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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.31 Valparaíso  2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552009000100012 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXI (Valparaíso, Chile, 2009)
[pp. 317 - 348]

ESTUDIOS - HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

La alcaldía de hermandad en el Virreinato del Río de La Plata (1776-1810) (Casuística y jurisprudencia)

 

Alcaldía de Hermandad in the Viceroyalty of Rio de La Plata (1776-1810) (Casuistry and Jurisprudence)

 

Abelardo Levaggi
Universidad de Buenos Aires
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina

Dirección para correspondencia


RESUMEN

La administración de justicia en la campaña, a cargo de los alcaldes de la Santa Hermandad, tuvo sus particularidades, que la diferenciaron de la que ejercían los alcaldes ordinarios en las ciudades y villas. Constituían la Hermandad dos clases de alcaldes: el provincial, de nombramiento real, con jurisdicción en toda una provincia y asiento en el cabildo, y los partidarios, uno por partido, de los comprendidos en la provincia. El trabajo aborda sus prerrogativas y atribuciones, dificultades con las que tropezaron, conflictos que mantuvieron entre sí y con las autoridades militares, y quejas que merecieron por sus procedimientos desarreglados.

Palabras clave: Virreinato del Río de la Plata - Santa Hermandad - Justicia rural.


ABSTRACT

Justice administration during the expedition, in the care of the Majors of the Holy Hermandad, had particular features, different from the administration ordinary Majors used to practice in cities and towns. Hermandad was made up by two types of majors: from the province, appointed by the King or Queen, with jurisdiction in a complete province and seat in the cabildo, and the followers, one per party, of the ones in the province. This study addresses their prerogatives and attributions and the difficulties they faced, the conflicts among themselves and also against military authorities and the complaints against them for their disorganized procedures.

Keywords: Viceroyalty of Río de la Plata - Holy Hermandad - Rural Justice.


I. JUSTICIA RURAL. ALCALDES PROVINCIALES Y PARTIDARIOS. PRERROGATIVAS. ATRIBUCIONES PROPIAS Y DELEGADAS*

La Santa Hermandad fue una institución permanente, creada por los Reyes Católicos en 1476 para Castilla, constituida por alcaldes y cuadrilleros, destinada a perseguir y castigar a quienes cometían delitos en despoblado. Aclaró el fiscal de la Audiencia José Márquez de la Plata, que "la jurisdicción de éstos generalmente se versa sólo por los delitos cometidos en la campaña, y no en las ciudades, a menos que los delincuentes en el campo se refugien a ellas, en cuyo solo caso les permiten las leyes este conocimiento".

Hubo dos clases de alcaldes: provinciales, con jurisdicción -como su nombre lo indica- en toda una provincia, y partidarios, con jurisdicción territorial menor, en un partido. Impropiamente, los alcaldes de barrio nombrados para la ciudad de Buenos Aires por el virrey Pedro de Cevallos se arrogaron el título de la Hermandad[1].

La presentación de Juan Crespo Flores en Buenos Aires, en 1639, como alcalde provincial, con facultades que se superponían a los dos de la Hermandad que designaba el Cabildo, había determinado el cese de éstos. Interpuesto recurso ante el rey, lo resolvió la real cédula del 3 de octubre de 1643, limitando las atribuciones del nuevo funcionario y restableciendo las funciones de los anteriores. El provincial conservó la superioridad jerárquica. Llevó vara alta de justicia y espada, y tuvo asiento, voz y voto en el capítulo, como el de Sevilla[2].

Las funciones de los alcaldes de la Santa Hermandad estaban determinadas por las leyes. Además de las normas generales, básicamente la ley de la Recopilación Castellana 8,13,2[3], las hubo particulares. El gobernador de Buenos Aires Bruno Mauricio de Zavala, al organizar la justicia recién fundado Montevideo, indicó que las causas principales de Hermandad eran "conocer contra los ladrones, facinerosos y matadores y robadores de mujeres de cualquier estado y calidad que sean y contra los vagabundos y los incendiarios que pegan fuego en el campo en tiempo prohibido de cosechas", agregando que "si alguna persona en el campo demanda a otra por cantidad que le debe y no le paga, cualquiera de los dichos alcaldes provincial y de la Hermandad lo remitirán a los alcaldes ordinarios, pero si se quejare de que le han hurtado buey, vaca o caballo, ropa u otros géneros, pueden proceder contra el acusado por razón de que los hurtos son cosa de la Santa Hermandad y su jurisdicción"[4].

Por su parte, el gobernador de Salta del Tucumán, Ramón García de León y Pizarro, dictó una Instrucción para "los jueces de los partidos del campo, jurisdicción de Santiago del Estero". No nombra a los de la Santa Hermandad, pero se supone que los comprende, por lo menos en cuanto comisionados.

Les recordó que debían arrestar a los vagabundos si, después de amonestados, no buscaban amo a quien servir, arresto que harían constar con papel firmado y los remitirían a los alcaldes ordinarios; al peón que abandonaba el trabajo le aplicarían la "corrección que convenga para la enmienda" y, si servía a un nuevo patrón, lo devolverían al primero hasta que cumpliera el contrato; no permitirían arrendatarios con menos de veinticinco cabezas de ganado vacuno, los demás animales necesarios y dedicación a la labranza, pues de lo contrario serían obligados a conchabarse con persona que no fuera sospechosa; a quienes cumplían con esos requisitos les extenderían licencia de "arrenderos" y a los hacendados que admitiesen en sus campos persona sin tal licencia los multarían en doce pesos; sólo con licencia propia permitiría el traslado de hacienda a otro partido, licencia que otorgaría previa comprobación de que no era mal habida, en caso contrario la decomisaría y apresaría al infractor; a los que participaban en juegos prohibidos les exigiría "el dinero que tengan por delante", y a los dueños de las habitaciones seis pesos cada vez, además, a los jugadores y "mirones" les aplicaría la "corrección que sea suficiente para la enmienda" y, si no era bastante, los remitirían a los alcaldes ordinarios; a los vendedores de bebidas alcohólicas en los días de precepto, hasta después de la misa mayor, si eran esclavos les decomisaría la bebida y serían castigados como ladrones cómplices, a los pulperos les cobraría tres pesos de multa cada vez, y a las "chicheras" o "alojeras" un peso, además de quebrarles las vasijas.

Tenían que prender a los esclavos fugitivos y remitirlos a los alcaldes ordinarios; darían la "corrección conveniente" a quienes portasen armas prohibidas y, si eran reincidentes, los enviarían a los ordinarios; colaborarían con los cobradores de tributos y rentas reales y municipales, y si un indio carecía de recursos le obligarían a servir en compensación; vigilarían que los patrones pagasen a indios, castas y mujeres el salario acordado; estaban facultados para inventariar los bienes de difuntos, y oír y determinar demandas verbales de hasta veinte pesos; celarían que los animales estuviesen acorralados de noche para no pisar las sementeras y obligarían a los dueños de los animales a pagar los daños que hubiesen ocasionado. Cobrarían derechos por las diligencias que realizaban[5].

No sólo sujeto a las normas peculiares de la institución se sintió el partidario de la Cañada de Morón, Francisco González de Muñoz. Prometió al virrey ser "todo mi mayor empeño, según mi obligación [...] cumplir con las leyes divina, natural, y humanas"[6].

Informaron en una oportunidad los alcaldes ordinarios de Buenos Aires a la Audiencia del distrito, que en la dilatada jurisdicción de esa capital no había más que dos alcaldes de la Santa Hermandad, que se nombraban en el día de elecciones y se confirmaban por los gobernadores y virreyes, con las facultades que les concedía la ley 2, título 13, libro 8 de Castilla. Así fue hasta que entró a servir el gobierno de la provincia Francisco de Paula Sanz quien, considerando que se había aumentado la población de las campañas, que los excesos que se cometían en ellas eran graves e infinitos, que los dos alcaldes de la Santa Hermandad eran insuficientes para contener tantos excesos, ni aprehender a los delincuentes, y que había necesidad de proveer de remedio, estimó por útil y conveniente que se nombrasen más jueces. Con ese concepto pasó orden al Cabildo con fecha 27 de diciembre de 1784. En efecto, el día de elecciones 1º de enero de 1785 hizo el nombramiento de esos alcaldes, el cual confirmó el gobernador, y sucesivamente se fueron nombrando y confirmando. Sus territorios estaban limitados a los que comprendían las parroquias rurales de toda la jurisdicción.

Sin embargo de que las facultades de tales jueces estaban ceñidas a los casos que explicaba la citada ley, los alcaldes ordinarios pensaron, a ejemplo del gobernador, "aliviar a los pobladores facilitándoles al mismo tiempo en sus partidos un juez que conociese de primera intención de los delitos que no eran de Hermandad, que al mismo tiempo practicasen y remitiesen los inventarios y tasaciones de bienes de aquellos que fallecían dejando hijos huérfanos, y que pudiesen conocer de las demandas verbales hasta en la cantidad que permite la ley, y así a todos les confirieron su comisión por escrito y en toda forma, y al tiempo que venían a esta Capital para recibirse de la vara en el Ayuntamiento como debían ejecutarlo según su acuerdo, se les entregaba esta comisión y una copia testimoniada de la citada ley para que supiesen cuáles eran sus facultades originarias, y delegadas".

La experiencia acreditó que era nocivo y perjudicial al público compeler a los alcaldes electos en los partidos distantes a que bajasen a Buenos Aires a fin de recibirse de la vara y hacer el juramento en ese Cabildo, porque sucedía que los nuevamente nombrados, a pretexto de la distancia, de sus ocupaciones, o tal vez de aparentes enfermedades, suspendían el viaje. De ahí provino que, pesadas esas circunstancias por el Cabildo, resolvió que "los alcaldes electos de los partidos cercanos de esta ciudad siguiesen otorgando su juramento en la sala capitular, y que los distantes le otorgasen ante sus antecesores, dándoles al efecto comisión bastante y devolviendo las diligencias originales para que hubiese constancia".

Era indudable, pues, que a los alcaldes de la Santa Hermandad de ambas bandas del río de la Plata los nombraba el Ayuntamiento, y confirmaban los gobernadores y virreyes desde el 1º de enero de 1785; que ejercían jurisdicción ordinaria en los casos de Hermandad prevenidos en la ley 2; delegada de los alcaldes en los criminales que no eran de Hermandad, ceñida únicamente a la aprehensión de los delincuentes, a la formación de los sumarios y remisión de los reos a los jueces ordinarios de la capital, y en los civiles a las demandas verbales, y a la formación de los inventarios y tasaciones de los bienes de aquellos que fallecían dejando hijos huérfanos.

Verdad era que, algunas veces, habían conocido en demandas verbales, sin embargo de que excedían en la cantidad que la ley prescribía, así como lo ejecutaban los alcaldes ordinarios cuando dos contendores ocurrían a ellos demandando cuarenta, cincuenta o ciento y más pesos, pero eso se ejecutaba cuando los mismos contendores asentían a que se decidiera la demanda verbalmente, porque no querían litigar ni impender gastos. Pero cuando clamaban de la resolución, o intentaban que se siguiera un juicio formal, al punto "se alza la mano y se previene a los contendores que se presenten y hagan sus instancias en términos formales"[7].

Como se ha visto, a la competencia propia que tenían estos alcaldes se sumaban otras por delegación que les hacían distintas autoridades, generalmente por razón de la distancia donde se debían hacer los procedimientos. Varios vecinos de la Cañada de Morón representaron al virrey los perjuicios que les causaban los vagos, no obstante el "celo, integridad, y sumo desinterés" del alcalde Juan José Bernal, por lo que le solicitaron que lo comisionase con mayores facultades para que pudiera limpiar los campos. Así lo hizo[8]. Actuaron, pues, los alcaldes, a causa de esas delegaciones, como jueces comisionados, ejecutores, aprehensores de reos, inspectores de sementeras y ganados, escribanos, etc. Además, tuvieron que informar a gobernadores y virreyes de los delitos cometidos en su jurisdicción y de las dificultades con las que tropezaban en el ejercicio de su ministerio[9].

Entre los privilegios de los cuales gozaban, figuraba cierto lugar preferente en las funciones públicas. Los alcaldes de la Hermandad de Jujuy, Eusebio González y Vicente Espinosa, se quejaron a la Audiencia de que el teniente tesorero y el procurador de la ciudad se atribuían su sitio "por una tolerada corruptela". Demandaron amparo por el "mayor decoro de las justicias de su majestad y alta penetración de los privilegios y regalías que gozan los alcaldes de la Hermandad".

La respuesta del Cabildo fue calificar de "tan novelera como infundada" la pretensión. Negó que tuvieran asiento por ley en el cuerpo. Su admisión era sólo "por un rasgo de atención, y por decorarlos para conciliar a su favor los respetos del público". Pero "por mera costumbre, en las funciones públicas desde tiempo inmemorial no han tenido otro lugar, que el que actualmente se les permite y concede". La preferencia del síndico procurador a ellos estaba autorizada por una "respetable y antiquísima costumbre", sin que le hubiera sido disputada alguna vez, según el conocimiento que tenía el Cabildo. En cuanto al teniente tesorero de Real Hacienda, desde su designación en 1784 era invariablemente admitido con preferencia a los alcaldes de la Hermandad y al propio procurador síndico.

Replicaron los quejosos que no por una "costumbre inveterada", sino por las leyes 5, 10, 11 y 12, título 13, libro 8º de la Recopilación de Indias, y ley 13, título 5, libro 3º, significada en la palabra "alcaldes", tenían derecho al asiento, como elegidos por el rey, en tanto que el teniente tesorero era un mero comisionado, y el procurador carecía de voz y voto.

El fiscal en lo civil de la Audiencia, Márquez de la Plata, coincidió con el Cabildo en que los de la Hermandad "aunque jueces ordinarios con la jurisdicción de la ley en sus casos, no son del cuerpo capitular, ni tienen asiento en Cabildo [...] y si por costumbre lo han obtenido, debe ser inferior al del síndico procurador, y todo otro regidor o miembro del cuerpo capitular, como para los alcaldes provinciales está decidido en real cédula de 11 de abril de 1738". El tribunal declaró que podían "concurrir con el Cabildo en las funciones públicas ocupando el último lugar en atención a la costumbre que ha habido sobre este particular"[10].

El oficio de alcalde provincial fue uno de los vendibles y renunciables[11]. Diego Mantilla y los Ríos renunció la vara de alcalde provincial de Buenos Aires a favor de su hijo Manuel Florencio Mantilla, pero no sobrevivió los veinte días que fijaba la ley para tener la renuncia por válida. El fiscal Herrera sostuvo eso mismo, y que por consiguiente había vacado el oficio, en conformidad de la ley VIII.21.6 de la Recopilación de Indias. Debía procederse a una nueva venta en remate. La Audiencia, empero, la tuvo por válida y subsistente, por motivos que no trascendieron, y le reconoció al hijo "hacer uso de las facultades que se le confirieron y practicar las demás diligencias conducentes hasta que, verificado el entero de lo que pertenece a su majestad, se expida el correspondiente título"[12].

Juan Antonio Bustillos remató el oficio de alcalde provincial perpetuo de Montevideo y en consecuencia fue nombrado por el virrey Nicolás de Arredondo. Presentado el despacho al Cabildo en 1795, el cuerpo suspendió la entrega de la vara hasta que la Audiencia se pronunciase sobre si debía hacerlo antes o después de dar las fianzas correspondientes "de estar a las resultas de la residencia, con concepto a lo que previene la ley 9, título 2, libro 5º de la Recopilación de Indias".

El fiscal en lo criminal, Francisco Manuel de Herrera, opinó no haber ley de estos dominios, "así de las que hablan de estos empleos como las que generalmente tratan de las fianzas que los empleos de jurisdicción deben dar, que impongan este gravamen a los oficios de alcalde provincial, ya se ve que porque no hay motivo de responsabilidad sobre que recaiga como la ley en los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, a quienes las leyes imponen esta obligación, en cuya inteligencia no debió el Cabildo detener un momento la posesión pretendida". La Audiencia resolvió de conformidad[13].

¿Podía delegar funciones el alcalde provincial? José Mariano del Castillo, regidor alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad de la villa de San Felipe de Austria el Real de Oruro, y además alcalde ordinario de primer voto de ella, nombró teniente sustituto general de alcalde provincial a su hijo Fernando del Castillo y Tellería con la facultad de administrar justicia "en todos los casos, y causas anexas, y pertenecientes a dicha Santa Hermandad, corriendo las campañas, y territorios de los indicados partidos en seguimiento de los delincuentes, y malhechores, para imponerles el castigo a que se hagan acreedores por su delito, nombrando para el mejor desempeño del cargo los ministros, y cuadrilleros que conceptúa precisos, guardando a la letra las instrucciones, y ordenanzas de dicha Santa Hermandad, arreglado en todo a las leyes, cédulas reales, y despachos superiores del caso; cele, y procure la expulsión de los vagos malefactores, pues para ello, sus incidencias, y dependencias le doy la dicha plena facultad subrogándole en la parte que puedo, y me es permitido la jurisdicción que me compete con asiento, voz, y voto en mi ausencia en este referido ilustre Cabildo, del mismo modo que lo han tenido los tenientes sustitutos de mis antecesores".

El fiscal en lo civil, Márquez de la Plata, se opuso a que el tribunal confirmase el nombramiento, fundado en no haber "en el empleo, ni en la persona del que lo tiene, facultad para la expresada sustitución, así porque la ley 1ª del título de los provinciales de la Hermandad de estos reinos sólo faculta para nombrar cuadrilleros, y otros oficiales de la Hermandad, que es distinto de teniente y sustituto, como porque semejante nominación, mayormente en oficio vendible y renunciable, requiere especial concesión de su majestad a quien corresponde por la suprema regalía". No consideró aplicables al caso los antecedentes expuestos por del Castillo. La Audiencia fue de la misma opinión[14].

II. DIFICULTADES QUE DEBIERON AFRONTAR EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. CONFLICTOS CON LAS AUTORIDADES MILITARES

Para cumplir con sus muchas obligaciones, los alcaldes de la Hermandad no siempre contaron con los auxilios necesarios, con el consiguiente déficit del servicio. Ya se ha expuesto alguno de esos casos. El mismo problema padeció el alcalde de Pergamino, como lo hizo presente al virrey. Recibía continuas denuncias de robos de haciendas y otros excesos, pero los autores se quedaban sin castigo porque él no podía "animarse a cosa alguna" por la falta de auxilios. Le pidió que le asignara dos blandengues[15].

Si la falta de auxilio armado era un problema, también lo fue, pero de otra clase, el disponer de ella. El alcalde de San Nicolás de los Arroyos le manifestó al virrey, con motivo de la fuga de un preso de cuidado, que "los jueces de la campaña, como el exponente, no tienen cárcel ninguna de seguridad para asegurar reos de semejante naturaleza, pues apenas logran una choza para su abrigo, y el de su familia, y por consiguiente la guardia de los soldados que se les imparte de auxilio por los oficiales militares, es de milicianos voluntarios, que éstos hacen lo que quieren, y al mismo tiempo es menester que el alcalde o juez los gratifique, y mantenga"[16].

El de la Colonia del Sacramento padeció sus propios aprietos. Los alcaldes ordinarios de Buenos Aires, Antonio García López y Francisco Castañón, hicieron presente a la Audiencia la situación en que aquél se encontraba: "el comandante manda al alcalde, que le da comisiones para tomar declaraciones y le trata del mismo modo que puede un superior a uno inferior, todo esto es una confusión y un desorden, y es indispensable deslindarse para que el alcalde pueda proceder dentro de los límites de sus facultades y dependencias, porque ello es constante que los alcaldes de la Santa Hermandad no tienen otra subordinación que a las reales audiencias en los negocios de su resorte". Importaba mantener en su observancia las facultades y prerrogativas de esos jueces, porque de lo contrario no habría quien sirviera ese oficio: "al ver que se les trata como unos súbditos por el comandante aborrecen y detestan estos empleos".

El alcalde de la Colonia, Manuel Delgado, había representado a la Audiencia el 9 de diciembre de 1797 que el comandante interino de esa plaza, Francisco Vera, no quería admitir en la cárcel a los presos que le remitía o los ponía en libertad cuando le acomodaba. Esa no había sido, sin embargo, la conducta del comandante propietario, Agustín Pinedo. Delgado señaló "la repugnancia que tienen de servir el cargo de alcalde los vecinos, y la disposición en que se hallan de dejar su vecindario por no verse en la necesidad de abandonar el cumplimiento de sus obligaciones y de estar sujetos a las importunidades e imperio con que se manejan los comandantes militares". En esa situación, reputaba "más conveniente que se extinguiese esta alcaldía, que no sirve para nada".

Se refirió a la "ignominia con que se trata a los alcaldes, del imperio absoluto con que se les manda por los comandantes y que aparentando éstos una potestad que hasta ahora desconocemos de subdelegado, pues jamás se ha hecho saber en la población, ordena, dispone, manda, y preceptúa como si fuese absoluto, y a los alcaldes también les manda como si fuesen sus súbditos, les confieren como con imperio comisión y en dos palabras les tratan mucho peor y más bajamente que ha tratado a un delincuente".

Le solicitó una resolución que estorbara esos procedimientos, dejase expedita la potestad de los jueces, contuviese a cada uno en sus deberes y precaviese las tropelías a que los alcaldes estaban expuestos.

El fiscal Herrera consideró que Vera era "un alférez que, ni por su empleo ni por la representación en falta del propietario comandante, le era lícito usar de una autoridad y despotiquez tan perjudicial". Debía prevenirse al alcalde que hiciera saber al propietario lo ocurrido con el interino, así como el propósito en que se hallaba de dirigirse a las respectivas superioridades si no se avenía a la razón de dejar expedita su judicatura. Eso mismo dispuso el tribunal.

En una segunda vista, Herrera expuso que en la Colonia no había más que aquella cárcel, la cual debía servir para encierro provisional de delincuentes, ínterin se remitían a Buenos Aires, y para otros que era necesario arrestar por poco tiempo. Bien lo conocía el comandante militar, pero "ha pretendido impedirlo, y lo ha impedido imponiendo unas condiciones que resiste toda razón; el objeto no es otro que autorizarse y rebajar la jurisdicción del alcalde, para que así lo repute el público por su superior y lograr por ese medio hacerse un juez ordinario, deprimir de esta suerte la autoridad de los verdaderos jueces y alcanzar por este medio las ventajas que promete un predominio semejante, haciéndose así árbitro el comandante de todas las jurisdicciones en unos lugares y campaña como aquélla, donde reina la ignorancia y las quejas de los oprimidos no llegan a oírse por aquella causa y otras que les oscurecen los caminos de su defensa".

Aconsejó hacerle presente al virrey, como superior del comandante, que no debía éste "entrometerse ni en la jurisdicción propia que el alcalde ejerce ni en los demás encargos o comisiones que se le confieren a beneficio público y por una verdadera necesidad, sino contenerse dentro de su mando militar solamente", ordenándole "con estrecho encargo, no inquiete ni perturbe al alcalde en sus funciones, que dé disposición a los cabos o sargentos de la dicha cárcel para la recepción de los reos sin traba alguna para su entrada y salida, dándole todo favor y auxilio cuando se lo pida". La Audiencia volvió a resolver de conformidad[17].

El problema no concluyó allí. El 6 de octubre de 1802 el alcalde Delgado, nuevamente elegido para el empleo, volvió a quejarse a la Audiencia. Lo más del año estuvo "sufriendo y tolerando" al nuevo comandante, pese a lo que había resuelto el virrey marqués de Avilés respecto del antecesor, en 8 de septiembre de 1799, a saber: que "parase en sus procedimientos, apropiándose toda la jurisdicción y superioridad, otorgando los instrumentos públicos, celebrando el remate del abasto de carnes de este pueblo, descarcelando los reos". El actual comandante repetía los procedimientos del anterior, sumado al empeño de "desairar al alcalde aun en las horas intempestivas de la noche". En los cuatro años que ejercía la jurisdicción había experimentado ser ésta "pensión insoportable, penosa, expuesta a que se le atropelle al que medio quiera desempeñar su obligación, y al mismo tiempo escandalosa para un pueblo corto, y todo trascendental y de ningún respeto a la jurisdicción de los alcaldes".

El virrey del Pino advirtió, una vez más, al comandante "no mezclarse por motivo alguno en los asuntos peculiares de la jurisdicción así de dicho alcalde, como de los demás de ese distrito, a fin de evitar todo motivo de quejas y resentimientos"[18].

El alcalde provincial de San Luis, Sebastián Ramírez Villalón, expuso al virrey, en noviembre de 1802, "que estando por lo general dispersos los moradores de aquel vasto distrito en un crecido número de pagos, situados a largas distancias de la ciudad, no podían conducirse sin gravísimas incomodidades a los juzgados ordinarios de ella a poner sus quejas y demandas en los casos comunes ocurrentes, ni evitar los perjuicios y atrasos que en su constitución eran consiguientes a la carencia de jueces inmediatos".

Convencidos de ello los propios alcaldes ordinarios, en 1800 juzgaron oportuno conferirle, y "en cierto modo rogarle", que aceptase un despacho de comisión, para que "usando de él y sin perjuicio de su jurisdicción limitada a los casos de Hermandad, administrase a nombre de los comitentes justicia a los que ocurriesen en los comunes sin limitación de facultades". Así lo hizo.

Como los jueces que lo habían comisionado estaban por cumplir su término, y recelaba de la opinión de los sucesores, ocurría al virrey para que se sirviese aprobar dicho despacho de comisión y motivos por los cuales se le había conferido, y mandar que continuase en su ejecución con la misma amplitud de facultades, inclusa la de "sentenciar en caso preciso algunas causas y conceder en derechura las apelaciones para ante este Real Audiencia en obsequio de la mayor brevedad".

El fiscal en lo criminal Manuel Genaro de Villota hizo presente que Ramírez Villalón había hecho una presentación semejante a la Audiencia, que unas facultades le habían sido concedidas y otras denegadas, entre éstas la presente "como ofensiva a las regalías de los alcaldes ordinarios que lo sean en lo sucesivo, a quienes no debe coartarse la facultad de delegar su jurisdicción en los partidos de ella a las personas que consideren conveniente". Además, por residir el provincial en la ciudad de San Luis, no se podían lograr los fines de utilidad pública que invocaba, salvo en el tiempo de la visita de la campaña. El virrey se conformó con la opinión del fiscal[19].

III. COMPETENCIAS ENTRE ALCALDES. DEPENDENCIA DE LOS PARTIDARIOS

La relación de los partidarios con el provincial fue materia de controversia, por el origen diverso del nombramiento y no estar claramente definida la competencia de cada uno de ellos[20]. El gobernador Bruno Mauricio de Zavala había ordenado en 1717 que aquéllos se subordinasen al provincial, y que éste fuera juez de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los primeros. Los partidarios opusieron reparos a esa subordinación.

El alcalde provincial de Buenos Aires, Diego Mantilla y los Ríos, reclamó en 1786 al gobernador intendente que a los alcaldes de Hermandad que anualmente elegía el Cabildo, éste les hiciera saber por el escribano "estar subordinados al alcalde provincial, en las cosas, y casos relativos a los privilegios de su empleo de alcalde provincial, conforme a las Ordenanzas de Sevilla".

La Audiencia de Buenos Aires resolvió el 10 de noviembre de 1789 que "lo abierto de toda la campaña de esta jurisdicción, la necesidad de ocurrir en algún modo a los continuos robos de ganados y otros de toda especie, a las muchas heridas, y muertes que suceden, que acaso no tendrá ejemplar en otra parte alguna, a la falta de auxilio, pues además de lo dicho, no hay alguaciles, ni ministriles por defecto de fondos, para evitar otras extorsiones, y a que es necesario haya quien cele, y contenga, lo que es más difícil, si a los que sirven estos destinos de alcaldes de la Hermandad, que se nombran para afuera, no se les concede algún honor, y respeto, para que puedan hacerse más a desearlo, estando de este modo mejor servido el público [...]: declárase, que [...los alcaldes] que se nombran en los partidos de afuera, [...] tampoco deben estar [...] sujetos al alcalde provincial, quien tendrá su facultad de nombrar a éstos u otros cuadrilleros, para el más expedito uso de su jurisdicción, arreglándose a su título, facultades, y leyes de la materia".

El conflicto era, en realidad, tripartito. Envolvía a los alcaldes ordinarios, con quienes el provincial competía también por la jurisdicción. Con ese motivo, el fiscal Márquez de la Plata le pidió a la Audiencia, el 2 de octubre de 1790, que declarase cuál era la competencia, "no tanto por lo que hace a las justicias ordinarias de esta capital para que no adelanten su jurisdicción en perjuicio de la del provincial, cuanto porque siendo todas las causas que remiten del campo los alcaldes de la Hermandad propias de esta jurisdicción, corresponde se juzguen por el provincial que la obtiene en esta ciudad, ordenándose a este fin que las remisiones se hagan por dichos alcaldes en derechura al provincial y no a los alcaldes ordinarios como ha observado se ejecuta frecuentemente, de manera que así se consulte por una parte el cumplimiento de las leyes que hablan sobre la jurisdicción de los alcaldes de la Hermandad, y por otra se atienda también a otras disposiciones contenidas en el testimonio que ha manifestado dicho provincial, a quien se autoriza por ellas para estar a la mira de los demás alcaldes del campo en los casos que en ellas se refieren, y varias prerrogativas cuyo uso debe concedérsele en todas sus partes por provenir de las reales decisiones que se citan en el referido testimonio, que es parte de las Ordenanzas de Sevilla, por las que se gobierna el alcalde provincial, y a su imitación deben servir sus empleos los de Indias, según así está prevenido en la ley 1ª, título 4º, libro 5 de ellas, y porque, siendo éste un oficio vendible y renunciable, interesa a la Real Hacienda el que se le guarden los privilegios y facultades que le corresponden".

El tribunal declaró el 9 de febrero de 1791 que, "con arreglo a las leyes recopiladas de Indias, del título de los alcaldes provinciales, o de la Hermandad, pueden éstos nombrar para el mejor desempeño de su oficio en la campaña, y despoblados, oficiales cuadrilleros, que bajo sus órdenes inmediatas, y con obligación de darles cuenta dentro de veinticuatro horas cuando no lo impida la distancia, practiquen las prisiones de los delincuentes, sujetos a su conocimiento privativo, y den cumplimiento a cuantas órdenes, comisiones y encargos les sean despachados por el citado alcalde provincial sobre asuntos y ocurrencias de Hermandad, sin entrometerse en los que no correspondan a este ramo de jurisdicción criminal. Y por cuanto el muy ilustre Cabildo de esta ciudad está en la posesión de nombrar en principio de año alcaldes auxiliares para los partidos de afuera, para los casos y causas permitidas y deslindadas por este tribunal en su auto acordado de diez de noviembre de mil setecientos ochenta y nueve, se declara asimismo que el alcalde provincial de esta ciudad puede nombrar a estos mismos alcaldes inferiores para oficiales suyos, y servirse de ellos del mismo modo que los alcaldes ordinarios lo ejecutan, a fin de que le ayuden al más exacto desempeño de su obligación de alcalde provincial, dándole cuenta de lo que ocurra en la campaña sobre delitos de Hermandad"[21].

El alcalde de primer voto de Santa Fe, José Teodoro de Larramendi, consultó a la Audiencia, el 10 de junio de 1800: "si los alcaldes de Hermandad son dependientes de los ordinarios, o no, y si las diligencias de justicia, que se ofrezcan dirigir por éstos a aquéllos, deben ir en estilo de órdenes, o de cartas requisitorias como de un juez a otro igual, y en caso de que por los de Hermandad no se cumpla lo que se les mande o encargue con la brevedad que deben, y como conviene, qué providencia se deberá tomar arreglada a derecho". La consulta obedecía al desagrado que había producido al partidario de Paraná su orden de esclarecer los delitos atribuidos a un individuo de ese lugar. El desagrado era por el estilo que llevaba. Las diligencias sólo las remitió luego de haber sido estrechado con repeticiones y apercibimientos.

El fiscal Villota opinó salomónicamente "que los alcaldes ordinarios, no son superiores a los de la Hermandad; cada uno de por sí ejerce jurisdicción, y uno y otro deben ayudarse en los casos ocurrentes, que serán más los en que los de la Hermandad deban prestarse con celo y actividad a evacuar las diligencias que por los ordinarios se les encarguen por medio de oficios políticos, con respecto a que todos los reos de campaña se transportan a la ciudad, donde se les sigue la causa, que en realidad las más veces es de la jurisdicción de la Hermandad y se ha iniciado por ella, con el fin de consultar a la segura prisión de los reos y a la más fácil sustanciación y determinación de los procesos./ Este interés y beneficio que disfrutan los alcaldes de la Hermandad en desprenderse por aquellos motivos justos de las dichas causas de campaña -siguió diciendo Villota-, debe moverlos a un celoso procedimiento en cualesquiera diligencias relativas a ellas, y aun a otras de diversa clase se les encarguen por las justicias ordinarias, en justa compensación de los servicios a su favor por los alcaldes ordinarios y obedecimiento de las leyes que previenen esta correspondencia; pero para ello deberán los alcaldes ordinarios tratar a los de la Hermandad, en los oficios que comprendan sus encargos, con toda aquella política y buen tratamiento que merecen por sus empleos, dando parte a esta Real Audiencia en algún caso, que no se espera, de que cualquiera alcalde de la Hermandad no se preste, o demore voluntariamente las diligencias que se le encarguen".

El pronunciamiento de la Audiencia fue "que los alcaldes ordinarios para la práctica de diligencias que sea necesario encargar a los alcaldes de la Hermandad deben acompañarlas con oficio requisitorio si son relativas a casos de Hermandad de cuyas causas se hallen conociendo por remisión que se les haya hecho, y en las demás que no sean de esta naturaleza procederán por órdenes que les comuniquen con la debida urbanidad, dando cuenta en ambos casos a esta Real Audiencia si se notase alguna considerable demora".

En una nueva presentación a la Audiencia, Larramendi denunció que, intimado a presentarse el reo en su juzgado, lo hizo ante el de la Hermandad. Recusó al ordinario por varias causas y aquél se las admitió. El fallo del tribunal fue que el de la Hermandad no debió recibir el escrito de recusación ni providenciarlo[22].

Los capitulares porteños se quejaron de que el provincial, en una causa criminal, hubiera actuado en la ciudad respecto de bienes de menores. Pretendieron que se le prohibiese hacerlo, limitándose a cumplir con su oficio en la campaña.

El fiscal Herrera consideró, en su vista del 4 de julio de 1792, que la razón estaba de parte del provincial. El homicidio cometido era un caso de Hermandad y el conocimiento de la materia, por la ley de Indias, sólo lo tenían los ordinarios en defecto de los de Hermandad.

"El alcalde provincial no sólo por anticuada costumbre está en posesión de actuar en esta capital las causas de Hermandad, como lo hacen los demás de todo el reino -sostuvo Herrera-, sino es que efectivamente puede y se halla autorizado para ello, según las Ordenanzas por que se gobiernan los alcaldes de la Hermandad de Sevilla, a cuya imitación según la ley de Indias se crearon estos empleos en ella, de manera que, por la imposibilidad en que se hallan los del campo para dar a las causas la sustanciación correspondiente y determinarlas, deben éstas venir al provincial, sin salir a otra jurisdicción en cumplimiento de la ley, por lo cual, atentas también sus facultades de nombrar escribano para ellas o siguiéndose por el de turno como hasta el presente se ha ejecutado, según tiene noticia el fiscal, se han finalizado todas las que se le han remitido y otras que ha tenido que sacar de las manos de los alcaldes ordinarios, formándoles repetidamente competencias, que se han declarado por Vuestra Alteza a favor del provincial".

La pretensión de los ordinarios de que tuviera su residencia fija en la campaña, y usara únicamente en ese territorio de su autoridad, era un "despropósito" que no tenía apoyo alguno. "En todos los partidos de la jurisdicción de esta capital -continuó el fiscal- hay alcaldes de la Hermandad que cuidan de la aprehensión de los delincuentes, los que remiten en bastante número a esta Real Cárcel, los cuales jueces existen de fijo en sus residencias porque son vecinos de ellas y no porque haya alguna ley que les obligue a tener precisamente su residencia en el partido donde mandan, de que resulta que, aun cuando el alcalde provincial tuviese precisa obligación de andar siempre en los campos, habiendo en ellos alcaldes de la Hermandad que repartidos en distintas divisiones cuidan y celan el buen orden en la campaña en cuanto pueden y alcanzan los auxilios que se les franquean, sin los alivios que tienen los ordinarios, no era necesaria su residencia en ella".

La Audiencia dispuso que los ordinarios se abstuvieran "por ahora" de conocer en incidencia alguna remitida por ella al provincial[23].

El Cabildo de Buenos Aires siguió protestando por la subordinación en que estaban constituidos sus alcaldes de la Hermandad, los partidarios, respecto del provincial. A los antiguos motivos de queja sumaron los abusos que le atribuían al que estaba en funciones: Pedro Gallego. Una de las medidas hostiles que adoptó, el 8 de marzo de 1805, fue no invitarlo más a los acuerdos y, si llegaba a concurrir, negarle el asiento. Tres días después declaró dicho empleo "enteramente inútil, habiendo como hay alcaldes de Hermandad, y más bien perjudicial, porque no teniendo mayores emolumentos, no puede entrarse en él por compra sin fines torcidos"[24].

Los alcaldes ordinarios de Tucumán, Cayetano Rodríguez y José Fabián Pérez, disputaron también con su provincial, José Antonio Álvarez de Condarco, por las atribuciones de éste. En el centro de la disputa estaba el cuadrillero Manuel Robles. Se discutía quién tenía jurisdicción para conocer de sus procedimientos.

Álvarez de Condarco no negó que el Cabildo y ellos pudieran y debieran "observar, y aun tomar informe privado del modo con que se manejan en sus oficios dichos ministros y, no siendo arreglados sus procedimientos, requerir al mío en forma, para que por él se proceda conforme a derecho a castigar sus excesos, y a separarlos de su ministerio siempre que resulte mérito para ello./ Nuestras leyes sabiamente ordenan y determinan que los reos no sean castigados sin que primero se les oiga sus descargos y defensas. Vuestras mercedes quieren que contraviniendo a lo que determinan las leyes y a lo que dicta la equidad y la justicia sea depuesto de su oficio con deshonor el cuadrillero Manuel Robles, sin que primero resulte por información probados sus delitos, sin que se oiga su defensa".

Como le objetaban que oyera demandas civiles, respondió a esto que "mi juzgado, y el de los alcaldes de la Hermandad están en la posesión inmemorial de oir demandas civiles hasta cantidad determinada: esta facultad anexa ni peculiar de los oficios sin duda fue concedida, y permitida en consideración a los perjuicios irreparables que se seguían a los vecinos de esta jurisdicción de haber [de trasladarse] desde distancias de veinte, treinta y más leguas a los juzgados ordinarios por unas demandas triviales de quince, veinte y por lo general de uno o dos pesos".

Los ordinarios le imputaron, en sede de la Audiencia de Buenos Aires, tomar conocimiento de las causas civiles, y aun de las criminales, fuera de sus casos "en grande ofensa de la jurisdicción que ejercemos, ya avocándose todas las causas de los juzgados de Hermandad, y formándose un nuevo tribunal de superioridad, ya derramando por toda la extensión de esta jurisdicción multitud de cuadrilleros, autorizados para conocer con amplitud en las mismas causas, y facultando a otros comisionados extraordinarios para conocer en demandas de aquella naturaleza, bajo ciertos derechos exhorbitantes que se deja pagar, ya abismando el conjunto de estas causas, como aquellas que le trasladan los alcaldes de la Hermandad, las cuales quedan forzosamente estancadas". Además, le atribuyeron negarse a suspender a Robles y pretender perturbar la buena armonía de los capitulares.

Llamado a dar su parecer el fiscal Herrera, consideró que no estaban justificados los hechos alegados por los ordinarios, por lo que no podía recaer resolución sobre ellos. La representación necesitaba instruirse y documentarse. El parecer lo compartió el tribunal[25].

IV. QUEJAS CONTRA LOS ALCALDES DE LA HERMANDAD

Hubo frecuentes quejas de la conducta de los alcaldes, no siempre justificadas. Dos mulatos, uno libre y el otro esclavo, que conducían caballos robados, resistieron con armas la detención que de ellos hizo en Arroyo del Medio el alcalde de la Hermandad del Rosario y Arroyos Gavino de Acebedo. Practicada la sumaria y remitida la causa a la Audiencia, el fiscal Herrera descartó que, "como se ejecuta con vilipendio del alcalde aprehensor[26], que por cubrirse haya hecho esfuerzo a sacarlos reos de este crimen, porque el fiscal no halla descubierto notable y sí alguna falta de inteligencia en el modo de actuar, con que a su entender ha hecho favor a dichos reos, pues si hubiera apurado el reconocimiento de las marcas de los caballos, el de los heridos sus auxiliares y el examen de otros testigos habría resultado desde luego más mérito contra dichos reos, pero es necesario dispensar a los alcaldes del campo, poco habituados a este manejo, y hacerles como jueces el honor que les conceden las leyes para que no desmayen en perseguir gentes de esta clase". La Audiencia mandó testar las palabras indecorosas para el alcalde[27].

El alcalde de la Hermandad de Salta, Vicente Carrizo, fue acusado de haber pronunciado y ejecutado sentencia de muerte, en 1788, sin recibir confesión al reo y omisas las demás solemnidades del juicio criminal. Residenciado en 1791 por Gabriel de Güemes Montero, éste lo condenó a diez años de inhabilitación para obtener cargos de justicia y doscientos pesos de multa, por el modo "violento, y distante de los sabios y piadosos dictámenes de Vuestra Alteza", como el juez residenciador manifestó a la Audiencia, con el agregado de una referencia a "la rusticidad unas veces, y otras el poder abusivo de algunos que han sido jueces, tanto ordinarios, como de la Santa Hermandad".

En la Audiencia, Herrera reputó "bastantemente manifiesto el exceso", y del arbitrio del tribunal aumentar o disminuir el castigo. El fallo confirmó la sentencia y condenó a Carrizo en dos años de presidio[28].

Bernardo Miranda, capitán de milicias y alcalde de la Hermandad del partido de la Villa de Luján, fue acusado por su parte en 1798 de la muerte de Blas Hernández fuera de su jurisdicción. Miranda había participado en la expedición a la Colonia del Sacramento de 1777, llegando hasta Río Grande, y acompañado al piloto Pablo Zizur en su viaje a la Costa Patagónica, en 1782, por comisión del virrey, para levantar un plano hasta el Río Negro y tratar de paz con el cacique Lorenzo. Según su relato, Hernández estaba acusado de una muerte y él le dio la orden de constituirse preso. En vez de acatarla, se resistió y acometió a la partida con espada, con tal suerte que él mismo se ensartó en ella.

El fiscal Herrera, en cambio, tuvo por cierto que Miranda, cabeza de la "expedición maquinal que se propuso ejecutar en la campaña sin objeto ni destino digno de aprecio, hizo tránsito al lugar donde residía el finado, encuéntralo en las inmediaciones de la casa, pregúntale quién es, quítase el sombrero y responde, y sin más antecedente tírale un tajo a la cabeza con su espada, que desenvainó, huye el cuerpo y no le ofende, y esta acción sola del jefe de una expedición tan gloriosa bastó para que todos cayesen sobre el finado".

El hecho de ser Miranda "alcalde o juez comisionado" -continuó el fiscal- hacía ver que, "sin un designio regulado sino conforme a su ligereza", se había avanzado fuera de la jurisdicción de Luján a un reconocimiento que no le competía y que, "llevado de su arrojo y temerario modo de proceder", había dado mérito y causa al homicidio ejecutado por sus acompañados.

La Audiencia condenó a los cuadrilleros a dos y cuatro años de presidio, y en cuanto a Miranda, "por varias consideraciones que se han tenido presentes", dispuso su libertad, con privación de obtener empleo civil en la campaña, costas de lo actuado y multa de cien pesos[29].

El alcalde provincial de San Luis, Ramírez Villalón, procedió contra el minero Agustín Jiadas por una muerte habida en riña. El reo invocó el fuero minero y obtuvo el apoyo del juez de minas de La Carolina, Fermín Galán, a quien el gobernador intendente de Córdoba le reconoció jurisdicción. La Audiencia, por su parte, atribuyó el conocimiento al alcalde ordinario. No conforme el provincial con esta decisión, solicitó sin éxito al tribunal que le restituyese el conocimiento de la causa[30].

El mismo Ramírez Villalón acudió a la Audiencia en 9 de mayo de 1799, en queja contra el ordinario de primer voto Gerónimo Quiroga. Se consideró "muy corto de facultades", coartadas por el gobierno e intendencia de Córdoba, que había declarado competente a dicho ordinario para juzgar al cuadrillero de Hermandad Francisco Gutiérrez, y a ambos ordinarios para actuar contra el cuadrillero del partido de la Costa de San Francisco, Juan Oyola, acusado de hurtos de ganado.

A Oyola lo "trajeron preso de más de treinta leguas de ésta y se halla en esta cárcel aprisionado cepo, grillos, que su peso es de arroba, guardias y privado que naides hable con él". Lo consideraba "hombre de bien", y a los ordinarios, dominados por "ciega pasión [...] contra mí y mis cuadrilleros", a causa de que "cela la maldad y aquí los vagos y vagamundos son los que tienen aceptación y aun largándolos de la cárcel".

En consecuencia -agregó el provincial-, "mi jurisdicción anda ajada, mis cuadrilleros fugitivos sin poder darse lleno a las disposiciones en que por mí están encargados", y "me han desamparado diciendo que en virtud que no tienen renta ninguna ni adelantamientos en sus estimaciones, sino persecuciones de los jueces, mal mirados y castigados severamente por cualquiera leve delito, que desde luego son más bien mirados y atendidos fuera del cargo que no con él, a lo que me he reducido aplacarlos diciendo que hago presente a Vuestra Alteza todo".

Pidió que las causas de Hermandad de sus jueces cuadrilleros, oficiales y demás fueran "únicamente juzgadas y sentenciadas, como asimismo la de los alcaldes de Hermandad, por mí dicho juez y que a estos infelices que llevo expresados se les mire y guarde sus fueros, y que las justicias no me los turben ni inquieten ni tengan qué hacer con ellos en caso alguno de Hermandad". Pretendía que cuando algún juez los quisiera ocupar en algunos casos de su inspección le pasase oficio.

El fiscal Márquez de la Plata opinó en 28 de enero de 1804 que "sin embargo de que es cierto y constante por derecho expreso, que los alcaldes provinciales de la Hermandad [...] ejercen la jurisdicción ordinaria por lo respectivo a los delitos de hurto, y muertes ejecutadas en el campo, incendio de mieses, talas de árboles, montes, y otros que tienen conexión, y relación con ésta, pero no con exclusión, e inhibición de todos los demás jueces, principalmente en el caso que hayan prevenido, o radicado su conocimiento; como terminantemente lo ordena una ley de Castilla en el título de las de la Hermandad, y oficiales de ella contra los malhechores delincuentes en despoblado, donde se previene que cada y cuando los alcaldes y jueces ordinarios previnieren, y comenzaren a conocer de cualquier crímenes, y delitos que fueren casos de Hermandad, a petición de la parte damnificada, o de su oficio, y prendieren al malhechor que cometió el delito, o le prosiguieren hasta le cercar o encerrar en algún lugar, que los alcaldes de la Hermandad no conozcan, ni puedan más conocer de tal caso y delito". Por lo tanto, carecía de fundamento la queja del provincial. No hubo decisión de la Audiencia por retardo de la causa[31].

El gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, Juan Gutiérrez de la Concha, advirtió al alcalde provincial, Antonio Arredondo, que se abstuviera de facultar a sus cuadrilleros para actuar más allá de los cinco casos que eran de su puro conocimiento.

Arredondo se le quejó de tantos comisionados como nombraba, con jurisdicción civil y criminal, que corrían la jurisdicción en perjuicio de sus privativas atribuciones, y aun del fisco, porque "no habría quien beneficiase la vara de alcalde mayor provincial en todo el reino". Más análogo era al ayuntamiento el nombrar los comisionados, como se practicaba en Salta, en beneficio de la comunidad.

Invocó la ley recopilada de Indias V.4.1 y otras, que le declaraban tener "las mismas preeminencias, que el alcalde mayor provincial de Sevilla, y ser juez ejecutor de Hermandad como lo trae su real cédula de 20 de diciembre de 1603, y otra dada en Madrid el año de 1637 en dos de diciembre, con otra conseguida por el alcalde mayor provincial de la ciudad del Cuzco para estas Américas en 12 de agosto de 1607 obedecidas por los señores excelentísimos virreyes de Lima para que se les guarden a los alcaldes mayores provinciales las preeminencias, prerrogativas, franquezas, libertades e inmunidades de dicho empleo, y para más comprobante la real provisión de la Real Audiencia de la Plata en su auto de 15 de enero de 1773, y obedecida por este gobierno de Córdoba en 7 de marzo de 1777 para que no le perturben su jurisdicción con comisionados, ni en todo lo que está establecido, y ordenado en las leyes del libro 8º título 13 de las de Castilla, y en las del libro 5º título 4º de las de estos reinos bajo la pena de quinientos pesos ensayados./ El alfabeto, que tengo para mi judicatura -prosiguió- es el tratado de Hermandad del libro 8 título 13 de la Recopilación [Castellana] y otras anexas, que se explaya desde la ley 1ª hasta la 51ª que concluye: mandamos, que los que por nuestras leyes está dispuesto, que guarden los jueces y escribanos en el llevar, y asentar sus derechos se entienda en los alcaldes de Hermandad y sus escribanos, cuadrilleros, y otros oficiales de su juzgado so las penas mismas por ellas puestas".

El gobernador había tomado conocimiento de excesos atribuidos al cuadrillero Mariano Rodríguez por rivales suyos. A eso le respondió Arredondo estar pronto a conocer, como prevenía la ley 12 de Hermandad: "que cuando los alcaldes de Hermandad, y sus oficiales delinquieren en sus oficios, que sean castigados por sus superiores, y no por la justicia ordinaria"[32]. Y la ley 33 le daba "alientos" para, "con el acatamiento debido", objetarle el proceder, al disponer aquélla: "mandamos a todos los jueces, y a cada uno de ellos que vean las dichas leyes, y ordenanzas que de suso en este cuaderno son contenidas, las guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cumplir, y juzguen, y determinen por ellas, y no por otras algunas todos los dichos pleitos, y debates, que ocurrieren, y sucedieren, que sean casos de Hermandad, y las otras cosas de ellos dependientes tanto cuanto nuestra merced, y voluntad fuere".

Le recriminó que el cuadrillero hubiera sido preso y conducido con grillos al gobierno por un oficial de urbanos, contra la ley 21 de Hermandad. Sin embargo del atropello, la junta de milicias que se reunió no arrestó al oficial ni le confiscó los bienes, como lo disponían las leyes. Tampoco los milicianos lo auxiliaron para que pudiera administrar justicia, como se lo solicitó, "quedando orgullosos estos delincuentes, y sus secuaces con este ejemplar, y en desprecio de las leyes de Hermandad".

A la acusación del gobernador, de que daba facultades indebidas en materia civil, contestó que lo entendía por criminal, "porque el que toma vacas, caballos, y otras especies, alguna heredad, bienes muebles, y semovientes contra la voluntad de su dueño en yermo siendo lugar de cercado de treinta vecinos, roba, y despoja según la ley 2ª título 13 libro 8º de la Recopilación de Castilla, ídem 5ª y 6ª el que no quiere pagar lo que debe, igualmente este idioma es criminal, porque media el interés público, y es delito, o cuasi delito según la Curia Filípica. ¿Pero qué cantidades son las que mandó se ejecuten por los cuadrilleros? La de veinte y cinco pesos sin autos, y la de cincuenta con ellos, porque es costumbre introducida de mis antecesores, y siendo buena, y con prescripción, tiene fuerza de ley según Derecho, y se libertan los juzgados ordinarios de este peso en este conocimiento nimio y apelable, y las partes o actores por su distancia de la jurisdicción a la ciudad en su apersonamiento se les siguen varios costos, y gastos con más dilación, y en este inter se profugan, los deudores padecen, y desamparan sus intereses los acreedores".

En prueba de la buena conducta del cuadrillero acompañó las informaciones que practicó de su "honor, actividad, y manejo en la administración de justicia, en cuanto a sus costumbres, y desvelo en las infracciones públicas". En el gobernador estaban "los brazos de la justicia [...] para sostener estos magistrados, y sus mensajeros de Hermandad". Si no les hacía honor y amparaba en "estas hostilidades, y susurros, no habrá quien quiera servir al público ni admita estos empleos sin sufragio, porque sólo irrogan por cualesquier descuido o ignorancia graves persecuciones, y perjuicios a los vecinos: los vicios seguirán con libertad, la vindicta pública sin satisfacción, la vida cristiana, y civil en prostitución". No hay en el expediente decisión final[33].

Un ejemplo de los abusos que cometían los de la Hermandad, pero, también, de las venganzas a que se exponían, es lo sucedido al alcalde de la villa del Rosario, Gregorio Cardoso, con Marcelo Peralta, a quien prendió por atribuírsele permitir gente vaga, ociosa y malentretenida en su casa, la que se ocupaba en juegos, con los que despojaba a hijos de familia. Como hubo testigos que, si bien mantuvieron contra Peralta el cargo de jugador, no lo hicieron con las circunstancias agravantes aducidas por Cardoso, el alcalde ordinario Manuel del Cerro Sáenz condenó al reo al pago de una corta multa y lo puso en libertad. Según declaró el testigo Juan Monteros, a raíz de esa acción Peralta le tomó a Cardoso "algún odio" e -invertidos los papeles- lo prendió dos o tres veces y una de ellas lo mandó desterrado a la frontera[34].

Fuera de la jurisdicción de la Hermandad estaban los naturales, salvo por causa de abigeato. Las mayores atribuciones, que le habían otorgado las Ordenanzas de Francisco de Alfaro, les fueron, después, quitadas, por abusos atribuidos a sus alcaldes[35].

El de Corrientes, Pedro Pérez Serrano, ordenó la prisión del indio Domingo Merino y el embargo de sus bienes, bajo la acusación de haber golpeado a Gerardo Alegre, su querellante. El alcalde ordinario de primer voto de esa ciudad, Felipe Díaz Colodrero, ante quien apeló el agraviado, interdijo a Pérez Serrano para seguir conociendo del asunto, pero, a la vez, basado en sus actuaciones, condenó al reo a prisión, embargo de bienes y costas.

Llegados los autos a la Audiencia, el fiscal justificó el procedimiento de Pérez Serrano, "lo primero porque las poblaciones en estas partes están distantes unas de otras, y es preciso que todo juez tome conocimiento en cualesquiera delito más que no sea que hasta concluir el sumario, y prender, porque de lo contrario quedarían impunidos, y se multiplicarían en extremo los delitos; y lo segundo porque la ley de Indias, aun cuando prohíba que los alcaldes de la Hermandad procedan contra indios, en ciertos casos les da sin embargo la facultad de hacer la averiguación, y remitirla al ordinario con el delincuente, que es lo mismo que suele hacer cualquier juez pedáneo con un militar, u otro que tenga fuero cuando delinque en su jurisdicción". El tribunal sobreseyó a Merino, pero le mantuvo la condena en las costas.

El fiscal que actuaba como protector general de naturales, Herrera, intentó que se le levantara la condena. Entre otros argumentos, alegó que las diligencias practicadas por el alcalde de la Hermandad eran "nulas y que por lo mismo no debió hacerse uso de ellas por el alcalde ordinario de Corrientes, motivo suficiente para que lo haya sido también todo el procedimiento [...]. Ningún alcalde de la Hermandad puede actuar más que en los casos particulares a que se extiende su jurisdicción, ni vale decir que la distancia les autoriza, porque la misma se presenta en estas campañas [las de Buenos Aires] y nada ejecutan fuera de su jurisdicción que no sea por comisión de los alcaldes ordinarios, del gobierno y aun de vuestra alteza". No hubo resolución[36].

El síndico procurador general de Buenos Aires, José Hernández, representó al Cabildo, el 28 de enero de 1805, que el alcalde provincial, Pedro Gallego, había cometido excesos, especialmente en los partidos de la Costa de San Isidro, Cañada de Morón y Flores. Expuso la necesidad de contener tales "desórdenes demasiado escandalosos, y perjudiciales al público", al mismo tiempo que depresivos del decoro del cuerpo. Gallego perseguía a casi todas las gentes de esos partidos. Arrestaba a su arreglo a los que le parecía, encadenándolos con una llave, o candado, o esposa que, a más de lastimarlos gravemente, los privaba de toda su libertad. A los arrestados, si tenían la felicidad de llevar consigo dieciocho reales, y se los entregaban inmediatamente, los soltaba y dejaba libres. A otros, si tenían caballos sueltos, aun en lugares donde no podían hacer daño, les sacaba dos reales por cada uno de ellos, y se quedaba con algunos. Otras veces quitaba los recados, imponía multas a su arbitrio o por delitos y daños supuestos, o por no tener papeleta cuando iban a buscar conchabo, o por llevar cuchillo de marca menor, tan indispensable en el campo.

Llegado el provincial a lo de Juan Pedro Córdova con una pistola en la mano y otra en la cintura, en circunstancias de encontrarse varias personas a la espera de la misa, les quitó los cuchillos y navajas, pidió a los peones sus papeletas, y a quienes no la tenían les plantó las esposas, exigiendo a cada uno dieciocho reales. Los amos de muchos de ellos expusieron en vano que eran sus esclavos. Lo mismo hizo el provincial en otra casa. El resultado era que tenía casi ahuyentada a la gente del campo, obligando a los dueños de los trigos a mil trabajos para la recogida.

Elevada la queja al virrey, Gallego se defendió por procurador y con el patrocinio letrado de Tomás Antonio Valle. Había salido a la campaña por "especial y estrecho" encargo del propio virrey, a fin de proteger la recolección de frutos y, a tal efecto, "remover los criminales motivos, que suelen dolorosamente hacerlos perder".

Contraatacó, acusando a los cabildantes de mostrarse "poderosos en las repúblicas, y que acudan a ellos los vecinos como a sus valedores, proponiendo en los ayuntamientos queja contra los ministros de justicia". Además, intentaban satisfacer resentimientos que tenían contra él. Aunque por real cédula del 11 de abril de 1738 se había declarado que quedaran en su fuerza y vigor las prerrogativas de su empleo, y había tomado posesión con preferencia a todos los regidores, como era la costumbre invariable, sufrió un "abierto y violento despojo" cuando el rey nombró regidor al Príncipe de la Paz y delegó en el Cabildo la elección de quien había de representarlo. Elegido Cristóbal de Aguirre, le dio asiento, voz y voto preferentes. Pese a que el virrey ordenó que fuera restituido de inmediato, seguía sufriendo ese desaire.

Aclaró que las "prisiones inhumanas" sólo eran un martillo, o llave, con que se aseguraban los dos dedos pulgares. No tenía explicación la queja, teniendo en cuenta que nadie se quejaba ni gritaba porque se le ataban los brazos hasta unir los codos a las espaldas, una ligadura más incómoda que la anterior, y en el campo estaba en uso la prisión llamada tramojo.

No había prendido a nadie que tuviera una ocupación honesta. De acuerdo con el virrey, en vez de aplicarle a los vagos la pena del bando, que era de dos meses de servicio en las obras públicas, se los entregaba a los cosecheros para que trabajasen sin salario. La retención de las monturas había sido para tenerlos seguros hasta el fin de la faena. Las aprehensiones fueron en las pulperías. Las multas aplicadas a los dueños de ganados estuvieron conformes con sucesivos bandos y de ellas daría cuenta "a quien corresponda". Pidió que los acusadores afianzasen de calumnia.

El fiscal en lo civil, entonces Villota, opinó el 12 de febrero que ni el síndico ni el Cabildo tenían el concepto de acusadores, porque se dirigían sólo a manifestar al tribunal los desórdenes del provincial, a fin de que, con noticia de ellos, expidiese las providencias convenientes. Por ello, no estaban obligados a afianzar, mucho más cuando, aun reputada la suya una acusación, no dimanaba de su voluntad sino del derecho de demandar por otros, como lo tenía el síndico en todos los asuntos concernientes al interés público. A pedido del fiscal, la Audiencia designó a uno de los oidores para que recibiese información de los excesos atribuidos a Gallego.

Ante la solicitud del Cabildo de supresión del empleo de provincial, el rey ordenó a los fiscales, por cédula del 18 de abril de 1806, que formasen expediente sobre el instituto, jurisdicción y obligaciones del cargo, y conveniencia o no de su permanencia[37]. No se llegó a ninguna decisión y el oficio se mantuvo.

Los alcaldes ordinarios del Tucumán, Manuel Reboredo y Francisco Monteagudo, denunciaron al general de la Hermandad, Miguel Aráoz, ante la Audiencia, el 4 de abril de 1805. Lo acusaron de sacar menores de sus casas, sin formación alguna de causa, para ponerlos a servir. Uno de ellos, que logró fugarse, fue quien solicitó el amparo de los ordinarios.

En su descargo, Aráoz sostuvo que la presentación no llevaba otro objeto que satisfacer "enojos de otra especie, y lograr fines particulares". El sumario labrado por él probaba la condición de vagos y malentretenidos de los menores, uno de los cuales había sido entregado a su padre natural, y el otro al cura y vicario para ser adoctrinado.

Argumentó que los robos de haciendas cometidos en lugares despoblados, y yermos, era negocio privativo al conocimiento de Hermandad. La misma ley recopilada lo decidía, y siendo los muchachos del recurso unos jóvenes vagos, y malentretenidos en los montes, no había duda, que la extracción de que se quejaban los alcaldes ordinarios era propia del ministerio de Hermandad. Si por un instante se llegaba a permitir lo contrario, la costumbre inmemorial, y las críticas circunstancias en que se hallaban esas dilatadas jurisdicciones, de que todo se hacía cargo el sumario, sostenían su procedimientos. Si un alcalde general de la Hermandad, que corriendo las dilatadas campañas para extinguir un tanto el crecido número de malévolos, daba con una población de que aún no tenían noticia los alcaldes ordinarios, y encontraba jóvenes malentretenidos, ¿no había de tener facultad siquiera para entregarlos a los curas a efecto de que doctrinasen, y aprendieran la señal de la cruz?

Aráoz críticó, además, al mismo provincial, de quien dijo que tenía un "poderoso influjo" con los dos alcaldes ordinarios, y demás individuos del Cabildo. Había formado el proyecto de coartar y restringir la autoridad que las leyes municipales y de Castilla daban a los dos alcaldes generales de la Hermandad -uno de los cuales era él-. Los ordinarios lo protegían, fundando queja en asuntos que, si bien eran ajenos de la Hermandad, por precisión los debían remediar. Resultaría que sólo el provincial sería dueño de las campañas. Quitaba y ponía a su arbitrio a sus cuadrilleros, sin consultarlos, o dar parte de sus respectivos nombramientos al superior tribunal.

Llamado a dar su parecer, el fiscal Villota consideró que Aráoz había obrado arbitrariamente, sin precedente sumaria información, y sin haber prevenido a los parientes en cuyo poder estaban de la conducta de los menores, conducta cuya corrección estaba dentro de los alcances de la patria potestad. El alcalde imputado debía abstenerse de ejecutar semejantes extracciones "sin precedente justificación de causa que califique su jurisdicción y audiencia de los padres y otros parientes en cuyo poder se hallen los menores, sin que por esto se les prive de conocer de sus excesos, y tomar las providencias que conceptúen de justicia bajo aquella precisa forma que deben guardar, y que cuando los casos no sean pertenecientes a la jurisdicción de Hermandad proceda del mismo modo, pero como delegado de las justicias ordinarias del Tucumán, a las que deberá dar cuenta sujetándose a sus disposiciones".

La Audiencia previno al alcalde de la Hermandad, "que en lo sucesivo se abstenga de ejecutar semejantes extracciones sin audiencia de los interesados, y precedente justificación de causa, que certifique su jurisdicción, procediendo en la forma prevenida por Derecho, y como delegado de las justicias ordinarias, a quienes deberá dar cuenta, y arreglarse a sus determinaciones en los casos que no sean de Hermandad"[38].

Noticias de supuestos abusos cometidos por los provinciales y partidarios se sucedieron en el tiempo. El fiscal y protector general de naturales Herrera representó que el alcalde de la Costa de San Isidro Justo López, a quien la Audiencia había ordenado que acompañase al indio José Claudio Miranda hasta su casa y lo aviniese con su mujer y entenados, a quienes el indio había castigado por desobediencia, en vez de cumplir con la orden del tribunal lo arrestó y condujo a la cárcel con un par de grillos, donde permanecía[39].

En otro episodio, un vecino de la Cañada de la Cruz demandó al alcalde de la Cañada de la Cruz, Tomás Antonio Sánchez, ante el virrey por los perjuicios que le había ocasionado con sus desarreglados procedimientos. Por medio de una transacción, se comprometió a compensarle los perjuicios, mas no cumplió[40].

Otro vecino, de la Cañada de los Pozos, demandó al alcalde de la Cañada de Morón Juan José Bernal, por haber percibido de un deudor suyo cantidad de dinero que le debía, y no entregársela[41]. Se trataba del mismo alcalde cuyo celo había sido alabado por varios pobladores.

La alcaldía de la Santa Hermandad, pese a los cuestionamientos de que fueron objeto varios de sus miembros, y el propio oficio de provincial, siguió cumpliendo con sus funciones en la campaña, incluso en la época patria, por un número mayor o menor de años según se trató de una u otra provincia.

 

NOTAS

[1]* Abreviaturas: AGN = Archivo General de la Nación; AHC = Archivo Histórico de Córdoba; AHPBA = Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

AHPBA, 7.2.109.13, fs. 22-25. Levaggi, Abelardo, El virreinato rioplatense en las vistas fiscales de José Márquez de la Plata (Buenos Aires, UMSA, 1988), II, pp. 530-531. A raíz de la duda que se suscitó acerca de una comisión dada por el virrey al "alcalde" de un partido: si iba dirigida al alcalde ordinario de la jurisdicción o al de la Hermandad del lugar, el fiscal en lo criminal de la Audiencia de Buenos Aires, Francisco Manuel de Herrera, aclaró cuál era el significado de esa voz. Si la intención hubiera sido referirse al de la Hermandad -interpretó- habría añadido esta palabra, "que siempre se expresa para denotar a los alcaldes de ella, sin que obste que al juez ordinario no le llamen alcalde en el partido, porque la voz alcalde no decir otra cosa de juez (sic) y así es de material el uso de una o la otra voz" (Buenos Aires, 17/5/1797. (AGN), "Tribunales", leg. 23, exp. 46, f. 34; IX.35.4.1).

[2]Garretón, Adolfo, La municipalidad colonial. Buenos Aires desde su fundación hasta el gobierno de Lariz (Buenos Aires, Jesús Menéndez, 1933), pp. 251-252 y 255; Romay, Francisco L., Antiguos servicios policiales (Buenos Aires, Policía de la Capital: Biblioteca Policial, V, 60, 1939), pp. 17-20; Ferrés, Carlos, Época colonial. La administración de justicia en Montevideo (Montevideo, A. Barreiro y Ramos, 1944), pp. 14-16; Zorraquín Becú, Ricardo, La organización judicial argentina en el período hispánico (2ª ed., Buenos Aires, Perrot, 1981), pp. 60-67; Lunenfeld, Marvin, The Council of the "Santa Hermandad". A Study of the Pacification Forces of Ferdinand and Isabella (Coral Gables, Florida, University of Miami, 1970); Storni, Carlos M., La justicia en la campaña del Río de la Plata durante el período hispánico, en Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano 5 (Quito, 1980), pp. 468-469; y Levaggi, A., Los alcaldes de la Hermandad de Buenos Aires en el período hispánico. Nuevos aspectos, en Soberanes Fernández, José Luis - Martínez de Codes, Rosa María (coordinadores), Homenaje a Alberto de la Hera (México, UNAM, 2008), pp. 421-434.

[3]Recop. Cast. 8,13,2 = Nov. Recop. 12,35,2: "Ordenamos y mandamos, que ahora y de aquí adelante los nuestros alcaldes de la Hermandad de todas las ciudades, villas, lugares, valles, sexmos (sic) y merindades de estos nuestros reinos y señoríos, hayan de conocer y conozcan por casos y como casos de Hermandad solamente en estos crímenes y delitos que aquí serán declarados, y no en otros algunos; conviene a saber: en robos, hurtos y fuerzas de bienes muebles y semovientes, o en robo o en fuerza de cualesquier mujeres que no sean mundarias públicas, haciéndose lo susodicho en yermos o en despoblados, o en cualesquier lugares poblados, si los malhechores salieren al campo con los tales bienes que hubieren robado o hurtado, o con las tales mujeres que así hubieren sacado por fuerza. Otrosí, sean casos de Hermandad los salteamientos de caminos, muertes, heridas de hombres en yermo o en despoblado, siendo la tal muerte o herida hecha por aleve o traición, o sobre asechanzas, o seguramente, o haciéndose por causa de robar o forzar, aunque el robo o fuerza no hubiese efecto. Otrosí, sea caso de Hermandad cárcel privada, o prisión de cualquier hombre o mujer que fuere hecha por su propia autoridad en yermo, o en cualquier poblado, si con el preso saliere al campo, o si prendiere a arrendador o a recaudador, por coger, recaudar y pedir nuestras rentas, en yermo o en poblado, puesto que no lo saque fuera: y entiéndase ser cárcel privada, salvo si el acreedor prendiere a su deudor que se vaya huyendo, o tuviere poder o facultad que su deudor le haya dado por escritura, para que lo pueda prender, no le pagando su deuda; entregando todavía en estos dos casos, la persona que así prendiere, dentro de veinticuatro horas a los alcaldes ordinarios del lugar más cercano, que no sean sujetos al dicho acreedor. Otrosí, sea caso de Hermandad quemas de casas, viñas, mieses y colmenares, haciéndose a sabiendas en yermo o en despoblado: y entiéndase ser yermo o despoblado, para en los casos de Hermandad, el lugar descercado de treinta vecinos abajo; y entiéndase ser robo y hurto, aunque el dueño de los tales bienes no esté presente, y aunque haya resistencia, o no la haya. Otrosí, sea caso de Hermandad cualquier que matare o hiriere o prendiere a los nuestros jueces ejecutores de las provincias, y alcaldes, cuadrilleros de la Hermandad, y a nuestros mensajeros, o a otros cualesquier oficiales de la Hermandad, mientras sirvieren los dichos oficios, y después que los dejaren, si recibieren el daño por haber tenido y servido los dichos oficios: o cualquier que matare, hiriere o prendiere, o atrozmente injuriare a cualquier procurador o mensajero, o negociador que viniere a las juntas generales o provinciales que de aquí adelante se hicieren por nuestro mandado. Otrosí, sean casos de Hermandad cualesquier robos y hurtos, y otros cualesquier crímenes y delitos que se cometieren dentro en las villas donde la junta general se hiciere y celebrare, en los quince días que aquélla durare, entre las personas de la dicha junta contra ellos, y sus familiares continuos y junta general, y a los jueces por ella nombrados: y entiéndase haber cometido y cometer caso de Hermandad, así el que hiciere los casos susodichos o cualquier de ellos, como el que los mandare hacer y cometer, y lo hubiere por rato y firme, y lo aprobare después de ser cometido: y como quiera que no ha sido ni es caso de Hermandad lo que se hace por penas o prendas de términos, y pastos o heredamientos, sobre que era alguna contienda o debate entre partes; pero si después, el que así fuere penado o prendado, se entregare por su propia autoridad, o hiriere o matare, o prendiere o hiciere otra reprenda a su adversario, o a cosas suyas en lugar donde no tenía reyerta ni debate alguno, que esto sea caso de Hermandad, y se proceda en ello como en caso de Hermandad, siendo hecho en yermo o despoblado, o saliendo con ello al campo, guardando la disposición de éstas nuestras leyes".

[4]Ferrés, Época colonial, cit. (n. 2) p. 15.

[5]Santiago, 14/7/1791. García de León dictó otra instrucción, para los jueces de campo de Tucumán, supuestamente similar a ésta. Acevedo, Edberto Oscar, Notas sobre la justicia en la Intendencia de Salta, Revista del Instituto de Historia del Derecho 9 (Buenos Aires, 1958), pp. 77-80; El mismo, La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata (Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Historia, 1965), pp. 159-161. AGN, "Justicia", leg. 29, exp. 870, IX.31.6.2.

[6] AGN, "Comandancia de fronteras", IX.1.4.6.

[7] Antonio García López y Francisco Castañón: Buenos Aires, 24/5/1798. AGN, "Tribunales", leg. 96, exp. 11, fs. 40-46; IX.36.7.5.

[8] 3/12/1795 y 5/1/1796. AGN, "Cabildo de Buenos Aires", "Correspondencia con el virrey", 1795-1796, IX.19.7.7.

[9]Romay, Antiguos, cit. (n. 2), pp. 22-23; y Storni, La justicia, cit. 123), pp. 465-466.

[10]Representación de los alcaldes de la Hermandad del 3/5/1803. Respuesta de los capitulares Domingo de Iriarte, Miguel Fernández y Lorenzo Ignacio de Goyechea del 18/8/1803. Réplica de los primeros del 3/9/1803. Vista fiscal del 6/3/1804. Fallo del 21/3/1804. AGN, "Tribunales", leg. 58, exp. 44, IX.36.1.3. Levaggi, El virreinato, cit. (n. 1), III, p. 1177.

[11] Reales nombramientos de alcalde provincial de Buenos Aires y Mendoza en "Apéndices".

[12] Vista del 4/9/1794 y fallo del 22/9/1796. AGN, "Justicia", leg. 29, exp. 872, IX.31.6.2.

[13] Representación del Cabildo: Montevideo, 19/2/1795. Vista de Herrera: Buenos Aires, 6/3/1795. Fallo: Buenos Aires, 14/3/1795. AGN, "Tribunales", leg. 105, exp. 19, fs. 1-2, 5-6 y 6 v.; IX.36.9.1.

[14]Nombramiento de del Castillo: Oruro, 26/6/1802. Vistas de Márquez de la Plata: Buenos Aires, 21/10/1802 y 9/10/1804. Fallo de la Audiencia: Buenos Aires, 7/12/1804. AGN, "Justicia", leg. 45, exp. 1308, IX.31.8.3. Levaggi, El virreinato, cit. (n. 1), III, pp. 1044-1045.

[15] 22/9/1795. AGN, "Cabildo de Buenos Aires", "Correspondencia con el virrey", 1795-1796, IX.19.7.7.

[16] Arroyo del Medio, 2/12/1795. AGN, "Cabildo de Buenos Aires", "Correspondencia con el virrey", 1795-1796, IX.19.7.7.

[17] Vistas fiscales del 31/12/1797 y 18/6/1798, y autos del 12/1/1798 y 30/6/1798. AGN, "Tribunales", leg. 96, exp. 11; IX.36.7.5.

[18] Providencia del 16/10/1802. AGN, "Tribunales", leg. 133, exp. 6, IX.37.4.5.

[19] Vista del 27/11/1802 y decreto del 1º/12/1802. AGN, "Justicia", leg. 45, exp. 1295, IX.31.8.3.

[20]Ferrés, C., Época colonial, cit. (n. 2), p. 16, con respecto a Montevideo, encuentra indefinidas las funciones del alcalde provincial. "Del estudio de los expedientes de la época española -dice-, se desprende que el alcalde provincial tuvo siempre muy poca actuación como juez; quedó muy frecuentemente relegado a juez comisionado para cumplir en campaña, en sitios muy apartados de la población, diligencias dispuestas por los alcaldes ordinarios y a ejecutar otras veces, en campaña, funciones de alguacil mayor".

[21]AHC, 7.2.109.11 a 14. Levaggi, El virreinato, cit. (n. 1), II, pp. 530-534. Un extracto del expediente en: Levene, Ricardo, Historia del Derecho Argentino (Buenos Aires, Kraft), 1946, III, pp. 253-261.

[22] AGN, "Tribunales", leg. 107, exp. 6; IX.36.9.3.

[23] AHC, 7.2.112.41.

[24]Zorraquín Becú, La organización, cit. (n. 2), pp. 66-67.

[25] Representación de los ordinarios del 8/6/1798, vista fiscal del 18/12/1798 y fallo del 5/1/1799. AGN, "Tribunales", leg. 189, exp. 8, IX.38.3.4.

[26]El abogado defensor, José Antonio Villanueva, le imputó ser "un juez de tanto privilegio, que para vejar a cualesquiera con una prisión no necesita que preceda ni aún semiplena probanza del delito" (f. 55v).

[27] 15/5 y 7/6/1791. AGN, "Tribunales", leg. 154, exp. 17, IX.37.7.5.

[28] Oficio de Güemes Montero a la Audiencia del 23/5/1791, vista del fiscal del 18/6/1791, y fallo del 2/7/1791. AHPBA, 7.1.82.31.

[29] Vista fiscal del 13/9/1798 y fallo del 12/3/1799. AHPBA, 7.1.82.10.

[30] Auto del 17/12/1798. AGN, "Tribunales", leg. 61, expp. 2 y 13, IX.36.2.1.

[31]AGN, "Tribunales", leg. 133, exp. 9, IX.37.4.5. Levaggi, El virreinato, cit. (n. 1), III, pp. 1162-1163.

[32]Recop. Cast. 8,13,.12 = Nov. Recop. 12,35,11: "Mandamos, que si los nuestros alcaldes y otros jueces de la Hermandad erraren y delinquieren en sus oficios, y excedieren en alguna cosa, ejecutando en las cosas de la Hermandad, que sean punidos y castigados según y como y por quien está mandado por las leyes de este título; pero que los corregidores ni las justicias ordinarias no los puedan castigar ni prender por ello, ni conocer de ello a pedimento de partes ni de su oficio: pero en las otras cosas, que no tocaren al dicho oficio y cargo que tienen de la Hermandad, ni a la ejecución de aquello, que hayan de ser y sean juzgados por la justicia ordinaria así en lo criminal como en lo civil".

[33] Oficio de Gutiérrez de la Concha del 15/4/1809, y respuesta de Arredondo del 4/5/1809. AHC, "Gobierno", caja 31, carp. 1, leg. 3, fs. 13-17 v.

[34] Declaración de Monteros el 8/3/1793, y vista del fiscal Herrera del 10/4/1793. AHPBA, 34.1.17.10.

[35]Zorraquín Becú, La organización, cit. (n. 2), pp. 71-73.

[36] Auto de prisión del 11/9/1788; fallo de la Audiencia del 26/4/1794; y recurso del protector del 4/7/1794. AGN, "Tribunales", leg. 220, exp. 11, fs. 4 v.-5, 17, 95-96, 99 v.-100, y 102-104; IX.38.8.2.

[37] AGN, "Tribunales", leg. 79, exp. 11; IX.36.5.2.

[38] Vista fiscal del 27/3/1806 y fallo del 11/4/1806. AGN, "Tribunales", leg. 99, exp. 11, IX.36.8.1.

[39] 9/2 y 2/3/1793. AHPBA, 13.2.6.43.

[40] El comisionado Manuel Pinazo al virrey: Villa de Luján, 10/9/1795. AGN, "Cabildo de Buenos Aires", "Correspondencia con el virrey", 1795-1796, IX.19.7.7.

[41] El alcalde ordinario Juan Agustín Videla y Aguiar al gobernador: Buenos Aires, 11/10/1796. AGN, "Cabildo de Buenos Aires", "Correspondencia con el virrey", 1795-1796; IX.19.7.7.

[42] AHC, "Gobierno", caja 31, carp. 1, leg. 3, fs. 22-30.

[43] AGN, "Interior", leg. 27, exp. 15, fs. 1-3; IX.30.4.3.

[44] Testimonio sin firma. AGN, "Cabildo de Buenos Aires", "Correspondencia con el virrey", 1797-1816; IX.19.7.8.

 

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, Edberto Oscar, La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata (Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Historia, 1965).        [ Links ]

Acevedo, Edberto Oscar, Notas sobre la justicia en la Intendencia de Salta, en Revista del Instituto de Historia del Derecho 9 (Buenos Aires, 1958).        [ Links ]

Ferrés, Carlos, Época colonial. La administración de justicia en Montevideo (Montevideo, A. Barreiro y Ramos, 1944).        [ Links ]

Garretón, Adolfo, La municipalidad colonial. Buenos Aires desde su fundación hasta el gobierno de Lariz (Buenos Aires, Jesús Menéndez, 1933).        [ Links ]

Levaggi, A., Los alcaldes de la Hermandad de Buenos Aires en el período hispánico. Nuevos aspectos, en Soberanes Fernández, José Luis - Martínez de Codes, Rosa María (coordinadores), Homenaje a Alberto de la Hera (México, UNAM, 2008).        [ Links ]

Levaggi, Abelardo, El virreinato rioplatense en las vistas fiscales de José Márquez de la Plata (Buenos Aires, UMSA, 1988), II.        [ Links ]

Lunenfeld, Marvin, The Council of the "Santa Hermandad". A Study of the Pacification Forces of Ferdinand and Isabella (Coral Gables, Florida, University of Miami, 1970).        [ Links ]

Novísima Recopilación de Leyes de España (1805).        [ Links ]

Recopilación de Leyes destos Reinos (Recop. de Castilla, 1567).        [ Links ]

Romay, Francisco L., Antiguos servicios policiales (Buenos Aires, Policía de la Capital, 1939).        [ Links ]

Storni, Carlos M., La justicia en la campaña del Río de la Plata durante el período hispánico, en Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano 5 (Quito, 1980).        [ Links ]

Zorraquín Becú, Ricardo, La organización judicial argentina en el período hispánico (2ª edición, Buenos Aires, Perrot, 1981).        [ Links ]

Fuentes documentales de Archivo General de la Nación (Buenos Aires), del Archivo Histórico de Córdoba y del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.        [ Links ]

 


Correspondencia: Profesor Titular Consulto de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina. Dirección postal: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Avenida Figueroa Alcorta 2263 (C1425CKB), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: abelevaggi@yahoo.com.ar.

Recibido: 29 de septiembre de 2008.

Aprobado: 22 de octubre de 2008.

 

APÉNDICES

I

Real provisión de la Audiencia de Charcas del 3/3/1773 para que al alcalde provincial de Buenos Aires Diego Mantilla y los Ríos se le guarden sus privilegios y no se perturbe su jurisdicción; representación del alcalde provincial del 14/5/1773, y bando del gobernador de Buenos Aires

Juan José de Vértiz del 12/6/1773

Don Carlos por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra Firme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, y Milán, conde de Absburg, de Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya, y de Molina etc. A vos los jueces ordinarios, y demás nuestras justicias de la ciudad de Buenos Aires, a quienes toca la ejecución, y cumplimiento de lo que adelante se hará mención en ésta nuestra carta y provisión real salud, y gracia: sabed, que ante el nuestro presidente, y oidores de la nuestra Audiencia, y Chancillería Real que reside en la ciudad de la Plata, provincia de los Charcas del Perú, la parte de don Diego Mantilla y los Ríos en virtud de poder de éste, presentó la petición, que su tenor sacado a la letra, con lo que tuvo, y respondió el nuestro fiscal de ella a la vista que se le dio, y auto en su razón proveído es como sigue = Muy poderoso señor = Juan José de Saabedra en nombre de don Diego Mantilla y los Ríos, alcalde provincial de la jurisdicción de Buenos Aires, y en virtud de su poder, que con la solemnidad necesaria presento, como mejor proceda de Derecho, parezco ante vuestra alteza y digo, que sin embargo de estar en la ley segunda, título trece, libro octavo de las recopiladas, distinta, y claramente expresos los casos que son de conocimiento de mi parte en virtud del ministerio que obtiene, y sin atender al esmero y prolija atención con que mira estos asuntos, en desempeño de su obligación, han solicitado los jueces de la expresada ciudad invertir el orden moral de la expresada ley, valiéndose de comisionados en casos, que sin disputa tocan a la jurisdicción del referido mi parte, por no hacer litigioso asunto que no padece la más mínima sobra, tuvo por conveniente ocurrir a la integridad de vuestra alteza para que con su acreditado celo se sirva mandar, bajo de apercibimiento, que aquellos jueces no alteren en manera alguna su recomendable, y clara expresión, y que al mismo tiempo le guarden todos los fueros, que por leyes reales distintamente le corresponden como a tal alcalde provincial, corriendo antes vista al señor fiscal, y librando sobre todo la correspondiente real provisión. Por tanto: a vuestra alteza pido, y suplico, se sirva proveer, y mandar, como aquí se contiene, que será justicia, jurando en ánima de mi parte lo necesario en Derecho, y para ello etc. = Benavides = Juan José de Saabedra = [Respuesta del señor fiscal] Muy poderoso señor = El fiscal en vista del antecedente escrito que se presenta a nombre del alcalde provincial de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo se libre la correspondiente real provisión para que los jueces ordinarios, y demás justicias de dicha ciudad no le perturben, ni se entrometan en su jurisdicción, y asimismo le guarden todos los honores, fueros, y preeminencias, que como a tal alcalde provincial le corresponden, según, y como se halla establecido, y ordenado en las leyes del libro octavo, título trece de las recopiladas de Castilla, y en las del libro quinto, título cuarto de la Recopilación de estos reinos. Dice que contempla justa y arreglada dicha solicitud, en cuya conformidad podrá vuestra alteza siendo servido deferir a ella en los términos referidos, conminando con alguna pena a los enunciados jueces, y justicias, que contravinieren a lo que vuestra alteza ordenare con arreglo a las citadas leyes. Plata y diciembre diecinueve de mil setecientos setenta y dos = Acevedo = [Auto] Vista la antecedente representación que se hace a nombre de don Diego Mantilla alcalde provincial de la ciudad de Buenos Aires, con lo que sobre el asunto expone el señor fiscal, líbrese la correspondiente real provisión para que los jueces ordinarios y demás justicias de dicha ciudad no le perturben, ni se entrometan en su jurisdicción, y que asimismo le guarden, y hagan guardar todos los honores, fueros, y preeminencias que como a tal alcalde provincial le corresponden, según, y como se halla establecido, y ordenado en las leyes del libro octavo, título trece de las de Castilla, y en las del libro quinto, título cuarto de las de estos reinos; todo lo que practicarán dichos jueces, y justicias bajo de la pena de la real provisión = tres rúbricas = Proveyeron y rubricaron el auto antecedente los señores presidente, y oidores de esta Real Audiencia, y fueron jueces los señores doctores don José López Lisperguer, don Antonio Sanz Merino, y don Ramón de Rivera, oidores, en la Plata en quince de enero de mil setecientos setenta y tres años = Don Juan José Toledo = [Decisión] En cuya conformidad fue acordado, que debíamos mandar dar ésta nuestra carta, y provisión real en la dicha razón, y tuvímoslo por bien, por la cual os mandamos a vos los nuestros jueces, y justicias de la ciudad de Buenos Aires, que siendo con ésta requeridos por parte de don Diego Mantilla alcalde provincial de ella, o que de ella os conste en cualquier manera que sea veáis el auto proveído por los dichos nuestro presidente y oidores que de suso va inserto, y lo guardéis, cumpláis, y ejecutéis en todo, y por todo, según su tenor, y forma, y en su cumplimiento no le perturbéis ni os entrometáis en la jurisdicción que como a tal alcalde provincial le corresponde al expresado don Diego Mantilla, antes bien le guardaréis, y haréis guardar todos los honores, fueros, y preeminencias anexas a este empleo según, y como se halla establecido, y ordenado en nuestras leyes del libro octavo, título trece de las de Castilla, y en las del libro quinto, título cuarto de las de estos reinos, practicándolo todo bajo de la pena de quinientos pesos ensayados de ésta dicha nuestra carta, y provisión real, que esa la de la nuestra merced, y con esta misma mandamos a cualquiera nuestro escribano público, o real, y a su falta a persona que sepa leer, y escribir, que ante dos testigos a (sic) la lea, intime, y notifique, y asiente la diligencia que hiciere, para que conste, y sepamos cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la Plata en tres de marzo de mil setecientos setenta y tres años = Ambrosio de Benavides = Don José López Lisperguer = Don Ramón Rivera = Hay una rúbrica = Yo don Juan José Toledo escribano de cámara del católico rey nuestro señor la hice escribir por su mandado con acuerdo de su presidente y oidores = Hay una rúbrica = Por el gran chanciller = Juan de Mallavia = Registrada = Juan de Mallavia = Lugar del sello = [Representación] Señor gobernador y capitán general = El alcalde provincial de esta ciudad, y su jurisdicción, por su majestad (que Dios guarde) hace presente a la recta intención de usía hallarse con una real provisión de la Audiencia territorial, en que se ordena por su alteza se observen las leyes de la Santa Hermandad del título trece, de las de Castilla, y asimismo las del título de las recopiladas para estos reinos, y previniéndose en ellas los modos y medios para perseguir delincuentes, y penas para contener los desórdenes en el ladronicio (sic) que tanto perjudican a esta noble, y dilatada provincia, se ha de servir su justificación corroborar lo mandado por dicha real provisión, y que a consecuencia de lo que su majestad por distintas reales cédulas tiene prevenido, como representé al ilustre Cabildo en catorce de febrero de mil setecientos sesenta y nueve, y de que se hizo remisión al superior gobierno, se tomen aquellas previas disposiciones, que la sabia discreción de usía halle condignas al cumplimiento de los mandatos reales, y satisfacción de la vindicta pública = Y pues las divinas letras nos demuestran en el Libro de los Jueces el espantoso castigo que mandó Dios hacer por su capitán general Josué, condenando al perverso ladrón Acan y su descendencia a morir apedreados, y sus cuerpos, y bienes, reducidos a ceniza, y que esto contuvo al israelítico pueblo en la mayor tranquilidad, sin ser necesario, para custodiar sus bienes, más que el recuerdo de tan severo ejemplar; esto mismo según escribe Garcilaso en sus Comentarios, practicaron los antiguos emperadores de este hemisferio en aborrecimiento, y remedio de tan nocivo, y pernicioso delito, y en que se vieron iguales ventajas en el sosiego, y quietud = En cuya atención, y para que no se dilate por más tiempo el atajo, y exterminio de un mal, que tanto ha cundido, sin que los castigos, oficiosos cuidados de usía, y sus antgecesores, hayan sido suficientes a contener los desórdenes, pues pareciéndose los delincuentes a las pajas del campo, de una que se quiebre salen ciento, que continúan el depravado intento de vivir en libertad, y mantenerse del ladronicio, se ha de servir la justificación de usía mandar publicar por bando las penas señaladas a los ladrones en dichas reales leyes de la Hermandad, y que irremisiblemente se ejecuten, sin que valgan dictámenes de que no eran en la América puestas en uso = A usía pido, y suplico se sirva proveer, y mandar como llevo pedido, resignándome a todo aquello que la sabia penetración de usía pueda juzgar más condigno al servicio de ambas majestades, y beneficio de la causa pública = Buenos Aires, y mayo catorce de mil setecientos setenta y tres = Señor gobernador = Diego Mantilla y los ríos = [Decreto] Pásese con la real provisión que se presenta a mi teniente general para que me exponga su dictamen = Juan José de Vértiz = [Proveído] Lo mandó y firmó el señor gobernador, y capitán general de esta ciudad, y provincia, en Buenos Aires a veinte y dos de mayo de mil setecientos setenta y tres = Ante mí = José Zenzano = Escribano real, público, y de gobierno = [Dictamen] Señor gobernador y capitán general = Siendo usía servido puede mandar, en obedecimiento de la real provisión presentada por el alcalde provincial que se guarde, y cumpla, como su alteza ordena, y se promulguen por bando como pide las penas establecidas por las leyes contra los ladrones del campo = Labardén [Aprobación] Conformado = Vértiz [Proveído] Lo mandó el señor gobernador y capitán general de esta ciudad, y provincias del Río de la Plata en Buenos Aires a cinco de junio de mil setecientos setenta y tres, de que doy fe = Ante mí = José zenzano = Escribano real, público y de gobierno [Notificación] En dicho día, mes, y año hice saber el decreto antecedente al señor alcalde provincial, de que doy fe = Zenzano. Nota = Que en virtud de lo mandado en la providencia de la vuelta, se promulgó por bando en esta ciudad las penas establecidas por las leyes contra los ladrones del campo, y que no perturben en manera alguna la jurisdicción del señor alcalde provincial, hoy día quince de junio de mil setecientos setenta y tres, del que saqué testimonio y entregué al citado señor alcalde provincial, y para que conste lo anoto, y firmo = Zenzano [Testimonio] Don Juan José de Vértiz y Salcedo caballero comendador de Puerto llano en la orden de Calatrava, mariscal de campo de los reales ejércitos, gobernador y capitán general de esta ciudad y provincia del Río de la Plata etc. = Por cuanto por real provisión librada por la Real Audiencia del distrito a instancia del alcalde de la Santa Hermandad don Diego Mantilla y los Ríos, su fecha en la ciudad de la Plata a tres de marzo del año próximo pasado de mil setecientos setenta y tres ordena y manda, que los jueces ordinarios, y demás justicias de esta ciudad no le perturben, ni se entrometan en su jurisdicción, y que asimismo le guarden, y hagan guardar todos los honores, fueros, y preeminencias, que como a tal alcalde provincial le corresponden, según, y como se halla establecido, y ordenado en las leyes del libro octavo, título trece de las de Castilla, y en las del libro quinto, título cuarto de las de estos reinos, la que habiéndome presentado en veinte y dos de mayo último, le di el correspondiente obedecimiento, mandando se guarde, y cumpla, como se ordena por su alteza, y porque el dicho alcalde provincial, pidió asimismo se promulguen por bando las penas establecidas por las leyes contra los ladrones del campo, he venido en ello, con dictamen de mi teniente general, y auditor de guerra, y para que a todos conste son las siguientes = Libro octavo, título trece, y ley tercera = Mandamos que los delincuentes que hubiesen robado, o hurtado en yermo, o en despoblado sean punidos, y castigados en esta manera: que si el robo, o hurto fuese de ciento, y cincuenta maravedís, y desde abajo, que sea desterrado, y le den pena de azotes, y pague más lo que así robó con el dos tanto a la parte, y con el cuatro tanto para los gastos de la Hermandad, y si fuere de ciento, y cincuenta maravedís arriba hasta quinientos maravedís, que le sean cortadas las orejas, y le den cien azotes, y si fuere de quinientos maravedís arriba, que le corten el pie, y que sea condenado a que nunca cabalgue en caballo, ni en mula so pena de muerte; y si el dicho robo fuere de cinco mil maravedís arriba, que muera por ello el tal malhechor muerte de saeta, pero en todos los otros casos de Hermandad, excepto en los contenidos en la ley antes de ésta, mandamos que los jueces de la Hermandad den a los malhechores la pena, o penas, que según la calidad, o gravedad de los delitos hubieren merecido, o deberán merecer, según Derecho, y leyes de nuestros reinos, con tanto que los que fueren condenados a pena de muerte sufran, y les sea dada muerte de saeta. = Y para que todos sepan las referidas graves penas, y sirva de freno a los ladrones del campo se han copiado a la letra, y a los que delinquieren se les impondrá las que sean correspondientes a proporción de su delito según Derecho. Por tanto ordeno, y mando a todos los vecinos, y moradores de esta ciudad, y su jurisdicción, guarden, y cumplan al dicho alcalde provincial sus privilegios, y no le impidan su jurisdicción en manera alguna, y que a los ladrones de la campaña se les castigará por sus delitos según queda prevenido, y expresado, a cuyo fin mandé publicar el presente en esta ciudad, y para que se haga igual publicación en los partidos de esta jurisdicción se darán a dicho alcalde provincial las copias necesarias. Fecho en Buenos Aires a doce de junio de mil setecientos setenta y tres = Juan José de Vértiz = Por mandado de su señoría = Juan José Zenzano = Escribano real, público, y de gobierno = En Buenos Aires a quince de junio de mil setecientos setenta y tres yo el escribano salí de la Real Fortaleza de esta ciudad con la tropa que destinó al efecto, y a son de cajas, y pífanos de guerra, y por voz de José de Acosta pregonero público se publicó el bando antecedente en los parajes públicos, y acostumbrados de esta ciudad, y fijé una copia en las puertas de la casa del ilustre Cabildo, doy fe = Zenzano[42].

II

Real título de confirmación del oficio de alcalde provincial de la ciudad de Mendoza a favor de Francisco Javier de Molina, expedido en el Pardo, el 13/2/1782

Don Carlos por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Servilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias, Islas, y Tierrafirme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán, conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona, señor de Vizcaya, y de Molina etc. Por parte de vos don Francisco Javier de Molina, vecino de la ciudad de Mendoza en la provincia de Cuyo, reino de Chile, se me ha representado que habiéndose sacado al pregón el oficio de regidor alcalde provincial de aquella ciudad, precedido su avalúo, y demás diligencias prevenidas por derecho, se remató en vos, como mayor postor, en cantidad de setecientos pesos que enterásteis en contado en mis Reales Cajas de la propia ciudad de Mendoza, y en las de Buenos Aires veinte pesos cinco reales, y seis maravedís correspondientes al derecho de la media anata, y habiendo constado todo a mi virrey de Buenos Aires, decretó en dieciocho de diciembre de mil setecientos ochenta se librase el título, o carta correspondiente para que fuéseis recibido al uso, y ejercicio de dicho empleo, con la calidad de que en el término de seis años lleváseis mi real confirmación, y con efecto dirigió en diez de enero de mil setecientos ochenta y uno carta orden al Cabildo de dicha ciudad de Mendoza, el cual os dio posesión del empleo, y en su consecuencia habéis suplicado me digne concederos mi real confirmación. Y por cuanto vista esta instancia en mi Consejo de las Indias con un testimonio de autos en razón de lo referido, he venido en condescender a ella. Por tanto confirmo, y apruebo el enunciado remate, y providencia de mi virrey, y mando al Concejo, Justicia, y Regimiento de la enunciada ciudad de Mendoza, que en virtud de éste, tome, y reciba de vos (si ya no le hubiéreis hecho) el juramento acostumbrado de que bien, y fielmente serviréis el expresado oficio, y que habiéndole ejecutado, y puéstose testimonio en el mismo título, seáis regidor alcalde provincial de ella en la propia forma, y con iguales facultades que vuestros antecesores, y se os guarden todas las honras, preeminencias, y demás privilegios que por este oficio debéis gozar, y os doy poder, y facultad, para que podáis renunciarle, según, y como se renuncian los demás vendibles, y renunciables de las Indias, guardando en todo lo dispuesto por cédulas, y órdenes mías que de ello tratan. Y de este título se tomará razón en las Contadurías generales de la distribución de mi Real Hacienda (adonde está agregado el Registro general de mercedes) y de mi Consejo de las Indias dentro de dos meses de su data, y no ejecutándolo así quedará nula esta gracia, y también se tomará por los oficiales reales de las enunciadas Cajas de la ciudad de Mendoza. Dado en el Pardo a trece de febrero de mil setecientos ochenta y dos. Yo el rey[43].

III

Auto del 28/1/1802 por el cual los alcaldes ordinarios de Buenos Aires delegan funciones en los alcaldes de la Santa Hermandad

En la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, a veintiocho de enero de mil ochocientos dos, los señores don Cristóbal de Aguirre, alcalde ordinario de primero voto, y don Francisco Mata de Bustamante, de segundo y juez de menores por su majestad que Dios guarde etc., dijeron que por cuanto el muy ilustre Cabildo, Justicia, y Regimiento de esta capital se ha servido nombrar los alcaldes de la Santa Hermandad que acostumbra con el justo y laudable fin de que por éste tan oportuno medio se celen con mayor proporción los frecuentes excesos que se cometen en las vastas campañas sujetas a esta capital, y que al mismo tiempo tengan los vecinos, transeúntes, y residentes en ellas el auxilio más pronto para todas sus urgencias, por lo tanto, y teniendo presente que estos jueces solamente pueden, y deben ejercer su jurisdicción en los casos que están expresa, y categóricamente explicados en la ley dos, título trece, libro octavo de las recopiladas de Castilla, y que por esta razón no se consigue completamente el interesante fin que queda indicado, no teniendo los referidos alcaldes la bastante autoridad que se requiere para otros diferentes, de cuyo conocimiento están exceptuados. En esta virtud, y deseando contribuir por su parte a que tengan cumplido efecto las importantes intenciones del muy ilustre Cabildo, y que los individuos transeúntes, moradores, y vecinos de los territorios, y poblaciones de esta jurisdicción logren el utilísimo beneficio, en cuanto sea posible, de tener a la mano la administración de justicia sin necesidad de ocurrir a esta ciudad ni abandonar para ello sus casas, familias, y haciendas: han venido en delegar como delegan en dichos alcaldes de la Santa Hermandad nombrados por el muy ilustre Cabildo en este presente año toda su plena potestad ordinaria para que en fuerza de esta delegación puedan conocer también en los casos contenidos en la citada ley dos, en los cuales pueden sus mercedes hacerlo a prevención según el contexto de la ley diez del mismo título y libro. Igualmente les delegan sus facultades para que puedan conocer en todos aquellos casos no comprendidos en la citada ley dos, cuyo conocimiento es privativo a sus juzgados, con especialidad para perseguir los ociosos que no tienen domicilio ni otra ocupación que el delincuente entretenimiento de vagar por tiendas, pulperías, y estancias, prendiendo o arrestando a los culpados, secuestrándoles sus bienes, y depositándolos en persona lega, llana, y abonada, pero con la calidad precisa de formar precisamente el proceso informativo que acredite sus excesos, en cuyo estado se remitirán a sus juzgados las diligencias que actuaren juntamente con los reos para continuar sus causas, y determinarlas, y respecto a que estos jueces por sus institutos no tienen autoridad alguna para proceder en negocios puramente civiles, deseando sus mercedes propender al alivio de los vecinos, y al laudable fin que se propuso el muy ilustre Cabildo, les delegan asimismo la facultad para que puedan conocer en casos de ésta, siendo de poca consideración, y determinar verbalmente las demandas que no excedan de treinta pesos, reservando siempre que excedan su conocimiento a estos juzgados, adonde deberán prevenir a los litigantes que ocurran a usar de su derecho, y por cuanto uno de los casos que lleva más la aternción del alcalde de segundo voto, y que está más encargado por el soberano, es el celo, y tutela de los huérfanos a fin de que no se disipen ni consuman sus bienes por falta de diligencias, que son a la verdad penosas en estas vastas campañas, y deseando precaver en cuanto alcancen sus fuerzas los perjuicios que por lo regular se les originan de no hacerse inmediatamente que fallezcan sus causantes inventarios, y tasaciones de sus bienes, les delegan finalmente su autoridad para que luego que tengan noticia de haber fallecido en el territorio de su jurisdicción algún individuo con testamento o sin él, en cuyos bienes tengan intereses huérfanos menores, y sobre cuyos particulares deberán vigilar con eficacia, procedan luego al punto a hacer inventarios, y tasaciones de los citados bienes, con intervención, y concurrencia de todos los interesados en ellos, a depositarlos en persona de seguridad para evitar el riesgo de que no (sic) se disipen, y consuman; encargándoles como les encargo que evacuadas las actuaciones las remitan inmediatamente a su juzgado cerradas, y selladas, y con persona de satisfacción, haciendo saber antes a todos los interesados que dentro del término que juzgue bastante, según la distancia, ocurran por sí o apoderado a dicho juzgado de segundo voto para que con su audiencia puedan sustanciarse, y determinarse las causas, apercibiéndoles perentoriamente que si no comparecen dentro del término designado seguirán las causas en rebeldía sin su asistencia, y les parará todo el perjuicio que haya lugar en Derecho. Y por este auto que firmaron sus mercedes por ante mí así lo proveyeron, y mandaron, y que para su observancia se entregue en testimonio un ejemplar a cada uno de los alcaldes de la Hermandad en el acto de recibirse de su empleo = Cristóbal de Aguirre = Francisco Mata y Bustamante = Ante mí Inocencio Antonio Agrelo, escribano público[44].