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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.34 Valparaíso oct. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552012000100024 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXIV (Valparaíso, Chile, 2012)
[pp. 531 - 540]

Bibliografía

Fernández de Buján, Federico - García Garrido, Manuel Jesús, Fundamentos clásicos de la democracia y la administración (Madrid, UNED/Ediciones Académicas, 2010), 350 págs.


Es un lugar común entre los estudiosos de la Historia constitucional y del Derecho administrativo la afirmación de que el objeto de su disciplina se inicia con las revoluciones del siglo XVIII (o su precedente inmediato en la Gloriosa Revolución inglesa del siglo XVII). Serían las profundas transformaciones que el ámbito del Derecho público impulsó la Ilustración en Europa y en América las que hicieron surgir el Estado constitucional y, con él, la Administración moderna sujeta a la división de poderes y al principio de legalidad; todo lo anterior en este terreno carecería de interés desde el punto de vista de la reconstrucción histórica de estas disciplinas (cfr. p. ej. J. Varela Suanzes-Carpegna, “Algunas reflexiones metodológicas sobre la Historia Constitucional”, Historia Constitucional 8 [2007], p. 2 <http://hc.rediris.es/08/index.html>). Este planteamiento supone desconocer –o, al menos, preterir– un hecho fundamental, como es que los propios autores de cabecera la Ilustración política y jurídica (como Kant, Montesquieu o Rousseau, o los autores de The Federalist Papers) se remitan a las experiencias históricas del Mundo Clásico (sobre todo, a Roma, más que a Grecia) como referentes directos de los que han bebido para la elaboración de sus propias construcciones teóricas; es olvidar que la Revolución Francesa (y, diríamos, también las americanas) se hizo “con ropajes griegos y romanos” (cfr. T. Recio, “Presencia de Grecia y Roma clásicas en la Revolución Francesa de 1789”, El Basilisco [segunda época] 3 [1990], p. 41). Esta concepción reduccionista de los teóricos actuales parece más tributaria de la contraposición simplista (y falaz) de Benjamin Constant entre la “libertad de los antiguos” y la “libertad de los modernos” (tan vinculada, por cierto, al cesarismo napoleónico) que de una lectura cabal de los textos de los fundadores intelectuales del Estado constitucional contemporáneo.

Para hacer frente, asimismo, a esta clase de tópicos, y tratar de desterrarlos de la mente de los lectores (sobre todo la de los jóvenes aprendices de juristas o politólogos, a los que va especialmente dirigido este volumen), es para lo que se ha escrito este libro que aquí comentamos. En la manualística española ha sido Antonio Fernández de Buján, en su Derecho Público Romano (15 ed., Madrid, 2012), que es la obra actual de referencia y de mayor proyección internacional en este sector del ordenamiento, quien ha resaltado con mayor insistencia la deuda histórica con el Derecho Romano de muchos de los grandes temas de la cultura jurídica contemporánea.

En efecto, esta obra de los doctores Federico Fernández de Buján y Manuel J. García Garrido, avezados profesores de larga trayectoria, además de reconocidos romanistas, es, ante todo, una obra de carácter docente, enderezada a servir de manual de estudio en el Grado de Derecho, así como en el recién implantado Grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, España), sin perjuicio de su difusión en otras Universidades españolas Esta vocación docente le imprime al libro una serie de notas que lo acompañan y lo distinguen de otros de similar temática, como es, por ejemplo, su extraordinaria claridad expositiva – no reñida con un lenguaje rico y muy cuidado –, su afán por subrayar los aspectos más importantes y destacados de cada tema tratado (que viene introducido por una exposición sumaria de su contenido), la constante utilización de esquemas y diagramas que exhiben visualmente la información de forma muy gráfica o la incorporación de tests de autocomprobación al final de cada capítulo, a fin de permitir al lector hacer una primera valoración aproximada de los conocimientos adquiridos tras la lectura (para los cuales, por cierto, hubiera sido muy útil la adición al final del volumen de un solucionario, con vistas a favorecer el probable uso de la obra en autoaprendizaje). Todo ello hace de este libro una obra muy singular en el campo de los estudios romanísticos en España, incluso en una época en la que en este país hay una proliferación –tal vez excesiva en ocasiones, sobre todo por el riesgo, a menudo sobrepasado, de contaminación informativa– de obras didácticas o cuasididácticas, como consecuencia de la implantación de los nuevos Planes de Estudio y el llamado “Plan de Bolonia” en las Universidades españolas. Esta obra no se limita, como se ha podido comprobar en otros casos, a ser un mero remake de algún manual antiguo, enfocado a las necesidades de consumo derivadas de los nuevos planes de estudio aun con leves adaptaciones de orden didáctico, sino que es una obra completamente nueva, escrita con un espíritu distinto del que puede observarse en los manuales al uso de Derecho público romano o Historia de las Fuentes, y con una verdadera y genuina, y no impostada, vocación didáctica, que, a juicio de quien suscribe, consigue llenar plenamente. Es un libro que aúna, pues, una sencilla y ágil lectura, una excelente presentación de los datos y una fuerte base erudita que, en cambio, no carga en absoluto al lector.

Efectivamente, del hecho de que se trate de una obra de corte didáctico no debe desprenderse la fácil y errónea conclusión de que se trata de un libro elemental o epidérmico. Todo lo contrario: bajo la vestidura de un sencillo manual de introducción al Derecho público romano se esconde en realidad un trabajo denso, producto de abundantes lecturas de muy distintas dimensiones, y que ofrece una muy rica panorámica de lo que el Derecho público moderno debe al Mundo Antiguo. Naturalmente, quedan en él muchos cabos sueltos, muchos aspectos relevantes que solo reciben una atención limitada, muchos conceptos que no encuentran el desarrollo pormenorizado que un estudioso del Derecho constitucional, o incluso un Historiador del Derecho de la Edad Contemporánea, desearía encontrar. Pero no puede olvidarse que, en cualquier caso, es un manual introductorio, no un Tratado plenamente tallado. La obra se divide en doce capítulos, los seis primeros responsabilidad del Profesor Fernández de Buján, y del siete al doce del Profesor García Garrido. Como bien se indica desde las primeras páginas, lo que este libro busca es presentar los “fundamentos clásicos” de una determinada realidad moderna, como es la Democracia (esto es, el Estado democrático de Derecho, que es la forma actual en la que se ha metamorfoseado la democracia clásica: cfr. E. Díaz, Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid, 19989) y la Administración Pública, es decir, la fundamentación (es decir, el apoyo y cimiento, pero también la razón principal o motivo) de la democracia y la administración modernas en el Mundo Clásico, que para nosotros no es otro que el de Grecia y Roma. Si bien en otros tiempos la conexión entre estos dos dominios conceptuales (esto es, el de la democracia y la administración modernas y el de las humanidades clásicas) resultaba evidente y no necesitaba de mayor explicación, tratar de enlazarlos hoy, cuando las coordenadas culturales han cambiado radicalmente (sobre todo para los jóvenes universitarios), no es tarea fácil, y los autores de esta obra la acometen con notable agudeza, originalidad y erudición. Como hemos señalado, no son solo los profanos o aprendices quienes deben ser ilustrados en este punto, sino incluso los politólogos modernos y los especialistas en las disciplinas del Derecho público vigente y de su historia, y no pocos romanistas que aún hoy siguen viendo el Derecho romano (y el griego) como un fenómeno estrictamente encerrado en los marcos de la Antigüedad. Obras como esta contribuyen a percibir la presencia indeleble de las creaciones intemporales del pasado grecorromano en nuestra cultura, un hecho demasiado evidente como para tener que ser demostrado, pero que la pobreza de miras de nuestra sociedad contemporánea obliga a tener que recordar una y otra vez.

Hablar de “fundamentos”, en este sentido, significa algo más que proclamar meras coincidencias temáticas o analogías funcionales: implica encontrar conexiones de sentido y dependencias genéticas entre estas realidades modernas (el Estado constitucional-democrático y la Administración pública contemporánea) y aquellos modelos de organización generados en el Mundo Clásico (Grecia y Roma). Esas conexiones de sentido solo pueden establecerse en unos marcos conceptuales más generales que engloben esas distintas experiencias históricas y permitan establecer pautas de explicación. Eso es lo que hace justamente el trascendental capítulo primero, introductorio, de la obra, que, además de explicitar lo que se entiende aquí por “fundamentos” y “clásicos”, presenta los presupuestos básicos sobre los que construyen esos modelos operativos en el Mundo Antiguo, después influyentes y formantes de estas realidades contemporáneas. Tales presupuestos son, por un lado, la noción de “persona”, es decir, el individuo, pero no en su faceta de átomo asocial tal como es visto, por ejemplo, por las ciencias biológicas (o, a menudo, incorrectamente, por la economía “política”), sino como sujeto de derechos en la escena política y en el campo de la Administración pública (precisamente en cuanto dimensión operativa de ese espacio público recortado y regido por las relaciones de poder: cfr. últimamente también, al respecto, J. M. Ribas Alba, Persona. Desde el Derecho romano a la Teología cristiana, Granada, 20122) como elemento esencial de construcción de la sociedad política, y a cuyo servicio esta se erige (y no al revés, como propugnan los totalitarismos, pero también los diversos organicismos que han ido sucediéndose a lo largo de la historia). De esa dimensión social del hombre se salta, consecuentemente, a las nociones de “comunidad” y “sociedad”, dos conceptos fundamentales de la actual teoría social, sobre todo a partir de la celebérrima obra de Ferdinand Tönnies (Gemeinschaft und Gesellschaft, Berlin, 1887; 19122), que traza característicamente su distinción tipológica y oposición sistemática entre esas dos formas de agrupación humana. La referencia es sumamente oportuna, puesto que se trata de una distinción crucial para entender los distintos paradigmas en que se mueven la experiencia política de la Antigüedad clásica, por un lado, y los modelos modernos de democracia (elitista, primero, y de masas, después), por el otro: es el tránsito entre uno y otro tipo de agrupación humana justamente el que marca la distinción entre las democracias directas de la Antigüedad y la democracia representativa en la actualidad (cfr. asimismo, sobre el tema, B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, 1995). Las experiencias, más o menos democráticas, del Mundo Clásico se fundan en un sentimiento de comunidad que el mundo moderno ha perdido en gran medida, sobre todo desde su constitución en sociedad de masas, lo que ha obligado a buscar soluciones imaginativas para tratar de salvar el principio del gobierno del demos como forma estatal de dominación política en contextos sociales, económicos y culturales muy distintos de los de la Antigüedad clásica. Sin embargo, ya Roma ofrece un primer atisbo de este salto decisivo de la comunidad a la sociedad (como una primera manifestación histórica de una cierta sociedad “globalizada”) y constituye, por tanto, el primer ensayo de articulación de una sociedad compleja y muy diferenciada – aunque en su caso, eso sí, al precio de la pérdida de la libertad y la “democracia” (sobre hasta qué punto puede hablarse de “democracia” en Roma, véase ahora J. M. Ribas Alba, Democracia en Roma, Granada, 20092); de ahí que Roma haya sido, ya desde la época del Renacimiento, el espejo principal sobre el que se han proyectado las propuestas de organización política del mundo moderno sobre la base de la combinación entre libertad política, seguridad jurídica y libre comercio (sobre las diferencias entre el modelo romano y el ateniense, cfr. también A. Fernández Barreiro, “Democracia griega y república romana: la cultura jurídica como elemento diferenciador y su proyección en el Derecho público europeo”, AFDUC 13 [2009] pp. 165 ss.). Es decir, en la historia aparece un paralelismo del tipo comunidad/democracia y sociedad/monarquía; los teóricos modernos de la democracia se han tenido que esforzar, pues, en trazar una nueva combinación del tipo sociedad/democracia, que a priori no resulta simple, como demuestra sobradamente, entre otras, la obra de Jean-Jacques Rousseau. Obviamente, la aparición de la forma societaria como estadio más desarrollado y complejo de organización humana no ha significado la desaparición del elemento de comunidad (como demuestra, sin ir más lejos, la persistencia de la familia, que constituye al mismo tiempo el núcleo básico de la sociedad y el ejemplo más sencillo de comunidad), pero sí la tendencia a su dilución en el marco de las relaciones sociales frías basadas en el individualismo posesivo y las reglas ciegas del mercado. Solo el poder político se muestra como elemento integrador capaz de domesticar esas fuerzas sociales disolventes y disgregadoras, a través de la generación de normas jurídicas y la construcción de un espacio de dominación que permita el juego de esas comunidades en una estructura de carácter societario. Si ese poder político, aparte de conservar la estabilidad y permanencia del grupo social, pretende garantizar al mismo tiempo la libertad individual (propia de la sociedad) y la solidaridad interna del grupo (propia de la comunidad), es preciso que sea un poder (más o menos) democrático (es decir, que permita la canalización de los conflictos sociales a través de un espacio deliberativo común con reglas de composición interna pactadas y asumidas por todos), y esto solo tiene plasmación en el momento presente en el Estado Constitucional, a cuyo servicio funciona un organismo muy complejo, como es la Administración Pública. Al análisis de las disciplinas jurídicas que articulan estas dos realidades es a lo que se dedican los últimos parágrafos de este important ísimo capítulo introductorio del libro que nos ocupa.

Los siguientes capítulos se dedican a desarrollar las cuestiones concretas que se mueven dentro del marco conceptual señalado en el capítulo introductorio (en un orden expositivo que tal vez podría haberse planteado de otro modo para hacer aún más claro el tratamiento de la materia). En todos ellos se observa una constante, cual es la de la exposición de las realidades del Mundo Antiguo en paralelo con las del Derecho moderno (en particular, el Derecho español vigente), de tal manera que quede plásticamente reflejada la simetría entre las experiencias antigua y moderna en relación con la organización político-administrativa de los grupos sociales: el relato destaca acertadamente la continuidad en cuanto al manejo de ciertas herramientas conceptuales que, a pesar del paso del tiempo y las vertiginosas transformaciones operadas en el seno de las colectividades humanas en el espacio político del mundo occidental, no obstante, han revelado una solidez y fortaleza explicativa y organizativa que responde a profundas exigencias del modo de concebir la vida social que ha caracterizado a este territorio a lo largo del tiempo en el marco de la Historia Universal, y que incluso han sido exportadas a otras latitudes como una suerte de respuesta a exigencias humanas globales (las del Espíritu Objetivo, por emplear la terminología hegeliana al uso), como es el caso de la idea de democracia (si bien lo que se entienda por ‘democracia' varía notablemente de unas a otras regiones y entre unas y otras tradiciones políticas: véanse las interesantes observaciones al respecto de F. Rodríguez Adrados, Historia de la democracia. De Solón a nuestros días, Madrid, 1997).

El primero de estos capítulos es también de orden más conceptual que los restantes, ya que De Buján se dedica a estudiar la realidad política y jurídica en el mundo antiguo y en el tiempo presente de la mano del estudio de los conceptos nucleares de cualquier ordenamiento jurídico (ley, justicia, derecho objetivo y la propia noción de ‘ordenamiento jurídico') desde una perspectiva iusfilosófica, pero con una fuerte base romanística (analizando, v. gr., la idea celsina del derecho como ars boni et aequi de Ulp. D. 1.1.1 pr.). Particular atención se presta, como es lógico en un manual de esta temática, a la distinción entre Derecho público y privado (que arranca de la distinción ulpianea de D. 1.1.1.2), de la proceden posteriormente las ramas del Derecho constitucional y el Derecho administrativo, que son las que constituyen el foco central de atención de este libro, y que tradicionalmente han sido poco consideradas desde la óptica científica por parte de los romanistas tradicionales.

El siguiente capítulo se centra ya en la problemática específicamente político-constitucional, con el estudio de la polis griega (y, específicamente, ateniense) y la res publica romana como modelos clásicos de organización política, y concretamente de experiencias democráticas que han servido de referencia esencial a los pensadores modernos a la hora de articular esta forma hoy preponderante en el mundo occidental de dominación política estatal (cfr. también, en este sentido, A. Fernández Barreiro, “Democracia griega y república romana: dos referentes de la cultura jurídica occidental”, SCDR 22 [2009] 113 ss.). El Autor hace una descripción precisa y actualizada de los caracteres esenciales de esas dos experiencias políticas antiguas, con sus elementos concomitantes y diferenciales y los problemas históricos coyunturales y estructurales con los que se hubieron de enfrentar: Atenas se presenta como el modelo democrático por excelencia en el Mundo Antiguo, y al respecto conviene recordar que el experimento democrático tuvo aún una trayectoria relevante con posterioridad a la hegemonía de Pericles (cfr. el importante estudio de M. H. Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and Ideology, Oxford, 1991), que no contó precisamente con el aprecio de los mayores filósofos de su tiempo, Platón y Aristóteles, ni de las posteriores escuelas helenísticas; Roma, en cambio, se muestra como el paradigma de “constitución mixta”, teorizada e idealizada por Polibio de Megalópolis y por Cicerón, donde la democracia encuentra un acomodo mucho más complejo, y que servirá de inspiración al governo misto maquiaveliano, a la separación de poderes de Montesquieu, al contrato social de Rousseau y a los checks and balances de los constitucionalistas estadounidenses, sobre la base de la idea esencial de la libertad política o libertas (cfr. J. M. Ribas Alba, Libertad. La vía romana hacia la democracia, Granada, 2009), la cual, no obstante, se concibió en Roma de un modo sustancialmente diferente a como se ha visto en el mundo moderno, como destacó en su día Isaiah Berlin en su seminal trabajo sobre las dos ideas de libertad (libertad positiva y libertad negativa: cfr. id., “Dos conceptos de libertad”, en Libertad y necesidad en la historia, Madrid, 1974, pp. 135 ss.), trasunto de la contraposición antes mencionada de Benjamin Constant – con todo, tampoco deberían exagerarse esas diferencias, puesto que la libertas romana, a pesar de presentarse como “positiva” (en la medida en que subraya el factor de la participación política y las facultades de exigencia de prestaciones al poder público), no dejaba de ser una libertad esencialmente limitada (cfr. C. Codoñer, “Los límites de la libertas”, en Vt par delicto sit poena. Crime e justiça na antiguidade, Aveiro, 2005, pp. 159 ss.).

En los tres siguientes capítulos, De Buján realiza un análisis de los modelos primigenios de democracia, ateniense y romana, de sus estructuras políticas y de los órganos del poder en estas repúblicas de la Edad Antigua. Es destacable, especialmente, el esfuerzo de concisión y claridad expositiva que posibilita al alumno –y a cualquier persona con curiosidad intelectual por esta temática–, un análisis enriquecedor y original en paralelo entre aquellas realidades políticas pretéritas y su contraste con el orden constitucional contemporáneo. Este planteamiento, como he señalado, provoca el aprecio por dichos regímenes político-constitucionales del Mundo Clásico, no como realidades gloriosas, pero pasadas, sino como paradigmas modélico-clásicos, y por ello, en cierta medida, actuales.

Primeramente, se analizan las asambleas populares (la ekklesía ateniense y los comitia romanos), lo que supone un estudio de los caracteres y los límites de la democracia directa en contraposición a las democracias parlamentarias actuales y se hace especial referencia a los poderes judiciales de los comicios romanos, en particular al ius provocationis que asistía al ciudadano romano (y que fue siempre uno de los rasgos más característicos de la ciudadanía romana, incluso en época imperial, como bien nos recuerda el episodio de San Pablo ante el gobernador Festo relatado en Hch. 25) en relación con el derecho de gracia de los ordenamientos jurídicos modernos. A continuación, se estudian en el capítulo siguiente las magistraturas romanas como instancias personales de gobierno, con la clásica distinción entre imperium y potestas como esferas normativas en que se mueven sus posibilidades de actuación pública, y sus caracteres generales que las distinguen sustancialmente de los modernos órganos titulares del poder ejecutivo en los Estados constitucionales modernos (más quizá en las democracias parlamentarias que en las repúblicas presidencialistas). Se dedica una atención especial a la magistratura del pretor, habida cuenta de su importancia en la historia del Derecho romano y su aportación fundamental a la superación de los arcaísmos y formalismos del viejo ius civile y la adaptación del Derecho romano a las exigencias de una economía de mercado. El capítulo quinto se cierra con un apartado dedicado a la institución del Senado romano – que es comparado con el Consejo de Estado español (art. 107 CE) – , un órgano que, dada la trascendencia de sus actuaciones a lo largo de la historia de la República romana y su pervivencia incluso en época imperial como un agente político de primera magnitud, tal vez hubiera necesitado de un tratamiento más detallado en el libro; también se echa en falta en este punto un estudio comparativo de esta institución con su homóloga en los Estados constitucionales contemporáneos, ya que resulta una de las “supervivencias” (al menos, nominales) más llamativas de la organización política de la antigua Roma en los tiempos actuales (junto con las “provincias” y sus “gobernadores”, los “magistrados” y “tribunales”, los “cónsules”, así como, si no en el lenguaje oficial, sí en el popular, los “ediles” o los “comicios”, etc.).

En el capítulo sexto, último del Profesor Fernández de Buján, se cierra el círculo abierto en capítulo inicial, volviendo nuevamente al análisis del concepto que se considera piedra angular del edificio de toda organización humana, social o comunitaria, como es la noción de persona, que en el caso del Mundo Clásico viene a equivaler a la noción de “ciudadano”, puesto que en la Ciudad-Estado la membresía en el cuerpo integrante de la civitas constituye un elemento diferenciador radical entre unos individuos y otros, de modo que solo el pleno ciudadano es también “persona” desde el punto de vista de su consideración jurídica: la arquitectura de la civitas en su totalidad está articulada por y al servicio de los ciudadanos, y quien queda fuera de ese círculo simplemente no existe desde la perspectiva del Derecho político en cuanto a sujeto activo. La noción de ciudadanía es, por tanto, el concepto central de todo el Derecho público romano (no en vano en latín el término alusivo a esta cualidad jurídico-política es el de ‘civitas', es decir, el mismo que identifica la organización política en su conjunto), al que va asociado inextricablemente el concepto de libertas, puesto que no se puede ser ciudadano si no se es libre (pero eso es así en el espacio público de la ciudad, donde rigen las relaciones políticas, mas no necesariamente en el espacio privado de la domus, donde lo que rigen son las relaciones de potestad, de ahí que, para el Derecho privado, la noción central sea la de paterfamilias: ahí es donde volvemos a encontrarnos la dialéctica comunidad-sociedad mencionada en el capítulo primero). Lo más llamativo del caso romano fue, en contraposición a lo que sucedía en Grecia, su concepción abierta de la ciudadanía desde un primer momento, lo que permitió una sucesiva ampliación del universo de personas incluidas en ella –fruto, sin duda, de la progresiva sustitución de la idea de comunidad por la idea de sociedad como modo de organización colectiva–, que alcanza su culminación en la extensión universal de la misma a todos los individuos establecidos en el espacio político romano, que venía a identificarse, de algún modo, con la totalidad del espacio geográfico conocido (o, al manos, alcanzable con los medios técnicos de la época). Roma se acaba convirtiendo en patria communis de todos los habitantes del Imperio, con independencia de su nacionalidad o procedencia (cfr. últimamente F. Lamberti, “Il cittadino romano”, en A. Barbero [ed.], Storia d'Europa e del Mediterraneo. Il Mondo Antico, III. L'ecumene romana [G. Traina, ed.], vol. V, Roma, 2008, pp. 521 ss.). Es algo muy diferente de lo que vemos en los Estados constitucionales modernos, que están construidos sobre el modelo vatteliano del Estado-nación, basado idealmente en una correspondencia biunívoca entre naciones y Estados, de modo que se considera que cada nación política tiene derecho a un Estado y cada Estado solo corresponde una única nación política. De ahí que en España, al igual que en el resto de los Estados constitucionales modernos, el concepto clave a la hora de definir el sujeto de las relaciones políticas en su seno, sea el de nacionalidad, y no el de ciudadanía, puesto que es el aspecto de pertenencia a la comunidad nacional lo que hace de un individuo sujeto de las relaciones políticas en cuanto titular de una parte alícuota de la soberanía popular. En ese sentido, nacionalidad moderna se equipara a ciudadanía antigua. No obstante, un elemento que marca una diferencia esencial entre la experiencia romana y la moderna es el hecho de que, si bien los no-nacionales carecen de derecho políticos en el Estado constitucional, ello no implica que se consideren como seres inexistentes desde el punto de vista jurídico, puesto que, en todo caso, son también titulares de derechos fundamentales (esto es, derechos “humanos”) en condiciones de igualdad con los nacionales (en cuanto sujetos con capacidad jurídica, al igual que los seres humanos no nacidos, desde la óptica firmemente defendida en este libro). Esto es lo que hace del Estado constitucional una construcción mucho más avanzada desde el punto de vista del progreso en el reconocimiento de la dignidad humana que las repúblicas antiguas que le han servido como modelo. Con todo, el desarrollo de los procesos globalizadores en tiempos recientes está haciendo quebrar esa identificación de ciudadanía y nacionalidad que ha venido caracterizando a los Estados constitucionales contemporáneos, hasta el punto de que se viene hablando ya de la emergencia de un “Derecho global” (cfr. R. Domingo, The New Global Law, New York, 2010) y, consiguientemente, comienza a no sonar como algo desatentado la idea de una ciudadanía cosmopolita, no encerrada en fronteras nacionales ni vinculada a la pertenencia a un grupo nacional diferenciado (cfr. J. Peña, La ciudad sin murallas: política en clave cosmopolita, Barcelona, 2010). De ello comienza a ser una prefiguración la institución de la “ciudadanía europea”, de la que el libro que comentamos hace una excelente glosa.

A partir del capítulo 7 y subsiguientes, de autoría del Profesor García Garrido, el libro da un giro de carácter temático y estilístico, sin perder por ello el hilo conductor y la metodología que lo preside en su totalidad. El primero de estos capítulos versa sobre el concepto y fuentes del Derecho, tanto en Derecho romano como en Derecho español moderno (con una interesante referencia asimismo al Derecho privado europeo, en el que necesariamente está llamado a integrarse el Derecho civil español), donde queda patente la diferencia estructural entre el sistema romano –basado en decisiones individualizadas que van construyendo un sistema “abierto”– y el español actual (y con él todos los de la Europa continental y América Latina) –fundado en la primacía de la ley y la existencia de un código que vertebra el sistema “cerrado”, donde las decisiones individualizadas se consideran una aplicación de las reglas del sistema por procedimientos deductivos. Esta diferencia queda amortiguada, en cambio, en los ordenamientos judicialistas del common law, cuya fuente principal son las sentencias de los tribunales y la construcción del sistema se hace por la vía de la técnica del precedente.

Los siguientes dos capítulos de esta parte están dedicados al proceso romano en sus diversas fases de evolución histórica, desde el procedimiento arcaico de las legis actiones hasta el procedimiento inquisitivo tardío del Imperio absoluto, pasando por las fases intermedias (y más trascendentes desde el punto de vista de la transmisión del Derecho romano) del procedimiento formulario y el proceso cognitorio de la época del Principado. El libro ofrece una síntesis muy clara, con numerosos esquemas, de la organización de estos tipos procesales y su evolución progresiva a lo largo de la historia del Derecho romano. En el procedimiento romano tardío, expuesto sintéticamente, está en la base, como muy bien señala García Garrido, del procedimiento civil español moderno (y de los restantes ordenamientos del civil law) que aún hoy nos encontramos en su última versión, dada por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, a través del estadio intermedio del procedimiento romano-canónico de la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Es obvio que, incluso tras esta reforma legislativa, más en la línea de un procedimiento dominado por los principios de aportación de parte, libre valoración de pruebas, oralidad, etc., aún subsisten elementos esenciales que conectan nuestro sistema procesal burocrático con el que se implantó en Roma a partir del Principado y encontró su máxima expresión a en la obra de Justiniano.

En los capítulos diez y once, el Profesor García Garrido dirige su atención al ámbito del Derecho administrativo, que es el otro extremo al que se refiere el título del volumen. La relevancia de los principios inspiradores y las prácticas organizativas de la administración romana para el Derecho administrativo moderno, contra los tópicos habitualmente difundidos desde ciertos ámbitos publicistas, ha sido suficientemente destacada en los últimos años (cfr. numerosos trabajos de A. Fernández de Buján, en particular, últimamente, “Instituciones hechos y actividad de orden administrativo en la experiencia jurídica romana”, en id. [coord..], Derecho administrativo histórico, Santiago de Compostela, 2005, pp. 119 ss., y “Hacia un Tratado de Derecho administrativo y fiscal romano”, en G. M. Gerez Kraemer y B. Malavé Osuna [eds.], Hacia un Derecho administrativo y fiscal romano, Madrid, 2011, pp. 13 ss.).

Este libro, en su condición de manual universitario, procede a señalar con acierto algunas esferas de la actividad administrativa en la experiencia romana que se expresan por sí solas en cuanto a su actualidad. Primeramente el libro hace una descripción somera de los diferentes sistemas político-administrativos atravesados por Roma después de la República, ya que es a partir de la trascendental reforma constitucional de Augusto cuando encontramos claros precedentes de una organización burocrática que estará, con el paso del tiempo, en la base de la articulación administrativa de los Estados territoriales de la Edad Moderna y Contemporánea. No hay que esperar, pues, a la Revolución Francesa para encontrar una organización burocrática estructurada con principios jurídicos y reglas de composición interna de orden legal-racional, sino que este tipo de organización, más propio de las sociedades que de las comunidades, irá montándose progresiva y trabajosamente a lo largo de los siglos, partiendo de la genial mente política y organizativa el emperador Augusto, y que encontrará en el Dominado –y, sin solución de continuidad, en el Imperio Bizantino– una perfecta plasmación. A continuación, el libro se detiene, de forma precisa, en la cuestión de la organización territorial del Imperio romano, a partir de la reestructuración operada por Julio César y continuada por los Príncipes, con especial atención (por lo que a España se refiere) a la constitución de las ciudades (municipios y colonias) y la disciplina jurídica de sus actuaciones administrativas, de las que existen tan notorios testimonios epigráficos en nuestra península, de los que el profesor García Garrido es buen conocedor. Su contenido es especialmente valioso para descubrir nuestra realidad estatal y provincial contemporánea como los intentos de estructuración territorial de la Unión europea.

Por fin, el último capítulo del libro glosa los aspectos más relevantes de la actividad económica y financiera en Roma (un tema del que su Autor ya ofreció una amplia valoración en el libro El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano, Madrid, 2001), con una especial atención a las funciones de las societates publicanorum, unas entidades esenciales para garantizar el funcionamiento del sistema financiero y fiscal romano en época republicana y altoimperial, en la medida en que la falta de una estructura burocrática estatal suficientemente desarrollada en esas épocas hacía absolutamente imprescindible el concurso de agentes privados (con los consiguientes abusos y disfunciones económicas) para garantizar un nivel suficiente de recaudación que permitiera el mantenimiento de las estructuras de poder del Imperio romano en las provincias, y en la misma Italia (en la medida en que esta vivía de lo que conseguía recaudarse en las provincias). Con relación a la materia del Derecho fiscal romano, merece una mención especial el estudio de Antonio Fernández de Buján, “Ius fiscale: Instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario” (en Iura 58 [2010] 1-32 y en los Comentarios a la Ley General Tributaria Española –publicados en homenaje al que fue Presidente del Tribunal Constitucional Español y fiscalista, Profesor Rodríguez Bereijo–, tomo I, Cizur Menor, 2010, pp. 103-134, bajo el título “Principios informadores del Derecho Fiscal: una visión desde el Derecho Romano”).

El libro concluye con una oportuna y meritoria mención de las crisis económicas en el mundo romano, y sus modos de afrontarlas, que si bien no pueden constituir un modelo de referencia para el mundo moderno –dadas las abismales diferencias de dimensión territorial y de estructura económica y social entre el mundo romano y el nuestro–, se configuran como un ejemplo paradigmático de lo que no se debe hacer ante un panorama dantesco de recesión y colapso económico. Historia magistra vitae et testis temporum, dice la famosa máxima ciceroniana: una pieza de sabiduría que, por desgracia, nuestros economistas y nuestros políticos modernos suelen olvidar, si no menospreciar, con harta frecuencia. Esperemos que, gracias a obras como esta, se pueda contribuir a evitarlo en el futuro.

Francisco J. Andrés Santos

Universidad de Valladolid, España

 

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