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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.31 Valparaíso  2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552009000100023 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXI (Valparaíso, Chile, 2009)
[pp. 465 - 478]

BIBLIOGRAFÍA

De la Puente Brunke, José - Guevara Gil, Jorge Armando (editores), Derecho, instituciones y procesos históricos. XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (Lima, Fondo Editorial, Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008), 3 vols.


Se recogen en estos tres volúmenes las actas del XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, celebrado en Lima del 22 al 26 de septiembre de 2003. El contenido general de las mismas es el siguiente: el tomo primero está dividido en dos partes, la primera de las cuales está dedicada a los discursos de orden, en tanto que la segunda está referida a lo que los editores denominan "Sección general" de la que en este primer tomo se incluyen las comunicaciones referidas a fuentes; instituciones jurídica y económicas; e instituciones y procesos políticos. El tomo segundo concluye la Sección general, incluyendo las comunicaciones sobre Derecho canónico y eclesiástico; Derecho penal y familia; y personas, dando inicio a la tercera parte referida al Derecho indiano local, incluyéndose en este segundo tomo las comunicaciones sobre fuentes; juristas, letrados y autoridades; gobierno virreinal y municipal. Finalmente, el tercero de los tomos recoge la cuarta parte, dedicada a las pervivencias del Derecho indiano en la América independiente, incluyendo las comunicaciones sobre Derecho civil y procesal; Derecho público constitucional; y Derecho canónico y eclesiástico. El tomo finaliza con las actas de las sesiones desarrolladas durante el congreso.

Como he dicho, en el primer tomo, además de los discursos de orden, se incluyen las primeras comunicaciones de la Sección general, el primer grupo de las cuales se refiere a las fuentes. Un repaso de sus contenidos es el siguiente: Ana María Barrero García, Del De gubernatione indiarum a la Política indiana (pp. 103-116): aun cuando Solórzano presenta a la Política indiana como una traducción del De gubernatione, la a. aborda el análisis comparativo de las dos obras, limitándose en esta comunicación a los libros primero, cuarto y quinto referidos, respectivamente, a la condición de los indios, la gobernación temporal y la hacienda real; aparte de los cambios de estructura entre ambas obras, hay cambios de contenido que se traducen en una labor de síntesis del primer tomo que queda subsumido en un solo libro, ampliando y mejorando, en cambio, los libros cuarto y quinto, consecuente con la idea de dar a la Política un carácter más divulgativo, lo que se traduce en el sacrificio del aparato erudito con la consecuente dificultad para el estudioso actual para acceder al discurso jurídico que sustenta las conclusiones de Solórzano, amén de riesgos de error al situar en el tiempo de la Política sucesos ocurridos al menos diez años antes. César Guiven Flores, Los autos acordados de la real audiencia territorial de Puerto Rico (pp. 117-138): la audiencia empezó a funcionar el 23 de julio de 1832 y desde sus inicios empezó a archivar las resoluciones adoptadas en las sesiones de los reales acuerdos las que empezaron a publicarse en 1857 por iniciativa del colegio de abogados de Puerto Rico; el a. sitúa los auto acordados en su contexto histórico, los describe y los comenta. Esteban F. Llamosas, Una biblioteca regalista en la Córdoba de fines del siglo XVIII: las lecturas jurídicas del obispo Ángel Mariano Moscoso (pp. 139-157): gobernó la diócesis de Tucumán entre 1792 y 1804 y el estudio de su biblioteca se hace a partir del inventario de sus bienes antes de hacer su entrada a la diócesis. Aunque la biblioteca ya había sido estudiada por Luque Columbres con anterioridad, al a. identifica más obras jurídicas y la sitúa en su contexto: formada principalmente en Santa Cruz de la Sierra donde Moscoso ocupó varios puestos de gobierno eclesiástico, el conjunto conforma una librería pequeña, práctica y necesaria para el desempeño de sus obligaciones, de orientación regalista y con algunos rasgos modernos.

Ana María Martínez de Sánchez, Ley y doctrina en el Tractatus de bulla cruciatae de Ladislao Orosz (pp. 159-180): el autor del Tractatus era jesuita húngaro y enseñó lógica y metafísica en la Universidad de Córdoba. La lectio estudiada en esta comunicación fue escrita en el curso que dictó el año 1734 y de ella la a. analiza las fuentes del Derecho, leyes y autores, tanto de doctrina jurídica como moral, utilizadas por Orosz; no se hace, empero una análisis de todo el aparato de citas de la obra estudiada, sino sólo en la perspectiva que interesa a la a., esto es, la ley y la doctrina, constatando la pluralidad de pareceres sobre temas puntuales dentro de la propia escolástica y cómo se educaba en lo jurídico bajo una doble vertiente que era imposible aislar, como súbditos de la Corona y como fieles de la Iglesia. Enriqueta Vila Vilar, Teresa Vila Vilar, Algo más sobre los pleitos colombinos: nuevos elementos jurídicos (pp. 181-196): las aa. estudian un documento recogido en el primer volumen de los documentos sobre los pleitos colombinos, publicados por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, en que aparece un texto en latín, recientemente traducido al castellano, que fue presentado por el abogado contratado por Colón y que probablemente fue un argumento útil para que la sentencia del llamado Pleito de Sevilla finalmente fuera más favorable a las pretensiones de los descendientes del almirante de lo que cabía suponer. Las AA. presentan y analizan el documento, en el que se defiende la validez de los dos privilegios concedidos y de la Capitulación, defensa apoyada con más de trescientas citas de jurisprudencia; fue una defensa hábil que debió ocupar el Derecho tradicional para abordar un tema que resultaba en muchos aspectos inédito y de una magnitud insospechada, pero el abogado tenía la lucidez y la preparación necesarias para hacer razonamientos perfectamente sistematizados y documentados que hicieron que la sentencia de Sevilla de 1511 fuera para los Colón la más favorable de todas las que se dictaron en las distintas etapas de los enrevesados y dilatados pleitos colombinos. Mario Carlos Vivas, Influencia de los elementos naturales en el Derecho indiano a través del Cedulario de Encinas (pp. 197-213): durante la época que comprende el Cedulario la monarquía hispana manifestó su preocupación por implantar en Indias un Derecho justo, teniendo en cuenta nuevos principios jurídicos para regir en un mundo nuevo de gran variedad geográfica, étnica y cultural, elementos que, al impedir la vigencia sin más del Derecho castellano, influyeron de manera importante en la formación de un Derecho nuevo. Ricardo D. Rabinovich-Berkman, Aplicación de técnicas pedagógicas modernas a la enseñanza del Derecho indiano y las demás materias histórico-jurídicas (pp. 215-226): se exponen algunas experiencias pedagógicas que un grupo de docentes ha venido realizando desde hace algunos años en la enseñanza de materias histórico-jurídicas en universidades argentinas y brasileñas, en cursos de pregrado y doctorado; la variedad de cursos, el número de alumnos y el lapso de tiempo utilizados son suficientemente amplios como para extraer conclusiones y formular reflexiones que el A. comparte en esta comunicación.

El segundo grupo de comunicaciones publicadas en el primer volumen de estas actas corresponde a Instituciones jurídicas y económicas, las que se inician con Raquel Bisio de Orlando, Las temporalidades de Salta (pp. 229-259): se continúa con esta comunicación una amplia investigación destinada al estudio general de las temporalidades rioplatenses, de las que se han concluido las de Buenos Aires, San Juan, Catamarca, San Luis, Córdoba, Corrientes, Tucumán y La Rioja; se estudian para todas ellas y para las de Salta en particular que es la publicada en estas actas, la organización administrativa, la actuación de los funcionarios designados, la determinación y valoración de los bienes existentes y los diversos destinos dados a los bienes de la Compañía de Jesús incautados por la Corona al producirse su expulsión de España y América en virtud del Real Decreto de Carlos III de 27 de febrero de 1767. Lutgardo García Fuentes, La oposición del Consulado de cargadores a Indias a la creación de compañías comerciales privilegiadas (s. XVII) (pp. 261-272): durante el siglo XVIII hubo diversos intentos para la fundación de una Compañía de comercio armado con las Indias, siguiendo el ejemplo de la rentabilidad de las compañías inglesas y holandesas, pero todos ellos tuvieron la oposición del Consulado de cargadores a Indias de Sevilla; como el tema ha sido insuficientemente estudiado, el a. aborda aspectos no tratados por los estudios anteriores, tratando de dar un explicación a los fracasados intentos de fundación de dicha Compañía. Fernando Martínez Pérez, La orden apócrifa de 1810 sobre comercio libre en América. Lectura histórico-jurídica (pp. 273-295): se examina una norma non nata, la real orden de 17 de mayo de 1810 referida a la liberalización del comercio activo con los extranjeros en puertos americanos, atribuida al Consejo de regencia que fue declarada apócrifa por el propio Consejo, que ordenó su destrucción y la apertura de una causa criminal para descubrir y castigar a los responsables de tal acto de suplantación de la voluntad soberana; interesa al a. el modo de legislar que se da en un momento irrepetible, no sólo por el contexto, sino porque se trata de un punto de inflexión entre antiguo y nuevo régimen, caracterizado por el encuentro entre una concepción tradicional y casuista y otra novedosa y sistemática de comprender el proceso de producción normativa.

Continúan las comunicaciones referidas a Instituciones jurídicas y económicas la de Emma Montanos Ferrín, El sistema del Ius commune en la literatura jurídica indiana. La datio in solutum y el Derecho de retracto en la obra de Juan de Matienza (pp. 297-308): análisis del ejercicio del Derecho de retracto parental y de la situación que puede encarnar un fraus legis como es la datio in solutum ejercida como venta encubierta, a partir del tratamiento que de ella hace Juan de Matienzo en sus Comentaria in librum quintum recollectionis legum Hispaniae, Mantua Carpetanae, 1580. Gisela Morazzani-Pérez Enciso, El régimen de estanco del tabaco bajo la administración de don Francisco de Saavedra (1783-1788) (pp. 209-342): la llegada de Francisco de Saavedra a la intendencia de ejército y real hacienda de la capitanía general de Venezuela no alteró la continuidad del programa de gobierno iniciado por su antecesor de regentar el estanco de la renta de tabaco directamente a través de su arriendo, pero introdujo los cambios administrativos que exigía el proceso evolutivo del régimen de estanco para favorecer y consolidar el tributo, creando un sólido cuerpo administrativo conformado según los postulados reales y los mandamientos peninsulares, que es estudiado en sus pormenores. Carlos Mario Storni, La tenencia de la tierra. El contrato de arrendamiento rural en el Río de la Plata (siglo XVIII) (pp. 343-360): se comentan algunas normas de Derecho rural que rigieron en la América hispana, con particular referencia al Río de la Plata, en las que se encuentran datos que permiten descubrir cómo se generó, más allá del Derecho común europeo y del Derecho indiano aportado por España, otro Derecho nacido de la peculiaridad americana tanto en su materialidad física como en su sociabilidad humana, Derecho con raíces en dichos ordenamientos pero que complementó, haciéndolos aplicables, ajustándolos, modificándolos o simplemente dejándolos de lado, dando lugar a normas originales.

Siempre entre las comunicaciones referidas a Instituciones jurídicas y económicas está la de Marta Milagros del Vas Mingo y Miguel Luque Talaván, Cambios y bancos en el Labyrintho de comercio terrestre y naval... de Juan de Hevia Bolaños (pp. 361-400): con ocasión del análisis de los temas enunciados en el título en la obra allí mismo indicada, los aa. ofrecen una visión sintética de la literatura jurídica indiano de temática marítimo-mercantil en los siglos XVI y XVII, algunos perfiles biográficos de su autor aportando un apéndice cronológico de su vida, y concluyen con unas consideraciones acerca de las fuentes del Labyrintho en general y de la materia de cambios y bancos en particular. José Luis Soberanes Fernández, El Juzgado general de bienes de difuntos (pp. 401-426): las normas que regulaban la actuación de este Juzgado, no suficientemente estudiado, pueden ser analizadas desde la perspectiva del Derecho fiscal o del Derecho sucesorio; en esta comunicación se estudia la naturaleza del Juzgado general de bienes de difuntos a través de su evolución normativa, considerando implícitas los dos posturas anteriores. Para ello, el a. no sólo acude a las normas especiales que regulaban su actuar, sino también a las referidas a otras instituciones estrechamente vinculadas al Juzgado como son la Casa de Contratación, las audiencias y la real hacienda.

Todavía en el primero de los volúmenes de estas actas se recoge el grupo de comunicaciones que dice relación con Instituciones y procesos políticos; de ellas, un primer grupo se detiene en aspectos diversos del Consejo de Indias, la primera de las cuales es la de Agustín Bermúdez Aznar, El oficio de relator del Consejo de Indias (siglos XVI-XVII) (pp. 429-456): estudio institucional de esta figura de la administración indiana cuya configuración el a. analiza en el contexto institucional castellano (1524-1571), poniendo de relieve la escasa legislación indiana sobre este oficio entre 1571 y 1680, para concluir con la configuración resultante en la Recopilación de Indias de 1680. José Antonio Escudero, El gobierno del Consejo de Indias entre los siglos XVI y XVII (pp. 457-469): no se trata de añadir erudición y datos a un Consejo bien conocido, sino de reflexionar sobre las líneas maestras y etapas de la vida del Consejo en el período fijado por el a., para quien el gobierno interno del Consejo se desenvolvió en función de una dialéctica cíclica y de signo cambiante entre presidente y secretario para el control del mismo. Rafael D. García Pérez, El gobierno y suprema jurisdicción del Consejo de Indias en el reinado de Carlos III: apuntes para una revisión historiográfica (pp. 471-492): el panorama que presenta la evolución del Consejo de Indias y, en general, el gobierno americano desde la Corte, durante el siglo XVIII merece ser objeto de un tratamiento más profundo que tenga en cuenta, entre otras cosas, la lógica y los mecanismos institucionales propios del Antiguo Régimen, las diferentes etapas por las que atravesó la monarquía hispánica, las variaciones en la composición interna del Consejo y un sinfin de circunstancias que condicionan nuestra visión de los siglos premodernos; el a. proporciona algunas pautas para avanzar en la mejor comprensión de la fisonomía y funcionamiento de las instituciones superiores del gobierno de las Indias durante el período estudiado. Margarita Gómez Gómez, La secretaría de la presidencia del Consejo de Indias y sus competencias documentales (pp. 493-514): se pretende analizar, el origen, constitución y funciones de la llamada Secretaría de la presidencia del Consejo de Indias, una institución poco conocida cuyo trabajo consistía en auxiliar al presidente o gobernador del Consejo en el desempeño de sus funciones.

Las siguientes comunicaciones siguen abordando instituciones y procesos políticos; José M. Marilúz Urquijo, El rey en el pensamiento político del setecientos rioplatense (pp. 515-525): por su lejanía, el rey era para los rioplatenses un ente abstracto cuyos atributos y características se conocían a través de informaciones orales o literarias y no por una vivencia personal; sermones, escritos, ceremonias, pintura, medallas o monedas constituían la única vía para formarse una idea de lo que representaba ese ser nunca visto del que emanaban todas las potestades. Daisy Rípodas Ardanaz, Una imagen de rey modélico en la América de los Austrias. La propuesta de las exequias y proclamaciones reales (pp. 527-553): a través de un número razonable y significativo de exequias y proclamaciones reales, la a. intenta acercase a la imagen de rey modélico ofrecida en Indias en la época de los Austria, complementada con las honras de las reinas y las fiestas por el nacimiento o muerte del príncipe de Asturias. José María Vallejo García-Hevia, La audiencia real de los confines y su primer presidente, el licenciado Alonso Maldonado (1544-1548) (pp. 555-600): las Leyes Nuevas de 1542 disponían la creación de una audiencia en los confines de las provincias de Guatemala y Nicaragua, la que fue erigida al año siguiente, nombrándose su primer presidente en tiempos en los que era obispo de Chiapas Bartolomé de las Casas con quien tuvo serios desencuentros; el a. estudia estos primeros años, las acusaciones contra Maldonado cuando dejó la audiencia guatemalteca y proporciona noticias sobre el destino posterior del mismo hasta su muerte al zozobrar el navío que lo conducía de España a Yucatán.

Las dos siguientes comunicaciones se refieren a temas que hasta el momento han sido poco estudiados: María Magdalena Martínez Almira, La acción de la justicia ante la presencia de musulmanes en territorio indiano en el siglo XVI (pp. 601-632): la emigración a las nuevas tierras americanas era una posible solución que tenían los moriscos conversos para superar la difícil situación en que se encontraban en la península, pero eran pocas las posibilidades de obtener licencia, porque hubo un importante elenco normativo promulgado con el objeto de prohibir, controlar y castigar la violación de las normas legales establecidas respecto a los musulmanes que pretendían pasar al Nuevo Mundo; el a. estudia estas normas y los órganos e instituciones responsables de la persecución del trasporte ilegal de musulmanes a Indias, y las medidas de control y persecución de conversos en los territorios indianos. Ditlev Tamm, Las islas americanas (pp. 633-638): era el nombre con que eran conocidas en la lengua oficial danesa las tres islas vírgenes que constituían la colonia danesa en las Indias, las islas de Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz; las investigaciones, todavía parciales, permiten al a. sostener que la situación geográfica de las islas americanas danesas y su población tan mezclada llevaría a modificaciones notables en el sistema de justicia de las islas, de modo de ser un sistema que califica de mixto, con la impresión general que los jueces daneses y el sistema se basaban fundamentalmente en los principios del Derecho danés no obstante las influencias notables del sistema jurídico inglés.

El primero de los volúmenes de estas actas concluye con las siguientes dos comunicaciones: Manuel Torres Aguilar, El control de la prensa en América a fines del siglo XVIII: el caso de la Gaceta de Guatemala (pp. 639-666): después de algunas consideraciones introductorias sobre la regulación de la prensa en el siglo XVIII por parte del Consejo de Castilla, la situación política y la prensa en América, el a. describe un expediente judicial referido a la Gaceta de Guatemala periódico que, si bien había aparecido por primera vez en 1729, había desaparecido en fecha no precisada, para reaparecer años más tarde al margen de la Iglesia y con una finalidad bien distinta que es la que acapara su atención; se analizan sus orígenes, el expediente de solicitud de licencia de impresión, su suspensión ocurrida apenas un año después de iniciarse esta segunda etapa alegándose en el auto que la ordenaba la escasez de papel; los recursos para revertir tal suspensión y la razón real de la misma, que era que la Gaceta se había constituido en medio para publicitar las ideas de la Real Sociedad Patriótica de Guatemala, abordando viejas cuestiones de una nueva forma que aunque constituían una crítica blanca, fue el origen del cuestionamiento de la dependencia de España. El expediente está inconcluso por lo que no se puede saber el resultado final de estas gestiones; se sabe, en cambio, que meses después la Gaceta reapareció y se publicó largamente en la centuria siguiente. Arno Wehling y María José Wehling, Inovação legislativa e unificação jurisprudencial como instrumento de razionalização no Brasil pombalino e pós-pombalino, 1750-1808 (o caso da justiça e do directo) (pp. 667-682): en el caso de la administración colonial de Brasil se observa, a partir del consulado pombalino iniciado en 1750 hasta la instalación del gobierno metropolitano en Río de Janeiro en 1808, la misma tendencia a la centralización política y administrativa observable en la mayor parte de los estados europeos en el siglo XVIII; ello se advierte en el nuevo sentido de la ley, las innovaciones legislativas, el rechazo al excesivo uso de la doctrina en los procesos judiciales, la hostilidad al Derecho común y los esfuerzos por la uniformidad jurisprudencial, entre otros.

El segundo de los volúmenes que recogen estas actas se inicia con cuatro comunicaciones referidas al Derecho canónico y eclesiástico: José Antonio Benito Rodríguez, La bula de cruzada en Perú (pp. 17-35): a partir de documentación del Archivo de Simancas se analizan algunos pormenores de los primeros años de su establecimiento, con detalles particulares referidos al virreinato peruano. Nelson C. Dellaferrera, Los registros de la propiedad eclesiástica según la legislación sinodal de la arquidiócesis de la Plata (Chuquisaca) (pp. 37-54): se estudian las disposiciones canónicas implementadas por la Iglesia hispanoamericana en orden a la publicidad y registro de los bienes eclesiásticos; el trabajo se circunscribe a la legislación conciliar limeña, mexicana, dominicana y platense, y a las disposiciones sinodales del arzobispado de la Plata de los siglos XVII y XVIII. Mónica P. Martini, El ejercicio del patronato real en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario (1665-1810) (pp. 55-84): se describe el patronato real respecto de este colegio mayor fundado por el arzobispo de Nueva Granada hacia la mitad del siglo XVII cuyos aspectos más importantes eran la intervención en las elecciones de rectores, vicerrectores y catedráticos, la participación en la provisión de colegiaturas vacantes y en el acto de despojo de las becas, y el auxilio económico; los momentos de mayor tensión en el ejercicio del patronato real se produjeron en la segunda mitad del siglo XVIII cuando el avance del regalismo intentó intervenir más activamente en la elección de los catedráticos y la implantación del censor regio. Luisa Miller Astrada, Los aranceles de los Derechos eclesiásticos en el obispado del Tucumán (pp. 85-99): creado el obispado de Tucumán, su segundo obispo, fray Fernando de Trejo y Sanabria, convocó un sínodo que se reunió en Santiago del Estero de 1597 para tratar los aranceles que deberían pagar los encomenderos por los servicios religiosos prestados a los indios, los que fueron rehechos diez años después; el paso de los años, sin embargo, mostró que la realidad era algo diversa lo que motivaba la queja de los vecinos que no pocas veces desembocaron en la justicia eclesiástica y civil.

Las tres comunicaciones siguientes se refieren al Derecho penal: Abelardo Levaggi, Ideas penales del fiscal de la audiencia de Buenos Aires Francisco Manuel de Herrera (1790-1799) (pp. 103-118): Herrera, único fiscal en lo criminal de la audiencia de Buenos Aires entre 1790 y 1799, en las numerosas causas en que intervino no se distinguió por los desarrollos doctrinales, ratificó la supremacía de los Derechos divino y natural y se mantuvo en un plano de equilibrio entre la aplicación del castigo y el respeto a los Derechos del reo; sin embargo, aunque vivió en pleno apogeo iluminista, no parece que sus ideas humanitarias respondieran a esa ideología o que fueran consecuencia directa de ella. Nelly R. Porro Girardi, La mesadura en Indias. Un trasplante jurídico-cultural (siglos XVI y XVII) (pp. 119-140): barba y cabello son los lugares de una serie de gestos asumidos por el Derecho, tanto civil como canónico, que pueden ser de injuria, de castigo o lamento, siendo la mano el instrumento ejecutor de la mesurada, mano que podía estar abierta o cerrada, una o ambas, y en muchas ocasiones la sola mano derecha; se estudian los antecedentes lejanos, la terminología en la poesía, las crónicas y los textos legales, hecho lo cual se estudia la mesadura en el ámbito indiano. Ramón Pedro Yanzi Ferreira, Los delitos contra la propiedad en la jurisdicción de Córdoba del Tucumán. Siglo XVIII (pp. 141-150): se estudia el delito desde una visión de conjunto, proporcionando una mejor comprensión de cómo funcionaba la organización de la justicia castellana en una remota jurisdicción del imperio, donde el rígido esquema de las pruebas legales se muestra mucho más flexible y elástico al aplicarse por jueces legos que se dejaban guiar preponderantemente por su conocimiento personal de la causa, del medio y del propio reo y hasta sus propios intereses de clase a la hora de impartir justicia.

Las siete siguientes comunicaciones se refieren a familia y personas: José Andrés-Gallego, Los fundamentos doctrinales del Derecho indiano de esclavos (pp. 153-178): descripción de la discusión doctrinal sobre el tema, que llevó a un pronunciamiento de Roma en 1686 en que el Santo Oficio afirmaba que no era lícito hacer esclavos entre los negros y demás salvajes por medio de dolo, si no habían perpetrado ninguna ofensa que lo justificase; tampoco venderlos, por tanto, no hacer contrato alguno sobre la base de su esclavitud; para retener como esclavo a una de esas personas, era imprescindible moralmente comprobar la justicia de su cautividad; sin esa comprobación, era moralmente obligado a manumitirla y, no solo a esto, sino a indemnizarla. La carta fue enviada a los obispos de Angola, Cádiz, Sevilla, Málaga y Valencia y a los nuncios de España y Portugal, para que actuaran sobre los sacerdotes y misioneros de sus demarcaciones, pero, al no depender de Propaganda Fide, sino del regio patronato de los reyes, tal pronunciamiento tuvo poco efecto. Marcela Aspell, ¿Qué quedará de mí cuando te vayas? Abandono y violencia en los contextos familiares indianos del último cuarto del siglo XVIII (pp. 195-226): el matrimonio canónico en Indias, a pesar de los cuidados, debió convivir con otras formas de relación, entre las que se encontraba la barraganía, las uniones esporádicas y el amancebamiento, todas ellas recorridas, en ocasiones, por la sombra del adulterio cuando uno o ambos miembros de la pareja estaban casados con otras personas. Se estudia esta realidad paralela al matrimonio a partir de expedientes judiciales de Córdoba de Tucumán. Francisco Cuena Boy, La prohibición del matrimonio del funcionario con mujer de la provincia en la que sirve: del Derecho romano al Derecho indiano (pp. 227-256): se exponen concisamente los datos de las fuentes romanas sobre la prohibición del matrimonio de los magistrados y funcionarios provinciales con mujeres oriundas o domiciliadas en la misma provincia; después se hace lo propio con el Derecho común y de Castilla y con el Derecho indiano, sirviéndose principalmente para este último de Solórzano Pereira. Viviana Kluger, Las fuentes del Derecho en los pleitos de familia (virreinato del Río de la Plata) (pp. 257-284): después de describir las disposiciones castellanas sobre la familia, el Derecho de familia indiano y la doctrina de los autores castellano-indianos sobre el tema, se analiza la efectiva aplicación de dicha normativa en la praxis judicial a través de expedientes sobre pleitos sustanciados en Buenos Aires o en otras jurisdicciones, pero que llegaron a la audiencia de Buenos Aires; en ellos aparecen con frecuencia el Derecho romano, las disposiciones castellano-indianas, la doctrina de los autores, especialmente los prácticos y la opiniones morales de los teólogos morales de los siglos XVI y XVII. Mafalda Victoria Díaz-Melián de Hanisch, Personas: de los hijos y potestad de los padres (pp. 285-291): se estudia la parte pertinente de un manuscrito anónimo de 1830 que refleja las lecciones del profesor Pedro Somellera en la joven universidad de Buenos Aires. Manuela Mendonça, Portugueses no Perú no seculo XVI (pp. 293-306): en el siglo XVI no fue Brasil el único destino de los portugueses que viajaban a las Indias occidentales, pues Perú fue uno de esos otros destinos; se ofrece información sobre el estado civil de los arribados al virreinato peruano, sus años de permanencia y su origen; eran, por lo general, pilotos, marineros, negociantes, desterrados e incluso vagabundos.

En este segundo volumen se publican las comunicaciones que integran la tercera parte, dedicadas al Derecho indiano local, las que aparecen agrupadas en tres apartados diversos, el primero de los cuales se refiere a las fuentes: Víctor Tau Anzoátegui, Una visión historiográfica del Derecho indiano provincial y local (pp. 309-336): el a. incursiona en los hijos conductores de la noción de Derecho indiano, tal como ha sido presentada por sus principales figuras y seguida por la inmensa mayoría de sus cultivadores en punto al fenómeno jurídico local, estableciendo etapas y ámbitos, ubicando la más reciente bibliografía que, en general, abriga una tendencia renovadora en lo referido al Derecho local. María Rosa Pugliese La Valle, El Derecho indiano: perspectiva de lo local en el virreinato del Río de la Plata. Con especial referencia a Buenos Aires y Montevideo (pp. 337-352): reflexiones sobre el concepto de Derecho indiano local en algunos de los iushistoriadores que se han referido al tema, con una aproximación a los temas que quedarían incluido en lo local, ejemplificando algunos elementos con un documento de 1803 referido a Montevideo y Buenos Aires. Manlio Bellomo, Más allá de la obligación contractual en Juan de Solórzano y Pereira (pp. 353-361): se analiza el paralelismo que hace Solórzano entre las obligaciones de los indios que vivían en las encomiendas y los massarii de la Italia septentrional, en ambos casos en un marco de confrontación entre violencia y Derecho, con la clara conciencia por parte de Solórzano de que la historia se estaba repitiendo. Con todo, aunque Solórzano no justifica la esclavitud, no reniega del todo del sistema de los indios forzados ni tampoco de la mala consuetudo que impone obligaciones involuntarias, incluso contra disposiciones regias expresas. Jaime del Arenal Fenochio, Los decretos criollos del conde del Venadito (pp. 363-376): se hace un repaso de la actividad legislativa de quien fuera el último virrey de Nueva España y que gobernara entre 1816 y 1821, don Juan Ruiz de Apodaca y Eliza. José Enciso Contreras, Decretos inhibitorios, justicia privativa provincial y local. El caso del conde de Santa Rosa en Zacatecas (s. XVIII) (pp. 377-396): relato del actuar del recién nombrado corregidor de Zacatecas, don Felipe de Otaduy, quien tomó posesión de su cargo en 1701, cuyo celo en el ejercicio de la autoridad lo enemistó con quienes abusaban de ella, hasta obligarle a salir del territorio, no obstante lo cual, el Consejo de Indias lo restableció en el cargo a petición suya.

El segundo apartado de esta tercera parte está dedicado a los juristas, letrados y autoridades, iniciándose con la comunicación de István Szászdi León-Borja, La creación de Derecho durante la gobernación de Pedrarias Dávila en Castilla del Oro (pp. 399-414): se ofrece una visión general de la gobernación de Pedrarias Dávila en Tierra Firme, desde el punto de vista del desarrollo de las instituciones indianas y del Derecho indiano local, entre 1514 y 1526. Jorge Basadre Ayulo, Los juristas indianos: apuntes someros sobre sus alcances, vidas y obras (pp. 415-424): el a. presenta apuntes biográficos de 17 juristas indianos: Ignacio de Aibar y Eslaba, Miguel de Agia, Rodrigo de Aguiar y Acuña, Sebastián de Alarcón y Alcocer, Francisco de Alfaro, Diego de Altamirano, Alonso de Alvarado, Bernardo Álvarez del Ron, Antonio Álvarez del Ron Zúñiga, Francisco Álvarez Gato, Pedro de Astorga, Martín de Arriola Valerdi, José de Arris, Bernardo de Arviza y Ugarte, Tomás de Avendaño, Juan Azaña y Palacios, Miguel de Azaña y Palacios; todos los juristas presentados inician sus apellidos con la primera letra del alfabeto. Teodoro Hampe Martínez, Los abogados de Lima colonial. Una perspectiva cultural y social de la profesión legal (pp. 425-437): inspirado en los ensayos de Sugarman y Pue sobre la profesión de abogado, se pretende comprender las complejas maneras en las cuales los abogados de la ciudad de Lima fueron construidos imaginativa e institucionalmente, sobre todo durante el siglo XVII o etapa de madurez del régimen colonial, para lo cual cubre una serie de temas relacionados con la perspectiva cultural y social, tales como su formación profesional, sus relaciones con el Estado metropolitano, la estructura de su carrera, etc. Alberto David Leiva, El doctor barón del pozo, un pícaro letrado en el virreinato rioplatense (pp. 439-462): se describen aspectos biográficos de Juan José Mariano Barón del Pozo, natural del Río de la Plata, doctorado en Derecho por Salamanca y regresado a Buenos Aires en 1780 donde, instalado en la capital del nuevo virreinato, se entregó a reprensibles excesos de conducta. Alejandro Mayagoitia, Los rectores del ilustre y real colegio de abogados de México: la primera generación (1760-1783) (pp. 463-506): después de explicar el nacimiento del colegio de abogados de México y de describir su organización y el papel del rector, se presenta la biografía de los once rectores del período enunciado en el título de la comunicación; se concluye con algunas generalidades sobre la carrera de los rectores, que servía tanto como parte de una estrategia de ascensos con miras a la obtención de empleos superiores, como a quienes, dedicados a los litigios o con independencia de medios, miraban el rectorado como un fin en sí mismo. José de la Puente Brunke, Notas sobre el funcionamiento de la audiencia de Lima a mediados del siglo XVII (pp. 507-516): el funcionamiento de la audiencia de Lima en el siglo XVII presentó una serie de dificultades, derivadas de los problemas que debían enfrentar por entonces todos los agentes de la administración pública en Indias y, sobre todo, por la variedad de asuntos que los ministros togados debían atender; dentro de ese marco se estudia el funcionamiento de la audiencia limeña en los años centrales del seiscientos.

El tercer grupo de comunicaciones de la tercera parte de estas actas, parte dedicada al Derecho indiano local, se centra en el gobierno virreinal y municipal. La primera comunicación es de Oscar Cruz Barney, El nacional consulado de comerciantes de Puebla: 1821-1824 (pp. 519-552): en Puebla funcionó una diputación del consulado de México entre 1816 y 1821; después, posterior a la independencia, como Nacional Tribunal del Consulado de Puebla, entre 1821 y 1824, período en el que se presenta en materia mercantil, como en el resto del sistema jurídico mexicano, un proceso de transición del Derecho indiano al Derecho nacional, con una clara supervivencia del primero; se describe el funcionamiento de la diputación, primero, y del tribunal del consulado, después, hasta su supresión en 1824. Alí Enrique López Bohórquez, La real audiencia de Caracas y la independencia de Venezuela (pp. 553-566): presenta la actuación del tribunal caraqueño entre 1808 y 1821, considerando su posición ante la invasión de Napoleón a España, los sucesos ocurridos particularmente en Caracas a partir de 1810, la situación organizativa de la audiencia durante esos años, así como las propuestas que en materia de justicia hicieron los líderes de la rebelión para sustituir a los tribunales españoles, particularmente la audiencia. Marta Lorente, El fracaso de la intendencia en Honduras: la alcaldía mayor de Tegucigalpa (1799-1819) (pp. 567-589): reflexiones sobre el expediente de segregación de la alcaldía de minas respecto de la intendencia de Honduras, iniciado a finales del siglo XVIII, cuyo estudio devela, en opinión de la a., las claves principales de una mecánica institucional que permitió la ruptura de la intendencia de Honduras, y los límites del reformismo borbónico. Consuelo Maqueda Abreu, Las reformas borbónicas en los inicios del siglo XVIII: el virreinato de Nueva Granada (pp. 591-634): estudio de los primeros veinte años del reinado de Felipe V, estructurado en dos períodos perfectamente definidos, los años iniciales de la centuria hasta 1715 y una segunda etapa que abarca los años de 1715 a 1720, analizando en cada época los aspectos políticos, administrativos y económicos. Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño: Los obispos-virreyes en la Nueva España, una sola espada (1584-1696) (pp. 635-652): reflexiones acerca de los obispos-virreyes a partir de las figuras de Pedro Moya de Contreras (1584-1586), Juan de Palafox y Mendoza (1642) y Juan de Ortega Montañés (1696); según el a. es demasiado complejo definir o precisar los límites entre un Derecho eclesiástico indiano en strictu sensu, o un Derecho canónico indiano, o un Derecho canónico liso y llano; las dos espadas de que habla Gelasio I, fundidas en un solo hombre, además, prelado, presenta un panorama cuya incógnita es muy difícil de despejar, pero es claro que los obispos fueron hombres de confianza tanto para el rey como para el Consejo de Indias, eran la encarnación del príncipe cristiano que la literatura moral de la época, inserta en la Escuela de Salamanca, mostraba como un camino virtuoso muy distinto al que en los albores de la modernidad había ofrecido Nicolás Maquiavelo, y no defraudaron tales expectativas, no obstante que la propia Corona no fuese promotora de gobiernos clericales. Juan Pablo Salazar Andreu, Algunos aspectos jurídicos y políticos del obispo virrey Diego Osorio Escobar y Llamas (1656-1673) (pp. 653-670): Osorio detentó la mitra de Puebla de los Ángeles durante 17 años, fue virrey durante dos meses y medio en 1664, en reemplazo del corrupto conde de Baños mientras arribaba el marqués de Mancera; se analizan aspectos jurídicos y políticos de su gestión.

El volumen tercero de estas actas recoge la cuarta y quinta parte de las mismas, la cuarta, dedicada a las comunicaciones presentadas en torno a la pervivencia del Derecho indiano en la América independiente; y la quinta a las actas de las sesiones. Las comunicaciones referidas a la pervivencia del Derecho indiano una vez producido el movimiento emancipador en el continente, están distribuidas en tres secciones diversas: Derecho civil y procesal, Derecho público y constitucional, Derecho canónico y eclesiástico. Cuatro son los trabajos referidos al Derecho civil y procesal: Jenny Barra Hurtado, Instituciones procesales del juicio ejecutivo tributario indiano conservadas hasta hoy en el Derecho patrio chileno (pp. 15-30): en el que se presenta un estudio normativo resultante de comparar la legislación hispana e indiana con la legislación chilena actual en lo que respecta al procedimiento ejecutivo de cobranza de impuestos dirigido contra los contribuyentes, el que en la actualidad conserva varias de las características distintivas del procedimiento indiano poniéndose de relieve las más destacables. Alejandro Guzmán Brito, La pervivencia de instituciones sucesorias castellano-indianas en las codificaciones hispanoamericanas del siglo XIX (pp. 31-88): se plantea la pervivencia del antiguo Derecho privado no en términos formales, sino materiales, por lo que pretende indagar si alguna masa de ese Derecho, y en qué medida, fue trasladada a los nuevos códigos civiles para darles contenido, lo que hace limitado al Derecho sucesorio castellano-indiano, tratando de verificar la presencia de este Derecho en aquella parte de los Derechos patrios representada por los códigos civiles; lo hace, prestando atención a las siguientes figuras sucesorias: las formas testamentarias, el testamento por comisario, las sustituciones, la mejora, la cuota de libre disposición, la porción legítima y la cuarta marital. La investigación la hace considerando seis códigos básicos: Bolivia (1830), Perú (1852), Chile (1855), Uruguay (1868), Argentina (1869) y México (1870). Las figuras del antiguo Derecho más repudiadas fueron el poder para testar y la sustitución fideicomisaria; las figuras más aceptadas fueron la porción conyugal y el quinto libre. La impresión general que causan estos seis códigos primordiales es que, salvo en el tema de poder para testar y de sustitución fideicomisaria, se comportaron de un modo bastante apegado a la tradición, conclusión que no se altera sustancialmente cuando se añaden a consideración a los códigos derivados de algunos de los seis códigos básicos. Galvarino Palacios Gómez, Pervivencia de normas y prácticas notariales indianas en el Derecho patrio chileno (pp. 89-106): la legislación hispano indiana sobre escribanos y escribanías pervivió en Chile, con pocas alteraciones, hasta el año 1925, acomodada a la realidad institucional republicana, constituyendo la supervivencia directa y literal más prolongada de la legislación hispano-indiana en el Derecho patrio chileno. A partir de la emisión de la ley del notariado en 1925 y del Código Orgánico de Tribunales en 1943, han pervivido conceptualmente, aunque no literalmente, muchas de las disposiciones e instituciones del notariado indiano en la redacción que dieron los legisladores chilenos a esos cuerpos legales. Luis Maximiliano Zarazaga, El reflejo de la Partida III del Derecho procesal español en los fallos de la Corte Suprema de la nación argentina (pp. 107-123): después de un breve análisis del contenido de la Partida III, se analiza el impacto de ella en los fallos de la Corte Suprema argentina desde 1862, año en que empezó a funcionar, hasta 1955, a partir de las sentencias publicadas por el mismo tribunal. De los fallos analizados se desprende que, tanto en la etapa introductiva del proceso, esto es, de la demanda y su contestación, como en la probatoria, de discusión, como en la sentencia, en los recursos o en los modos anormales de terminación del proceso, la Partida III estuvo presente. Los fallos citados en el trabajo son sólo una muestra de una cantidad bastante mayor en que se hace uso de la Partida estudiada.

Un número mayor de comunicaciones, siete en total, se refieren al Derecho público y constitucional, siendo la primera de ellas la de Ezequiel Abásolo, Consolidación del constitucionalismo decimonónico y subsistencia del Derecho indiano. El Congreso de la Confederación Argentina frente al orden jurídico anterior a la independencia (1854-1861) (pp. 127-137): la preocupación del a. no se reduce al mero estudio de la vigencia de este o aquel instrumento normativo, sino a la de tratar de determinar en qué medida se mantuvieron en la mentalidad de los hombre públicos argentinos, para la fecha en estudio, los rasgos distintivos del mundo jurídico previo a la independencia, por lo que se ocupa de los intercambios de ideas, de las controversias y de las decisiones desplegadas en el Congreso de la Confederación argentina, primer cuerpo deliberativo, a partir de su instalación en 1854 hasta su disolución en 1861, muchos de cuyos actores llegaron a ocupar espectables responsabilidades en el diseño y aplicación del Derecho argentino. En suma, distintos caracteres gestados bajo el imperio del Derecho indiano continuaron dando muestras de notable vitalidad, los que a la postre serían desplazados como derivación de la sanción de los códigos. Fernán Altuve-Febres Lores, De las juras reales al juramento constitucional: trayectoria de un sacramento político (pp. 139-162): se inician estas páginas con una mirada general sobre la evolución histórica de los ritos de la realeza al momento de la entronización, para llegar a las juras reales del período hispano-indiano, como teatro de la fidelidad y alegría del vasallaje, las que se ven prolongadas en el juramento constitucional del período independiente. José María Díaz Couselo, Proyección del Derecho indiano en el Derecho público argentino (1810-1853) (pp. 163-179): se ofrece un panorama sobre la proyección de la tradición indiana y su Derecho público en el ámbito geográfico que constituyó la Confederación argentina desde 1810 a 1853, año en que es sancionada la constitución dada en Santa Fe. Si bien se critica el Derecho heredado y se trata de reformarle, se lo mantiene y aplica para regular tanto las instituciones que perduran como las nuevas que aparecen en escena. José Francisco Gálvez Montero, Inicios del Derecho público en el ordenamiento jurídico peruano (pp. 181-202): se distinguen algunos elementos sobre el rol de la ley en el sistema jurídico indiano y nacional, así como su influencia en la sociedad civil y política, elementos que se tradujeron en medidas concretas durante la etapa de transición entre la emancipación y el surgimiento del ente estatal peruano. El cambio político encontró a una sociedad que no modificaba de inmediato sus pautas hispanas; así, en cuestión de técnica legislativa la intención de aplicar el modelo legalista tuvo que convivir con la subsistencia legal del Derecho indiano hasta que no fue reemplazado por los códigos, por lo que se produjo una convivencia del casuismo indiano y la ley en la cultura jurídica peruana. Emilia Iñesta Pastor, Antecedentes histórico-jurídicos del Código Penal chileno de 1874 (pp. 203-242): se analiza la influencia particular del Código Penal español de 1848 en el Código Penal chileno de 1874, donde se advierte una influencia especialmente notoria en la que jugó un papel decisivo la doctrina penal española a través de los comentarios de Pacheco. Además, el código chileno fue un eslabón en la cadena de códigos mutuamente influenciados y destaca por su permanencia siendo, junto con el Código Penal de Bolivia, una de las raras excepciones a la inestabilidad que presenta la legislación penal hispanoamericana. Carlos Ramos Núñez, El indigenismo jurídico: de la caridad a la reivindicación (pp. 243-260): estudio acerca de la irrupción del indigenismo jurídico en el Perú a principios del siglo XX, sus causas, sus exponentes y las primeras inquietudes por delinear las instituciones precolombinas que sobrevivieron en el mundo moderno. Isabel Martínez Navas, Después del Consejo de Indias: órganos consultivos en materia ultramarina en el siglo XIX (pp. 261-285): suprimido el Consejo de Indias en marzo de 1834, la a. se ocupa de algunas de las corporaciones que sucesivamente fueron encargándose de asesorar al gobierno, con carácter general, en los asuntos de Ultramar, interesando las diversas instituciones que fueron conformando el aparato de la administración consultiva ultramarina, respondiendo a los diferentes modelos ensayados, instituciones cuyo estudio ha interesado escasamente.

El último grupo de comunicaciones se refiere al Derecho canónico y eclesiástico, recogiéndose cinco de ellas, la primera de las cuales es de Antonio Dougnac Rodríguez, Temas indianos de relaciones entre Iglesia y Estado a través de la correspondencia del arzobispo de Santiago de Chile, Rafael Valentín Valdivieso, con el episcopado peruano (1846-1857) (pp. 289-328): se examina la correspondencia del arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso con los obispos peruanos, en la que sobresalen los siguientes temas: gobierno de los presentados, juramento civil de los obispos, exequatur, fuero eclesiástico, diezmos y recursos de fuerza; se advierte en esta correspondencia un claro intento de las jerarquías peruana y chilena por aunar criterios y por sostenerse mutuamente en su línea ultramontana, que implicaba tanto una lucha ad intra, respecto de los sectores eclesiásticos más tradicionalistas, que eran los regalistas, y ad extra, respecto de los seglares regalistas, tanto en Chile como en el Perú. Jorge Armando Guevara Gil, Los juicios de la monja Dominga Gutiérrez (Arequipa, Perú, 1831) (pp. 329-353): Dominga Beatriz del Corazón de Jesús, monja de clausura del convento de las carmelitas descalzas de Arequipa huyó del mismo, después de diez años de vida de clausura en circunstancias un tanto novelescas que pronto fueron de dominio público y dio origen a procesos tanto en el fuero eclesiástico como civil; se presentan las contiendas legales más importantes originadas por este hecho y algunos alcances sobre el concepto de honor en relación a los valores de la libertad, gracia y obediencia que contribuyen a comprender las tribulaciones de la monja y las reacciones institucionales y sociales que suscitó el caso. Rosa María Martínez de Codes, La regulación estatal del factor religioso en el siglo XIX en México: el caso del patronato (pp. 355-371): después de unas precisiones conceptuales en que deja claro que no es posible asimilar las normas de la gobernación espiritual de las Indias al moderno Derecho eclesiástico del Estado, porque son dictadas no en virtud de un poder autónomo del Estado que regula aspectos sociales relevantes para el Derecho estatal de la vida religiosa de los ciudadanos, sino en virtud de una delegación hecha por el papa configuradora del patronato indiano, se estudia el caso mexicano, en el que, a diferencia de lo sucedido en otras naciones hispanoamericanas, no sólo hubo ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa sede desde 1859 hasta 1992, sino que desde muy pronto se dio por cesado el patronato. Fernando Mayorga García, Pervivencia del patronato indiano en el período independiente. El caso del Colegio Mayor del Rosario de Bogotá (1810-1850) (pp. 373-396): la naciente República de Colombia se proclamó heredera del Derecho de patronato ejercido por la Corona en el período hispánico, recayó en el ejecutivo republicano el patronato sobre el Colegio Mayor, pero, como se explica en esta comunicación, el Colegio resistió los embates y logró llegar a mediados de la centuria decimonónica rigiéndose por sus constituciones originales, de 1664, en un claro ejemplo de pervivencia del Derecho indiano local tras media centuria de republicanismo. Carlos Salinas Araneda, La influencia del Derecho canónico en el Código Civil a través de las Siete Partidas (pp. 397-420): en la última de las comunicaciones publicadas en estas actas, después de abordar brevemente y en general el influjo del Derecho canónico en las Partidas, se analizan los casos en que el Código Civil de la República de Chile ha recibido el mismo influjo canónico, pero a través del texto alfonsino.

Las actas cuyo contenido resumido he presentado en las páginas que anteceden, fueron presentadas en una ceremonia pública realizada durante el desarrollo del XVI congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano celebrado en Santiago de Chile entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2008. Vienen a agregarse a las actas de los congresos anteriores, las que constituyen, en su conjunto, el más completo conjunto de estudios sobre el Derecho que rigió en América durante el período hispano y su proyección a las naciones americanas independientes. Difícilmente se puede encontrar una rama del Derecho, de dimensión continental, que cuente con tan amplio, variado, completo y autorizado conjunto de estudios.

Carlos Salinas Araneda
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Chile