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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.37 Valparaíso oct. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552015000100020 

MATERIALES

Informe de don Arturo Alessandri Rodríguez acerca de la personalidad jurídica del arzobispado de Santiago después de la separación entre el Estado y la Iglesia operada por la Constitución Política de 1925. Introducción, texto y notas

 

Mr. Arturo Alessandry Rodriguez’ Report on the Legal Entity Status of Archdiocese of Santiago after the Separation between Church and State by the 1925 Political Constitution. Introduction, Text and Notes

 

Carlos Salinas Araneda

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile*


RESUMEN

Se reproduce un informe emitido por Arturo Alessandri Rodríguez, el 17 de junio de 1930, en que responde a la pregunta ¿El arzobispado de Santiago es actualmente persona jurídica de derecho público? Este informe fue conocido privadamente en su época y de él hizo uso algún autor, pero no se publicó. El ejemplar que se transcribe es una copia que se encuentra actualmente en el Archivo Secreto Vaticano, entre los papeles del nuncio apostólico Ettore Felici, quien era nuncio apostólico en Chile en la fecha en que se escribió

Palabras clave: Personalidad jurídica – Arzobispado de Santiago – Arturo Alessandri Rodríguez – nuncio Ettore Felici – Separación Iglesia-Estado


ABSTRACT

In this work, a report written by Arturo Alessandri Rodríguez, on 17 June 1930, where he attempts to answer the question “Is, at present, the Archdiocese of Santiago a legal entity of public law?” is reproduced. By that time, this report was private and unpublished, and one or another author may have used it. The copy transcribed herein is currently held at the Vatican Secret Archive, together with the papers of Ettore Felici, Apostolic Nuncio to Chile at the time it was written.

Keywords: Legal entity – Archdiocese of Santiago – Arturo Alessandri Rodríguez – Ettore Felici Nuncio – Separation Church-State.


 

I. Introducción

1. El 2 de enero de 1928 presentó sus credenciales ante el presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, como nuncio del papa Pío XI ante el gobierno de Chile, Ettore Felici, quien, entre las instrucciones que se le habían dado en Roma, traía el encargo de gestionar la celebración de un concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Chile. En la nueva Constitución dicha posibilidad estaba expresamente considerada en su artículo 72, que, entre las atribuciones especiales del presidente de la República, incluía la de “mantener las relaciones políticas con las potencias extranjeras, recibir sus agentes, admitir sus cónsules, conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, concluir y firmar todos los tratados de paz, de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos y otras convenciones” (art. 72 Nº 16 i.p.). El nuncio se entregó de inmediato a su tarea producto de la cual fueron tres proyectos de concordato, dos de ellos originados en el gobierno1 y un tercero elaborado por el mismo nuncio, como alternativa al segundo de los presentados por las autoridades chilenas2.

El contraproyecto del nuncio tuvo su origen al advertir en las autoridades del gobierno de Chile una actitud que se podría calificar de inadecuación a la nueva realidad que presentaban las relaciones Iglesia-Estado, pues del articulado de los proyectos chilenos emergía un afán del gobierno de recuperar, al menos en parte, algunas de las atribuciones que la anterior Constitución de 1833 le entregaba al amparo del patronato unilateralmente asumido por el Estado después de la independencia, y que había perdido con el nuevo régimen constitucional de libertad de cultos sancionado por la Constitución de 1925, atribuciones que, por lo demás, habían sido expresamente derogadas por ésta en sus disposiciones finales3.

2. Uno de los problemas que se presentó de inmediato con el nuevo texto constitucional fue el de la personalidad jurídica de la Iglesia, pues después de producida la separación Iglesia-Estado el tema había empezado a ser objeto de discusión. Por los años en que se llevaban adelante las conversaciones referidas al concordato, Julio Chaná Cariola4, autor de la primera memoria de prueba que abordó el tema, sostuvo que la Constitución reconocía la personalidad jurídica de derecho público no sólo a la Iglesia católica, sino a todas las confesiones religiosas, a diferencia de la Constitución de 1833 que la reconocía sólo a la primera, tesis a la que adherirían posteriormente Gonzalo Barriga Errázuriz5 y parcialmente Iván Larraín Eyzaguirre6. Otro autor7, en cambio, sostuvo, también en una memoria de prueba, que las iglesias y comunidades religiosas tendrían personalidad jurídica de derecho público sólo en lo tocante a la erección y mantenimiento de los templos y dependencias de ellos, y en lo referido a los bienes que poseían al dictarse la Constitución de 1925. Pero en lo referido a los bienes que se adquirieran con posterioridad a esta Constitución, tanto la Iglesia católica como las demás confesiones religiosas deberían obtener personalidad jurídica de derecho privado conforme a las normas del título 33° del libro I del Código Civil. En términos parecidos se pronunció Santiago Lazo Preuss8 desde las páginas de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, para quien el nuevo régimen de relaciones jurídicas entre la Iglesia y el Estado establecido en la Constitución de 1925 no había destruido la capacidad que gozaban las iglesias e institutos religiosos para seguir siendo titulares del dominio de los bienes que poseían, pues en relación a lo existente había mantenido el statu quo, sin haber querido introducir modificación alguna. En cambio, en lo referido a los bienes que adquirieran con posterioridad a la reforma constitucional la situación había cambiado sustancialmente pues, para adquirir bienes futuros, tanto la Iglesia católica como las demás confesiones religiosas debían obtener personalidad jurídica “sea por una ley, sea por un decreto del presidente de la República”.

Más radical fue el planteamiento de Antonio Vodanovic9 para quien “ahora las iglesias y comunidades religiosas cualesquiera que sean y con relación a los bienes adquiridos en cualquier época, tiene una sola clase de personalidad, la de derecho privado10, aplicándose a los bienes adquiridos con anterioridad al año 1925 las normas que regulaban el ejercicio del dominio de las personas de derecho público, y a los bienes adquiridos con posterioridad a esa fecha, las normas que regulaban el ejercicio del dominio de las personas jurídicas de derecho privado. En otras palabras, la personalidad es de una sola clase11; pero las normas aplicables al ejercicio del derecho de dominio son de dos clases, según sea la fecha de adquisición de los bienes”. Agregaba que las comunidades e iglesias existentes a la fecha de dictación de la Constitución de 1925 no necesitaban constituir de nuevo su personalidad jurídica, pues la Constitución de 1925 se las había mantenido; “sólo transformó su personalidad de derecho público en personalidad de derecho privado, como consecuencia del nuevo régimen adoptado de libertad religiosa”.

3. Este es el ambiente intelectual en el que, el nuncio Felici llevaba adelante las negociaciones para celebrar el concordato. El tema no era menor, pues el Código Civil establecía algunas limitaciones a las personas jurídicas de derecho privado en lo referido a su capacidad de adquirir bienes, por lo que la discusión acerca de la calidad de la personalidad jurídica de las iglesias y comunidades religiosas tenía una incidencia directa en el patrimonio de las mismas. En efecto, el Código Civil después de afirmar que “las corporaciones pueden adquirir bienes de todas clases a cualquier título”, limitaba de inmediato dicha capacidad: “pero no pueden conservar la posesión de los bienes raíces que adquirieran, sin permiso especial de la legislatura” (art. 556 inc. 1º). Sin ese permiso “estarán obligadas a enajenar dichos bienes raíces, dentro de los cinco años subsiguientes al día en que hayan adquirido la posesión de ellos; y si no lo hicieren, caerán en comiso los referidos bienes” (art. 556 inc. 2º). Agregaba esta norma que “esta prohibición no se extiende a los derechos de censo o pensión, asegurados sobre bienes raíces; ni a los derechos de usufructo, uso o habitación” (art. 556 inc. 3º).

Supuesto dicho permiso especial de la legislatura, los bienes raíces poseídos por las corporaciones no podían “enajenarse ni gravarse con hipoteca, censo, usufructo o servidumbre, ni arrendarse por más de ocho años, si fueren predios rústicos, ni por más de cinco, si fueren urbanos, sin previo decreto de juez, con conocimiento de causa, y por razón de necesidad o utilidad manifiesta” (art. 557 inc. 1º). Con todo, el mismo código establecía que, una vez enajenados, la misma corporación podía adquirirlos y conservarlos sin especial permiso, si volvían a ella por la resolución de la enajenación y no por un nuevo título, para explicar lo cual proporcionaba el ejemplo de que el que los ha adquirido con ciertas obligaciones, dejaba de cumplirlas, y era obligado a la restitución; o cuando la corporación los había vendido, reservándose el derecho de volver a comprarlos dentro de cierto tiempo y ejercitaba este derecho (art. 557 inc. 2º).

La primera de las limitaciones indicadas, esto es, la que establecía el artículo 556 del Código Civil vigente al tiempo de hacerse el informe que ahora transcribo, fue derogada poco tiempo después mediante la Ley N° 5.020, publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1931, que redujo dicha norma a un solo inciso, que reprodujo la primera de las frases con la que se iniciaba el antiguo inciso primero, artículo que en su nueva redacción dispuso: “Las corporaciones pueden adquirir bienes de todas clases a cualquier título”. La misma ley dio una nueva redacción al artículo 556 el que también quedó reducido a un solo inciso que reprodujo el primero de los dos incisos de que se componía, quedando con esta nueva redacción: “los bienes raíces que las corporaciones posean no pueden enajenarse, ni gravarse con hipoteca, censo, usufructo o servidumbre, ni arrendarse por más de ocho años, si fueren predios rústicos, ni por más de cinco si fueren urbanos, sin previo decreto de juez, con conocimiento de causa y por razón de necesidad o utilidad manifiesta”. De esta manera, a partir del 30 de diciembre de 1930 se vieron reducidas las limitaciones patrimoniales de las corporaciones, pero no fueron del todo suprimidas. En todo caso, la que más trabas suponía, como era el permiso de la legislatura, fue del todo suprimida.

A la luz de las normas vigentes en esos años, especialmente con anterioridad al 30 de diciembre de 1930, no es de extrañar el interés de la Iglesia, en general, y del arzobispado de Santiago, en particular, por aclarar esta duda y dilucidar con claridad la calidad de personalidad jurídica que le correspondía después de entrada en vigencia la nueva Constitución. En este marco se sitúa el informe emitido por Arturo Alessandri Rodríguez.

4. Partiendo del hecho indiscutido que el arzobispado de Santiago era persona jurídica de derecho público al dictarse la Constitución de 1925, la duda se reducía a determinar si ese carácter lo había conservado o lo había perdido para convertirse en una simple persona jurídica de derecho privado. En concepto de Alessandri, se trataba de un problema de retroactividad de la ley, pues se reducía a determinar cuál era el efecto que en esa personalidad jurídica había producido el cambio de legislación. Conforme a ello, la duda debía resolverse con arreglo a los principios que regían en Chile los conflictos que resultaren de la aplicación de las leyes dictadas en épocas diversas.

Dos de los preceptos de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes se referían al tema: el artículo 10, según el cual la existencia y los derechos de las personas jurídicas se sujetarían a las mismas reglas referidas al estado civil, haciendo una remisión al artículo 3 de dicha ley, que dispone en su inciso 1º que “el estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque ésta pierda su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos”. A la luz de ambos preceptos, parecía claro que, en materia de personalidad jurídica, había que distinguir la existencia de la persona jurídica y las aptitudes, facultades o derechos que de dicha personalidad se desprendían.

Íntimamente relacionada con la existencia de la persona jurídica estaba su calidad de persona jurídica de derecho público o de derecho privado, comoquiera que este carácter dependía de la naturaleza de la regla jurídica a que debía su existencia y de la finalidad para la cual había sido creada. Para el informante, la fisonomía pública o privada de una persona jurídica se determinaba al momento de su creación y era inseparable de su existencia porque precisamente existía y había sido creada para realizar fines de derecho público o de derecho privado. De esto Alessandri deducía dos consecuencias: i) que la calidad de derecho público o privado de una persona jurídica subsistía mientras existiera; ii) esa calidad la conservaba aunque más tarde perdiere su fuerza la ley con arreglo a la cual se constituyó, a menos que la ley posterior se la modificare expresamente. Pero si el legislador guardaba silencio al respecto y se limitaba solamente a alterar la capacidad o las facultades de la persona jurídica, su calidad de persona de derecho público o de derecho privado no se modificaba y continuaba subsistente, a virtud del artículo 10 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes.

Esto era, precisamente, lo que había sucedido con el arzobispado de Santiago, que era persona jurídica de derecho público según la Constitución de 1833. La Constitución de 1925 había cambiado sustancialmente la situación existente al afirmar la libertad de cultos, pero nada había dicho acerca de la personalidad jurídica de estas personas, limitándose sólo a reglar la situación de sus bienes: conservaba el statu quo respecto de los bienes ya adquiridos y cambiaba el régimen para los que se adquirieren en el futuro. Cabía, pues, aplicar el artículo 10 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes del cual aparecía claro que la personalidad jurídica subsistía y continuaba existiendo como tal aunque las leyes con arreglo a las cuales se había constituido hubiesen perdido su fuerza. Así, las iglesias e instituciones religiosas que eran personas jurídicas de derecho público al promulgarse la Constitución de 1925 habían continuado siéndolo y los bienes que entonces les pertenecían continuaban sometidos a las leyes en virtud de los cuales habían sido adquiridos.

En cambio, respecto de la futura adquisición de bienes, tenían la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado y les eran aplicables las restricciones de los artículos 556 y 557 del Código Civil, con lo que la nueva Constitución había derogado tácitamente el artículo 547 del Código Civil en cuanto menciona a las iglesias y comunidades religiosas, pero sólo por lo que hace a sus bienes futuros.

La conclusión de Alessandri era clara: el arzobispado de Santiago continuaba siendo persona jurídica de derecho público y gozando, en cuanto a los bienes que le pertenecían al promulgarse la nueva Constitución, de los derechos que, como tal persona, le otorgaban y reconocían las leyes que estaban entonces en vigor; en cuanto al ejercicio del dominio de sus bienes futuros estaba asimilado a las personas jurídicas de derecho privado y tenía a sus respectos los derechos y las restricciones que para tales personas señalan los artículos 556 y 557 del Código Civil.

5. Supe de la existencia de este informe por las referencias que hace al mismo un artículo publicado por Gonzalo Barriga Errázuriz en la Revista de Derecho y Jurisprudencia del año 194212, informe que es presentado en estos términos: “El distinguido decano de la Facultad de Derecho y profesor de Código Civil don Arturo Alessandri Rodríguez, en un informe emitido el 17 de junio de 1938, en el cual deja testimonio de que consigna las explicaciones que da en su clase […]”. A continuación reproduce literalmente el párrafo final del numeral 4º del informe, parte importante del numeral 5º, el párrafo inicial y los dos párrafos finales del numeral 6º, la primera frase del primer párrafo del numeral 7º y parcialmente algunos párrafos del mismo, el párrafo final del numeral 8º, dos párrafos del numeral 9º y la conclusión 4ª. Del simple cotejo del artículo de Barriga Errázuriz con el informe que ahora presento queda claro que aquél tuvo a la vista una copia del mismo, pues incluso destaca en su artículo las mismas palabras destacadas por Alessandri en su informe13. Hay, sin embargo, un cambio en la información que proporciona Barriga, pues el año en que habría sido redactado el informe, según la información proporcionada por él, no así el día y el mes, es diverso: en efecto, según Barriga el informe estaría datado el 17 de junio de 1938, en circunstancias que la fecha consignada en el informe que ahora publico es 17 de junio de 1930. ¿Simple error tipográfico? Es posible, pero no hay elementos de juicio que me permitan explicar esa diferente datación. Lo que es claro, es que el informe tenido a la vista por Barriga es el mismo que ahora reproduzco14.

Hace uso del mismo informe Iván Larraín Eyzaguirre, pero lo hace indirectamente a través de las referencias que proporciona Barriga Errázuriz15. Y no sé que dicho informe haya sido publicado.

Una copia de este informe la encontré entre los papeles del nuncio Ettore Felici que se custodian en el Archivo Secreto Vaticano16. Siendo la personalidad jurídica de la Iglesia un tema que para él era de primera importancia en las conversaciones llevadas adelante para la firma del concordato al que he hecho referencia, envió esta copia a la Secretaría de Estado vaticana y allí quedó custodiada entre los papeles del nuncio en el archivo referido a la nunciatura apostólica de Chile.

El informe está escrito en máquina de escribir, en hojas tamaño oficio, todas las cuales llevan como membrete “Universidad Católica de Chile”. Está escrito a espacio y medio, con una mecanografía cuidada, aunque es posible advertir algunas erratas de las que dejo constancia en la transcripción. Igualmente corrijo algunas palabras que están mal escritas, pero, en cada caso, dejo constancia, en nota al pie de página, de la palabra original tal como se encuentra escrita en el texto. El informe abarca un total de 19 páginas numeradas del 1 al 19, escritas por un solo lado; en la transcripción he dejado constancia del cambio de páginas cuando corresponde, mediante la indicación del número de la respectiva página, escrito entre corchetes [ ] al inicio de la transcripción de cada una de ellas. Como se trata de una copia, no lleva la firma de Arturo Alessandri, pero se indica su nombre al final del informe y la referencia a que en el original estaba la firma.

Por la calidad del autor de este informe y por el interés histórico que reviste es que me ha parecido conveniente darlo a conocer.

II. Texto del “Informe”

[p. 1] INFORME17

¿El Arzobispado de Santiago es actualmente persona jurídica de Derecho Público?

1º Es un hecho indiscutible que el Arzobispado de Santiago, al promulgarse la Constitución Política de 18 de septiembre de 1925, era una persona jurídica de Derecho Público por formar parte de la Iglesia Católica y constituir en ella un organismo regular con individualidad y personalidad propias, según las leyes a que debió su establecimiento.

Con arreglo a la Constitución Política de 1833, la religión católica era una de los elementos integrantes del Estado, puesto que en su Art. 4º declaraba que la religión de la República de Chile era la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra18; y la Iglesia católica era una institución de derecho público, toda vez que constituía un organismo oficial íntimamente ligado al Estado y tenía por objeto servir algunos de los fines del mismo Estado dentro de la esfera de acción que, por su naturaleza, le estaba señalada.

Por consiguiente, su carácter de persona jurídica de derecho público emanaba del rol que esa Constitución lo asignaba en la vida del Estado.

El Art. 547 del Código Civil, promulgado bajo el imperio de esa Constitución, tuvo necesariamente que reconocerle ese carácter; de modo que las diversas instituciones u organismos de la Iglesia católica no eran personas jurídicas de Derecho Público por disponerlo así ese artículo sino porque así resultaba de la naturaleza19 de los [p. 2] fines y funciones que les asignaba la Constitución Política. El Art. 547 del Código Civil no les creó una calidad especial ni les dio una fisonomía jurídica nueva, distinta de la que tenían. No, se limitó a reconocer un hecho20 ya existente para el solo efecto de disponer que las reglas del Título final del Libro I de ese Código no se aplicarían a las iglesias y comunidades religiosas que, por ser personas jurídicas de derecho público, se regían por leyes y reglamentos especiales. Estas no otras que las leyes canónicas y en lo concerniente a sus relaciones con el Estado, la Constitución Política, la Novísima Recopilación y las Leyes de Indias.

2º Esta personalidad de derecho público se le reconocía a la Iglesia católica misma en cuanto es una y universal y a cada una de las iglesias, institutos y demás organismos eclesiásticos que formaban parte o constituían elementos integrantes de ella. Los términos del Art. 547 del Código Civil no admiten duda al respecto. No habla de la Iglesia solamente, sino de las iglesias y de las comunidades religiosas; de modo que bajo el imperio de la legislación anterior a la Constitución vigente eran personas de derecho público cada uno de los institutos u organismos eclesiásticos a los cuales deban ese carácter las leyes porque se gobernaban.

Es así que según estas leyes, el Ordinario Eclesiástico de Santiago era persona jurídica de derecho público; luego tenía21 este carácter con arreglo al referido Art. 547 y no quedaba regido por el Código Civil en lo tocante a su constitución y capacidad.

[p. 3] La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema reconoció siempre a la Iglesia católica, así como a sus diversos organismos, y en especial al Ordinario Eclesiástico de Santiago, la calidad de persona jurídica de derecho público22, bajo el imperio de la Constitución Política de 1833. (Véase “Revista de Derecho y Jurisprudencia”, tomo VI, 2ª parte, sección 1ª, pág. 48123; y tomo VII, 2ª parte, sección 1ª, pág. 5724).

3º La Constitución Política promulgada el 18 de septiembre de 1925 alteró fundamentalmente las relaciones jurídicas que hasta entonces existían entre el Estado y la Iglesia. Junto con proclamar la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, estableció el régimen de absoluta separación entre ambos. Para alejar toda duda al respecto, suprimió el Art. 4º de la antigua Constitución y los demás que se referían al Patronato Nacional y en el Art. 1º transitorio declaró derogadas las leyes existentes sobre las materias a que ellos se referían.

En el inciso 2º del Nº 2º del art. 10 dijo textualmente: “Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto, tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedarán sometidas, dentro de las garantías de esta Constitución, al derecho común para el ejercicio de dominio de sus bienes futuros”.

4º Ante el establecimiento de este nuevo régimen se ha suscitado la cuestión de saber si el Arzobispado de Santiago, que, como se demostró, era persona jurídica de derecho público al dictarse la Constitución de 1925, conserva este carácter o lo perdió para con- [p. 4] vertirse en una simple persona jurídica de derecho privado.

En mi concepto, este es un problema de retroactividad de la ley, pues25 se reduce a determinar cuál es el efecto que en esa personalidad jurídica ha producido el cambio de legislación. Debe, por lo tanto, resolverse con arreglo a los principios que rigen en Chile los conflictos que resultaren de la aplicación de las leyes dictadas en épocas diversas.

5º El Art. 10 de la Ley sobre efecto Retroactivo de las Leyes resuelve expresamente este conflicto en lo concerniente a la personalidad jurídica. Dice: “La existencia26 de los derechos de las personas jurídicas se sujetarán a las mismas reglas que respecto del estado civil de las personas naturales prescribe el Art. 3º de la presente ley”.

El referido Art. 3º dispone: “El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución, subsistirá aunque ésta pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a él, se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea27 que modifique o derogue los antiguos”.

En consecuencia, las reglas de subordinación y dependencia entre cónyuges, entre padres e hijos, entre guardadores y pupilos establecidas por una nueva ley, serán obligatorias desde que ella empiece a regir, sin perjuicio del pleno efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior”.

Fluye de estos preceptos que en materia de personalidad jurídica, al igual que en materia de estado civil, es menester distinguir la existencia de la persona jurídica, esto es, la personali- [p. 5] dad misma, su calidad de sujeto de derecho, que se revela por hechos de carácter permanente y que tienen una consistencia propia independientemente de las consecuencias que de ella emanan, y las aptitudes, facultades o derechos que de dicha personalidad se desprenden.

Si bien las aptitudes, facultades o derechos que competen a las personas jurídicas28 suponen necesariamente su personalidad, puesto que las tienen precisamente por ser sujetos de derecho, hay que reconocer que no son inseparables de ella como lo prueba el hecho de que en una misma categoría de personas jurídicas, esos derechos o facultades pueden variar en extensión y alcance sin que por eso se modifique el ser mismo que constituye la persona ficticia. Así, las personas jurídicas de derecho privado tienen las facultades y aptitudes que les reconoce el título final del Libro I del Código Civil el cual consigna, a la vez, algunas restricciones a su capacidad, como las de los Arts. 556 y 557. Sin embargo las Universidades Particulares actualmente existentes, que también son personas jurídicas de derecho29 privado, pueden conservar a perpetuidad sus bienes raíces sin necesidad de impetrar la autorización a que se refiere el Art. 556 de ese Código, por disponerlo así el Art. 81 del Estatuto Universitario30.

Síguese de lo dicho que los derechos y aptitudes anexos a la personalidad jurídica pueden modificarse, ampliarse, restringirse y aún suprimirse sin que esto31 altere esa personalidad. La mayor o menor amplitud de la capacidad de las personas jurídicas dependerá de lo que dispongan las leyes respectivas, sin que esta [p. 6] mayor o menor capacidad influya en alguna forma sobre su existencia misma. Estas entidades no son sujetos de derecho por tener tales o cuales facultades sino por gozar de personalidad jurídica, por ser, como dice el Art. 545 del Código Civil, personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles32. Lo33 que les da34 su personalidad no es el hecho de tener tales o cuales derechos sino el hecho de ser capaz de poder tener tales o cuales derechos, de poder ejercitarlos.

Esto explica el distinto criterio que el Art. 10 de la Ley sobre el efecto Retroactivo de las Leyes aplica a la existencia y a los derechos de las personas jurídicas.

La existencia, esto es, el hecho de ser persona jurídica constituye un derecho adquirido. De ahí que subsista y se mantenga incólume aunque la ley con arreglo a la cual se constituyó pierda35 después su fuerza. Por consiguiente, la persona jurídica legalmente constituida36 al amparo de una ley vigente en esa época subsiste en toda su integridad y continúa existiendo como tal aunque más tarde esa ley sea derogada. Así, si mañana se derogare el título final del Libro I del Código Civil, no podrán constituirse37 en lo sucesivo nuevas personas jurídicas; pero las constituidas38 durante su vigencia continúan subsistentes.

En cambio, los derechos anexos a esa personalidad, puesto que constituyen meras expectativas, quedan regidos39 por la nueva ley y se subordinarán a ella, sea que constituya nuevos derechos, sea que se modifique o derogue los antiguos. En consecuencia, la nueva capacidad de las personas jurídicas, sus nuevas facultades y aptitudes, las nuevas restricciones a que se les sujete, regirán [p. 7] desde que se dicte la nueva ley que las establezca, sin perjuicio del pleno efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de la ley anterior. Así, si se dicta una nueva ley prohibiendo a las personas jurídicas de derecho privado la40 adquisición de bienes raíces, las actuales existentes, si bien podrán conservar en el futuro los que hubieran adquirido bajo el imperio del Código Civil, no podrán adquirir nuevos bienes raíces en lo sucesivo, pues aquella ley, que sólo modifica sus derechos, es obligatoria desde que empiece a regir. Es lo que ha sucedido con las Universidades Particulares a que se refiere el Art. 81 del Estatuto Universitario. La Universidad de Concepción, por ejemplo, es persona jurídica de derecho privado constituida41 con arreglo al Código Civil. Por consiguiente, no podría conservar sus bienes raíces por más de cinco años sin permiso del Congreso. Hoy día, puede conservarlos a perpetuidad sin necesidad de impetrar ese permiso porque ese precepto suprimió a su respeto la restricción impuesta por el Art. 556 del Código Civil, sin que por ello se haya modificado o afectado su personalidad o existencia.

6º Intimamente [sic] relacionada con la existencia de la persona jurídica está su carácter o calidad, es decir, su calificación de persona jurídica de derecho público o de derecho privado, como quiera que este carácter depende de la naturaleza de la regla jurídica a que debe su existencia y de la finalidad para la cual ha sido creada.

Son personas jurídicas de derecho público las que deben su creación al derecho público, “las que sacan su existencia, como dice la Corte Suprema, de resoluciones de las autoridades constituidas42 y tienen por objeto servir los fines de estas mismas autoridades den- [p. 8] tro de la esfera de acción que les está señalada”43. A ellas está confiada la gestión de los negocios o servicios públicos; son, en realidad, los órganos por los cuales el poder público ejerce su acción en las diversas manifestaciones de la vida del Estado.

En cambio, son personas jurídicas de derecho privado, las que deben su acción a la iniciativa privada. Constituyen los órganos por los cuales se ejercen las actividades de los particulares. “No están llamadas a realizar los fines propios de los poderes públicos, como dice la Corte Suprema, sino los propósitos personales de los mismos asociados o de los fundadores”44.

El carácter público o privado de una persona jurídica se determina por su acta de nacimiento, si así pudiera decirse; es coetáneo con su existencia, ya que depende exclusivamente de la forma como se genera y de la finalidad con que se crea. Así como el color45 de los ojos o de la piel de un individuo lo determina la naturaleza y se nace con él, del mismo modo, la fisonomía pública o privada de una persona jurídica se determina en el momento de su creación y es inseparable de su existencia porque precisamente existe y ha sido creada para realizar fines de derecho público o de derecho privado.

De lo dicho se desprende: 1º que la calidad de derecho público o privado de una persona jurídica subsistirá mientras ésta exista, y 2º que esa calidad la conservará aunque más tarde pierda su fuerza la ley con arreglo a la cual se constituyó; a menos que la ley posterior se la modifique o altere expresamente46.

[p. 9] Pero si el legislador guarda silencio al respecto y se limita solamente a alterar la capacidad o las facultades de la persona jurídica, su calidad de persona de derecho público o de derecho privado no se modifica y continúa subsistente, a virtud del Art. 10 de la citada Ley sobre el efecto Retroactivo de las leyes.

7º Es esto precisamente lo que ha ocurrido en el caso en examen. El Arzobispado de Santiago era persona jurídica de Derecho Público según la Constitución Política de 1833. Su capacidad y sus facultades y aptitudes se regían por leyes especiales. Según ellas, no estaba sometida a ninguna de las restricciones que señalan los Arts. 556 y 557 del Código Civil.

En 1925 se promulgó una nueva Constitución que en este punto modificó sustancialmente la47 situación existente, pues separó por completo la Iglesia del Estado y estableció la absoluta libertad de cultos. Pero esta nueva Constitución nada dijo sobre la existencia de esta persona jurídica. Se limitó exclusivamente a reglar la situación de sus bienes, en estos términos:

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto, tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedarán sometidas, dentro de las garantías de esta Constitución, al derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros”.

Según este precepto, las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto conservarán, con respecto a sus bienes, los derechos que les otorgaban y reconocían las leyes vigentes al tiempo de promulgarse la Constitución de 1925; pero los bienes futuros quedarían sometidos al derecho común. Es decir, la Cons- [p. 10] titución de 1925 modificó la capacidad de las iglesias e instituciones religiosas por lo que respecta a sus bienes futuros en el sentido de que estos48, a diferencia de los bienes que ya tenían, no se regirían por las antiguas leyes, sino por el derecho común49. De este modo, los bienes futuros quedarían sometidos al Título final del Libro I del Código Civil y, por ende, a las restricciones de los Arts. 556 y 557 de ese Código. Esto quedó bien en claro en las actas de la Subcomisión de Reformas Constitucionales (págs. 316 y 317)50.

Como se ve51, la Constitución de 1925 sólo se refirió a las facultades o derechos que, en lo sucesivo, tendrían las iglesias e instituciones religiosas, pero no dijo nada sobre su existencia o personalidad jurídica ni mucho menos sobre su calidad de persona de derecho público o privado.

En estas condiciones, no cabe sino aplicar el Art. 10 de la ley antes citada. En consecuencia, la persona jurídica subsiste y continúa existiendo como tal aunque las leyes con arreglo a las cuales se constituyó perdieron su fuerza.

La Constitución de 1925, lejos de pretender destruir52 la personalidad jurídica de que gozaban las iglesias e instituciones religiosas y la calidad que tenían según las leyes en vigor en esa fecha, la mantuvo en toda su integridad, puesto que declaró expresamente que tendrán, con respecto a sus bienes, los derechos que les otorgaban y reconocían esas leyes. Respecto de lo existente no se quiso hacer ninguna innovación ni modificación.

Si éste fue53 el propósito de los Constituyentes del año 1925, no es posible negar a esas instituciones el carácter de personas jurídicas de derecho público, ya que los derechos que les otorgaban y [p. 11] reconocían esas leyes, derechos que en forma expresa se mantenían, eran precisamente los que les correspondían como tales personas jurídicas de derecho público.

8º Si hay algo que quedó bien claro en la discusión de la Reforma Constitucional de 1925 es el alcance de esta modificación.

El Presidente de la República, al proponer el precepto del Nº 2º del Art. º 10, dijo que la separación de la Iglesia y del Estado se haría sobre la base de mantener el statu quo existente y que sólo los bienes futuros de la Iglesia se someterían al derecho común. Este concepto se repitió con insistencia (véanse páginas 312, 315, 316, 317 y 320 de las Actas Oficiales).

Las palabras pronunciadas por el señor Briones Luco aclaran aún más el alcance de este precepto. Según él, “sólo hay dos formas de resolver el problema: o queda la Iglesia sometida como corporación de derecho público al patronato, como está al presente; o queda en libertad, sometida, en tal caso, al derecho común”. Más adelante agrega: “que es enemigo de toda persecución, de toda intolerancia; y por eso no ha pensado jamás en proponer la confiscación de los bienes de la Iglesia, pero es partidario de dejarlos sometidos al derecho común. Así, la Iglesia católica seguiría la misma suerte de todas las colectividades privadas del país y que son igualmente respetables”.

“Según la fórmula de S.[u] E.[xelencia] los actuales bienes de la Iglesia “no serán “controlados ni fiscalizados por el legislador como los de las otras instituciones; sólo “van a ser regidos por el legislador como los de las otras instituciones; sólo van a ser “regidos por la ley común los bienes que adquiera en el futuro”.

“Cree que para proceder con lógica, si la Iglesia mantiene los [p. 12] privilegios54 de “que hoy goza sobre sus bienes, debería mantenerse también el derecho de “patronato”.

Por estas y otras razones, terminó diciendo: “Para salvar su responsabilidad, “manifiesta que lo más justo es que la Iglesia se someta lisa y llanamente a las reglas “del Derecho Privado, con absoluta libertad. Si no se adopta esta idea, preferiría que la “Iglesia continuara como hoy bajo el patronato del Estado”.

La opinión del señor Briones Luco no fue55 aceptada. En cambio, lo fue la de S.[u] E.[xelencia] y aquél dejó expresa constancia que no aceptaba la fórmula propuesta por el Presidente, según la cual se mantenía el statu quo existente respecto del pasado y sólo se alteraba el futuro56 en lo concerniente a los bienes.

Si, la opinión del señor Briones Luco, que no se aceptó, consistía en dejar sometida por entero a la Iglesia al derecho privado, tanto en cuanto al futuro como al pasado y estaba, por eso, en pugna con la del Presidente, es obvio que la de este último, que fue la que se aceptó, necesariamente debía diferir de la de aquél. La diferencia estaba precisamente en que no se alteraba el pasado, en que se mantenía a la Iglesia su situación existente, su statu quo.

Por cierto que esta finalidad no se lograba con la idea del señor Briones Luco puesto que mediante ella se desconocía a la Iglesia su personalidad jurídica de derecho público. Si hubiera triunfado, se habría alterado ese statu quo toda vez que se le habría57 obligado a constituirse58 nuevamente como persona jurídica de derecho privado, ya que no podría seguir viviendo como persona jurídica de derecho público y en Chile sólo hay dos clases de personas jurídicas.

Los Constituyentes de 1925 no aceptaron, pues, que la Iglesia quedara sometida por entero al Derecho Privado, como lo proponía el [p. 13] señor Briones Luco. Su intención fue, por el contrario, mantener lo existente, sin perjuicio de que los bienes futuros se sometieren al derecho común.

Esta intención quedaría enteramente malograda si ahora se le desconociere su calidad de persona jurídica de derecho público. Porque esto59, a la vez que importaría alterar ese statu quo que se quiso mantener, afectaría en forma sensible a su existencia y a su estructura jurídica contrariando así la regla del Art. 10 de la Ley sobre efecto Retroactivo de las Leyes, que recibe aquí completa aplicación, dado que la Constitución de 1925, si bien se pronunció sobre los derechos de la Iglesia, nada dijo sobre su calidad de persona jurídica de derecho público, acerca de la cual guardó silencio. Siendo así, el conflicto que resulte de la aplicación de la nueva Constitución con respecto a la antigua debe resolverse en conformidad a ese precepto, a virtud del Art. 1º de esa ley, cuyo objeto es resolver los conflictos sobre retroactividad de las leyes cuando éstas, como en este caso, no las han resuelto en forma expresa.

A lo dicho en las Actas Oficiales del Proyecto de la Constitución de 1925 puedo agregar algo de que, por desgracia, no quedó constancia escrita, pero que puede corroborarlo el ex Presidente Alessandri; y que sirve60 para confirmar la intención de éste al proponer esta reforma. Cuando se estudiaba esta materia, me pidió que le redactara un precepto que contemplara la idea que consagra el inciso 2º del Nº 2º del Art. 10 de la Constitución vigente. Cumplí mi cometido redactando uno sobre la base de los Arts. 10 y 12 de la ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes; en mi proyecto empleaba casi sus mismos términos. El señor Alessandri lo leyó y me dijo: “está bien, eso es lo que quiero, pero tu artículo tiene el defecto de ser [p. 14] muy jurídico pero poco político; lo que deseo es decir eso mismo, pero en forma más diplomática para no herir las creencias de nadie”. Fruto de estos propósitos fue61 el actual precepto que, según puede verse en esas actas, se aprobó tal cual lo propuso S.[u] E.[xelencia].

Por consiguiente, el espíritu y el texto de la reforma consignada en el Nº 2º del Art. 10 de la Constitución fue62 mantener el statu quo que entonces existía y, por lo tanto, la personalidad jurídica de que gozaban las iglesias y las instituciones religiosas. Si en virtud de lo existente eran personas jurídicas de derecho público y fue63 lo existente lo que se quiso mantener ¿no se ve64 cuán absurdo resultaría ahora negarles ese carácter”.

9º Las iglesias e instituciones religiosas que eran personas jurídicas de derecho público al promulgarse la Constitución de 1925 continúan siéndolo actualmente y los bienes que entonces les pertenecían continúan igualmente sometidos a las leyes en virtud de los [sic] cuales los adquirieron.

Solamente sus bienes futuros, los que adquieran bajo la vigencia de esa Constitución, quedarán sometidos al Título Final del Libro I del Código Civil, que constituye el derecho común en materia de personas jurídicas.

Según esto, con relación a sus bienes futuros tienen la capacidad de una persona jurídica de derecho privado y les son aplicables las restricciones de los Arts. 556 y 557 del Código Civil.

Esto no puede discutirse. El Nº 2 del Art. 10 de la Constitución de 1925, al referirse al derecho común, no se refiere ni al derecho común de las personas naturales ni al derecho porque la Iglesia se regía al promulgarse esa Constitución [sic].

Lo primero habría sido ilógico desde que si el derecho común le- [p. 15] gisla sobre las personas jurídicas y de ellas se trata allí es racional suponer que, al hablar de derecho común, se quiso aludir al de esa clase de personas y no65 al de las personas naturales, acerca de las cuales nada se dice en ese precepto.

Lo segundo estaría en manifiesta pugna con el texto del precepto constitucional y con el objeto de la reforma, que aparecía así como inútil e innecesaria. En efecto, en su primera parte dice que en cuanto al pasado, a los bienes que ya poseen las iglesias e instituciones religiosas, éstas tendrán los derechos que les otorgan y reconocen las leyes actualmente en vigor, es decir, no se altera la situación existente. Viene en seguida una frase encabezada por la palabra pero66. Como según el Diccionario de la Lengua, la conjunción adversativa pero67 indica contradicción con la idea anteriormente expresada, y se la emplea para contraponer dos conceptos, es evidente que esa frase tiene que decir algo contrario o distinto de la precedente. Si la alusión que hace al derecho común fuere al derecho consagrado por las mismas leyes a que se alude en la primera parte del precepto, esa68 contradicción o contraposición no existiría y la segunda parte del precepto habría sido inútil puesto que diría lo mismo que la otra.

La última parte de ese precepto tuvo por objeto constituir69 una modificación a la regla consignada en la primera parte. Esta modificación consistió en alterar el derecho existente para el futuro en el sentido de sustraer los bienes futuros de la Iglesia del derecho porque entonces ésta se regía para someterlos al derecho privado en materia de personas jurídicas.

Por lo demás, este alcance de esa regla quedó claramente establecido en la discusión habida en la Subcomisión de Reformas Constitucio- [p. 16] nales.

S.[u] E.[xelencia]dijo al respecto: “En lo que respecta al régimen de los bienes, las aspiraciones de los partidos liberales están asimismo garantidas en esa fórmula, porque respetando a la Iglesia su statu quo, sobre los bienes que actualmente tiene, se someten los que adquiera en el porvenir al derecho común”. (Pág. 315).

Más adelante repite: “que para el ejercicio de sus derechos sobre los bienes futuros, queda sometida al derecho común; que lo único que ha hecho es respetarle a la Iglesia el statu quo, porque en todos los estudios que se han estado realizando con los partidos políticos, ha habido ese mismo pensamiento”. (Pág. 316).

“El señor Vicuña Fuentes (don Carlos), pregunta: ¿qué alcance tiene la primera parte del artículo que mantiene el statu-quo respecto de los bienes actuales de la Iglesia y aquella otra que dice que se someterán al derecho común los bienes futuros?”

“S.[u] E.[xelencia] manifiesta que un70 ejemplo aclarará esta cuestión. Si una comunidad religiosa extranjera viene a establecerse en Chile y quiere comprar, pongamos por caso, una manzana en la Alameda, no podrá adquirir esa propiedad sin constituir71 previamente su personalidad jurídica sometiéndose a las leyes comunes”.

“El señor Vicuña Fuentes (don Carlos) pide que se precise bien el alcance de la disposición que le ha leído, respecto de que los bienes que actualmente posee la Iglesia no quedarán sometidos al imperio de las leyes comunes”.

“S.[u] E.[xelencia] dice que el alcance de esa disposición es que la Iglesia no necesitará respecto de los bienes raíces que actualmente posee el permiso de la autoridad competente para conservarlos. En otras pala- [p. 17] bras: no necesitará someterse a la ratificación periódica a que respecto de la conservación de los bienes raíces, están obligadas las personas jurídicas de derecho privado. De manera que los bienes que actualmente posee podrá conservarlos permanentemente”. (Págs. 316 y 317).

10º En realidad, la Constitución de 1925 derogó tácitamente el Art. 547 del Código Civil en cuanto menciona a las iglesias y comunidades religiosas, pero sólo por lo que hace a sus bienes futuros, porque mientras ese precepto dispone que una y otras se rigen por las leyes y reglamentos especiales, el Nº 2 del Art. 10 de aquella Constitución dispone todo lo contrario, o sea, que quedan sometidas al derecho común por lo que hace al ejercicio del dominio de sus bienes futuros.

Según el Art. 52 del Código Civil la derogación es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la de la ley anterior.

La Constitución de 1925, aunque sea una ley fundamental, es ley, con arreglo al Art. 1 del Código Civil, y, como se ha visto, contiene un precepto que es inconciliable con el Art. 547 del Código Civil supuesto que somete al derecho común el ejercicio del dominio de los bienes futuros de las iglesias y comunidades religiosas en tanto que según este artículo, los bienes de estas entidades no quedaban regidos72 por el derecho común, que no les era aplicable, sino por leyes especiales distintas de él.

11º En vista de lo expuesto, llego a las siguientes

Conclusiones:

1º El Arzobispado de Santiago es actualmente persona jurídica [p. 18] de Derecho Público, no obstante el Nº 2º del Art. 10 de la Constitución Política de 1925, porque si bien este precepto modificó su capacidad y sus derechos respecto de los bienes futuros, nada dispone en orden a su existencia como tal persona.

2º Los bienes que le pertenecían al dictarse esa Constitución quedan sometidos por entero a las leyes que estaban en vigor en esa época; por consiguiente, puede conservar la posesión de sus bienes raíces sin tener que solicitar permiso del Congreso y en cuanto a su enajenación y arrendamiento no se aplica el Art. 557 del Código Civil.

3º En cambio, los bienes que adquiera durante la vigencia de esa Constitución quedan sometidos al derecho común de las personas jurídicas de derecho privado; por lo tanto, son aplicables a estos bienes las restricciones de los Arts. 556 y 557 del Código Civil.

4º En resumen, si73 el Arzobispado de Santiago continúa siendo persona jurídica de derecho público y gozando, en cuanto a sus bienes que le pertenecían al promulgarse la nueva Constitución, de los derechos que, como tal persona, le otorgaban y reconocían las leyes que estaban entonces en vigor, en cuanto al ejercicio del dominio de sus bienes futuros está asimilada a las personas jurídicas de derecho privado y tiene a sus respecto los derechos y las restricciones que para tales personas señalan los Arts. 556 y 557 del Código Civil.

12º Hago presente que las opiniones que aquí74 expongo no son el resultado de un estudio hecho con ocasión de este informe y con el propósito de satisfacer a quien ha tenido la amabilidad de solicitármelo. Son el fruto de convicciones arraigadas en mi mente desde que se dictó la Constitución de 1925 en que me vi75 obligado a estudiar este punto para mi clase de Derecho Civil; y las cuales he manifestado públicamente en más de una ocasión.

[p. 19] Así puedo comprobarlo con mis apuntes privados de Derecho Civil. En ellos aparecen anotadas sucintamente76 estas mismas ideas en reemplazo de las que exponía antes en mi clase, cuando regía la Constitución de 183377. Y con una carta fechada en 5 de abril de 1929, cuya copia tengo en mi archivo, que dirigí a Oscar Álvarez Andrews78 en respuesta a una suya en que me planteaba una cuestión análoga a la que aquí estudio. Idéntica opinión di verbalmente al Director de Impuestos Internos, señor Carlos Ramírez79, en agosto o septiembre de 1929, en una ocasión que conversamos sobre este mismo asunto. Recuerdo que, después de exponerle la tesis y sus fundamentos, me dijo que era el único de los abogados con quienes había hablado al respecto que le situaba la cuestión en el terreno del Art. 10 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.

Santiago, 17 de junio de 1930.

[Firmado] Arturo Alessandri R.

Notas

1 Salinas Araneda, Carlos, Un primer proyecto de concordato entre Chile y la Santa Sede en 1928, en Revista Chilena de Derecho, 39 (2012) 3, pp. 665-698.

2 Salinas Araneda, Carlos, El tercer proyecto de concordato entre Chile y la Santa Sede en 1928. Texto y comentario, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 42 (primer semestre 2014), pp. 555-595.

3 Constitución Política de 1925, disposición transitoria primera, inciso 1º.

4 Chaná Cariola, Julio, Situación jurídica de la Iglesia Católica (Memoria Universidad de Chile, Santiago, 1931).

5 Barriga Errázuriz, Gonzalo, La personalidad jurídica de la Iglesia ante la reforma constitucional del año 1925, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, 39 (1942), sección “Derecho”, pp. 142-160.

6 Larraín Eyzaguirre, Iván, La parroquia ante el derecho civil chileno o estatuto jurídico de la parroquia (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1956), pp. 217-218. Este autor entiende que las confesiones religiosas diversas de la Iglesia católica tendrán personalidad jurídica de derecho público o privado según las leyes con las que han sido constituidas en personas jurídicas y proporciona el ejemplo de la High Church o iglesia anglicana que goza en Inglaterra de personalidad jurídica de derecho público.

7 Montero Fehrman, Benjamín, Situación jurídica de las confesiones religiosas (Memoria Universidad de Chile, Santiago, 1942).

8 Lazo Preuss, Santiago, Capacidad de las iglesias y comunidades religiosas en sus bienes futuros, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, 39 (1942), sección “Derecho”, pp. 137-142.

9 Vodanovic, Antonio, Curso de derecho civil, I: Parte general y las personas (3ª edición, Santiago, Editorial Nascimento, 1962), II, pp. 276-285.

10 El destacado en el original.

11 El destacado en el original.

12 Barriga Errázuriz, Gonzalo, cit. (n. 5).

13 Por ejemplo, la última palabra de la página 8 del informe es “expresamente”, la que en el informe de Alessandri aparece subrayada; en el artículo de Barriga Errázuriz aparece destacada en negrita.

14 El nuncio Ettore Felici Faggiolo dejó de cumplir funciones en Chile el 20 de abril de 1938 al ser trasladado a la nunciatura de Yugoslavia donde permaneció hasta la invasión de las tropas nazis, no obstante lo cual conservó su título de nuncio en Yugoslavia hasta 1946. Después de trabajos en la Secretaría de Estado del Vaticano, fue nombrado nuncio en Irlanda, en 1949, donde falleció el 9 de mayo de 1951. Oviedo Cavada, Carlos, Los obispos de Chile (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1996), p. 120; Ducasse Medina, Ignacio, Servidores del Evangelio. Los obispos de Chile 1561-2007 (Santiago, Conferencia Episcopal de Chile, 2008), pp. 154-155.

15 Larraín Eyzaguirre, Iván, cit. (n. 6), pp. 26, 172-173.

16 Archivo Secreto Vaticano, Nunziatura Apostolica di Cile, Archivio di Mons. Ettore Felici nunzio apostolico, Posizione 3ª, ff. 188-207.

17 En el original con mayúscula y con subrayado doble.

18 Constitución Política de la República Chilena [1833], art. 5º (4º): “La religión de la República de Chile es la Católica Apostólica Romana; con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra”.

19 En el original “nturaleza”.

20 En el original “ehecho”.

21 En el original “t enía”.

22 En el original “púnlico”.

23 Revista de Derecho y Jurisprudencia, 6 (1909), parte II, sección 1ª, pp. 481-493, casación fondo, Santander con Ordinario eclesiástico de Santiago. En el considerando 14 la Corte afirma: “Que la iglesia arzobispal de Santiago de Chile, o sea el ordinario eclesiástico instituido heredero modal en el testamento discutido, representado por el reverendo arzobispo de Santiago, es persona cierta y determinada, como organismo regular de la Iglesia católica, con individualidad reconocida por las leyes que se refieren a su establecimiento y a la determinación de la jurisdicción del territorio de la arquidiócesis, y, por consiguiente, tiene la personalidad jurídica que indica el inciso 2º del artículo 547 del Código Civil”.

24 Revista de Derecho y Jurisprudencia, 7 (1910), parte II, sección 1ª, pp. 57-107, casación en el fondo en “Vergara con Hermanos de las Escuelas Cristianas”. En el resumen de la doctrina de esta sentencia se lee: “Las disposiciones de los artículos 4, 71, 73 número 8, 13 y 14 y 95 número 3 y 5 de la Constitución [de 1833] demuestran claramente que en el régimen constitucional del país la religión es uno de los elementos integrantes del Estado y la Iglesia católica es una institución de derecho público [...]. La Congregación de las Perpetuas Adoradoras del Santísimo Sacramento es persona jurídica de derecho público, porque fue erigida por la autoridad eclesiástica y reconocida o autorizada por decreto del presidente de la República en ejercicio del derecho de patronato, y como tal persona jurídica es capaz de heredar”.

25 En el original “pués”.

26 En el original “e xistencia”.

27 En el original “s ea”.

28 En el original “jur´idicas”.

29 En el original “derec ho”.

30 Decreto con fuerza de ley N° 4.807, de 4 de noviembre de 1929: Estatuto orgánico de la enseñanza universitaria, publicado en el Diario Oficial de 14 de diciembre de 1929, art. 81: “[inc. 1º] Las universidades particulares existentes gozan de personalidad jurídica; no están obligadas a impetrar del Congreso Nacional la autorización para conservar a perpetuidad sus bienes raíces, a que se refiere el artículo 556 del Código Civil; administran libremente sus bienes y estos no están sujetos a impuestos. Conservarán, asimismo, derecho a sus iniciativas y especializaciones profesionales y educacionales, y dependerán de la Superintendencia de Educación Pública. [inc. 2º] Dichas universidades continuarán en posesión de los derechos y atribuciones de que gozan en la actualidad, sin otras limitaciones que las impuestas por las leyes actualmente vigentes”.

31 En el original “ésto”.

32 Código Civil, art. 545: “[inc. 1º] Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. [inc. 2º] Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública. [inc. 3º] Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”.

33 En el original “Los”.

34 En el original “dá”.

35 En el original las palabras “constituyópierda” están unidas.

36 En el original “constituída”.

37 En el original “constituírse”.

38 En el original “constituídas”.

39 En el original “regidas”.

40 En el original “al”.

41 En el original “constituída”.

42 En el original “constituídas”.

43 Aquí se sitúa la primera de las dos notas a pie de página que contiene este informe cuyo tenor es el siguiente: “Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo VII, 2ª parte, sección 1ª, pág. 57”.

44 Aquí se sitúa la segunda de las dos notas a pie de página que contiene este informe cuyo tenor es el mismo transcrito en la nota anterior.

45 En el original “corlo”.

46 En el original, subrayado.

47 En el original “ala”; la primera letra “a” aparece tarjada.

48 En el original “éstos”.

49 En el original “com´un”.

50 Ministerio del Interior, Actas oficiales de las sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisiones encargadas del estudio del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República (Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1925), 754 pp.

51 En el original “vé”.

52 En el original “destruír”.

53 En el original “fue”.

54 En el original, subrayado.

55 En el original, “fue”.

56 En el original, “furuto”.

57 En el original “había”.

58 En el original, “constituírse”.

59 En el original, “ésto”.

60 En el original, “sírve”.

61 En el original, “fué”.

62 Ídem.

63 Ídem.

64 En el original, “vé”.

65 En el original, “nó”.

66 El destacado es del editor.

67 Ídem.

68 En el original, “ese”.

69 En el original, “constituír”.

70 En el original, la palabra “un” aparece escrita entre líneas, en la parte superior de una palabra escrita originalmente en el texto que resulta ilegible, porque sobre ella se ha sobrescrito la palabra “un” que, como resulta poco legible, se prefirió repetirla entre líneas.

71 En el original, “constituír”.

72 En el original “regidas”.

73 En el original, “sie”.

74 En el original, “aqu´i”.

75 En el original, “ví”.

76 En el original, “suscintamente”.

77 En 1933 apareció la primera edición del primer tomo del Derecho Civil de Arturo Alessandri Rodríguez, que reproducía la versión taquigráfica de sus clases de derecho civil referidas al título preliminar y a las personas. No obstante la fecha de su publicación, en esta obra se reproducen sus clases anteriores a 1925, pues en ella se puede leer: “Finalmente, son también personas jurídicas las iglesias y las comunidades religiosas. Hasta este momento, la Iglesia católica es una institución oficial; forma parte del Estado, porque es un organismo público. Según la forma de Constitución en proyecto pasa a ser una persona jurídica de derecho privado, como cualquier otra congregación religiosa”. Cf. Derecho civil. Primer año (tomo primero). Título preliminar. De las personas. Versiones taquigráficas tomadas en la clase de derecho civil del señor Arturo Alessandri Rodríguez (Santiago de Chile, 1933), p. 233. En la tercera edición, publicada en 1941, la referencia se ha corregido, pero no en los términos que señala Alessandri en su informe: “Finalmente, son también personas jurídicas las iglesias y comunidades religiosas. Hasta el año 1925, la Iglesia católica fue una institución oficial, formó parte del Estado, porque era un organismo público. Según la Constitución en vigencia, es sólo una persona jurídica de derecho privado, como cualquier otra congregación religiosa”. Cf. Derecho civil. Primer año (tomo I). Título preliminar, de los actos jurídicos y de las personas. Versiones taquigráficas tomadas de la clase de derecho civil del profesor Sr. Arturo Alessandri Rodríguez. (Tercera edición completada por Onías León Gaete). Con las disposiciones legales al día y notas revisadas por el Sr. Arturo Alessandri Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Santiago, Editorial Zamorano y Caperán, 1941), p. 237.

78 Oscar Álvarez Andrews nació en Santiago, el 23 de noviembre de 1897. Estudió en el Instituto de Humanidades y en la Universidad de Chile, donde siguió la carrera de derecho. Su memoria de grado se tituló La asistencia judicial: estudio sobre la situación de las clases pobres ante el derecho procesal común y especial (Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1927), 232 pp. Una vez titulado de abogado, se desempeñó en el Ministerio de Trabajo, del que llegó a ser sub-secretario hasta 1927, durante la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo. Además, fue abogado conservador de bienes raíces de la beneficencia, subsecretario de salubridad, relator del Tribunal de Alzada del Trabajo, fiscal de la Junta Clasificadora de Empleados y Obreros y abogado del Departamento de la Habitación. Fue profesor de derecho administrativo y de economía social en la Escuela de Artes y Oficios. Junto con Moisés Poblete Troncoso fue autor de Legislación social obrera chilena.(Recopilación de leyes y disposiciones vigentes sobre el trabajo y la previsión social) (Santiago de Chile, Imprenta Santiago, 1924), 478 pp. Posteriormente publicó Historia del desarrollo industrial de Chile (Santiago, Sociedad de Fomento Fabril, 1936), 391 pp.; y Teoría y práctica del sindicalismo (Santiago, 1940), 167 pp. Diccionario biográfico de Chile (7ª edición, Santiago, Empresa Periodística de Chile, 1939), p. 42.

79 Carlos Ramírez Figueroa nació en Santiago, el 18 de octubre de 1890. Estudió en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile donde se tituló de ingeniero en 1913. Fue dibujante de la Dirección de Obras Públicas, ingeniero de los Ferrocarriles del Estado, ingeniero jefe de la Inspección de Bienes Raíces de la Dirección de Impuestos Internos, inspector general de Bienes Raíces, director general del Servicio de Impuestos Internos entre 1927 y 1931, bajo la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo. Fue también miembro del Consejo Superior de Higiene, del Consejo de Enseñanza Comercial, director del Hospital San José, consejero de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas del que llegó a ser vice-presidente, miembro del Consejo Nacional de finanzas. Fue condecorado con la Cruz de Honor de la República de Austria. Diccionario Biográfico de Chile (7ª edición, Santiago, Empresa Periodística de Chile, 1939), p. 966.

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Correspondencia: Catedrático de historia del derecho y derecho canónico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirección postal: Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, casilla 4059, Valparaíso, Chile. Dirección electrónica: csalinas@ucv.cl.

* Esta investigación ha sido realizada con ocasión del Proyecto Fondecyt 1140891 del que el autor es investigador responsable.

Recibido el 19 de julio y aceptado el 15 de agosto de 2015

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