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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.34 Valparaíso oct. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552012000100002 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXIV (Valparaíso, Chile, 2012)
[pp. 55 - 89]

ESTUDIOS - Derecho Romano

"Causa originis": Normas de procedimiento sobre la reclamación de colonos o curiales evadidos de su condición

 

‘Causa originis': Rules of Procedure on the Claim of Farmers or Decurions who Evade their Condition

 

Francisco Cuena Boy

Universidad de Cantabria, Santander, España

Dirección para correspondencia


RESUMEN

En los siglos III y IV de nuestra era la deserción del origo por parte de colonos y curiales es un fenómeno frecuentísimo. Este trabajo estudia el procedimiento para la reclamación de los evadidos a través de tres constituciones imperiales de los años 400, 416 y 419 que denotan una concepción homogénea del mismo y clarifican algunos de sus aspectos centrales.

Palabras clave: Origo - Causa originis - Quaestio colonatus - Fiducia defensionis - Acciones públicas y privadas - Praescriptio.


ABSTRACT

Desertion from the origo by farmers and decurions was a very frequent phenomenon througohut III and IV centuries. This paper studies the procedure for claiming the fugitives through three imperial constitutions of the 400, 416 and 419 that indicate a homogenous conception about it and clarify some of its main aspects.

Keywords: Origo - Causa originis - Quaestio colonatus - Fiducia defensionis - Public and private actions - Praescriptio.


 

I. Introducción

La locución causa originis aparece dos veces solamente en nuestras fuentes. Se trata en ambos casos de constituciones imperiales incluidas en los Códigos Teodosiano y Justinianeo y referidas, respectivamente, a los colonos y a los decuriones: CTh. 4,23,1 = CI. 11,48,14 (a. 400) y CTh. 12,1,181 pr. = CI. 10,32,54 (a. 416). La primera es parte de una constitución mucho más amplia dirigida al prefecto del pretorio de las Galias[1]; según su propia declaración, la segunda tiene el carácter de lex generalis y su destinatario es el prefecto del pretorio de Italia[2]. Si la primera establece algunas normas relativas a la reclamación de los colonos que se fugan buscando eludir o aligerar por lo menos las consecuencias de su condición, la segunda hace lo propio respecto de los curiales que intentan sustraerse a sus cargas.

Tanto en un texto como en el otro, la expresión causa originis tiene un significado netamente procesal: causa es la ‘causa judicial'[3], el pleito, y origo es el punto u objeto específico sobre el que versa el juicio. Aunque la construcción gramatical no es idéntica, viene espontánea a la mente la denominación causa liberalis que se daba al proceso relativo al status libertatis de un individuo; paralelo que podría llevarse más allá de lo meramente verbal, ya que del origo dependía en esta época, si no un verdadero status, sí algo que se le puede comparar: una condicio personal cual era la de colono o la de curial[4]. Así pues, significado procesal de causa originis. En realidad, podemos encontrar una expresión formalmente muy parecida en otras dos ocasiones, pero en ellas ya no es posible sostener tal significado. En efecto, en CTh. 12,1,56 (a. 363) causa generis et originis no es forma de aludir a un pleito sino de indicar la ‘razón' que, en presencia de determinadas circunstancias, debe prevalecer por encima de otra que podría oponérsele (en este caso la ratio militiae); y lo mismo sucede en D. 50,1,17,4 (Pap., 1 resp.), donde las palabras potior est originis causa sirven sólo para señalar que el criterio del origo es preferido al del domicilio en relación con los honores ciudadanos[5].

Colonos y decuriones. Una conocida constitución del año 342 (CTh. 12,1,33) se enfrenta al problema de aquellos propietarios privados que maquinan esquivar las curialium nominationes sirviéndose de los privilegios que el ius colonatus reserva a las tierras imperiales: los "privilegia rei privatae nostrae colonatus iure"[6]. También aquí se prevé algún tipo de intervención en la que queda envuelto el origo[7], si bien, a falta de otros detalles suplementarios que indiquen la naturaleza procesal de la reclamación, la consideración debida a tal dato no es suficiente por sí sola para que pueda hablarse de una auténtica causa originis. En todo caso -y si se se puede decir así, por contraste-, la ley nos da pie para destacar la exactitud del apelativo causa originis aplicado a la discusión procesal de un problema como era el de la deserción del origo, cuyos rasgos estructurales son muy semejantes con independencia de que se plantee respecto de los curiales o de los colonos[8]. Y ello porque la solución vendrá dada en un caso como en el otro por la averiguación del origo, que indicará a su vez la hacienda a la que deben ser devueltos los colonos o la civitas en la que los decuriones deben quedar sujetos a los munera.

Nuestro punto de partida es por tanto el significado procesal de la locución causa originis, o para ser más precisos, la idea de que tal expresión alude a un ejercicio jurisdiccional en sentido propio. En consecuencia, mediante el análisis del material legislativo correspondiente, intentaremos establecer las eventuales características del procedimiento judicial a través del cual se se encauzaba la demanda relativa al colono o el curial presuntamente evadido, sin perder de vista, no obstante, la posibilidad de que la cuestión del origo y lo que de ella dependía se pudiesen zanjar, en determinadas circunstancias, sin necesidad de aquel procedimiento y de su resolución por sentencia, sino por medio de una orden administrativa mucho más simple.

En cuanto al límite temporal de nuestro estudio, no está de más advertir que no hemos ido más allá de CTh. 5,18,1, una constitución del año 419 que viene a incidir de nuevo en la regulación del proceso de reclamación de los colonos huidos. Ciertamente esta constitución no emplea expresiones equivalentes a las utilizadas por el legislador diecinueve años atrás en relación con el mismo argumento: causa originis (CTh. 4,23,1), quaestio colonatus aut inquilinatus (CTh. 12,19,2). Pero la primera de esas expresiones había vuelto a aparecer sólo tres años antes en el texto de otra ley, relativa esta vez a la reclamación de los curiae obnoxios, emanada por los mismos emperadores y dirigida al mismo alto funcionario receptor de CTh. 5,18,1; a saber, en el principium de CTh. 12,1,181[9]. Con posterioridad, y hasta el Código Teodosiano que las recoge todas, ya no encontramos otras disposiciones comparables a las reseñadas ni que introduzcan cambios significativos en la materia que nos ocupa. Esta concentración de las fuentes entre los años 400 y 419 sugiere que la disciplina legal de la causa originis alcanzó en ese espacio un nivel de definición suficiente como para hacer innecesarias ulteriores intervenciones del legislador sobre las líneas fundamentales del procedimiento, tanto del que afectaba a los colonos como del relativo a los curiales.

II. La constitución del año 400 sobre la reclamación de los colonos

1. Acercándonos al examen de nuestras fuentes, comenzaremos por ubicar correctamente el primer texto que se refiere a los colonos. Como ya hemos advertido, CTh. 4,23,1 es uno de los varios fragmentos que se han conservado de una constitución mucho más extensa. Por las razones que se verán mejor más adelante, el legislador del Teodosiano lo situó en el título Utrubi, donde figura además como ley única; conviene advertir desde ahora que esa ubicación ha favorecido una lectura del pasaje más bien abstracta y muy poco atenta al problema concreto sobre el que incide el legislador. Por su lado, los compiladores justinianeos lo insertaron en el título De agricolis, censitis et colonis, a continuación de otro fragmento procedente asimismo de la constitución original: CI. 11,48,13 y 14; una sección más de ésta fue incluida en el título De fundis rei privatae et saltibus divinae domus: CI. 11,66,6 (= CTh. 12,19,2). En el Teodosiano, por otra parte, hay todavía tres trozos más, a saber, las tres leyes que forman el título De his, qui condicionem propriam reliquerunt: CTh. 12,19,1,2 y 3; de ellas, las dos primeras terminan con un et cetera y la tercera comienza con la indicación post alia, igual por cierto que CTh. 4,23,1[10]. Todo esto revela un estado de fraccionamiento y dispersión que dificulta la restitución del orden formal de la constitución del año 400 dirigida a Flavius Vincentius, Prefecto del Pretorio de las Galias[11]. No obstante, un control del contenido de los distintos fragmentos de la ley es de todo punto indispensable para hacerse una idea del cuadro del que forman parte los datos de CTh. 4,23,1; sólo así será posible entender cabalmente a qué se refería este texto con el nombre de causa originis y los pormenores que envolvía la regulación de tal causa.

En cuanto al orden que seguiremos en el análisis, pensamos que lo mejor es comenzar por los textos conservados en el título De his, qui condicionem propriam reliquerunt del Teodosiano, si no por otra razón, al menos porque este enunciado ofrece la indicación más precisa acerca del fenómeno que motiva la intervención del legislador. Un problema, por tanto, causado por aquellos que se alejaban de su propria condicio, y con la máxima frecuencia, por quienes huían de ella tratando de sustraerse a sus forzosas consecuencias. Cuáles fueran estas consecuencias queda fuera del objeto de nuestro estudio; baste decir en general que eran las propias de la condición de colono (o de decurión). En cambio, lo que sí nos debe preocupar son las previsiones legales acerca del modo en que debía reconducirse la situación.

2. Pues bien, CTh. 12,19,1[12] dispone la reversión ad officia sua de los collegiati fugados de las ciudades; dicha devolución deberá hacerse "sine ullius nisu exceptionis", lo cual quiere decir que a la civitas demandante no se le puede oponer ninguna clase de prescripción[13]. A primera vista, esta parte de la constitución se refiere a un problema (la deserción de los collegiati) un tanto alejado del nuestro, pero la disposición es importante por dos razones. En primer lugar porque la fuga se podría haber producido en dirección hacia el colonato: esto es lo que indica la segunda parte del fragmento relativa al reparto de los hijos de los fugados entre la civitas correspondiente y los dueños de las inquilinas, colonas o esclavas con las que se hubieran unido[14]. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque el dato de que como demandante figure una civitas proporciona una clave interpretativa que se proyecta, como podremos ir viendo, sobre la lectura de los restantes fragmentos de la constitución.

CTh. 12,19,2[15] comienza con una afirmación[16] a la que no parece que se atenga después, ya que dispone que un prolongado período de servicio ininterrumpido a una curia, un colegio, una fortaleza u otra corporación pone a salvo de toda acción[17] en el caso de que ‘alguien' intente promover una "quaestio colonatus aut inquilinatus: si [...] quis [...] quaestionem movere temptaverit". La imprecisión del texto (recordemos una vez más que tanto al final de esta ley como de la anterior se insertó la advertencia et cetera) puede subsanarse en parte con la lectura de CI. 11,66,6[18]: aquí se ve con total claridad que quien promueve aquella quaestio es la propia res dominica o un particular; se debe notar también la frase del final, omitida en la versión del Teodosiano y que ordena la permanencia en la curia o en la corporación actual de aquel que hubiere servido en ella durante el tiempo establecido[19]. En relación con la quaestio colonatus aut inquilinatus que se menciona en el texto, lo primero que debemos observar es que su objeto consiste en la averiguación del origo del individuo o individuos respecto de los cuales se quiere promover. En segundo lugar, que la naturaleza procesal de esa averiguación está fuera de duda, ya que no sólo se habla de actio (de intentio en CI. 11,66,6), sino que la frase quaestionem movere hace pensar en una actuación semejante por sus características a las llamadas cuestiones de estado[20]. Pero lo más importante es que esta vez, a diferencia del párrafo anterior, la ley prevé la posibilidad de oponer al demandante la prescripción en los términos precisos que ella misma define, y por tanto, cuando el colono o inquilino ha completado un período de treinta o cuarenta años de servicio a una curia, colegio, fortaleza o corporación. El dato es de gran interés en vista de los litigantes entre los que se plantea ahora la quaestio, a saber, entre la res dominica o un particular, como eventual demandante, y una civitas, corporación, etc. como eventual demandado[21]. Y así como no se admitía la prescripción cuando la civitas reclamaba sus collegiati (CTh. 12,19,1), la propia civitas o la corporación demandadas sí pueden oponerla en su propio interés y beneficio. Se aclara de esta forma el sentido de la frase con que comienza CTh. 12,19,2: publicae actiones son las que ejercitaría la civitas contra cualquier demandado incluida la res dominica; privatae, las que podría intentar la propia res dominica o un particular contra una civitas, corporación, etc.; la verdadera razón que aconseja excluir la prescripción respecto de las primeras y admitirla frente a las segundas no es otra que la especial tutela del interés público: "statui publico impensius providendum est"[22].

Estas consideraciones se refuerzan con la lectura de CTh. 12,19,3[23], donde no cambia el discurso a pesar del post alia que precede al fragmento y el et cetera con que concluye el texto del anterior. En efecto, en la parte que más de cerca nos toca, este tercer párrafo señala que la acción sólo se admitirá cuando el intento de promover la quaestio tenga lugar dentro del período de servicio establecido -esto es, cuando ese tiempo no haya sido aún completado-, debiendo pronunciarse en tal caso la autoridad jurisdiccional ordinaria acerca de la condición del presunto colono o inquilino: "de statu eius sententia proferatur". En cambio, al que se probare haber completado aquel período sin ninguna interpelación se le ofrece la seguridad de que no podrá ser inquietado super statu suo[24]. Decimos que el discurso no cambia porque se advierte con claridad que la hipótesis considerada sigue siendo la misma de CTh. 12,19,2, o sea, la reclamación que la res dominica o un particular intenta contra una civitas, colegio, burgo o corporación. De hecho, no es sólo que la parte actora quede identificada al pie de la letra con los sujetos que acabamos de mencionar, sino que, en el momento de describirse la prescripción, se hace una referencia expresa a los officia desempeñados por el fugitivo que apunta de forma inequívoca a la civitas, corporación, etc. en cuanto parte demandada.

En CI. 11,48,13 se ha conservado otro fragmento de la constitución que estamos examinando[25]. Su interés para nosotros se reduce, no obstante, a la frase ad originem vindicandam del principium, donde, dicho sea de paso, se afirma que la condición de los inquilinos y la de los colonos es casi la misma a estos efectos. O sea, a efectos de una vindicatio ad originem que lógicamente no puede ser distinta, desde el punto de vista de su contenido, de la quaestio colonatus aut inquilinatus de CTh. 12,19,2-3[26].

3. En principio, tampoco parece que pueda ser diferente el proceso al que se refiere CTh. 4,23,1 con el nombre de causa originis[27], ya que su objeto es el mismo que el de la quaestio anterior; también aquí se trata, en efecto, de la reclamación de colonos fugitivos con base en la determinación de su origo. Será conveniente, no obstante, ver si esta igualdad de contenido es compatible con alguna diferencia concreta en lo que respecta al procedimiento, y de ser así, habrá que buscar la razón de esa diferencia.

Dentro de su brevedad, el fragmento parece organizar la reclamación de los colonos fugados en dos pasos sucesivos[28]. El primero es la rápida reposición de los evadidos en manos de su anterior poseedor, o en otros términos, el restablecimiento de la situación posesoria previa a la fuga. Sólo el segundo paso sería entonces la causa originis et proprietatis propiamente dicha. Ahora bien, puesto que la restauración del status quo ante debía llevarse a cabo por medio del interdicto utrubi, como se debe en efecto aceptar[29], la disposición parece pensada únicamente para casos de evasión relativamente reciente; téngase además en cuenta que el texto habla en términos concretos de colonos "ad alios fugae vitio transeúntes": esos alii serían los particulares poseedores actuales de los evadidos, contra ellos pediría el interdicto el possessor non vitiosus, asimismo un particular, y en su caso, a renglón seguido, aquellos mismos alii podrían entablar la causa originis[30]. Si se acepta este pequeño análisis, ¿cómo debemos entender la exención de los plazos y las formalidades de la litis denuntiatio que la ley prescribe in his negotiis[31]?; ¿se aplica esta dispensa de modo específico a la acción principal por la que se introduce la causa originis, o acaso solamente a aquella causa originis que ha sido precedida por el interdicto? Dicho de otro modo: ¿se trata de una medida de carácter sustancial -esto es, adoptada en atención a la naturaleza y las características de lo que se ventila en el proceso- o bien, por el contrario, de una medida de índole puramente formal en el sentido en que lo son las reglas de procedimiento? Con base en la reabsorción del procedimiento interdictal dentro del cognitorio, quienes piensan de este segundo modo suelen recordar la extensión unos pocos años más tarde de la misma dispensa a los interdictos en general[32]; junto con la desaparición de la litis denuntiatio hacia mediados del siglo V[33], ése sería el motivo por el cual la exención ya no es repetida en la versión de nuestro fragmento conservada en CI. 11,48,14. La interpretación que acabamos de sintetizar predomina de forma abrumadora en la doctrina[34], pero deja sin responder las preguntas que formulábamos. Piénsese que el interdicto utrubi ni siquiera podía ser utilizado cuando la fuga era de larga data y que su utilización no era imperativa para el anterior poseedor de los colonos, el cual podía acudir directamente a la llamada causa originis si era eso lo que más le convenía; valórese, por otro lado, la posibilidad de que CTh. 4,23,1 estuviera pensando en la aplicación de la dispensa a determinado tipo de asuntos solamente, ya que dice, en efecto, que no haya lugar a la observancia de los plazos y la denuntiatio solemne in his negotiis. ¿Cuáles eran estos negotia?; desde luego no es razonable pensar que el término se refería a todos los casos de utilización del interdicto utrubi; ya hemos advertido antes que esta interpretación es demasiado abstracta y depende meramente de la colocación del texto en el Teodosiano como ley única del título Utrubi. Entonces, ¿se trataba solamente de los casos concernientes a colonos fugados[35]?; pero también hemos señalado que al interdicto se podía acudir o no, de modo que la consecuencia de esa restricción, para todo demandante que hubiera prescindido de él, habría sido la pérdida del beneficio que suponía la exención. Al lado de estas dos posibilidades, cada una con sus problemas específicos, hay quizás una tercera que preferimos plantear como simple hipótesis; a saber, la posibilidad de que la frase legal "quae locum in his negotiis non habebunt" fuera una referencia de carácter sustancial que vinculaba la dispensa de plazos y formalidades a la naturaleza específica de la materia litigiosa, y por tanto, a la reclamación de colonos huidos. De ser así, la exención de CTh. 4,23,1 se habría referido a la causa originis en cuanto tal, es decir, al margen del paso previo, provisional[36] y en absoluto imprescindible que suponía el interdicto utrubi al tiempo y en los términos de dicha ley[37].

4. Sin perder de vista esta hipótesis, debemos preguntarnos ahora por la relación entre la causa originis de CTh. 4,23,1 y la quaestio colonatus aut inquilinatus de CTh. 12,19,2-3. En concreto, lo que querríamos comprobar es si la igualdad entre tales causa y quaestio, que nos parece cierta por lo que respecta al contenido u objeto del pleito, se extendía también a los diversos detalles del procedimiento, de tal modo, especialmente, que la exención que figura en el primer fragmento fuera aplicable a cualquier demanda de reclamación de colonos o inquilinos alejados de su origo, y muy en particular, a la dirigida contra aquella civitas, fortaleza o corporación en la que el huido hubiera venido prestando sus servicios (sus officia, según la denominación de CTh. 12,29,3)[38]. El único autor que sepamos ha entrevisto esta cuestión, Saumagne, considera que en la constitución que estamos examinando son distinguibles dos tipos de procedimiento[39]. Si no hemos entendido mal su explicación, uno de ellos sería el interdicto al que se refiere CTh. 4,23,1, ya que lo caracteriza como un procedimiento sumario de reintegración en favor del propietario que posee de buena fe: "une actio momentaria [...] tendant à une restitution immédiate"; y el otro sería la quaestio colonatus aut inquilinatus "dans leur pleine organisation"; sólo este segundo tendría la virtualidad de "vider la contestation", y puesto que conserva su "pleine organisation", hay que pensar que en él no había exención. Al final, sin embargo, Saumagne dice que ambos procedimientos representan dos aspectos de la "commune causa originis", con lo cual nos tememos que el problema queda sin resolver. Con todo, su atisbo de la existencia de sendas vías procedimentales -abreviada una de ellas como consecuencia de la dispensa, la otra sin tal característica- nos parece muy atinado y merece que nos detengamos a considerar las razones a las que se podría deber la diferencia entre ellas.

A nuestro entender, esas razones están contenidas en el texto mismo de CTh. 4,23,1 y CTh. 12,19,2-3. Para desentrañarlas basta comparar entre sí la situación material a la que se refiere cada fragmento, los hechos de los que podría partir la eventual reclamación según cada uno de ellos. Pues bien, como ya hemos indicado, CTh. 4,23,1 parece ocuparse únicamente de casos de fuga reciente en los que los colonos huidos se encuentran en poder actual de algún particular. En cambio, CTh. 12,19,2-3 toman en consideración hipótesis de ausencia o de alejamiento mucho más antiguo y prolongado en las que, además, el colono o el inquilino no ha estado al servicio de un poseedor particular sino de una curia, colegio, fortaleza o corporación. La mayor duración de la ausencia excluía por sí sola la posibilidad de pedir el interdicto utrubi, pero no es esto lo que marca diferencias porque, según hemos intentado explicar, su utilización no era preceptiva ni aun en los casos de fuga reciente. En consecuencia, el argumento capaz de aclarar la aplicación de la dispensa de plazos y formalidades en la causa originis de CTh. 4,23,1, y su inaplicación a la quaestio colonatus aut inquilinatus de CTh. 12,19,2-3 ha de ser alguno que pueda prescindir de aquel interdicto. En nuestra opinión, ese argumento tiene dos caras que, en relación con el supuesto al que se refieren CTh. 12,19,2-3, se pueden resumir de este modo: el hecho de que la demanda deba dirigirse no contra un poseedor particular sino contra una civitas o corporación, a saber, contra aquella a cuyo servicio ha estado el huido durante su ausencia; y aunque esto es sin duda lo principal, aún cabe añadir la propia antigüedad del alejamiento del presunto colono o inquilino, que en muchos casos le habrá llegado a situar cerca del límite temporal impuesto por la ley al ejercicio de la acción. En contraste con lo anterior, la hipótesis de CTh. 4,23,1 es la de un pleito en el que se enfrentan dos particulares, el poseedor anterior y el poseedor actual del colono; y de un colono, adviértase bien, cuya fuga y colocación al servicio de un propietario distinto no ha podido ponerle en situación de perder su coloniaria condicio[40]. Es probable que estas diferencias retrajeran al legislador, cuando se demandaba a una civitas o corporación, de aligerar el desarrollo del proceso mediante una exención como la prevista en CTh. 4,21,3. De ahí que para estos casos optara por mantener el procedimiento en lo que llama Saumagne "leur pleine organisation". En conclusión, nuestra idea es que la dispensa de CTh. 4,21,3 fue introducida únicamente para los procesos de reclamación de colonos huidos en los que, siendo demandado un particular, el interés público de alguna de las entidades referidas en CTh. 12,19,2 no se veía afectado. Ya hemos dicho, por lo demás, que aunque la norma estuviera pensando en casos de fuga reciente, el interdicto no era relevante a efectos de aquella dispensa.

Nótese que lo anterior no significa necesariamente que cada una de las dos denominaciones -causa originis y quaestio colonatus aut inquilinatus- tuviera un valor técnico particular. De nuestra interpretación no se deduce, en efecto, que el legislador utilizara la primera para referirse de modo típico al procedimiento abreviado (merced a la exención) y la segunda para indicar el no abreviado o normal. No obstante, ¿sería posible que hubiese querido alternar quaestio y causa en consideración a las características distintas con que podía presentarse cada caso o -repitiendo la fórmula que hemos empleado hace un momento- en consideración a los rasgos propios de la situación material prevista respectivamente en CTh. 12,19,2-3 y en CTh. 4,23,1? Aunque la cosa es poco probable, tal alternancia podría haberse debido a que en la hipótesis de CTh. 4,23,1 no se discute la condición de colono del sujeto evadido, sino meramente la finca a la que pertenece ese colono en función de su origo, mientras que en la de CTh. 12,19,2-3 -y esto no sólo porque sobre ella se cierne la posibilidad de la prescripción- puede llegar a verse comprometido el propio status de colono o inquilino. De cualquier modo, no por esta razón dejaría de ser el proceso una causa originis, ya que la adscripción a una curia, a un colegio o a otra corporación dependía también del origo[41].

Así pues, de acuerdo con la constitución del año 400 al praefectus praetorio Galliarum, el proceso seguido en orden a la restitución a su origo de colonos o inquilinos huidos, o alejados de cualquier modo de su condición, recibía de forma indistinta el nombre de causa originis (et proprietatis) o el de quaestio colonatus aut inquilinatus. En nuestra opinión, cada una de estas dos denominaciones aprehende la misma realidad desde un punto de vista diferente: en la medida, en efecto, en que el origo ha llegado a identificarse con la pertenencia a una determinada clase o categoría social, tanto da decir que el pleito versa sobre el origo que sobre el status mismo de colono o inquilino: super statu suo o de statu eius (CTh. 12,19,3). Que el proceso pueda ser llamado también causa proprietatis da pie a consideraciones de otra naturaleza que preferimos dejar para más adelante[42]; en este momento nos conformamos con registrar la consonancia de aquel apelativo con la representación legal de la finalidad del procedimiento en términos de vindicatio ad originem, presente también en la misma constitución[43]. Tras estas precisiones, en lo que sigue creemos posible seguir utilizando la denominación causa originis en sentido genérico y sin riesgo de confusión.

5. Pues bien, puesto que la causa originis se introduce por el ejercicio de una acción[44], igual que cualquier otro proceso, conviene detenerse un momento en la prescripción que podría condicionar la admisión de la misma. En los supuestos de CTh. 12,19,2, la admisión de aquella actio se subordina a que el colono o el inquilino no haya logrado completar todavía treinta o cuarenta años de servicio sine interpellatione en una curia o corporación. Voci habla a este respecto de "sanación por prescripción"[45], pero la duda es si el énfasis se debe poner en la liberación del origo abandonado, como parece indicar la expresión que utiliza este autor, o en la eficacia de la propia prescripción en el plano procesal. Esta última opción parece técnicamente preferible no tanto porque el sujeto al que se refiere la reclamación deba permanecer eventualmente en la curia o la corporación en la que ha venido sirviendo, lo que implicaría en el mejor de los casos un cambio de origo, sino porque lo que dice la ley es que, si constara el cumplimiento de los años de servicio exigidos, la acción no podrá tocar o alcanzar (contingo) al desertor, que no le podrá inquietar, que el sujeto no deberá temerla. En definitiva, que una vez comprobado aquel requisito, el intento de movere quaestionem deberá ser rechazado. El punto de vista de la prescripción extintiva es el que mejor se ajusta, por otra parte, a la frase "actiones publicas privatasque non eadem ratione concludimus" de CTh. 12,19,2, donde el verbo concludo significa limitar o encerrar y precisamente dentro de un plazo, el señalado en la continuación de ese fragmento. Cuestión distinta es que aquella frase parezca anunciar un tratamiento específico de las acciones públicas y sin embargo el texto no diga nada después sobre ellas. Puesto que estamos hablando de la reclamación de colonos e inquilinos, se podría pensar que la diferencia entre las acciones públicas y las privadas consistía en la imprescriptibilidad de las primeras, razón por la cual la ley se habría preocupado de establecer un plazo para el ejercicio de las segundas solamente. Y desde luego es ésta la conclusión que se desprende de los tres fragmentos de la constitución conservados en CTh. 12,19, cuya lectura conjunta[46] permite distinguir con precisión las acciones que el legislador llamaba públicas de aquellas otras a las que consideraba privadas, entre ellas las presentadas por los administradores de la res privata imperial[47]. Por lo demás, aunque la ley no lo diga, privadas serían también las acciones que ejercitaba un particular contra otro, y ello debido a una doble razón inherente a la lógica peculiar de la ley: por ser el demandante un particular y porque, al serlo el demandado también, de ellas estaba ausente el concreto interés público que se buscaba favorecer con las normas sobre la prescripción. Tales eran los casos a los que se refiere CTh. 4,23,1.

III. La constitución del año 419 sobre la reclamación de los colonos

Hasta aquí el análisis de la ley del 400. Diecinueve años más tarde, una nueva constitución viene a incidir de lleno en el mismo género de problemas. Se trata de CTh. 5,18,1[48], promulgada en Rávena y dirigida al prefecto del pretorio Paladio, destinatario asimismo, tres años antes, de la constitución sobre los decuriones a la que luego nos referiremos[49]. Como intentaremos explicar, esta nueva norma introduce novedades destacables no sólo en materia de prescripción, sino en algunos aspectos relativos al procedimiento[50].

El plazo para la reclamación de colonos o inquilinos huidos queda fijado ahora en treinta años que se reducen a veinte en el caso de las colonas (CTh. 5,18,1 pr. y 3). Esto representa ya un cambio[51], pero además, puesto que la ley no distingue entre acciones públicas y privadas, podría dudarse si se prevé que en adelante la prescripción actúe frente a todas en general. Esta posibilidad debe ser matizada: desde luego, no hay nada en CTh. 5,18,1 comparable a la disposición de CTh. 12,19,1 sobre la restitución ad officia sua de los collegiati, pero tampoco ningún paralelo de las normas de CTh. 12,19,2-3 que conectan la prescripción con el servicio del colono o inquilino a una curia, colegio, fortaleza u otra corporación; el interés público que querían preservar estas partes de la constitución del año 400 no es tema de la ley del 419; de modo que si ésta se parece en algo a la anterior, es en el hecho de que su regulación se refiere a las acciones que podían tener lugar entre particulares, o sea, a lo mismo que CTh. 4,23,1[52]. Por otro lado, en los términos de la nueva constitución, beneficiario de la prescripción es el propietario del fundo donde se ha establecido el fugado, o bien, éste mismo si después de haber abandonado la tierra no se ha situado al servicio de nadie (CTh. 5,18,1 pr.); en este último caso, que la ley del 400 no contemplaba, la prescripción tiene para el prófugo efecto liberatorio. En cuanto al significado que se da a la huida o alejamiento del fundo, son expresivas las frases "ad solum genitale [...] repetitus est y loco, cui natus est [...] restituí" (CTh. 5,18,1 pr. y 1), bajo las que cabe entrever una alusión al origo; a su vez, otras expresiones legales traducen la identificación del origo con la finca abandonada por el huido: "si [...] de possessione discessit, agrorum iuri [...] revocari, si [...] de solo, cui debebantur, abscesserint" (CTh. 5,18,1 pr., 1, 2 y 3)[53].

Por lo que respecta al procedimiento, lo que llama principalmente la atención es lo siguiente. A tenor de CTh. 5,18,1 pr. la acción se deberá dirigir contra el poseedor del colono o contra el propio colono que hubiera permanecido libre, y en principio -supuesto que la demanda se haya presentado dentro del plazo de prescripción- el proceso deberá seguir su curso normal; no obstante, pensamos que la ley introduce una peculiaridad muy notable justo cuando se refiere a la restitución del huido y sus descendientes al lugar de nacimiento. Desde luego, la devolución podía ser ordenada por la sentencia que decidía el proceso ordinario, pero no es esto exactamente lo que dice CTh. 5,18,1,1, donde la restitución sine dilatione parece quedar circunscrita al caso especial de que no hubiese dudas sobre la condición del huido y donde se precisa además que, dándose esta circunstancia, la orden de restitución se debe decretar contradictione summota[54]. En nuestra opinión, no sería imposible ver en estas palabras la expresión de algo más contundente que la mera simplificación de la prueba[55], acaso el pronunciamiento inmediato de una decisión definitiva, si es que el legislador estaba pensando, como parece probable, en una situación inicial de certeza absoluta que desaconsejaba permitir cualquier oposición o defensa por parte del demandado[56]. Por otro lado, para el caso de haber fallecido aquel que se había alejado del fundo, CTh. 5,18,1,2 dispone la devolución de su descendencia "cum omni peculio ac mercedibus" como si todavía siguiera vivo. También esta vez pone la ley énfasis en la celeridad con que debe hacerse efectiva la devolución ("celeri iubemus executione revocari"); pero el caso es distinto del anterior por el carácter controvertido de la proprietas sobre el difunto -éste es descrito, en efecto, como "ipse, de cuius proprietate certatur"-, razón por la cual no parece que en esta hipótesis se pueda prescindir del procedimiento ordinario de averiguación judicial del origo. En este sentido, es también de observar que, mientras en CTh. 5,18,1,1 se trata de una restitución sine dilatione, en CTh. 5,18,1,2 se hace referencia a una celer executio, lo que presupone el proceso y la correspondiente sentencia.

IV. El procedimiento en la "causa originis" a la luz de ambas constituciones

Fuera de las dos especialidades que hemos creído poder detectar[57], sobre el desarrollo del procedimiento son muy pocos los datos que ofrecen las constituciones examinadas. Por CTh. 12,19,3 sabemos, pero esto no es ninguna novedad, que la competencia correspondía a la autoridad jurisdiccional ordinaria: "iure legitimo in ordinaria sede pulsabitur"[58]. Nada especial se dispone en relación con la prueba, aunque, como es natural, la actividad probatoria se dirigiría a la averiguación del origo (así como, siendo necesario, del status de colono o inquilino), toda vez que la determinación de este punto constituía el núcleo mismo del pleito. De todos modos, por analogía con lo exigible cuando se trataba de la condición de munícipe (en relación por tanto con los munera correspondientes), para acreditar el indicado extremo se pedirían pruebas de carácter sustantivo, no considerándose suficiente, por ejemplo, una mera semejanza de nombres[59]. Por último, la única referencia expresa a la decisión que pone fin a la causa la describe como sententia de statu[60], lo que, junto a otros datos terminológicos[61], viene a subrayar una vez más que el procedimiento que se seguía en orden a la determinación del origo suponía por lo común un ejercicio propiamente jurisdiccional[62].

La dispensa de la litis denuntiatio de CTh. 4,23,1 es perfectamente compatible con todo lo anterior. Sin embargo, si se acepta nuestra lectura de CTh. 5,18,1,1, desde el 419 se prevé una alternativa al procedimiento ordinario con demanda y contestación, fase de prueba y sentencia final. En efecto, presentada la reclamación dentro de plazo, y en el caso de que no hubiera duda acerca de la condición del fugitivo, el funcionario es invitado a impedir la contradicción del demandado y a decretar la restitución inmediata del huido y su descendencia al locus natale. Dejando al margen toda pregunta sobre la eventual articulación de la dispensa recién recordada con esta nueva posibilidad, lo cierto es que el legislador del 419 parece haber querido excluir el caso descrito de la auténtica causa originis, sometiéndolo en vez de ella a una decisión administrativa que el gobernador adoptaría, desde luego, causa cognita, pero de plano y sin necesidad de más trámites. Como hace notar Grelle, hasta finales del siglo IV la legislación imperial no señala al propietario del fundo medios concretos de los que deba servirse para reclamar los colonos huidos[63]; así, por ejemplo, CI. 11,48,6 (a. 366) se limita a ordenar "omnes omnino fugitivos [...] provinciis praesidentes reddire compellant"[64]. Por otro lado, las leyes del 400 y el 419 que hemos examinado, y que son las primeras que contienen indicaciones más puntuales a este respecto, figuran en solitario dentro de sus títulos respectivos del Teodosiano: De his, qui condicione propria reliquerunt (CTh. 12,19) y De inquilinis et colonis (CTh. 5,18)[65]. Aun contando con el carácter seguramente incompleto de este último título[66], la impresión que produce lo anterior es que, ya desde antes de las dos leyes citadas, la devolución de los colonos fugitivos a su origo no pasaba forzosamente por una sentencia dictada al final de un procedimiento ordinario, sino que al lado de la vía procesal existía otro cauce distinto, más expeditivo sin duda y de carácter administrativo. De algún modo, esta dualidad se sigue reflejando en el texto de CTh. 5,18,1,1.

V. La "epistula ad Salvium"

Tal como lo hemos descrito, el panorama legislativo no puede por menos que despertar cierto escepticismo. Por desgracia, el diagnóstico no mejora con la lectura de un documento del siglo IV cuyo tema, dentro de ciertos límites, se parece bastante al nuestro. Se trata de una epistula ad Salvium que -escrita por un terrateniente tan desconocido como el destinatario- se ha conservado entre los spuria de Sulpicio Severo[67]. El autor de la carta trata de disuadir a Salvio, quien amenaza por su parte con reclamar los colonos del fundus Volusianus del cual afirma ser el propietario; por lo que dice el texto, la reclamación que Salvio se propone podría afectar no sólo a los colonos de ese fundo, actualmente bajo la dependencia del autor del documento, sino a todos los de éste. El escenario es el entorno de Mactaris, población del África Proconsular.

Prometedor en principio[68], el testimonio se desinfla ante la imposibilidad de poner el contenido de la carta en relación concreta con las constituciones imperiales por las que nos hemos venido interesando. En su primera aproximación al texto, Sirks data la epístola "at a point in time after 408-410" y la ubica finalmente algunos años más tarde (410-421)[69]; Lepelley se contenta con indicar los comienzos del siglo V[70] y, en réplica al historiador francés, Sirks se refiere a la segunda década de esa misma centuria[71]. En su estudio Lepelley no hace la más mínima alusión a ninguna de nuestras dos constituciones, pero en cambio, sí recuerda una ley anterior de Constantino (CTh. 5,17,1 [a. 332]) que podría explicar en su opinión el gran temor que sienten los colonos ante la amenaza de reclamación de Salvio: el temor de ser tratados como esclavos[72]. Por su parte, Sirks considera que el hecho de que la carta no mencione la ley del 419 (o sea, CTh. 5,18,1) puede significar que fue escrita antes de este año, o bien, si fuera posterior, que la prescripción a que sometía dicha ley la reclamación de colonos fugitivos no se había cumplido todavía; alternativa que de todos modos no llega a resolver: "The constitution CTh. 5,18,1 [...] could date equally from before, as from after the letter"[73].

Y bien, supongamos que la carta se hubiera escrito entre el 400 y el 419: ¿qué es lo que podríamos haber esperado encontrar en ella? Quizá ningún dato concreto que tenga relación con la constitución dirigida aquel primer año al prefecto del pretorio de las Galias, ya que sus normas, probablemente, no se aplicaron en el África Proconsular que es donde, como hemos dicho, tuvieron lugar los hechos a los que la epístola se refiere. ¿Y si hubiera sido escrita después del 419? En este caso, el silencio del autor podría indicar, como bien sugiere Sirks, que el plazo para plantear una eventual reclamación aún no había concluido. Pero esto es en verdad muy poco significativo. Más podría serlo la aparente referencia a un procedimiento como el conveniente para la reclamación de los colonos[74], pero no la indicación de que el ius y la aequitas son iguales en Roma y en Mactaris[75], cuyo carácter muy genérico parece ponerla en relación con otras circunstancias que envuelve el caso antes que con la reclamación en sí. Por lo que a ésta respecta, de todos modos, lo único un poco más concreto que vemos en el documento es la alusión a un posible interdicto exhibitorio[76], por otra parte bastante oscura; y acaso también la ya aludida posibilidad de que la iniciativa procesal en la que estaba pensando Salvio pudiera afectar a todos los colonos del remitente de la carta[77], quizás en relación con la exhibitio referida, a efectos de delimitar con precisión el objeto de la demanda subsiguiente o con el fin de preparar la prueba. Lo que no resulta de ningún modo del texto mismo de la epístola es que la acción de Salvio se deba dirigir contra los propios colonos y no contra aquel que los tiene en su poder[78], cosa que, dejando aparte el presunto interdicto, no hubiera encajado bien con lo dispuesto en el principio de CTh. 5,18,1[79]. Por lo demás, aun concediendo que el objeto del conflicto es la reclamación de los colonos, sobre la base seguramente de su origo en el fundus Volusianus, preciso es señalar que éste es el planteamiento de sólo uno de los dos protagonistas -el de Salvio, eventual demandante-, mientras que el punto de vista del otro -el autor de la carta- se esfuerza en colocar en primer plano el problema previo de la propiedad del fundo[80], dependiente a su vez de un abigarrado conjunto de antecedentes que han sido analizados por Sirks y Lepelley y en los que no procede entrar aquí.

VI. ¿Causa [...] proprietatis?

Las leyes del 400 y el 419 que hemos examinado son pródigas en el uso de una terminología que, en plena época clásica, se hubiera considerado característica de las relaciones dominicales. En CTh. 4,23,1 se habla de causa proprietatis (scil. causa originis et proprietatis) y se la sitúa muy naturalmente a continuación de la defensa interdictal de la possessio sobre los colonos fugitivos[81]; en CI. 11,48,13, la acción con la que se pide la devolución a su origo de inquilinos y colonos huidos parece recibir el nombre de vindicatio[82]; y en CTh. 5,18,1,2 se describe al colono de cuya devolución al origo se trata con la frase "ipse, de cuius proprietate certatur". Gramaticalmente no es sostenible que estas expresiones legales se refieran a algo que no sean los propios colonos, muy en concreto a la tierra[83]; además, siendo la titularidad sobre el fundo presupuesto necesario de la reclamación de los colonos adscritos a él, sería totalmente arbitrario pretender que puedan hacer alusión a la propiedad de la tierra y no al derecho sobre los colonos mismos. Entonces, ¿qué es lo que indican tales expresiones? Apoyándose en la quaestio colonatus mencionada en CTh. 12,19,2, Grelle considera probable que la analogía con los esclavos llegara al punto de utilizar la vindicatio in servitutem para reclamar los colonos[84], pero el alcance de esta supuesta utilización necesita ser matizado porque, en definitiva, los colonos no dejaban de ser individuos formalmente libres. De todos modos, a la vista del contexto más amplio del que forma parte CI. 11,48,13, y aun a pesar de la inflación de significados que el término vindicare experimenta en el lenguaje legal postclásico[85], pensamos que la locución vindicare ad originem, en la medida en que alude a la posición jurídica del propietario de la tierra respecto de sus colonos, refleja la utilización de un medio procesal válido para la defensa erga omnes de dicha posición. Y por otro lado, es muy significativa también la relación que nuestras dos constituciones ponen de manifiesto entre el origo del colono (su solum genitale, el locus cui natum est) y algo a lo que llaman proprietas sobre él. Todo lo cual, más el uso de un instrumento como el interdicto utrubi, más el funcionamiento que hemos visto de la prescripción, sugiere el carácter seguramente absoluto de, por lo menos, los efectos de la relación que a través del origo vinculaba al colono con el propietario del fundo. No es nuestro propósito determinar la exacta naturaleza de tal relación ni pretendemos tampoco darle un nombre concreto. En todo caso, sí nos parece que sería un error afirmar que los colonos quedaban sujetos en sus mismas personas al dominium de los propietarios de las tierras que cultivaban[86], sea porque las fuentes no avalan lo que hubiera sido una asimilación completa del colonato a la esclavitud[87], sea porque estamos convencidos de que la potestas de los propietarios sobre sus colonos se debe entender dentro de los límites y únicamente para los fines señalados por la idea del origo.

VII. La reclamación de los decuriones

1. Nos corresponde abordar ahora el examen de la constitución relativa a los decuriones: CTh. 12,1,181, del año 416. Como se recordará, en el principium de esta constitución el proceso para la determinación del origo de un decurión en orden a la devolución del mismo a su curia y a los munera correspondientes recibe el nombre de causa originis. El destinatario de CTh. 12,1,181 coincide con el de CTh. 5,18,1 sobre la reclamación de colonos o inquilinos huidos[88], emanada tres años después y que ya hemos tenido ocasión de comentar; sobre el problema específico de los decuriones, también al mismo personaje se dirigirá CTh. 12,1,147, fechada sólo cuatro meses después que CTh. 12,1,181 y relacionada con ella del modo que no tardaremos en decir.

La fuga de los curiales (o el disimulo en sentido amplio de su condición) debe de haber sido un fenómeno de raíces antiguas, muy antiguas incluso para la época de nuestra constitución si ya Ulpiano se había hecho eco de él[89]. El jurista severiano describe el problema: "Decuriones, quos sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis in alia loca[90] transmigrasse probabitur"; y apunta la solución: "praeses provinciae in patrium solum revocare et muneribus congruentibus fungi curet" (D. 50,2,1). Pero, más allá del probabitur, no dice nada acerca del camino que debía conducir del uno a la otra. En este sentido, su texto se parece al de tantas constituciones postclásicas que reiteran una y otra vez la necesidad de restitución a las curias sin ofrecer más que muy pocas pistas acerca del procedimiento que debiera, quizás, seguirse para ello. Esas leyes se refieren a la devolución o reintegración del curial con múltiples fórmulas, unas más técnicas en apariencia (vindicare[91], restituere[92], reddere[93], revocare[94], mancipare[95]), otras bastante menos (retrahere[96], redire[97], revertere[98], dirigere[99], tradere[100]), todas, al fin, con el mismo significado. Por otra parte, la deserción de las curias se producía, de hecho, en circunstancias y en direcciones distintas[101], por lo que los presupuestos legales y el alcance de la restitución no siempre eran los mismos. Con todo, detenernos en las especificidades propias de cada hipótesis desbordaría los límites de nuestro actual interés, centrado en el procedimiento que se debía seguir para la restitución a las curias de aquellos atados a ellas por razón de su origo[102], de modo que de otras cuestiones nos haremos eco tan sólo en la medida en que puedan ayudarnos al mejor encuadramiento de ese tema.

2. En primer lugar, ¿qué es lo que dispone la constitución conservada en CTh. 12,1,181 respecto de la reintegración de los decuriones a sus curias? A falta de juez, el principium[103] concede la posibilidad de aprehender al presunto decurión, si es que se resiste (resultantem), con el fin de llevarlo a presencia del moderator provinciae y plantear ante él la oportuna reclamación. El proceso, al que se da el nombre de causa originis, deberá ser resuelto en tres meses bien ordenando la restitución cum poena del convicto a sus munera, bien declarándole libre (de tales cargas, se entiende); de no hacerlo así, el moderator y sus oficiales se exponen a una multa de diez libras de oro. Un dato más consiste, aparentemente, en la advertencia de que la duración del proceso que se acaba de señalar está prevista sólo o de forma especial para el caso de que la defensa del demandado ofrezca algún viso de seriedad: "si quaestio fortasse fiducia defensionis ulla generatur". Por su lado, el párrafo 1 de esta ley ordena que los decuriones subterfugientes (a los que aplica este adjetivo por haber intentado eludir su condición mediante el ingreso en los diversos officia o en el ejército), si se niegan a hacerse cargo del originis nexum por medio de un sustituto adecuado y a su propia costa, sean expulsados y devueltos a sus ciudades; dispone también que los nombres de aquellos que hubieran ingresado en la milicia se envíen por escrito a los magistri militum, que serán los encargados de devolverlos a los munera ciudadanos[104].

CTh. 12,1,181 fue promulgada el tres de mayo del 416. En el mes de septiembre, los emperadores vuelven a dirigirse al prefecto del pretorio Paladio para insistir -ut constitutum est- en la restitución a las curias de aquellos a quienes la ley anterior llamaba subterfugientes[105]. La única finalidad de esta nueva constitución parece ser la de dar algunas instrucciones para la aplicación de lo previsto en CTh. 12,1,181,1; en todo caso, la alternativa de atender a los munera por medio de sustituto que aquí se recogía ya no se vuelve a mencionar.

3. El contenido de CTh. 12,1,181 plantea cierto número de interrogantes. Por ejemplo, su equívoca forma de referirse al promotor de la reclamación de un decurión: "si quis suum decurionem vindicare voluerit". ¿Quién es ese "alguien" y cómo debe entenderse la locución "si quisiere"? La pregunta viene al caso porque, según consta expresamente por lo menos desde el año 326 (CTh. 12,1,13), el deber de procurar la recuperación de los curiales huidos ad legiones vel diversa officia descansa sobre las propias curias[106]. Sesenta años después, ese deber les vuelve a ser recordado en términos no demasiado amables (CTh. 12,1,110 y 113), y en el año 400, CTh. 12,19,3[107] concreta en los primates ordinum (junto a los defensores civitatum) la responsabilidad penal correspondiente a la omisión[108].

Otro punto de interés indudable es la posibilidad de hacer uso de una llamada manus iniectio -o sea, como dice Levy[109], de un "apoderamiento extrajudicial por la fuerza"- con el único fin de asegurar la presencia ante el juez del eventual demandado que se resiste a comparecer. Antes de CTh. 12,1,181 pr., la manus iniectio aparece en dos leyes del año 398 en relación con la revocatio ad pristinam sortem o ad curiam de aquel que hubiere huido hacia el clero o hacia la administración provincial[110]; ambas emplean casi la misma expresión: "velut manu mox iniecta revocentur" (revocandos), pero la primera deja claras dos cosas válidas igualmente para la segunda; a saber: que la aprehensión procede únicamente cuando el interesado desacata una orden previa de reintegración inmediata a su pristina condicio y que son los jueces los autorizados a efectuar el prendimiento[111]. En vista de lo cual, no parece que sea muy acertado reunir estos dos supuestos con el de nuestra constitución, ya que la manus iniectio que ésta permite no es de carácter meramente extrajudicial sino prejudicial[112], se presenta como respuesta a una momentánea falta de juez y su actuación corresponde a aquel que se propone reclamar judicialmente un decurión, o lo que es lo mismo, entablar una causa originis[113].

Precisamente, otra de las cuestiones que plantea CTh. 12,1,181 pr. es la del juez competente para conocer de esa causa originis contra el presunto curial. En principio, la competencia debería corresponder al gobernador provincial en cuanto autoridad judicial ordinaria[114], lo que nos lleva a pensar que si el cognitor al que se refiere esta ley es el moderator provinciae[115], quizás ello pueda deberse a razones privativas de la hipótesis que contempla; en concreto, a la aludida ausencia de juez: de un juez que la versión de la ley conservada en el Código justinianeo identifica elocuentemente con el praeses provinciae[116]. Las referencias de otras constituciones sea a un iudicium[117], sea al juez o los jueces[118], confirman, en el mejor de los casos, la naturaleza procesal en sentido propio de la reclamación, pero su carácter casi siempre genérico no permite concretar mucho más en punto a la competencia. Quizás con la excepción, por un lado, de CTh. 12,1,175, donde el iudex (cognitor) resulta ser el mismo moderator provinciae que ha informado previamente de los nombres de aquellos que han pasado desde las curias al officium del magister militum[119]; y por otro, con la de CTh. 12,1,164, del año 399, donde la demanda contra el curial huido se presenta "a suis consortibus in iudicio rectoris provinciae"[120]. Como es evidente, este último texto abre de nuevo la duda acerca de la posible competencia ordinaria del moderator en la materia que nos ocupa. A su vez, aunque representa un caso especial[121], CTh. 12,1,177 pr., del 413, nos ofrece un ejemplo de competencia por sustitución parecido al de CTh. 12,1,181 pr., en el sentido de que, del mismo modo que hemos supuesto respecto del moderator en esta ley, en aquélla la intervención de los duunviros o del defensor civitatis se da solamente en ausencia del gobernador[122].

La duración máxima de la causa originis (por lo menos la de aquella que se plantea ante el moderator, fijada en tres meses por CTh. 12,1,181 pr.) no aparece en ninguna otra constitución. No obstante, en relación con dicha causa y con la duración de la misma hay un dato más que ya hemos adelantado y sobre el que conviene decir algo en este momento. Se trata de aquella precisión del texto -"si quaestio fortasse fiducia defensionis ulla generatur"- cuyo sentido parece ser que el plazo de los tres meses sólo entra en juego cuando los argumentos de la defensa presentan prima facie una cierta solidez; la suficiente, diríamos, como para que no pueda el cognitor, rechazándolos de plano, ordenar la devolución inmediata del decurión a sus munera. Siendo esto así, no podemos coincidir con Molè, para el cual la frase en cuestión indica el carácter meramente eventual de la causa originis, en el sentido de hacerse depender su necesidad del hecho de que el presunto decurión se defienda negando su condición de tal[123]. A esta opinión cabe objetar que siempre que el demandado, presente ya ante el cognitor, no acepte someterse de forma voluntaria a los munera, intentará alegar algo en su defensa, pero la necesidad de abrir la causa originis no depende solamente de que prefiera litigar, sino (en los términos de CTh. 12,1,181 pr.) de la fiducia defensionis, faltando la cual, el moderator puede devolverlo sin más trámite a su civitas[124]. En nuestra opinión, por lo tanto, la auténtica causa originis tenía lugar solamente cuando la condición del sujeto reclamado por una curia era por lo menos dudosa, sólo entonces se desarrollaba una disceptatio en sentido propio[125], siendo la duración máxima del proceso los tres meses que señala la ley.

Refuerza esta conclusión el hecho de que en CTh. 12,1,181,1 la causa originis brilla por su ausencia. Ahí, en efecto, lo único que resplandece en términos concretos es la obnoxietas de cada uno de los llamados subterfugientes[126], nada es necesario averiguar sobre el origo de éstos y, por consiguiente, si no ofrecen sustituto idóneo, lo único de lo que tienen que ocuparse los magistri militum es de devolverlos a las curias[127].

Lo anterior recuerda una posibilidad semejante que, respecto de la reclamación de colonos huidos, hemos creído poder advertir en CTh. 5,18,1,1[128]. Y como ocurría con los colonos, sugiere también que la devolución de los decuriones a sus ciudades de origen podía venir impuesta, en unos casos, por una simple orden administrativa, y en otros, en cambio, por una sentencia judicial. Como hemos dicho, presupuesto necesario de la vía procesal que conduciría a una sentencia (causa originis en sentido propio) era la mencionada fiducia defensionis, no sólo la voluntad de litigar del sospechoso, ya que, cuando la obnoxietas de éste constaba de forma indiscutible, debía procederse a su restitución inmediata[129]. Así pues, la causa originis sólo era imprescindible si faltaba dicha certeza inicial, su objeto sería la determinación del origo del demandado y a este fin se practicarían las pruebas convenientes. Con base en el resultado de las mismas, el moderator provinciae decidía finalmente la devolución a los munera del demandado (convictum, le llama la ley en tal caso)[130] o le declaraba liberum ab inquietudine.

Sobre las pruebas a utilizar no disponemos de mucha información. Sin duda es oportuno recordar la antigua advertencia, explícita en un rescripto de Antonino Pío y Lucio Vero, de que la mera similitud de nombres no era suficiente para probar el origo de una persona[131]; en lugar de esa similitud (o al lado de ella) se preferían otros medios de prueba que el mismo rescripto califica de probationes ex ipsis rebus. Entre ellas, dado el carácter hereditario de la condición de curial[132], una de las más eficaces sería seguramente la comprobación de los antecedentes familiares del demandado, capaz de hacer fracasar por sí sola el intento de fraude del tránsfuga[133]. Esa comprobación se vería facilitada por la utilización de pruebas preconstituidas de tipo documental, y en lugar destacado por la matrícula de curiales que cada ciudad debía remitir al Prefecto del Pretorio con el fin, precisamente, de dificultar aquellos intentos[134]. Por su parte, el sospechoso alegaría e intentaría probar un origo distinto del pretendido por la curia demandante o también, en su caso, cualquier circunstancia de otra naturaleza que pudiera haberle eximido del vínculo concreto que dicha curia pretendía tener sobre él. En particular, en la medida en que las leyes vigentes en cada momento y para cada situación lo admitieran, la duración del tiempo transcurrido en el desempeño de otras funciones (stipendia[135]), lo que daba lugar a una situación equiparable por sus efectos a una prescripción liberatoria[136].

VIII. Resultados principales

Concluida la revisión de las fuentes, llega por fin el momento de exponer sintéticamente los principales resultados que nos ha parecido alcanzar en relación con la causa originis; o sea, conforme al significado que venimos atribuyendo a este nombre desde la introducción, en relación con la reclamación judicial de colonos o de curiales huidos con base en la averiguación de su origo. Nuestro interés se ha concentrado de forma especial sobre tres constituciones occidentales comprendidas entre los años 400 y 419, las cuales en más de una ocasión hemos querido observar muy de cerca. Esta minuciosa atención, quizá no demasiado frecuente respecto de tal tipo de fuentes -no desde luego en el tema que nos ocupa-, se basa en un presupuesto bastante obvio: por ampuloso y enmarañado que pueda parecernos su lenguaje[137], el legislador postclásico no hablaba en vano, sus enunciados no sólo tenían valor normativo sino significados puntuales que es necesario desentrañar. La necesidad de buscar estos significados es subrayada especialmente por las diversas operaciones de "massimazione" de que fueron objeto las constituciones conservadas en el Teodosiano, tendentes por lo común a suprimir todo cuanto en los textos originales no era expresión de normas o principios jurídicos[138]. Las leyes que hemos analizado no escapan a esta observación, de ahí el esfuerzo que hemos invertido en poner en valor determinadas palabras y frases del legislador que, en exploraciones de carácter más global y distante, suelen pasar casi del todo desapercibidas.

En este sentido, además de las denominaciones causa originis et proprietatis (CTh. 4.23.1, CTh. 12,1,181 pr.) y quaestio colonatus aut inquilinatus (CTh. 12,19,2), destacamos principalmente los siguientes segmentos de texto: "quae locum in his negotiis non habebunt" (CTh. 4,23,1); "actiones publicas privatasque non eadem ratione concludimus" (CTh. 12,19,2); "neque de eius condicione dubitatur [...] contradictione summota [...] sine dilatione restitui" (CTh. 5,18,1); "ipse, de cuius proprietate certatur y celeri exsecutioni revocari" (CTh. 5,18,2); "si quaestio fortasse fiducia defensionis ulla generatur" (CTh. 12,1,181 pr.).

Nuestras conclusiones, cuyo grado de certeza no es el mismo en todos los casos, son las que expresamos a continuación.

En relación con la reclamación de los colonos, creemos que la exención de plazos y formalidades procesales cuyo registro ha quedado en CTh. 4,23,1 se refería únicamente a la causa originis et proprietatis propiamente tal (arg. in his negotiis); o sea, con independencia del interdictum utrubi que, de acuerdo con aquel mismo fragmento, podía utilizar potestativamente el possessor bonae fidei (i.e., el possessor non vitiosus) con el fin de restaurar la situación posesoria anterior a la fuga del colono. E igualmente pensamos que dicha dispensa tenía cabida únicamente en las causae que se planteaban entre particulares, hubiera habido o no entre ellos el citado interdicto previo, mientras que no era aplicable en aquellas otras que afectaban al interés público en el sentido de ser la parte demandada una curia, colegio, burgo o corporación[139].

En el marco de la quaestio colonatus aut inquilinatus, la condición de las partes y, aún más que eso, la naturaleza del interés que defendían era determinante en orden a la prescripción. De tal modo, en efecto, que aquellas entidades que encarnaban de un modo u otro el interés público se veían doblemente favorecidas: por un lado, porque sus acciones en reclamación de sus collegiati eran imprescriptibles (CTh. 12,19,1), y por otro, porque frente a la demanda de un particular (incluida la res dominica) sí podían oponer la prescripción[140].

Las denominaciones causa originis et proprietatis (CTh. 4,23,1) y quaestio colonatus aut inquilinatus (CTh. 12,19,2-3) no son significativas de ninguna diferencia reseñable en lo que atañe al procedimiento. No obstante, como mera conjetura cabría sugerir que la primera se correspondía con aquellos pleitos en los que no se discutía la condicio coloniaria del fugado, sino sólo su origo en esta o en aquella finca. En cambio, la segunda podría ser más apropiada para aquellos otros casos en los que se debatía el propio estatus de colono, ello sin perjuicio de que la adscripción a una curia, colegio, burgo o corporación fuera también una cuestión de origo. De cualquier modo, en ambos supuestos, si no había prescripción, el proceso se desarrollaba "iure legitimo in ordinaria sede" (CTh. 12,19,3) y desembocaba en el pronunciamiento de una sententia (de statu eius si era el caso).

A diferencia de la constitución del año 400, la del 419 (CTh. 5,18,1) se refiere solamente a la causa originis que se desarrolla entre particulares, sin implicación por tanto de interés público ninguno. Con esta restricción, la ley aporta cambios en el plazo de la prescripción y un par de datos nuevos que no figuraban en la anterior regulación. En cuanto a los plazos, la acción expira ahora a los treinta años de la fuga del colono y a los veinte de la pérdida de la colona (CTh. 5,18,1 pr. y 3); por otro lado, al margen de estos tiempos, la prescripción se regula de tal modo que su beneficiario será el propio sujeto huido que nadie haya reclamado como colono durante los años señalados (CTh. 5,18 pr.). En consecuencia, uno de los datos nuevos es la posibilidad de demandar directamente al presunto colono que no se encuentra en posesión de nadie, ya que de ahí es de donde deriva el efecto liberatorio de la eventual condicio coloniaria que la prescripción podría tener en esos casos. La otra novedad, mucho más importante desde nuestro punto de vista, aunque también menos segura, consiste en la posibilidad de que, a veces, sin necesidad de apurar todos los pasos de la causa originis ni de dictar una sentencia, se ordenara la restitución inmediata del fugado sin permitirle plantear defensa; requisito necesario para que esta posibilidad pudiera materializarse era la existencia de certeza absoluta en cuanto a la condicio del sujeto desde los primeros momentos de la reclamación. Para sostener lo dicho, nos apoyamos principalmente en una frase de CTh. 5,18,1,1 que permite según creemos esta interpretación: "neque de eius condicione dubitatur, eum, contradictione summota, loco, cui natus est [...] sine dilatione restitui"[141]; también en el contraste de este enunciado con otros de CTh. 5.18.1.2 que parecen reflejar la necesidad de seguir el cauce regular de la causa originis cuando la reclamación afecta a un individuo de cuius proprietate certatur.

Causa originis es también el nombre que recibe en una constitución del año 416 el proceso de reclamación de los decuriones evadidos de su condición. Esa ley (CTh. 12,1,181) nos ha llevado a pronunciarnos sobre algunos puntos como la competencia del moderator provinciae o del gobernador, la autorización de una singular manus iniectio de carácter prejudicial ante una ocasional falta de juez, el significado de la previsión legal acerca de la duración del proceso, la prueba, etc. Aquí sólo queremos destacar un rasgo que en nuestra opinión revela cierta concepción común de la causa originis en cuanto cauce procesal idóneo para la reclamación ya de curiales, ya de colonos o inquilinos. Ese rasgo se concreta en la exigencia legal de la fiducia defensionis como presupuesto necesario de la causa originis relativa a un decurión, de modo tal que cuando la defensa de éste se mostraba abiertamente insostenible, la restitución a los munera pudiera decidirse sin proceso ni sentencia sino por mera orden administrativa. De nuevo, nuestro principal apoyo para sostener esto es una frase muy concreta de la ley: "si quaestio fortasse fiducia defensionis ulla generatur"[142]. El sentido de esta frase de CTh. 12,1,181 pr. nos parece equivalente al de aquélla de CTh. 5,18,1,1 que hemos recordado hace un momento.

Notas

[1] Formaban también parte de ella CTh. 12,19,1,2 (= CI. 11,66,6) y 3 y CI. 11,48,13.

[2]La ley, promulgada en Rávena, se dirige a Paladio prefecto del pretorio; su destinatario tuvo que ser por tanto Junius Quartus Palladius, al frente de la prefectura de Italia entre 415 y el 421: véase: Rosafio, P., La "longi temporis praescriptio" e lo statuto giuridico dei coloni, en Studi in onore di Francesco Grelle (Bari, 2006), p. 233 n. 3; al mismo personaje se dirigió la constitución conservada en CTh. 5,18,1 (a. 416) sobre la reclamación de colonos a la que nos referiremos más adelante: véase más abajo, número II,6. Sobre los presupuestos formales y el alcance de las leges generales, véase: por todos Wenger, L., Die Quellen des römischen Rechts (Wien, 1953), pp. 433 s.

[3]Véase para esta acepción: Lewis, T. - Short, Ch., A latin Dictionary (Oxford, 1975), s. v. "causa", p. 304.

[4]Véase: Cuena Boy, F., Nuevos significados de "origo" en las fuentes legislativas postclásicas, en RGDR., 10 (2008), pp. 14 ss., 17 ss.; sobre la semejanza entre el colonato y las demás situaciones de limitación de la libertad personal, especialmente la de los curiales, vèase: Carrié, J. M., Colonato del Basso Impero: la resistenza del mito, en Lo Cascio, E. (a cura di), Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico (Roma, 1997), pp. 87 s.

[5]Cuena Boy, F., cit. (n. 4), p. 10 n. 56.

[6]Véase: Declareuil, J., Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'Empire Romain (reimpr. Aalen, 1973), pp. 170 s.; Horstkotte, H., Domanialpacht und Ratsmitgliedschaft nach CT. 12.1.33 v. J. 342, en Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 75 (1988), pp. 247 ss.; Carrié, J. M., cit. (n. 4), pp. 137 s.; Whittaker, Ch. R., Agostino e il colonato, en Lo Cascio, E. (a cura di), Terre, proprietari e contadini cit. (n. 4), p. 298; Grey, C., Contextualizing "Colonatus": The Origo of the Late Roman Empire, en JRS. 97 (2007), pp. 161 s. Sobre la inmunidad frente a honores y munera de los coloni originales rei privatae nostrae, véase: CI. 11,68,1, CTh. 11,16,5 = CI. 11,75,1 (a. 343), cfr. D. 50,6,5,11 (Call., 1 de cognit.); ya Ulpiano D. 50,5,1,2 (2 op.) se refería al intento de los curiales de eludir los munera ciudadanos trasladándose ad colonos praediorum.

[7]CTh. 12,1,33: "[...] omni privilegiorum vel originis vel cuiuslibet excusationis alterius frustratione submota curiali consortio vindicetur"; cfr. Saumagne, Ch., Du rôle de l'"origo" et du census dans la formation du colonat romain, en Byzantion, 12 (1937), pp. 508, 515.

[8]En esta línea cabe citar por ejemplo CTh. 12,19,2 = CI. 11,66,6, procedente según hemos dicho de la misma constitución de la que se extrajo CTh. 4,23,1 = CI. 11,48,14 y donde la locución colonatus aut inquilinatus quaestio bien pudiera ser otra forma de referirse a la causa originis en una de sus concretas manifestaciones. Sobre esto último, véase: más abajo en el texto.

[9] Véase, más arriba, la n. 2.

[10]En cuanto al significado de estas anotaciones, véase: Krüger, P., Beiträge zum Codex Theodosianus, en ZSS., 34 (1913), pp. 6 ss.; Wenger, L., cit. (n. 2), p. 537; Volterra, E., Il problema del testo delle costituzioni imperiali, en Atti II Congresso internazionale della Società Italiana di storia del diritto (Firenze, 1971), II = El mismo, Scritti giuridici (Napoli, 1996), VI: Le fonti, pp. 201 ss.; Sirks, A.J.B., The Theodosian Code. A Study (Friedrichsdorf, 2007), pp. 155 ss.

[11] "[C]ette sorte de statut de la societé rural": Saumagne, Ch., cit. (n. 7), p. 507.

[12]CTh. 12,19,1: "Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio PP. Galliarum. Destitutae ministeriis civitates splendorem, quo pridem nituerant, amiserunt: plurimi siquidem collegiati cultum urbium deserentes agrestem vitam secuti in secreta sese et devia contulerun. Sed talia ingenia huiusmodi auctoritate destruimus, ut, ubicumque terrarum repperti fuerint, ad officia sua sine ullius nisu exceptionis revocentur. De eorum vero filiis, qui tamen intra hos proxime quadraginta annos docebuntur fuisse suscepti, haec forma servabitur, ut inter civitatem et eos, quorum inquilinas vel colonas vel ancillas duxerint, dividantur, ita ut in ulteriorem gradum missa successio nullam calumniam perhorrescat. Et cetera. D. III k. Iul. Mediolano Stilichone et Aureliano vv. cc. conss.".

[13]Godofredo explica que el motivo por el que se excluye la prescripción es el cuidado imperial por el interés público, representado aquí por las civitates que tratan de recuperar sus collegiati; véase: Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis (Mantuae, 1741), III, pp. 538 s. (ad CTh. 12,19,1-3); para Rosafio, P., cit. (n. 2), p. 239, la orden de devolución de los collegiati no contempla ninguna excepción ni siquiera el beneficio de la longi temporis praescriptio.

[14]Sobre este punto, recientemente: Sorace, R., Il curialato nella legislazione di Onorio, en AARC., 13 (Napoli, 2001), pp. 569 ss.

[15]CTh. 12,19,2: "Actiones publicas privatasque non eadem ratione concludimus, si quidem statui publico impensius providendum est. Eum igitur, qui curiae vel collegio vel burgis ceterisque corporibus intra eandem provinciam per XXX annos; in alia XL sine interpellatione servierit, neque res dominica neque actio privata continget, si colonatus quis aut inquilinatus quaestionem movere temptaverit. Et cetera".

[16]La frase "Actiones publicas privatasque non eadem ratione concludimus, si quidem statui publico impensius providendum est" no figura en CI. 11,66,6.

[17]"[...] neque res dominica neque actio privata continget".

[18]CI. 11,66,6: "Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio PP. Galliarum. Eum, qui curiae vel collegio vel burgis ceterisque corporibus per triginta annos sine interpellatione servierit, res dominica vel intentio privata non inquietabit, si colonatus vel inquilinatus quaestionem movere temptaverit: sed in curia vel in corpore, in quo servierit, remaneat. D. III k. Iul. Mediolani Stilichone et Aureliano conss.".

[19]Según CTh. 12,19,2, treinta años intra eandem provinciam y cuarenta in alia; conforme con la llamada prescripción teodosiana (CTh. 4,14,1 [a. 424]); pero en CI. 11,66,6 el único plazo contemplado es el de treinta años; cfr. Rosafio, P., cit. (n. 2), p. 240 n. 44.

[20]Cfr. por ej. CI. 7,16,11 (a. 293) y 13 (a. 293): "si status moveatur quaestio"; CI. 7,16,17,1 y 2 (a. 293): "movere quaestionem libertatis"; CI. 7,19,7,4 (a. 317-319?): "lis de statu mota, de statu controversiam movere"; CI. 7,21,4 (a. 228) y 6 (a. 260): "status quaestionem mover"; CI. 8,44,18 (a. 293): "status mota quaestio".

[21]Como apunta Godofredo, CTh. 12,19,2 y 3 tratan "de iis, qui ex colonis vel inquilinis, curiales vel collegiati vel burgarii olim facti sunt, quibusque hodie status controversia movetur": Codex Theodosianus, tomus tertius cit. (n. 13), III, p. 539 (ad CTh. 12,19,1-3); cfr. en la misma línes Rosafio, P., cit. (n. 2), pp. 239 s., quien destaca que la ley contrapone las civitates, de una parte, y los propietarios, incluido el emperador, de la otra. Sobre el significado de la referencia legal a los cetera corpora, véase: Waltzing, J.-P., Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, II. Les collèges professionnels considérés comme institutions officielles (reimp. Bologna, 1968), pp. 141 s., 163; cfr. pp. 209 s.

[22]Godofredo: "Potiorem civitatum et publici status, quam utilitate suae, curam habens" [scil. Honorius]: Codex Theodosianus, cit. (n. 13), III, p. 539 (ad CTh. 12,19,1-3); cfr. Waltzing, J.-P., cit. (n. 21), pp. 326 s.; Grey, C., cit. (n. 6), p. 163.

[23]CTh. 12,19,3: "Post alia: manente hoc praecepto mansuetudinis nostrae, ut is, qui XXX annis docebitur functus officiis neque ulla umquam interpellatione pulsatus, intra eandem dumtaxat provinciam nihil calumniae super statu suo a privato neque a rei dominicae actoribus pertimescat, intra definiti temporis metas si quis docebitur fuisse conventus, iure legitimo in ordinaria sede pulsabitur, ut illic de statu eius sententia proferatur. Primates sane ordinum defensoresque civitatum poenae denuntiatione constringimus, ne passim vagari curiae vel collegii defugas in publica damna patiantur. Quod si per gratiam tacuisse detegentur, poenam relegationis excipiant".

[24]El texto califica incluso de calumnia el intento de plantear la quaestio después de los treinta años: "nihil calumniae super statu suo [...] pertimescat"; cfr. en el mismo sentido CTh, 5,18,1 pr. (a. 419). Sobre el plazo indicado se señala que es el que debe tenerse en cuenta intra eandem dumtaxat provinciam, pero en cambio no se menciona el de cuarenta años establecido en CTh. 12.19.2 para el supuesto de servicios prestados in alia.

[25]CI. 11,48,13: "Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio PP. Galliarum. Definimus, ut inter inquilinos colonosve, quorum quantum ad originem pertinet vindicandam indiscreta eademque paene videtur esse condicio, licet sit discrimen in nomine, suscepti liberi vel utroque vel neutro parente censito statum paternae condicionis agnoscan. 1. Illud etiam servandum est, ut, si quando utriusque fundi idem dominus de possessione referta cultoribus ad eam colonos quae laborabat tenuitate transtulerit, idemque fundi ad diversorum iura dominorum qualibet sorte transierint, maneat quidem facta translatio, sed ita, ut praedii eius dominus, a quo coloni probantur fuisse transducti, translatorum agnationem restituat. D. III id. Iul. Stilichone et Aureliano conss."

[26] Cfr. en esta línea Saumagne, Ch., cit. (n. 7), p. 502; Rosafio, P., cit. (n. 2), p. 241.

[27]CTh. 4,23,1: "Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio PP. Galliarum. Post alia: Si coloni, quos bona fide quisque possedit, ad alios fugae vitio transeuntes necessitatem condicionis propriae declinare temptaverint, bonae fidei possessori prima oportet et celeri reformatione succurri, tunc causam originis et proprietatis agitari, non expectatis temporibus nec denuntiatione sollemni, quae locum in his negotiis non habebun. Et cetera. D. III k. Iul. Mediolano Stilichone et Aureliano conss.".

[28]"[...] bonae fidei possessori primum oportet et celeri reformatione succurri, tunc causam originis et proprietatis agitari [...]"; según Grey, C., cit. (n. 6), p. 171, la ley establece "the correct order in which various legal claims, including that of the origo, should be settled in cases involving fugitive registered coloni".

[29]Cfr. Levy, E., Derecho romano vulgar de Occidente. Derecho de bienes (trad. e intr. de I. Cremades Ugarte = Interpretatio. Revista de Historia del Derecho, 9 (2003), p. 245 n. 322, superando las dudas de Cornil, G., La protection possessoire dans les "Leges Romanae Barbarorum", en Mélanges Fitting (reimpr. Aalen, 1969), I, pp. 280 s.; Levy hace notar (p. 236) que bajo possessor bonae fidei hay que entender possessor non vitiosus, al cual aparece reservado todavía el interdicto. La frase legal celeri reformatione succurri hace referencia al restablecimiento de la situación posesoria; véase: Archi, G.G., "Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii", en Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag (Göttingen, 1978) = El mismo, Scritti di diritto romano, III: Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustinianeo (Milano, 1981), p. 1996 y n. 45.

[30]Godofredo señala que el caso es el de un colono que, poseído de buena fe por alguien, "ad alium, velut dominum confugerit"; así pues, pese a que la ley parezca decir lo contrario ("si coloni [...] necessitatem condicionis propriae declinare temptaverint"), no se trata de que el colono niegue su condición y pretenda ser libre, sino sólo cambiar de dueño; en consecuencia, "[...] causam de proprietate hujus coloni inter bonae fidei possessorem, et eum, ad quem servus velut dominum confugerat in Sp. hujus l. agitari: Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis (Mantuae, 1740), I, pp. 451 s. (ad CTh. 4,23,1).

[31]"[...] non expectatis temporibus nec denuntiatione sollemni, quae locum in his negotiis non habebunt".

[32]CTh. 2,4,6 (a. 406); al interdicto unde vi ya en el 389: CTh. 2,4,5.

[33]Bethmann-Hollweg, M.A. von, Der römische Civilprozeß in geschichtlicher Entwicklung (Bonn, 1866), II, pp. 240 s., 345; Biondi, B., "Summatim cognoscere", en BIDR., 30 (1921), p. 227 n. 3; Kaser, M. - Hackl, K., Das römische Zivilprozessrecht (2ª ediciòn, München, 1996), p. 570.

[34]Véase entre otros: Schmidt, A., Das Interdiktenverfahren der Römer (Leipzig, 1853), pp. 334 s.; Bethmann-Hollweg, M.A. von, cit. (n. 33), pp. 345 ss.; Biondi, B., cit. (n. 33), pp. 227 s.; cfr. también Levy, cit. (n. 29), p. 237; ya Godofredo pensaba de esta forma: Codex Theodosianus cit. (n. 13), I, p. 452 (ad CTh. 4,23,1): "[...] non expectatis temporibus, nec denunciacione exacta, quae locum in his negociis, id est, Interdictis non habet". Según Grelle, F., Il patronato nel Basso Impero, en Labeo, 4 (1958) = Id., Diritto e società nel mondo romano (Roma, 2005), p. 9, CTh. 4,23,1 aplica a la reclamación del colono "il procedimento sommario che ha sostituito l'utrubi e che ne conserva il nome".

[35]Véase: en este sentido Schmidt, A., cit. (n. 34), 134, que anota: "mindestens für den Besitz von coloni"; cfr. igualmente Rosafio, P., cit. (n. 2), p. 234.

[36]Cfr. Biondi, B., cit. (n. 33), pp. 252 s.; Wenger, L., Institutionen des römischen Zivilprozessrechts (München, 1925), p. 318.

[37]Quizá no sea ocioso observar que en el Código Teodosiano el término negotium aparece con especial frecuencia en el título De appellationibus et poenis earum et consultationibus (CTh. 11,30), donde suele indicar con diversos matices el asunto o el proceso en el que tiene lugar el recurso: una posibilidad completamente ajena a los interdictos; cfr. también D. 42,1,64 y D. 49,1,24 pr: "condemnatus appellavit [condemnati appellaverunt] et diu negotium tractum est". Por otro lado, la comparación con leyes como CI. 1,18,7 (negotium finitum = causa decisa) o CI. 7,19,7 pr. (negotium status = status causa) afianza la idea de que la frase in his negotiis de CTh. 4,23,1 no se refiere sino a la causa originis propiamente dicha.

[38]La prescripción de CTh. 12,19,2-3 no sería operativa en aquellos casos en los que, conforme a CTh. 4.23.1, podía utilizarse el interdicto utrubi; sin embargo, más allá de esto, lo cierto es que la constitución sólo se refiere a la prescripción en relación con las causas en las que interviene, como demandante o como demandada, una civitas o corporación.

[39]Saumagne, Ch., cit. (n. 7), p. 521; cfr. también pp. 537 s.

[40]Partiendo de la finalidad perseguida por la ley del 400 ("ne a conditione propriae personae temere recedant seu distrahant"), Godofredo distingue entre una "conditio privata", a la que se refiere CTh. 4.23.1, y otra "conditio publica seu equitatum" de la que tratan CTh. 12,19,1-3: Codex Theodosianus cit (n. 13), III, p. 538 (ad CTh. 12,19,1-3); véanse, más arriba, las ns. 30 y 21, para su caracterización de cada uno de estos supuestos.

[41] Cfr. Waltzing, J.-P., cit. (n. 21), pp. 284 s., 301 ss.; Cuena Boy, F., cit. (n. 4), pp. 13 ss., 18 s.

[42] Véase más abajo, el número II,9.

[43] En CI. 11,48,13 pr.

[44]"Actiones publicas privatasque", actio: CTh. 12,19,2; intentio: CI. 11.66.6; cfr. también causam agitari: CTh. 4,23,1.

[45]P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del Tardo Impero (Padova, 1989), p. 113.

[46] Véase, más arriba, el número II,2.

[47]Sometiendo las acciones de la res dominica a prescripción, si bien únicamente cuando se dirigen contra alguna de las entidades referidas en CTh. 12,19,2, la ley del 400 se separa de lo dispuesto por una constitución anterior: CI. 7,38,1 (a. 365); por su parte, recordando la constitución general de Teodosio II (CTh. 4,14,1), la Nov. Val. 27.4 (a. 449) ordena la prescripción a los treinta años de toda acción relativa a originarios y colonos, inquilinos y esclavos de ambos sexos; en el párrafo 6 ratifica la regulación de CTh. 5,18,1 (véase: más abajo , número II.6) respecto de los litigios iniciados dentro de ese plazo.

[48]CTh. 5,18,1: "Impp. Honorius et Theodosius AA. Palladio PP. pr. Si quis colonus originalis vel inquilinus ante hos triginta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale silentii continuatione repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte possidetur, calumnia penitus excludatur quem annorum numerum futuris quoque temporibus volumus observari. 1. Quod si quis originarius intra hos triginta annos de possessione discessit, sive per fugam lapsus, seu sponte seu sollicitatione transductus, neque de eius condicione dubitatur, eum, contradictione summota, loco, cui natus est, cum origine iubemus sine dilatione restitui. 2. Quod si forte ipse, de cuius proprietate certatur, fatali sorte consumptus est, eius posteritatem agrorum iuri cum omni peculio atque mercedibus, velut eo superstite, qui decessit, celeri iubemus exsecutione revocari. 3. In feminis sane observationem volumus esse diversam. Itaque mulierum, quae fuisse originariae docebuntur, si ante vicesimum annum de solo, cui debebantur, abscesserint, universa repetitio cesset; earum vero, quarum intra comprehensum tempus discessio comprobatur ac de condicione nulla dubitatio est, prorsus dominis perire non sinimus, ea tamen condicione servata, ut vicaria cum agnatione partis tertiae non negetur, quae de colono suscepta est alieno, ita ut pro filiis quoque contrarii praebeantur. 4. Quod si non ad alienum praedium, sed cuiuscumque liberi hominis ac sui iuris secuta consortium in urbibus vel in quibuscumque locis victura consistit, si modo intra praefinitum tempus reposcitur, eius omnem originem secundum vetera constituta conveniet revocari. 5. Contestatas autem lites, si tamen quisquam docebitur solenniter fuisse conventus, salvas repetentibus esse decernimus. D. VI k. Iul. Ravenna Monaxio et Plinta conss.".

[49] CTh. 12,1,181; sobre el destinatario, véase, más arriba, la n. 2; nuestro examen, más abajo, en el número III,2.

[50]Para un examen contextual y más por extenso de la constitución, véase: Rosafio, P., cit. (n. 2), pp. 242 ss.; cfr. también Koptev, A., The Colonate in the Theodosian Code and its Interpretation in the "Breviary of Alaric", en Aubert, J. J. - Blanchard, P. (directores), Droit, religion et societé dans le Code Théodosien (Genève, 2009), pp. 278 ss.; Voci, cit. (n. 45), pp. 263, 364.

[51]"Porro idem Honorius [...] hanc praescriptionem adhuc coangustavit ad 30. annos indistincte, si coloni vel inquilini repetantur: ad 20. annos, si foeminae", señala Godofredo, Codex Theodosianus, cit. (n. 13), III, p. 539 (ad CTh. 12,19,1-3).

[52]Comenta Sirks, B., Reconsidering the Roman colonate, en ZSS., 110 (1993), p. 354, que la prescripción de CTh. 5,18,1 "was applicable to adscripticii privati iuris, i.e. of private lands"; la acotación, sin embargo, no es suficiente: por más que haya huido de una finca privada, el colono puede haber estado al servicio de una curia o corporación.

[53] Cfr. Saumagne, Ch., cit. (n. 7), pp. 511 s.

[54]CTh. 5,18,1,1: "[...] neque de eius condicione dubitatur, eum, contradictione summota, loco, cui natus est, cum origine iubemus sine dilatione restituí"; sin ofrecer ninguna explicación, Rosafio, P., cit. (n. 2), p. 243, cambia neque por atque invirtiendo de este modo el sentido del texto. En CTh. 5,18,3 se repite una observación semejante respecto de las mujeres originarias, quedando claro que lo único que se debe hacer cuando no hay duda acerca de su condición, es comprobar que la reclamación se plantea dentro del plazo de veinte años de prescripción: "earum vero, quarum intra comprehensum tempus discessio comprobatur ac de condicione nulla dubitatio est".

[55]Según Kaser, M. - Hackl, K., cit. (n. 33), p. 596, éste sería uno de los casos en los que a la plena inquisitio del juez se contrapone "eine bloß summarische (interimistische) Prüfung"; no obstante, el significado de la frase contradictione summota parece ir más allá de lo que estos autores, citando a Biondi, B., cit. (n. 33), p. 229, consideran una mera "vereinfachte Beweisführung" (cfr. p. 637 n. 3). Godofredo aclara "id est praescritione, seu exceptione": Codex Theodosianus cit. (13), I, p. 493 n. g contradictione (ad CTh. 5,6,1, o sea, CTh. 5,18,1).

[56]Ciertamente las leyes pueden mandar obviedades. Una obviedad sería ordenar que, luego de haberse comprobado judicialmente la condicio del presunto colono, se rechace la defensa del demandado y se restituya rápidamente el colono a su origo. El significado de summoveo que defendemos se comprueba, por otra parte, en diversos giros parecidos al de nuestro fragmento; así por ejemplo en CTh. 2,2,1: dicendi testimonii facultatem iura submoverint; CTh. 3,5,2 pr.: "summotis ambagibus"; CTh. 5,9,1: "omni repetitionis inquietudine penitus summovenda"; CTh. 8,18,7: "Supplicandi [...] licentiam summovemus"; CTh. 9,42,23: "omni penitus competitione subnota"; CTh. 12,1,33: "frustratione subnota"; etc.

[57]Exención de las formalidades y plazos de la litis denuntiatio en las reclamaciones entre particulares: CTh. 4,23,1; posibilidad de una orden de restitución inmediata cuando no hay duda acerca de la condición del huido: CTh. 5,18,1,1. Añádase la prescripción de las actiones privatae: CTh. 12,19,2-3, CTh. 5,18,1 pr. y 3; y la imprescriptibilidad de las actiones publicae: CTh. 12,19,1.

[58]Cfr. D. 50,2,1 (Ulp. 2 opin.), relativo a los decuriones; pero también CI. 11,64,3 (a. 408-415).

[59]Cfr. D. 50,1,38,5 (Pap. Iust. 2 de const.): "cum quaeritur, an municeps quis sit, ex ipsis etiam rebus probationes sumi oportere: nam solam nominis similitudinem ad confirmandam cuiusque originem satis non ese"; probablemente tampoco bastaban por sí solos los datos del censo ni los contenidos en los libros y archivos de ciudades y provincias: véase: CTh. 13,10,8 pr. (a. 383) = CI. 11,48,9, CI. 11,48,11.

[60]CTh. 12,19,3: "ut illic de statu eius sententia proferatur"; respecto de los curiales, cfr. CTh. 12,1,23 (a. 338) y CTh. 12,1,175 (a. 412).

[61] Véase, más arriba, la n. 20 y el texto correspondiente.

[62]No empaña esta observación el hecho de que la referencia en cuestión se encuentre en aquella parte de la constitución del 400 que trata de las reclamaciones privadas contra una civitas o corporación. Según D. Nörr, s.v. Origo, en RE., Suppl., 10 (1965), col. 469, para la determinación del origo se utilizó inicialmente un procedimiento administrativo que en la época de la que nos estamos ocupando se mezcla con el procedimiento privado.

[63]Grelle, F., cit. (n. 34), p. 9.

[64]Cfr. CTh. 5,17,1 pr.: "Apud quemcumque colonus iuris alieni fuerit inventus, is [...] eundem origini suae restituat"; CI. 11.48.8 pr.: "Omnes profugi [...] revocentur"; CI. 11.48.11: "Originarios colonos [...] domino vel fundo esse reddendos".

[65]Los textos del título De fugitivis colonis, inquilinis et servis (CTh. 5,17) no aportan nada concreto a la cuestión por la que nos preguntamos.

[66]Cfr. Sirks, A.J.B., Sulpicius Severus' letter to Salvius, en BIDR., 85 (1982), p. 162 y n. 63.

[67]El documento ha sido estudiado especialmente por Sirks, A.J.B., Sulpicius Severus' letter to Salvius, cit. (n. 66), pp. 143 ss.; y Lepelley, C., Trois documents méconnus sur l'histoire sociale et religieuse de l'Afrique romain tardive, retrouvés parmi les spuria de Sulpice Severe, en Antiquités Africaines, 25 (1989), pp. 235 ss., esp. 240 ss.; véase: también: Sirks, A.J.B., The "Epistula ad Salvium", appended to a letter of Sulpicius Severus to Paulinus: Observations on a recent analysis by C. Lepelley, en Subseciva Groningana, 6 (1999) pp. 91 ss.; el texto en Lepelley, C., cit., ibi, pp. 240-242, con traducción al francés.

[68]Los dos protagonistas son o han sido abogados, el autor le recuerda a Salvio que aprendió con él "quo iure coloni quove ordine repetantur": Ep. ad Sal., § 2, 11-13, 16; Sirks, A.J.B., The Farmer, the Landlord, and the Law in the Fifth Century, en Mathisen, R.W. (editor), Law, Society, and Authority in Late Antiquity (New York, 2001), p. 256, interpreta que ambos fueron "law students and barristers in Rome".

[69]Sirks, A.J.B., Sulpicius Severus' letter, cit. (n. 66), pp. 145 s, 168 s.; El mismo, The Farmer cit. (n. 68), p. 256: "Sometime about the begining of the fifth century ce".

[70]Lepelley, C., cit. (n. 67), p. 239: "avant l'invasion vandale".

[71]Sirks, A.J.B., The "Epistula ad Salvium", cit. (n. 67), p. 95; pero cfr. p. 101: "[...] the realities of life and of the application of the laws in the province of Proconsular Africa in the last quarter of the fourth, or the first quarter of the fifth century".

[72] Véase: Lepelley, C., cit. (n. 67), pp. 245 s.

[73]Sirks, A.J.B., Sulpicius Severus' letter, cit. (n. 67), pp. 150, 169; en El mismo, The "Epistula ad Salvium", cit. (n. 67), no hay ya ninguna referencia a las leyes del 400 y el 419.

[74] Véase, más arriba, la n. 68.

[75]Ep. ad Sal., § 2, 16-17: "Quaero [...] utrum ius aliud habeant advocati, aliud ex togatis, an aliud aequum Romae sit, aliud Matari"; para Lepelley, C., cit. (n. 67), p. 244, hay aquí un buen testimonio de la unificación jurídica del mundo romano en época tardía.

[76]Ep. ad Sal., § 2, 9-10: "et ruricolas meos cur velis exhibitionis urgere formidine, non agnosco"; al respecto, véase: Lepelley, C., cit. (n. 67), p. 245; Sirks, A.J.B., The "Epistula ad Salvium", cit. (n. 67), p. 100; de ningún modo ese interdicto es el mismo que el previsto en CTh. 4,23,1.

[77]Ep. ad Sal., § 4, 25-26: "cum dominus non sis, passim colonorum meorum facias mentionem"; véase: Lepelley, C., cit. (n. 67), pp. 242 (trad.), 248; Sirks, A.J.B.,The "Epistula ad Salvium", cit. (n. 67), p. 93, traduce así: "that you may make mention without distinction of my coloni".

[78]Esto es lo que afirma inicialmente Sirks, A.J.B., Sulpicius Severus' letter, cit. (n. 66), pp. 149 s., con el argumento de que los colonos siguen siendo ciudadanos romanos libres; en su réplica a Lepelley, C., The "Epistula ad Salvium", cit. (n. 67), p. 99, suponiendo que el autor de la carta fuera poseedor de buena fe de los colonos, Sirks dice que "the summons for their return should be directed against him".

[79] Como señala Voci, P., cit. (n. 45), p. 263, conforme a esta ley, para recuperar los colonos huidos había que actuar contra el propio colono, si éste había permanecido en libertad, o contra el poseedor.

[80]Cfr. Ep. ad Sal., § 4, 25: "cum dominus loci non sis".

[81]La frase legal "bonae fidei possessori prima oportet et celeri reformatione succurri, tunc causam originis et proprietatis agitari" recuerda aquello que dice Paulo: "in interdicto possessio, in actione proprietas vertitur" (D. 44,2,14,3, 70 ad ed.).

[82]Vindicare se usa también respecto de los curiales: "curiali consortio vindicetur" (CTh. 12,33,1); "si quis suum decurionem vindicare voluerit" (CTh. 12,1,181 pr.); otras referencias más abajo, n. 91.

[83]En relación con CTh. 4,23,1, ésta parece ser la interpretación de Rosafio, P., cit. (n. 2), p. 234, pues dice que el interdicto previsto en este fragmento daba al possessor bonae fidei la posibilidad de recuperar inmediatamente el colono, "prima ancora dell'accertamento del origo e della titolarità del fondo sul quale è stato registrato".

[84]Grelle, F., cit. (n. 34), p. 9.

[85] Cfr. Levy, E., cit. (n. 29), pp. 201 ss., esp. 209 s.

[86]Banaji, J., Lavoratori liberi e residenza coatta: il colonato romano in prospettiva storica, en Lo Cascio, E. (a cura di), Terre, proprietari e contadini, cit. (n. 4), pp. 259 ss., se refiere a un "inequivocabile senso del lavoro come proprietà, dell'autorità del ‘padrone' come un genere di proprietà che il padrone esercitava sul lavoro del prestatore d'opera"; asimismo señala la inutilidad de preguntarse si esta noción de propiedad se limitaba al trabajo o se extendía también a la persona del colono, "poiché non c'è dubbio che vigevano entrambe concezioni", aunque no deja de subrayar que estas nociones "operavano riguardo al lavoro libero"; no es decisivo al respecto el testimonio de Aug., de Civ. Dei, 10,1,2: "non sicut appellantur coloni, qui condicionem debent genitali solo propter agriculturam sub dominio possessorum". Sobre la relación de los colonos con los propietarios de las tierras, véase: de Robertis, F. M., Lavoro e lavoratori nel mondo romano (Bari, 1963), pp. 366 ss., esp. 374 ss.; de Martino, F., Storia della costituzione romana (Napoli, 1975), V,2, p. 193 y n. 71; Koptev, A., cit. (n. 50), pp. 264 ss.

[87]La diferencia es clara, por ejemplo, en CTh. 5,17,1,1 (a. 332), CTh. 14,18,1 (a. 382), CTh. 16,6,4 pr. (a. 405), CTh. 5,6,3 (a. 409), CTh. 16,5,52,4 (a. 412), CTh. 16,5,54,8 (a. 414), CTh. 2,30,2 (a. 422), CTh. 2,31,1 (422); incluso cuando tiende a la aproximación de ambas situaciones, el lenguaje legal no deja de añadir algún matiz que las diferencia: "Coloni censibus dumtaxat adscripti [...] paene est ut quadam servitute dediti videantur" (CI. 11,50,2 pr.); "et licet condicione videantur ingenui, servi tamen terrae [...] aestimentur" (CI. 11,52,1,1). Cosa distinta es la tendencia de los propietarios de las tierras a no distinguir: "item quaero [...] utrum liceat possessori servos facere colonos vel filios colonorum suorum" (Aug., Ep. 24*, 1).

[88] Véase, más arriba, la n. 2.

[89]Cfr. D. 50,2,1 y D. 50,5,1,2 (Ulp. 2 opin.); cfr. Gaudemet, J., Constantin et les Curies municipales, en Iura, 2 (1951), pp. 44 n. 1, 54 n. 44; Santalucia, B., I "libri opinionum" di Ulpiano (Milano, 1971), I, p. 157, y II, p. 94, considera probable que D. 50,2,1 refleje el texto de alguna constitución imperial; Liebs, D., "Ulpiani Opinionum libri VI", en TR., 41 (1973), p. 294, desconfía de la autenticidad de ambos textos por entender que su contenido no se corresponde con el derecho de la época de los Severos.

[90] Sobre esos "otros lugares", D. 50,5,1,2.

[91]CTh. 12,1,33 (a. 342): "curiali consortio vindicetur"; CTh. 12,1,154 (a. 397): "teneat suum curia et perpetua sibi obnoxium vindicatione defendat"; CTh. 1,5,13 (a. 400): "curiae vindicetur"; CTh. 12,1,181 pr. (a. 416): "decurionem vindicare".

[92]CTh. 12,1,14 (a. 326): "ordinibus propriis restituant"; CTh. 12,1,22 (a. 336): "Decuriones [...] iubemus [...] restitui curiae"; CTh. 12,1,37 (a. 344): "curiae restituti"; CTh. 12,1,38 (a. 346): "restituantur obsequiis"; CTh. 12,1,40 (a. 353): "restituantur civitatibus"; CTh. 12,1,81 = CI. 10,32,32 (a. 380): "ordinibus restituantur"; CTh. 12,1,90 (a. 382): "restituendis omnibus functionibus quas debebunt"; CTh. 12,1,119 (388): "curiales [...] utilitatibus se patriae et ei cui nati sunt restuituant civitati"; CTh. 12.1.139 (a. 394): "patriis muneribus restitui oportet"; CTh. 12,1,162 (a. 399): "spectabilitas tua [...] matura exsecutione restituat"; CTh. 12,1,181 pr. (a. 416): "convictum cum poena restituerit debitis muneribus".

[93]CTh. 12,1,10 (a. 325): "curiae suae et civitati reddatur"; CTh. 12,1,31 (a. 341) = CI. 10,71.1: "curiis officiisque municipalibus reddantur"; CTh. 12,1,38 (a. 346): "quicumque [...] reddantur"; CTh. 1,12,45 (a. 358): "curiae decernentes esse reddendos, quos obnoxios esse claruerit"; CTh. 12,1,73 (a. 373): "reddatur curiae, quam voluit declinare""; CTh. 12,1,88 (a. 382): "Curiales [...] certum est origini esse reddendos"; CTh. 12,1,100 (a. 383): "Omnes, qui ex origine curialium [...] reddi propriis ordinibus oportebit"; CTh. 12,1,113 (a. 386): "si quibuscumque in locis reppertos non [...] reddiderint"; CTh. 1,12,116 (a. 387): "Omnes, qui ex origine decurionum [...] reddant patriae, cui nati sunt, debitas functiones"; CTh. 12,1,118,1 (a. 387): "patriae reddatur et civibus"; CTh. 12,1,134 = CI. 10,32,43 (a. 393): "Omnes, qui curiali obstricti sanguine [...] reddendos muniis esse non ambigas"; CTh. 1,12,6 (a. 398): "origini suae reddatur"; CTh. 9,45,3 = CI. 1,3,12 (a. 398): "curialis [...] pristinae condicioni reddatur"; CTh. 12,1,147,3 (a. 416): "quisquis municeps deprehensus fuerit [...] reddatur muneribus civitatis"; CTh. 12.1.161 = CI. 10.32.51 pr. (a. 399): "quemadmodum isti [...] officiis redderentur"; CTh. 12,1,170 (a. 409): "curiales [...] reddi urbibus debita censura praecipimus"; CTh. 12,1,174 (a. 412): "Curiales [...] reddi praecipimus propriae civitatis"; CTh. 12,1,181,2 (a. 416): "curiae obnoxios [...] reddantur muniis civitatum".

[94]CTh. 12,1,13 = CI. 10,32,17 (a. 326): "revocetur ad curiam"; CTh. 12,1,38 (346): "ad curias revocari"; CTh. 12,1,50 pr. (a. 362): "Decuriones [...] revocentur"; CTh. 12,1,59 (a. 364): "ex necessitate revocando eo, qui neutrum fecit"; CTh. 12,1,63 = CI. 10,32,26,1 (a. 373): "ad munia patriarum subeunda revocari"; CTh. 12,1,73 (a. 373): "revocetur"; CTh, 12,1,82 (a. 380): "Omnes ad curiam praecipimus revocari"; CTh. 12,1,94 (a. 383): "ad collegium ordinum et consortium functionum amota [...] revocare"; CTh. 12,1,113 (a. 386): "cunctos transfugas [...] ad originem pristinam revocari"; CTh. 9,45,3 = CI. 1,3,12 (a. 398): "decuriones [...] vigore et sollertia iudicantum ad pristinam sortem velut manu mox iniecta revocentur"; CTh. 12.1.147 pr. (a. 416): "ad munia civilia revocantur"; CTh. 12,1,159 (a. 398): "ad curiam [...] revocandos"; CTh. 12,1,171 pr. (a. 412): "cunctos deceat revocari".

[95]CTh. 12,1,18,1 (a. 329): "curiis mancipari"; CTh. 12,1,46 (a. 358): "honoribus mancipentur"; CTh. 12,1,48 (a. 361): "decuriones [...] curiae propriis urbibus mancipandi sunt"; CTh. 12,1,83 (a. 380): "curiarum functionibus mancipetur"; CTh. 12,1,114 = CI. 10,32,39 (a. 386): "Curiales [...] propriis functionibus mancipentur"; CTh. 12,1,125 (a. 392): "necessariis atque origini suae debitis functionibus mancipari praecipimus"; CTh. 12,1,165 (a. 399): "curiae mancipentur"; CTh. 12,1,175 (a. 412): "ordini mancipandi"; sobre el significado de mancipare, cfr. G. de Bonfils, "Omnes [...] ad implenda munera teneantur". Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo (Bari, 1998), pp. 98 s., con más referencias en n. 33.

[96]CTh. 1,12,13 (a. 326): "hos ad curiam retrahant"; CTh. 12,1,49,2 (a. 361): "a curialibus iudiciali officio suffragante retrahendi sunt"; CTh. 12,1,71 (a. 370): "Qui [...] ad locum indebitum tetenderunt [...] ad ea quae fugerant retrahantur"; CTh. 12,1,74,2 (a. 371): "eo, qui [...] retrahendus est"; CTh. 12,1,96,1 (a. 383): "originales [...] ad curiales functiones [...] retrahantur"; CTh. 12,1,114 = CI. 10,32,39 (a. 386): "Curiales [...] ad curiam retrahantur".

[97]CTh. 12,1,87 (a. 381): "ad obsequium [...] redire curiale"; CTh. 12,1,161 = CI. 10,32,51,1 (a. 399): "hi tamen, qui manifestis curiae nexibus inligantur, latere potius quam redire maluerint"; CTh. 12,1,171 pr. (a. 412): "eos tantum ad declinatas necessitates nunc redire iuberemus"; CTh. 12,1,176 (a. 413): "omnes [...] ad proprias urbes redire praecipimus".

[98]CTh. 12,1,11 (a. 325): "ad eandem curiam reverti praecipimus"; CTh. 12,1,143 (a. 395): "nisi ad curiam reverterint".

[99]CTh. 12,1,147,2 (a. 416): "ad civitatem originariam dirigatur"; CTh. 12,1,181,1 (a. 416): "curiae obnoxios [...] ad civitates proprias dirigi convenit".

[100]CTh. 12,1,37 (a. 344): "ordinibus quos reliquerant traderentur".

[101]Hacia el Senado, la administración central o periférica, el ejército, el clero o las corporaciones profesionales; también, como hemos visto, hacia el campo. Véase: Gaudemet, J., cit. (n. 89), pp. 58 ss.; Ganghoffer, R., L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire (Paris, 1963), pp. 72-112; Schubert, W., Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4.-6. Jahrhunderts, en ZSS., 99 (1969), pp. 291-308; Sorace, R., cit. (n. 14), pp. 543 ss.; cfr. también de Martino, F., cit. (n. 86), pp. 526 ss.; Crogiez-Pétrequin, S. - Jaillette, P., Images de la désertion et des déserteurs dans le Code Théodosien, en Aubert, J. J. - Blanchard, P. (directores), Droit, religion et societé, cit. (n. 51), pp. 235 s. y el cuadro de pp. 240 ss.

[102]CTh. 12,1,13: "qui per originem obnoxii sunt"; CTh. 12,1,14: "qui tamen ex origine curialium descendunt"; CTh. 12,1,74,5: "super obnoxiis curiali origini"; CTh. 12,1,102: "ii, quos obnoxios curiae origo fecerit"; CTh. 12,1,118 pr.: "Decurio fortunam, quam nascendo meruit""; CTh. 12,1,134: "Omnes, qui curiali obstricti sanguine"; CTh. 12,1,1,170: "curiales, qui [...] declinarunt esse quod nati sunt".

[103]CTh. 12,1,181 pr. = CI. 10,32,54: "Impp. Honorius et Theodosius AA. Palladio PP. Salvis his, quae iam dudum tam a nobis quam a retro principibus parentibus nostris super curialibus statuta noscuntur, hac etiam generali lege sancimus, ut, si quis suum decurionem vindicare voluerit, si iudicis desit copia, eundem manus iniectione concessa sciat ad examen cognitoris resultantem esse deducendum, ita ut moderator provinciae, si quaestio fortasse fiducia defensionis ulla generatur, nisi intra tres menses causam originis competenti disceptatione cognoverit atque convictum cum poena restituerit debitis muneribus vel liberum ab inquietudine vindicaverit, X librarum auri multam cogatur exsolvere, eius etiam officium pari damni irrogatione teneatur"; la versión del Código justinianeo contiene praesidis en vez de iudicis y pronuntiaverit en lugar de vindicaverit; asimismo inserta curiae entre decurionem y vindicare. Según de Bonfils, cit. (n. 95), p. 123 n. 91, el moderator provinciae era un funcionario delegado con competencias judiciales que se encargaba, entre otras materias, del control sobre los curiales; Kaser, M. - Hackl, K., cit. (n. 33), p. 533, apuntan: "rectores (oder moderatores) provinciarum"; sobre el posible perfil de esta figura, véase: últimamente Piacente, D. V., Riflessioni sul "moderator provinciae", en Classica et Christiana, 2 (2007), pp. 177-202.

[104]CTh. 12,1,181,1: "Si quos sane curiae obnoxios in diversis officiis atque militia subterfugientes decurionatum ante esse claruerit, si per suffectam personam et periculo suo idoneam originis nexum procurare noluerint, exutos sacramento militiae ad civitates proprias dirigi convenit sub prosecutione idonea, ita ut de eorum nominibus, qui armatum adpetierint sacramentum, ad viros illustres magistros militum scribta mittantur, ut eorum auctoritate soluto cingulo militari reddantur muniis civitatum".

[105]CTh. 12,1,147; la orden se expresa con hasta cuatro fórmulas diferentes: "ad munia civilia revocantur; ad propriam urbem sub prosecutione dirigantur; ad civitatem originariam dirigatur; reddatur muneribus civitatis"; el texto conservado termina con un etcetera.

[106]Cfr. Nuyens, M., Le statut obligatoire des dècurions dans le droit constantinien (Lovain, 1964), pp. 126 ss. Respecto de aquellos que intentan eludir sus officia u honores mediante la consecución de algún grado eclesiástico, CTh. 12,1,49,2 (a. 361) dispone que, si no son rechazados por los obispos, a curialibus iudiciali officio suffragante retrahendi sun.

[107] El texto más arriba , n. 23.

[108]Al respecto: Mannino, V., Ricerche sul "defensor civitatis" (Milano, 1984) p. 90, habla de una "función de policía" dirigida a evitar la deserción de los curiales y los collegiati; no debió ser infrecuente que la fuga se produjese con la complicidad de las propias curias: Jacques, F., "Obnoxius curiae. Origines et formes de l'astreinte à la cité au IVe siècle de notre ère, en RHDFE., 63 (1985), p. 323; cfr. también CTh. 12,1,71 (a. 370): "etiamsi conivente curia"; CTh. 6,30,16 (a. 399), CTh. 12,1,164 (a. 399), CTh. 6,35,14 pr. (a. 423).

[109] Cfr. Levy, E., cit. (n. 29), p. 205 y n. 63.

[110]CTh. 9,45,3 = CI. 1,3,12 y CTh. 12,1,159 = CI. 10,32,50; con una diferencia de cuatro meses (de junio a octubre), ambas constituciones se dirigen a Eutiquiano Prefecto del Pretorio; la primera termina con un etcetera; cfr. también CTh. 7,22,7 (a. 365); CTh. 8,7,10 (a, 369) y CTh. 7,22,9 (a. 380). Sobre la manus iniectio en estas y otras constituciones, véase: Molè, M., La "manus iniectio" nel Codice Teodosiano, en RISG., 11 (1963-1967) pp. 23 ss., esp. 43 ss. (CTh. 9,45,3) y 48 ss. (CTh. 12,1,159 y CTh. 12,1,181).

[111]Cfr. CTh. 9,45,3: nec statim conventione praemissa pristinae condicioni reddatur y vigore et sollertia iudicantum ad pristinam sortem velut manu mox iniecta revocentur; en opinión de Molè, M., cit. (n. 110), p. 50 n. 77, la praemissa conventio requerida por esta constitución es un momento necesario del procedimiento, anterior al ejercicio de la manus iniectio y que se explica por el carácter sagrado del lugar donde aquél se desarrolla (cfr. ad ecclesiam confugientes); no es fácil entender cómo este autor, aun admitiendo que los autorizados al prendimiento en CTh. 12,1,159 son también los jueces (véase: por ej. p. 54, a propósito de CTh. 12,1,181), considera que la manus iniectio de esta ley es simplemente el medio material de ejercicio de la acción: así Molè, M., cit. (n. 110), p. 50.

[112]Como señala el propio Molè, M., cit. (n. 110), pp. 52, 54, la restitución a la curia no puede ser directa: necesita el pronunciamiento previo de un cognitor (según él, siempre el cognitor ordinarius, esto es, el gobernador de la provincia).

[113]"Singularis proinde hic casus est de manus injectione, quo quis capitur etiam sine praecepto Judicis", había advertido ya Godofredo: véase: Codex Theodosianus, cit. (n. 13), III, p. 448 (ad CTh. 12,1,181). Según Kaser, M. - Hackl, K., cit. (n. 33), p. 623 y n. 2, manus iniectio significa en las tres constituciones (CTh. 9,45,3; CTh. 12,1,159 y CTh. 12,1,181 pr.) "die administrativ-polizeiliche Ergreifung einer Person durch ein stadtliches Vollzugsorgan zwecks Zurückführung in ihren status als [...] Kuriale"; en nuestro concepto, CTh. 12,1,181 pr. debe quedar fuera de esta caracterización. También Molè, M., cit. (n. 110), pp. 52 ss., reconoce inicialmente el carácter específico de la manus iniectio prevista en CTh. 12.1.181, pero después, con el fin de equipararla a la de CTh. 9,45,3 y CTh. 12,1,159, argumenta para defender su carácter presuntamente ejecutivo: una ejecución cautelar que el examen del cognitor legitimaría a posteriori.

[114]Cfr. D. 50,2,1 (Ulp., 2 opin.), D. 50,1,37 pr. (Call., 1 de cognit.); véase: Molè, M., cit. (n. 110), p. 52 n. 82. Godofredo sostiene que el fuero competente era siempre el del gobernador provincial: véase: esp. Codex Theodosianus, cit. (n. 13), III, p. 396 (ad CTh. 12,1,110).

[115] Sobre esta figura, véase, más arriba, la n. 103.

[116]Véase, más arriba, la n. 103; con base en esta circunstancia (la ausencia de juez), Molè, M., cit. (n. 110), pp. 51, 52 y n. 81, 67, entiende que las disposiciones de CTh. 12,1,181 pr. se refieren a un caso límite y son de carácter excepcional, lo que, de cualquier modo, no le impide equiparar la manus iniectio de esta ley a la de CTh. 9,45,3 y CTh. 12,1,159: véase, más arriba, la n. 113.

[117]Véanse, por ej.: CTh. 12,1,23 (a. 338): "defensorem ad iudicia mittere"; CTh. 12,1,45: "in iudiciis conpetentibus"; CTh. 12,1,71: "in iudicium causis"; CTh. 12,1,102: "latum inter partes iudicium"; de todos modos, según Godofredo (véase: Codex Theodosianus, cit. (. 13), III, pp. 389 s., ad CTh. 12,1,102), este último texto no se refiere a la autoridad de cosa juzgada inter partes sino a la designación como curial por decisión de la propia curia, por lo que debe ser corregido: "omnino rescribendum inter patres, id est Curiales".

[118]Véanse: por ej.: CTh. 12,1,14: "iudicio praefecturae" [cfr. Nuyens, M., cit. (n. 106), pp. 141 s.]; CTh. 12,1,49,2: "iudiciali officio suffragante"; CTh. 12,1,71: "pronuntiet iudex"; CTh. 12,1,118,1: "auctoritate ordinarii iudicis"; CTh. 12,1,134: "iudicantis est sententia porrigenda"; CTh. 12,1,162: "exsecutiones praestare iudices".

[119]La constitución se dirige a Lupiano comes et magister militum per Orientem; la parte que interesa dice así: "Hi, quos moderatores provinciarum maxime Foenices, ordinibus civitatum prosequentibus docti, ex consortio curiali ad officium culminis tui demigrasse suggesserint, mox sub fida prosecutione ad eiusdem iudicis transmittantur examen, qui super eorum nominibus rettulerit". En su comentario, Godofredo [Codex Theodosianus, cit. (n 13), III, p. 442, ad CTh. 12,1,175] reconstruye el proceso de relamación de los curiales huidos de la forma siguiente: "1. Ordines Civitatum, seu Curiae, Rectores monebant de refugiis Curialibus, seu his prosequentibus, docebantur [...] 2. Rectores nomina refugarum Curialium ad Magistrum militum, seu Magistratum ad cujus officium sese illi contulerant, referebant [...] 3. Sub fida prosecutione ad Rectoris provinciae examen a Magistro militum transmitti Curiales oportebat [...] 4. Tandem Rector sententiam proferebat, ordinique Curialem mancipabat [...]"; la reconstrucción que ofrece Molè, M., cit. (n. 110), p. 56 n. 89, es muy parecida.

[120]El texto, dirigido a Eutiquiano praefectus praetorio, está incompleto, aunque el problema al que se refiere es sin ninguna duda afín al nuestro; la última frase sugiere que no hay diferencia entre el moderator provinciae y el gobernador: aput eundem provinciae moderatorem; sobre la competencia del gobernador, cfr. también CTh. 12,1,110 (a. 385) y CTh. 12,1,118 (a. 387).

[121] Cfr. Ganghoffer, R., cit. (n. 101), p. 192; Mannino, V., cit. (n. 108), pp. 123 s.

[122]CTh. 12,1,177 pr.: "[...] in iudicio rectoris provinciae vel absente eo aput duumviros sive defensorem eiusdem civitatis".

[123]Véase: Molè, M., cit. (n. 110), p. 52 n. 83, 55 s.; según este autor, en CTh. 12,1,181 pr. ocurriría lo mismo que en CTh. 12,1,175, de tal modo -nos parece entender- que "si quaestio fortasse fiducia", etc. sería, en la primera ley, el equivalente de "si litigandum putaverint" en la segunda.

[124]En CTh. 12,1,175 se menciona expresamente la alternativa de someterse voluntariamente a los munera o litigar: "vel sponte civilia munera subituri vel, si litigandum putaverint [...]"; no obstante, en contra de lo que piensa Molè (véase, más arriba, la n. 123), esta segunda posibilidad parece subordinarse también a la seriedad de la defensa del demandado, que haría que sólo después del correspondiente proceso estuviese el cognitor en condiciones de pronunciarse sobre la restitución de aquél a la curia: "post sententiam cognitoris, si id ea suggesserit, ordini mancipandi".

[125]CTh. 12,1,181 pr.: "ita ut moderator provinciae [...] causam originis conpetenti disceptatione cognoverit"; sobre el uso de disceptatio en el sentido de conocimiento y resolución judicial de un asunto, véanse, entre otras: CTh. 1,29,1 = CI. 1,55,1, CTh. 2,4,7, CTh. 2,5,2 = CI. 3,40,1, CTh. 2,22,1, CTh. 4,22,1 = CI. 8,5,1,1, CTh. 9,1,18, CTh. 10,26,2, CTh. 11,26,1 = CI. 10,30,1, CTh. 11,30,41, CTh. 11,31,3, CTh. 11,36,3 y 6; sobre disceptator como juez, CTh. 3,32,2, = CI. 7,62,17, CTh. 6,4,16 = CI. 1,39,1

[126]CTh. 12,1,181,1: "Si quos sane curiae obnoxios [...] ante esse claruerit"; según Godofredo, ante quiere decir con anterioridad a la propia ley: Codex Theodosianus, cit. (n. 13), III, p. 447, n. i ad CTh. 12,1,181. Cfr. en CTh. 12,1,45 el contraste entre "recipiant curiae, si sibi obnoxios esse monstraverint" y "curiae decernentes esse reddendos, quos obnoxios esse claruerit"; CTh. 12,1,125: "eum, qui evidenter ostenditur curiali patre genitus, mox necessariis atque origini suae debitis functionibus mancipari praecipimus"; de modo parecido, lo dispuesto en CTh. 12,1,161 = CI. 10,32.51.1 se refiere solamente a aquellos "qui manifestis curiae nexibus inligantur".

[127] En contra de lo que afirma Molè, M., cit. (n. 110), p. 57, pensamos que en CTh. 12,1,181,1 no hay trazas de actuación jurisdiccional del gobernador ni de ningún otro funcionario; tampoco en CTh. 12,1,147, donde, como hemos dicho, se contienen instrucciones relativas a la aplicación de lo ordenado en CTh. 12,1,181 pocos meses antes.

[128] Véanse, más arriba, los números II,6 y 7.

[129] En este punto conviene recordar una vez más que las dos constituciones (CTh. 5,18,1 sobre los colonos y CTh. 12,1,181 sobre los decuriones) fueron emanadas por los mismos emperadores y se dirigen al mismo destinatario.

[130]La devolución debía ordenarse cum poena; al respecto, Godofredo remite a CTh. 12,1,16, 23, 119 y 161.

[131]D. 50,1,38,5 (el texto más arriba, en n. 59); obviamente, la similitud en cuestión es la que podía existir entre el nomen gentilicium o el cognomen de un individuo y la denominación de una determinada localidad.

[132] Por todos: Declareuil, J., cit. (n. 6), pp. 178 ss., esp. 194 ss.; Nuyens, M., cit. (n. 106), pp. 100, 170 ss., 240 ss., esp. la síntesis de pp. 268 ss.; Schubert, W., cit. (n. 101), pp. 309 ss.

[133]Véanse: CTh. 12,1,113: "[...] nemo, si tamen eius pater aut avus decuriones fuerunt, factum suum incongrua usurpatione defendat"; cfr. CTh. 12,1,64 = CI. 10,32,27 (a. 368 o 370), CTh. 7,1,6, CTh, 10,22,6 = CI. 11,10,4 (a. 412).

[134]Cfr. CTh. 12,1,139: ""[...] ) sublimis auctoritas tua providebit, ut de singulorum nominibus ad sedem vestram singulae quaeque referant civitates, ne quis dissimulatione suggerentium delitescat, ut cuncti sine frustratione aliqua restituti curiarum muniis cum omni posteritate deserviant"; otros documentos de los que hablan las fuentes (CTh. 12,1,38, CTh. 12,1,175, CTh. 12,1,181,1) se enmarcan más bien en la tramitación judicial o administrativa de la reclamación.

[135] Cfr. entre otras referencias: CTh. 12,1,13 = CI. 10,32,17, CTh. 12,1,37, 38, 40, 56, 95, 100 y 154.

[136]Sobre el tema, Molè, M., cit. (n. 110), p. 50 n. 78; y sobre todo, Schubert, W., cit. (n. 101), pp. 300 ss.; cfr. también Gaudemet, J., cit. (n. 89), p. 59, que a propósito del plazo de veinte años de CTh. 12,1,13, considera que no se trataba tanto de prescripción cuanto de consideraciones de hecho, a saber, la dificultad de probar la condición de curial después de un plazo tan largo y el peligro de desorganización de los officia por la retirada de empleados o militares experimentados; Nuyens, M., cit. (n. 106), p. 127.

[137]Sobre el tópico, recientemente: Sirks, The Theodosian Code, cit. (n. 10), pp. 91 ss., con discusión de la tesis asimismo reciente de Liebs, D., Konstantin als Gesetzgeber, en Demandt, A. - Engemann, J. (editores), Konstantin der Grosse. Geschichte-Archäologie-Rezeption (Trier, 2006), pp. 97 ss., acerca de las causas del cambio de estilo producido a partir de Constantino.

[138]Véase especialmente: Volterra, E., cit. (n. 10), pp. 193 ss., 209 ss.; El mismo, Intorno alla formazione del Codice Teodosiano, en BIDR., 83 (1980), pp. 132 ss.

[139] Sin apoyo textual concreto (aunque CTh. 4,23,1 parece referirse únicamente a reclamaciones entre particulares), esto último se infiere como complemento necesario del distinto tratamiento de la prescripción según se trate de acciones públicas o privadas; véase a continuación en el texto.

[140] El cierre del sistema requiere también aquí una inferencia: la prescripción sería oponible entre particulares.

[141]Cfr. la traducción de Pharr, C., The Theodosian Code and Novels and Sirmondian Constitutions (Princeton, 1952), p. 116: "and if there should be no doubt concerning his status, We order that all controversy shall be removed and that he [...] shall be restored without delay to the status to wich he was born".

[142] Cfr. también aquí la traducción de Pharr, C., cit. (n. 141), p. 369: "if any question, perhaps as to a right of defense should arise"; especialmente la alternativa propuesta en n. 359: "Or: if a legal action should arise through any trustworthy defense".

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Correspondencia: Catedrático de Derecho romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Dirección postal: Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, Avda. de Los Castros s/n, 39005 Santander, España. Correo electrónico: cuenafj@unican.es.

Recibido: 25 de abril de 2012.

Aceptado: 13 de julio de 2012.

 

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