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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.30 Valparaíso  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552008000100036 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXX, 2008, pp. 646 - 652

BIBLIOGRAFÍA

LACOSTE, Pablo, La mujer y el vino. Emociones, vida privada, emancipación económica (entre el Reino de Chile y el Virreinato del Río de la Plata) (Mendoza, Editorial Caviar Bleu, 2008), 307 págs.


Las fuentes utilizadas para escribir este libro han sido: a) los protocolos de escribanos, en los que ha compulsado testamentos, cartas de dote, inventarios de bienes; b) los archivos judiciales, en los que ha examinado pleitos sucesorios, juicios penales y comerciales, etc. Sobre la base de fuentes estrictamente jurídicas, los caminos del historiador y los del jurista se entrecruzan.

Una introducción, cinco capítulos y las conclusiones nos conducen al conocimiento de la vida de las mujeres en Cuyo y en Chile durante los siglos diecisiete y dieciocho; la vida de mujeres destacadas, pero también la de mujeres silenciosas. Me voy a centrar principalmente en estas últimas.

Desde la primera óptica, basta señalar que hasta entrado el siglo XX, la mujer casada fue considerada por distintas legislaciones una “incapaz relativa de hecho”; era como un menor de edad, que estaba bajo las órdenes de un varón. Lacoste califica adecuadamente el casamiento como el rito que marcaba el pasaje de la mujer del poder del padre al del marido. Mientras vivía: “el padre, en vez de potenciar a su hija a través de la educación, le entregaba una dote para ingresar al matrimonio, como mecanismo para fortalecer sus propias redes de poder y capital social”. Al momento de morir, por testamento, adjudicaba a los hijos varones los bienes de producción: molinos harineros, estancias, chacras, haciendas, carretas, etc; en cambio, a las hijas mujeres, dejaba los bienes de consumo: ropas, joyas, muebles, esclavos y casas en la ciudad. Estos importantes datos sociológicos surgen de los testamentos, documentos que nos permiten conocer, a través de la investigación del historiador, la vida privada y los sentimientos de quienes componían esta sociedad que hoy llamamos “tradicional”.

Se trata de otra prueba sobre cómo el derecho sucesorio incide en las pautas económicas, culturales y sociales de una época determinada. En apoyo de lo señalado, Galgano, un gran maestro del Derecho de nuestro tiempo, enseña que el código de Napoleón, destructor del mayorazgo y otras figuras jurídicas propias del medioevo, implicó un cambio económico tan significativo como la propia Revolución Francesa.

Entraré ahora en algunos aspectos relevantes, desde la perspectiva jurídica, de las historias individuales relatadas en este libro.

El capítulo 1 está dedicado a Doña Melchora Lemos, nacida en 1691 y muerta en 1744, y al pleito con su hermano, el poderoso alcalde Juan de Lemos, proceso finalmente resuelto por la Real Audiencia de Chile, tribunal en el que los cuyanos buscaban justicia cuando la respuesta de la autoridad judicial local no satisfacía al litigante.

Quizás, la historia de esta mujer, soltera, “sin varón que la protegiera”, que no sabía ni leer ni escribir, marcó el comienzo del camino de la mujer empresaria vitivinícola en Cuyo. Después de sucesivas herencias (la de su padre, su madre), pero fundamentalmente de las cesiones que le fueron haciendo sus hermanos, ella llegó a ser propietaria de todos los elementos del ciclo productivo y comercial: viñas, bodega y pulpería; o sea, extraía la materia prima, la elaboraba, y luego la vendía, no sólo en su negocio, sino en otras zonas, a las que enviaba el sobrante. Cabe entonces preguntarse si no fue también la primera mujer “exportadora”, desde que en aquella época existían aduanas interiores. También fue propietaria del único molino harinero de Mendoza de su época.

Pablo Lacoste nos cuenta que el patrimonio de Melchora aumentó considerablemente en comparación con el de su hermano Juan quien, como se dedicaba a la política, daba menos tiempo a sus bienes. (Parece que en esos tiempos la política daba poder, pero no siempre dinero).

Frente a los progresos económicos de Melchora, el envidioso Juan, la acosó mediante sucesivas conductas de hostigamiento: se apoderó de la bodega que tenían en condominio, acto que no le significaba ningún beneficio personal, porque no elaboraba nada, pero que causaba mucho daño a su hermana; colocó en el patio, frente a la casa que habitaba doña Melchora, un cuarto para indios, invadiendo gravemente la intimidad de la mujer, y destruyó el molino harinero. Este último hecho superó los límites que doña Melchora estaba dispuesta a tolerar; entonces, recurrió a la Justicia. Realmente, había que tener fe en los jueces, conociendo el poder político que ostentaba su hermano…

Esa confianza en la Justicia se vio defraudada en Mendoza, donde tramitó la primera instancia judicial; pero la mujer no se amedrentó, y apeló a la Real Audiencia de Santiago. Lo cierto es que el tribunal decidió que los bienes en condominio debían dividirse, y a tal fin, cada parte podía designar un tasador. Inmediatamente de designado, el tasador propuesto por doña Melchora fue detenido y encerrado en la cárcel pública, por orden del alcalde (o sea, el hermano). El hecho era una advertencia para todos: cualquier vecino que osara defenderla tendría el mismo destino. Por eso, no debe pasar inadvertido qué difícil debe haber sido conseguir un abogado, y cuánta vocación y coraje habrá tenido el que defendió a doña Melchora.

La presión del poder político sobre la justicia local no terminó allí. La audiencia de Chile envió un juez delegado para que actuara en Mendoza, quien: a) se abstuvo de ordenar la liberación del tasador; b) omitió realizar una instrucción sumaria contra el alcalde por abuso de autoridad; c) nombró como tasador a una persona que el hermano había ofrecido como testigo en su favor en la causa. Así y todo, pese a tantos atropellos, pudo designarse un tercer tasador.

En definitiva, el juez dispuso que el alcalde debía sacar los indios y desocupar la hacienda, pero Juan no ejecutó la orden; además, la autoridad judicial lo emplazó a que comprara la parte a la hermana o le vendiese la suya, pero él no hizo ni una cosa ni la otra.

Antes de volver a Chile, el juez delegado decidió pasear por las calles de Mendoza, y al llegar a la casa de doña Melchora comprobó, asombrado, que el alcalde no había acatado la sentencia; de inmediato escribió al presidente de la Real Audiencia y ante la intervención del tribunal, finalmente, el alcalde aceptó el mandato.

Después de ese pleito, Doña Melchora siguió explotando bodega y viñedo, pero abandonó el proyecto harinero.

La historia resulta por demás interesante: un poder autoritario, que utiliza la fuerza del Estado para sus asuntos particulares; una Justicia local al servicio de ese poder; una Justicia de otro lugar que reacciona sólo cuando sus decisiones no son cumplidas, o sea, más a favor de su propia autoridad que en beneficio de los legítimos derechos del justiciable; una persona que, pese a todo, cree en el sistema judicial, busca y finalmente encuentra respaldo en ese sistema; dicho de otro modo, el Derecho triunfó sobre los hechos.

Una vida de tanta fortaleza se debilitó a la hora de partir de este mundo; doña Melchora murió soltera y sin hijos; su testamento es claro reflejo de la época: dejó sus bienes a la Iglesia; estableció un legado para que se rezaran misas para sus padres, que ella estimaba estaban sufriendo en el Purgatorio, y para ella misma. Para asegurar su voluntad, fundó una Capellanía (hoy sería un dominio fiduciario, un fideicomiso) formada con los frutos de la finca, y puso al frente a una persona a la que ella había criado y por quien sentía gran afecto; estas personas, que vivían como hijos adoptivos (la figura de la adopción no existía por entonces en nuestro territorio), a la hora de la muerte de quien los había protegido no eran designados herederos, pero alguna ventaja de orden patrimonial, más o menos importante, aparecía en el testamento. Conforme el testamento de doña Melchora, los frutos de la capellanía no sólo debían destinarse a las misas, sino a la carrera de otro hermano, que era fraile, y a su sobrino, hijo de su hermano otrora contendor, a quien también sostuvo en su carrera religiosa, todo lo cual muestra la influencia terrenal del llamado poder espiritual de la época.

El capítulo II está destinado a Tomasa Ponce de León, personaje a quien, en lenguaje actual, podría calificarse de “outsider” del sistema.

La bella Tomasa Ponce de León se casó con el Sr. Arizmendi, hombre 25 años mayor que ella; mientras él estuvo en Perú, ella administró los bienes, conducta absolutamente transgresora de las costumbres de la época; protagonizó otros hechos igualmente escandalosos cuya naturaleza, nos dice Lacoste, no ha podido ser esclarecida todavía (posiblemente se trataría de un asunto sexual); como Arizmendi había sido infiel (tenía un hijo extramatrimonial), quizás doña Tomasa entendió que ella tenía derecho a tomar revancha. Lo cierto es que cuando su marido volvió de Lima, dio poderes extraordinarios a un sacerdote, el padre Francisco Correa de Sáa, para que administrara sus bienes y castigara a su esposa. El eclesiástico designado era comisario de la Inquisición. Lacoste nos enseña, entonces, que la región cuyana no se mantuvo al margen de semejante sistema de “justicia”.

En la época colonial, pocos escándalos eran tan relevantes como el romance de una mujer casada con otro hombre. Hoy, cuando se lee en un diario que una mujer ha sido asesinada, uno se pregunta si las cosas han cambiado mucho, desde que la primera reacción no es buscar al autor del crimen, sino develar la vida íntima de la víctima. Pero algo se ha avanzado. En aquellos tiempos, la mujer no titularizaba derechos de la personalidad, como el honor, la intimidad, la identidad. Ella era objeto del derecho del hombre. Los ataques contra su honor no la afectaban a ella misma, sino a su esposo. Como resabio de esa época, el artículo 1080 del Código Civil argentino, en texto inalterado no obstante las sucesivas reformas realizadas desde 1871, dice que el marido puede reclamar los daños causados por las injurias realizadas a su esposa.

En los tiempos de la Colonia, el adulterio no sólo era contrario a la moral; era un delito sancionado por las leyes (en la Argentina fue un delito penal hasta febrero de 1995, año en que fue eliminado del código por Ley Nº 24.453); pero además, no se sancionaba igual para el hombre y la mujer. El de la mujer se penaba gravemente: se la colocaba en una cárcel, después de una sentencia emanada de un juez que muchas veces, él mismo, tenía hijos extramatrimoniales. Si no había una prisión pública, la detención se hacía en una cárcel privada. Pablo Lacoste recuerda que, por efecto de este peculiar régimen, muchos instrumentos de tortura (cepos, esposas de fierro, grillos, etc.) estaban en manos privadas.

Por entonces (año 1740), Mendoza carecía de una cárcel pública para mujeres; la falta de presupuesto, razón invocada por los funcionarios actuales para tener cárceles inhumanas, era la misma que por entonces justificaba la ausencia. Tampoco había un convento (los más cercanos estaban en Santiago y en Concepción, de Chile), por lo que esta alternativa no era viable. Entonces, a petición de este representante eclesiástico, se construyó una cárcel adentro de la bodega, y allí se la encerró, rodeada de esclavos que le llevaban la comida y sacaban los excrementos.

A pesar de la asimetría de poder, y seguramente ayudada por alguno de esos esclavos, Tomasa logró escaparse. Tiempo más tarde, su marido muere en Buenos Aires. El testamento contiene una cláusula que la deshereda y otra que designa albacea (o sea, ejecutor de todo lo que el testamento contiene) al padre Francisco. Este testamento muestra que la objetivización de las personas alcanzaba no sólo a las mujeres. En el inventario se registra “un negrito llamado Antonio, como de quince años, que no se tasó por haber dispuesto el difunto se remitiese a Mendoza”.

Muerto el marido, ella ya no tiene cuentas con la justicia por el delito que se le imputaba, por lo que sale del lugar donde estaba oculta. Llega a Mendoza otro señor, don José, de quien se enamora y con quien se casa cuando había pasado muy poco tiempo desde la muerte del primer marido. El nuevo esposo era muy diferente al primero; Don José era divertido y mucho más joven que ella. La conducta de Tomasa es absolutamente transgresora de las costumbres de la época: se casa sin respetar el período de viudez; el novio no pertenecía a la élite; no tenía dinero, etc.

Ella había sido desheredada, o sea, no era heredera de su esposo, pero debía recibir la parte que le correspondía en la disolución de la sociedad conyugal (o sea, su parte en los gananciales), además de los bienes propios que tenía antes de casarse (la dote), que debía serle restituida porque durante el matrimonio había sido administrada por el marido, conforme el derecho por entonces vigente. Comenzó, entonces, el pleito contra el sacerdote, comisario de la Inquisición, designado albacea testamentario, quien administraba todos los bienes del marido muerto.

En el juicio, el clérigo sólo le reconoció el derecho a los bienes propios, a los que había que reducir las sumas que ella había gastado mientras el marido estuvo en Lima; alegó que ella no tenía derecho a las sumas que el marido había ganado en Lima por la conducta deshonrosa que la mujer había tenido justamente en ese período; tampoco tenía derecho a la herencia porque había sido desheredada y el testador había dispuesto que esos bienes sirviesen para que se le rezara misas (es lo que se llamaba legado por “el alma del testador”).

El joven marido cazafortunas vio que tenía pocas posibilidades frente al poder del inquisidor y él también abandonó a la mujer. Acertó, pues el cabildo, que tenía funciones judiciales, dio la razón al ejecutor testamentario; como dice Lacoste, antepuso “la moral pública a la ley” y favoreció “a un piadoso varón por sobre una mujer escandalosa”.

Además de mujer viuda desheredada, Tomasa era una mujer abandonada. Pero allí no terminaron sus males, desde que también fue excluida de la herencia de su padre por maniobras realizadas en su contra por uno de sus hermanos y un cuñado.

Al final, la salvó la mujer que la había criado, doña Leonor Ponce, que no teniendo hijos legítimos, la designó su heredera. Hubo aquí, dice Lacoste, una “acción de solidaridad de género, movida por el maltrato y los abusos que los varones habían cometido contra esa hija del corazón que el destino le había dado”.

En definitiva, doña Tomasa tuvo cuatro carceleros: su primer marido (que actuó por omisión), el segundo marido (cazador de fortunas de viudas ricas), el padre Francisco (que gracias a ella vivió en la opulencia) y el cuarto, la sociedad, que la retuvo en una cárcel sin retornos. En siete páginas que merecen ser leídas una y otra vez, el libro describe magistralmente estos cuatro carceleros.

Una vida sufriente dejó dos herencias positivas: La primera, la fundación de la Compañía de María en 1780; hubo un convento, y esto significa que hubo un lugar donde la mujer aprendiese a leer y a escribir. La segunda, de menor peso, pero importante en la cultura popular, la incorporación al cancionero folklórico regional de la obra “La luna cautiva”, que relata la historia de Tomasa y que da nombre al capítulo reseñado.

El capítulo III se titula: “Amor y esclavitud en el reino de las viñas” y relata la historia de Andrea, una mulata esclava y Pascual un trabajador criollo.

El capítulo enseña que aunque cuantitativamente la esclavitud no tuvo en la zona la importancia que alcanzó en otros lugares de América, en lo cualitativo funcionó con igual injusticia.

Andrea, en tanto esclava, pertenecía a una de las tres casas reinantes en Cuyo (la familia Corvalán y Castilla), razón por la cual su hijo varón Luis, al igual que sus otras hijas, integraban el patrimonio de esa familia.

Andrea y Pascual decidieron liberar a Luis (¿era la elección un signo de discriminación?), pagando por su libertad. Para ello, celebraron un acuerdo con la viuda Corvalán, propietaria de los esclavos. Pascual no sólo se hizo cargo de la alimentación de Luis (que conforme el régimen general estaba a cargo del dueño del esclavo) sino que entregó una suma de dinero, y el saldo restante lo pagó con servicios realizados a los patrones, que no se le remuneraban, y cuyo valor se imputaba a pago del saldo deudor.

La viuda murió sin liberar al esclavo y nada explicó sobre el contrato celebrado en ninguno de los dos testamentos que hizo. Por el contrario, en ambos, Luis, el hijo esclavo, aparece como objeto de un legado a favor de un tercero. También en este caso, el albacea testamentario era un sacerdote.

Andrea y Pascual, con gran coraje cívico, pidieron la nulidad del testamento. En ese pleito intentaron probar el acuerdo y los pagos; fracasaron en la primera etapa desarrollada en Mendoza. La razón era que no tenían prueba escrita de sus dichos, y los testigos eran tres analfabetos, mulatos, de baja clase social, a quienes los jueces no creyeron.

El conflicto de valores es claro: los padres luchan por la libertad de su hijo; el albacea, el sacerdote, por “una cosa” (el esclavo), pero también por su carrera y autoridad, pues si no defendía lo que el testamento decía hasta sus últimas consecuencias, no conseguiría nuevos clientes que lo designaran ejecutor testamentario.

En el pleito se tomó una medida cautelar muy curiosa: como el objeto del proceso era el esclavo, se lo encarceló hasta que el juicio terminara; para estar en libertad, era necesario que los padres rindiesen una fianza, lo que efectivamente hicieron, comprometiendo las pocas cosas que habían logrado reunir en su patrimonio con gran sacrificio personal.

Este proceso, como los anteriores relatados, muestra la gran diversidad de fuerzas y cómo un hombre de la Iglesia se compromete con la injusticia; en el caso, defendiendo el tráfico negrero, bajo el pretexto de proteger la voluntad del testador; la paradoja es que una sociedad que discriminaba a las mujeres vivas, privándolas de honor personal, tenía notable interés en defender la credibilidad de una difunta.

El juicio tampoco tuvo resolución definitiva en Mendoza, sino en Buenos Aires (por entonces, el Virreinato del Río de La Plata ya estaba creado) y terminó con una transacción; el esclavo logró la libertad pero la lucha de toda la familia había sido tan intensa que padre y madre murieron en este intento, y la mayor parte de los pocos bienes que habían adquirido en vida se perdieron.

Y allí empieza otra historia, la de Luis, que no supo reconocer todo lo que la familia (no sólo sus padres sino también sus hermanas) había hecho por él y, curiosamente, esgrimió como defensa para quedarse con esos pocos bienes, que él era persona libre, en cambio su hermana una esclava. La llamada “libertad de vientres” de 1810 benefició a la hermana, quien, en definitiva, salió vencedora.

Para Lacoste, estos tres procesos muestran que “la alianza de hacendados, clérigos y jueces no tenía fisuras”; una tras otra, las decisiones judiciales eran “señales claras para los sectores subordinados: no tenía sentido luchar, ni rebelarse contra el régimen. El mejor camino que les quedaba a los subordinados, desprotegidos, era acatar la realidad existente y someterse”.

No pretendo contradecir al autor. Aún hoy, algunas sentencias judiciales parecen responder a este esquema de poder. No obstante, quiero rescatar la fe que, hoy como ayer, la gente tiene en la Justicia. Sin esa fe, los procesos relatados no habrían sucedido, porque fueron los propios discriminados los que golpearon a las puertas. De allí, la gran responsabilidad que recae sobre nosotros, los jueces, en nuestro compromiso cotidiano de trabajar con transparencia, con responsabilidad, con clara comprensión de los valores constitucionales, para que esa confianza nunca se pierda.

Por lo demás, estas tres historias (y las otras relatadas en este libro que no han sido objeto de este comentario) son un valioso botón del muestrario que indica cuánta razón tenía John Lennon cuando al referirse a la historia de la libertad decía: “No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres”. Los que así no lo entienden deberían recordar la frase de John F. Kennedy: “Los que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta”.

Aída Kemelmajer de Carlucci
Universidad de Mendoza

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