SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número36La "Staatslehre" de Johannes Althusius (1557-1638) y la escuela de jurisprudencia de HerbornJohn Locke y la ley de la moda: De la teología a la sociología de la ley natural índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.36 Valparaíso  2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552014000100016 

ESTUDIOS - Historia del pensamiento político

Del caudillaje a la "Monarquía del 18 de Julio". Perfil jurídico-político de la Jefatura del Estado español durante el gobierno de Francisco Franco

 

From the Caudillaje to the "July 18th Monarchy". Legal-Political Profile of the Spanish Head of State Position during Francisco Franco's Government

 

Miguel Ángel Giménez Martínez

Universidad de Castilla-La Mancha, España


RESUMEN

Partiendo de un enfoque científico multidisciplinar que combina la exégesis de los textos legales con la revisión de las aportaciones doctrinales, este artículo analiza la trayectoria de la más alta magistratura del Estado español durante las décadas centrales del siglo XX, deteniéndose en la configuración jurídica que recibió y los avatares políticos que la condicionaron.

Palabras clave: Jefe del Estado – Caudillo – Caudillaje – Monarquía – Francisco Franco.


ABSTRACT

Based on a multi-field scientific approach, combining the exegesis of legal texts with the revision of doctrinal contributions, this article analyses the pathway of the highest magistracy of the Spanish State in the middle decades of the 20th century, paying special attention to its legal organization and to the political changes that shaped it.

Keywords: Head of State – Caudillo – Caudillaje – Monarchy – Francisco Franco.


 

I. Introducción

El jefe del Estado es la figura que desempeña el más alto cargo político dentro de una determinada comunidad y asume la representación de la colectividad de un país. Es normal que ocupe, al menos, funciones simbólicas referentes a la unidad política del Estado de cara al interior y al resto de potencias. No obstante, dependiendo del régimen en el que se inserte, su posición y recursos políticos varían considerablemente, hecho que lo convierte en una de las instituciones más difíciles de definir. Kelsen sostiene que es uno más de los órganos constitucionales, el cual se caracteriza porque se le atribuyen un cierto número de competencias que afectan, fundamentalmente, al ámbito del poder ejecutivo y a la representación del Estado en la esfera del Derecho internacional ("treaty-making power", principalmente), pero sin competencias legislativas ni judiciales, salvo la prerrogativa de gracia[1]. Este modelo se corresponde con las monarquías democráticas y constitucionales que, aunque no eliminan el principio de sucesión hereditaria, limitan el papel del rey al de mediador y símbolo de la continuidad del Estado. Algo parecido sucede en las repúblicas parlamentarias donde, a diferencia de las presidencialistas, el jefe del Estado convive con un primer ministro y no suele asumir responsabilidades directas de gobierno. Por su parte, Esposito añade que la calidad de jefe del Estado trae aparejada cierta autoridad o jerarquía moral (auctoritas) que le lleva a identificar sociológicamente la comunidad nacional y a servir de guía a la misma. Esta cualidad, también denominada "supremacía de guía", resulta frecuente entre los presidentes de las repúblicas no parlamentarias, cuyo acceso a la Jefatura del Estado es electivo y se apoya en una legitimidad carismática[2].

Hatschek, sin embargo, considera que el jefe del Estado es el portador o encarnación viviente del poder del Estado y, como tal, titular potencial de cualquier competencia en el mismo, ya que solo está limitado por lo que hacen los restantes órganos y poderes. Es, de este modo, un órgano que ostenta competencias no numeradas[3]. Esta doctrina está incardinada en la realidad de los regímenes autoritarios, en los que el jefe del Estado es el eje central del sistema político y despliega un poder mayor que el de cualquier otra institución. La concentración o personalización del poder propia de este liderazgo provoca una organización del sistema en sentido no democrático, caracterizada por la ausencia de división de poderes, la propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que apoya al régimen y la inexistencia de prestación de consentimiento por parte de los gobernados. En este tipo de regímenes, el jefe del Estado no es otra cosa que un dictador cuya principal preocupación es la conservación del poder. Para ello, se le enaltece como alguien sacrificado sin contrapartidas, capaz de entregar su propia vida por el pueblo, y a menudo se le rodea de cierta sobrenaturalidad. Por otro lado, es frecuente que se apele a una situación extraordinaria para legitimar la duración del mandato del jefe del Estado, que normalmente adquiere un carácter vitalicio[4].

Esta configuración de la Jefatura del Estado tiene su origen en el ascendiente de un individuo sobre los demás, adquirido por la fuerza física o por el prestigio, lo que genera que "ciertos miembros del grupo adquieran una influencia que les permite aprovecharse de las condiciones sociales favorables a la individualización del poder para apropiárselo"[5]. Tal poder "puede haber sido fundado solamente por la fuerza" y "sostenido únicamente por el hábito", pero exige una institucionalización jurídica posterior si quiere pervivir[6]. Y ello porque el principal problema del mando individualizado es su sucesión: "se sabe quién manda, pero se ignora quién tiene el derecho a mandar"[7]. En estas circunstancias, el jefe de un Estado autoritario se convierte en creador de un nuevo régimen en el que las instituciones políticas están llamadas a cubrir el espacio dejado a la muerte de su fundador[8]. Desde esta perspectiva teórica, la evolución de la Jefatura del Estado en el régimen político español iniciado en 1936 responde a un proceso claro de institucionalización, en virtud del cual el poder personal extraordinario ejercido por su creador (el "caudillo") se transforma en un poder estructurado jurídicamente bajo la forma monárquica, que pasa a ser la cúspide de la estructura gubernamental del Estado[9]. En consecuencia, el estudio de la Jefatura del Estado en el período que nos ocupa exige que nos situemos en un vértice desde el que se contemplan dos panoramas: por un lado, el del recorrido por el fenómeno del caudillaje, y, por otro, el del itinerario proyectado para el futuro de la "Monarquía del 18 de Julio". En efecto, la legislación franquista reservaba unas facultades determinadas para el "caudillo" y otras diferentes para su sucesor. Por ello, la explicación del papel ejercido por la Jefatura del Estado y su posición dentro del sistema institucional español debe enfocarse distinguiendo las funciones de índole excepcional conferidas a Franco de aquellas otras destinadas a ser atributos permanentes de la primera magistratura una vez instaurada la Monarquía.

Según este modelo de análisis, el "caudillo" es un "dictador constituyente" o "de desarrollo" que, ostentando un poder omnímodo, va racionalizando su ejercicio mediante el montaje de un rudimentario aparato administrativo[10]. La idea liberal de "proceso constituyente" se sustituye por el de "proceso fundacional" o "Constitución abierta": la instauración del orden jurídico fundamental no se concibe como una operación con unidad de acto y duración breve, sino como un laborioso montaje de piezas institucionales condicionado por la circunstancia histórica, y cuyo término final no puede prefijarse exactamente ni en cuanto al tiempo ni en cuanto a la sustancia por estar al albur de la voluntad del jefe del Estado. El "caudillo" es el poseedor del poder "constituyente" ordinario y, por tanto, ocupa una posición de "otorgador unilateral" de la legislación fundamental. Las leyes "constitucionales" reciben su fuerza exclusivamente de la sanción del jefe del Estado. Éste actúa, dentro de esta clase de regímenes, como una "excéntrica figura de constituyente permanente"[11], que recuerda al príncipe ciceroniano encargado de condere et constituere rem publicam[12]. Los poderes excepcionales del "caudillo" son vitalicios, pero no transmisibles, ya que se dirigen únicamente a fortalecer una estructura política duradera que solo ha de entrar en pleno funcionamiento tras su muerte.

En el caso español, donde resultaba inexistente "el obstáculo del principio o teoría de la división de poderes"[13], la iniciativa del jefe del Estado era creadora de un "poder asistido", que recababa un consilium de determinados órganos, pero sin que la concentración de poderes a su favor fuera objeto de rectificación alguna. La evolución de este proceso contó con cinco etapas definidas. En la primera de ellas, que se extiende hasta la Ley de administración central del Estado de 30 de enero de 1938, el "caudillo" es asistido por la Junta Técnica del Estado, órgano que tenía un carácter exclusivamente consultivo. En la segunda, que finaliza con la promulgación de la Ley de reorganización de la administración central de 8 de agosto de 1939, la voluntad legisladora del jefe del Estado no tiene más limitación que la previa deliberación del Gobierno y la propuesta del ministro del ramo. En la tercera, el "caudillo" alcanza el cénit de su poder, al desaparecer la precedencia deliberativa del Consejo de Ministros cuando "razones de urgencia" así lo aconsejaran. En la cuarta etapa, inaugurada en 1947, aunque no se modifica sustancialmente la situación precedente, el "caudillo" se ve obligado a recibir la audiencia preceptiva del Consejo del Reino en determinados casos, aunque sus dictámenes no le vinculan formalmente. En la quinta y última etapa, inaugurada con la LOE. [= Ley orgánica del Estado], es donde se escinde la figura del jefe del Estado en dos planos. Por una parte, se puntualiza la subsistencia de la prerrogativa legislativa a favor del "caudillo", pero se marca su término en el momento en que se cumplieran las "previsiones sucesorias", esto es, en el momento en que accediera a la Jefatura del Estado un rey. Pero, por otra parte, el cuerpo de la LOE. dibuja un jefe del Estado diferente de cara al futuro: un monarca que necesita para todos sus actos del refrendo de las instituciones[14].

II. El caudillaje

Con el término "caudillo" se designaba en la Roma clásica a los hombres que encabezaban y dirigían las tropas armadas, especialmente a aquellos que en la Península Ibérica se resistían a su conquista. Ya en el Medievo, la palabra empezó a aludir a los jefes guerreros, no solo aplicada al tipo paradigmático de El Cid, sino también a los cabecillas de las taifas musulmanas. Durante el siglo XIX los términos "caudillo" y "caudillismo" pasaron a América Latina, donde remitieron primeramente a los líderes militares (los "libertadores") que se levantaron contra la metrópoli española, pero después se identificaron con los hombres fuertes de las nuevas repúblicas creadas tras la emancipación[15]. Solo posteriormente, "caudillo", "caudillismo" y "caudillaje" se aplicarán en un sentido mucho más amplio para referirse a una tendencia en la historia política de este subcontinente, caracterizada por liderazgos fuertes y rasgos populistas[16].

Fue Max Weber el primero en reenfocar de forma influyente el concepto de "caudillo" al considerarlo eje central de uno de los tres tipos de dominación y legitimidad que consideraba: el carismático. Para Weber, ésta se basaba en la "virtud de la devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes sobrenaturales (carisma)", especialmente a sus "facultades mágicas, revelaciones o heroísmo, poder intelectual u oratorio". El caudillo es, en este sentido, el que manda y al que se obedece "a causa de sus cualidades excepcionales, y no en virtud de su posición estatuida o de su dignidad tradicional". En la dominación carismática, autoritaria y dominadora, prima el elemento irracional, y el caudillo precisa de una "acreditación" como señor "por la gracia de Dios", por medio de milagros, éxitos y prosperidad del séquito y de los súbditos. Consecuentemente, la dominación carismática vendrá definida como una "relación social específicamente extraordinaria y puramente personal"[17].

En España, a lo largo del siglo XIX la palabra "caudillo" se empleó algunas veces para designar a los líderes de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios, pero rebasada la frontera de 1900 la noción se transfiguró para ligarse al populismo republicano, cuyo máximo exponente fue Alejandro Lerroux, quien adoptó una jefatura carismática entre sus seguidores, los cuales veían en él un "caudillo" capaz de encabezarles y guiarles hacia la victoria[18]. Durante la II República, el término asumió una connotación peyorativa, especialmente entre los partidos de izquierdas[19]. De hecho, al ser elegido presidente por las Cortes en 1931, Niceto Alcalá-Zamora fue proclamado libre "de todo caudillaje militar"[20]. Mucho más entusiasmo con la palabra "caudillo" y sus derivados manifestaron los partidos de la derecha, sobre todo los fascistas. Así, Onésimo Redondo abogó por la figura de un caudillo popular, mientras José Antonio Primo de Rivera definiría al caudillo con una serie de características ("algo de profeta [...], una cierta dosis de fe, de salud, de entusiasmo y de cólera") de las que decía carecer personalmente[21]. Otros partidos de derecha buscaron vocablos diferentes que complementaran al de "caudillo". De este modo, el "duce, duce, duce" italiano encontrará su correlato en el "jefe, jefe, jefe" aplicado a José María Gil Robles, dirigente de la Confederación Española de Derechas Autónomas.

III. El mito del "caudillo"

Paradójicamente, sería el líder socialista Indalecio Prieto, en la primavera de 1936, el primero en asociar la figura de Franco con la del eventual caudillo de una posible sublevación contra la II República: "El general Franco, por su juventud, sus dotes, por la red de sus amistades en el Ejército, es hombre que, en momento dado, puede acaudillar con el máximo de probabilidades [...] un movimiento de éste género"[22]. Efectivamente, con el inicio de la Guerra Civil, el término se asociará exclusiva y definitivamente a la figura de Francisco Franco, que no será un "caudillo" sino el "caudillo". Propenso a presentase desde un principio como jefe de los sublevados, su designación como "generalísimo" de los ejércitos y jefe del Gobierno y del Estado en septiembre de 1936 señaló el inicio del mito: desde entonces se propagarán las referencias a un "caudillo" que figurará acompañado en lo sucesivo de todo tipo de atributos semidivinos y será la personificación misma de la causa "nacional"[23]. Franco aparece ya como el nuevo y gran Cruzado, el nuevo Cid[24], como el hombre de la providencia, el general victorioso, el salvador de España, el estadista excepcional, el conductor y guía de los españoles[25]. A pesar de carecer de las cualidades oratorias que distinguieron, por ejemplo, a Hitler y Mussolini, muchos panegiristas le encontraron virtudes alternativas. Por ejemplo, Manuel Machado veía en el "caudillo de la nueva Reconquista" al hombre que sabía "vencer y sonreír"[26]. En el mismo sentido, Ernesto Giménez Caballero comparaba la sonrisa del "caudillo" con "la mirada" y "la forma de emproar la mandíbula" del "duce", y con el "aire entre marcial y popular, entre doctoral y solemne" del "Führer"[27]. La figura de Franco, por el contrario, tendría algo de "ternura paternal y maternal a la vez", propia de alguien que no era "ni envidiado ni envidioso"[28].

Tras asumir en abril de 1937 la Jefatura del Partido único, FET y de las JONS. [= Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista], cuya unificación había decretado él mismo, las connotaciones de "caudillo" fascista no dejarían de multiplicarse. El lema "Una patria, un Estado, un caudillo", traducción del nazi "Ein Volk, ein Reich, ein Führer", sería omnipresente en la prensa, especialmente en la falangista, con el objeto, precisamente, de recalcar esta significación. Una orden ministerial de septiembre de 1937 establecía el día 1 de octubre como el "día del caudillo", en conmemoración de su ascenso a la Jefatura del Estado[29]. En mayo de 1939, en el acto de la "ofrenda de la espada victoriosa" en "acción de gracias" por la "providencia del Señor con las armas españolas", celebrado en la Iglesia de Santa Bárbara de Madrid, Franco salía definitivamente consagrado como "caudillo de España por la gracia de Dios"[30]. Meses más tarde, en los artículos 47 y 49 de los Estatutos de FET y de las JONS., quedaba elevado a la categoría de "supremo caudillo del Movimiento", personificación de "todos los valores y todos los honores del mismo", responsable solo "ante Dios y ante la Historia"[31].

El mito del "caudillo" y su culto salieron, así pues, casi plenamente establecidos al término de la contienda militar. Como tal "caudillo", Franco pretendía reunir todas las legitimidades: la religiosa, la militar, la política y la popular. Incluso se presentaba a sí mismo como "el caudillo de todos", pretendiendo rodearse de un halo de patriotismo por encima de "parcialidades banderizas"[32]. Más allá de la construcción mitológica, la figura del "caudillo" se convertiría, como dijimos, en la clave del arco del régimen que se estaba construyendo y, en este sentido, su significación podía variar en función de los distintos proyectos que confluían y rivalizaban en el interior del "Nuevo Estado". Así, desde el área monárquica las alabanzas al "caudillo" escondían un velado proyecto de restauración de la Monarquía tradicional. Para José Pemartín, por ejemplo, Franco era "el glorioso caudillo", "representante de la Providencia", "caballero de leyenda", "espada evangélica vencedora del mal", salvador de España, de la civilización europea y de la toda la Cristiandad. Aunque Pemartín parecía asumir que caudillaje e institución monárquica se complementaban y ensamblaban de forma definitiva, lo cierto es que para él la segunda era más estable, menos condicionada por la "sensación de participación" que siempre arrastra el caudillaje. De modo que si "el caudillo hace la historia", la Monarquía "es la historia". Franco era "el devenir", la Corona "el ser". Consecuentemente, auguraba una evolución del "Nuevo Estado" entre períodos en los que Franco sería sucesivamente "caudillo", "caudillo-canciller" y "canciller", siendo este último periodo, con la Monarquía ya restaurada, el definitivo, el postfascista e "histórico". El poder total del caudillo debía traducirse, en fin, en el histórico papel de "hacedor de reyes"[33].

Desde el punto de vista falangista, esta limitación cronológica y funcional del caudillaje no tenía sentido. El "caudillo" era la institución central y, sobre todo, definitiva del nuevo régimen. Luis Legaz veía en Franco la unidad esencial entre la jefatura del "partido-Iglesia" (FET y de las JONS.) y del Estado. El "caudillo" como jefe Nacional del Movimiento era la máxima autoridad y ostentaba el "poder carismático de crear dogma inapelablemente". Siendo su autoridad superior a la del Consejo Nacional, por una parte, y a la del Gobierno, por otra, su poder podía compararse con el que contaba en la Iglesia católica el "Supremo Pontífice"[34]. En la misma línea, Juan Beneyto sostenía que el "caudillo" era la persona enviada por la Providencia para "formar la comunidad nacional española". "Conductor y artífice de España", se erigía en único legislador, "cabeza y raíz de la Patria"[35]. Quedaba definida así una institución que aparecía como "sustancia medular del nuevo derecho político". El caudillaje se separaba de cualquier precedente que pudiera remitir al bonapartismo o al mito del héroe de Thomas Carlyle, y se apuntaba su novedad radical como "suprema síntesis de Estado y partido".

En colaboración con José María Costa, Beneyto completó su teoría: la "concepción del caudillo" es "una síntesis de la razón y la necesidad ideal". "No es solo fuerza, sino espíritu"; "constituye una nueva técnica y es la encarnación del alma y hasta de la fisonomía nacional"; supone "la consecuencia natural y necesidad orgánica de un régimen unitario, jerárquico y total", y su contextura es "típica y plenamente revolucionaria". El "caudillo era el "vértice de la jerarquía", "expresión del mando único en el partido que, a su vez, tiende a encauzar la vida del pueblo". Dentro de esta concepción plenamente fascista, se introducía un eco weberiano al contraponer la figura positiva del séquito a la del súbdito, con lo que anatematizaba cualquier semejanza entre la figura del "caudillo" y la del déspota, tirano o dictador. Se podía subrayar así la existencia de una conexión "íntima" entre "caudillo", "séquito" y "pueblo", como una integración de los viejos principios de monarquía, aristocracia y democracia que se resolvía como "una unidad de mando en un ambiente nacional y popular". Y cuando de señalar lo que había de específico en el caudillaje español se trataba, apenas sí se iba más allá de la alusión a la existencia de "una vieja y poderosa tradición nacional" de la jefatura jerarquizada y de la reafirmación del principio de "unión carismática" que excluía cualquier tipo de limitación de la autoridad del "caudillo"[36].

La progresiva derrota ideológica del falangismo más radical y la reafirmación del carácter puramente tradicional y católico del Movimiento marcó una reformulación del concepto de caudillaje[37]. Será Francisco Javier Conde quien asumirá en 1942 la tarea de elaborar una teoría del caudillaje en la que, haciendo acopio de las formulaciones weberianas, deslindará el caso español del propio de otros "sistemas aparentemente similares". Para Conde, acaudillar es mandar legítima, personal y carismáticamente. El mando carismático lo alejaría de cualquier carácter transitorio, tal como una dictadura, fuera ésta comisaria (identificada con el estado de excepción) o soberana (identificada con cesarismos de legitimidad democrática). Así, lo que define al caudillaje es el "predominio del principio de legitimidad carismática" sobre cualquier otro. Era ese principio el que otorgaba legitimidad a quien, elegido por Dios, instauraba un nuevo orden constitucional desde la identidad última entre el caudillo y los acaudillados. Los elementos racional y tradicional estaban también presentes. El primero, en el mando militar, "en cuanto está llamado a asegurar el cumplimiento de la función política en el interior y en el exterior". El segundo, a través de un acto de "singular relieve jurídico constitucional", la consagración de Franco como caudillo en la ceremonia, antes citada, de la Iglesia de Santa Bárbara. Así pues, en esta nueva reformulación de la idea de caudillaje, el Partido único y el pueblo perdían terreno en beneficio del Ejército, la tradición y la Iglesia. También el caudillaje en España tenía diferencias esenciales con los casos italiano y alemán. Por una parte, porque la quiebra con el sistema liberal anterior había sido mucho más radical en el caso español que en los otros, lo que daba a aquél un mayor predominio del elemento carismático y una menor vigencia del principio democrático racional. Por otra, porque el sustrato metafísico en que se basaba el caudillaje español no era el "espíritu del pueblo" como en los otros casos, sino la "idea de destino". Franco no era el "punto extremo de irrupción del verdadero espíritu del pueblo", sino el "intérprete de la tradición", el "custodio supremo, soberano actualizador de la comunidad de valores que integra la tradición española"[38].

Tras el fin de la II Guerra Mundial, Conde extremó la diferencia entre el caudillaje español y las experiencias fascistas, a las que presentaba como románticas, irracionales y, significativamente, incompatibles con la "representación". Sobre todo, el caudillaje quedaba reducido a una etapa, la segunda, en la evolución del régimen español. La primera, la de la Guerra Civil, se caracterizaba por un proceso de concentración del poder propia del "estado de guerra". La segunda, comprendida entre 1939 y 1942, sería la del caudillaje propiamente dicho. "Síntesis de todos los elementos positivos de la historia de España", el "caudillo" habría sido en esa fase "capitán de la revolución nacional, héroe de la tradición, arquetipo de los valores tradicionales y vencedor de la guerra". Con todo, esa forma de autoridad no dejaba de responder a una situación excepcional y era, por ello, "altamente inestable". De ahí, el paso a la tercera etapa (desde 1942), que se habría caracterizado por mantener abiertas las dos posibilidades de despliegue del caudillaje: la de la tradición y la de la razón. La primera vendrá dada por el Fuero de los españoles de 1945 al abrir la posibilidad de la sucesión y el entronque con la Monarquía. La segunda, por ese mismo Fuero ("verdadera racionalización del poder político en sentido genuinamente cristiano"), y por la LC. [= Ley constitutiva de las Cortes] de 1942, que, aun dejando a salvo la prerrogativa del jefe del Estado de dictar leyes, introducía un órgano con capacidad para la preparación y elaboración de las mismas. Finalmente, la Ley de referéndum nacional de 1945 habría terminado por dotar a la racionalización de "formas democráticas". El caudillaje, por tanto, terminaba como tal, para resolverse en contenidos tradicionales (monárquicos y cristianos) y racionales (las Leyes fundamentales)[39]. Con Conde, en suma, el caudillaje español perdía muchos de sus rasgos fascistas y populistas, cerrándose en posiciones próximas a las sostenidas por José Pemartín años atrás.

IV. Los poderes de Franco

El caudillaje se transformó, a tenor de la Ley de sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, en una de las tres modalidades en que podía presentarse la Jefatura del Estado. Las otras dos eran la Regencia y la Monarquía. Estas tres formas, según Torcuato Fernández-Miranda, "además de ser posibilidades jurídicas de encarnación de la Jefatura del Estado" eran "tres momentos del proceso instituyente del nuevo Estado, es decir, tres momentos posibles de la continuidad del régimen". El caudillaje era "un título excepcional de autoridad individualizado, y en este sentido irrepetible" que descansaba en "un derecho de fundación consagrado por una proclamación y una adhesión también excepcionales". Irrepetible quería decir, a juicio de Fernández-Miranda, que es "un caso histórico y que por muchas veces que se dé en la historia los distintos casos nunca tendrán conexión entre sí, puesto que del caudillaje no cabe sucesión normal"[40]. Por eso tenía que desembocar, por lógica del sistema autoritario, en nuevas formas institucionalizadas y no restauradas ni reinstauradas de designación o sucesión.

Para Jesús Fueyo, el caso de España era un ejemplo de transferencia del orden político "desde el concepto de norma al de decisión", hecho que no se explicaría en términos de "abstrusas claves carismáticas" sino bajo el prisma de la sociología política y de la psicología social: "allá donde la salvación exige las mutilaciones más dolorosas y este peligro llega a calar en las masas, el único factor político de integración viene a ser el hombre, la personalidad extraordinaria, el portador de la auctoritas". Las ideologías, las instituciones, las facciones políticas, los grupos de presión y las burocracias "retrocedieron al no poder, en un momento dado, integrar tras una decisión a todo el cuerpo político". El caudillaje aparece, así pues, como consecuencia de la ultima ratio de la política que, en definitiva, es "el destino histórico de un pueblo"[41].

Desde los momentos finales de la II Guerra Mundial y hasta los años sesenta, se consolida el proceso de acumulación personal de poder en manos del "caudillo". Cada vez de forma más evidente, su figura destaca sobre los mismos grupos que en un principio le sirvieron de soporte en la estructuración ideológico-política del "Nuevo Estado". Unas veces, como en el caso de FET y de las JONS., se trataba de pasar a un segundo plano el talante, internacionalmente condenado, de los grupos de conexión fascista: no convenían aspectos, símbolos o programas que recordaran similitudes con las potencias del Eje vencidas y estigmatizadas. En ocasiones, se encontraban lealtades personales al "caudillo" que hacían olvidar otras vinculaciones ideológicas o grupales. Piénsese en algunos miembros de la "familia católica", que rompieron con muchos planteamientos posibilistas de la precedente época republicana para sumarse a un nacionalcatolicismo que identificaba en la cúspide "trono y altar". La aureola de jefe militar vencedor de una contienda garantizaba fidelidades en torno a Franco y, además, le confería el respeto de los grupos dominantes que en el terreno económico obtenían apoyo y beneficios. En estas condiciones, la decisión unipersonal se encontraba detrás de todo y las distintas expresiones del bloque de poder entraban en juego en tanto se aceptaban previamente las normas y reglas establecidas por el jefe del Estado. Y es que se podía ser monárquico, falangista o tecnócrata, pero por encima de todo se exigía ser "de Franco" si se tenían aspiraciones en el mundo de la política. La palabra del "caudillo" era, en definitiva, guía de actuación, fuente de la ley y expresión última de la autoridad[42].

El "caudillo" era, de iure y de facto, el órgano soberano, el centro del ordenamiento del "Nuevo Estado". Tenía un poder originario que encontraba justificación solo en sí mismo. No debe caerse en el error, en el que incurrieron algunos autores[43], de confundir la institución del caudillaje con la forma de república presidencialista, por mucho que en ambos casos la Jefatura del Estado y la del Gobierno correspondan a una misma persona. Y es que el régimen presidencialista se fundamenta en el principio de división de poderes, cosa inadmisible en el caso del caudillaje. Tampoco podemos confundir, aunque mantenga analogías, la figura del "caudillo" con la del "duce" o la del "Führer": con la del primero, por ejemplo, porque coexistía con la forma monárquica, sin contar las discrepancias ideológicas de ambos regímenes; con la del segundo, porque eran todavía más acusadas las diferencias teóricas de los propios principios ideológicos[44].

Franco ocupó hasta su muerte el vértice de la función legislativa que, de manera muy relativa y más bien formal, compartió con las Cortes creadas en 1942. Además de la facultad de sancionar las leyes, Franco tenía un "derecho de veto suspensivo", pudiendo devolver a la Cámara, para nueva deliberación, cuantos proyectos y proposiciones de ley estimase convenientes. El "caudillo" podía también presentar a las Cortes proyectos de ley o regular mediante decretos-leyes, en caso de guerra o por razones de urgencia libremente percibidas, las materias reservadas teóricamente a las Cortes[45]. El único límite, autoimpuesto, a estas facultades legislativas se encontraba en que para derogar o modificar las Leyes fundamentales (no para promulgar una nueva) necesitaba el acuerdo de la Cámara y el referéndum de la nación[46]. Junto a estas atribuciones, la LOE. confirmó a Franco las facultades contenidas en las ya referidas Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, en virtud de las cuales tenía competencia plena para "legislar con carácter general"[47].

El jefe del Estado tenía también vinculada a su persona, con titularidad vitalicia, la Presidencia del Gobierno, en tanto no se cumpliesen las previsiones de la Ley de sucesión y un rey asumiese la primera magistratura. Una interpretación sistemática de las Leyes fundamentales podía inducir a pesar, como sucedió con los juristas más calificados, que el desglose de ambas funciones en vida de Franco no podía realizarse "sin una distorsión jurídico-constitucional"[48]. Pero ni Franco respetaba su propia legalidad: el 8 de junio de 1973 promulgó una "Ley de prerrogativas" según la cual quedaba "en suspenso" la aplicación del párrafo primero del artículo 16 de la Ley de 30 de enero de 1938 por el que se establecía la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado; y por decreto de la misma fecha nombró a Luis Carrero Blanco presidente del Gobierno[49]. Sí se mantuvo, sin embargo, la vinculación personal vitalicia del "caudillo" a la Jefatura Nacional del Movimiento, que tras su muerte pasó al presidente del Gobierno[50].

Desprovisto, las más de las veces, de sus connotaciones fascistas y populistas, la figura de Franco como "caudillo de España por la gracia de Dios" se configuró como la expresión canónica oficial, fijada a través de monedas (que se acuñaron con ese lema desde 1947), monumentos, plazas y edificios públicos. Sin embargo, en el plano de la cotidianidad política oficial, la denominación "caudillo" fue progresivamente desplazada en beneficio de otras como "Su Excelencia el jefe del Estado" o "Su Excelencia el Generalísimo". Empezó a ser frecuente entre los panegiristas de Franco identificar específicamente al "caudillo" con la parte correspondiente a la Guerra Civil, y al "hombre de Estado" con la etapa iniciada en 1939[51]. Esto era el reflejo del amortiguamiento de los elementos del primitivo caudillaje en beneficio de otras de las facetas que el régimen quería exaltar en el marco de la legitimidad de ejercicio, que pretendió fijar la atención en sus logros, fundamentalmente la "paz" y el desarrollo económico. A partir de la década de 1960 se quiso acompañar esta imagen de Franco como icono del bienestar con la de un líder íntimo, abuelo, familiar y bonachón, sobre todo en el "tributo semanal al culto a la personalidad" del "NO-DO" [= "Noticiarios y Documentales"][52].

Caso extremo de esa operación de humanización del "caudillo" sería la película "Franco, ese hombre", dirigida en 1964 por José Luis Sáenz de Heredia y estrenada con ocasión de los "XXV años de paz". Sin embargo, nunca se abandonó la noción, que se reconvirtió hacia el sintagma "caudillo de la Paz". Así, en el terreno simbólico hay que destacar que algunas de las estatuas ecuestres de Franco "caudillo de España", como las de Santander y Valencia, datan de 1964, cuando se conmemoraba el ya citado 25º aniversario del final de la Guerra Civil[53]. Como dijimos, las disposiciones transitorias de la LOE. dejaban implícito que la figura del caudillaje desaparecería con la vida del dictador. No obstante, entre los franquistas cundió la idea de que el futuro jefe del Estado habría de tener necesariamente, en algún sentido, "un carácter caudillal", justo porque su legitimidad se encontraría en la "fidelidad a ciertos valores tradicionales": "España nace a la historia [...] en las laderas del Auseva y bajo el caudillaje de Pelayo, defendiendo la Cruz contra el Islam, sigue la curva ascendente de su engrandecimiento mientras la gobiernan reyes con temple de caudillos, e inicia su decadencia cuando la Monarquía se separa del caudillaje y se convierte en cortesana"[54]. Tras la sucesión, una vez se comprobó que el rey Juan Carlos no seguiría el modelo del caudillaje, los más extremistas y nostálgicos franquistas comenzaron a utilizar el término con connotaciones de identificación emotiva. Fuera de estos círculos, la imagen de Franco como "caudillo" se fue difuminando poco a poco hasta casi caer en el olvido[55].

V. La Monarquía

En la España franquista convivieron políticos e intelectuales simpatizantes de la Monarquía tradicional y falangistas antimonárquicos partidarios de la instauración de un sistema puramente fascista. En efecto, el "Alzamiento Nacional" de 1936 no tuvo un carácter específicamente monárquico, apoyado como fue por fuerzas políticas de muy diverso signo, entre ellas, por ejemplo, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Franco había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, si bien durante la II República votó a la derecha católica que transigió con el régimen republicano. En sus primeros discursos y declaraciones se definió como accidentalista: "¿Monarquía o República? España decidirá. Decida lo uno o lo otro, nosotros acataremos la decisión"[56]. No obstante, en unas declaraciones al diario monárquico ABC de Sevilla, el "caudillo" señaló que, en el caso de un retorno de la Monarquía, ésta debería ser por completo distinta a la de la Restauración[57]. De hecho, en el preámbulo del Decreto de unificación de FET y de las JONS. se dejaba abierta la puerta a la instauración de una nueva Monarquía: "Cuando hayamos dado fin a esta ingente tarea de reconstrucción espiritual y material, si las necesidades patrias y los sentimientos del país así lo aconsejan, no cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica"[58].

Sin embargo, la posición de Franco chocaba con la doctrina republicana de Falange y del fascismo español. Ramiro Ledesma, fundador de las JONS. [= Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista], había manifestado en un principio su desinterés por el tema de las formas de gobierno, aunque luego saludó a la II República como fruto de una "subversión feliz" y del "clamor entusiasta de los españoles"[59]. En sus proclamas había no solo republicanismo, sino también antimonarquismo. "No basta la caída del Capeto", diría en referencia a Alfonso XIII, sino extirpar "la extranjería gala de los Borbones" y el "virus extranjerizante, antiespañol que caracteriza a la dinastía borbónica"[60]. El himno de las juventudes de las JONS., por ejemplo, contenía esta estrofa: "No más reyes de estirpe extranjera". Por su parte, Onésimo Redondo se definió accidentalista[61], mientras que en el mismo sentido Ernesto Giménez Caballero diría: "En un movimiento nacional español hacia la unidad política, la República no deberá ver ni a un enemigo ni a un aliado. Ni la Monarquía tampoco"[62]. Distinta sería en un principio la posición de José Antonio Primo de Rivera, que había militado durante algún tiempo en la Unión Monárquica Nacional, si bien en 1935 terminaría declarando a la Monarquía "una institución gloriosamente fenecida"[63]. Quizá por no existir un consenso claro, los "Veintisiete Puntos" de la Falange guardaron silencio respecto al tema de las formas de gobierno.

Más sólida e influyente se demostró la tradición de pensamiento de los monárquicos que engrosaban las fuerzas franquistas. El propio Franco había sido suscriptor de la revista Acción Española[64], dirigida por Ramiro de Maeztu, líder espiritual de un concepto de Monarquía en el sentido de "unidad de poder" y parte de la auténtica "constitución de la sociedad española"[65]. Otros autores que colaboraron en la publicación insistirían en esta idea de "mando único" y rechazo de las variantes monárquicas de tipo constitucional y parlamentario. Así, en la línea de Enrique Gil Robles y Juan Vázquez de Mella, principales teóricos monárquicos tradicionalistas, José María Pemán afirmaba que los substanciales atributos de la Monarquía eran "unidad, herencia y continuidad", elementos que resultaban incompatibles "con el mando democrático de la pluralidad"[66]. Para Eduardo Aunós, la Monarquía se basaba en una legitimidad de carácter religioso, de forma que el rey era responsable ante Dios, no ante el pueblo, y se convertía en la personificación institucional e histórica de la nación. A través de la Monarquía, por tanto, España se proyectaba en el pasado y en el futuro. Además, el monarca era "verdaderamente soberano", sin reconocimiento de una división de poderes: las funciones estatales ejercidas por otras personas no eran más que delegaciones[67]. Como diría Víctor Pradera, "órgano de la soberanía es el rey [...]. La función que desempeña es propia y no ajena"[68].

Los católicos, por su parte, mostraban un monarquismo que reaccionaba contra la República precedente, por considerarla un régimen nacido de la injusticia y la violencia, ilegítimo, cuya autoridad era usurpadora y tiránica[69]. España era "la novia de Cristo", y la República, por su antiespañolidad, no podía durar porque "España es en su esencia monárquica"[70]. La Monarquía era fuerza y representación de la unidad del Estado, y sus principales atributos la justicia y la autoridad; la República era debilidad, disgregación y régimen democrático, con el "virus político de los partidos, con sus luchas e intrigas"[71]. La mejor baza de la Monarquía fue esta identificación de la República con el desorden que se derivaba de un "exceso de libertad", con la decadencia de España, la debilidad y la disgregación, argumentos muy aireados por el aparato de propaganda de la dictadura. Aquel "régimen nefando" que había venido a "traicionar los destinos de España", entregando el país a las luchas desenfrenadas de partidos, clases y regiones, tenía que ser anatematizado como ateo, socialista y disgregador[72]. Tras la Guerra Civil, los católicos coincidieron mayoritariamente en este juicio: "No ha existido jamás, a partir de la Redención, un régimen político más atropellador y tiránico, más desprovisto de magnanimidad, altura de miras y respeto hacia la personalidad humana, que el moderno republicanismo de tipo demoliberal"[73].

Naturalmente, esta enemiga a la República implicaba una hostilidad radical a la democracia, que trae aparejada una visión fragmentaria y "terca" de los problemas nacionales, fomenta la crítica negativa, los personalismos y la obstrucción. Con ella, la soberanía teórica se traduce en servidumbre práctica, de forma que "no se imponen los más, sino los que más chillan". Frente al "matonismo que desaguó al cabo en la República y en la revolución roja", la Monarquía tradicional suponía una defensa frente a la "tiranía" de la democracia liberal: "el pueblo no puede ser fuente suprema de la verdad política, como no lo es de ninguna verdad"[74]. Wenceslao González Oliveros propugnaba también la restauración de la Monarquía "con un rey no constitucional", al lado del cual se encontraría un caudillo que "inspeccione, modere y comparta la tarea regia"[75]. Y José Pemartín se mostraba partidario de la "Monarquía religioso-militar", cuya instauración correspondía al "caudillo Hacedor de Reyes"[76]. Al final, ésa sería la alternativa histórica que acabaría por imponerse a lo largo del régimen de Franco.

VI. La solución monárquica a la sucesión

Tras el final de la II Guerra Mundial, la institucionalización del régimen se convirtió en un problema acuciante. A ese respecto, las relaciones entre Franco y el heredero "legítimo" al trono, Don Juan de Borbón, pasaron por diversas etapas de amistad y de enemistad políticas. En un primer momento, Don Juan, seguidor de las doctrinas de Acción Española, apoyó a Franco y a su régimen, con la esperanza de la pronta restauración de la Monarquía en su persona. Pero, con el final de la II Guerra Mundial, el pretendiente cambió de estrategia. Así, en el llamado "Manifiesto de Lausana", Don Juan denunció al régimen de Franco como inspirado en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, "tan contrarias al carácter y a la tradición de nuestro pueblo", y "fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo". Frente a ello, la Monarquía sería garante de un "Estado de Derecho", basado en "la concepción cristiana del Estado" y en las libertades públicas[77].

Don Juan presentó, como alternativa a la dictadura de Franco, las Bases institucionales de la Monarquía española, salidas a la luz pública en la localidad portuguesa de Estoril, donde residía desde 1946. Elaboradas por José María Gil Robles, Pedro Sainz Rodríguez, el conde de Rodezno y Antonio Iturmendi, éstas suponían una reedición del viejo proyecto de Monarquía tradicional y, por tanto, se encontraban en abierta contradicción con los principios defendidos en el "Manifiesto de Lausana". Aunque preveían un plebiscito previo a la restauración de la Monarquía y algún grado de descentralización, lo cierto es que en las Bases la Monarquía se encontraba limitada por factores de carácter ético y legal, confesional y hereditario, pero no constitucional. El monarca mantenía el poder legislativo y ejecutivo, con la colaboración de las Cortes. Se establecía, en este sentido, una Cámara única con funciones deliberativas y auxiliares, de tipo corporativo, un tercio de cuyos miembros sería elegido por sufragio popular, otro, por los municipios, y otro por las entidades de carácter cultural y profesional[78].

Este programa político no llegó a hacerse realidad nunca, ya que careció de apoyo entre los monárquicos, la inmensa mayoría de los cuales eran partidarios de un entendimiento con Franco. A pesar de todo, las Bases de Estoril tendrían posteriormente una cierta influencia en la legislación franquista[79]. Así, la Ley de sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 estableció la confesionalidad católica, la Monarquía tradicional y representativa, el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia. Sin embargo, la Ley atribuía la Jefatura del Estado a Franco y no al heredero de Alfonso XIII. Además, algunos de sus puntos eran un arma contra Don Juan, sobre todo aquel que establecía que el jefe del Estado podía excluir de la sucesión a las personas que se desviaran de "los principios fundamentales del Estado", e incluso el Consejo de Regencia podía proponer un regente en lugar de un príncipe[80]. Pese a que, en un primer momento, Don Juan rechazó el contenido de la Ley de sucesión en la Jefatura del Estado, no tardó en entrevistarse con Franco, en el yate Azor, para llegar a un acuerdo, por el que accedió a que su hijo Don Juan Carlos viniese a España para iniciar sus estudios. Como contrapartida, consiguió una mayor libertad para la propaganda monárquica. En sucesivas declaraciones, Don Juan hizo explícito su apoyo al proyecto monárquico tradicional, invocó "aquel glorioso espíritu del 18 de Julio" y la "sustantividad propia de la Monarquía", que fue "desconocida por el régimen liberal de partidos"[81].

Todo ello se tradujo en las campañas para la institucionalización monárquica de la dictadura, protagonizadas por el grupo organizado en torno a la revista Arbor y a la "Biblioteca del Pensamiento Actual" publicada por la editorial Rialp, cuyas principales figuras eran Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez-Embid, Ángel López-Amo y Gonzalo Fernández de la Mora. Favorables a un pacto entre Franco y Don Juan, su modelo de Monarquía era la tradicional y antiliberal. Calvo Serer la definió como "tradicional, hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada"[82]. Arbor y la referida "Biblioteca" dieron audiencia en sus páginas, igualmente, a pensadores tradicionalistas como Rafael Gambra o Francisco Díaz de Tejada, que se dedicaron a actualizar la teoría monárquica de Vázquez de Mella[83]. Por su parte, López-Amo y Fernández de la Mora se mostraron cercanos al modelo de Monarquía "social" expuesto por el sociólogo alemán Lorenz von Stein, cuya doctrina fue traída a España por Manuel García-Pelayo[84] y, posteriormente, promocionada por el Instituto de Estudios Políticos, el cual tradujo al castellano su principal obra[85].

López-Amo y Fernández de la Mora concebían la Monarquía, siguiendo a von Stein, como el único poder legítimo capaz de llevar a cabo la reforma social. Su legitimidad no se encontraba ligada ni al "contrato social", ni a la voluntad del pueblo expresada en las urnas, sino a la "historia", es decir, a la "legitimidad tradicional", y, en consecuencia, se erigía en una instancia "neutra", independiente de las discusiones civiles y los intereses sociales y económicos en liza, capaz de servir de moderadora de los distintos poderes del Estado y de la sociedad[86]. Sería precisamente Fernández de la Mora quien, en la primavera de 1957, se reunió con Laureano López Rodó para elaborar las primeras bases de la Ley de principios del Movimiento Nacional y de lo que luego sería la Ley orgánica del Estado, las cuales perfilaron para el futuro una Monarquía "tradicional" y "limitada"[87].

La LOE., promulgada en enero 1967, preveía que a la muerte de Franco se estableciera una Monarquía "limitada", en la cual "rige la presunción genérica de que el rey puede ejercer todos los poderes, excepto aquellos que se le han sustraído expresamente por el ordenamiento constitucional para confiarlos a otros órganos"[88]. En contraste con el caudillaje ejercido por Franco, al rey le correspondía una "magistratura ordinaria", limitada por el contenido de las propias Leyes fundamentales, en cuyo complejo institucional se insertaba orgánicamente la Monarquía. Esta limitación obligaba al rey a ver condicionado el ejercicio de sus funciones, repartiéndose entre el Gobierno, el Consejo del Reino y las Cortes una parte de los poderes que el "caudillo" había reunido o acumulado a lo largo de su mandato. Lo característico de este sistema, por lo que se refiere a la configuración de la Jefatura del Estado, era que todo lo que su titular dispusiera "en el ejercicio de su autoridad" debía ser "refrendado", según los casos, por el presidente del Gobierno o el ministro a quien correspondiera, el presidente de las Cortes o el presidente del Consejo del Reino, "careciendo de valor cualquier disposición que no se ajuste a esta formalidad"[89]. El refrendo tenía como consecuencia capital desplazar la responsabilidad de los actos del jefe del Estado hacia aquellas personas que los refrendaran[90]. La responsabilidad del presidente del Gobierno y de los ministros era penal y civil, siendo "solidariamente responsables de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros" e individualmente responsables "de los actos realizados en su Departamento"[91].

Los poderes de esta Monarquía eran, con todo, muy amplios. Asentada sobre el principio de "unidad de poder y coordinación de funciones" consagrado por la LOE.[92], el rey tenía reservada la "actividad primaria de gobernar" y, por tanto, no era un mero "ejecutor de leyes". Al jefe del Estado que debía suceder a Franco se le atribuía un "fondo de poder" indeterminado y amplísimo, aunque luego se fijara para cada acto y para cada coyuntura concretos cómo y de qué manera tal poder debía ejercerse. No se partía, así pues, como en las monarquías inspiradas por el principio liberal de separación de poderes, de un sistema de contrapesos para equilibrar la vida política; tan solo se exigía que la voluntad real resultara, en la mayoría de los casos, "concurrente con la voluntad de otro órgano unipersonal o colegiado"[93]. Así, el jefe del Estado perfilado por la LOE. para el futuro personificaba la soberanía nacional y ejercía el mando supremo de los Ejércitos; pero para firmar tratados internacionales y para declarar la guerra o hacer la paz necesitaba de la autorización de las Cortes. El futuro rey tenía reservada la facultad de sancionar las leyes, esto es, de convertirlas en "actos de imperio", revestidos de plena fuerza de obligar; pero tal sanción únicamente podía recaer sobre los textos que ya hubieran aprobado las Cortes, y si quisiera denegarla, y devolver la ley al órgano legislativo para nueva deliberación, había de razonar su posición en mensaje motivado, lo cual implicaba conformidad con el presidente del Gobierno y, además, el dictamen favorable del Consejo del Reino. Por otro lado, el jefe del Estado tenía la facultad de nombrar y cesar al presidente del Gobierno, pero su voluntad jugaba dentro de los límites ya acotados por el Consejo del Reino, puesto que éste le presentaba los tres candidatos entre quienes debía elegir, y la destitución debía contar igualmente con su conformidad[94]. En fin, todo cuanto dispusiera este "monarca del 18 de Julio" debía sujetarse a la formalidad del refrendo. La finalidad política de esta operación no era otra que la de "controlar" al futuro rey y mantenerlo bajo la disciplina de las Leyes fundamentales. Las instituciones franquistas y, sobre todo, la clase política heredada de la dictadura estaban llamadas a "moderar" cualesquiera influencias y "desviacionismos" liberales del titular de la Jefatura del Estado[95].

El triunfo de la solución monárquica al problema de la sucesión en la Jefatura del Estado tomó forma de instauración, no de restauración. Teniendo en cuenta el sistema ideológico y los valores políticos sobre los que se asentaba el Estado franquista, la implantación de la Monarquía diseñada en la década de 1960 se hizo desde un punto de vista pragmático: la cualidad esencial que debía atesorar el futuro rey debía ser su compromiso con el "espíritu del 18 de Julio", de forma que quedara garantizada la continuidad del orden "constitucional" franquista. El mecanismo sucesorio estaba destinado a avalar la "continuidad" del contenido sustancial del Estado, en razón de la doctrina que lo inspiraba[96]. La Monarquía cooptada o designada que planeó el régimen atacaba, por tanto, el fundamento mismo de la Monarquía: su carácter hereditario. De este modo, el sucesor que fuera nombrado bajo estos postulados se vería no solo privado de la independencia decisoria característica de los soberanos que deben su puesto a la herencia, sino también de la legitimidad dinástica sobre la que se apoyan las monarquías. El titular de la Corona carecería también del presunto poder carismático de Franco como "caudillo", por lo que le quedaría como único apoyo la legitimidad proporcionada por la legalidad del sistema. Teniendo en cuenta que en 1975 el 70% de la población española no había conocido la Guerra Civil y había sido educada en un ambiente falangista "criptorrepublicano" y antiborbónico, nada podía resultar de extraño que el número de personas con tendencias monárquicas fuera muy reducido. Desasistido por la opinión pública, el futuro rey solo podría contar, a priori, con el favor de sus naturales seguidores, así como con el del Ejército, la oligarquía financiera y la jerarquía eclesiástica, es decir, "el centro mismo de la civitas franquita"[97].

Franco tenía pensado que su sucesor fuera Don Juan Carlos de Borbón, hijo de Don Juan y nieto de Alfonso XIII, desde los años cuarenta, razón por la cual lo trajo a España, de acuerdo con su padre, cuando solo tenía 10 años, y se ocupó de educarlo cerca de él[98]. Sin embargo, tal decisión no se plasmó en ninguna disposición oficial hasta dos décadas después, cuando en un decreto sobre prelación de autoridades se hacía referencia implícita a éste como "heredero de la Corona"[99]. Para cumplir con los trámites previstos por las Leyes fundamentales, Franco convocó a las Cortes, las cuales votaron mayoritariamente a favor de la propuesta de nombrar a Don Juan Carlos "sucesor a título de rey" [100]. El "caudillo" dejó claro ante los procuradores que aquel acto no suponía la restauración de la Monarquía anterior a 1931, aquella que tanto despreciaban por haber dado cobijo durante casi un siglo al "régimen parlamentario de democracia inorgánica basado en los partidos políticos", sino la instauración de otra "nacida del acto decisivo del 18 de Julio", que no admitía "ni pactos ni condiciones". Don Juan Carlos, convertido desde entonces en Príncipe de España, aceptó ser representante de esta Monarquía cooptada y afirmó, tras jurar la Ley de principios del Movimiento Nacional y las Leyes fundamentales, que recibía de Franco "la legitimidad política surgida el 18 de Julio de 1936" y que lucharía por mantener "las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición"[101].

VII. Una frustrada "Monarquía del 18 de Julio"

El sucesor recibió el apoyo decidido del vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y del grupo de tecnócratas cercanos al Opus Dei encabezado por Laureano López Rodó. Dentro de sus cálculos, Don Juan Carlos era la pieza útil que posibilitaría la puesta en práctica del proyecto político, largo tiempo teorizado, encarnado en la Monarquía tradicional. Alfredo Sánchez Bella resumiría las intenciones de este sector, que se centraban en "hacer realidad un Estado presidencialista coronado"[102]. En general, casi todo el "establishment" franquista prestó su soporte, o al menos su obediencia, a la solución dictada por Franco. Hubo, es cierto, algunos sectores radicales del Movimiento que se mostraron reticentes: "un hombre que siga pensando que España debe desenvolverse en un área política capitalista y que debe constituirse en sistema de gobierno monárquico", decía Diego Márquez Horrillo, presidente de los Círculos Doctrinales José Antonio, "no es falangista"[103]. A pesar de las maniobras de algunos de estos elementos por impulsar una solución "regencialista" o, incluso, de apoyar otras candidaturas a la Corona como la de Don Alfonso de Borbón Dampierre, Franco tenía completamente decidida su postura y nunca se mostraría dispuesto a reconsiderarla. Y ello a pesar de las sospechas que sobre las verdaderas intenciones del Príncipe comenzaron a circular en los ambientes cercanos al "caudillo". En una de las frecuentes cacerías que solía ofrecer Franco, el director del diario Arriba, Antonio Guerrero, llegó a afirmar ante los presentes que había un pacto secreto entre Don Juan Carlos y su padre para introducir la democracia[104]. El propio dictador no se llevaba a engaño en esta cuestión. Aunque creía haber dejado "atado y bien atado" su régimen y tenía la esperanza sincera de que las instituciones clave y las características fundamentales de su Estado le sobrevivirían, comprendía que a su muerte las cosas cambiarían en un sentido "inevitablemente democrático"[105]. De hecho, cuando el Príncipe le solicitaba alguna recomendación política, Franco normalmente se la negaba: "no me pidáis consejos que no habéis de poder seguir"[106].

A pesar de que tenía que mostrar sus opiniones con cautela si no quería poner en peligro su acceso al trono, Don Juan Carlos no creía en los juramentos que había formulado. A comienzos de 1973 escribió una carta a Torcuato Fernández-Miranda, por entonces secretario general del Movimiento, para confesarle que, a su juicio, "la Monarquía del 18 de Julio carece de sentido". "La Monarquía no puede ser azul, ni falangista, ni siquiera puede ser franquista. La Monarquía [...] no se puede concretar en las actuales instituciones excesivamente parciales. La Monarquía tiene que ser democrática. Es la única manera de que pueda ser aceptada por Europa y por el mundo y de que pueda subsistir"[107]. Aunque escasos, existían partidarios de esta Monarquía democrática. Dentro del Consejo Privado del conde de Barcelona, por ejemplo, tal opción estaba representada por José María Gil Robles, Joaquín Satrústegui y José María de Areilza[108]. La "frustración" personal de Don Juan por haber sido relegado en la sucesión y los enfrentamientos coyunturales con su hijo sobre cuestiones relacionadas con la jefatura dinástica, no deben hacernos perder de vista que la línea de pensamiento de Don Juan Carlos estaba clara y se vinculaba de forma inequívoca con la de su padre. Determinadas declaraciones del Príncipe estaban destinadas exclusivamente a satisfacer a un auditorio franquista: años después, siendo ya rey, comentaría que esta época la había dedicado a "hacerse el idiota" ante la clase política del régimen[109]. Aunque las apariencias no lo desvelaran en aquel momento, "entre padre e hijo existió siempre una especie de pacto de familia para cumplir un programa idéntico"[110].

El constitucionalista Carlos Ollero fue otro de los representantes de esta tendencia favorable a una Monarquía liberal y parlamentaria. A su juicio, la Monarquía podía tener un importante papel en sociedades, como la española, que se encontraban en una "situación intermedia" de desarrollo social. Su función consistiría en "evitar el monolitismo y la inflexibilidad en momentos de uniformidad política, y la de moderar, en las oscilaciones contrarias, la irrupción del pluralismo descontrolado y explosivo"[111]. Por su parte, Miguel Herrero de Miñón sostuvo que el monarca, amparado en el "principio monárquico" que a su entender perfilaban las Leyes fundamentales, podría desempeñar, a la muerte de Franco, la función de motor del cambio político hacia la democracia liberal, ya que la "Constitución" franquista podía ser reformada mediante el procedimiento previsto en el artículo 10 de la LOE., donde se preveía someter a referéndum los proyectos de ley trascendentales. Por tanto, a la hora de "recrear en España un Estado nacional como apremiante alternativa a una regresión sin límites", la mejor esperanza para el "nacionalismo español ilustrado, liberal y democrático" era la Corona, "representante de la nación por encima del caos de particularismos y con poderes suficientes para ponerla en movimiento"[112]. En esta misma línea, Rafael Arias-Salgado afirmaría que el objetivo político de la democracia podía conseguirse de un modo sencillo si el rey, "que tiene casi todas las posibilidades", nombraba un Gobierno liberalizador que impulsara la reforma de las Cortes y de la ley electoral, apelando al procedimiento de referéndum previsto en las Leyes fundamentales[113].

Jorge de Esteban defendía la posibilidad "de llevar a cabo, dentro del marco constitucional vigente, los ajustes jurídico-políticos necesarios para conseguir una liberalización real y no ficticia de la vida política española" cuando se cumplieran las "previsiones sucesorias", pero negaba que la figura del rey se hallara investida de la potestad suprema y plenaria de las Leyes Fundamentales. Consideraba, igualmente, que el principio monárquico de Herrero de Miñón retrotraía al absolutismo: "Llegar a una democratización a través de una interpretación absolutista de las Leyes fundamentales [...] supone una peligrosa aventura". Si se llegara a la situación ideal de un Ejecutivo dual, con un Gobierno que dirigiera la política y un jefe del Estado con poderes arbitrales, y, por otro lado, unas Cortes ante las que el Gobierno fuera responsable, podrían darse las bases para una transición democrática por esta vía. El desarrollo democratizador propuesto por De Esteban se haría a partir de una Monarquía arbitral en dos etapas: una primera "orleanista" (doble confianza) y una segunda "neoparlamentaria", en la que el rey quedaría al margen del proceso político, aunque sin merma de sus funciones de mediación. Como consecuencia del complicado juego de relaciones institucionales existente en virtud de los principios de unidad de poder y coordinación de funciones, el desarrollo político exigiría la colaboración del rey con la Cámara, de forma que el protagonismo directo de éste estaría en razón inversa a la fidelidad de las Cortes como representantes de la opinión pública[114].

Frente a quienes atribuían al futuro monarca capacidad para generar la transformación desde el autoritarismo a la democracia, se alzaba la voz de los tratadistas anclados en la inmutabilidad de las Leyes fundamentales. Así, José Zafra Valverde disentía de la interpretación del principio monárquico de Herrero de Miñón, negando que los poderes de los demás órganos del Estado fueran atributos emanados del rey, que solo era "un copartícipe de la soberanía gubernamental, junto con los demás órganos políticos del Estado". Además, reconocía al rey una capacidad "iluminadora" de toda la organización estatal "por la especial dignidad del jefe del Estado, en cuanto portador de la tradición y jefe Nacional del Movimiento"[115]: este intento de identificación entre Movimiento y Monarquía sería frecuente entre los continuistas tras la muerte de Franco[116]. En la misma línea, Rodrigo Fernández-Carvajal argumentaba que al poder omnímodo de Franco sucedería una "Monarquía limitada"; a la "dictadura constituyente" culminada en las Leyes fundamentales, la "Monarquía constituida", heredera del sistema político anterior. Desde esta perspectiva, el "mecanismo constitucional" franquista podría dejar las manos atadas al futuro rey: "Un Gobierno sostenido a ultranza por el Consejo del Reino [...] puede mantenerse en el poder a despecho de la voluntad del jefe del Estado, o al menos puede inducir a éste a una prudente rectificación"[117].

La oposición rupturista, básicamente socialistas y comunistas, afirmaban tajantemente que con la legislación franquista no se podía transigir y, mucho menos, con la Monarquía. En los medios afines a la oposición, la República aparecía como la única forma de Estado en que se hacía posible el reconocimiento de las libertades democráticas. "Cuando los continuistas proponen Juan Carlos", decía Santiago Carrillo ante una asamblea de emigrantes españoles en Francia, "nosotros respondemos ¡República! Porque la República es la democracia"[118]. Sin embargo, los dirigentes de la oposición eran conscientes de su propia debilidad a la hora de imponer estos puntos de vista y, progresivamente, comprendieron que la Monarquía podía ser un instrumento útil para superar la dictadura. José Luis López Aranguren aclararía esta postura pragmática admitiendo que "en la España post-franquista, cualquier otro régimen que no sea la Monarquía, parece que habría de estar amenazado por alteraciones [...] que proporcionarían al Ejército la ocasión de intervenir". Por tanto, la Monarquía aparecía como "la única manera de librar al país de un militarismo que, aun diciéndose provisional, estaría siempre dispuesto a adueñarse del poder, directamente o por persona interpuesta"[119]. Así pues, los sectores partidarios de un cambio de régimen mediante una ruptura radical con el pasado estuvieron en discreto pero permanente contacto con el futuro monarca, el cual deseaba su incorporación a la vida política del país en un futuro no muy lejano.

El proyecto de la "Monarquía del 18 de Julio" se desvaneció poco después de la muerte de Franco. La actuación de Don Juan Carlos, una vez proclamado rey, obedeció a la doble necesidad de contentar a dos públicos muy distintos: por un lado, los sectores de la sociedad española más favorables al cambio político, que solo aceptarían la institución monárquica en la medida en que ésta resultase compatible con la democracia; por otro, a los elementos, relativamente minoritarios pero influyentes, que se mostraban aprensivos y reacios ante cualquier modificación del statu quo, y que solo la tolerarían en tanto no cuestionase cierta continuidad del legado franquista[120]. El rey no fue, como preveía el franquismo, un mero gestor de la herencia recibida, sino que se convirtió en "motor del cambio" democrático[121]. Al tornarse en impulsor del cambio, no solo se atrajo a los monárquicos, sino incluso a los republicanos de siempre: el líder socialista Felipe González, por ejemplo, terminaría reconociendo que la existencia de la institución monárquica en España había sido "una garantía de tránsito pacífico hacia la democracia"[122]. Don Juan Carlos trabajó para eliminar las resistencias existentes en el seno del régimen y encauzó las presiones que surgían "desde abajo", incluidas las de quienes creían necesario derribarle para poder iniciar el proceso democratizador. La habilidad que mostró para sortear tanto el inmovilismo de los continuistas como la impaciencia de los rupturistas le convirtió en la figura clave de la transición, en la "bisagra" entre "el aparato del Estado y las auténticas aspiraciones de la sociedad civil"[123]. El propio Santiago Carrillo alabaría el "papel sumamente útil" del rey, quien a su juicio "tuvo la intuición y el coraje de obrar para devolver la soberanía al pueblo español en un momento en que éste carecía de fuerza para arrancarla"[124].

A lo largo del proceso de transición, se logró que la mayoría de los grupos políticos aceptaran la institución monárquica y su reconocimiento en la Constitución de 1978. En este sentido, no dejó de ser llamativo que la llamada "Monarquía del 18 de Julio" lograse atraerse el consensus de los demócratas pragmáticos. Alianza Popular, dirigida por Manuel Fraga, fue el partido que defendió con mayor convicción una Monarquía dotada de amplios poderes, recuperando el máximo de las atribuciones que le conferían las Leyes fundamentales. Para Fraga, la Monarquía era "una forma de Estado protectora del pueblo [...] de la justicia social [...] y representante suprema de la nación"[125]. El Partido Socialista Obrero Español, al menos en un principio, se pronunció por la República. Luis Gómez Llorente, su portavoz parlamentario, adujo ante el Congreso que esta forma de gobierno era "más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos": toda magistratura debía derivar del "mandato popular" y no "de la herencia"[126]. No primaron ni las tesis aliancistas ni las socialistas, sino los planteamientos de consenso del Gobierno de Adolfo Suárez y su Unión de Centro Democrático, que propugnaron una Monarquía parlamentaria, dotada de muy escasos poderes, inferiores a los de otras monarquías europeas, aunque manteniendo como residuo de la herencia franquista el mando supremo nominal sobre las Fuerzas Armadas. La Constitución modificó por completo el papel de la Jefatura del Estado, la cual perdió el "fondo de poder" incluido en las Leyes fundamentales y pasó a asumir un perfil de arbitraje y moderación entre las instituciones, con estricta sujeción a las leyes[127]. Don Juan Carlos se convirtió en un "magistrado para el estado de excepción", el único que gozaba de las características de "independencia, objetividad y permanencia en sus funciones", y principal vínculo existente en un Estado con fuerte diversidad territorial[128]. Convertido ya en protagonista esencial de la "conquista de la democracia"[129], la historiografía se encargaría en los años posteriores de revalorizar la figura de Juan Carlos I, tratando en ocasiones de proponer una "reinvención de la tradición monárquica" con raíces en el liberalismo decimonónico pero bajo el nuevo prisma de la legitimidad democrática[130].

Notas

[1]Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado (1949, reimp. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995), p. 360.

[2]Esposito, Carlo, Capo dello Stato, en Enciclopedia del Diritto (Milano, Giuffrè, 1960), VI, pp. 226-227.

[3]Hatschek, Julius, Das Parlamentsrecht des Deutschen Reiches (1915, reimp. Berlin, Walter de Gruyter, 1973), pp. 45-53.

[4]Duverger, Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional (Barcelona, Ariel, 1970), pp. 35-37.

[5]Lapierre, Jean-William, Le pouvoir politique (Paris, Presses universitaires de France, 1969), pp. 23-24.

[6]Jouvenel, Bertrand de, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento (Madrid, Editora Nacional, 1974), p. 41.

[7]Burdeau, Georges, Traité de science politique (Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1949), I, p. 252.

[8]Jouvenel, Bertrand de, La soberanía (Madrid, Rialp, 1957), p. 79.

[9]Ferrando Badía, Juan, El régimen de Franco. Un enfoque político-jurídico (Madrid, Tecnos, 1984), p. 292.

[10]Carter, Gwendolen M. - Hertz, John H., Government and Politics in the Twentieth Century (1961, reimp. New York, Praeger, 1973), pp. 39-40.

[11]Mammucari, Giovanni, Il caudillo di Spagna e la sua successione (Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1955), p. 34.

[12]d'Ors, Álvaro, Cicerón, sobre el estado de excepción, en Cuadernos de la Fundación Pastor, 3 (1961), pp. 11-31.

[13]Castán Tobeñas, José, Los principios jurídicos del régimen español (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958), p. 18.

[14]Fernández-Carvajal, Rodrigo, La Constitución Española (Madrid, Editora Nacional, 1969), pp. 85-87.

[15]Lynch, John, Caudillos in Spanish America, 1800-1850 (Oxford, Clarendon Press, 1992), pp. 49-60.

[16]Moscoso Perea, Carlos, El populismo en América Latina (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990), pp. 55-57.

[17]Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva (1922, reimp. México, Fondo de Cultura Económica, 1964), II, pp. 711-716.

[18]Álvarez Junco, José, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista (Madrid, Alianza, 1990),         [ Links ] p. 432.

[19]García Santos, Juan Felipe, Léxico y política en la Segunda República (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980), pp. 101-102.

[20]Vidarte, Juan-Simeón, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933 (Barcelona, Grijalbo, 1976), p. 56.

[21]Primo de Rivera, José Antonio, Textos de doctrina política (Madrid, Delegación Nacional de la Sección Femenina del Movimiento, 1971), p. 50.

[22]Prieto, Indalecio, Discursos fundamentales (Madrid, Turner, 1975), p. 257.

[23]Febo, Giuliana di, La Cruzada y la politización de lo sagrado. Un caudillo providencial, en Tusell, Javier - Gentile, Emilio - Febo, Giuliana di - Sueiro, Susana (ed.), Fascismo y franquismo cara a cara. Una perspectiva histórica (Madrid, Biblioteca Nueva, 2004), pp. 83-97.

[24]Preston, Paul, La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX (Barcelona, Península, 1997), pp. 13-14.

[25]Reig Tapia, Alberto, Franco "caudillo": Mito y realidad (Madrid, Tecnos, 1975), p. 78

[26]Mainer, José-Carlos, La construcción de Franco: primeros años, en Archivos de la Filmoteca del Instituto Valenciano de Filmografía, 42 (2002), p. 39.

[27]Giménez Caballero, Ernesto, España y Franco (Cegama, Ediciones Los Combatientes, 1938), p. 13.

[28]Langa Nuño, Concha, De cómo se improvisó el franquismo durante la Guerra Civil. La aportación del ABC de Sevilla, (Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007), pp. 97-98.

[29]BOE. [= Boletín Oficial del Estado], 343 (27 de septiembre de 1937), pp. 3.570-3.571.

[30]Las fiestas de la Victoria, en ABC (21 de mayo de 1939), pp. 7-8.

[31]BOE., 291 (7 de agosto de 1937), p. 2.742.

[32]Franco Bahamonde, Francisco, Mensaje del caudillo a los españoles. Discurso pronunciado por Su Excelencia el jefe del Estado la noche del 31 de diciembre de 1939, año de la Victoria (Madrid, Rivadeneyra, 1939), p. 314.

[33]Pemartín Sanjuán, José, Qué es "lo nuevo". Consideraciones sobre el momento español presente (Sevilla, Cultura Española, 1937), pp. 89-90, 112-113, 414-415.

[34]Legaz Lacambra, Luis, Introducción a la teoría del Estado nacionalsindicalista (Barcelona, Bosch, 1940), pp. 177-178, 188-189.

[35]Beneyto Pérez, Juan, El nuevo Estado español. El régimen nacionalsindicalista ante la tradición y los sistemas totalitarios (Madrid-Cádiz, Biblioteca Nueva, 1939), pp. 144-145.

[36]Beneyto Pérez, Juan - Costa, José María, El partido. Estructura e historia del derecho público totalitario, con especial referencia al régimen español (Zaragoza, Imprenta del Heraldo de Aragón, 1939), pp. 148-157.

[37]Saz, Ismael, España contra España. Los nacionalismos franquistas (Madrid, Marcial Pons, 2003), p. 309.

[38]Conde, Francisco Javier, Escritos y fragmentos políticos (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974), I, pp. 380-391.

[39]Conde, Francisco Javier, Representación política y régimen español (Madrid, Ediciones de la Subsecretaría de Educación Popular, 1945), pp. 43, 89-95, 125-142.

[40]Fernández-Miranda, Torcuato, El hombre y la sociedad (Madrid, Doncel, 1960), pp. 10-12.

[41]Fueyo Álvarez, Jesús, El principio de autoridad en la crisis de la sociedad contemporánea, en Revista de Estudios Políticos, 115 (1961), pp. 55-58.

[42]Ramírez, Manuel, España 1939-1975. Régimen político e ideología (Barcelona, Labor, 1978), pp. 39-40.

[43]Vid., por ejemplo, Izaga, Luis, Elementos de Derecho Político (Barcelona, Bosch, 1952), II, p. 226; y Álvarez-Gendín, Sabino, Manual de Derecho Administrativo (Barcelona, Bosch, 1954),         [ Links ] p. 41.

[44]Ferrando Badía, Juan, Democracia frente a autocracia. Los tres grandes sistemas políticos: el democrático, el social-marxista y el autoritario (Madrid, Tecnos, 1980), p. 323.

[45]LC., arts. 16 y 17.

[46]Ley de sucesión en la Jefatura del Estado, art. 10, II.

[47]LOE., disposición transitoria 1ª, II.

[48]Ollero, Carlos, Jefatura de Estado, Jefatura de Gobierno y Ley Orgánica, en Madrid (3 de marzo de 1968), p. 5.

[49]BOE., 138 (9 de junio de 1973), p. 11.686.

[50]LOE., disposición transitoria 1ª, III.

[51]Galinsoga, Luis de - Franco Salgado-Araujo, Francisco, Centinela de Occidente. Semblanza biográfica de Francisco Franco (Barcelona, Ahr, 1956), pp. 11-13.

[52]Sánchez Biosca, Vicente, ¡Qué descansada vida! La imagen de Franco, entre el ocio y la intimidad, en Archivos de la Filmoteca del Instituto Valenciano de Filmografía, 42 (2002), pp. 140-161.

[53]Leenknegt, Pieter, El Franco ecuestre de Capuz. Una estatua, tres destinos, en Archivos de la Filmoteca del Instituto Valenciano de Filmografía, 43 (2003), pp. 12-29.

[54]Marín Pérez, Pascual, El caudillaje español: ensayo de construcción histórico-jurídica (Madrid, Ediciones Europa, 1960), pp. 56-63.

[55]Moradiellos, Enrique, Francisco Franco. Crónica de un caudillo casi olvidado (Madrid, Biblioteca Nueva, 2002), p. 121.

[56]García Mercadal, José, Ideario del Generalísimo (Zaragoza, La Academia, 1937), pp. 30-31.

[57]Palacios, Jesús, La España totalitaria. Las raíces del franquismo: 1933-1946 (Madrid, Planeta, 1999), p. 103.

[58]BOE., 182 (20 de abril de 1937), p. 1.034.

[59]Ledesma Ramos, Ramiro, La proclamación de la República, en La Conquista del Estado, 6 (18 de abril de 1931), p. 1.

[60]Ledesma Ramos, Ramiro, La voluntad de España, en JONS, 3 (3 de agosto de 1933), p. 5.

[61]Redondo, Onésimo, Obras Completas (Madrid, Dirección General de Información, 1955), II, pp. 43-46.

[62]Giménez Caballero, Ernesto, La nueva catolicidad, teoría general sobre el fascismo en Europa: en España (Madrid, La Gaceta Literaria, 1933), pp. 109-110.

[63]Primo de Rivera, José Antonio, Escritos y discursos. Obras completas (1922-1936) (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976), II, pp. 683 y 684.

[64]González Cuevas, Pedro Carlos, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936) (Madrid, Tecnos, 1998), p. 370.

[65]Maeztu, Ramiro de, Liquidación de la Monarquía parlamentaria (Madrid, Editora Nacional, 1957), p. 355.

[66]Pemán, José María, Cartas a un escéptico en materia de formas de gobierno (Burgos, Cultura Española, 1937), p. 77.

[67]Aunós, Eduardo, El concepto de monarquía y su evolución histórica, en Acción española, 88 (enero de 1936), p. 417.

[68]Pradera Larumbe, Víctor, Obras Completas (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945), I, p. 124.

[69]Escalante, Gumersindo de, Los católicos y la República, en Acción Española, 46 (febrero de 1934), pp. 953-961.

[70]Montes, Eugenio, Discurso a la catolicidad española, en Acción Española, 50 (abril de 1934), p. 133.

[71]Eliseda, Francisco Moreno y Herrera, marqués de la, Fascismo, catolicismo, monarquía (San Sebastián, Cultura Española, 1935), pp. 203-207.

[72]Areilza, José María de, Lo esencial y lo episódico, en Revista de Estudios Políticos, 11 (1943), pp. 58-60.

[73]Lira, Osvaldo, La monarquía de Quevedo, en Revista de Estudios Políticos, 27-28 (1946), p. 6.

[74]Corts Grau, José, Sentido español de la democracia, en Revista de Estudios Políticos, 25-26 (1946), pp. 30-34.

[75]González Oliveros, Wenceslao, Falange y Requeté, orgánicamente solidarios (Valladolid, Imprenta de Francisco G. Vicente, 1937), p. 17.

[76]Pemartín Sanjuán, José, cit. (n. 32), p. 95.

[77]Sáinz Rodríguez, Pedro, Un reinado en la sombra (Barcelona, Planeta, 1981), p. 361.

[78]Gil Robles, José María, La monarquía por la que yo luché. Páginas de un Diario (1941-1954) (Madrid, Taurus, 1976), pp. 166-168.

[79]Tamames, Ramón, España 1931-1975. Una antología histórica (Barcelona, Planeta, 1980), p. 320.

[80]BOE., 208 (27 de julio de 1947), pp. 4.238-4.239.

[81]Borbón, Juan de, Declaraciones políticas de Su Majestad el Rey (Madrid, Consejo Privado del Conde de Barcelona, 1964), pp. 10-15.

[82]Calvo Serer, Rafael, España sin problema (Madrid, Rialp, 1949), p. 147.

[83]Gambra Ciudad, Rafael, La Monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional (Madrid, Rialp, 1954); Elías de Tejada, Francisco, La Monarquía Tradicional (Madrid, Rialp, 1954).

[84]García-Pelayo, Manuel, La teoría de la sociedad en Lorenz Von Stein, en Revista de Estudios Políticos, 47 (1949), pp. 43-90.

[85]Von Stein, Lorenz, Movimientos sociales y monarquía (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957).

[86]López-Amo, Ángel, Poder político y libertad. La Monarquía de la reforma social (Madrid, Rialp, 1951), p. 100; Fernández de la Mora, Gonzalo, La Monarquía del futuro (Madrid, Amigos de Maeztu, 1960), pp. 33-34.

[87]López Rodó, Laureano, La larga marcha hacia la monarquía (Barcelona, Noguer, 1977), p. 142.

[88]Biscaretti di Ruffia, Paolo, Monarchia (Dalla costituzione delle monarchie moderne ad oggi), en Novissimo Digesto Italiano (Torino, Utet, 1963), X, p. 847.

[89]LOE., art. 8, II.

[90]LOE., art. 8, III.

[91]LOE., art. 2, I.

[92]LOE., art. 2, II.

[93]Fernández-Carvajal, Rodrigo, cit. (n. 14), p. 53.

[94]Palacio Atard, Vicente, Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia (Madrid, Real Academia de la Historia-Espasa Calpe, 1988), pp. 26-35.

[95]Soto Carmona, Álvaro, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo (Madrid, Biblioteca Nueva, 2005), p. 136.

[96]Fernández-Miranda, Torcuato, El Príncipe de España como garantía constitucional, en Arriba (21 de noviembre de 1966), p. 4.

[97]Ferrando Badía, Juan, Teoría de la instauración monárquica en España (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975), pp. 77-86.

[98]Preston, Paul, Juan Carlos. El rey de un pueblo (Barcelona, Plaza & Janés, 2003), p. 60.

[99]BOE., 167 (12 de julio de 1968), pp. 10.153-10.156.

[100]Sobre los pormenores de esta sesión de las Cortes, vid. Giménez Martínez, Miguel Ángel, Las Cortes Españolas en el régimen de Franco. Nacimiento, desarrollo y extinción de una Cámara Orgánica (Madrid, Congreso de los Diputados, 2012), p. 261.

[101]Boletín Oficial de las Cortes Españolas, 1.061 (22-23 de julio de 1969), pp. 25.888-25.891, 25.904-25.905.

[102]Hispán Iglesias de Ussel, Pablo, La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, conflictos y luchas por el poder (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006), p. 580.

[103]Ferrando Badía, Juan, La Monarquía parlamentaria actual española, en Revista de Estudios Políticos, 13 (1980), p. 19.

[104]Gil, Vicente, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, Planeta, 1981), pp. 47-48.

[105]Payne, Stanley G., Franco. El perfil de la historia (Madrid, Espasa, 1992), p. 250.

[106]Vilallonga, José Luis de, El Rey. Conversaciones con Don Juan Carlos I de España (Barcelona, Plaza & Janés, 1993), p. 151.

[107]Fernández-Miranda Lozana, Pilar - Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso, Lo que el Rey me ha pedido. Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política (Barcelona, Plaza & Janés, 1995), pp. 56-57.

[108]Vilar, Sergio, La oposición a la dictadura. Protagonistas de la España democrática (París, Librería Española, 1968), p. 320.

[109]Vilallonga, José Luis, cit. (n. 103), pp. 154-155.

[110]Tusell, Javier, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004 (Barcelona, Crítica, 2005), p. 84.

[111]Ollero, Carlos, Dinámica social, desarrollo económico y forma política. La Monarquía siglo XX (Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1966), pp. 56-59.

[112]Herrero de Miñón, Miguel, El principio monárquico. Un estudio sobre la soberanía del rey en las Leyes Fundamentales (Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972), p. 122.

[113]Arias-Salgado, Rafael, Polémica sobre la interpretación de las Leyes Fundamentales: dimensión política y dimensión jurídico-técnica, en Sistema, 5 (1974), pp. 93-101.

[114]Esteban, Jorge de y otros, Desarrollo político y Constitución española (Barcelona, Ariel, 1973), pp. 512-549.

[115]Zafra Valverde, José, Régimen político de España (Pamplona, Eunsa, 1973), pp. 198-199, 210-211.

[116]Así, por ejemplo, Martínez Emperador, José, La Monarquía y el Movimiento, en España, su monarquía y el cambio social (Madrid, Fomento de Ediciones, 1976), pp. 125-157.

[117]Fernández-Carvajal, Rodrigo, cit. (n. 14), p. 53.

[118]Carillo, Santiago, Libertad y socialismo (París, Ediciones Sociales, 1971), p. 131.

[119]López Aranguren, José Luis, La cruz de la Monarquía española actual (Madrid, Taurus, 1974), p. 12.

[120]Podolny, Joel, The role of Juan Carlos I in the consolidation of the parliamentary monarchy, en Gunther, Richard (ed.), Politics, Society and Democracy. The case of Spain (Boulder, Westview, 1993), pp. 88-112.

[121]Areilza, José María de, Diario de un ministro de la Monarquía (Barcelona, Planeta, 1977),         [ Links ] p. 150.

[122]Guerra, Antonio, Felipe González. Notas para una biografía (Barcelona, Galba Edicions, 1978), p. 119.

[123]Powell, Charles, El piloto del cambio (Barcelona, Planeta, 1991), p. 20.

[124]Carrillo, Santiago, Mi testamento político (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012), p. 503.

[125]Fraga, Manuel, Los Nuevos Diálogos (Barcelona, Planeta, 1977), pp. 60-61.

[126]Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 60 (8 de mayo de 1978), p. 2.069.

[127]García Canales, Mariano, La monarquía parlamentaria española (Madrid, Tecnos, 1991), pp. 13-17.

[128]Herrero de Miñón, Miguel, Regionalismo y Monarquía (Madrid, Fomento Editorial, 1977), p. 15.

[129]Tusell, Javier, Juan Carlos I: la restauración de la monarquía (Madrid, Temas de Hoy, 1995), p. 193.

[130]González Cuevas, Pedro Carlos, "El retorno de la tradición liberal-conservadora (El discurso histórico-político de la nueva derecha española)", en Ucelay-Da Cal, Enric (ed.), La Historia en el 95. Revista Ayer, 22 (1996), pp. 71-88.

Bibliografía

Álvarez Junco, José, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista (Madrid, Alianza, 1990).

Álvarez-Gendín, Sabino, Manual de Derecho Administrativo (Barcelona, Bosch, 1954).

Areilza, José María de, Diario de un ministro de la Monarquía (Barcelona, Planeta, 1977).

Areilza, José María de, Lo esencial y lo episódico, en Revista de Estudios Políticos, 11 (1943), pp. 55-68.         [ Links ]

Arias-Salgado, Rafael, Polémica sobre la interpretación de las Leyes Fundamentales: dimensión política y dimensión jurídico-técnica, en Sistema, 5 (1974), pp. 93-101.         [ Links ]

Aunós, Eduardo, El concepto de monarquía y su evolución histórica, en Acción española, 88 (enero de 1936), pp. 417-450.         [ Links ]

Beneyto Pérez, Juan - Costa, José María, El partido. Estructura e historia del derecho público totalitario, con especial referencia al régimen español (Zaragoza, Imprenta del Heraldo de Aragón, 1939).         [ Links ]

Beneyto Pérez, Juan, El nuevo Estado español. El régimen Nacionalsindicalista ante la tradición y los sistemas totalitarios (Madrid-Cádiz, Biblioteca Nueva, 1939).         [ Links ]

Biscaretti di Ruffia, Paolo, Monarchia (Dalla costituzione delle monarchie moderne ad oggi), en Novissimo Digesto Italiano (Torino, Utet, 1963), X, pp. 847-860.         [ Links ]

Borbón, Juan de, Declaraciones políticas de Su Majestad el Rey (Madrid, Consejo Privado del Conde de Barcelona, 1964).         [ Links ]

Burdeau, Georges, Traité de science politique (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1949), I.         [ Links ]

Calvo Serer, Rafael, España sin problema (Madrid, Rialp, 1949).         [ Links ]

Carillo, Santiago, Libertad y socialismo (París, Ediciones Sociales, 1971).         [ Links ]

Carrillo, Santiago, Mi testamento político (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012).         [ Links ]

Carter, Gwendolen M. - Hertz, John H., Government and Politics in the Twentieth Century (1961, reimp. New York, Praeger, 1973).         [ Links ]

Castán Tobeñas, José, Los principios jurídicos del régimen español (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958).         [ Links ]

Conde, Francisco Javier, Escritos y fragmentos políticos (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974), I.         [ Links ]

Conde, Francisco Javier, Representación política y régimen español (Madrid, Ediciones de la Subsecretaría de Educación Popular, 1945).         [ Links ]

Corts Grau, José, Sentido español de la democracia, en Revista de Estudios Políticos, 25-26 (1946), pp. 1-41.         [ Links ]

d'Ors, Álvaro, Cicerón, sobre el estado de excepción, en Cuadernos de la Fundación Pastor, 3 (1961), pp. 11-31.         [ Links ]

Duverger, Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional (Barcelona, Ariel, 1970).         [ Links ]

Elías de Tejada, Francisco, La Monarquía Tradicional (Madrid, Rialp, 1954).         [ Links ]

Eliseda, Francisco Moreno y Herrera, marqués de la, Fascismo, catolicismo, monarquía (San Sebastián, Cultura Española, 1935).         [ Links ]

Escalante, Gumersindo de, Los católicos y la República, en Acción Española, 46 (febrero de 1934), pp. 953-961.         [ Links ]

Esposito, Carlo, Capo dello Stato, en Enciclopedia del Diritto (Milano, Giuffrè, 1960), VI, pp. 224-246.         [ Links ]

Esteban, Jorge de y otros, Desarrollo político y Constitución española (Barcelona, Ariel, 1973).         [ Links ]

Febo, Giuliana di, La Cruzada y la politización de lo sagrado. Un caudillo providencial, en Tusell, Javier - Gentile, Emilio - Febo, Giuliana di - Sueiro, Susana (ed.), Fascismo y franquismo cara a cara. Una perspectiva histórica (Madrid, Biblioteca Nueva, 2004), pp. 83-97.         [ Links ]

Fernández de la Mora, Gonzalo, La Monarquía del futuro (Madrid, Amigos de Maeztu, 1960).         [ Links ]

Fernández-Carvajal, Rodrigo, La Constitución Española (Madrid, Editora Nacional, 1969).         [ Links ]

Fernández-Miranda Lozana, Pilar - Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso, Lo que el Rey me ha pedido. Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política (Barcelona, Plaza & Janés, 1995).         [ Links ]

Fernández-Miranda, Torcuato, El hombre y la sociedad (Madrid, Doncel, 1960).         [ Links ]

Fernández-Miranda, Torcuato, El Príncipe de España como garantía constitucional, en Arriba (21 de noviembre de 1966), pp. 4-5.         [ Links ]

Ferrando Badía, Juan, Democracia frente a autocracia. Los tres grandes sistemas políticos: el democrático, el social-marxista y el autoritario (Madrid, Tecnos, 1980).         [ Links ]

Ferrando Badía, Juan, El régimen de Franco. Un enfoque político-jurídico (Madrid, Tecnos, 1984).         [ Links ]

Ferrando Badía, Juan, La Monarquía parlamentaria actual española, en Revista de Estudios Políticos, 13 (1980), pp. 7-44.         [ Links ]

Ferrando Badía, Juan, Teoría de la instauración monárquica en España (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975).         [ Links ]

Fraga, Manuel, Los Nuevos Diálogos (Barcelona, Planeta, 1977).         [ Links ]

Franco Bahamonde, Francisco, Mensaje del caudillo a los españoles. Discurso pronunciado por Su Excelencia el jefe del Estado la noche del 31 de diciembre de 1939, año de la Victoria (Madrid, Rivadeneyra, 1939).         [ Links ]

Fueyo Álvarez, Jesús, El principio de autoridad en la crisis de la sociedad contemporánea, en Revista de Estudios Políticos, 115 (1961), pp. 43-64.         [ Links ]

Galinsoga, Luis de - Franco Salgado-Araujo, Francisco, Centinela de Occidente. Semblanza biográfica de Francisco Franco (Barcelona, Ahr, 1956).         [ Links ]

Gambra Ciudad, Rafael, La Monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional (Madrid, Rialp, 1954).         [ Links ]

García Canales, Mariano, La monarquía parlamentaria española (Madrid, Tecnos, 1991).         [ Links ]

García Mercadal, José, Ideario del Generalísimo (Zaragoza, La Academia, 1937).         [ Links ]

García Santos, Juan Felipe, Léxico y política en la Segunda República (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980).         [ Links ]

García-Pelayo, Manuel, La teoría de la sociedad en Lorenz Von Stein, en Revista de Estudios Políticos, 47 (1949), pp. 43-90.         [ Links ]

Gil Robles, José María, La monarquía por la que yo luché. Páginas de un Diario (1941-1954) (Madrid, Taurus, 1976).         [ Links ]

Gil, Vicente, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, Planeta, 1981).         [ Links ]

Giménez Caballero, Ernesto, España y Franco (Cegama, Ediciones Los Combatientes, 1938).         [ Links ]

Giménez Caballero, Ernesto, La nueva catolicidad, teoría general sobre el fascismo en Europa: en España (Madrid, La Gaceta Literaria, 1933).         [ Links ]

Giménez Martínez, Miguel Ángel, Las Cortes Españolas en el régimen de Franco. Nacimiento, desarrollo y extinción de una Cámara Orgánica (Madrid, Congreso de los Diputados, 2012).         [ Links ]

González Cuevas, Pedro Carlos, "El retorno de la tradición liberal-conservadora (El discurso histórico-político de la nueva derecha española)", en Ucelay-Da Cal, Enric (ed.), La Historia en el 95. Revista Ayer, 22 (1996), pp. 71-88.         [ Links ]

González Cuevas, Pedro Carlos, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936) (Madrid, Tecnos, 1998).         [ Links ]

González Oliveros, Wenceslao, Falange y Requeté, orgánicamente solidarios (Valladolid, Imprenta de Francisco G. Vicente, 1937).         [ Links ]

Guerra, Antonio, Felipe González. Notas para una biografía (Barcelona, Galba Edicions, 1978).         [ Links ]

Hatschek, Julius, Das Parlamentsrecht des Deutschen Reiches (1915, reimp. Berlin, Walter de Gruyter, 1973).         [ Links ]

Herrero de Miñón, Miguel, El principio monárquico. Un estudio sobre la soberanía del rey en las Leyes Fundamentales (Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972).         [ Links ]

Herrero de Miñón, Miguel, Regionalismo y Monarquía (Madrid, Fomento Editorial, 1977).         [ Links ]

Hispán Iglesias de Ussel, Pablo, La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, conflictos y luchas por el poder (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006).         [ Links ]

Izaga, Luis, Elementos de Derecho Político (Barcelona, Bosch, 1952), II.         [ Links ]

Jouvenel, Bertrand de, La soberanía (Madrid, Rialp, 1957).         [ Links ]

Jouvenel, Bertrand de, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento (Madrid, Editora Nacional, 1974).         [ Links ]

Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado (1949, reimp. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995).         [ Links ]

Langa Nuño, Concha, De cómo se improvisó el franquismo durante la Guerra Civil. La aportación del ABC de Sevilla, (Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007).         [ Links ]

Lapierre, Jean-William, Le pouvoir politique (Paris, Presses universitaires de France, 1969).         [ Links ]

Las fiestas de la Victoria, en ABC (21 de mayo de 1939), pp. 7-8.         [ Links ]

Ledesma Ramos, Ramiro, La proclamación de la República, en La Conquista del Estado, 6 (18 de abril de 1931), p. 1.         [ Links ]

Ledesma Ramos, Ramiro, La voluntad de España, en JONS, 3 (3 de agosto de 1933), p. 5.         [ Links ]

Leenknegt, Pieter, El Franco ecuestre de Capuz. Una estatua, tres destinos, en Archivos de la Filmoteca del Instituto Valenciano de Filmografía, 43 (2003), pp. 12-29.         [ Links ]

Legaz Lacambra, Luis, Introducción a la teoría del Estado Nacionalsindicalista (Barcelona, Bosch, 1940).         [ Links ]

Lira, Osvaldo, La monarquía de Quevedo, en Revista de Estudios Políticos, 27-28 (1946), pp. 1-46.         [ Links ]

López Aranguren, José Luis, La cruz de la Monarquía española actual (Madrid, Taurus, 1974).         [ Links ]

López Rodó, Laureano, La larga marcha hacia la monarquía (Barcelona, Noguer, 1977).         [ Links ]

López-Amo, Ángel, Poder político y libertad. La Monarquía de la reforma social (Madrid, Rialp, 1951).         [ Links ]

Lynch, John, caudillos in Spanish America, 1800-1850 (Oxford, Clarendon Press, 1992).         [ Links ]

Maeztu, Ramiro de, Liquidación de la Monarquía parlamentaria (Madrid, Editora Nacional, 1957).         [ Links ]

Mainer, José-Carlos, La construcción de Franco: primeros años, en Archivos de la Filmoteca del Instituto Valenciano de Filmografía, 42 (2002), pp. 27-45.         [ Links ]

Mammucari, Giovanni, Il caudillo di Spagna e la sua successione (Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1955).         [ Links ]

Marín Pérez, Pascual, El caudillaje español: ensayo de construcción histórico-jurídica (Madrid, Ediciones Europa, 1960).         [ Links ]

Martínez Emperador, José, La Monarquía y el Movimiento, en España, su monarquía y el cambio social (Madrid, Fomento de Ediciones, 1976), pp. 125-157.         [ Links ]

Montes, Eugenio, Discurso a la catolicidad española, en Acción Española, 50 (abril de 1934), p. 133-156.         [ Links ]

Moradiellos, Enrique, Francisco Franco. Crónica de un caudillo casi olvidado (Madrid, Biblioteca Nueva, 2002).         [ Links ]

Moscoso Perea, Carlos, El populismo en América Latina (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990).         [ Links ]

Ollero, Carlos, Dinámica social, desarrollo económico y forma política. La Monarquía siglo XX (Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1966).         [ Links ]

Ollero, Carlos, Jefatura de Estado, Jefatura de Gobierno y Ley Orgánica, en Madrid (3 de marzo de 1968), p. 5.         [ Links ]

Palacio Atard, Vicente, Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia (Madrid, Real Academia de la Historia-Espasa Calpe, 1988).         [ Links ]

Palacios, Jesús, La España totalitaria. Las raíces del franquismo: 1933-1946 (Madrid, Planeta, 1999).         [ Links ]

Payne, Stanley G., Franco. El perfil de la historia (Madrid, Espasa, 1992).         [ Links ]

Pemán, José María, Cartas a un escéptico en materia de formas de gobierno (Burgos, Cultura Española, 1937).         [ Links ]

Pemartín Sanjuán, José, Qué es "lo nuevo". Consideraciones sobre el momento español presente (Sevilla, Cultura Española, 1937).         [ Links ]

Podolny, Joel, The role of Juan Carlos I in the consolidation of the parliamentary monarchy, en Gunther, Richard (ed.), Politics, Society and Democracy. The case of Spain (Boulder, Westview, 1993), pp. 88-112.         [ Links ]

Powell, Charles, El piloto del cambio (Barcelona, Planeta, 1991).         [ Links ]

Pradera Larumbe, Víctor, Obras Completas (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945), I.         [ Links ]

Preston, Paul, Juan Carlos. El rey de un pueblo (Barcelona, Plaza & Janés, 2003).         [ Links ]

Preston, Paul, La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX (Barcelona, Península, 1997).         [ Links ]

Prieto, Indalecio, Discursos fundamentales (Madrid, Turner, 1975).         [ Links ]

Primo de Rivera, José Antonio, Escritos y discursos. Obras completas (1922-1936) (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976), II.         [ Links ]

Primo de Rivera, José Antonio, Textos de doctrina política (Madrid, Delegación Nacional de la Sección Femenina del Movimiento, 1971).         [ Links ]

Ramírez, Manuel, España 1939-1975. Régimen político e ideología (Barcelona, Labor, 1978).         [ Links ]

Redondo, Onésimo, Obras Completas (Madrid, Dirección General de Información, 1955), II.         [ Links ]

Reig Tapia, Alberto, Franco "caudillo": Mito y realidad (Madrid, Tecnos, 1975).         [ Links ]

Sáinz Rodríguez, Pedro, Un reinado en la sombra (Barcelona, Planeta, 1981).         [ Links ]

Sánchez Biosca, Vicente, ¡Qué descansada vida! La imagen de Franco, entre el ocio y la intimidad, en Archivos de la Filmoteca del Instituto Valenciano de Filmografía, 42 (2002), pp. 140-161.         [ Links ]

Saz, Ismael, España contra España. Los nacionalismos franquistas (Madrid, Marcial Pons, 2003).         [ Links ]

Soto Carmona, Álvaro, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo (Madrid, Biblioteca Nueva, 2005).         [ Links ]

Tamames, Ramón, España 1931-1975. Una antología histórica (Barcelona, Planeta, 1980).         [ Links ]

Tusell, Javier, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004 (Barcelona, Crítica, 2005).         [ Links ]

Tusell, Javier, Juan Carlos I: la restauración de la monarquía (Madrid, Temas de Hoy, 1995).         [ Links ]

Vidarte, Juan-Simeón, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933 (Barcelona, Grijalbo, 1976).         [ Links ]

Vilallonga, José Luis de, El Rey. Conversaciones con Don Juan Carlos I de España (Barcelona, Plaza & Janés, 1993).         [ Links ]

Vilar, Sergio, La oposición a la dictadura. Protagonistas de la España democrática (París, Librería Española, 1968).         [ Links ]

Von Stein, Lorenz, Movimientos sociales y monarquía (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957).         [ Links ]

Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva (1922, reimp. México, Fondo de Cultura Económica, 1964), II.         [ Links ]

Zafra Valverde, José, Régimen político de España (Pamplona, Eunsa, 1973).         [ Links ]


Correspondencia: Doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Dirección postal, Alcalde Martínez de la Ossa, núm. 2, 02001 Albacete, España. Correo electrónico, miguelangelgimenezmartinez@gmail.com

Recibido el 5 de octubre de 2013 y aceptado 26 de julio de 2014

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons