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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.31 Valparaíso  2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552009000100020 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXI (Valparaíso, Chile, 2009)
[pp. 454 - 461]

BIBLIOGRAFÍA

Bravo Bosch, María José, El largo camino de los "Hispani" hacia la ciudadanía (Madrid, Dykinson, 2008), 265 págs.


En su más reciente monografía -con "Prólogo" de Antonio Fernández de Buján-, la profesora Bravo Bosch nos ofrece un nuevo relato del proceso de romanización de Hispania, es decir, de cómo la Península Ibérica pasó de ser el auténtico "wild west" del Imperio Romano a convertirse en uno de los territorios que en mayor medida asimiló e interiorizó la cultura del Lacio[1]. Este relato no es una mera puesta al día de las bien conocidas exposiciones generales realizadas en los últimos años por Keay (1988), Curchin (1991, 1996), Richardson (1996, 2005), Bravo (2007) o Barceló/Ferrer (2007), sino una reconsideración de conjunto llevada a cabo siguiendo el hilo conductor del fenómeno de asunción progresiva de la civitas romana, en sus distintos estadios evolutivos, por parte de los habitantes de la Península Ibérica bajo la dominación de Roma. Se trata, por tanto, de una exposición de marcado acento jurídico, sin que ello signifique, con todo, que otros elementos constitutivos de la realidad histórica compleja que fue la Romanización queden fuera del ámbito de consideración de la A. En concreto, la obra nos presenta un cuadro muy certero de los diversos aspectos socioeconómicos que entrañaba el fenómeno de la dominación colonial de la Península por los romanos, materia en la que la A. es una reconocida especialista[2]. De ahí, pues, que, si bien este texto resulta de un interés prioritario para los estudios históricos sobre la experiencia jurídica romana en la Península, ello no quiere decir que carezca de aportaciones también para los cultivadores de la Historia general de la Hispania romana.

Puesto que el objetivo central del libro es, como decimos, ofrecer una descripción precisa y técnicamente fundada de cómo la ciudadanía romana -en tanto que cualidad jurídica, pero también con importantes componentes de índole social y cultural- se convirtió en rasgo definitorio, desde el punto de vista de la adscripción jurídica de los individuos de un determinado territorio (en este caso, de los habitantes de la Península Ibérica), el relato de la obra se inicia con los primeros pasos en la conquista romana del territorio peninsular y alcanza hasta el momento en que, por medio de la constitutio Antoniniana del 212 d. C., prácticamente todos los habitantes libres de Imperio pasaron a convertirse en cives Romani. No aborda, pues, el estadio ulterior de desarrollo histórico de la Hispania romana durante el Bajo Imperio, ni menos aún el período de epigonismo visigodo, aun cuando ambas épocas son también de crucial importancia para comprender el grado de asimilación real de la población hispana a los esquemas histórico-culturales definitorios de la civilización romana. Pero es obvio que, desde un punto de vista jurídico-formal, la plena adscripción de los habitantes de Hispania al conjunto de la ciudadanía romana se produce definitiva e irrevocablemente en el año 212, lo que pone punto final a ese proceso histórico integrador.

El trabajo se divide, así, en tres capítulos en los que se abordan los tres grandes períodos en que se produjo históricamente este proceso de asimilación, a saber: un primer período de conquista y pura explotación colonial (218 - med. s. I a. C.); un segundo período de reorganización política y creciente acercamiento sociocultural a las formas civilizatorias romanas (med. s. I a. C. - ca. 70 d. C.); y, por fin, un tercero de intensa romanización jurídica (ca. 70 - 212 d. C.). Cada uno de estos períodos, respectivamente, recibe un tratamiento específico en la obra de muy semejante extensión. En efecto, tras una introducción destinada a presentar el tema y propósito de la obra, el primer capítulo ("Contexto histórico-jurídico de la conquista de Hispania" (pp. 21-93) se dedica al relato de los primeros contactos de Roma con la Península Ibérica en el contexto de las Guerras Púnicas y las campañas militares que condujeron a la incorporación masiva de los territorios ibéricos al ámbito de dominación política del Imperium Romanum y la fundación de las provinciae hispanas. A este respecto, la A. dedica una atención especial, no tanto al relato minucioso de la conquista física del territorio (materia más propia de la historia militar, y a la que se han dedicado ya abundantes y prolijos estudios[3]), cuanto a los problemas jurídicos de organización de esa conquista y administración del territorio, en concreto el significado preciso de la institución de la provincia en este primer período de expansión política y territorial del poder romano, destacando acertadamente cómo ese vocablo pasó, de definir inicialmente la esfera de competencias específica de un magistrado dotado de imperium, a referirse concretamente al territorio sobre el que dichas competencias magistratuales eran ejercidas -entendiéndose, claro está, que el territorio de Roma e Italia quedaban fuera de esa concepción-, un proceso de transposición semántica que sólo se operará gradualmente, en paralelo al modo en que los territorios dejan de ser considerados tan solo como objetos de conquista y descarnada explotación económica, para ser vistos como auténticos elementos integrantes del Imperium Romanum, lo cual se palpa de la manera más clara y diáfana precisamente en el caso de los territorios de la Península Ibérica (junto con las partes de Italia lato sensu que fueron consideradas también como provincias, como es el caso de Sicilia o de la Galia cisalpina o la narbonense). La A. discute también el problema del momento y el modo en que se produjo la división del territorio peninsular en dos provincias (Hispania citerior y ulterior), bajo el mando respectivo de un magistrado con imperium pro praetore, inclinándose por el año 197 a. C. como fecha más probable y aportando razones tanto de índole territorial como también militar y de política interna de Roma para poner en práctica tal partición. En el capítulo se comentan asimismo las principales aportaciones de personajes relevantes de la historia política romana que prestaron sus servicios en la Península, como Publio Cornelio Escipión, Marco Porcio Catón, Tiberio Sempronio Graco o Escipión Emiliano, que marcaron decisivamente la historia de la conquista romana de Hispania. En este capítulo se aborda también, como no podía ser de otro modo, los primeros ensayos de organización ciudadana en la Península more Romano, conviviendo con las formas de asentamiento indígenas (civitates peregrinae, muy diversas en función de su respectivo estadio civilizatorio y del modo concreto en que se produjo su anexión al Imperio romano) y se analizan los rasgos de la ciudadanía romana (civitas) como categoría jurídica marcada por el principio de la personalidad -y no de la territorialidad, como sucede en el Derecho moderno[4].

El segundo capítulo ("La Hispania de César y Augusto", pp. 95-183) se centra, como hemos apuntado anteriormente, en la intensa reorganización política y administrativa operada en la Península Ibérica como efecto colateral de las Guerras Civiles que condujeron al final de la República y la estabilización llevada a cabo por el régimen de Octavio Augusto (pax Augusta)[5], que supuso asimismo el final del proceso de conquista militar de la Península que la República había dejado inacabado. Aquí se pone de relieve la extraordinaria importancia estratégica de la Península para el conjunto del Imperio Romano, lo que explica que gran parte de los enfrentamientos de las guerras civiles tuvieran lugar precisamente sobre su suelo, y que en ese momento comenzaran a darse las primeras concesiones masivas de ciudadanía a poblaciones hispánicas por parte de los generales romanos enfrentados por el poder supremo, con el fin de ganarse adhesiones que podían resultar decisivas para la victoria final. La obra presta atención a la política integradora de Cayo Julio César en la Península, que fue más allá de la mera concesión de ciudadanía a determinadas poblaciones por razones tácticas, para lanzarse a un proceso reorganizador de amplio alcance -que su violenta y temprana muerte le impidió culminar- a través sobre todo de la fundación de colonias romanas y municipios en la Península -cuyo objetivo no era sólo de carácter remuneratorio y clientelar, sino también civilizados y asimilador de un territorio tradicionalmente hostil a Roma. Como no podía ser de otro modo, el libro se centra a este respecto en el análisis de la ley de Urso (lex coloniae Iuliae Genetivae Ursonensis)[6], la más importante ley colonial romana conocida y fuente básica de información para el conocimiento de la vida urbana en el mundo romano a finales de la República, promovida por César hacia el año 44 a.C. La A. plantea la discusión sobre su carácter de lex dicta y destaca especialmente las informaciones suministradas por dicho texto en relación con la iurisdictio de los magistrados locales (cap. 94 de la ley). Esta política integradora de César (basada en la fundación de colonias, municipalización y concesiones específicas de ciudadanía a localidades completas) fue parcialmente modificada por sus sucesor, Augusto, quien, si bien continuó la política colonizadora de su predecesor (en el marco de una legislación municipal general -lex Iulia municipalis-, según admite la A.[7]), ésta tuvo un carácter más marcadamente militar, sobre todo tras la dominación de los últimos focos de resistencia en el Norte de Hispania (guerras cántabras, 26-19 a.C.)[8]; y, por otra parte, fue mucho más cauto a la hora de hacer concesiones masivas de ciudadanía a poblaciones completas, dada su visión marcadamente elitista del concepto de civis Romanus. La A. comenta aquí también los detalles en torno a la nueva división provincial de Hispania operada por Augusto por razones tanto de carácter estratégico-militar (un mejor control de las poblaciones recién conquistadas del Norte) como de política interna (la asignación de las provincias económicamente más rentables a la esfera exclusiva de control del princeps), y señala con acierto cómo el descubrimiento del bronce de Bembibre (15 a.C.)[9] ha hecho patente que el proceso de reorganización provincial fue más complejo de lo que se creía con anterioridad, hasta su consolidación, en torno al 7-2 a.C., en una estructura triprovincial claramente dominada por el emperador. También destaca la obra, igualmente, la aparición de los conventus (iuridici)[10] como un tipo de circunscripción infraprovincial de gran importancia desde el punto de vista de la administración de justicia y la romanización del territorio.

El tercer capítulo ("La integración jurídica de los Hispani", pp. 185-230) se destina, finalmente, al último período de asimilación de los habitantes de la Península al conjunto de la ciudadanía romana, período que se extendió a lo largo de siglo y medio y sobre el cual disponemos de una información excepcional gracias a los restos arqueológicos y epigráficos. La culminación de este proceso de integración definitiva en la ciudadanía vino precedida del hecho destacable -ampliamente analizado en la obra- de la concesión del ius Latii a todo el territorio hispánico por Vespasiano (posiblemente en el año 70 d.C., según la A.[11]), como se desprende del controvertido pasaje de Plin. nat. hist. 3, 30; este fenómeno tuvo una gran trascendencia, puesto que suponía una vía abierta a la incorporación a la ciudadanía romana de gran cantidad de habitantes hispanos sin necesidad de hacer concesiones graciosas específicas y, en el límite, implicaba la extensión definitiva de la ciudadanía a todo el territorio peninsular. La A. plasma adecuadamente el debate doctrinal en torno al sentido de lo que debe entenderse aquí por Latium o ius Latii[12], inclinándose por su consideración como Personenrecht y como mero Latium minus (y no maius, que implicaba la adquisición de la ciudadanía romana simplemente por pertenencia a la curia municipal), de modo que facilitaba el acceso privilegiado a la ciudadanía a personas concretas mediante el desempeño de magistraturas locales, pero no la conversión inmediata de las comunidades hispanas en municipia. Con todo, esta concesión por edicto del ius Latii tuvo como consecuencia una intensificación del proceso municipalizador en Hispania, del que nos ha quedado un abundante material epigráfico, en el que se destacan los restos de una serie de estatutos reguladores de municipia iuris Latini (sobre todo las llamadas leyes Salpensana, Malacitana e Irnitana)[13], que según una teoría muy extendida corresponderían a copias particulares de una ley marco dictada por el emperador Domiciano (lex Flavia municipalis) para adaptar las prescripciones de la ley Julia municipal de Augusto a las peculiaridades de los municipios de Derecho latino de Hispania. La A. presta gran atención a esta legislación municipal, y comenta sobre todo los aspectos de la misma referidos a la obtención de la ciudadanía romana por los municipes a través del ejercicio de una magistratura municipal (lex Irn. capp. 21-23 y 97). El capítulo se cierra con una detallada exposición de la última fase de este proceso de asimilación jurídica de los habitantes de Hispania, cual es la concesión universal de la ciudadanía romana a través del famoso edicto de Caracalla (constitutio Antoniniana) del 212 d. C. - sobre el cual la A. ya tuvo ocasión de pronunciarse en algún momento anterior[14]- y nos proporciona una adecuada puesta al día sobre el estado de la cuestión en la doctrina en relación con este trascendental y controvertido documento normativo. El libro finaliza con un apartado bibliográfico y un cuidado índice de fuentes.

En toda la obra destaca su gran claridad expositiva, su preciso manejo de las fuentes clásicas y, sobre todo, su extraordinaria erudición, con el empleo de un impresionante volumen de información bibliográfica (reflejada en casi 800 notas a pie de página), que hacen de este libro una obra de consulta imprescindible en la actualidad para conocer los más diversos aspectos del proceso de romanización jurídica de la Península Ibérica. Tres simples observaciones -que no pueden considerarse matizaciones o divergencias, ni mucho menos críticas, sino tan sólo leves diferencias de opinión por parte de quien suscribe- se nos ocurren aquí tras la lectura de esta impecable obra.

En primer lugar, la A. sostiene (p. 41), junto con la gran mayoría de los estudiosos, que el inicio de la romanización de la Península viene a coincidir con la fecha de arranque de la conquista militar romana, es decir, el 218 a.C., y, por tanto, que detrás de ese proceso no habría sino un puro afán de expansión territorial imperialista del poder político romano. Sin embargo, nosotros hemos defendido en algún trabajo anterior[15], y seguimos manteniendo en la actualidad, que dicha fecha debería revisarse, puesto que las fuentes (v. gr. Pol. 2, 13, 2-3; 3, 15, 5-8; etc.) atestiguan suficientemente la existencia de contactos y acuerdos entre Roma y la Península previos al desencadenamiento de las nuevas hostilidades con la potencia cartaginesa y, por tanto, del inicio de las operaciones militares romanas en el territorio peninsular, y que tras estos contactos estarían sin duda intereses de tipo estratégico y comercial para Roma, pero también defensivo para determinadas comunidades hispanas, lo que de algún modo implica un primer grado de acercamiento de la población hispana hacia el ámbito civilizador de Roma anterior a todo choque de carácter estrictamente militar. Pues por el solo hecho de que Roma iniciara, en efecto, una conquista imperialista del territorio peninsular a partir de cierto momento, no hay que presumir necesariamente que no hubiera ya con anterioridad un movimiento de aproximación de determinadas poblaciones hispanas hacia la esfera de influencia romana, máxime cuando este hecho explicaría más fácilmente la rápida romanización de ciertos territorios hispanos y la pronta incorporación a la ciudadanía romana de determinadas élites locales, como muy bien apunta la A., por ejemplo, en relación con los Balbos de Gades (pp. 93 ss.)[16].

En segundo lugar, la A. afirma en alguna ocasión (p. 40) que las provincias, hasta la constitutio Antoniniana, formaban la parte principal del territorio del Imperium Romanum, pero sin ser territorio del Estado. Dejando aparte el hecho de que resulta muy discutible que pueda utilizarse la noción de "Estado" para hacer referencia al espacio romano de soberanía (y no, más bien, de una forma pre-estatal de dominación política)[17], lo cierto es que, si los tres grandes elementos constitutivos de todo Estado son el pueblo, el territorio y el poder público, no cabe duda de que las provincias, tanto por población como por territorio, eran parte integrante esencial del Estado romano, lo que se evidencia (como, por otra parte, explica muy bien la A.) a partir, sobre todo, de la conversión del significado de la provincia en referencia a un determinado espacio físico, a un ámbito territorial circunscrito bajo un poder soberano, y no tanto a una esfera de competencia magistratual. Es claro que si utilizamos los parámetros del Estado liberal, en que territorio y pueblo de un Estado coinciden en su definición y límites con los de una nación (en el sentido moderno de la palabra[18]), no podría atribuirse a las provincias romanas la consideración de parte integrante del Estado, al menos hasta la constitutio Antoniniana, puesto que la inmensa mayoría de sus habitantes quedaba fuera del cuerpo político de la ciudadanía romana, y en tal sentido sólo los cives Romani se encontrarían verdaderamente integrados en el cuerpo político de tal ente estatal (debe recordarse, con todo, que también en las provincias había un número creciente de ciudadanos romanos, como hemos tenido ocasión de señalar al hilo de la acertada exposición de la A.). Pero es obvio que tales parámetros no son aplicables a la realidad sociopolítica romana y, en consecuencia, en la medida en que sobre los territorios y los pobladores de las provincias -en tanto que súbditos- se extendía el ámbito de aplicación del poder soberano de Roma, podría decirse sin ambages que también formaban parte del "Estado" romano, puesto que tal organización política sería incomprensible sin el concurso de tal realidad espacial y personal.

Por último, en relación con el proceso municipalizador de Hispania, como hemos dicho, la A. asume, no sin cierta prudencia, la teoría de la existencia de una lex Flavia municipalis de Domiciano, adaptadora a Hispania de la lex Iulia municipalis de Augusto. Dicha teoría, que sin duda goza hoy de una mayoría de opiniones favorables en la doctrina[19], no está exenta de varios puntos débiles, que ya desde Mommsen se han puesto de manifiesto[20], y carece, a nuestro juicio, de un sólido apoyo en las fuentes[21]. Hubiera sido deseable, en nuestra opinión, que la A. hubiera dedicado un espacio mayor a la discusión de esta tesis tan debatida en la Romanística actual, de modo que hubiera dejado más claras las razones que la inclinan a pronunciarse en apoyo de dicha hipótesis. No obstante, en su favor hay que decir que esta cuestión tampoco resulta del todo decisiva a la hora de explicar el proceso de asunción de ciudadanía romana por parte de los Hispani, puesto que lo determinante para ello fue el hecho de la concesión del ius Latii por parte de Vespasiano, que, con independencia de que hubiera o no en Roma una ley general ordenadora del proceso de municipalización en Hispania, abrió la espita de manera definitiva para el acceso mediato a la ciudadanía de una gran cantidad de habitantes de la Península, allanando así el camino a la posterior generalización por la constitutio Antoniniana.

Estas tres observaciones aquí vertidas a vuela pluma no obscurecen en absoluto, como es obvio, la impresión general de que la obra que nos ocupa constituye una excelente síntesis, no exenta de interesantes aportaciones personales, de la communis opinio dominante en relación con el fascinante fenómeno de la romanización jurídica de Hispania.

 

NOTAS

[1]Un primer avance de este trabajo puede verse en su artículo "El largo camino de los hispani hacia la condición de cives", publicado en RGDR. 9 (2007) (www.iustel.com).

[2]Mª J. Bravo Bosch, Régimen de administración de minas en el Noroeste hispánico, en SDHI. 60 (1994), pp. 499-506; La misma., Evolución histórica y régimen jurídico de las explotaciones mineras en la Gallaecia romana (Orense, 1995).        [ Links ]         [ Links ]

[3]V. gr. H. Simon, Roms Kriege in Spanien: 154-133 v. Chr. (Frankfurt am Main, 1962); J. M. Roldán Hervás, Hispania y el ejército romano, contribución a la historia social de la España antigua (Salamanca, 1974); El mismo, Ejército y sociedad en la Hispania romana (Granada, 1989); P. Le Roux, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques: d'Auguste à l'invasion de 409 (Paris, 1982); A. Morillo - J. Aurrecoechea (eds.). The Roman Army in Hispania: an archaeological guide (León, 2006) (versión española, El ejército romano en Hispania: guía arqueológica (León, 2007).         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

[4]Sobre los rasgo jurídicos de la ciudadanía romana, y sus distintas categorías, véase una síntesis reciente en: F. J. Andrés Santos, Ciudadanos, peregrinos, latinos, en Lecciones de Derecho Romano - Iustel (en www.iustel.com).        [ Links ]

[5]Véase, al respecto, con carácter general: Á. Montenegro Duque, Época de la pax romana: evolución política, en Historia general de España y América (Madrid, 1987), II.        [ Links ]

[6]Cf. La edición de A. U. Stylow, en Studia Historica. Historia antigua 15 (1997), pp. 269 ss.; cf. Asimismo: A. Caballos Rufino, El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana (Sevilla, 2006).        [ Links ]         [ Links ]

[7] A pesar de las fundadas dudas suscitadas en la doctrina sobre su verdadera existencia, cf., más abajo, las notas 20 y 21.

[8]Véase, al respecto: M. Almagro-Gorbea y otros, Las guerras cántabras (Santander, 1999).        [ Links ]

[9]Véase sobre ello una primera noticia en: C. Rascón, Un edicto de Augusto concediendo la inmunidad a Paemeiobriga, en Labeo 46 (2000), pp. 7-9.        [ Links ]

[10]Cf. al respecto: Mª D. Dopico, Los "conventus iuridici". Origen, cronología y naturaleza histórica, en Gerión 4 (1986), pp. 265-283; y, últimamente, P. Ozcáriz Gil, Los conventus de la Hispania citerior (Madrid, 2006).        [ Links ]         [ Links ]

[11] La discusión en torno al origen de este edicto -tradicionalmente fechado en el 73-74 d.C.- viene referida en las pp. 196 a 201 de la monografía que comentamos.

[12]Sobre su contenido jurídico, véase ultimamente: Andrés Santos, Ciudadanos, peregrinos, latinos, cit. (n. 3).

[13]Véase la reciente edición del texto de la ley Malacitana, a cargo de A. U. Stylow, en Mainake 23 (2001) (monográfico: Las leyes municipales en Hispania. 150 aniversario de la Lex Flavia Malacitana), pp. 39 ss. (trad. esp. de M. del Pino Roldán); y de la ley Irnitana en F. Fernández Gómez - M. del Amo y de la Hera, La Lex Irnitana y su contexto arqueológico (Sevilla, 1990).        [ Links ]

[14]Mª J. Bravo Bosch, La "constitutio Antoniniana". Una reflexión subjetiva, en C. Rascón García (coord.), III Congreso Iberoamericano de Derecho Romano (León, 1998), pp. 37-42 [= Dereito. Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela 5 (1996), pp. 71-79]. Sobre el tema puede verse, además, últimamente: A. Bancalari Molina, Relación entre la "constitutio Antoniniana" y la "imitatio alexandra" de Caracalla, en REHJ. 22 (2000), pp. 17-29; El mismo, Derecho romano o Derecho local. Controversia a partir de la "Constitutio Antoniniana de civitate" de Caracalla, en Stylos 9 (2000), pp. 385-402; El mismo, Orbe romano e imperio global. La romanización desde Augusto a Caracalla (Santiago de Chile, 2007).        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

[15]E. Palma González - F. J. Andrés Santos, La presencia de Roma en la Península Ibérica antes del año 218 a. C.: motivaciones comerciales y políticas, en Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile 9 (1998), pp. 161-169; cf. También: F. Beltrán Lloris, El año 218 a. C. Problemas en torno al comienzo de la Segunda Guerra Púnica en la Península Ibérica, en Hannibal Pyrenaeum transgreditur: XXII centenari del pas d'Annibal pel Pirineu, 218 a. C. - 1982 d. C. [= V Col·loqui Internacional d'arqueologia de Puigcerdá (Puigcerdá, 1984), pp. 147-171].        [ Links ]         [ Links ]

[16]Sobre el contexto político e ideológico de esas élites locales, véase también: J. F. Rodríguez Neila, Sociedad y administración local en la Bética romana (Córdoba, 1981).        [ Links ]

[17]Véase: R. García Cotarelo (coord.), Introducción a la teoría del Estado (2ª edición, Barcelona, 1983), pp. 17 ss.        [ Links ]

[18]Cf. al respecto: G. Bueno, El mito de la Izquierda: las izquierdas y la derecha (Barcelona, 2003).        [ Links ]

[19]Barcelona, ahora, por todos: M. Kaser - K. Hackl, Römisches Zivilprozessrecht (2ª edición, München, 1996), p. 161 n. 71.        [ Links ]

[20]En relación con la lex Iulia municipalis (entonces atribuida erróneamente a Julio César) decía Mommsen: "Legem populi Romani nego ullam extitisse, quae statum municipiorum et coloniarum sive civium Romanorum sive Latinorum generaliter ordinaret" [en Gesammelte Schriften. Juristische Schriften (2ª edición, Berlin/Dublin/Zürich, 1965), I = 1904). Además de las opiniones críticas referidas por la A. en p. 214 n. 752, véase también: R. Mentxaka, El senado municipal en la Bética hispana a la luz de la "lex Irnitana" (Vitoria/Gasteiz, 1993), pp. 55 ss.         [ Links ]         [ Links ]

[21]Véanse otras indicaciones más detalladas en: F. J. Andrés Santos, Observaciones críticas en torno a la ley Flavia municipal, en L. Hernández Guerra - L. Sagredo San Eustaquio - J. Mª Solana Sáinz, Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. "La Península Ibérica hace 2000 años" (Valladolid, 2001), pp. 299-303.        [ Links ]

Francisco J. Andrés Santos
Universidad de Valladolid
España