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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.38 Valparaíso ago. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552016000100029 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXVIII (Valparaíso, Chile, 2016)
[pp. 519-523]

BIBLIOGRAFÍA

Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 8 (diciembre, 2014), 254 págs.


Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri homenajean a Fernand de Visscher (1885-1964), uno de los más prestigiosos romanistas del siglo XX. Analizan no sólo sus trabajos de Derecho público, sino también los de Derecho privado (pp. 1-12). Nacido en Gante el 14 de octubre de 1885, llegó a ocupar los puestos de profesor en las Universidades de Gante, Lille y Católica de Lovaina. Aunque se centró principalmente en el Derecho romano, también trató otras ramas, como el Derecho aeronáutico y el Derecho internacional público. En 1964 Lucien Caes publicó en la Revue Internationale des droits de l’Antiquité un listado bastante completo de las publicaciones de nuestro autor. En el vol. IV de Juristas Universales (2004), Rafael Domingo también analiza su figura (págs. 127-130). Una de sus primeras obras importantes estaba representada en el volumen de sus estudios de Derecho romano (1931), y destacaba por relacionar el materialismo histórico y la Historia del Derecho.

En el conjunto de las colaboraciones vemos la de Elio Dovere que se refiere al beneficio que Anastasio I otorgó a la Gran Iglesia de Constantinopla mediante una breve Ley que concedía la gratuidad en la asistencia de la Iglesia en los funerales (pp. 13-23). Sin embargo, nos encontramos con la ausencia de los textos originales, y la dificultad de definir con precisión los términos de tal privilegio. Una segunda pragmática de Anastasio se pronunció en los mismos términos (p. 16). Dovere considera que “Anastasio estaba interesado en el futuro patrimonial de la Gran Iglesia [...] y garantizar la gratuidad de todos los funerales de la ciudad sobre el Bósforo” (p. 20).

A continuación, dentro del homenaje, Thomas Gergen hace un análisis de las Leges Barbarorum (742) dadas por los diversos pueblos germánicos (pp. 25-36).

Valeria Carro recoge algunas referencias a la temática del Derecho mercantil romano (pp. 37-44). Resalta Carro la relevancia de la Sociedad Internacional Fernand De Visscher para la Historia de los Derechos de la Antigüedad y de la revista que publica dicha sociedad. La conquista del Mediterráneo favoreció el incremento de la economía, que se vio favorecida con la pax romana, con la implantación de un sistema monetario y la mejora continua de las comunicaciones entre los siglos III a.C y III d.C. Levin Goldschmidt había llegado a afirmar que el Derecho comercial universal moderno tenía su origen en el Derecho romano (p. 42). Sin embargo, tras la Edad Media los mercantilistas potenciaron el auge del comercio con el apoyo de la monarquía absoluta. De hecho, el Derecho mercantil adquirió una nueva condición al tener la consideración de Derecho del Estado. Valeria Carro considera que “las normas comerciales, de hecho, han cumplido la función de motor del desarrollo jurídico y de la unificación jurídica” (p. 43).

La cuestión del Derecho romano y el Derecho privado italiano en la jurisprudencia italiana más reciente ha sido tratada por Antonio Palma (pp. 45-78). El Derecho romano clásico y justinianeo ofrecieron una respuesta jurídica al nasciturus, pero que debe ser revisada con los nuevos avances del Bioderecho y de la Biopolítica. Sin embargo, Antonio Palma entiende que “lo histórico del Derecho puede ofrecer una contribución de particular interés, adoptando un parámetro hermenéutico en el moderno” (p. 46). El Derecho romano clásico se fundamentaba en una concepción naturalista en virtud de la cual el nasciturus era un ser humano que iniciaba en el seno materno el primer estadio de su propia existencia. Además se le exigía los requisitos de la persona humana: vida, vitalidad y aspecto humano (entre otras las Lex Iulia y Papia Poppea).Sin embargo, en el Derecho italiano contemporáneo el Tribunal de Casación ha sentenciado en 2004 la tutela del Derecho a la salud del nasciturus sin limitaciones de eficacia (p. 61). En 2009 atribuía al nasciturus el derecho resarcitorio, argumentando especialmente los principios del Derecho europeo en la materia y afirmando el Derecho del mismo a nacer sano. El Ordenamiento jurídico italiano únicamente permite el aborto terapéutico. Además, el Tribunal fue abandonando la controvertida cuestión de la subjetividad jurídica del nasciturus, manifestando que no era el sujeto de la tutela, sino el “objeto de tutela” (p. 65).

Felice Costabile nos comenta las inscripciones epigráficas que se publicaron en 1976 del municipio de Locri Epizefiri (pp. 79-83), antigua polis de la Magna Grecia que se convertiría en romana en el año 89 a.C., en virtud de la lex Plautia Papiria de ciuitate Latinis et sociis danda. Además hace un detallado estudio genealógico del causante, que vivió en la época de Trajano.

Otro estudio hace mención a las relaciones entre el Derecho romano y los Derechos de la antigüedad (pp. 85-94). Gábor Hamza se refiere al pasado indoeuropeo y semejanzas con la época monárquica del Estado romano (p. 86). Incluso encuentra similitudes con el Estado de Armenia. También hace algunos comentarios sobre figuras como Savigny, Feuerbach, o Thibaut, representantes de la doctrina alemana y de la Escuela histórica del Derecho. Hamza estudia la tesis indoeuropea haciendo referencia a B. Wilhelm Leist, que alcanzó una gran difusión, y recoge igualmente algunas ideas del pensamiento crítico del mismo Rudolf von Jhering sobre la “causalidad exterior”. No olvida la concepción de Jean Gaudemet que se fundamentaba en su “comunidad originaria indoeuropea” (p. 90). Schönbauer consideraba erróneo atribuirle a esta concepción indoeuropea la calificación de Derecho “prehistórico”, ya que necesariamente implicaría un progreso histórico homogéneo (p. 93). Algunos autores alemanes defendieron el Derecho romano en cuanto que representa el nuevo sistema político y estaría considerado como un Derecho “cosmopolita”. En este sentido se pronunciaba el punto 19 del programa del Partido nacional-socialista alemán en 1920.

David Pugsley estudia la figura de Tony Honoré (pp. 95-98), que es uno de los romanistas más relevantes del siglo XX. Este autor ocupó el puesto de profesor en la Universidad de Oxford y fue miembro de distintos organismos internacionales en materia de Derecho romano, pero también de Derecho comparado. Numerosos artículos de Honoré han sido recopilados en Tribonian (1978), y varias décadas más tarde en Justinian’s Digest: Character and Compilation (2010). En sus obras encontramos estudios sobre reconocidos jurisconsultos como Ulpiano, Gayo, Pomponio o Triboniano, entre otros.

Otra cuestión relativa al servicio postal y la confidencialidad en dichas comunicaciones ha sido objeto por parte de Emmanuel G.D. van Dongen (pp. 99-124). Esta cuestión, regulada en el art. 13 de la Constitución del Reino de los Países Bajos, contempla que la privacidad de la correspondencia nunca será violada, salvo autorización judicial. Ello significa que las comunicaciones sólo pueden ser abiertas en ciertas condiciones, y no podrá ser revelado su contenido a los demás. En la antigua Roma normalmente se escribían las cartas en tabulae, si bien los magistrados en Roma usaban tabellarii. Un mensajero podía viajar a una velocidad de 37-47 millas por día transportando misivas particulares. Tan sólo en el Imperio romano se dictó una regulación para los servicios postales por parte del Emperador Augusto para todo el Imperio, y con fines gubernamentales. Además, hay que reseñar que cuando alguien escribía una carta en su papel, el papel escrito (o la tabla) le pertenecía. En caso de pérdida de la carta durante el traslado el Digesto contemplaba la legitimación para ejercer una actio furti (D. 47.2.14.17). En caso de la destrucción de la tabla de un testamento o cualquier otro instrumento durante el trayecto que lo hiciera ilegible, Juliano consideraba que podían plantearse tanto la actio depositi como la actio ad exhibendum.

Lenio Luiz Streck, catedrático de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Brasil, escribe sobre el juego de la Katchanga Real, inventado por Luis Alberto Warat, filósofo del Derecho (pp. 125-129). Con este juego pretendía criticar la dogmática jurídica, a la que le atribuía las notas de decisionista, ya que reflejaba la “voluntad de poder” (p. 125). Según Warat habría que pensar en un casino en el que se jugara todo tipo de juegos, por lo que cualquier jugador debía conocer todos los posibles juegos. Uno de los jugadores propuso al casino jugar al juego de la Katchanga, pero el croupier desconocía el mismo, por lo que propuso al desconocido que comenzara jugar. El mismo sacó un juego de cartas de su bolsillo y entonces el croupier pudo observar que se trataba de un juego de cartas. A medida que jugaban iba conociendo nuevas reglas, aunque ignoraba otras. Y siempre ganaba el jugador hasta que el croupier se dio cuenta de que el ganador era el primero que dijera Katchanga, pero entonces el jugador volvió a ganar diciendo Katchanga Real. En definitiva, siempre hay alguna regla que se escapa o se desconoce. Con esta historia pretende dar a conocer que la dogmática jurídica debe adaptarse y cambiar. A modo de conclusión Streck manifiesta que “no se puede encontrar sólo a partir del análisis superficial de los textos que componen los códigos y las leyes en general” (p. 128).

José Calvo González nos ofrece un estudio de las expresiones de menosprecio o maldiciones “injuriosas” o “gravemente injuriosas” en un cuento de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), La corrección (1895) (pp. 129-137). Estas palabras impías, dirigidas contra Dios, la Virgen e incluso los santos, son analizadas en el lenguaje jurisprudencial, y propone la idea de “blasfemia fantasma”. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Las Partidas, el Código de Derecho Canónico de 1917 y el de 1983 y los distintos Códigos penales que se han promulgado desde 1822 hasta su supresión en 1989, han contemplado la blasfemia.

El liberalismo triste de Carlo Gambescia es objeto de análisis por parte de Jesús Adolfo Guillamón Ayala (pp. 137-139). Su pensamiento llegó a España través de la Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia, aunque también lo facilitó la Escuela de Jerónimo Molina. El pilar fundamental del mismo es que la historia se presentaba como imperfecta y el Estado estaba destinado a resolver la escasez material de la existencia. Pero este liberalismo tendría sus limitaciones, llegando a un liberalismo triste que “entiende la política como una ciencia práctica, que no se puede aprender a priori” (p. 139).

Patricia Zambrana Moral se refiere a la figura de Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) en una cuestión tan delicada como es la protección de los Derechos del niño (pp. 140-187). En efecto, fundó la Asociación Auxiliar del Niño en 1935, ocupando el cargo de Presidente. En su creación también participó Matilde Huici, que en realidad puede considerarse como “el alma del proyecto” (p. 143). En la misma ocuparon un lugar destacado las bibliotecas y parques infantiles donde se realizaban juegos y talleres, aunque el principal problema que tuvo que afrontar era la escasez de medios. En esta colaboración Zambrana Moral recopila una serie de documentos de Ossorio con otros miembros de la Asociación Auxiliar del Niño, que desde el punto de vista historiográfico son muy interesantes.

Guillermo Hierrezuelo Conde destaca la relevancia de la publicación periódica “Veritas et ius” (2014) (pp. 188-191). Hace referencia a la no intromisión de la Iglesia en cuestiones materiales. Otra cuestión no menos relevante trataría sobre la reforma de la Curia romana, que favoreció una mayor participación de laicos. Aunque también trata otras cuestiones como la libertad de religión y los símbolos religiosos, sin olvidar el impuesto al culto que está presente en el cantón de Ticino para las personas jurídicas.

Elena Sáez Arjona recoge resultados sobre la influencia de Luigi Sturzo (1871-1959) y Henri De Man en el pensamiento crítico al fascismo de Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) (pp. 201-212). Este jurista, conocido como el “Papa de la juridicidad”, tenía ideas democristianas, republicanas y también era defensor de la legalidad. Mostró su oposición a la monarquía y apoyó a la República, motivo por el cual tuvo que exiliarse a Argentina, pues su situación con el nuevo régimen franquista hubiera sido para él enormemente complicada en España. Ossorio asumía como suyos los ataques de Sturzo contra Mussolini, si bien estaban dirigidos a la persona de Primo de Rivera, llegando incluso a ser encarcelado por el mismo (p. 207). Influido por Henri De Man también propuso crear una nueva economía, como mecanismo para acabar con el monopolio del capitalismo.

La valoración que hace Guillermo Hierrezuelo Conde al manual de Derecho Público romano de Antonio Fernández de Buján es muy positiva (pp. 220-225). En efecto, el Derecho romano estuvo presente durante catorce siglos en muchos países de Europa. Analiza otros aspectos como los orígenes de la civitas romana, el surgimiento de la monarquía, la República romana y el Senado republicano, pero también la crisis de la constitución republicana anterior a la etapa del Principado (pp. 181-193). Además, en la última etapa del Dominado o Imperio absoluto se impuso la monarquía absoluta. Finalmente, Fernández de Buján revisa la recepción del Derecho romano en Europa y la sitúa cronológicamente en el siglo V, y no en el XI.

José G. Vargas-Hernández hace un breve estudio sobre la cuestión del concepto y el papel y las funciones del Estado (pp. 225-243). Su autor entiende que “todos los modelos de Estado hasta ahora existentes están en crisis ideológica que cuestiona el concepto de Estado” (p. 225). Pero en ningún momento asume la mano invisible del mercado de Adam Smith, ni siquiera el concepto weberiano que atribuía al Estado el monopolio del poder, pudiendo hacer uso legítimo de la coerción. Asimismo, hace referencia a las teorías neomarxistas, a los nacionalismos o el nuevo orden mundial, para concluir que hay que “reformular el concepto de Estado como un concepto para entender los procesos de gobierno” (p. 227). En cuanto al papel del Estado considera que “es complementario al mercado, en donde los nuevos agentes económicos y actores políticos son los empresarios y los administradores de las organizaciones del sector privado” (p. 232). Además, reconoce una nueva realidad: que las funciones del Estado están transformándose a consecuencia de la globalización (p. 238).

Manuel J. Peláez, catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones en la Universidad de Málaga, diserta sobre el origen del Instituto de los Laicos Italianos en la región Emilia-Romagna en 2005 (pp. 243-254). Fueron los masones italianos donde encontramos los orígenes de esta institución. La laicidad es un tema de amplio contenido. En Cataluña hubo un acuerdo entre los partidos políticos catalanes de centro-derecha y de centro-izquierda que propició una reforma de los artículos del nuevo Estatuto de autonomía en virtud de la cual se precisó en el art. 20 la propuesta del Estatuto de Cataluña de que la laicidad no debía referirse a la totalidad de la enseñanza pública, como aparecía en un documento anterior. Finalmente, ningún artículo del Estatuto de Cataluña de 15 de septiembre de 1932 hacía referencia a la laicidad o anticlericalismo. Manuel J. Peláez considera que “la política laicista y anticlerical de los gobiernos de la Generalitat con el tripartito fue una pura ilusión, suprimiendo garantías y derechos de igualdad y de formación religiosa y moral de los hijos respecto a las convicciones de sus progenitores” (p. 250). Aunque el anticlericalismo se impuso con la instauración de la Segunda República española, no hubo en Cataluña especiales muestras de anticlericalismo, aunque a partir de mayo de 1937 el status de Cataluña sufrió un cambio radical.

Guillermo Hierrezuelo Conde

Universidad de Málaga

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