay algo más. Cuando el A. hace el análisis de las normas vigentes, va más allá de su contenido actual, pues, cuando estima necesaria una reforma, sugiere su modificación y el sentido de la misma, con lo que este libro, además, puede resultar valioso para el legislador.

Sin duda esta obra enorgullece a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Surgida de quien fuera alumno y hoy profesor de ella, nos llena de regocijo. Muchos son los méritos de este aporte: su esquema de exposición bien armado, que permite ver de manera completa el examen del asunto, que queda así perfectamente acotado; a lo que sigue el rigor científico —expresado en el manejo de las fuentes y el juicio crítico—, todo lo cual, a su vez, no desmerece la pulcritud en el uso del sermón.

No quisiera terminar sin hacer una mención sobre el esmerado formato material de la obra, a cargo de Ediciones Universitarias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en especial, naturalmente, a su portada, donde todo tiene significado atingente: la reproducción de dos personajes importantes en relación con el tema tratado : el pontífice canonista Gregorio IX presentando las Decretales por allá por el año 1234, y un retrato de Andrés Bello, ambos separados por la primera página del Decretum de Graciano, terminado hacia 1140, colecciones ambas que integran las dos principales obras del Corpus Iuris Canonici, vigente hasta 1917 en que se promulga el primer código de derecho canónico. Ylos colores de fondo —rojo y verde— representan la tonalidad de la vestimenta que, según vieja tradición medieval —acaso existente ya en Bolonia— usaban los doctorados en derecho civil (rojo) y derecho canónico (verde), colores que vistió Carlos Salinas en su calidad también él de doctor in utroque iure: civil con tesis en historia del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás, Angelicum, de Roma, alusión que hacemos por cuanto difícilmente podría haberse llevado a cabo un aporte de este talante, sin la confluencia de esta formación intelectual .

Y para cerrar esta recensión, tan sólo recordar que la labor de Carlos Salinas en el campo del derecho canónico ha sido intensa y fructífera —este libro desde luego es una muestra mayor—, pero a vera de ello hay todavía más: ha sido el gran impulsor a través de muy diversas actividades (docencia, promoción e intervención en congresos, coloquios, escritos, etc.) del actual reverdecer que viven los estudios canonísticos en Chile.

 

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