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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.38 Valparaíso ago. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552016000100021 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXVIII (Valparaíso, Chile, 2016)
[pp. 483-486]

BIBLIOGRAFÍA

Bucci, Onorato, Il matrimonio cristiano. L’iter normativo nei diritti della Chiesa (Roma, Istituto Patristico Augustinianinum, 2012), 175 págs.


La Iglesia católica, transmisora del único mensaje salvífico de Cristo a toda la humanidad, lo ha hecho al interior de la historia de los pueblos evangelizados, lo que la ha llevado a desarrollar diversos ritos y tradiciones, marcándose una clara diferencia entre la tradición latina y la oriental. Esta diferencia se advierte en la regulación que se ha dado en una y otra al matrimonio, diversidad de regulación cuyos orígenes y desarrollo se muestran en las páginas de este libro del profesor Onorato Bucci, quien fuera ordinario de derecho romano y de derecho del antiguo Oriente mediterráneo en las universidades de Molise y de Siena y en la Pontificia Universidad Lateranense, además de ser actualmente miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas.

El autor estudia la naturaleza jurídica del matrimonio cristiano, entendido como contractus en la tradición de la Iglesia latina y como foedus en la tradición de las iglesias orientales, católicas y no católicas. Un principio fundante de la estructura normativa y dogmática del matrimonio es el valor que se da al término sacramento, pues san Pablo en la epístola a los efesios, comentando Génesis 2, 4, llama al matrimonio misterio, y también el gran misterio, parangonando la unión entre el hombre y la mujer a la unión entre Cristo y la Iglesia (Ef 1,9 y 3, 3). Según el A., la concepción del matrimonio cristiano como pacto de tres, los dos novios y el sacerdote celebrante que bendice el acto jurídico puesto en existencia, fue única y unitaria para la Iglesia latina y las iglesias orientales, al menos en las declaraciones formales de la doctrina y de los concilios y sínodos locales hasta la escuela de Bolonia y al debate entre Pedro Lombardo y Graciano que caracterizaron la enseñanza del utrumque ius en las escuelas de Paris y de Bolonia. Tres fueron los datos que Pablo puso en su doctrina sobre el matrimonio: i) la absoluta igualdad de los cónyuges; ii) la neta distinción de roles; y iii) el rechazo de la concepción del matrimonio como pacto bilateral: el pacto matrimonial no puede ser la conclusión de sola decisión entre los dos sujetos núbiles, sino la conclusión de un acuerdo entre ellos y la divinidad que reconoce su decisión avalándola y consagrándola; sin esta participación y sin la voluntad de los novios de aceptar la implicación de la divinidad en su decisión, no subsiste el matrimonio.

La tradición de la necesidad de la bendición como dato constitutivo para la validez del matrimonio no nació de improviso, sino que se desarrolló lentamente hasta que Ignacio de Antioquía la considerará indispensable para la constitución del matrimonio. Y no debe sorprender que esto ocurriese cuando los primeros cristianos tenían la urgencia de distinguirse del resto de la sociedad civil en el instituto del matrimonio del que tomaba sus inicios el instituto de la familia. El matrimonio es parte de la Nueva Alianza que Cristo ha estipulado con la humanidad, sustituyendo la Antigua, de donde arranca el fundamento del instituto jurídico del matrimonio como foedus y de aquí la necesidad de que la Iglesia intervenga a través de sus legítimos pastores como parte y no sólo como testigo del acto jurídico que lo pone en existencia. De aquí la constatación de que no basta para dar vida al matrimonio el encuentro de los dos novios sino que se requiere la presencia del obispo o de su representante para dar legitimidad al encuentro de dos sujetos de sexo diverso que ponen en existencia el matrimonio.

Esta tradición, que va de Ignacio de Antioquia (c.37-c.107) al concilio de Laodisea (363-364), fue confirmada por los Padres de la Iglesia griega y la herencia del pensamiento clásico helénico, y por los Padres orientales de tradición no helénica (siriaca, copta, armenia, maronita y caldea). No hay duda que el sacerdote, en el matrimonio armenio, por ejemplo, tiene una función determinante, al punto que no es pensable la existencia del matrimonio sin la presencia del sacerdote. En la Iglesia latina de los orígenes, en cambio, el matrimonio subsistía cuando dos personas habían libre y externamente consentido en tomarse como marido y mujer. La intervención del sacerdote y su bendición no eran necesarias para dar vida al vínculo matrimonial y los esposos que se habían unido sin la intervención de la Iglesia sólo quedaban privados de la gracia particular de la religión de Cristo. No hay duda, pues, que la tradición jurídica de la Iglesia latina, en materia matrimonial, siguió una vía diversa a la seguida en Oriente, lo que significó, en definitiva, no dar valor constitutivo al rito matrimonial, adecuándose a la enseñanza de la jurisprudencia romana. Sobre esta diversidad surgió y se profundizó la distancia entre la regulación jurídica del matrimonio de la Iglesia latina y la regulación jurídica del matrimonio en las iglesias orientales.

La posición de san Agustín sobre el sacramento del matrimonio se inserta en el interior de su concepción de la Civitas Dei que convive con la civitas romana, y sus escritos, en los que se advierte la aversión hacia Roma entendida como una segunda Babilonia, influyeron en el ambiente griego. En el 893 el emperador bizantino León VI (886-912) declaró nulos, incluso ante las leyes romanas, los matrimonios celebrados sin el rito religioso, con lo cual León VI reconoció claramente que el matrimonio es una relación entre los contrayentes y la divinidad y, por consiguiente, que no había ningún matrimonio si éste no era realizado a través de la liturgia de la Iglesia.

El debate entre Pedro Lombardo y Graciano acerca de la prevalencia de la teoría del consentimiento respecto de la cópula, permitió la afirmación del principio del consensualismo bilateral de la jurisprudencia romana –nuptias non concubitus sed consensus facit– y la convicción de que sólo el consentimiento da vida al matrimonio cristiano, sin perjuicio de la importancia de la consumación afirmada por Alejandro III (1159-1181) para la absoluta indisolubilidad del matrimonio. Del siglo X al XVI, con particular atención a los siglos XII y XIII, vino elaborada, en el Occidente latino, una doble y paralela doctrina: una, fuertemente minoritaria, que veía en el matrimonio el elemento dominante del momento litúrgico-ritual; la otra, que llegó a ser la mayoritaria, que veía en el matrimonio la sola forma contractual civilística. El Concilio de Ferrara-Florencia (1439) intentó reconducir la legislación matrimonial a una única normativa unitaria para toda la comunidad cristiana en la lectura de la sentencia paulina y de los Padres del matrimonio como foedus, sin embargo, la presencia del ministro celebrante no apareció como determinante para su validez.

La tradición romanista influyó en la normativa del Concilio de Trento que intentó sanar, en materia del sacramento del matrimonio, la fractura creada entre la legislación y la praxis jurisprudencial de la Iglesia latina y de las iglesias orientales, que había quedado anclada en el dictado de León VI acerca de la indispensabilidad de la presencia del sacerdote que bendice el consentimiento expresado por los esposos para la validez del pacto matrimonial. Los años siguientes a Trento y hasta el Código de Derecho Canónico de 1917 fueron el arco cronológico del triunfo de la doctrina contractualista europea del setecientos, de formación iluminista y racionalista anglo-francesa que recuperó íntegramente la concepción del matrimonio romano como acto bilateral consensual. La canonística del ochocientos hizo suya esta concepción y la impuso en el código pío-benedictino. Las iglesias orientales, en cambio, católicas y no católicas permanecieron extrañas a este debate.

Fue Pío XII (1939-1958) quien con diversas disposiciones, una de las cuales se refirió al matrimonio –motu proprio Crebrae Allataesunt (1949)– hizo salir a las iglesias católicas orientales del aislamiento que habían tenido al interior de la Iglesia universal, reconociendo autonomía a la tradición jurídica de las iglesias orientales en igualdad de condiciones con la Iglesia latina. Conforme a estas normas, el sacerdote entra a formar parte integrante del pacto puesto en existencia por los esposos, por lo que se ha de entender el matrimonio como un acto trilateral. El Concilio Vaticano II (1962-1965) dio pleno reconocimiento a la historia jurídica y dogmática de las iglesias orientales en absoluta paridad con la Iglesia latina, de donde la comisión para la preparación del Código de Derecho Canónico de las iglesias orientales nació con la misma dignidad y autonomía de la comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina. El resultado fue que la normativa sobre el matrimonio, sin perjuicio de las naturales semejanzas, fue elaborada por ambas comisiones cada una haciendo referencia a la propia tradición histórico-jurídica: pacto bilateral para la comisión latina recogiendo una tradición que va de la escuela de Bologna –que recupera íntegramente la doctrina ulpianea– a la doctrina contractualística europea; pacto a tres para la comisión oriental –los dos esposos que expresan el consentimiento y el sacerdote que da testimonio de él– con la indispensable bendición del celebrante para que el matrimonio sea considerado válido. A lo que hay que agregar la opción de la comisión oriental en materia de pacto matrimonial por el término foedus y rechazo del término contractus recibido, en cambio, por la comisión latina.

El libro incluye en las páginas finales una abundante cantidad de fuentes bíblicas –del Antiguo y Nuevo Testamento–, romanas y de la era cristiana: sub apostólica, patrística, conciliares y sinodales, legislación romano-bizantina y documentos pontificios.

El desconocimiento en Occidente de la tradición jurídica oriental, incluso en lo referido al derecho canónico de las iglesias Orientales, es generalizado, pues el matrimonio en Occidente se ha desarrollado sobre la base del modelo romano, el que no sólo se proyectó en el ámbito canónico de Occidente, sino también en el civil, toda vez que, llegado el momento de establecer un matrimonio civil cómo único matrimonio válido ante el Estado, el modelo que tuvieron a la vista los legisladores civiles fue el matrimonio canónico –del derecho canónico occidental– del que extrajeron todo lo que tuviera relación con la religión, para quedarse con le estructura básica que habían diseñado los juristas del ius commune. Este generalizado desconocimiento de la tradición jurídico-matrimonial de las iglesias orientales –católicas y ortodoxas– en nuestros ambientes académicos es en parte superado por las páginas de este libro en las que su A., gran conocedor de la materia, a la que ha dedicado parte importante de su tarea docente e investigadora, no sólo muestra con impecable rigor académico el origen común y el desarrollo separado de ambas tradiciones canónicas, sino que no puede ocultar su aprecio por las tradiciones orientales en las que el matrimonio deja de ser entendido no como una realidad de dos para pasar a ser una relación de tres, en que la intervención de lo sacro no es un mero acto registral del intercambio de consentimiento de dos, sino que pasa a ser un elemento constitutivo del mismo, con lo que el matrimonio es entendido como algo de tres: los contrayentes y Dios a través de la bendición del sacerdote. En fin, un libro cuya lectura resulta necesaria para quienes deseen conocer con más detalle la evolución de un instituto tan natural como el matrimonio, pero que no escapa a las tradiciones culturales y las vicisitudes históricas de los pueblos en los que viven los protagonistas que asumen la tarea de encarnarlo en la vida cotidiana.

Carlos Salinas Araneda

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

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