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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.34 Valparaíso oct. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552012000100010 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXIV (Valparaíso, Chile, 2012)
[pp. 323 - 368]

ESTUDIOS - Historia del Derecho Internacional Público

Antecedentes del Derecho humanitario bélico en el contexto de la Independencia hispanoamericana (1808-1826)*

 

Background of Humanitarian Warlaw within the Context of the Spanish-American Independence (1808-1826)

 

Luis Ociel Castaño Zuluaga

Universidad de Medellín, Colombia

Dirección para correspondencia


RESUMEN

El trabajo señala algunas prácticas propias del Derecho de Gentes desarrolladas en el contexto bélico del proceso de la Independencia hispanoamericana. Describe parte de los instrumentos, convenciones o tratados que se suscribieron entre los beligerantes y que de manera directa no solo contribuyeron a humanizar el conflicto mismo sino que también sentaron los pilares de lo que con el correr del tiempo sería el Derecho Humanitario. Constituye un capítulo importante pero un tanto desconocido de la historia militar del período, asumido desde una perspectiva que trasciende la mera epopeya, menos dispuesto a resaltar las glorias personales que a ahondar en la construcción de una humanidad racional y razonable aún en medio de la barbarie del conflicto armado.

Palabras clave: Ius belli - Derecho humanitario - Armisticios - Capitulaciones militares - Indultos - Amnistías.


ABSTRACT

The following article points out some practices of the warlaw of nations, developed within the context of Latin American independence process. It describes some of the instruments, conventions or treaties signed between the belligerents, those who directly contributed, not only, to humanize the conflict itself, but also those who laid the foundations for what, with the passage of time, would be the Humanitarian Law. It also constitutes an important chapter, somewhat unknown to the military history of the period, taken from a perspective that transcends mere epic, less willing to highlight the personal glories to delve into the construction of a rational and reasonable humanity even in the midst of barbarism of the armed conflict.

Keywords: Law of Nations - Humanitarian law - Truces - Capitulations military - Pardons - Amnesties.


 

I. Introducción

Lo que se desarrolla a continuación constituye la materialización de las elaboraciones teóricas y doctrinarias de los ius internacionalistas europeos que desde la llamada escuela española del Derecho Internacional, iniciada por Vitoria y Suárez, pasando por Gentile, Grocio y Vattel, se fueron perfeccionando hasta adoptarse como práctica extendida en las relaciones políticas de los Estados y de los pueblos. A partir de los postulados del Derecho de gentes y del Derecho de la guerra, ampliamente conocidos y acogidos por los criollos americanos que jugarían papel protagónico en el proceso separatista de las antiguas colonias españolas respecto de la metrópoli, en el contexto de la guerra civil que dividió a la sociedad hispanoamericana a comienzos del siglo XIX, tendrá ocasión de materializarse en la conducción de las hostilidades, contribuyendo no solo a la humanización del conflicto armado sino también al posicionamiento del Derecho.

II. Andrés Bello y el Derecho de la Guerra

Ilustrados y liberales criollos desde finales del siglo XVIII difundieron con acierto la modernidad política y jurídica en una sociedad hasta ese momento cerrada en torno al dogma impuesto por la Corona y la Iglesia católica[1]. Uno de tales intelectuales fue don Andrés Bello quien vino a americanizar el corpus teórico europeo occidental que iba desde la escuela de los teólogos españoles del siglo XVI hasta Vattel, poniéndolo a funcionar en el contexto de las nuevas repúblicas que nacían a la vida jurídica internacional[2]. Invaluable fue su labor de socialización y sensibilización en torno a la importancia de la norma jurídica como única opción racional en la idea de llevar legitimidad y reconocimiento a las relaciones internacionales de los Estado y en la conducción de los pueblos. Todo ello dentro de un proyecto civilizador, que infortunadamente los caudillos victoriosos de las nuevas configuraciones estatales truncaron en seguimiento de su propia ambición personalista, pues pudo más la gloria vana personal que la civilización en la conciencia de quienes empuñaban las riendas de los nacientes Estados de la época.

En seguimiento de la doctrina de Vattel don Andrés Bello, en el contexto hispanoamericano, en temprana época así lo recogió cuando refería que incluso a la propia guerra había que sintonizarla en torno al principio de la buena fe: "Deben, pues, observarse en la guerra, aquellos pactos que fijan reglas de conducta para el caso de sobrevenir un rompimiento entre los contratantes, verbigracia (sic), el tiempo que se dará a los súbditos del uno para retirarse del territorio del otro, la neutralidad de un puerto, ciudad o provincia de uno de ellos, etcétera./ Aún es más necesaria la observancia de los pactos que se celebran en la guerra misma, como son las capitulaciones de plazas, la convenciones de tregua, las relativas al canje o rescate de los prisioneros, y otras variadas de que después se hará mención. Porque no todo deber cesar, ni todos los vínculos de la humanidad se rompen entre las naciones que se hacen la guerra; y bien lejos de suspenderse en ellas la obligación de guardar fe, nunca es más importante a los hombres; pues en el curso de la guerra hay mil ocasiones en que, para poner a raya sus furores y moderar las calamidades que acarrea, la salud de ambos beligerantes exige que traten y estipulen sobre varias materias, sin lo cual la guerra degeneraría en una atroz y desenfrenada licencia, y sus males no terminarían jamás"[3].

Tales planteamientos son indicativos de que en una temprana época en el contexto hispanoamericano se había alcanzado la conquista de lo que pudiéramos denominar la razón de humanidad, oponible al ejercicio despótico y arbitrario del poder y de la fuerza que durante buena parte de la historia había imperado en las relaciones sociales y políticas de los pueblos, antes que se diera la sujeción del poder al Derecho.

III. Convenciones relativas al estado de guerra en el proceso de la Independencia Hispanoamericana

En seguimiento de las tesis de Vattel y de los internacionalistas europeos en el contexto hispanoamericano se materializaron algunas convenciones relativas al estado de guerra, como por ejemplo:

1. Treguas o suspensión de hostilidades.

A lo largo del período de diez y seis años en que se prolongarán las guerras de civiles de la Independencia las treguas al accionar bélico constituyeron un lugar común al que recurrieron los bandos enfrentados. Ello bajo la idea de que la guerra se haría demasiado cruel y funesta, y su terminación imposible, si se rompiese toda comunicación con el enemigo. Las circunstancias obligaron, en no pocas ocasiones, a los beligerantes a estipular acuerdos específicos, adecuándose a los postulados de la buena fe y al cumplimiento de unas reglas determinadas. Por medio de pactos de suspensión de hostilidades la guerra se interrumpía por un período y espacio determinado, como para dar sepultura a los caídos después de una acción importante, o, simplemente, como un respiro necesario al accionar bélico[4].

Las treguas no significaban necesariamente la paz absoluta o definitiva, sino una posibilidad a la verificación de una "guerra mitigada", un cese temporal de hostilidades, una interrupción de operaciones bélicas que hacían más llevadera la contienda y aliviaban coyunturalmente los sufrimientos de la población, sobre todo civil (diríamos hoy día).

En la mentalidad española la tregua se mostró como una institución de recurrente práctica, debido al espíritu militar que caracterizó a esta sociedad durante las luchas de la reconquista cristiana frente a los musulmanes en la península y así mismo durante el proceso de conquista de los territorios ultramarinos. Baste recordar, a modo de ejemplo y como antecedente, la política de paces firmadas y de treguas mantenidas entre los reinos de Castilla y Granada durante los siglos XIII, XIV y XV, bajo un modelo predeterminado que se hizo común y que tenía por objeto el sobreseimiento de las hostilidades. Casi que podríamos decir que se trataba de tratados bilaterales internacionales que comprometían a los soberanos políticos de aquellos reinos, que contenían clausulas específicas de respeto por la libertad y la integridad de los súbditos de uno y otro lado, como también del intercambio de prisioneros[5]. Durante tal período la guerra convivía con la paz, en la que pese al ambiente hostil los contactos y las relaciones humanas no carecieron de significado en tierra de frontera; en ellas los pactos de tregua contribuyeron a hacer un poco más amable la vida de las sociedades musulmanas o cristianas. Mediante ellas se regulaban cuestiones comerciales y también humanitarias como, por ejemplo, el penoso asunto de la "cautividad", de los prisioneros de guerra esclavizados en razón de sus creencias religiosas, tanto en tierra de moros como de castellanos.

Aquella larga tradición perduró en la mentalidad tanto de los españoles peninsulares como en la de los americanos, por lo que no fue ajena su práctica durante las llamadas guerras de independencia, en las que fueron punto común las composiciones y avenencias entre quienes tenían a su cargo la conducción de las hostilidades. En medio de aquella atmósfera bélica, de cuando en cuando, gracias a comandantes ilustrados y liberales los rigores de la guerra se veían matizados por acuerdos en los que no solo habrá de verse el elemento de la caballerosidad sino el de la necesidad mutua de recurrir a ellos.

2. Capitulaciones.

Normalmente se materializaban cuando un ejército o plaza fortificada se rendía al enemigo al no tener otra opción, ya fuere por falta de recursos o de apoyo bélico para continuar operaciones[6]. De manera que una capitulación era el convenio por medio del cual dos partes enfrentadas se avenían a poner fin a los actos de hostilidad bélica sostenidos en un tiempo y en espacio determinado. Se concretaba cuando uno de los bandos decidía rendir sus armas al otro, formalizándose dicho acto por un compromiso, normalmente por escrito y afecto a un protocolo previamente determinado.

En el Derecho militar se entiende por Capitulación aquella convención relativa a la rendición de una plaza asediada por fuerzas hostiles, acordada por los jefes militares, pudiendo derivar en una suspensión de armas, intercambio de prisioneros, etc.[7]; no es más que el acuerdo, arreglo o convenido mediante el cual se estipula la rendición de un ejército, plaza, punto fortificado o en general de cualquier unidad militar. En principio, y salvo estipulación en contrario, toda capitulación implica que las fuerzas obligadas a concluirlas son hechas prisioneras de guerra y deben entregar el material bélico al vencedor. Con el paso del tiempo y gracias a los logros del Derecho Internacional, del de la guerra y del humanitario, materializados en los convenios de La Haya, se llegó a establecer al respecto como única condición que éstas debían mostrarse en sintonía con las exigencias del honor militar y que una vez concluidas habrían de ser observadas en todos sus términos.

En ocasiones la capitulación suscrita a la ligera podía acarrear implicaciones graves para una de las partes suscribientes, pues podría generar como la imputación de un delito grave, sobre todo si se actuaba por cobardía o traición, sin que el comandante a cargo de la fuerza o unidad militar se hallase amparado de la suficiente autoridad o no presentase la debida justificación ante los ojos de sus superiores. De manera que una capitulación no podía reducirse a cualquier tipo de rendición de fuerzas y de material bélico o estratégico al enemigo. Para que fuese considerada como tal por la jerarquía castrense o política debían demostrarse circunstancias especiales.

3. Diferencia entre armisticio y capitulación.

Armisticio consiste en una suspensión de hostilidades entre dos fuerzas armadas encontradas sobre un territorio determinado y se da por una convención entre los beligerantes. En modo alguno pone fin al estado de guerra, implica tan solo un "cese al fuego" acordado por los jefes militares supremos, quedando por tanto lejos de la paz formal, en lo que podríamos denominar una tregua o cese de hostilidades momentánea y a conveniencia de ambas partes. La suspensión de armas en realidad constituye un acuerdo limitado espacio temporalmente, concluido entre jefes militares, encaminado a la consecución de un fin concreto: celebración de conversaciones, cuidado de heridos, evacuación de población civil, etc. Se muestra como un acuerdo limitado porque sólo se aplica a un sector específico del campo de operaciones bélicas y porque su duración suele ser breve, por lo general apenas sí algunas horas, constituyendo una especie de ínterin, un respiro por razones humanitarias. No alcanza a tener un verdadero significado político.

El armisticio es un acuerdo por medio del cual se suspenden las hostilidades entre los beligerantes, aunque no constituye propiamente la terminación del Estado de guerra. Puede ser de carácter puramente militar, cuando es parcial y se refiere a un sector determinado. También puede ser general, al abarcar al conjunto de actividades bélicas y de los territorios de los Estados en conflicto, alcanzando implicaciones políticas importantes y normalmente se muestra como la fase previa a la terminación definitiva de la guerra[8].

La capitulación, por el contrario, se muestra como un instrumento jurídico de carácter convencional, concluido por jefes militares, cuyo práctico efecto es la rendición de un grupo armado, parte de uno de los ejércitos combatientes, al otro beligerante, poniendo así fin a su resistencia. La capitulación es diferente al armisticio porque generalmente la rendición es definitiva.

Tales instrumentos político-militares pueden anteceder a un Tratado de Paz, que no es más que un acuerdo entre beligerantes que ponen fin a un Estado de Guerra. Normalmente al suscribirse se establecen beneficios no sólo bélicos sino también político-jurídicos a favor no solo de los beligerantes directamente sino también de las poblaciones y de los civiles afectados por el conflicto, como por ejemplo liberarlos de las exacciones económicas, de las retaliaciones políticas y de las represalias en general que normalmente se prolongaban después de concluida la guerra.

Desde otra perspectiva, en el contexto de las guerras de independencia tampoco faltaron las concesiones que regular y periódicamente se verificaban de amnistías, indultos y perdones, sin que necesariamente obedecieran a motivos filantrópicos o altruistas, pues que no estaban exentos de cálculo político y utilidad bélica. La clemencia a veces se otorgaba más de manera forzada, por las circunstancias o coyunturas económicas, que por motivos propiamente filantrópicos.

4. Amnistías e indultos[9].

Clásicos institutos de clemencia o gracia son la amnistía y el indulto. En los que se aprecia el resquicio del principio monárquico que aún perdura del poder absoluto incluso en las instituciones del Estado Constitucional.

La atribución de gracia concernía al monarca, bajo el entendido de ser el soberano que todo lo podía y en quien arraigaba incluso la delegación de justicia divina. El príncipe mediante un "acto de gracia" podía conmutar a un delincuente incluso la pena de muerte impuesta por los tribunales. Es decir, durante la era de la monarquía absoluta, la gracia se concedía a capricho y voluntad del gobernante.

Las diferencias sustanciales que se presentan entre los diferentes institutos de gracia y de clemencia las podemos reseñar, con fines ilustrativos, así: la gracia y el indulto son particulares, mientras que la amnistía resulta de carácter general. Aquellas favorecen a ciertas y determinadas personas; refieren al derecho común y se expresan sobre delitos comunes mientras que la segunda remite al derecho político, a delitos políticos. El indulto no borra el hecho sino que tan solo perdona la pena, sin que desaparezcan para la ley los efectos de aquel mientras que con la amnistía sí se borra el hecho y todos sus efectos desaparecen para la ley. La doctrina internacional entiende que la amnistía es el perdón más amplio que se pueda conceder en derecho respecto de la responsabilidad penal, extinguiendo la pena del delito con todos sus efectos. Es objetiva, real e impersonal; se refiere a hechos y no a personas. La facultad de conceder amnistías, en el derecho actual, así sea a iniciativa del gobierno, tiene por límite el que sea otorgada por el Parlamento, es decir, que se realice mediante ley[10].

5. Convenciones bélicas de usanza en las Guerras de Independencia hispanoamericana.

Desde la perspectiva del Derecho natural y de gentes la propia conducción de la guerra se debía ajustar, en la medida de lo posible, a unos rituales específicos que atendían a cierto grado de civilización más que de humanización. Fue así como, por ejemplo, entre los jefes militares de las guerras de independencia hispanoamericana fue extensamente conocida una añeja obra militar escrita por el conde Raimundo de Montecuccoli, al servicio de los Austrias, titulada precisamente Reglas del arte de la guerra, publicada en España en 1812[11]. En torno a los preceptos allí recogidos se realizaron algunas convenciones bélicas en el contexto americano, en particular las capitulaciones militares, plegadas tanto en su contenido como en su forma y en su procedimiento, no obstante que la obra, había sido concebida para un contexto muy diferente, en el siglo XVII. En particular en el acápite titulado "Sitio por fuerza" se recoge la idea generalizada en nuestras guerras respecto al trato concedido a aquellas plazas fuertes que se rendían al enemigo en la azarosa suerte de la guerra: "Reducidos al extremo los defensores y avisado el príncipe (con el que se debe tener cifra y señal secreta para conocer y distinguir las cartas verdaderas de las falsas) debe el gobernador hacer consejos de todos los oficiales, representándoles el estado de la plaza, necesidades y defectos. Si convienen todos en capitular y componerse, se formará un papel de la defensa que se hubiere hecho, los soldados perdidos, y causas que obligan a capitular, haciéndole firmar de todos los oficiales y ciudadanos principales./ Se toca llamada; y hecha tregua se enviarán personas de autoridad, para tratar y ajustar las capitulaciones, y darán fuera rehenes./ Mientras tanto se doblarán las guardias./ El gobernador no saldrá de la plaza por ningún caso./ Las capitulaciones más ventajosas son: salir libres, tocando las cajas, banderas desplegadas, cuerda encendida, bala en boca, algunas piezas de artillería, y municiones necesarias, carros, y bagaje para conducir los enfermos, y bagaje. Escolta suficiente hasta el lugar, que se les señalare, por tales caminos, en tanto tiempo: dejando rehenes para seguridad de la escolta./ Se restituirán recíprocamente los prisioneros sin pagar la ración./ Se explicarán claramente los artículos de la capitulación, de modo, que no haya que interpretar, ni quede duda ninguna./ Saldrá la guarnición, la mitad de la caballería delante./ El bagaje en medio de la infantería./ Los oficiales mayores con la otra mitad de la caballería a la retaguardia./ El gobernador saldrá el último./ La escolta se repartirá, una parte a la vanguardia, otra en medio de la infantería, la restante en la retaguardia. / Llegado al lugar determinado se volverá a enviar la escolta, y se dejarán ir los rehenes"[12].

Los instrumentos o convenciones que a lo largo de la guerra de independencia tuvieron ocasión de materializarse entre los partidos política y bélicamente enfrentados y que a continuación describimos, constituyen un capítulo importante de la historia militar no solo de Colombia sino de Hispanoamérica y en ellos podrá apreciarse hasta qué punto las doctrinas de los ius internacionalistas habían calado profundo en la mentalidad de los ilustrados y liberales de ambos lados del mar y como en medio de la miseria moral que la guerra imponía también brillaban, de cuando en cuando gestos, actos y acciones caballerosas y generosas para con los enemigos vencidos o sitiados, con lo que el Derecho de gentes se materializaba en la práctica real:

a) Capitulaciones de Andújar, 1808. Estas capitulaciones se verificaron el 22 de julio de 1808 en el contexto de la Guerra de Independencia española[13]. La primera vez que el ejército napoleónico fue derrotado en suelo europeo ocurrió en la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808. El día 22 de julio los generales Castaños y Dupont firmaron las Capitulaciones de Andújar, Por las que el ejército francés rindió sus armas, águilas y banderas, quedando prisioneros 18.400 soldados, incluidos 15 generales y 468 oficiales. Digno de resaltar fue el reconocimiento que se estipuló de algunos derechos a los prisioneros de guerra. Las condiciones pactadas se resumían en los siguientes puntos:

1º. Las tropas de Dupont quedarían prisioneras de guerra, excepto la división Vedel y otras fuerzas menores que dependían de aquel.

2º. Vedel y las tropas bajo su mando evacuarían Andalucía por mar.

3º. Las tropas de Vedel conservarían todo su equipaje pero mientras se hallasen en territorio controlado por españoles, las armas las guardaría en custodia el ejército español con el compromiso de devolverlas en el momento del embarque.

4º. Las tropas al mando de Dupont saldrían del campo de batalla con honores de guerra y sus armas para entregarlas luego al ejército español a 400 toesas de distancia (778 mts).

5º. Las tropas de Vedel no rendirían sus armas pero se las entregarían inventariadas para su custodia a los españoles.

6º. Todas las tropas francesas en Andalucía pasarían a Sanlúcar y Rota para ser embarcadas en buques españoles en dirección a Rochefort (Francia).

7º. Las tropas francesas serían embarcadas en cuanto llegasen y el ejército español garantizaría su seguridad en el trayecto "contra toda empresa hostil".

8º. Los jefes y oficiales conservarán sus armas.

La capitulación no fue cumplida tal y como se firmara, dadas las condiciones anarquía en que se hallaba la península, a las disposiciones encontradas de las Juntas de gobierno y a que ni las tropas inglesas ni las españolas mostraron mayor interés en ello. Los más débiles de los franceses fueron los que sufrieron las consecuencias, pues jefes y oficiales lograron embarcar y regresar a Francia, pero sin equipajes, los que fueron saqueados por el populacho en Cádiz, permaneciendo la tropa prisionera algún tiempo en los pontones de Cádiz, para más tarde ser trasladados, los más afortunados a las islas Canarias y los menos a la desierta y estéril isla de Cabrera, cerca de Palma de Mayorca, donde murieron de hambre la inmensa mayoría de ellos, dadas las penosas condiciones a que fueron sometidos y al olvido que les depararon sus guardianes. Ello se hizo así en vista de que los barcos españoles disponibles en Rota y Cádiz no eran suficientes para transportar a tantos soldados de vuelta a su país. Unos 14.000 hombres fueron conducidos a la Cabrera, de los cuales solo lograron sobrevivir unos 3.600 cuando en 1814 fueron liberados, lo que ha llevado a decir a algunos analistas que aquel fue el primer campo de concentración de la historia moderna.

b) Capitulación de Zaragoza, 1809. Después de un prolongado asedio por las tropas francesas y ante la imposibilidad de continuar la resistencia o de recibir apoyo, la ciudad de Zaragoza capituló el 21 de febrero de 1809 ante el mariscal Lannes, quien se empecinó de hacer de aquella más una rendición condicionada que otra cosa. Se acordó en ella un perdón general para los habitantes de la ciudad, sometiéndose al emperador Napoleón y a su hermano José I, rey de España. La guarnición de Zaragoza al mediodía del día 21 de febrero saldría de la ciudad por la puerta del Portillo con sus armas y las depositarían a cien pasos de dicha puerta; todos los oficiales y soldados de la tropa prestarían juramento de fidelidad a José Bonaparte I, quedando libres de entrar a su servicio; quienes se rehusaren a hacerlo quedarían en condición de prisioneros y como tales serían conducidos a suelo francés; los habitantes de Zaragoza y los extranjeros en ella serían desarmados por los alcaldes y sus armas depositadas en la puerta del Portillo; los franceses se comprometían a respetar las personas y sus propiedades.

En América, siguiendo el ejemplo de lo observado en las guerras napoleónicas que sacudieron a Europa, también se realizaron algunas de tales convenciones, pues muchos de los protagonistas de las luchas políticas y bélicas por la emancipación habían sido participantes y protagonistas directos de aquellas guerras. Llevados de un espíritu militar y de una mentalidad caballeresca en variadas ocasiones tuvieron la oportunidad de ponerlas en práctica, como ocurrió tempranamente con don Francisco Miranda, el llamado precursor de la independencia.

c) Capitulación de La Victoria, 1812. Don Franciso Miranda en Venezuela, en su calidad de comandante del ejército separatista se rindió ante Domingo Monteverde el 25 de julio de 1812 en la llamada también "Capitulación de San Mateo". El 12 del mismo mes le había propuesto al comandante español encargado de las operaciones sobre Venezuela un armisticio o suspensión de armas para conferenciar y tratar diversos asuntos, en el propósito de evitar un derramamiento de sangre innecesario entre hermanos, esperando con ello humanizar el conflicto y en vista de cariz que adoptaban los sucesos en la propia península ibérica en donde el elemento liberal-progresista-constitucionalista dominaba el escenario político desplegando una serie de políticas aperturistas respecto de lo que por entonces se conocía como "el problema americano". Monteverde se mostró receptivo a la propuesta[14].

Este instrumento, en su etapa de negociación y de subscripción, resulta clave para comprender como entre fuerzas opuestas la guerra se podía conducir de manera racional y civilizada, con criterios de humanidad en tan temprana época, eliminando de ella cualquier acto de salvajismo o de barbarie innecesaria que finalmente no hacía sino enconar el conflicto, cobrando vidas humanas y perdidas de bienes y recursos innecesarios. En este instrumento podemos encontrar bases del posterior Derecho internacional humanitario.

El acto de Miranda no puede ser considerado como de traición, pues no hay que olvidar que por aquel entonces regía la Constitución de Cádiz en buena parte del territorio de la colonias españolas en América, y el precursor se mostraba optimista con ella, confiando en la buena fe de los liberales que la concibieron y que la habían impuesto a Fernando VII. Por lo tanto su acto no puede calificarse de felonía o de cobardía como lo hicieron algunos historiadores de mentalidad bolivariana. Si Miranda capituló lo hizo en consideración a la nueva coyuntura que en el panorama político se habría en el ámbito hispanoamericano y a la implementación de medidas de alcance modernista por parte de las Cortes de Cádiz, al estimar que presentaban otras condiciones propicias para la emancipación americana mediante el diálogo y la concertación. Así se desprende de los apartes del memorial que dirigiera a la Audiencia de Caracas mientras se hallaba reducido a prisión: "[...] se promulga en Caracas la sabia y liberal Constitución que las Cortes sancionaron, el 19 de marzo del año último: monumento tanto más glorioso y honorífico para los dignos representantes que lo dictaron, como que él iba a ser el iris de la paz, el áncora de la libertad, y el primero, pero el más importante paso que jamás había dado la metrópoli en beneficio del continente americano [...]"[15].

Por aquella capitulación cedían al ejército de la liberal Regencia el territorio, aún no conquistado y que sus habitantes serían gobernados según el sistema establecido por las Cortes españolas reunidas en Cádiz, con una Constitución que auspiciaba el imperio del Derecho. Las tropas republicanas debían retirarse del área de operaciones y proceder al licenciamiento de las mismas. Fue firmada bajo la garantía de que se respetarían la vida de las personas, independientemente de su grado de comprometimiento con el alzamiento o con las opiniones que hubiesen emitido.

d) Tratado de armisticio de El Tambo, 1812. En la Nueva Granada, en pleno furor de la intervención francesa en España, como corolario de lo que allí se vivía en las Colonias españolas en América en los enfrentamientos que entre absolutistas y liberales constitucionalistas se presentaban se tuvo, así mismo, la ocasión de poner en práctica igualmente este tipo de recursos humanitarios. Tal fue el caso del Tratado de Armisticio del El Tambo, de 16 de septiembre de 1812, en el contexto de la llamada "Patria Boba". El acuerdo fue celebrado entre don Francisco Mosquera y Bonilla, comandante de armas del Valle del Cauca y don Joaquín Paz por parte de las fuerzas de la ciudad de Pasto, leales a la corona española[16]. El instrumento suscrito contemplaba que:

1º. Habría suspensión de armas y cesaría toda hostilidad por ambas partes en el ínterin que se ratificaran dichos tratados por los gobiernos respectivos.

2º. Las tropas de ambos bandos del Valle del Cauca se retirarían a un día de distancia de la ciudad de Popayán

3º. Se dejaría en libertad a los pueblos de aquel territorio para que los ciudadanos de Pasto y Popayán se acogiesen al nuevo o al antiguo gobierno.

4º. Se definiría la respectiva jurisdicción de ambos gobiernos

5º. Se permitiría el comercio

6º. Se permitiría el libre transporte

7º. Se canjearían prisioneros, incluidos aquellos sujetos que habían sido desterrados.

8º. No se molestaría a las personas comprometidas

9º. Los esclavos que se hubiesen presentado al servicio de las armas en uno u otro bando serían devueltos a sus respectivos dueños.

e) Suspensión de hostilidades en la Nueva Granada, 1812. En la Nueva Granada la promulgación de la Constitución gaditana tuvo la virtud de venir a suavizar las hostilidades militares entre los disidentes autonomistas americanos y las tropas fieles a España, hasta el punto de llegar a cejar durante algún tiempo el uso de la fuerza contra los rebeldes en espera de instrucciones de las Cortes gaditanas. Fue así como operó una suspensión de actividades bélicas, es más, se llegó a hablar de tregua, como aquella que en la Nueva Granada pretendía dar seguridad de navegación sobre el río Magdalena en 1812, lo que significó un descanso para samarios y cartageneros enfrentados en defensa de causas diferentes.

En el contexto de la Campaña del Sur de 1813-1814, en la Mesa de Juan Díaz, el presidente del Estado de Cundinamarca don Antonio Nariño, el 6 de septiembre recibió una comunicación del Comandante general de las tropas reales, don Juan Sámano, en la que le acompañaba la nueva Constitución española y le persuadía a la vez para que entrase en capitulaciones, ofreciéndole garantías si firmaba la paz y tornaba a reconocer la autoridad española. Nariño se mostró reacio a cualquier tipo de entendimiento.

Lo anterior no fue óbice para que a su vez Nariño, cuando ya había desocupado Popayán y se retiraba hacia Cartago, en su Cuartel General de la Plata, el 17 de noviembre de 1813 ofreciera al coronel español Ignacio de Azin una capitulación, después de Alto Palacé y antes de la acción de Calibío.

f) Perdones e indulgencias durante la reconquista española. Sobre Morillo se ha tejido una leyenda negra que no siempre se corresponde con la realidad. La historiografía nacional patriotera del siglo XIX lo llamó "El Pacificador" por su dureza y por lo que consideró crueldad, pero lo cierto del caso es que también perdonó la vida a muchos comprometidos, por ejemplo, como lo señala el profesor Uribe Urán, adicional a la política de escarmientos fueron otorgadas amnistías y perdones a los revolucionarios comprometidos, como en efecto ocurrió en diciembre de 1812, mayo de 1816, diciembre de 1817 y marzo de 1819[17].

Una vez establecido Morillo en la Isla Margarita, habiendo reconducido aquella sociedad al antiguo orden, el 9 de abril de 1815, otorgó amnistía plena al jefe insurrecto Juan Bautista Arismendi, quien intimidado a la rendición la negoció a cambio de perdón generalizado. Morillo venía investido desde España con instrucciones y facultades para si era del caso propiciar amnistía general[18].

El 4 de diciembre de 1815 Cartagena se rindió y capituló después de un sitio de 116 días ante Morillo y después de que parte de los jefes insurrectos la abandonaron a su suerte. De 3.600 combatientes solo quedaban maltrechos unos 700. Morillo permitió que el día 5 de diciembre salieran del muelle del arsenal trece buques con dos mil personas civiles, entre los que se camuflaron algunos oficiales venezolanos para fugarse (entre los que contaba Bermúdez). Las tropas expedicionarias entraron a la ciudad el día 6 de diciembre. Después de juzgar y ejecutar a las personalidades más comprometidas, el virrey Montalvo procedió a conceder un indulto general a los rebeldes el 9 de abril de 1816 que obtuvo así mismo la aprobación Real[19].

En su "Proclama a los habitantes de la Nueva Granada" el 22 de enero de 1816 Morillo anunciaba perdonar a quienes se acogieran "a la clemencia de S. M.", protegiendo sus vidas y bienes, pues aducía que "todo lo pasado se olvida", pero que sería inflexible con quienes continuasen apoyando a los rebeldes. El 24 de abril de 1816, a su salida de Ocaña, hace publicar una amnistía general a todos los que rindiesen las armas. Ante los sucesos de los perdonados por él en Margarita, quienes no cumplieron con la palabra empeñada y con lo pactado, se exacerbó, por lo que una vez arribó a la capital del virreinato granadino decidió escarmentar con los criollos más comprometidos con la secesión, improbando el indulto que su segundo, el Coronel don Miguel de Latorre; había expedido el 4 de mayo desde Zipaquirá a todos los santafereños que depusiesen las armas, bajo la consideración de que "militar y generoso es sinónimo", cuando había ocupado dicha ciudad, congratulándose de que ni un solo tiro de fusil hubiese sido disparado "para reconquistar a nuestro soberano sus antiguos derechos"[20].

Sin abandonar su política de escarmiento con los cabecillas, el propio Morillo retoma la amnistía que traía desde Ocaña, haciéndola efectiva al pueblo ignorante que había caído seducido por el influjo de los notables. En ella consignaba que "los sargentos, caporales, soldados y ambulancias que sirvieron al gobierno rebelde entregaran las armas y regresaran a sus hogares; también podían hacerlo los oficiales hasta el grado de capitán, inclusive, siempre y cuando entregaran al general en jefe que los comandara, sublevaran alguna provincia o plaza importante contra los rebeldes, o se presentasen con municiones o tropas armadas; los esclavos que entregasen a los jefes revolucionarios recibirían la libertad con una gratificación pecuniaria"[21]. El 30 de mayo de 1816 publica una nueva amnistía otorgando gracias inclusive a ciertos oficiales comprometidos con la insurrección pero que no habían incurrido en conductas graves contra el Derecho de gentes.

A raíz del matrimonio de Fernando VII con Isabel de Braganza en junio de 1817 se promulgó una amnistía real, un indulto por el cual se aliviaba la suerte de los delincuentes políticos y comunes que efectuasen juramento de obediencia al rey y al gobierno español. Ello implicó que un número notable de comprometidos con la causa americanista recobraran la libertad. Sólo exigía un juramento de obediencia al monarca, concebido en estos términos: "Yo, Fulano de Tal, vecino o domiciliado en tal lugar, ofrezco, protesto y juro ante Dios Omnipotente, y la presente Real Autoridad, ser obediente y fiel al Rey mi Señor y su legítimo Gobierno, y si (lo que Dios no quiera) faltare a esta palabra, y deber, consiento y quiero que se proceda contra mi persona y bienes, con todo el rigor de las leyes, acortando términos y formas, sirviéndome de cargo para la reagravación de mi anterior conducta, y quebrantamiento de este juramento"[22].

Finalmente las Cortes españolas, luego de la revolución liberal de Riego y del restablecimiento de la Constitución de Cádiz, promulgan la ley de amnistía para los presos inmigrantes y condenados al destierro. Entre las personalidades favorecidas con dicho decreto se encontró don Antonio Nariño.

g) Intento de canje de prisioneros después de Boyacá, 1819. Un intento fallido de canje entre los beligerantes fue el propuesto por Bolívar al virrey Juan Sámano el 9 de septiembre de 1819, después de la acción de Boyacá. En la motivación de la propuesta resulta interesante resaltar cómo la doctrina del Derecho de gentes hacía su eco en la mentalidad de los criollos americanos inmersos en el conflicto: "El derecho de guerra nos autoriza para tomar justas represalias: nos autoriza para destruir a los destructores de nuestros prisioneros, y de nuestros pacíficos conciudadanos; pero yo, lejos de competir en maleficencia con nuestros enemigos, quiero colmarlos de generosidad por centésima vez. Propongo un canje de prisioneros para liberar al general Barreiro, y a toda su oficialidad y soldados. Este canje se hará conforme alas reglas de la guerra entre las naciones civilizadas: individuo por individuo, grado por grado, empleo por empleo. La Angostura del Magdalena será el lugar señalado pare efectuar este acto de humanidad y de justicia"[23].

Tal acto de civilización fue truncado, pues dentro del contexto belicista, después de una larga lucha en la que la llamada "guerra a muerte" había incidido en no pocos comportamientos perversos y desnaturalizados de algunos de los conductores de las acciones bélicas, hasta el punto de buscar la destrucción por la destrucción misma, se presionó para que a modo de escarmiento ejemplarizante destinado a los dudosos y a aquellos individuos que mostraban su simpatía por la causa española, fuesen pasados por las armas. Se irrespetó la promesa empeñada en su momento de garantizar aquellas vidas. En efecto, recurriendo al llamado derecho de represalia, fueron fusilados el general José María Barreiro y 37 prisioneros más en Santafé de Bogotá el 11 de enero de 1820[24].

h) Armisticio y regularización de la guerra, Trujillo, 1820[25]. El Derecho de gentes tuvo ocasión de manifestarse nuevamente en el medio colombiano en la idea de lograr una regularización de la guerra que se sostenía entre nacionales de manera explícita, en el momento en que se abre para la península el trienio liberal a cargo de los constitucionalistas y progresistas españoles, quienes ya desde finales del siglo XVIII habían visto con simpatía un reordenamiento político administrativo de los territorios coloniales en América. En España en 1820 a partir de la sublevación de Riego y Quiroga, en Cabezas de San Juan y del restablecimiento de la Constitución de 1812 el 7 de marzo, la mentalidad liberal, tanto en la península como en América acogen las nuevas disposiciones: en México el 27 de mayo el virrey Juan Ruiz de Apodaca, la Audiencia y el gobernador, juran la Constitución; en la Capitanía General de Guatemala el 24 de julio es proclamada nuevamente y designan representantes a las Cortes liberales; en Cuba el jefe político y militar, Juan Manuel Cagijal, es obligado por las masas y por parte de la oficialidad del ejército a jurar la Constitución; en Ecuador Aymerich, capitán general de Quito, jura la Constitución el 3 de septiembre; en el Perú las autoridades reales juran así mismo la Constitución.

En Venezuela el general Morillo en 1820 realiza una invitación al Congreso de disidentes establecidos en Guayana y a los jefes militares de los mismos en el sentido de terminar aquella guerra, proponiendo una suspensión de hostilidades, abriendo, de esta manera una oportunidad a la negociación política que había quedado cerrada desde la instauración del absolutismo fernandino en 1814[26]. Así lo aceptan los propios independentistas, cuando consideran que el armisticio fue solicitado por aquel a Bolívar con "importunación" y que los comisionados regios de las Cortes, luego de la revolución liberal de Riego y de la reactivación de la Constitución de Cádiz en 1820, llegaron a solicitar su prorrogación[27].

En tal sentido entre las fuerzas españolas y las independentistas se logra concretar un acuerdo transitorio encaminado a la humanización del conflicto. Al parecer este documento fue redactado por el General Sucre y obtendrá una dimensión tal que no sin razón dejó una honda influencia en el Derecho Internacional en cuanto que oficialmente estableció formas y procedimientos humanitarios que debían seguirse en la conducción de las hostilidades y el trato humano que a los vencidos debían deparar los vencedores.

Luego de Trujillo la conducción de la guerra presentará otros rasgos, más caballerosos, dotándosele de una parafernalia de cortesía a tal punto que todo se volvió protocolo entre los jefes de los diferentes bandos. A ello contribuyó el cansancio de una lucha que con el cambio de gobierno en la península, en manos de los constitucionalistas, quienes consideraban que era tiempo de emprender grandes reformas, mirando con simpatía la causa de los americanos en cuanto a sus anhelos de autonomía. El nuevo talante de buena parte de la oficialidad española, perpetrada de ideas liberales, hicieron posible tal cambio en la conducción de la guerra a lo que contribuyó igualmente el hecho de que los comandantes independentistas se sentían ganadores y deseosos de obtener gloria e indulgencias de la prensa y opinión pública extranjera, razón por la cual decidieron mostrarse hasta magnánimos.

Lo anterior se corrobora con múltiples casos, como por ejemplo, con la impresión que deja consignada el general Obando en sus memorias, cuando se ocupa de la época en la que aún hacía parte de las huestes españolas en el Sur, al arribo a Pasto de los coroneles Moles y Morales, comisionados por los generales Morillo y Bolívar para llevar a aquellos territorios los tratados de armisticio y regularización de la guerra celebrados en Carache: "tratados de inmortal recuerdo que pusieron término a esa carnicería tremenda de la guerra de exterminio que había convertido al país en un espantoso cementerio sin provecho alguno de ningún partido. Desde ese día, perdiendo el calificativo de rebeldes, los patriotas que peleaban por crear en América los títulos de nación, merecieron ser tratados conforme a los principios de derecho internacional"[28].

Dicho armisticio fue comunicado, a su vez, por don Manuel de Landa a las provincias de Riohacha, Santa Marta y Cartagena en donde el dominio español así mismo era evidente. Como que las ventajas del armisticio se hicieron ilusorias por la actitud poco honorable de la mayoría de los jefes independentistas. Por ejemplo, en Cartagena los españoles así lo estimaron, pues sus sitiadores aunque aparentemente habían suspendido hostilidades no dejaban de extender su órbita de su influencia hasta las sabanas de Corozal y Tolú, sitios de donde obtenía la plaza asediada sus abastecimientos. Este armisticio de Santa Ana, como también fue llamado, concebido de buena fe por Sucre y como tal firmado por los comandantes españoles, fue, no obstante, utilizado por Bolívar para fortalecer su posición y preparar las acciones posteriores. La paralización temporal de las huestes que defendían el estandarte español les resultó cara, pues al rompimiento del armisticio se da el triunfo de los independentistas en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Donde primero se violó dicho acuerdo fue en Venezuela, pues allí los independentistas hicieron caso omiso de su palabra, en particular los generales Bolívar y Urdaneta, desde la sombra continuaron conspirativamente dando instrucciones a sus segundos para tomarse la Plaza de Maracaibo el 29 de enero de 1821. Después de que aquella plaza fue tomada en los preliminares del rompimiento del armisticio, Bolívar el 10 de marzo manifestó que abriría de nuevo hostilidades a los cuarenta días a partir de recibida dicha comunicación, alegaba la miseria en que se hallaban sus tropas y la necesidad de darle movilidad a fin de impedir su disolución. Al darse por notificado el general en jefe español Latorre, contestó a Bolívar "que si bien había estado dispuesto a hacer toda clase de sacrificios por conseguir la paz, no temía la guerra, a la que daría principio el 28 de abril, haciendo sin embargo responsable al mismo Bolívar de toda la sangre que iba a derramarse en aquellas provincias por su desmedida ambición"[29].

Bolívar utilizó estratégicamente los armisticios pero no los cumplió, los rompió a conveniencia y cuando se sintió fuerte cerró la posibilidad de toda media de conciliación para la Nueva Granada y Venezuela. Posición que contrastaba con la de los progresistas españoles, como por ejemplo, del que fuera Secretario de Ultramar José Manuel Vadillo, quien exilado en Londres durante la restauración absolutista, en la llamada "década ominosa" publicó de manera anónima sus Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en el estado actual de la América del Sur y en donde establecía las razones de las negociaciones a que se quiso llegar con los insurrectos en América, motivadas por la necesidad de adoptar medidas que pusiesen fin al derramamiento de sangre y a los enfrentamientos de los españoles de ambos hemisferios.

El tratado de armisticio de Trujillo se elaboró sobre el objeto de acordar unas bases de avenimiento entre las fuerzas gubernamentales españolas y el gobierno disidente, como consecuencia y cumplimiento a lo que los liberales-constitucionalistas españoles habían dispuesto desde la Península conforme a la Real orden del 11 de abril de 1820 por la que se daban instrucciones a los virreyes y capitanes generales americanos para que se jurare la Constitución de Cádiz, se eligieran Diputados a las Cortes y se negociara con los insurgentes. Dicha disposición fue comunicada por el Ministerio de la Gobernación de Ultramar, en la que se manifestaba el deseo y la intención de que por todos los medios "adaptables" se pusiese fin a la guerra en las Américas, proponiéndose un "cese de hostilidades por mar y por tierra", otorgándose en caso de alcanzarse un perdón y "absoluto olvido de lo pasado". Cabe resaltar como durante el llamado "Trienio liberal" español (1820-1823) el tratamiento de la "cuestión americana" tomó nuevos derroteros gracias a los ingentes esfuerzos de los progresistas españoles hasta el punto de que la negociación, la concertación, la conciliación fue en buena medida la política española en su intento por restaurar la unidad de la Nación española, como en efecto se puede apreciar del marco normativo que se elaboró y del tratamiento que se hizo del conflicto mismo, en el que la solución militar de los absolutistas no parecía ser la más adecuada.

Por la importancia que adquieren estos instrumentos para el tema propuesto, a continuación los trascribimos en su integridad, resaltando los aspectos más importantes.

i) Tratado de Armisticio. "Deseando los gobiernos de España y de Colombia transigir las discordias que existen entre ambos pueblos; y considerando que el primero y más importante paso para llegar a tan feliz término es suspender recíprocamente las armas, para poderse entender y explicar, han convenido en nombrar comisiones que estipulen y fijen un Armisticio, y en efecto han nombrado, Su Excelencia el General en Jefe del Ejército Expedicionario de Costa Firme, don Pablo Morillo, conde de Cartagena, de parte del Gobierno español, a los señores Jefe Superior Político de Venezuela, brigadier don Ramón Correa; alcalde primero constitucional de Caracas, don Juan Rodríguez de Toro, y don Francisco González de Linares; y Su Excelencia el Presidente de Colombia, Simón Bolívar, como Jefe de la República, de parte de ella, a los señores general de brigada Antonio José de Sucre; coronel Pedro Briceño Méndez, y teniente coronel José Gabriel Pérez, los cuales habiendo canjeado sus respectivos poderes el veintidós del presente mes y año, y hecho las proposiciones y explicaciones que de una parte y otra se han deseado, han convenido y convienen en el tratado de Armisticio, bajo los pactos que constan de los artículos siguientes:

Artículo 1º Tanto el ejército español como el de Colombia suspenden sus hostilidades de todas clases, desde el momento que se comunique la ratificación del presente tratado, sin que pueda continuarse la guerra, ni ejecutarse ningún acto hostil entre las dos partes en toda la extensión del territorio que posean durante este armisticio.

Art. 2º La duración de este armisticio será de seis meses, contados desde el día que será ratificado; pero siendo el principio y base fundamental de él la buena fe y los deseos sinceros que animan a ambas partes de terminar la guerra, podrá prorrogarse aquel término por todo el tiempo que sea necesario siempre que expirado el que se señala no se hayan concluido las negociaciones que deben entablarse y haya esperanza de que se concluyan.

Art. 3º Las tropas de ambos ejércitos permanecerán en las posiciones que ocupen al acto de intimárseles la suspensión de hostilidades; mas siendo conveniente señalar límites claros y bien conocidos en la parte que es el teatro principal de la guerra para evitar los embarazos que presenta la confusión de posiciones, se fijan los siguientes:

1º El río de Unare, remontándolo desde su embocadura al mar hasta donde recibe al Guanape; las corrientes de éste subiendo hasta su origen; de aquí una línea hasta el nacimiento del Manapire; las corrientes de éste hasta el Orinoco; la ribera izquierda de éste hasta la confluencia del Apure; éste hasta donde recibe al Santo Domingo; las aguas de éste hasta la ciudad de Barinas, de donde se tirará una línea recta a Boconó de Trujillo; y de aquí la línea natural de demarcación que divide la provincia de Caracas del Departamento de Trujillo.

2º Las tropas de Colombia que obren sobre Maracaibo al acto de intimárseles el armisticio podrán atravesar por el territorio que corresponde al ejército español para venir a buscar su reunión con los otros cuerpos de tropas de la República, con tal que mientras que atraviesen por aquel territorio las conduzca un oficial español. También se les facilitarán con este mismo objeto las subsistencias y transportes que necesiten, pagándolas.

3º Las demás tropas de ambas partes que no estén comprendidas en estos límites señalados, permanecerán, como se ha dicho, en las posiciones que ocupen, hasta que los oficiales que por una y otra parte se comisionarán, arreglen amigablemente los límites que deben separar el territorio en que están obrando, procurando transar las dificultades que ocurran para la demarcación de un modo satisfactorio a ambas partes.

Art. 4º Como puede suceder que al tiempo de comunicar este tratado se hallen dentro de las líneas de demarcación que se han señalado en el artículo 39, algunas tropas o guerrillas, que no deben permanecer en el territorio que estén ocupando, se conviene:

1º Que las tropas organizadas que se hallan en este caso, se retiren fuera de la línea de la demarcación, y como tal vez se hallan algunas de éstas pertenecientes al ejército de Colombia en las riberas izquierdas del Guanape y del Unare, podrán éstas retirarse y situarse en Píritu o Clarines, o algún otro punto inmediato; y

2º Que las guerrillas que estén en igual caso se desarmen y disuelvan, quedando reducidas a la clase de simples ciudadanos los que las componían, o se retiren también como las tropas regladas. En el primero de estos dos últimos casos se ofrece y concede la más absoluta y perfecta garantía a los que comprenda, y se comprometen ambos gobiernos a no enrolarlos en sus respectivas banderas durante el armisticio, antes por el contrario, permitirles que dejen el país en que se hallan y vayan a reunirse al ejército de que dependan al tiempo de concluirse este tratado.

Art. 5º Aunque el pueblo de Carache está situado dentro de la línea que corresponde al ejército de Colombia, se conviene en que quede allí un comandante militar del ejército español con una observación de paisanos armados que no excedan de veinticinco hombres. También se quedarán las justicias civiles que existen actualmente.

Art. 6º Como una prueba de la sinceridad y buena fe que dictan este tratado, se establece que en la ciudad de Barinas no podrá permanecer sino un Comandante militar por la República con un piquete de veinticinco hombres de paisanos armados de observación, y todos los peones necesarios para las comunicaciones con Mérida y Trujillo, y las conducciones de ganados.

Art. 7º Las hostilidades de mar cesarán igualmente a los treinta días de la ratificación de este tratado para los mares de América, y a los noventa para los de Europa. Las presas que se hagan pasados estos términos, se devolverán recíprocamente; y los corsarios o apresadores serán responsables de los perjuicios que hayan causado por la detención de los buques.

Art. 8º Queda desde el momento de la ratificación del armisticio abierta y libre la comunicación entre los respectivos territorios para proveerse recíprocamente de ganados, todo género de subsistencias y mercancías, llevando los negociadores y traficantes los correspondientes pasaportes a que deberán agregar los pases de las autoridades del territorio en que hubieren de adquirirlos para impedir por este medio todo desorden.

Art. 9º La ciudad y puerto de Maracaibo queda libre y expedita para las comunicaciones con los pueblos del interior, tanto para subsistencias, como para relaciones mercantiles, y los buques mercantes neutros o de Colombia que introduzcan efectos, no siendo armamentos ni pertrechos de guerra, o los extraigan por aquel puerto para Colombia, serán tratados como extranjeros y pagarán como tales los derechos, sujetándose a las leyes del país. Podrán además tocar en ella, salir y entrar por el puerto los agentes o comisionados que el gobierno de Colombia despache para España o para los países extranjeros, y los que reciba.

Art. 10 La plaza de Cartagena tendrá la misma libertad que la de Maracaibo, con respecto al comercio interior, y podrá proveerse de él durante el armisticio para su población y guarnición.

Art. 11 Siendo el principal fundamento y objeto primario de este armisticio la negociación de la paz, de la cual deben recíprocamente ocuparse ambas partes, se enviarán y recibirán por uno y otro gobierno, los enviados o comisionados que se juzguen convenientes a aquel fin, los cuales tendrán el salvoconducto, garantía y seguridad personal que corresponde a su carácter de agentes de paz.

Art. 12 Si por desgracia volviere a renovarse la guerra entre ambos gobiernos, no podrán abrirse las hostilidades sin que preceda un aviso que deberá dar el primero que intente o se prepare a romper el armisticio. Este aviso se dará cuarenta días antes que se ejecute el primer acto de hostilidad.

Art. 13 Se entenderá también por un acto de hostilidad el apresto de expedición militar contra cualquier país de los que suspenden las armas por este tratado; pero sabiendo que puede estar navegando una expedición de buques de guerra españoles, no hay inconveniente en que queden haciendo el servicio sobre las costas de Colombia, en relevo de igual número de los que componen la escuadra española, bajo la precisa condición que no desembarquen tropas.

Art. 14 Para dar al mando un testimonio de los principios liberales y filantrópicos que animan a ambos gobiernos, no menos que para hacer desaparecer los horrores y el furor que han caracterizado la funesta guerra en que están envueltos, se compromete uno y otro gobierno a celebrar inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme al derecho de gentes, y a las prácticas más liberales, sabias y humanas, de las naciones civilizadas.

Art. 15 El presente tratado deberá ser ratificado por una y otra parte dentro de sesenta horas, y se comunicará inmediatamente a los jefes de las divisiones por oficiales que se nombrarán al intento por una y otra parte.

Dado y firmado de nuestras manos, en la ciudad de Trujillo a las diez de la noche del día 25 de noviembre de 1820./ Ramón Correa. Antonio José de Sucre. Juan Rodríguez del Toro. Pedro Briceño Méndez. Francisco González de Linares. José Gabriel Pérez".

En cumplimiento del artículo 14 de este instrumento, a continuación se suscribió el Tratado de Regularización de la guerra, hasta convertirse en un precedente importante del Derecho Humanitario Bélico que en buena medida contribuyó a conducir las hostilidades de una manera más civilizada.

j) Tratado de Regularización de la Guerra. "Deseando los Gobiernos de España y de Colombia manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios convirtiéndolos en un teatro de sangre; y deseando aprovechar el primer momento de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos gobiernos, conforme a las leyes de las naciones cultas, y a los principios más liberales y filantrópicos, han convenido en nombrar comisionados que estipulen y fijen un tratado de regularización de la guerra, y en efecto han nombrado el excelentísimo señor General en Jefe del Ejército Expedicionario de Costa Firme, don Pablo Morillo, conde de Cartagena, de parte del Gobierno español, a los señores Jefe Superior Político de Venezuela, brigadier don Ramón Correa; alcalde primero constitucional de Caracas, don Juan Rodríguez de Toro, y don Francisco González de Linares; y el excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar, como Jefe de la República, de parte de ella, a los señores general de brigada Antonio José de Sucre, coronel Pedro Briceño Méndez y teniente coronel José Gabriel Pérez, los cuales, autorizados competentemente, han convenido y convienen en los siguientes artículos:

Art. 1º La guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los pueblos civilizados, siempre que no se opongan las prácticas de ellos a algunos de los artículos del presente tratado que deben ser la primera y más inviolable regla de ambos gobiernos.

Art. 2º Todo militar o dependiente de un ejército, tomado en el campo de batalla, aun antes de decidirse ésta, se conservará y guardará como prisionero y respetado conforme a su grado, hasta lograr su canje.

Art. 3º Serán igualmente prisioneros de guerra y tratados de la misma manera que estos, los que se tomen en marchas, destacamentos, partidas, plazas, guarniciones o puestos fortificados, aunque estos sean tomados al asalto, y en la marina los que lo sean aun al abordaje.

Art. 4º Los militares o dependientes de un ejército, que se aprehendan heridos o enfermos en los hospitales o fuera de ellos, no serán prisioneros de guerra, y tendrán libertad para restituirse a las banderas a que pertenezcan luego que se hayan restablecido. Interesándose tan vivamente la humanidad en favor de estos desgraciados que se han sacrificado a su patria y a su gobierno, deberán ser tratados con doble consideración y respeto que los prisioneros de guerra y se les prestará por lo menos la misma asistencia, cuidados y alivios que a los heridos y enfermos del ejército que los tenga en su poder.

Art. 5º Los prisioneros de guerra se canjearán clase por clase y grado por grado, o dando por superiores el número de subalternos que es de costumbre entre las naciones cultas.

Art. 6º Se comprenderá también en el canje, y serán tratados como prisioneros de guerra, aquellos militares o paisanos que individualmente o en partidas hagan el servicio de reconocer, observar o tomar noticias de un ejército para darlas al jefe de otro.

Art. 7º Originándose esta guerra de la diferencia de opiniones; hallándose ligados con vínculos y relaciones muy estrechas los individuos que han combatido encarnizadamente por las dos causas; y deseando economizar la sangre, cuanto sea posible, se establece que los militares o empleados que habiendo antes servido a cualquiera de los dos gobiernos, hayan desertado de sus banderas y se aprehendan alistados bajo las banderas del otro, no pueden ser castigados con pena capital. Lo mismo se entenderá con respecto a los conspiradores y desafectos de una y otra parte.

Art. 8º El canje de prisioneros será obligatorio, y se hará a la más posible brevedad. Deberán, pues, conservarse siempre los prisioneros dentro del territorio de Colombia, cualquiera que sea su grado o dignidad; y por ningún motivo ni pretexto se alejarán del país, llevándolos a sufrir males mayores que la misma muerte.

Art. 9º Los jefes de los ejércitos exigirán que los prisioneros sean asistidos conforme quiera el gobierno a quien estos correspondan, haciéndose abonar mutuamente los costos que causaren. Los mismos jefes tendrán derecho de nombrar comisarios, que trasladados a los depósitos de los prisioneros respectivos, examinen su situación, procuren mejorarla y hacer menos penosa su existencia.

Art. 10 Los prisioneros existentes actualmente gozarán de los beneficios de este tratado.

Art. 11 Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos gobiernos, serán altamente respetados, gozarán de una extensa y absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta, con respecto a las partes beligerantes.

Art. 12 Los cadáveres de los que gloriosamente terminen su carrera en los campos de batalla, o en cualquier combate, choque o encuentro entre las armas de los dos gobiernos, recibirán los últimos honores de la sepultura o se quemarán cuando por su número, o por la premura del tiempo no pueda hacerse lo primero. El ejército o cuerpo vencedor será el obligado a cumplir con este sagrado deber, del cual sólo por una circunstancia muy grave y singular podrá descargarse avisándolo inmediatamente a las autoridades del territorio en que se halle, para que lo haga. Los cadáveres que de una y otra parte se reclamen por el gobierno, o por los particulares, no podrán negarse, y se concederá la comunicación necesaria para transportarlos.

Art. 13 Los generales de los ejércitos, los jefes de las divisiones, y todas las autoridades estarán obligadas a guardar fiel y estrictamente este tratado, y sujetos a las más severas penas por su infracción, constituyéndose ambos gobiernos responsables a su exacto y religioso cumplimiento, bajo la garantía de la buena fe y el honor nacional.

Art. 14 El presente tratado será ratificado y canjeado dentro de sesenta horas, y empezará a cumplirse desde el momento de la ratificación y canje.

Y en fe de que así lo convenimos y acordamos nosotros los comisionados de los Gobiernos de España y de Colombia, firmamos dos, de un tenor, en la ciudad de Trujillo, a las diez de la noche del veintiséis de noviembre de mil ochocientos veinte./ Ramón Correa.- Antonio José Sucre.- Juan Rodríguez Toro.- Pedro Briceño Méndez.- Francisco González Linares.- José Gabriel Pérez"[30].

k) Armisticio de Miraflores, 1820[31]. En seguimiento de las nuevas instrucciones que desde España se impartían, los virreyes del Perú don Joaquín de la Pezuela y don José de la Serna le llegaron a proponer a José de San Martín negociaciones a fin de restablecer la unidad de la nación española, evitando así la continuación de una guerra fratricida. Infortunadamente las posiciones radicales de uno y otro bando hicieron fracasar tal intento, que buscaba devolver a las provincias americanas los derechos que el absolutismo les había negado. Los disidentes americanos exigían el reconocimiento de la Independencia y los liberales españoles el acatamiento de la Constitución de Cádiz[32]. La política de negociación no tuvo los efectos materiales esperados, salvo en cuanto a la propuesta recogida en aquella Real orden de "hacer la guerra con menos encarnizamiento", logrando una humanización y regularización de la conducción del conflicto bélico, a lo que contribuyó igualmente la falta de recursos económicos y logísticos de uno y otro bando.

En el Sur, se iniciaron negociaciones el 11 de septiembre de 1820 entre el virrey Pezuela y San Martín, cuando el agente español proponía al segundo el cese de hostilidades y la firma de un armisticio, en la senda de la búsqueda de la paz por la vía de la conciliación y el entendimiento. En Lima el 15 de septiembre se efectúa la jura de la Constitución de Cádiz y el propio San Martín aceptaba entrar en conversaciones en nombre del Gobierno de Chile, encontrándose en Miraflores, a las afueras de Lima. "Las condiciones del virrey se resumían en que las tropas invasoras (chilenas y argentinas) debían retirarse y San Martín avenirse a jurar la Constitución y acomodarse a lo que establecía la Real Orden del 11 de abril. El Libertador proponía como solución de conveniencia el nombramiento de una comisión para buscar un príncipe de la familia real que se pusiera al frente de la monarquía del Perú independiente. Al vencer el 4 de octubre el armisticio firmado el 26 de septiembre, San Martín dio por rotas las negociaciones reanudándose las hostilidades con la ventaja que a los insurgentes les daba el haber podido reunir alimentos, caballos y hombres y conseguir adeptos entre la población de Lima. Pezuela informaría al Secretario de Gobernación de Ultramar el haber cumplido con lo encomendado y responsabilizando a San Martín del fracaso advirtiendo que, contra lo que se pensaba en la Corte, los disidentes no tenían interés alguno en la reconciliación"[33].

No obstante el virrey don Joaquín de la Pezuela presionado por las corporaciones limeñas emprendió un nuevo intento negociador y así lo hizo saber a San Martín el 14 de diciembre de 1820, pero este reiteró su condicionamiento a todo acercamiento a que se reconociera la independencia de los Estados de Chile y Buenos Aires y el establecimiento de la del Perú.

El virrey Pezuela, partidario del absolutismo se vio forzado a dimitir el 29 de enero de 1821 por el levantamiento de militares constitucionalistas, disconformes con la política económica y militar que adelantara. El mando le fue entregado al general liberal José de la Serna, quien estaba convencido de que además de la política de conciliación era necesario que España enviara refuerzos navales si quería retener las provincias de Ultramar.

El comisionado regio Abreu antes de encontrarse con el virrey lo había hecho con San Martín el 27 de marzo de 1821, cosa que molestó a la Serna. Abreu esperaba firmar un armisticio como el Bolívar y Morillo, pero la Serna se mostraba escéptico al respecto. Se dio un protocolo de instrucciones del 15 de abril de 1820 y se desarrollaron en Punchauca, Miraflores y la fragata neutral "Cleopatra", desde comienzos de mayo hasta el abandono de Lima por La Serna el 6 de julio de 1821.

l) Armisticio Punchauca, 1821. Este armisticio fue acordado en Punchauca entre el general San Martín y el virrey La Serna, 23 de mayo de 1821. Los Diputados designados por las partes, se reunieron con el fin de "tratar de poner término a los males de la guerra en el Perú (…) convencidos de que, una suspensión temporal de hostilidades es necesaria para fijar las bases de una negociación, y celebrar un armisticio durante el cual se proceda a conciliar las actuales desaveniencias entre el Gobierno español y los independientes de esta parte de América, [...] [34]. El armisticio se proponía por un término de 20 días, durante los cuales quedaba suspendido todo acto hostil de uno y otro bando, conservando ambos ejércitos sus posiciones ocupadas, y para que en el término se verificase una entrevista entre San Martín y La Serna con sus respectivas comisiones en procura de una armisticio definitivo de ser posible.

Los comisionados de ambas partes con sus instrucciones proponían un armisticio entre tanto se llegase a un consenso, la delimitación de las posiciones de ambos ejércitos y los términos para la apertura de comunicaciones y el comercio entre Chile y el Virreinato del Perú; los disidentes buscaban un arreglo sobre el principio inmutable del reconocimiento de la independencia y la no aceptación de la Constitución como vínculo de unión. San Martín se mostraba favorable a la monarquía, proponiendo una Regencia presidida por la Serna y dos delegados más nombrados por el virrey y por el mismo, mientras se encontraba a un infante que sería investido como rey. Armisticio que se firmaría el 23 de mayo de 1821 y que se ampliaría al 12 de junio, en que finalmente fue roto por las posiciones irreconciliables de ambos partidos.

ll) Política de avenimiento y negociación diplomática de las Cortes españolas respecto de la cuestión americana. Para mediados de 1821 en las Cortes españolas tomaba fuerza la idea del reconocimiento de la independencia a sus colonias en América, bajo la consideración de que había que aceptarla allí donde era una realidad la imposibilidad militar de España de conservar por la fuerza lo que políticamente no había podido, abriéndose paso la idea de una Confederación de España y Ultramar. España era un país sin recursos militares, extenuada por las guerras civiles y europeas, sin posibilidad financiera de atender a tantos frentes. Razón por la cual la negociación política se mostraba como el camino correcto para definir el futuro de las colonias en América[35]. Finalmente en el informe del Gobierno a las Cortes se convenía en que no resultaba oportuno reconocer la independencia pero que sí debía acordarse la suspensión de hostilidades durante dos años, lapso suficiente para recibir y tramitar las quejas de los disidentes e inclusive por medio de sus diputados a las Cortes éstos podrían solicitar la suspensión de aquellos artículos de la Constitución que consideraren perjudiciales para sus intereses. Incluso en la sesión del 25 de enero de 1822 el diputado por Extremadura Francisco Fernández Golfín leía la "Memoria sobre el estado actual de las Américas" y medio de pacificarlas, redactado por el militar Miguel Cabrera de Nevares, alegato a favor de que se respetara la voluntad de los americanos a ser independientes[36]. Igual posición adoptó con posterioridad el diputado liberal radical Antonio Alcalá Galiano.

Se aprecia así, de esta forma, la voluntad de los progresistas españoles, máxime si se tiene en cuenta los Tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821 mediante los cuales Agustín de Iturbide, jefe del ejército Trigarante y don Juan O'Donojú[37], virrey de Nueva España, firmaron y en los cuales se reconocía la nación soberana e independendiente del Imperio mexicano. Instrumentos compuestos por 17 artículos, en los que se propuso una monarquía constitucional en la que Fernando VII sería llamado a reinar y fijaría su corte en México, como capital del Imperio. En caso de renuncia o no admisión de Fernando lo sería su hermano el Infante don Francisco de Paula, en caso de este no aceptar lo sería el Infante don Carlos Luis, y por renuncia o no aceptación de este el que las Cortes del Imperio designaren. Conforme al "Plan de Iguala" de 24 de febrero de 1821, se nombraría una Junta Provisional Gubernativa de la que haría parte O'Donojú, la que a su vez nombraría un presidente y a una Regencia compuesta de tres personas en quienes residiría el Poder Ejecutivo colegiado que gobernaría a nombre del monarca en el ínterin de su llegada.

A partir de la intervención francesa de abril de 1823, con la invasión de los cien mil hijos de San Luis con la misión de restaurar el absolutismo borbónico en la península, la oportunidad y la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado del conflicto se perdieron definitivamente. Los absolutistas pusieron fin al gobierno liberal constitucional español y con ello a cualquier posible avenimiento con los americanos republicanos, pues como dice Martínez Riaza, "América se perdía ante la ignorancia de muchos y la inoperancia e impotencia de los poderes centrales"[38].

Incluso en agosto de 1823 se realizó por parte de las Cortes un último debate sobre las negociaciones, cuando ya sesionaban en Cádiz, acorraladas por las tropas francesas y los absolutistas españoles. Allí se proponía invitar a los gobiernos de hecho de las provincias disidentes a enviar comisionados con plenos poderes a un punto neutral de Europa en el que se encontrarían con los plenipotenciarios españoles con el fin de estipular tratados, sin que se excluyese inclusive la independencia. No se veía con buenos ojos la injerencia por parte de otras potencias, pues los liberales peninsulares estimaban que lo que sucedía en sus colonias en América constituían "diferencias de familia" y como tales debían ser definidas por los españoles de ambos hemisferios, entre ellos solamente, sin la intervención de terceras potencias. Unos consideraban que había que negociar a la par que se hacía presencia militar y se reforzaban las tropas, otros, más radicales estimaban que toda negociación sería inútil mientras España no abandonase su actitud de potencia dominadora en un escenario en el que ya no lo era, admitiendo la separación política de aquellas sin romper sus vínculos culturales, como era la posición de los liberales más radicales al estilo de Alcalá Galiano.

El 1 de octubre es liberado por los franceses Fernando VII y con el Decreto del 26 de enero de 1824 se deroga nuevamente la Constitución, con la anulación de las medidas que se habían adoptado desde el 7 de marzo de 1820 y por ende la legitimidad de las negociaciones que buscaban una salida concertada a la cuestión americana. Aquel decreto revocaba así mismo el nombramiento y las competencias de todos los comisionados, ordenaba su retorno y prohibía cualquier tipo de negociación, en una actitud obtusa y del todo desconocedora de la realidad política del momento, en una coyuntura en la que con excepción de Cuba, Puerto Rico y las Antillas en general, lo mismo que algunas Provincias del Perú y unos pocos reductos aislados en Venezuela y Nueva Granada que aún acogían el sistema español, todo el continente se mostraba ya como independiente:"Enterado de las negociaciones que han entablado en diferentes puntos de América varios individuos que se dicen comisionados nombrados por el gobierno constitucional para tratar con los disidentes de aquellas provincias sobre su pacificación, y en cuyas negociaciones se ha intentado establecer por base preliminar la de que el Gobierno de España no está distante de reconocer la independencia de aquellos países; he venido en declarar nulos y de ningún valor ni efecto los poderes de todos y de cada uno de los expresados comisionados y enviados a América por el gobierno llamado constitucional; y por consiguiente cuantos actos hayan ejecutado y ejecuten en virtud de ellos, que sean contrarios a los legítimos derechos de la Corona de España y a mi Real soberanía, felizmente restablecida; mandando que dichos Comisionados cesen y se retiren a la Península. En su consecuencia, y a fin de que la referida mi Real resolución tenga el debido cumplimiento, mando a mis virreyes, capitanes generales y gobernadores intendentes de ambas Américas y sus islas adyacentes, la hagan publicar en los territorios de sus respectivos mandos, dando al tiempo las órdenes y providencias oportunas para que sin dilación se lleve a puro y debido efecto en todas partes"[39].

Los progresistas liberales españoles consideraban que la verdadera independencia de las provincias era la que se derivaría de la Constitución de Cádiz, que hacía iguales a los españoles de ambos hemisferios y se mostraba moderna y protectora de los individuos, los pueblos, sus bienes y propiedades. Con un Estado parlamentario y representativo que se mostraba como de derecho.

m) Capitulación española de la Guaira, 1821. Luego de la batalla de Carabobo se rinde La Guaira, mediante capitulación del español Pereira en 1821. Mediante ella se le propuso, acorde con el Derecho de gentes, al comandante realista una salida digna a la difícil situación militar en que se encontraba. Estuvo precedida de una nota que ya de por sí denotaba el cariz de civilización que asumía el manejo del conflicto: "Caracas, 1° de julio de 1821./ Al Señor Coronel don José Pereira./ Desde que me acerqué a esta capital dirigí cerca de V. S. un edecán, a ratificarle los sentimientos de filantropía y liberalidad que animan al gobierno de la república que presido, consignados solemnemente en el tratado de regularización de la guerra. V. S. contestó que, si no hallaba trasportes en la Guaira, trataría. He sabido que posteriormente ha tentado V. S. mil medios más para salvar su división, y últimamente ha sido rechazado de Petaquire. Una división entera, quizás la más fuerte de mi ejército, está empleada en cerrar a V. S. todas las salidas y en perseguirlo. Cuando un oficial ha llenado como V. S. sus deberes aun más allá de lo justo, es una loca temeridad no acceder a las leyes imperiosas e irresistibles de la fuerza y de la necesidad./ La guerra ha mudado de aspecto: no estamos en el caso de elegir una muerte desesperada cuando puede conservarse una vida honrosa y ahorrar sangre inocente. Yo, pues, ratifico a V. S., de nuevo, mis disposiciones para oírlo y acordarle una Capitulación honorífica. Ni V. S., ni sus tropas tienen que temer deponiendo las armas. Seré liberal, y tendré particular satisfacción en manifestar a V. S. cuánto aprecio hago del mérito aunque sea en mi enemigo./ Espero la contestación de V. S. en todo el día de mañana para tomar un partido definitivo y pronto./ Dios guarde a V. S. muchos años./ Bolívar"[40].

Con tal acto Bolívar ya en una dinámica diferente de la guerra, abandonando la conducta que mantuvo durante la primera fase de la revolución, se decantó por un trato más humanitario y caballeroso de la guerra, como se nota por ejemplo en esta capitulación al coronel Pereira, quien contestó la nota con igual caballerosidad, sin desechar el ofrecimiento pero pidiendo plazo para consultarlo con sus oficiales y la tropa que componía la división a su mando: "ni mi honor ni el de las armas españolas quedan en su lugar en que la división que mando deponga las armas, sin que haya sido batida ni hecho defensa, cuando no llegó tal caso: me son conocidos y placenteros los sentimientos de filantropía y liberalidad de que V.E. está animado; y no deben ocultársele los que en beneficio de las tropas de V.E. usé cuando cayeron prisioneras por las de mi cargo [...]"[41].

La capitulación finalmente se extendió fundada sobre las siguientes bases, indicativas del nuevo talante que adquiría la conducción de la guerra, más a tono con los principios de la humanidad, la razón y las buenas maneras:

1ª. Los jefes y oficiales de la división no serían tratados como prisioneros de guerra, permaneciendo en libertad, concediéndoles los correspondientes pasaportes que les permitiesen restituirse a la "España europea", "bajo la sola condición de que no podrán volver a servir contra Colombia en la presente guerra".

2ª. La tropa española prisionera tendría la libertad de tomar o no servicio en las banderas de la república o la posibilidad de establecerse en el país libremente como paisanos.

3ª. La tropa americana se licenciaría con la finalidad de que se restituyese a sus casas.

4ª. Los jefes, oficiales y tropa conservarían sus bagajes y pertenencias, pudiendo los jefes y oficiales llevar consigo sus armas.

5ª. Los civiles (paisanos) que en tal calidad siguiesen a la tropa gozarían de los mismos beneficios contemplados en la base primera.

6ª. "Las armas, municiones, fornituras y demás efectos militares, y cuantas propiedades sean del gobierno español, se entregarán al de la República".

7ª. Se pactó, así mismo, la concesión de honores militares a la división española al momento de rendir las armas.

Sobre tales bases, con la variación de que la tropa española seguiría el mismo destino que el de los oficiales y que a quienes integraban la tropa americana se les permitiría a voluntad marchar a Puerto Cabello con sus jefes o, en su lugar, alistarse en las filas de la república. A lo que accedió Bolívar en comunicado fechado en el cuartel general de Maiquetía, el 4 de julio de 1821.

Con ocasión de haberse cumplido el compromiso a cabalidad, el Mariscal de Campo don Miguel de Latorre le escribe a Bolívar, desde su cuartel general de Puerto Cabello el 6 de julio de 1821, agradeciéndole su actitud a la vez que lo incitaba a conservarse en tal línea de comportamiento con el fin de humanizar en lo posible el conflicto: "Excelentísimo Señor. Ha llegado a mi noticia que por V.E. han sido tratados con toda consideración los individuos del ejercito de mi mando que han tenido la desgracia de ser prisioneros de guerra. Doy a V.E. las debidas gracias por este rasgo de humanidad, que me hace disminuir el sentimiento de la suerte de dicho individuos; esperando que continuará V.E. de este modo dando pruebas nada equívocas de que hacer renacer las virtudes sociales que habían desaparecido por el enardecimiento de las pasiones que han desolado estos fértiles países"[42].

n) Capitulación española de Cartagena, 1821. Después de que Cartagena fuera reconquistada en diciembre 6 de 1815 por las armas españolas al mando de Morillo, será conservada por ellas hasta 1821, cuando capitula su gobernador el brigadier Gabriel de Torres y Velasco, después del triunfo naval obtenido por Padilla el 24 de junio de 1821. La respectiva capitulación fue suscrita el 1° de octubre de 1821 ante la propuesta efectuada por el general Montilla[43].

ñ) Capitulación de Quito (Pichincha), 1822.

Las fuerzas conjuntas del ejército del Perú al mando de San Martin, protector de aquella nación, a cargo de Andrés de Santa Cruz y las colombianas dirigidas por Antonio José de Sucre, derrotan a las españolas dirigidas por el Mariscal de Aymerich, presidente de la Real Audiencia de Quito. Sucre concedió el 25 de mayo de 1822 la capitulación de Pichincha[44] al mariscal. El día anterior 2.791 independentistas reforzados con mercenarios extranjeros enrolados en la Legión Británica se habían enfrentado a 1.894 realistas. Ello significó la rendición total de las tropas del rey en territorio de Quito. En dicho texto no se hizo referencia expresa a las fuerzas de don Basilio García acantonadas en Pasto, quien oponía seria resistencia a las tropas que comandaba Bolívar, quien no podía cruzar aquel tapón en su ruta hacia el sur a encontrarse con el ejército de Sucre y de los argentinos y chilenos que actuaban conjuntamente sobre el Perú[45].

o) Capitulación de Pasto (Berruecos), 1822. Luego de la acción de Cariaco fue firmada dicha capitulación con don Basilio García y fue publicada en la Gaceta de Colombia, N° 38, del 7 de julio de 1822. El 23 de mayo de 1822 Bolívar le había impelido al comandante realista de la tozuda plaza de Pasto, coronel don Basilio García, quien gozaba del apoyo de casi toda la totalidad de la población de la región a su cargo, a que aceptara una capitulación ventajosa para ellos, amenazándole con que si no aceptaba tomaría duras represalias.

García, quien se hallaba impuesto del resultado de la batalla de Pichincha y de la subsiguiente capitulación que firmó su superior ante Sucre (dato que Bolívar ignoraba), astutamente aceptó el ofrecimiento de Bolívar, en lo que se conoce como la capitulación de Pasto el 6 de junio de 1822. De esta manera la inmensa mayoría de los dos mil combatientes que defendían la causa española tornaron a sus respectivos hogares, una vez depusieron las armas y unos pocos emprendieron sur ruta a España[46].

p) Canje de prisioneros, 1822. Una muestra particular de que era común práctica el intercambio de prisioneros entre las fuerzas enfrentadas lo constituye la solicitud que en tal sentido dirigiera el Intendente de Venezuela Carlos Soublette, desde su cuartel General de Carora el 19 de junio de 1822, primero al Mariscal de Campo Francisco Tomás Morales, Segundo Jefe Expedicionario, y luego a su superior el Mariscal de Campo don Miguel de Latorre, en la que le comunica que en la acción del día 7 habían sido hechos prisioneros por las huestes españolas el coronel Judas Piñango y el subteniente Cirilo Barrera. Proponía el canje de ambos conforme "a la práctica observada por todas las naciones en iguales casos, y la misma que me ha sido indicada por el señor General en Jefe del ejército expedicionario, a saber: cuatro subalternos por un Coronel a falta de un oficial de igual clase, y así los demás"[47].

Le proponía dejasen retornar a su Cuartel general al expresado coronel con los demás oficiales que estuviesen prisioneros junto con él a cambio de entregarle en canje oficiales o tropa española en poder de los independentistas. Aducía expresamente en su misiva que en virtud del "Tratado de regularización de la guerra" ninguno de los oficiales ni la tropa herida en acción podían ser considerados prisioneros de guerra.

Cuando un oficial caía prisionero en acción era tratado con las consideraciones de su rango, incluso en algunos casos se les dispensaba dinero por parte del comandante a cargo, como por ejemplo ocurrió cuando el coronel independentista Piñango fue prisionero de Morales, este dispuso de $200 pesos para sus necesidades inmediatas. Cuando se trataba de soldados rasos prisioneros en combate como a los dispersos con posterioridad a ella, se les interrogaba "en presencia de varios jefes y oficiales por primera, segunda y tercera vez si querían permanecer como tales prisioneros, de cuyo modo no perderían los servicios hechos a su gobierno; y todos unánimes contestaron servir gustosos a las banderas españolas, sobre lo cual volví a repetirles que yo no los necesitaba pues tenía soldados prisioneros (en manos independentistas) con quienes canjearlos, y a pesar de todas mis justas reflexiones abrazaron su primera voluntad; por cuya resolución tan notoria fueron incorporados en la filas de los batallones de mi mando" (como lo informaba Morales a Soublette, en comunicado fechado en el Cuartel general de operaciones en el Dividal el 23 de junio de 1822)[48].

Era práctica extendida el que la tropa, la más de las veces era conducida a la fuerza al combate, una vez que quedaba prisionera servía en las huestes contrarias, pues le daba lo mismo militar en la causa de uno u otro bando, puesto que no se hallaban en condiciones de entender bien las razones del conflicto. Por un lado estaba el sentimiento de respeto y obediencia que desde siglos atrás tenían inculcados por su rey y por España y por otro las sugestivas palabras sobre una nueva sociedad política que perseguían los independentistas, en un discurso novedoso pero ininteligible para la mayoría de las mentes de los combatientes rasos, analfabetas e ignorantes, pobres, material y espiritualmente.

q) Convención preliminar entre los delegados de las Cortes españolas y el gobierno de Montevideo, 1823. Los comisionados de los liberales españoles llegaron a Montevideo y se comunicaron con Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, quien les autorizó su traslado a la capital. En seguimiento de las Instrucciones del 15 de mayo de 1822 se suscribió a la Convención preliminar del 4 de julio de 1823 con la que se logró concluir una tregua, que obligaba el envío de negociadores ante los demás gobiernos republicanos sudamericanos, se estableció un cese de hostilidades por sesenta días después de su ratificación y que podría subsistir durante año y medio más, mientras se negociaba un tratado definitivo de paz y amistad. Las fuerzas españolas en el Perú conservarían sus posiciones y se restablecerían las relaciones comerciales entre las provincias y la monarquía española, la que ocupaban en el Perú las armas nacionales y los Estados que ratificasen la Convención. En ese lapso el Gobierno de Buenos Aires negociaría un tratado definitivo de paz y amistad entre España y los Estados del continente americano. Se nombraron así mismo comisionados ante el virrey la Serna en el Perú, último bastión español en el continente. Las conversaciones se realizaron en la ciudad de Salta con los comisionados españoles Juan Gregorio de Las Heras y el brigadier Baldomero Espartero, sin alcanzar acuerdo alguno, pues mientras esto se gestaba se tuvo conocimiento de la reinstauración del absolutismo en la península con el apoyo de los reaccionarios franceses que con cien mil soldados unidos a los monarquistas españoles dieron al trasto con el gobierno liberal del trienio y desconocieron la Constitución de Cádiz, razón por la cual no se pudo ratificar aquella convención y los comisionados debieron retirarse a Montevideo.

r) Capitulaciones que ponen fin a la Campaña del Zulia, 1823. Después de las batallas naval de Maracaibo y de Punta de Palma, 24 de julio de 1823, en la que el almirante Padilla destrozó la armada española, se realizó un tratado particular entre los comisionados de España y Colombia, ratificado por los respectivos superiores militares, entre el general Manrique Comandante General del Zulia y el general Padilla, jefe de la escuadra colombiana, por los independentistas y el jefe español Morales. Los comisionados se reunieron "para transigir de un modo honroso y debido a la humanidad y al decoro de ambos ejércitos: penetrados unos y otros del miserable estado en que se halla el pueblo de Maracaibo, asediado hace tres meses por la escuadra de Colombia en su laguna, sus vecinos afligidos y consternados por el hambre, el cañoneo sufrido en sus casas edificios, y por resultas del sangriento combate naval del 24 de julio último (1823): animados los expresados comisionados de sentimientos los más generosos y justos, a favor de tan desgraciada ciudad y de cuantos han servido en auxilio de los dos partidos beligerantes, han acordado y convenido, en obsequio de todos, lo siguiente:"[49]

Art. 1° La plaza de Maracaibo, la fortaleza de San Carlos de la barra, y el territorio ocupado por tropas dependientes del ejército español serían entregados a jefe sitiador de Colombia, en el estado en que se encontraren.

Art. 2° Al Comandante general de la escuadra de Colombia se le entregarían los buques armados existentes en esa bahía.

Art. 3° Los sargentos, cabos, soldados y marineros naturales de las Américas, al servició del ejército español, que quisiesen servir voluntariamente a las banderas colombianas, lo podrían hacer libremente; los que prefiriesen ser licenciados irían a sus casas, bajo la garantía del tratado; aquellos que optaran por permanecer fieles al gobierno español se reputarían como "prisioneros de guerra" y como tal serían tratados "sin ser molestados, bajo la especial vigilancia de los garantes" hasta que pudiesen ser canjeados por el gobierno español.

Art. 4° Los jefes y oficiales prisioneros podrían salir juramentados fuera del territorio colombiano con la condición de no volver a tomar las armas contra la república mientras no fueren canjeados.

Art. 5° En lo que correspondiente al ramo político del ejército, esto es al personal civil o asistente del mismo, podrían sacar sus armas y equipajes y demás propiedades transportables con destino al puerto de Cuba.

Art. 6° El Comandante de la columna del Zulia, don Antonio León, con sus oficiales, el jefe de la Cabinas Morales con los suyos igualmente serían comprendidos en el artículo 4° del tratado, lo mismo que los vecinos que ambos tuvieren reunidos armados, lo serían también en el artículo 9°.

Art. 7° Los primeros jefes de la República de Colombia facilitarían los buques necesarios para transportar a puerto seguro de la isla de Cuba a los jefes, oficiales, sargentos y demás individuos de tropa que componían el ejército español y sus dependencias, todo ello por cuenta de las arcas de la república, asumiendo la obligación de facilitar los víveres que necesitasen. Garantizando decoro y buen trato.

Art. 8° Se extendían las condiciones a los vecinos y habitantes de Maracaibo que quisieran seguir con sus familias y propiedades transportables a la isla de Cuba, siendo libres de hacerlo y por cuenta de la república tanto transporte como víveres.

Art. 9° Se garantizaba a los vecinos y habitantes de Maracaibo y su provincia de ser tratados con arreglo a las leyes protectoras de la República, independientemente de la conducta u opiniones que hubieren tenido durante la ocupación del país por las tropas españolas del general Morales, "dándose todo a un olvido absoluto"; se les garantizaba el respeto por sus personas y propiedades.

Art. 10º Solo hasta después de transcurrida una hora de haberse embarcado y partido del muelle el ejército español, sus empleados, los vecinos particulares (población civil) no podrían las tropas y marina republicanas entrar y ocupar la ciudad de Maracaibo.

Art. 11º "Los heridos y enfermos españoles existentes en esta ciudad que se hallen en posibilidad de embarcarse serán conducidos y tratados a bordo con la humanidad y esmero posible; y los que no lo puedan verificar quedarán en ella, y serán curados y atendidos con esmero y respetadas sus personas y equipajes, hasta que su estado les permita ser trasladados, a Cuba, que lo verificarán los señores jefes de este departamento en los mismos términos que se dejan prescritos para las tropas españolas".

Art. 12º Las condiciones se hacían extensivas a los jefes, oficiales y tropa europea del ejército español prisioneros en el combate naval del 24 de julio de 1823 que quisiesen seguir para Cuba.

Art. 13º Para el cumplimiento del tratado se tomaría por una y otra parte dos jefes en rehenes, los españoles quedarían en Maracaibo y los colombianos seguirían a Cuba con las tropas del ejército español, los primeros recibirían su haber íntegro del tesoro de Colombia y los segundos lo mismo del español.

Art. 14º Estipulaba la pena de muerte a cualquier jefe, oficial o individuo de tropa española que fuere con posterioridad aprehendido haciendo la guerra a Colombia sin estar debidamente canjeado.

Art. 15º En consideración a que el ejército español no disponía de víveres y la reserva de carne solo alcanzaba para tres días, quedaban obligadas las autoridades colombianas a suministrarlos, con todo lo demás que faltare, desde la ratificación del pacto hasta la llegada a Cuba.

Art. 16° Toda duda que se suscitase sobre la inteligencia de lo pactado se resolvería siempre a favor del ejército y súbditos españoles.

Art. 17º Se nombraría una comisión de oficiales para que verificasen las condiciones ofrecidas a la tropa americana y a los oficiales europeos que se hallaren prisioneros, conforme a los artículos 3° y 12.

Art. 18º Se estipulaba que el tratado sería ratificado y canjeado dentro de las 24 horas siguientes, entrándose a cumplir.

Fue firmado en Maracaibo el 3 de agosto de 1823 por las partes comisionadas y ratificado por el general español Francisco Tomás Morales en su cuartel general ese mismo día e igualmente que por el general jefe de operaciones Manuel Manrique y por el general comandante general de la escuadra José Padilla de Colombia, el 4 de agosto de 1823.

Hubo una convención particular frente al tratado, o como complemento del mismo, en el sentido de que los buques armados en guerra en la laguna serían entregados a Colombia con excepción de la goleta "Especuladora", que sin ningún armamento, con marina y pabellón español fue destinada a conducir a Cuba al señor general en jefe del ejército español, con sus edecanes y personas de su elección, con el correspondiente salvoconducto para no ser molestados ni detenidos por ningún buque colombiano[50].

La lista de prisioneros tomados en el combate naval del 24 de julio de 1823 por las tropas colombianas fueron 369 entre tripulación y tropa, además de 69 oficiales: 2 tenientes coroneles; 18 capitanes; 21tenientes; 11 subtenientes; 11 aspirantes subalternos; 1 cirujano; 1 empleado de hacienda; 4 oficiales comandantes. Entre los oficiales prisioneros se hallaban algunos que ya habían sido previamente capitulados en Cumaná, en Quito y en Maracaibo, lo que prueba que no siempre se cumplían los compromisos.

En términos generales se puede decir que este y otros convenios semejantes se materializaron gracias al "Tratado de Trujillo" que vino a cambiar positivamente el cariz de la conducción de la guerra, antes salvajemente dirigida bajo la consigna a muerte, luego de dicho tratado hasta el mismo Bolívar, antes tenido como inhumano y bárbaro, cambió de parecer y las fuerzas de las nuevas repúblicas quisieron aparecer ante el mundo como civilizadas y humanitarias.

s) Capitulación del Castillo de San Felipe, en la Plaza de Puerto Cabello, 1823. En Puerto Cabello se habían atrincherado los restos del ejército español expedicionario. Hasta allí llegarían los independentistas para tomarse aquella plaza en noviembre de 1823. Aquel sería el último baluarte serio español en Venezuela. El coronel Manuel Carrera y Colina entró en conversaciones con Páez asegurando una honrosa rendición, entre cuyas condiciones se encontraba el libre y decoroso traslado de todos los realistas a la isla de Cuba por cuenta del gobierno disidente, como en efecto se verificó luego[51]. El último recinto español en Venezuela terminó con la rendición de aquella plaza. El director de la guerra y comandante general en jefe de Venezuela, José Antonio Páez otorgó capitulación a dichas fuerzas, permitiendo embarcar a la guarnición española, dando así fin a la guerra en ese departamento y dejando a las fuerzas españolas sin base de operaciones sobre Venezuela y Colombia[52].

En el sitio de Puerto Cabello el Brigadier don Sebastián de la Calzada, comandante general de las tropas españolas de la plaza había caído prisionero de los independentistas. El 10 de noviembre de 1823 capituló el castillo de San Felipe en la plaza de Puerto Cabello. La capitulación se adelantó por intermedio de comisionados y de acuerdo a instrucciones recibidas fue aprobada, firmada y ratificada: "deseosas ambas partes contratantes de evitar la efusión de sangre, y poner término de un modo honroso a las aflicciones y padecimientos de los beneméritos jefes, oficiales, tropa y vecindario que se hallan prisioneros en poder de la República de Colombia, tanto los que por el acontecimiento de la noche del 7 al 8 les cupo la suerte fatal de tales como respecto de los demás que se hallan en otros puntos, igualmente que a los desastres de una lucha desoladora, en beneficio de la humanidad (…)". La iniciativa partió del coronel español y halló receptividad en Páez, acto que logró bajo los siguientes artículos:

Art. 1° La guarnición española de la fortaleza saldría de ella con honores, "con bandera desplegada, tambor batiente, dos piezas de campaña con 25 disparos cada una y mechas encendidas, llevando los señores jefes y oficiales sus armas y equipajes, y la tropa con su fusil, mochila, correajes, sesenta cartuchos y dos piedras de chispa por plaza, debiendo a este acto corresponder las tropas de Colombia con los honores acostumbrados de la guerra".

Art. 2° Empleados y comisionados de todos los ramos saldrían así mismo con sus familias, armas, equipo, sirvientes y criados.

Art. 3° Los señores Brigadier comandante general, jefe superior político e intendente, los demás jefes, oficiales, tropa y empleados que fueron prisioneros en la noche del 7 al 8 de noviembre serían comprendidos en los artículos anteriores. Se concedió a los oficiales la posibilidad de portar sus espadas, pero se negó a la tropa el que pudiesen sacar sus armas y municiones.

Art. 4° Ningún oficial ni empleado sería considerado prisioneros de guerra.

Art. 5° Oficiales y tropas españolas debían ser transportados en buques de Colombia a la isla de Cuba, con excepción de aquellos que integrasen la milicia nacional local que podrían optar al traslado en colonias extranjera, pero igualmente asistidos en ello por el gobierno colombiano.

Art. 6° Las oficinas y archivos de todos los ramos serían igualmente transportados en tales buques.

Art. 7° La tropa y personal español no saldría de la fortaleza hasta el momento de dar la vela los buques destinados a la conducción.

Art. 8° El pabellón español no sería arriado en la fortaleza y saludado por los efectivos en ella sino hasta el momento en que se hubiese cumplido el artículo anterior.

Art. 9° Ningún buque armado de Colombia entraría en el puerto ni ninguna tropa ocuparía el castillo sino hasta dos horas después de haber dado la vela los buques destinados al transporte de la guarnición española.

Art. 10º Con anterioridad se haría entrega formal a los comisionados colombianos de los que hubiere en el Castillo, con excepción de lo comprendido en los artículos precedentes.

Art. 11º Que los enfermos y heridos precisados por la gravedad de sus males a permanecer en la plaza, serían también transportados a dominio español con todo lo que les perteneciese cuando estuviesen en condiciones de hacerlo y mientras tanto serían asistidos, socorridos y tratados por cuenta del gobierno colombiano.

Art. 12º Se solicitó que los prisioneros en poder de los independentistas en La Guaira, Cartagena y demás puntos fuesen igualmente conducidos a posesiones españolas. Este artículo fue negado por Páez, aduciendo no estar en la esfera de sus facultades, pero prometiendo recomendarlo al Gobierno.

Art. 13º Se permitiría a los individuos que voluntariamente quisiesen permanecer en el territorio de la República gozar en sus empleos militares, personas y propiedades de la misma seguridad que los colombianos, siempre que respetasen las leyes de la República.

Art. 14º Los buques menores que se habían fletado por la nación española serían desarmados y devueltos a sus dueños.

Art. 15º El gobierno colombiano solo se obligaba a proporcionar los transportes y víveres necesarios para el viaje, lo mismo que las raciones mientras se efectuaba el embarque, en modo alguno a asistir a las viudas y huérfanos de los militares muertos en servicio de la bandera española.

Art. 16º Durante los 15 días siguientes a la toma del puerto por la república, todo buque, ya de guerra o mercante sería tenido como presa, pero antes no podría ser dañado ni incomodado.

Art. 17º A los vecinos y demás habitantes de tal plaza existentes en el día del acuerdo se les respetaría su persona independientemente de sus opiniones y no se les podría impedir su salida en el momento o cuando gustasen, llevando sus bienes, vendiéndolos o dejándolos en administración en persona de su confianza.

Art. 18º Páez condicionó a las leyes de la república la posibilidad de incluir dentro del mismo caso y con iguales privilegios a los vecinos ausentes del castillo y del puerto que quisiesen venir a la plaza a disponer de sus bienes raíces, como también de los emigrados en ella en razón de sus empleos. Reservándose el recomendar la solicitud de los interesados.

Art. 19º Serían atendidas las reclamaciones por el gobierno colombiano de los emigrados de Colombia en países españoles o extranjeros, considerándose con derecho a los bienes raíces que hubieren dejado. Páez se comprometió a recomendar dichas solicitudes ante el gobierno de la república.

Art. 20º Los comerciantes tanto europeos como americanos que se hallaren emigrados y quisiesen regresar a Colombia a arreglar sus intereses lo podrían hacer libremente siendo protegidos por el gobierno, a lo que se comprometió Páez en cuanto a recomendarlo así al gobierno.

Art. 21º A los individuos que se encontraban en el castillo se les permitiría pasar al pueblo a recoger sus equipajes, papeles y demás bienes de toda clase, no se les estorbaría en ello.

Art. 22º Si se llegasen a agotar los víveres de la guarnición de la fortaleza, sería mantenida a costa del gobierno colombiano.

Art. 23º Los derechos concedidos a dicha plaza se harían extensivos a los vecinos de los valles de Borburata, Patauemo y Morón.

Art. 24º "Que los capitulados en el fuerte Mirador de Solano queden exentos del juramento que hicieron en su capitulación, de no tomar las armas en la presente guerra contra Colombia, igualmente que el Teniente Coronel D. Francisco Urribarry".

Art. 25º Cualquier duda que pudiese derivarse del contenido de los artículos se resolvería a favor de los capitulados.

Art. 26º "Mientras no tengan cumplimiento estos tratados en todas sus partes, habrá entre uno y otro Gobierno los rehenes correspondientes"[53].

t) Amnistía a Riva Agüero, 1823. Las amnistías fueron también utilizadas como estratagema para dividir las fuerzas y los apoyos que pudiera tener el enemigo, como una forma de debilitar su poder, como fue el caso de la que en la Hacienda del Puente en el valle de Santa, en septiembre 20 de 1823 los comisionados de Bolívar ofrecen en su nombre al Mariscal y presidente peruano don José de la Riva Agüero y a los jefes y oficiales de la división del Norte del Perú, dentro del contexto de la disparidad de criterios internos que presentaban los partidos y las tropas independentistas que resistían a las españolas. A nombre del Congreso Constituyente del Perú, manejado por Bolívar, ofrecían "la más honrosa y absoluta amnistía, ofreciéndoles además la conservación de sus propios grados, empleos y destinos militares que han obtenido legítimamente. A nombre del mismo Congreso, y bajo la propia garantía ofrecemos al señor D. José de la Riva Agüero una completa y honrosa amnistía, pudiendo restituirse a su casa tranquila y pacíficamente como un hombre privado, sin que se sea reconvenido en ningún tiempo ni por ninguna autoridad de este Estado, de los acontecimientos de Trujillo. Este señor gozará como ciudadano privado, de todas las garantías de la ley, y tendrá la tranquila y pacífica posesión de todos sus bienes, ofreciéndole S.E. el Libertador de Colombia un generoso y decoroso asilo en aquel Estado, si no tuviese por conveniente residir en el Perú, e interponer su poderosa mediación con este Gobierno para que cuando varíen las circunstancias, y después de algún tiempo pueda restituirse a su patria con el empleo de gran Mariscal./ El señor general de brigada don Ramón Herrera conservará además de su empleo el mando del cuerpo de tropas que actualmente está a sus órdenes, y el de las demás que estén a las del señor Riva Agüero./ Las tropas que están actualmente a las órdenes del señor Riva Agüero obtendrán la más franca, completa y absoluta seguridad individual, y se les ofrece un absoluto olvido de lo pasado, sin que jamás puedan ser reconvenidas por haber continuado obedeciendo al señor Riva Agüero después de que fue exonerado del mando".

Dicho ofrecimiento fue declinado bajo el entendido de que "perdón supone delito, y quien no cree haberlo cometido, está muy lejos de apreciar tal amnistía. Aunque se hallase imposibilitado de sostener el decoro de la autoridad que le está confiada, jamás la mancharía con el borrón de humillarla a quienes estima delincuentes contra la patria, ni hacer con ellos una liga que ofende sus deberes", conforme contestó don José María Novoa, ministro de Riva Agüero, a los comisionados de Bolívar, en Santa a septiembre 22 de 1823.

Cabe recordar como el presidente de la República del Perú, Riva Agüero, por disposición del Congreso Constituyente de aquella nación, había invitado al presidente de la República de Colombia para que se trasladase con tropas aquel territorio con el objetivo de contribuir a su liberación del dominio español[54]. Bolívar al tiempo que cumplía tal cometido intrigaba a la vez para apoderarse del poder político allí.

El Congreso del Perú llegó a suspender el 11 de noviembre de 1823 los efectos del articulado de la Constitución republicana en la finalidad de que no fuesen estorbo a la suprema autoridad con que se invistió a Bolívar por decreto del 10 de septiembre de 1823. El poder omnímodo que se confirió a Bolívar termina por descreditar la revolución de independencia y por desinstitucionalizar la propia república liberal como modelo constitucional y democrático, dejando en entredicho las razones e ideales por las cuales se combatió el absolutismo monárquico que colocaba a los gobernantes por fuera y por encima de las leyes y del propio pueblo. Nefasto ejemplo que luego se siguió en el Alto Perú (Bolivia), Ecuador, Venezuela y que trató de imponerse en el antiguo virreinato de Nueva Granada hasta conseguirse efímeramente a partir de 1828.

u) Capitulación española en Ayacucho, 1824. La influencia nuevamente de las fuerzas liberales y constitucionalistas en la península ibérica tuvo su manifestación en la capitulación de Ayacucho, firmada por el jefe de Estado Mayor teniente general don José de Canterac y el general Antonio José de Sucre el 9 de diciembre de 1824.

Resulta ilustrativo señalar como para la fecha buena parte de la oficialidad del ejército español en América se mostraba recelosa de la doble conducta de Fernando VII y sus partidarios, y por el contrario, miraban con simpatía los cambios modernizantes adelantados por los liberales atemperados en torno a los principios que la Constitución de Cádiz recogía, lo que hacía que miraran con buenos ojos y con no disimulada simpatía la causa americana. Factor que se agudizó a raíz del descalabro sufrido por los progresistas en la península ibérica, luego de la intervención en suelo español de la coalición de la Santa Alianza en procura del restablecimiento del despotismo monárquico, tras haber Fernando VII, con el apoyo de sus émulos de Francia, Austria, Prusia y Rusia, el 1 de octubre de 1823 decretado la abolición de lo aprobado durante el trienio del gobierno liberal, durante el cual se había restablecido la vigencia de la Constitución liberal de Cádiz de 1812. Tales sucesos dejaban en entredicho, de contera, la autoridad de don José de La Serna e Hinojosa como virrey del Perú, con lo que se da inició una inconveniente purga para con los constitucionalistas y liberales en tierras peruanas.

Los absolutistas en el Perú se sublevan y desconocen la autoridad de La Serna. El Ejercito realista del Alto Perú (Bolivia) al mando de Pedro Antonio Olañeta, tras haberse impuesto de que en España caía el gobierno constitucional liberal y que Fernando VII arribaba con 132.000 soldados franceses del ejército de las Santa Alianza, desconocen la legitimidad del virrey en el Perú, llegando incluso a ordenar ataque contra los españoles liberales. Es más, Olañeta sostuvo comunicación con Bolívar en el sentido de facilitarle operar en contra de las fuerzas de Canterac, lo que a la postre favoreció los resultados obtenidos en Junín y en Ayacucho. La defección de los absolutistas del Alto Perú obligó a de la Serna a dividir sus fuerzas unas contra el absolutista y otras contra los independentistas.

Algunos historiadores españoles han llegado a calificar aquella batalla como "la traición de Ayacucho", si se atiende a una versión extendida en la época que sostenía que los liberales españoles en el Perú se habían puesto de acuerdo con los independentistas para dar por terminado el conflicto en aquella Ayacucho. Tal el caso de Juan Carlos Losada en su obra Batallas decisivas de la Historia de España[55], en donde afirma que el resultado de dicha contienda ya estaba previamente pactado con anterioridad. Que se recurrió al simulacro y a derramar la sangre de algunos y a exponer la vida de muchos más bajo el argumento de que una capitulación sin batalla constituía nada menos que una traición y que para no manchar el honor militar ello debía hacerse así. Dichos jefes no simpatizaban con la causa de un monarca absolutista como Fernando y además hacían parte de las ligas masónicas. Se habían comprometido en un pacto de caballeros y de masones la oficialidad de alto rango de ambos ejércitos de guardar absoluto silencio sobre este suceso.

No obstante otros estudiosos, entre ellos Torrente, documentado y autorizado escritor de la época, considera que "[...] las ideas liberales propagadas por desgracia con tanta rapidez en 1820 en las filas españolas, que una parte de la oficialidad contaminada por ellos llegó a considerar como una incoherencia de principios combatir la independencia y la libertad del Nuevo Mundo [...]". Estima este historiador que aunque se le pretendió dar hálito de complicidad, en los medios monárquicos y absolutistas, a la conducta de los jefes españoles en Ayacucho, no cree que en ellos se diese traición alguna, malicia, cobardía ni aturdimiento[56].

En 1824 las tropas realistas españolas fueron derrotadas definitivamente en América en la batalla de Ayacucho por las fuerzas combinadas peruano-colombianas. De ahí que se tiene sellada la independencia con la "Capitulación de Ayacucho", firmada el 9 de diciembre de 1824 por el teniente general José Canterac, en nombre del último virrey español en América continental, don José de la Serna.

Ayacucho fue la batalla más grande que se sostuvo durante las guerras de la independencia y la que más se pudo ajustar a la manera europea como se conducían las guerras. Allí se enfrentaron unos 12.686 efectivos por ambos bandos: 6.906 de las banderas españolas, de los cuales escasamente 500 eran peninsulares y 5.780 de los independentistas. Los primeros tuvieron 1.800 muertos y 700 heridos; los segundos 370 muertos y 709 heridos. En poder de los triunfadores quedaron catorce piezas de artillería, dos mil quinientos fusiles y muchos artículos de guerra; la mayor parte de la tropa realista se escapó furtivamente abandonando las armas.

Les fue ofrecida a los vencidos una generosa capitulación, que generó suspicacia en el mundo político de su momento y que a diferencia del armisticio de Bolívar en 1820 fue cumplida a cabalidad por las partes. Como lo expresó Torrente, los jefes liberales y constitucionalistas españoles prefirieron caer en manos de Sucre y de los liberales americanos que en las de su connacional Olañeta, absolutista y ultramontano: "prefirieron lo primero, seguros de hallar entre los enemigos la seguridad que temían les fuera negada por su terrible antagonista"[57].

La capitulación afectó al virrey La Serna, al teniente general Caterac, a los mariscales de campo Valdés, Carratala, Monet y Villalobos; a los brigadieres Ferraz, Bediya, Pardo, Gil, Tur, García Gamba, Ladázuri, Atero, Cacho y Somocurcio; a 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 484 oficiales y más de 2.000 soldados prisioneros[58]. Por la importancia que merece y porque constituye un protocolo en el que puede apreciarse hasta donde había calado en la conciencia militar americana el Derecho de gentes, transcribiremos dicho instrumento a continuación:

v) Texto de la Capitulación de Ayacucho. "Don José Canterac, teniente general de los reales ejércitos de S. M. C., encargado del mando superior del Perú por haber sido herido y prisionero en la batalla de este día el excelentísimo señor virrey don José de La Serna, habiendo oído a los señores generales y jefes que se reunieron después que, el ejército español, llenando en todos sentidos cuanto ha exigido la reputación de sus armas en la sangrienta jornada de Ayacucho y en toda la guerra del Perú, ha tenido que ceder el campo a las tropas independientes; y debiendo conciliar a un tiempo el honor a los restos de estas fuerzas, con la disminución de los males del país, he creído conveniente proponer y ajustar con el señor general de división de la República de Colombia, Antonio José de Sucre, comandante en jefe del ejército unido libertador del Perú, las condiciones que contienen los artículos siguientes:

1. El territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú, será entregado a las armas del ejército libertador hasta el Desaguadero, con los parques, maestranza y todos los almacenes militares existentes.

1. Concedido, y también serán entregados los restos del ejército español, los bagajes y caballos de tropas, las guarniciones que se hallen en todo el territorio y demás fuerzas y objetos pertenecientes al gobierno español.

2. Todo individuo del ejército español podrá libremente regresar a su país, y será de cuenta del Estado del Perú costearle el pasaje, guardándole entretanto la debida consideración y socorriéndole a lo menos con la mitad de la paga que corresponda mensualmente a su empleo, ínterin permanezca en el territorio.

2. Concedido; pero el gobierno del Perú sólo abonará las medias pagas mientras proporcione transportes. Los que marcharen a España no podrán tomar las armas contra la América mientras dure la guerra de la independencia, y ningún individuo podrá ir a punto alguno de la América que esté ocupado por las armas españolas.

3. Cualquier individuo de los que componen el ejército español, será admitido en el del Perú, en su propio empleo, si lo quisiere.

3. Concedido.

4. Ninguna persona será incomodada por sus opiniones anteriores, aun cuando haya hecho servicios señalados a favor de la causa del rey, ni los conocidos por pasados; en este concepto, tendrán derecho a todos los artículos de este tratado.

4. Concedido; si su conducta no turbare el orden público, y fuere conforme a las leyes.

5. Cualquiera habitante del Perú, bien sea europeo o americano, eclesiástico o comerciante, propietario o empleado, que le acomode trasladarse a otro país, podrá verificarlo en virtud de este convenio, llevando consigo su familia y propiedades, prestándole el Estado proporción hasta su salida; si eligiere vivir en el país, será considerado como los peruanos.

5. Concedido; respecto a los habitantes en el país que se entrega y bajo las condiciones del artículo anterior.

6. El Estado del Perú respetará igualmente las propiedades de los individuos españoles que se hallaren fuera del territorio, de las cuales serán libres de disponer en el término de tres años, debiendo considerarse en igual caso las de los americanos que no quieran trasladarse a la Península, y tengan allí intereses de su pertenencia.

6. Concedido como el artículo anterior, si la conducta de estos individuos no fuese de ningún modo hostil a la causa de la libertad y de la independencia de América, pues en caso contrario, el gobierno del Perú obrará libre y discrecionalmente.

7. Se concederá el término de un año para que todo interesado pueda usar del artículo 5°, y no se le exigirá más derechos que los acostumbrados de extracción, siendo libres de todo derecho las propiedades de los individuos del ejército.

7. Concedido.

8. El Estado del Perú reconocerá la deuda contraída hasta hoy por la hacienda del gobierno español en el territorio.

8. El Congreso del Perú resolverá sobre este artículo lo que convenga a los intereses de la república.

9. Todos los empleados quedarán confirmados en sus respectivos destinos, si quieren continuar en ellos, y si alguno o algunos no lo fuesen, o prefiriesen trasladarse a otro país, serán comprendidos en los artículos 2° y 5°.

9. Continuarán en sus destinos los empleados que el gobierno guste confirmar, según su comportación (sic).

10. Todo individuo del ejército o empleado que prefiera separarse del servicio, y quedare en el país, lo podrá verificar, y en este caso sus personas serán sagradamente respetadas.

10. Concedido.

11. La Plaza del Callao será entregada al ejército unido libertador, y su guarnición será comprendida en los artículos de este tratado.

11. Concedido; pero la plaza del Callao, con todos sus seres y existencias, será entregada a disposición de S. E. el Libertador dentro de veinte días.

12. Se enviarán jefes de los ejércitos español y unido libertador a las provincias unidas para que los unos reciban y los otros entreguen los archivos, almacenes, existencias y las tropas de las guarniciones.

12. Concedido; comprendiendo las mismas formalidades en la entrega del Callao. Las provincias estarán del todo entregadas a los jefes independientes en quince días, y los pueblos más lejanos en todo el presente mes.

13. Se permitirá a los buques de guerra y mercantes españoles hacer víveres en los puertos del Perú, por el término de seis meses después de la notificación de este convenio, para habilitarse y salir del mar Pacífico.

13. Concedido; pero los buques de guerra sólo se emplearán en sus aprestos para marcharse, sin cometer ninguna hostilidad, ni tampoco a su salida del Pacífico; siendo obligados a salir de todos los mares de la América, no pudiendo tocar en Chiloé, ni en ningún puerto de América ocupado por los españoles.

14. Se dará pasaporte a los buques de guerra y mercantes españoles, para que puedan salir del Pacífico hasta los puertos de Europa.

14. Concedido; según el artículo anterior.

15. Todos los jefes y oficiales prisioneros en la batalla de este día, quedarán desde luego en libertad, y lo mismo los hechos en anteriores acciones por uno y otro ejército.

15. Concedido; y los heridos se auxiliarán por cuenta del erario del Perú hasta que, completamente restablecidos, dispongan de su persona.

16. Los generales, jefes y oficiales conservarán el uso de sus uniformes y espadas; y podrán tener consigo a su servicio los asistentes correspondientes a sus clases, y los criados que tuvieren.

16. Concedido; pero mientras duren en el territorio estarán sujetos a las leyes del país.

17. A los individuos del ejército, así que resolvieren sobre su futuro destino en virtud de este convenio, se les permitirá reunir sus familias e intereses y trasladarse al punto que elijan, facilitándoles pasaportes amplios, para que sus personas no sean embarazadas por ningún Estado independiente hasta llegar a su destino.

17. Concedido.

18. Toda duda que se ofreciere sobre alguno de los artículos del presente tratado, se interpretará a favor de los individuos del ejército español.

18. Concedido; esta estipulación reposará sobre la buena fe de los contratantes.

Y estando concluidos y ratificados, como de hecho se aprueban y ratifican estos convenios, se formarán cuatro ejemplares, de los cuales dos quedarán en poder de cada una de las partes contratantes para los usos que les convengan./ Dados, firmados de nuestras manos en el campo de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. / José Canterac - Antonio José de Sucre"[59].

El numeral once de la Capitulación no pudo verificarse inmediatamente por oposición de las fuerzas fieles a España que allí se hallaban, lo que ocasionó un sitio de las huestes separatistas que se prolongó en el tiempo. Igualmente don Pedro de Olañeta y los absolutistas se negaron a dicho reconocimiento teniéndose que esperar hasta la batalla de Tumusla el 2 de abril de 1825 en la que definitivamente el Alto Perú pasó a poder de los independentistas, después de que el 7 de abril el general José María Valdéz se rindió en Chequelte ante el general Urdininea.

w) Capitulación del Callao, 1826. La caída española en el Perú no se consolida en propiedad en Ayacucho, sino más tarde, el 23 de enero de 1826 cuando se rinde y desocupa el fuerte Real Felipe del Callao[60] en el que se habían atrincherado siete mil españoles al mando del general José Ramón Rodil. Este general no quiso someterse a las condiciones de la Capitulación de Ayacucho y continúo ocupando por algún tiempo la fortaleza del Callao, en espera de recibir auxilios, en especial del general Echeverría. El Alto Perú (Bolivia) se hallaba ocupado por el General Olañeta, que representaba la línea dura de la monarquía española, a diferencia de las tropas españolas que habían capitulado en Ayacucho, decantadas por la monarquía constitucional, adherentes a la Constitución de Cádiz y simpatizantes del gobierno liberal. En el Callao unos 8.000 civiles se refugiaron a raíz de la derrota de Ayacucho y 2.800 soldados realistas, siendo sitiados tanto por mar como por tierra, desde el 24 de octubre de 1824 por los independentistas con fuerzas conjuntas de Perú y de Colombia[61].

En enero 19 de 1826 entre el brigadier general José Ramón Rodil y el general independentista Bartolomé Salom se acordó una capitulación que contenía una amnistía a los realistas y se garantizó la integridad física a todos los residentes españoles en suelo peruano. Solo capitularon después de haber tenido 6.000 bajas y de decepcionarse de los refuerzos que desde España no llegaban[62].

Dicha amnistía se concedió al parecer en contra de la voluntad de Bolívar, quien había puesto por fuera de la ley a los defensores del Callao. No obstante el general Salom accedió a tratar con ellos con el decoro del hombre de honor ilustrado y magnánimo respetuoso del "Derecho de gentes" y concedió una amnistía general[63]. De los 2.800 soldados al iniciar el sitio solo salieron 326 soldados con todos los honores que merecen los valientes; Rodil salvaba las banderas de los regimientos Real Infante y del Regimiento de Arequipa, quedando las demás como trofeos de guerra a los vencedores. Con su entrega se eliminaba así el último baluarte del domino español en Suramérica.

La rendición de dicha plaza fue el complemento de las jornadas de Junín (6 de agosto de 1824) y Ayacucho (9 de diciembre de 1824), como, en su día lo informara el general en Jefe del Ejército sitiador de la costa del Norte del Perú, Bartolomé Salom, en el Cuartel General de Las Fortalezas del Callao, en enero 23 de 1826 al Consejo de Gobierno de la República del Perú. Con ello se ponía fin a la guerra en el Bajo Perú, después de una reunión de diputados nombrados para el efecto entre ambos ejércitos el 19 de enero de 1826, "convencidos de la necesidad de terminar los desastres de la guerra que por tanto tiempo han oprimido a este país", convinieron las siguientes bases: "Amnistía general y sin excepción por servicios y opiniones anteriores; la traslación a la península por cuenta de los disidentes de cuantos oficiales y empleados quisieran verificarlo; la de los soldados peninsulares hasta el Janeiro; el libre embarco de equipajes y efectos de los rendidos sobre un transporte inglés; y la garantía de sus personas por el comandante de la fragata la Briton; la obligación por parte de los insurgentes de depositar en dicha fragata el dinero correspondiente al pasaje de todos los individuos que tuvieran derecho a él; el goce de todos los honores de la guerra; la entrega de libres pasaportes a todo americano que quisiera retirarse a sus hogares; la conservación de propiedades a toda clase de personas; la concesión de seis meses de tiempo para que todo realista pudiera vender sus bienes y exportar su producto libremente; la obligación de cuidar de los heridos y enfermos de la guarnición y de hacerlos partícipes de los beneficios expresados luego que se hubieran restablecido; la facultad de que el gobernador llevase a la península las banderas de los cuerpos del Infante y Arequipa, así como los papeles reservados y protocolos de las presas hechas por los realistas en aquel tiempo; un perdón absoluto a todos los individuos del ejercito sitiador que se habían pasado a la plaza: estas y otras condiciones ventajosas sellaron la gloria del general Rodil y le hicieron acreedor, del mismo modo que a los individuos que sufrieron con tanta constancia estos horribles padecimientos, a los mayores elogios, no solo de su patria, sino de la Europa entera"[64].

IV. Conclusión

Mucho antes de que se materializara el corpus jurídico que integra el Derecho internacional público en sus diversas vertientes, en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericana, las ideas del humanitarismo arraigadas en personalidades ilustradas y liberales posibilitaron paliar los rigores del conflicto armado que por entonces se desarrollaba. De esta manera, al amparo de principios de civilización y de racionalidad, se pactaron treguas y suspensión de hostilidades entre los beligerantes, se canjearon prisioneros, se otorgaron indultos y amnistías generales, se firmaron capitulaciones, y, en general, se concedió trato humanitario y digno a los vencidos, a los enfermos y heridos, a los prisioneros de guerra y a la población civil afectada en y con ocasión de conflicto. Así se corrobora de los instrumentos y convenciones que a modo ilustrativo se recogen y describen en el ensayo, erigiéndose en antecedentes directos del Derecho humanitario bélico que para fortuna de los pueblos actuales se haya ampliamente reconocido.

Notas

* El trabajo corresponde a un adelanto de la investigación titulada "El proceso de Independencia Hispanoamericano como factor dinamizador del Derecho Internacional Público, 1808-1850" que en la actualidad se desarrolla en el Grupo de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Categoría A1 de colciencias, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.

[1] Sobre este particular véase el ensayo titulado: "Derecho de Gentes: guerra y humanitarismo en los ilustrados y liberales hispanoamericanos", así mismo elaborado dentro de la investigación que adelantamos en la Universidad de Medellín sobre la temática de que nos ocupamos.

[2] Cabe anotar que don Andrés Bello no tuvo pretensiones de originalidad y así lo deja explícito en su trabajo: solo de adoptar y dar a conocer lo que consideraba útil para las nuevas naciones. Se autodenominaba modestamente como un "compilador" del "caudal de sabiduría legislativa y política de la vieja Europa", lo mismo que la de la América del Norte.

[3]Bello, Andrés, Principios de derecho internacional (Buenos Aires, Editorial Atalaya, 1946), p. 307.

[4] Bello, A., cit. (n. 3), p.360.

[5]Véase al respecto: Melo Carrasco, Diego, Características y proyección de las treguas entre Castilla y Granada durante los siglos XIII, XIV y XV, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 30 (Valparaíso, 2008), pp. 277-287.

[6]Bello, A., cit. (n. 3), pp. 362-363.

[7]Le Fur, Louis, Petits Précis Dalloz. Précis de Droit internacional públic (Paris, Dalloz, 1937), p. 398.

[8]Seara Vásquez, Modesto, Derecho internacional público (México, Porrúa, 1982), p. 857.

[9]Buena parte de los conceptos trabajados en este acápite ha sido tomados de un previo ensayo nuestro titulado: Apostillas a la ley 975 de 2005, sobre justicia y paz, en Revista Tecnológico de Antioquia, 15 (Medellín, 2006), pp. 34-51.

[10]Silva Bascuñán, A., Tratado de Derecho constitucional (Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1963), III. p. 283.

[11]Así por ejemplo, en 1823 el general Lino Clemente se apuntalaba en ella cuando asumía su defensa pública frente al desastre sufrido por las armas de los independentistas en Venezuela en 1822. Blanco, José Félix - Azpurúa Ramón, Documentos para la historia de la vida pública del libertador (Caracas, Edición Presidencia de la República, Imprenta en la Opinión Nacional, 1875), VIII, documento 2.188, pp. 668-681.

[12]Montecúccoli, Raimundo de, Reglas del arte de la guerra (Palma de Mallorca, Imprenta Miguel Domingo, 1812), pp. 97-99.

[13]Cfr. Priego López, Juan, Historia de la Guerra de la Independencia (s.l., Editorial San Martín, 1972), II.

[14]Archivo del General don Francisco Miranda (La Habana, Academia Nacional de Historia de Venezuela, Editorial Lex, 1950), XXIV, pp. 509-534.

[15]"Memorial dirigido por Miranda a la Audiencia de Caracas después de su prisión", en Archivo del General don Francisco de Miranda, cit. (n. 14), XXIV, pp.536-545.

[16] "Tratado de Armisticio celebrado entre don Francisco Mosquera y Bonilla, comandante de armas del Valle del Cauca y don Joaquín Paz, por parte de la ciudad de Pasto", en "Documentos Históricos", "Miscelánea", Sala "Libros Raros y Manuscritos", Biblioteca Luis Ángel Arango, 1812, número topográfico 303.69. MSS 2703.

[17]Uribe Urán, Víctor M., Vidas honorables. Abogados, familia y política en Colombia, 1780-1850 (Medellín, Banco de la República-Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2008), p. 174.

[18]Amplíese en Victoria, Pablo, La otra cara de Bolívar. La guerra contra Pablo Morillo (Bogotá D.C., Planeta, 2010), pp. 193-198.

[19]Corrales, Manuel (compilador), Documentos para la historia de Cartagena de Indias (Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1883), pp. 325-325 y 331.

[20]Groot, José Manuel, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada (s.l., Imprenta y estereotipia de Medardo Rivas, 1869), II, pp. 547-549.

[21]Victoria, P., cit. (n. 18), pp. 269-270.

[22]Recopilado en Hernández de Alba, Guillermo - Fabio Lozano y Lozano, Documentos sobre el doctor Vicente Azuero Bogotá, Academia de Historia Nacional, 1944), LXXI, p. xii. Así mismo en Ibáñez, Pedro M., Crónicas de Bogotá (Bogotá, Imprenta Nacional, 1917), III, p. 359.

[23]Decretos del Libertador (Caracas, Imprenta Nacional, 1961), I, pp. 154-155. Groot, José Manuel, Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada (s.l., Imprenta y estereotipia de Medardo Rivas, 1870), III, p. 609. Citado igualmente por Aguilera, Mario, Los canjes y la humanización de la guerra en Revista Credencial de Historia (Bogotá, 2001), p. 137.

[24] El listado de prisioneros fusilados puede ser constatado en Groot, J. M., cit. (n. 23), III, p. 614.

[25]Estos instrumentos pueden cotejarse en Santana, Arturo, La Campaña de Carabobo (24 de junio de 1821), relación histórica militar (Caracas, Litografía del Comercio, 1921), Anexos VI VII, pp. 142-147; Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n. 11), VII, Documentos 1.654; 1.725; 1.742; 1.753; pp. 246-254; 441-443; 465-468; 487-514; Groot, J. M., cit. (n. 23), III, pp. 623-627; Documentos para la historia de Cartagena de Indias, cit. (n. 19), pp. 455 ss.

[26] Confróntese la "Propuesta de Morillo a los Disidentes en Guayana sobre suspensión de hostilidades" (s.l., Fondo Vergara 15, Biblioteca Nacional de Colombia, Imprenta de Niel (hijo), s.d.), p. 7.

[27]Cfr. Correo del Orinoco, N° 103 de 28 abril de 1821. Notas a la proclama del General La Torre, en la que señala cómo después de cuatro meses de firmado el armisticio que "debió terminarse por la paz", habiendo sido observado religiosamente por las fuerzas españolas liberales, Bolívar se desentiende de su palabra y trato, lo rompe y reinicia la guerra cerrando la vía a las negociaciones que se adelantaban con las Cortes liberales españolas y con a la paz de los pueblos a que aspiraban los espíritus civilizados que no se dejaban extraviar por ambiciones personalistas de glorias militares a costa de la vida humana y de la prosperidad de las naciones.

[28]Obando, José María, Apuntamientos para la Historia (s.l., Editorial Bedout, s.d.), 120, p. 33.

[29]Torrente, Mariano, Historia de la revolución hispanoamericana (Madrid, Imprenta de Moreno, 1830), III, pp. 233-234.

[30] Destacado fuera de texto.

[31] Confróntese el instrumento completo en Blanco, J. F., cit. (n. 11), VII, Documento 1722, pp. 424-432.

[32]Martínez Riaza, Ascensión, "Para integrar la Nación". El Perú en la política negociadora del Trienio Liberal con los disidentes americanos, 1820-823 en Revista de Indias, 71 (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2011) 253, pp. 647-648.

[33]Martínez Riaza, A., cit. (n. 32), p. 659.

[34]Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n.12).VII, Documento 1802, p. 600.

[35]Véase al respecto información de primera mano de quien fuera uno de los secretarios de Ultramanar del período, protagonista de excepción en la política liberal de las Cortes gaditanas en sus épocas, como es la obra publicada en el exilio por Vadillo, José Manuel de, Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en el estado actual de la América del Sur (1826, 2ª edición, Paris, Imprenta de Demonville, 1830), pp. 297.

[36]Martínez Riaza, A., cit. (n.33), pp. 664-665.

[37]El gobierno español había nombrado al general liberal Juan O´Donojú jefe político superior de Nueva España y le había ordenado, en su momento, imponer la Constitución de 1812.

[38]Martínez Riaza, A., cit. (n. 32), p. 668.

[39]Documento AGI, Indiferente General 1571, citado por Martínez Riaza, A., cit. (n.33), pp. 682-683.

[40]Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n. 11), VII, Documento 1824, pp. 650-651 (destacado fuera de texto).

[41] Ibíd., p. 651.

[42] Ibíd., p. 653.

[43]Henao, Jesús María - Arrubla, Gerardo, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria. (Bogotá, Librería Colombiana, Camacho Roldán & Tamayo, 1920), II, p. 408.

[44]También conocida como de Quito. Cfr. Documento que presenta la Intendencia del Istmo de la conducta de Colombia y de España consecuente con las Capitulaciones de Pasto y Quito (1822) (Bogotá D.C., Biblioteca Luis Ángel Arango), "Documentos Históricos", "Misceláneas", N° 1477, "Libros raros y manuscritos", Signatura 12780, Signatura suplementaria 1477. Blanco, José Félix - Azpurú, R., cit. (n. 11), VIII, Documento 2.037, p. 417.

[45]Bushnell, David, Simón Bolívar. Hombre de Caracas, proyecto de América. Una biografía (Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002), p. 110.

[46]Restrepo, José Manuel, Historia de la Revolución de Colombia en la América Meridional (Besanzon, Imprenta de José Joaquín Besanzon, 1858), III, pp. 219-223.

[47]Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n. 11), VIII, pp. 441-443.

[48] Ibíd., p. 442.

[49]Confróntese Documentos para la historia de Cartagena de Indias, cit. (n. 19), pp. 523-527.

[50] Se acordó que Morales saldría con sus estandartes en alto; que sus soldados quedaban en libertad de seguirlo o de incorporarse en las tropas secesionistas. Luego del acuerdo entre el 14 y 20 de agosto salieron para Cuba lo que quedó del ejército español de Costa Firme: 372 oficiales realistas; 230 suboficiales; 660 soldados y 3.000 personas más. Quedaron en la guarnición de Puerto Cabello 930 hombres. Sesenta y ocho (68) realistas entre oficiales y tropa se incorporaron a las filas independentistas.

[51]Torrente, M., Historia de la revolución hispanoamericana, cit. (n. 29), III, p. 440.

[52]En un Estado de postración económica, arrasado por la guerra, resulta sintomática la decisión protocolaria del gobierno republicano que para celebrar el acontecimiento, en un acto de mutuo halago, dispuso desde Bogotá el 7 de diciembre de 1823, prevalido de las facultades que le otorgaba la ley de 9 de octubre del año 11 decretar honores y reconocimientos a los hombres que habían participado en aquellas acciones, en el ataque y ocupación de dicha plaza, concediéndoles entre otras cosas en los numerales 3°: "el uso de una medalla que llevarán al lado izquierdo del pecho, pendiente de una cinta carmesí con esta inscripción: Vencedor de Puerto Cabello -año 13. Esta medalla será de oro para los jefes y oficiales, y de plata para los soldados" y 4°: Los Generales en jefe José Antonio Páez y José Francisco Bermúdez llevarán la medalla expresada en el artículo anterior montada en diamantes y les será presentada por el gobierno". Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n. 11), IX, Documento 2297, pp. 108-118.

[53]Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n. 11), IX, Documento 2.297, pp. 108-118.

[54]Cfr. "Decreto del Congreso del Perú, dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima, a 14 de mayo de 1823", firmado por José de la Riva Agüero y su secretario Francisco Valdivieso. Véase igualmente su oficio del 15 del mismo mes y año. Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n. 11), VIII, Documento 2.209, pp. 706-707. En el antiguo virreinato del Perú se presentó, en el contexto de su guerra de independencia, una injerencia de los poderes separatistas que recién se constituían en el sur y en el norte, como lo señala Marquardt, Bernd, Los dos siglos del Estado Constitucional en América Latina (1810-2010) (Bogotá D.C., Universidad Nacional de Colombia, 2011), p. 188, fue notorio el fenómeno de la "exportación militar de la revolución chilena y colombiana".

[55]Losada, Juan Carlos, Batallas decisivas de la Historia de España (s.l., Ediciones Aguilar, 2004), p. 254. Afirma que el resultado de la batalla estaba pactado de antemano, señalando al mariscal de Campo Juan Antonio Monet como el encargado del acuerdo. Relata como este general español se presentó en el campamento independentista a las 08:00 horas del 9 de diciembre para conversar con el general Córdoba en un último intento por acordar la paz, mientras sus oficiales confraternizaban con sus émulos independentistas. Al parecer Monet no pudo llegar a acuerdo alguno en tal sentido pues la negociación fue condicionada al reconocimiento de la independencia de dicho virreinato. El historiador afirma que Monet regresó al campo enemigo a las 10:30 horas para anunciar el comienzo de la batalla, una acción que no pasaría, en su concepto de ser una comedia urdida por los generales españoles; perdida toda esperanza de recibir refuerzos desde la metrópoli, sin fe en una victoria sobre los rebeldes independentistas y defraudados por el fracaso de los liberales constitucionalistas en España. Losada dice que los generales urdieron la comedia para regresar a España en calidad de vencidos en una batalla, no como traidores que se rindieran sin luchar. Por ello afirma que "los protagonistas guardaron siempre un escrupuloso pacto de silencio y, por tanto, sólo podemos especular, aunque con poco riesgo de equivocarnos". De opinión contraria se muestra el comandante Andrés García Camba quien refiere en sus memorias que los oficiales españoles apodados más tarde "ayacuchos" fueron injustamente acusados a su llegada a España: "señores, con aquello se perdió masónicamente" se les reconvino acusatoriamente, -"Aquello se perdió, mi general, como se pierden las batallas", respondieron los jefes españoles. Con posterioridad se agruparon precisamente en una asociación llamada "los ayacuchos", uno de cuyos jefes fue Espartero, quien había alcanzado el grado de brigadier general y había sido enviado por el Virrey La Serna en julio de 1824 a España. Al momento de su retorno al Perú se produjo precisamente la batalla. Espartero será luego el eje centro de la política liberal española a la muerte de Fernando VII en España.

[56]Torrente, M., cit. (n. 29), pp. 604; 495; 499-501. En aquella época los militares que llegaban a España procedentes de América no eran bien mirados por los peninsulares de tendencias ultramontanas, pues eran culpados por el desastre en las colonias e incluso los sindicaban de haberse asociado con los independentistas.

[57]Torrente, M., cit. (n. 29), p. 502.

[58]Después de la batalla de Ayacucho, los derrotados regresaron a España. El 2 de enero de 1825 el virrey La Serna se embarcó rumbo a España en la fragata francesa Ernestina, junto con los mariscales Valdés, Villalobos, Maroto y otros. Días después el teniente general Canterac embarcó hacia España con Las Heras. Una vez llegados a la península fueron acusados de traidores y cobardes. Fernando VII y sus consejeros no podían explicarse de otra manera la derrota sino achacando a estos infelices la responsabilidad de la catástrofe. Aun cuando no fueron ellos los que determinaron la caída del imperio español en América, desde ese momento se conoce con el calificativo de "Ayacucho" a todo aquel que, en el último momento "arruga" y no enfrenta con gallardía y valentía la batalla crucial.

[59] Destacado fuera de texto.

[60]Blanco, J. F. - Azpurú, R., cit. (n. 11), X, Documento 2.696, pp. 168-185.

[61] Allí en la Fortaleza del Real Felipe del Callao fallecieron durante el asedio como consecuencia del mismo y de las enfermedades importantes y poderosos personajes de la causa realista, como por ejemplo por escorbuto y disentería, el marqués de Torretagle (antiguo presidente de la República del Perú), el conde de San Juan de Lurigancho; el conde de Castellón; don Diego de Aliaga, etc. La fortaleza se rinde ante la defección a principios de enero de 1826 del coronel realista Ponce de León, quien se pasa a los independentistas y cuando el comandante Riera, gobernador del Castillo de San Rafael entrega así mismo su fortaleza, lo que hacía imposible continuar con la defensa, por lo que iniciaron conversaciones el 11 de enero hasta concluirlas en capitulación el 23 del mismo mes. Rodil, a diferencia de sus compañeros de armas conocidos como los "ayacuchos" regresó a España en 1826 como Mariscal de Campo y en 1831 se le otorgó titulo nobiliario de Marqués de Rodil. Luego se unió a los liberales durante las guerras carlistas. Fue Virrey de Navarra (1836-1843).

[62]A dicha capitulación se alude con satisfacción en la Correspondencia del 28 de febrero de 1826 entre don Pedro Gual y don Pedro Briceño Méndez, delegados de la República de Colombia en el Istmo (Bogotá, D.C., Biblioteca Luis Angel Arango), N° topográfico 923.187, "Libros raros y manuscritos", Signatura MSS323.

[63]El general independentista Bartolomé Salóm, en un lenguaje cordial y caballeroso, dispuesto a ahorrar los horrores de la guerra, le ofrece una salida honrosa al comandante de aquella fortaleza el general Rodil en un comunicado desde el cuartel general del ejército sitiador en Bellavista a 15 de julio de 1825: "Al romper el silencio que hemos observado hasta ahora, combaten en mi corazón dos sentimientos: el de la gloria y el de la humanidad; el primero nos toca a ambos el llenarlo; pero el segundo es exclusivo de V.S. Porque habiendo ya cumplido completamente con los deberes de un militar bizarro, esas tropas y vecindario son dignos de mejor suerte y de disfrutar tranquilos las dulzuras que ofrece la paz que rodea al país. Estos sentimientos, y no otro alguno, son los que me animan para abrir con V.S. esta comunicación, convencido al mismo tiempo de que habiendo V.S. cumplido con su gobierno dejando bien puesto el honor de sus armas, y no teniendo V.S. esperanzas de auxilio ni de recursos, sería una temeridad, a la que V.S. sería responsable, prolongar los males de la guerra; mucho más si V.S. observa que a este ejército todo le sobra para llevar adelante el sitio, aunque fuese de tanta duración como el de Troya. Así pues, si V.S. se penetra de mis razones y no desoye los gritos de la humanidad doliente, puede entrar V.S. en una transacción, para lo cual nombrará sus comisionados, que uniéndose a los míos, ajusten las proposiciones convenientes para una capitulación militar honorífica que yo ofrezco a V.S. a nombre de este gobierno, seguro de que se cumplirá religiosamente bajo las garantías que V.S. estime justas". Algo que no se concretará sino seis meses después en 1826 cuando ya no tuvo más alternativa el jefe español.

[64]Torrente, M., cit. (n. 29), pp. 528-529.

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Correspondencia: Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria-Santander (España); magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Medellín, Colombia. Dirección postal: Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, Carrera 87 N° 30-65, Bloque 16-203, Medellín, Colombia. Dirección electrónica: locastano@udem.edu.co - luisociel@une.net.co.

Recibido: 29 de marzo de 2012.

Aceptado: 2 de junio de 2012.

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