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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.34 Valparaíso oct. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552012000100016 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXIV (Valparaíso, Chile, 2012)
[pp. 511 - 515]

Bibliografía

Kelly, Henry Ansgar - Karlin, Louis W. - Wegemer, Gerard B. (editores), Thomas More's Trial by Jury. A Procedural an Legal Review with a Collection of Documents (New York, The Boydell Press, 2011), 240 págs.


 

Dentro de los juicios célebres en la historia un lugar importante ocupa el proceso celebrado en Londres contra el humanista, abogado, juez y gran canciller de Enrique VIII, cuyo nombre ha sido castellanizado como Tomás Moro el 1 de julio de 1535 y que terminará con una sentencia de culpable y con una condena a muerte ejecutada pocos días después. Tanto la figura y fama del acusado, las razones de su enjuiciamiento (su oposición al divorcio del rey y a la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica dirigida por la sede de Roma), su defensa sustentada en el silencio y en su conciencia que le impedía jurar que el rey era la suprema cabeza de la Iglesia inglesa, su ejemplo de fortaleza como laico ante la debilidad de prácticamente la totalidad del episcopado y el clero, son todos hechos que explican que después de casi cinco siglos el proceso en su contra siga despertando el interés del gran público y de los estudiosos.

En esta misma sede [Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 32 (2010), pp. 221-280] hemos publicado un extenso trabajo en el que se intenta una descripción del juicio sobre la base de las fuentes que se conservan y los principales estudios de los especialistas.

Se publica ahora un nuevo aporte a la comprensión de este proceso y, en particular, a la determinación de si se trató de un juicio auténtico o un mero simulacro para justificar la decisión de Enrique VIII de doblar la voluntad de Moro o eliminarlo. Aunque en el libro no se deja constancia, es manifiesto que los trabajos reunidos en esta obra se produjeron con ocasión del Congreso “Thomas More on Trial: Law and Conscience in More's Last Letters and Trial Accounts”, organizado por el Center of Thomas More Studies de la Universidad de Dallas en noviembre de 2008 (ver sitio web: www.thomasmorestudies.org). De allí que el contenido sea multifacético: se encuentran estudios sobre el proceso de Moro, en su reconstrucción histórico-jurídica y en su relación con la concepción de la época del Derecho Natural y de las cartas que redactó el acusado mientras estaba prisionero en la Torre de Londres; un estudio que intenta comparar el proceso de Moro con las actuales instituciones del derecho penal inglés, la transcripción de una mesa redonda compuesta por jueces estadounidenses e ingleses, una colección de documentos que sirven de fuentes jurídicas para el juicio (desde las leyes de Sucesión, Supremacía y Traiciones hasta el “indictmen” o acusación contra Moro que se conserva y algunos borradores de comentarios del Secretario del rey Thomas Cromwell, así como del informe de Richard Rich de su conversación con Moro que sirvió de cargo para culpar a Moro). Finalmente, el libro ofrece un “docu-drama” en el que se presenta a modo de guión teatral lo que los editores consideran la versión más plausible de cómo habrían sucedido los hechos del enjuiciamiento y condena del humanista.

El estudio principal del volumen es sin duda el del jurista e historiador, que fuera director del Center of Medieval and Renaissance Studies en la Universidad de California, Henry Ansgar Kelly. Consiste en una pormenorizada revisión y probable reconstrucción del proceso seguido contra Tomás Moro, en el cual se utilizan todos los documentos que se transcriben en el apéndice documental del libro. Kelly llega a la conclusión de que Moro gozó de un proceso formalmente correcto en cuanto al derecho aplicable en la época: se trató de un juicio dirigido por 17 jueces, presidido por el entonces Gran Canciller Thomas Audley, y sometido a un petty jury: un jurado compuesto por 12 hombres legos del lugar, que frente a las instrucciones de los jueces debían dar su veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, tras lo cual los jueces imponían la pena. Kelly observa que desde los primeros tiempos y durante siglos el proceso ha sido considerado un juicio inicuo, lo que se ha popularizado por la obra de teatro de Robert Bolt, llevada al cine con gran éxito en 1966 por Fred Zinnemann con el título de “A Man of all Seasons” (conocida en Iberoamérica como “Un hombre de dos reinos”). Sin embargo, a partir de los escritos de J. Duncan Derret, profesor de Derecho Oriental de la Universidad de Londres, en la década del 60 del siglo XX, entre los especialistas comenzó a afirmarse la tesis de que el proceso fue un juicio limpio y legal, aunque por cierto conforme con estándares procesales que hoy pueden parecernos insuficientes (como por ejemplo, que al acusado se le diera a conocer la acusación en la misma audiencia o que no se le permitiera recibir consejo letrado ni presentar testigos en su favor). Kelly intenta refutar esta postura, y junto con discrepar de algunos puntos importantes de la reconstrucción de Derret (como que Moro habría sido finalmente juzgado por uno de los cargos contemplados en la acusación y no por todos), ofrece fuertes y fundados argumentos para sostener que incluso, dentro de estándares legales y procesales de la época, el juicio que padeció el ex Gran Canciller de Inglaterra fue equivocado e ilegal. La imputación de iniquidad la dirige en primer lugar a los autores de las diferentes leyes que imponían el absolutismo real de Enrique VIII y su autoridad como cabeza de la Iglesia Católica en Inglaterra, con la casi obligación de conformarse a ellas o autoincriminarse como contumaz traidor. Los dardos apuntan aquí contra el mismo rey y a su principal secretario Thomas Cromwell. En cambio, es más indulgente con los comunes que aprobaron las sucesivas leyes que se aplicarían a Moro (de sucesión, de supremacía, de traiciones). Aunque muchos de ellos actuaron por miedo al poder real, en la ley de traiciones habrían impuesto una moderación: si bien se penaba ahora a todo el que privara al rey de sus títulos, no sólo por actos sino también por palabras, los Comunes añadieron que debía tratarse de conductas realizadas con malicia (“maliciously”).

Kelly sostiene que el “maliciosamente” de la ley debiera haber servido para descartar la culpabilidad de los que mantenían silencio y simplemente se negaban a jurar su conformidad con los nuevos títulos del rey, como hizo Moro. Incluso si hubiera sido cierto lo que declaró Richard Rich en el proceso, de que durante una conversación con el acusado en su celda y poniéndose en casos hipotéticos, Moro habría afirmado que el Parlamento no tenía potestad para nombrar al rey como cabeza suprema de la Iglesia, ese aserto no era acto de traición según la ley, ya que no podía catalogarse como malicioso.

Más que en los 12 hombres del jurado que, en menos de 15 minutos, volvieron con el veredicto de “guilty”, la responsabilidad de la injusticia del proceso la encuentra Kelly en los jueces que condujeron el proceso (algunos de ellos enemigos declarados de Moro) y sobre todo en aquellos que, siendo jueces de los principales tribunales del Reino, redactaron o aprobaron el documento que contenía los cargos de traición y que imputaba malicia a actos que claramente no la tenían.

En la mesa redonda con los jueces, vuelve a salir el problema de si, dando por sentada la validez de la ley, Moro debió o no ser considerado culpable. Se manifiestas opiniones discrepantes de la interpretación de Kelly, que sostienen que el “maliciosamente” no hace más que destacar la voluntariedad de la acción de privar del título al rey sin que exija un ánimo o una intención especialmente perversa o maligna. También se sostiene que no sería reprochable que la cuestión de si Rich decía la verdad o perjuraba fuera entregado, como cuestión de hecho, al jurado. El Chief Federal Judge del N. Distric of Texas, Sidney Fitzwater, sugiere una tesis de conciliación distinguiendo entre la corrección del procedimiento y el resultado del juicio. Si Moro fue juzgado culpable sobre la base del perjurio de Rich, aunque haya sido un proceso legal, su resultado fue injusto. Otro de los participantes del coloquio señala que quizás una manera de mirar con perspectiva este episodio sea el de reconocer que muchas de las protecciones constitucionales de que gozamos hoy día pueden ser consideradas una consecuencia directa de este juicio.

Pero si estos son análisis que podríamos decir “de ley positiva”, el estudio de R. H. Helmholz, experto en Historia del Derecho y Derecho canónico de la Universidad de Chicago proporciona un escrutinio del juicio a la luz de los imperativos del Derecho Natural, como se le entendía en el siglo XVI. En esta época la existencia de un “Natural Law” no era discutida y era una convicción compartida tanto por Moro como por sus jueces y acusadores. Se pregunta, así, si la causa cumplió con las exigencias de un debido y justo proceso para el Derecho Natural, tal como era entendido y aplicado en ese momento histórico. Helmholz trata varios tópicos, entre los cuales podemos destacar: si un acusado puede ser obligado a responder y a no permanecer en silencio invocando el fuero de su conciencia; si se requieren a lo menos dos testigos para que haya plena prueba de la culpabilidad (dado que contra Moro sólo pudo encontrarse el testimonio, al parecer falso o distorsionado, de Rich) y si los jueces podían no aplicar una ley aprobada por el Parlamento si la consideraban injusta.

Analizando la literatura de la época, el autor postula que, por mucho que hoy estas definiciones puedan parecernos contrarias a las exigencias de lo justo natural, no lo eran según las concepciones entonces vigentes. Para los juristas de tradición latino-continental sorprenderá, por ejemplo, que el requisito de los dos testigos contestes para probar la culpabilidad de un reo no sea contemplada por el primitivo “Common Law”, y que esto no fuera motivo de crítica sino de elogio por parte de sus juristas; ellos sostenían que el dictamen de 12 jurados era una garantía mucho mayor de que no se condenara a un inocente. Para estos juristas era más conforme con el Derecho natural el testimonio de 12 jurados que el de dos testigos. De esta forma, Helmholz va concluyendo que ninguna de las objeciones que hoy día podríamos hacer, según la actual comprensión de las exigencias del Derecho natural, podrían haber sido consideradas en tiempos de Moro para tachar de inicuo su juicio.

Uno podría pensar que lo injusto residía sobre todo en las leyes que concedían a Enrique VIII el poder supremo de la Iglesia y condenaban a muerte al que no manifestara, con juramento, su parecer conforme. De alguna manera, parece que fue este el último recurso al que echó mano el acusado, una vez que fuera encontrado culpable según el indictmen. Junto con desahogar su conciencia y dejar un testimonio histórico de las razones hasta entonces no descubiertas de su oposición a la política religiosa del rey, Moro habría intentado hacer una “motion in arrest of judgment”, es decir, un recurso final destinado a privar de efectos al veredicto de culpable mediante la invalidación del documento que contenía los cargos: el “indictmen”. Su alegato fue que dicho documento no podía prevalecer por sobre la legislación universal de la Cristiandad y contra la Carta Magna inglesa, y no servía para que algunos cristianos condenaran a otro. No es que Moro estuviera intentando una especie de amparo constitucional, porque esto no era concebible en la época. Su discurso podría ser considerado más bien una apelación al Derecho Natural y a la injusticia intrínseca de la acusación, que viciaba todo el procedimiento. ¿Podrían los jueces haber aceptado esta alegación y declarado libre de cargos al acusado? Eso llevaba directamente a pronunciarse sobre la iniquidad de las leyes en las que el “indictmen” se basaba, por lo que la cuestión se traslada a determinar si, en el sistema inglés de la época, los jueces tenían potestad para invalidar leyes del Parlamento invocando la superioridad del Derecho Natural, suponiendo, por cierto, de que quisieran hacerlo sobreponiéndose a la presión real y al temor a sus castigos. Helmolz sugiere que, aun cuando se hubiera tratado de jueces imparciales y no sujetos a presión política, ello no era una alternativa jurídicamente viable. En esa época la invocación del Derecho Natural podía servir para mitigar la interpretación severa o estricta de la ley, pero no para dejar sin aplicación una disposición legal adoptada por las autoridades reconocidas como el Parlamento.

No deja de ser llamativo, sin embargo, que con toda la tensión acumulada después del titánico y brillante esfuerzo de Moro por defender su causa, el Presidente del Tribunal dudara qué partido adoptar después de que el acusado hiciera su impugnación al “indictmen”, hasta el punto que pidiera consejo al Presidente del tribunal del rey (King's Bench), FiztJames, sobre qué hacer en el caso. La respuesta de Fitzjames ha quedado en la historia como una prueba implícita de la injusticia de la causa: “My lords all, by St Julian, I must needs confess that, if the act of Parliament be no unlawful, then is not the indictmen in my conscience insufficient” (“Mis Lores, por San Julián, confieso que si la ley del Parlamento no es inválida, entonces la acusación, según mi conciencia, no es insuficiente”). Pareciera que hubo aquí una suerte de sugerencia de que la ley pudiera ser “unlawful” inválida por el Derecho natural y el Derecho universal de la Cristiandad, pero el Presidente del Tribunal y los demás jueces hicieron oídos sordos a esta posibilidad, y asumieron ello como imposible, de modo que consideraron que la respuesta de FitzJames era que el “indictmen” era suficiente y válido. Se procedió a dictar la condena de muerte del acusado.

El análisis de las cartas que escribió Moro desde su prisión en la Torre de Londres realizado por Elizabeth McCutcheon muestra que ellas son mucho más que misivas domésticas y que al pasar revista a las interrogaciones a la que va siendo sometido por los enviados del rey para que o jure la ley o diga los motivos que tiene en su contra (y así se autoincrimine), con una típica retórica moreana deja claro sus opiniones como opositor no malicioso de la nueva política religiosa del rey pero sin que así lo parezca (sabía que las cartas eran examinadas por los espías de Cromwell). Se asilaba en su derecho a seguir su conciencia, sin juzgar la de otros, pero demostrando que no se trataba de una conciencia caprichosa y obstinada, basada en su personal y subjetiva opinión, sino en el estudio y la reflexión de cuál era la posición que Dios le exigía adoptar manifestada en el consenso universal de la cristiandad. Las cartas de esta manera tienen simultáneamente varios tipos de destinatarios, aparte de su hija Margaret a la que estaba autorizado a escribir. Según McCutcheon, esto son cinco tipos de lectores y un auditor: i) Los espías y agentes del poder del rey; ii) Otros miembros de su familia; iii) Amigos y aliados de Moro, incluidas familias católicas exiliadas en el continente iv) Una amplia audiencia incluso posterior a su muerte si las cartas fueran conservadas y publicadas, como se hizo más tarde durante el reinado de María Tudor; v) El mismo Moro. El auditor es alguien que el prisionero nunca pierde de vista: Dios. Al usar esta estrategia a la vez retórica, política, psicológica y espiritual, según la autora, Moro era consciente del riesgo que corría, ya que si bien así era capaz de comunicar su punto de vista sin aparecer haciéndolo, nada podía ser mejor para enfurecer y frustrar al rey y a su Consejo. Si la prisión de Moro duró tanto tiempo fue por su prestigio como humanista y hombre íntegro en toda Europa y, justamente, por el inmenso triunfo que hubiera representado para la causa de Enrique que él capitulara. Al ver que ello no era posible, su muerte se tornaba segura. El mismo Moro ya lo había previsto: “A nadie hago daño, ni hablo ni pienso mal de nadie, y a todos deseo el bien. Y si esto no es suficiente para mantener a un hombre vivo, en buena fe, no deseo vivir” (carta de 2 o 3 de mayo de 1535).

Por cierto muchas de las afirmaciones y conclusiones que se contienen en el libro serán objeto de discusión posterior, pero sin duda la obra es señera en cuanto al análisis, desde sus fuentes, de un proceso judicial como el de Tomás Moro, que hasta la hora presente sigue planteando el eterno problema de cómo conciliar los deberes de la conciencia, que reflejan los imperativos de la justicia natural, con los que imponen leyes que, pese a ser sancionadas formalmente, son inicuas y despóticas.

Hernán Corral Talciani

Universidad de los Andes

 

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