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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.39 Valparaíso ago. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552017000100213 

Historia del Derecho Indiano

Reformismo borbónico periférico y élites locales. La Instrucción de regentes y sus antecedentes en Chile

Peripheral Bourbon reformism and local elites. The Instrucción de Regentes and its backgrounds in Chile

Javier Infante1 

1Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

Resumen:

El reformismo borbónico en la América Hispana ha sido bastante estudiado en las últimas décadas. No obstante, casi todos los estudios se enfocan en las reformas políticas principales -las intendencias-, así como en los espacios políticos de mayor relevancia. El presente trabajo se centra en una reforma menos estudiada -la Instrucción de regentes-, y en un espacio de las periferias del imperio colonial español, intentando demostrar cómo la existencia de intereses locales entró en conflicto con las pretensiones homogeneizadoras de la Corona.

Palabras clave: Reformismo; Periferia; Regente; Elites; Regentes

Abstract:

The bourbon reformism in Colonial Spanish America has been sufficiently studied during the last decades. However, almost all the studies focus on the main political reforms -such as the Intendant System-, as well as in the main political spaces in the colonial world. This work pretends to focus on a less studied reform -the Instrucción de Regentes-, and in a peripheral political space of the Spanish Colonial Empire, trying to demonstrate how the existence of locale interests groups collided with the homogenizing policies from the Crown.

Keywords: Reformism; Peripheries; Court Regent; Elites; Regents

I. Introducción

Para ventura de los historiadores, durante las últimas décadas el estudio del proceso conocido como “reformismo borbónico” ha dado innumerables frutos. Estos incluyen trabajos generales que se enfocan principalmente en la Metrópoli y sus primeras reformas modernizadoras, investigaciones enfocadas en el reformismo al imperio colonial, así como dedicadas al ambiente cultural e intelectual que inspiraba, en ambos lados del Atlántico, a los artífices e intérpretes de ese mismo proceso de reforma1. Además de dichas perspectivas amplias, una nueva historiografía ha cobrado fuerza y gracias a esa base general, se ha podido emprender la tarea de enfocar el lente en temas menores, como el análisis económico de las reformas2 -tanto en el contexto en que las mismas fueron planteadas como en cuanto a los objetivos de esta naturaleza presentes en ellas-, los objetivos que estas perseguían, y los problemas con los que tropezaron en su implementación. Desde el punto de vista institucional o político, se han estudiado con tremendo detalle la implementación de reformas como la creación de nuevos virreinatos, el libre comercio entre algunos puertos del Imperio, o la implementación de las Intendencias como nuevos espacios de gobierno3.

Sin embargo, creemos que la historiografía tiene una deuda con el estudio de casos menos emblemáticos que los grandes virreinatos (principalmente Nueva España o el Río de la Plata), y que existe una carencia de grandes trabajos que se enfoquen en el reformismo borbónico en territorios que podríamos considerar periféricos dentro del espacio imperial. Es el caso, entre otros, de Chile4.

En el presente trabajo, enfocaremos nuestro estudio en una reforma menos estudiada que la implantación de las intendencias en América: la Instrucción de regentes, dictada en el mismo período con el objeto de reformar la administración de las audiencias americanas5. Razones para emprender este estudio abundan. En primer lugar, porque la institución del regente vino a modificar el esquema de gobierno interno de las reales audiencias en América, tribunal que cumplía funciones más allá de las meramente judiciales o contingentes, viéndose elevadas a una categoría superior. En efecto, como ya se ha estudiado6, las audiencias indianas tenían una calidad distinta a las peninsulares, de momento que habían sido establecidas con un doble propósito: llevar la justicia -en sentido estricto- a los súbditos americanos, y al mismo tiempo servir de contrapeso ante cualquier arbitrariedad o injusticia cometida por otra magistratura americana, ora individual ora colegiada, aunque especialmente respecto a las primeras. En segundo lugar, el regente de la audiencia fue pensado como un eslabón intermedio entre la alta dignidad del virrey o gobernador, y los oidores de la audiencia individualmente considerados. En consecuencia, no se trata de una reestructuración menor o de una reforma meramente cosmética. Por el contrario, el regente gozaba de inmenso prestigio, privilegios y honores, y pasó a ocupar una posición importantísima en la línea de sucesión en el mando colonial. Esta última característica refuerza la idea de la importancia de analizar la institución del regente en Chile, ya que no fue inusual que el mismo tuviese que desempeñarse efectivamente como gobernador y presidente interino, añadiendo a sus importantes facultades administrativo- judiciales, las políticas propias de la gobernación. Una tercera razón que podría alegarse para justificar el estudio de la figura del regente, se encuentra al contraponer esta figura al nuevo intendente. Como sabemos, Chile se dividió en dos intendencias: Santiago y Concepción. Si bien el intendente de esta última tenía la propiedad del cargo, y como tal podía hacer uso de las mismas directamente -me refiero especialmente al uso de la vía reservada con la Metrópoli-, lo cierto es que en el caso de Santiago la intendencia recayó en el mismo gobernador, capitán general y presidente de la audiencia, sumado a este la de superintendente. Con ello, Santiago mantenía su posición dominante frente a Concepción -al menos en cuanto a la entidad del magistrado a la cabeza del territorio-, y perpetuaba la jerarquía gobernador/teniente de gobernador previo a la instalación de la reforma. Pero al mismo tiempo, la reforma de intendentes no cambió el paradigma del mando en ninguno de los dos territorios. En Santiago, la añadidura del título de intendente a los anteriores no tuvo -protocolarmente- mayor importancia, lo que se demuestra en el uso y la preeminencia que se daba al mismo en la tramitación diaria7.

Por todo lo dicho, creemos importante presentar un estudio que se enfoque en las vicisitudes que se presentaron tras la instalación de los regentes en la audiencia de Chile, analizando el impacto que esta reforma tuvo en el espacio político local.

II. La Instrucción de regentes como ejemplo de modernización

La Instrucción de regentes fue dictada el año 1776, impulsada por el secretario de Estado del Despacho Universal de Indias, José de Gálvez8. Resulta llamativo que tanto en las obras dedicadas al reformismo borbónico en general, o a la obra del ministro, no se mencione -salvo superficialmente- el estudio sobre la implantación de la Instrucción de regentes9. Ello, como ya adelantábamos, se debe quizá a la mayor importancia que se le ha dado por parte de la historiografía, a la reorganización de los espacios de poder político -el sistema de intendencias-, sumado a ello la propia concepción que de la reforma de regentes se debe de haber tenido como un cambio que afectaba principalmente a la real audiencia y su funcionamiento ordinario. Prueba de ello es la misma denominación que a una y otra reforma se otorga: mientras que el sistema de intendentes se aprueba mediante una ordenanza, la introducción de los regentes se hace mediante una instrucción10. Es decir, mientras la reforma de intendentes estaba pensada como una restructuración política de carácter y alcance generales, la introducción de los regentes fue pensada como una alteración menor, con efectos acotados y particulares dentro de las propias audiencias americanas. Resulta entendible que ello haya sido una realidad en otros territorios de la América española, tales como Nueva España o el Río de la Plata, no obstante en Chile la introducción del regente en la plana de la audiencia tuvo, como veremos, un fuerte impacto, incluso tras la Independencia11.

En cuanto a las finalidades generales que tenía la Instrucción de regentes, ellas se desprenden de la sola lectura de su texto: entregar una nueva planta a las audiencias americanas, las que en algunos casos requerían de un aumento en el número de oidores, y en otros, una modernización de la administración del mismo tribunal. Es por ello que la figura del regente resulta tan novedosa desde el punto de vista judicial: no sólo se trató de la incorporación de un nuevo administrador de la audiencia -colocándolo a la cabeza del mismo tribunal y reemplazando al tradicional oidor decano, aunque sin eliminar dicha posición12-, sino que el mismo regente se incorporó en el seno del tribunal cumpliendo funciones de oidor. En consecuencia, la instalación del regente vino a establecer una magistratura intermedia entre la persona del virrey, el gobernador y la audiencia en cuanto magistratura colegiada.

Las funciones que se entregaron al regente eran muy amplias e importantes. Resumió en su persona la “dirección de las audiencias en lo contencioso y económico, con independencia de virreyes y presidentes13. Es cierto que virreyes y gobernadores continuaban ejerciendo el cargo de presidente de la audiencia, pero desde la instalación del regente dicha posición pasó a un plano meramente ceremonial. En efecto, los regentes asumieron todas las funciones administrativas del tribunal, tales como la composición de las salas, la formación de sala extraordinaria, el repartimiento de los procesos, encabezar las visitas del tribunal, el reparto de los turnos de los relatores de sala, la subrogación de fiscales, etc. Estas importantes facultades de naturaleza judicial reforzarían la idea de que la implantación del regente en las audiencias americanas tenía como finalidad la separación de magistrados muchas veces legos -virreyes y gobernadores- de una función esencialmente técnica, como es la administración de justicia14. Ello sería aún más importante en plazas como Chile, en donde el gobernador se desempeñaba frecuentemente como capitán general al mando de tropas en la frontera sur, o bien ocupado en funciones distintas15. Se encargaba al regente con especial empeño la función contralora de los actos de gobierno, “para el bien del Estado, utilidad de la causa pública y quietud de las provincias a que se les destina […]”16. Con ello se reforzaba la idea de que la audiencia, ahora a través del regente, era una magistratura celadora del orden público, lo que pasaba no sólo por ejercer funciones meramente judiciales, sino de gobierno y de control de otras magistraturas de esta naturaleza17. Si a esta importantísima función sumamos el protocolo con que se rodeó a la figura del regente -colocándolo literalmente a la derecha del virrey o gobernador-, veremos que la instalación del mismo introdujo una fuerte distorsión en la jerarquía tradicional del gobierno de las Indias. Por otra parte, si consideramos que el mismo ministro Gálvez, al introducir y experimentar con la Ordenanza de intendentes en el virreinato de la Plata, entregó a estos nuevos magistrados las facultades políticas y financieras del territorio que antaño correspondían a virreyes y gobernadores, a los que ya había despojado de sus funciones administrativas en el seno de las audiencias mediante la Instrucción de regentes, se puede ver claramente una tendencia a anular a aquellos a favor de nuevos magistrados18. Aunque no sea el tema del presente trabajo, resulta casi imposible evitar concluir que el ministro Gálvez, quizá por su experiencia como visitador, pretendía renovar la administración de las Indias hasta el punto de eliminar las magistraturas individuales tradicionales -virreyes y gobernadores- mediante la sustracción progresiva de sus facultades más importantes -como administrador efectivo de las audiencias, y como autoridad política y económica-, ora mediante la Instrucción de regentes, ora mediante la Ordenanza de intendentes. Si bien esa intención es presumible, resulta casi transversalmente aceptado que todo el paquete de reformas planteadas en las Indias durante la segunda mitad del Siglo XVIII tenía por objetivo modernizar la administración española en América, para lo que era lógicamente necesario alterar el funcionamiento de la burocracia tradicional. El mecanismo elegido, tanto en la implantación de intendentes como en la de los regentes, fue el reforzamiento de la jerarquización administrativa -entendida esta como una comunicación directa entre los ahora funcionarios y sus superiores peninsulares- así como una racionalización de la administración bajo criterios pragmáticos y utilitaristas19. De allí también deriva el cambio en la formación de la burocracia imperial -no sólo la indiana- desde el reinado de Carlos III: la aristocracia y nobleza tradicionales darán lugar a una nueva casta de burócratas que no necesariamente provienen de los sectores más altos de la pirámide social, sino de técnicos y abogados -manteístas20- altamente alineados con los intereses centralizadores de la corona21.

Desde el punto de vista local chileno, las finalidades perseguidas por la corona mediante la creación de la plaza de regente fueron las antes mencionadas, aunque posiblemente el objetivo más importante haya sido alinear al mismo tribunal con las nuevas políticas metropolitanas22 -especialmente frente a oidores que, ya sea por su origen local, o bien, porque habían comprado un cargo con funciones jurisdiccionales, o se encontraban fuertemente vinculados con las gentes del lugar-, cuando éste había impedido abierta o solapadamente las mismas políticas reformistas.

III. La Audiencia de Chile en tiempos de reforma

En el caso chileno, el estudio de la implantación de la Instrucción de regentes se complica por dos razones. La primera de ellas es que al poco tiempo de haberse instalado Tomás Álvarez de Acevedo como primer regente -marzo de 1776-, este fue nombrado visitador -abril de 1777- en calidad de subdelegado de José Antonio de Areche, este último con sede en Lima. En consecuencia, poco tiempo actuó Álvarez de Acevedo en calidad exclusiva de regente, confundiéndose sus actuaciones con las propias de visitador, lo que aumentaba bastante su radio jurisdiccional. La segunda razón que hace aún más interesante el desarrollo de la primera plaza de regente en Chile, se explica por el hecho de que Álvarez de Acevedo tuvo que desempeñar no una sino dos veces el cargo de gobernador en calidad de interino, debido al ascenso del gobernador Jáuregui al puesto de virrey del Perú el año 1780, y más tarde debido a la muerte del gobernador Benavides ocurrida en 1787, oportunidad en que ostentó la gobernación interina hasta el año siguiente.

Por lo mismo, y como consecuencia de la confusión de funciones en un solo magistrado -común en el modelo colonial por lo demás-, es que cuesta establecer el carácter y las relaciones del primer regente, toda vez que estas no estuvieron condicionadas -y limitadas- únicamente a sus funciones en la audiencia, sino que se conformó sobre la base de sus múltiples tareas. No obstante lo anterior, es posible estudiar y compartimentar las distintas empresas que Álvarez de Acevedo tuvo que enfrentar desde su poderosa posición, y por lo mismo es posible acotar el campo de sus relaciones.

El primero de dichos campos viene dado por su función de regente, cargo que comenzó a ostentar a comienzos del año 1777. Esa posición lo colocó a la cabeza -administrativa- de la real audiencia de Santiago, y por lo mismo se dio rápidamente a la tarea de ordenar el funcionamiento del tribunal, eliminar o sugerir cambios en su planta, resolver causas pendientes, etc.23, no obstante otras reformas o medidas modernizadoras del tribunal -especialmente en su planta- habían comenzado un par de años antes de la instalación del regente, con la diligente intervención de los dos nuevos fiscales apuntados en 1776. En dichas tareas demostró un gran nivel de energía y eficiencia, y al poco andar el tribunal vio su trabajo totalmente actualizado, hasta el punto en que el mismo regente sugirió la eliminación de la quinta plaza de oidor, y la fundición de ambas fiscalías -civil y criminal- en una sola.

No obstante, y como adelantábamos más arriba, los intereses locales estaban fuertemente arraigados en la audiencia de Santiago, y las reticencias hacia las reformas propuestas se tenían que manifestar de alguna manera. Ello ocurrió, en más de una oportunidad, encarnándose contra las prerrogativas del regente, incluso aquellas más nimias, bajo la forma de conflictos de protocolo o etiqueta, que veremos más adelante.

Como fuere, los inconvenientes que Álvarez de Acevedo tuvo que enfrentar como regente tuvieron relación principalmente con el cambio y la modificación de la planta del tribunal, propuestos desde la metrópoli con anterioridad a su llegada a Chile y que habían remecido las bases de las redes locales de poder.

La composición de la real audiencia de Santiago hasta 1776 -es decir corto tiempo antes de la instalación de Álvarez de Acevedo- se encontraba fuertemente dominada por oidores no solamente criollos sino que chilenos, que por lo mismo tenían fuertes vínculos con la élite local y sus intereses. Los oidores numerarios eran, al advenimiento del ministro Gálvez, los limeños José de Traslaviña y Oyagüe y Melchor de Santiago Concha, así como los chilenos Juan Bautista Verdugo y Domingo Martínez de Aldunate. Estos dos últimos habían ascendido a la calidad de oidores numerarios sirviendo previamente como supernumerarios y luego de la muerte de los titulares, y tras haber adquirido plazas supernumerarias mediante la compra del oficio24. El fiscal de la audiencia era José Perfecto de Salas, natural de Corrientes, quien había servido como asesor general del virreinato en Lima desde 1761 a 1775, regresando a Chile tras caer en desgracia con el virrey Amat25.

Las redes de familia y clientela de estos hombres, radicados y naturales, no deja de llamar la atención. De los oidores limeños sabemos lo siguiente: José de Traslaviña cultivó fuertes redes familiares. Dos de sus hermanas casaron con naturales del lugar. Su hermana María Teresa casó con Pedro de Santiago Concha, sobrino del oidor Melchor de Santiago Concha -e hijo del oidor de la audiencia de Lima don José de Santiago Concha-, mientras que María Josefa casó con el chileno Andrés Cayetano de Salazar, quienes fueron abuelos de María Josefa Salazar y Carrillo, quien a su vez casaría con Tomás Álvarez de Acevedo, primer regente de la audiencia de Santiago26.

Melchor de Santiago Concha, por su parte, había obtenido la plaza de supernumerario el 2 de septiembre de 1756, y la de numerario en 1772. Era hijo del primer marqués de Casa Concha y oidor de la real audiencia de Lima don José de Santiago Concha y Méndez Salvatierra. Tanto él como sus dos hermanas casaron con familias de oidores, tanto de Lima como de Charcas. De su matrimonio con María Constanza Jiménez de Lobatón nacieron Nicolasa, quien casaría con el mayorazgo Nicolás de la Cerda, alcalde de Santiago, y José Santiago Concha, quien sería oidor en las audiencias de Santiago y Lima27.

Los oidores chilenos por su parte -y con mayor razón-, tenían también inmensas redes locales, tanto políticas como económicas y familiares. En el caso Domingo Martínez de Aldunate, este había nacido en Santiago en 1707. Hijo de un oficial pamplonés y una chilena perteneciente a la élite, casó en dos oportunidades, la segunda de ellas con Micaela Guerrero y Carrera. De esta última unión nació José Santiago Aldunate, quien más tarde sería oidor en la audiencia de Lima y posteriormente a la independencia, miembro de la Corte Suprema de Justicia en Chile. En cuanto a sus hermanos y hermanas, casi todos ellos celebraron convenientes matrimonios y ostentaron una alta posición en la sociedad colonial28. Su posición de oidor la alcanzó por compra del oficio en 20.000 pesos en calidad de supernumerario, llegando a ocupar la plaza titular en 1755. Fue además fiscal del Estanco del Tabaco en Santiago, así como superintendente de la Casa de Moneda.

Finalmente, Juan Bautista Verdugo obtuvo la plaza de supernumerario en 1747 y en propiedad el año 1767, por compra del oficio en 20.000 pesos. Su hija Francisca de Paula Verdugo casó con el coronel de milicias Ignacio de la Carrera, de cuyo matrimonio nacieron destacados personajes de la Independencia de Chile, y durante el período tardo colonial su familia emparentó con las principales familias y redes de Santiago, creando uno de los clanes más influyentes a nivel local.

Quedan en evidencia entonces las amplias redes clientelares que se entretejían en torno a la real audiencia, de las que solo hemos mostrado un pequeño botón enfocado en vínculos familiares, sin incluir relaciones con comerciantes, hacendados, dignidades eclesiásticas, así como relaciones de amistad o compadrazgo. Como es posible anticipar, esta situación presentaba varios inconvenientes, tanto jurídicos como políticos, especialmente desde el punto de vista de la Corona, que buscaba evitar la formación de redes de poder locales en sus dominios americanos. Jurídicos, en cuanto a que la gran mayoría de las relaciones que hemos mencionado estaban expresamente prohibidas por las leyes de Indias, las cuales señalaban, entre otros impedimentos, la prohibición de los oidores de las audiencias americanas de contraer matrimonio -ellos o sus hijos- con personas del lugar29, así como de ser padrinos de bautismo o matrimonio30, hacer visitas sociales31, acompañar a comerciantes por sí o por sus mujeres32, tener haciendas33, o contratar localmente, tanto ellos como sus hijos y mujeres34. Por otra parte, se creaban inconvenientes políticos toda vez que al crearse redes de poder y clientela local, la Corona veía menguada su ascendiente sobre sus dominios americanos el crearse una interferencia poderosa en la cadena jerárquica que unía al monarca con sus súbditos, al tiempo en que una función tan importante como la de representar la justicia del rey se veía potencialmente tergiversada precisamente por la formación de esas mismas redes locales, que podían, evidentemente, alterar la imparcialidad debida por el tribunal a favor de los intereses locales de los oidores o de sus clientes35.

No debe extrañarnos entonces, que una de las primeras medidas tomadas por el nuevo secretario de Indias José de Gálvez haya sido intentar purgar estas pequeñas cortes americanas36. El instrumento utilizado fue la instalación del regente, entre otras medidas de modernización de los tribunales americanos37. Para ello, se ordenó una renovación casi completa de la planta del tribunal chileno: todos sus oidores fueron trasladados a Lima, mientras que su fiscal fue promovido a la Casa de Contratación. Salvo Melchor de Santiago Concha, todos los demás se opusieron a su traslado, prefiriendo acogerse a la jubilación -Traslaviña y Verdugo- para así permanecer en Santiago, o bien, fallecieron antes de que su traslado definitivo tuviese lugar -Martínez de Aldunate y Salas (durante su traslado)-. En relación con el oidor Concha, su aceptación sin resistencia al traslado a la Ciudad de los Reyes se debió probablemente a su origen limeño, y a las fuertes redes de poder que su familia poseía en esa capital virreinal.

Pese a la resistencia de los demás oidores, es necesario señalar que la implantación del regente y la purga de oidores naturales del lugar en la audiencia de Santiago, como mencionábamos más arriba, tuvo un carácter modernizador, y no necesariamente punitivo38, no obstante el malestar que el reformismo ya había significado para algunos de los oidores de la audiencia, así como para su fiscal.

IV. La real audiencia y los intereses locales

Dados los fuertes lazos que vinculaban a los oidores de la audiencia con los intereses locales, no debería resultarnos extraña la existencia de negocios contrarios a los intereses de la Corona, y que además, muy por el contrario, beneficiaban a los propios custodios de aquellos intereses reales -los oidores- o a sus protegidos. Ese tipo de negocios explicaría la reforma de la planta de la audiencia que antes mencionábamos. En efecto, los primeros síntomas de localismo en la audiencia de Santiago habían quedado de manifiesto tan sólo unos años antes de las reformas judiciales comenzadas en 1776, y precisamente a propósito de la causa que explica la creación de vínculos locales entre los magistrados y la élite, así como la corrupción de los primeros en desmedro de los intereses metropolitanos debían custodiar: poder y dinero.

El episodio que dejó esos vínculos en evidencia fue la reforma fiscal del imperio colonial impulsado por el ninistro de Indias Julián Arriaga, así como por el contador general Tomás Ortiz de Landazuri. Esta política modernizadora de la hacienda real se manifestó, en el caso chileno, mediante la instalación de la Contaduría Mayor de Cuentas, magistratura llamada a resumir en su institucionalidad casi todas las funciones contables y hacendísticas antes repartidas entre la real audiencia, el tribunal de cuentas y otras magistraturas, y que no tenía otro objeto que ordenar, simplificar y racionalizar la contabilidad chilena, para alinear a dicho deficitario39 territorio periférico40 con la nueva política borbónica centrada en la consolidación del poder político y la mejora de la hacienda pública41.

Ocho años antes de la instalación del regente en la audiencia de Santiago, ambos magistrados peninsulares decidieron reformar y sanear el fisco chileno, para lo que designaron un contador mayor de Chile en la persona de Silvestre García, magistrado con previa experiencia en Venezuela, y de la absoluta confianza del contador general Ortiz de Landazuri42. García recibió su designación en abril de 1768, y se instaló en Chile un año más tarde. La tarea que debía iniciar este funcionario no era sencilla.

Además de la titánica tarea de actualizar las cuentas atrasadas y ordenar las irregulares, debía pugnar con la resistencia de todos aquellos que ahora quedaban sujetos a su capacidad contralora y auditora. No es de extrañar entonces que el contador general Ortiz de Landazuri haya sido muy precavido en la redacción de las instrucciones que entregó a García, y en ella haya consignado amplias facultades para el funcionario que tendría que llevar a cabo la tarea43. De allí que en el capítulo 6 de las mismas instrucciones, Ortiz de Landazuri haya enumerado las funciones y responsabilidades del contador mayor de Chile en los siguientes términos, que creemos merece ser estudiado con cierta detención. Comenzaba señalando: “Aunque según lo establecido en las diferentes leyes de la Recopilación de Indias”. Esta frase es tremendamente importante. Con ella el contador general se anticipaba a la resistencia que opondría la real audiencia a la disminución de atribuciones que hasta entonces le habían correspondido44, especialmente considerando que el tribunal chileno hacía una interpretación amplia de la norma que establecía la composición de la Junta de Hacienda, incorporando en su seno a todos los oidores y no solamente al decano, disminuyendo de esta forma la disposición de otros oficiales o magistrados a indisponerse frente a la audiencia como cuerpo45. El contador general Ortiz de Landazuri debe haber temido bastante la resistencia de la real audiencia, toda vez que la disposición antes mencionada se veía reforzada en el capítulo séptimo de la instrucción, en la que señalaba que “La referida audiencia de Chile, ni los gobernadores, justicias, ni otras algunas personas podrán entrometerse con el citado contador de cuentas en lo tocante a las que se le han de rendir […]”.

Dichas precauciones fueron recogidas por el flamante contador mayor de Chile, quien tomó una actitud muy precavida frente a cualquier diligencia que debiese implantar en el desempeño de su cometido. En tal sentido, tomó la precaución de actuar siempre apegado a la legalidad de las instrucciones entregadas, cubriendo en algunos casos su responsabilidad de manera anticipada mediante la elevación de las respectivas consultas ante la contaduría general en la metrópoli46. Ello no quiere decir que el contador haya actuado de manera ligera o bien sin generar enemistades. Muy por el contrario, su actuar fue decidido, y en cierta manera reflejó lo bien provistas que estaban las precauciones contra la resistencia de las magistraturas locales, especialmente por parte de la real audiencia47, institución con la que al poco tiempo tuvo su primer desencuentro, entre varios que tendrían lugar.

Este ocurrió cuando, dentro de sus amplias facultades -que incluían también la fiscalización de rentas distintas a las de real hacienda, como el patrimonio municipal (arbitrios del cabildo), o ramos que tradicionalmente se encargaban a terceros postores (arriendo de tributos)-, el contador mayor pretendió fiscalizar el uso de fondos por parte del corregidor de la ciudad de Santiago, Luis Manuel de Zañartu, cuya fama de carácter se ha perpetuado en el colectivo nacional hasta siglos después de su muerte, así como ciertas irregularidades sorprendidas en la administración de cierto proyecto público en el que se veía involucrado uno de los oidores de la audiencia. En ambos casos el contador mayor vio frustrados sus intentos por esclarecer situaciones que a todas luces arrojaban, a lo menos, sospechas. En el caso del oidor Traslaviña, este se había adjudicado fondos del cabildo -baluarte del criollismo- para construir un canal que abasteciera de agua el centro de la ciudad. La primera sospecha surge por la adjudicación en sí, ya que otro postor había hecho una oferta por un monto menor para la misma obra. La segunda sospecha se presentó tras el fracaso en la empresa iniciada, tras lo que la misma audiencia subsidió el proyecto invirtiendo un monto que doblaba el capital inicial comprometido48.

Otro ejemplo del celo con el que los oidores de la audiencia de Santiago defendieron sus privilegios legales -y los beneficios personales que de ellos derivaban en opinión del propio García49- tuvo lugar meses más tarde, cuando el contador mayor García pretendió proceder al corte y tanteo del tesoro local sin la asistencia de los oidores de la audiencia. Ante ello estos últimos protestaron airadamente, lo que provocó que García elevara la respectiva cuestión de competencia ante el virrey, el que dio la razón a estos últimos reprimiendo duramente al contador. No obstante la protección de García era superior, y Ortiz de Landazuri respaldó completamente el actuar de su delegado50. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente ¿Por qué la audiencia habría de demostrar tanto celo en conservar una función técnica como el corte y tanteo, en vez de permitir su delegación en el contador? La respuesta cae de cajón. En primer lugar, la tarea no era desempeñada con la mayor diligencia por parte de los oidores -lo que queda en evidencia con el atraso del envío de los informes de cuentas a la metrópoli, acusada por García-, sino que además por la posición privilegiada que cabía a los oidores en el manejo de la hacienda real hasta antes de la implantación del tribunal de cuentas. Ya que la audiencia y la junta de real hacienda eran casi una misma magistratura por identidad en su composición, los oidores, como efectivamente observó Fernando Silva, eran a la vez libradores y pagadores de fondos51, a lo que habría que agregar, la de contralores sobre los mismos fondos y libranzas.

Si bien resulta natural que la audiencia haya defendido sus intereses y prerrogativas, llama la atención o al menos levanta sospechas el ver que tras dicha defensa muchas veces se ocultaba realmente la protección de intereses particulares de los oidores o sus parientes, tal y como temía la legislación indiana que prevenía dichos conflictos. Las prevenciones del ministro Gálvez de purgar la audiencia de miembros con fuerte raigambre local no habrían sido en vano, y la instalación del regente habría ayudado a restaurar la distancia e impersonalidad que debía caracterizar a la audiencia en el territorio.

Desde el punto de vista de la visita realizada por Álvarez de Acevedo, este tuvo que enfrentar el mismo espíritu de élite que previamente había enfrentado el primer contador, no obstante dos diferencias: la composición de la audiencia no era la misma, ya que la instalación del regente coincidió con la purga del tribunal realizada por el ministro Gálvez, y Álvarez de Acevedo tampoco mantuvo una política de constante confrontación con los oidores. Efectivamente, a diferencia de la contaduría mayor, que tomó sus facultades en desmedro de la audiencia, la figura del regente estaba llamada a insertarse dentro del mismo tribunal, a funcionar como cabeza del mismo, absorbiendo las funciones que tradicionalmente habían correspondido al decano, y elevando a la audiencia -precisamente a través del regente- en la subrogación del mando.

No obstante, la instalación del regente tampoco estuvo exenta de dificultades y roces con los privilegios existentes. Ello puede obedecer a la nueva composición de la audiencia, formada exclusivamente por peninsulares y criollos ajenos a Chile, de distinguidos servicios a la corona, y muy celosos de sus prerrogativas personales y colegiadas52.

En primer lugar, cabe destacar que los problemas de la instalación de la contaduría mayor no murieron junto al primer contador, Silvestre García. Muy por el contrario, tras la muerte de este en 1774, fue reemplazado en calidad interina por Gregorio González Blanco, quien no tuvo la misma suerte en su trato con la élite local, y cuyo actuar produjo tal resistencia que dio origen a un episodio de leve rebelión contra las políticas borbónicas conocido como el motín de las alcabalas. Dicho episodio no tuvo la entidad que sí tuvieron otros similares en la América española, como la rebelión de Tupac Amarú II en Perú o la revuelta de los comuneros en Nueva Granada-, pero sirvió para crispar los ánimos en una población que no era proclive a ese tipo de reacciones, al mismo tiempo que sirvió para colmar la paciencia de las autoridades metropolitanas y decidirlas en el sentido de purgar la audiencia de Santiago, y controlarla de manera más firme a través del regente53. El interinato de Gregorio González duró poco, y José Tomás Echevers fue nombrado como segundo contador mayor del reino, tras lo cual -quizá por la ineptitud de este-54la situación se calmó, permitiendo la adecuación del plan general de reformas en Chile , las que por lo general no encontraron mayor resistencia55, quizá en gran medida porque la pretendida intención de la Corona en torno a marcar la distancia entre los representantes de ella y los súbditos americanos evitando la creación de vínculos fue un total fracaso56.

Ahora bien, desde el punto de vista de las relaciones internas del tribunal que Álvarez de Acevedo estaba llamado a gobernar, las cosas no fueron tan sencillas, y sus relaciones con la audiencia en cuanto cuerpo colegiado no fueron tan cordiales como con los oidores -y fiscal- individualmente considerados. Lo anterior nos lleva a cuestionar la sinceridad de aquella cordialidad y familiaridad entre el regente y los demás ministros y fiscales, toda vez que resulta difícil concebir que magistrados tan celosos de prerrogativas personales fuesen capaces de separar alguna afrenta a las mismas de sus relaciones más íntimas. Por el contrario, creemos que dichas relaciones quizá se expliquen mejor desde una perspectiva meramente política, dejando de lado la perspectiva humana57.

Como fuere, cabe destacar que los problemas entre el regente y los demás oidores de la audiencia ocurrieron principalmente desde 1787 en adelante, durante su segundo gobierno interino en reemplazo del fallecido gobernador Ambrosio de Benavides. Ello se explica porque a diferencia de su primer gobierno interino, en esta oportunidad el regente no gozó de todas las prerrogativas del cargo de gobernador. En efecto, si bien mantuvo la regencia y en consecuencia la presidencia de la audiencia, le fue disputada la superintendencia de la real hacienda por parte del secretario de la gobernación don Alonso de Guzmán -sin éxito, por lo demás-, mientras que la real audiencia le reconocía como capitán general pero no como gobernador, reservándose para sí -como cuerpo colegiado- dicha atribución. Es decir, si bien el regente presidente interino quedaba a cargo de los negocios ordinarios y diarios de la gobernación en cuanto capitán general, presidente y superintendente de la real hacienda, la audiencia conservó para sí una especie de gobierno superior sobre la totalidad del territorio58. Ello explica en gran medida, la cantidad de roces que se presentarían entre el regente y el tribunal.

El primer encuentro de etiqueta entre el regente y los oidores de la audiencia tuvo lugar en 1776, durante la fiesta del novenario de Nuestra Señora de la Merced celebradas en septiembre. Según el informe del fiscal de la audiencia, Joaquín Pérez de Uriondo, el cuerpo de la audiencia se aprestaba a salir a dicha fiesta de tabla en sus respectivos coches, cuando “estando el tiempo lluvioso, y habiendo mucho lodo, salió el fiscal con los demás ministros, y llegando a la puerta del palacio, halló puesto en ella el coche del regente, reparó que para poder los concurrentes tomar sus respectivos coches, era preciso que saliesen hasta fuera de la calzada, a la plaza, y que se enlodasen y mojasen con sumo perjuicio de su salud, e indecencia nada regular, ni conforme a la autoridad del tribunal []”59. Ante dicho inconveniente, el fiscal Pérez de Uriondo solicitó al regente que diera orden de mover su coche para que así los demás ministros pudiesen ir abordando los suyos propios en el orden que ordenaba el protocolo. Sin embargo “[] y sin atender a la rebaja, y desprecio que experimentaban los demás ministros, ordenó que no se moviese el coche, dejando a aquellos en la indecente y molesta necesidad de andar errantes por la plaza, chapaleando por los lodos, y charcos de agua en busca de los suyos, para tomarlos, y formarse procesionalmente []”60. El regente por su parte, se defendió a su vez con otro informe en el cual alegaba que en nada se había alejado de la costumbre y el protocolo, ya que “[] siendo costumbre inmemorial y uniforme con lo que había visto observar en otras partes de aquellos reinos, que el coche del presidente cuando va con la audiencia y cabildo a fiestas de tabla, se coloque a la puerta de la iglesia, o del palacio de donde se sale []”. En el informe presentado al Consejo, el fiscal resumía y caracterizaba el entredicho como una “[] de las muchas disensiones que constan al Consejo por distintos, que ha habido, y hay entre el señor Acevedo regente de la audiencia de Chile, el oidor don Francisco Diez de Medina, y el fiscal de ella don Joaquín Pérez de Uriondo, por no quererse reducir a la razón ni conciliar las dudas con la buena armonía que exige su ministerio y mandan las leyes []”. Tras escuchar a las partes y tener a la vista el informe del fiscal, el Consejo acordó que “[] para obviar en lo futuro igual lance, juzga el Sr. fiscal muy conforme se prevenga al presidente y audiencia de Chile, que de aquí en adelante observen el mismo método que practica el Consejo cuando va a funciones de iglesia, en cuanto a tomar el coche el señor presidente, o el Sr. decano, o ministros más antiguos, que en aquel día preside al tribunal []61.

La segunda de estas discordias de etiqueta surgió a propósito de los honores que correspondían al regente cuando este se encontrase actuando a su vez como gobernador y presidente interino. Los hechos de la causa son los siguientes: el 7 de septiembre, en las vísperas de la fiesta de la Natividad de la Virgen, el tribunal asistió, como estaba previsto en las leyes de Indias, a la función de tabla respectiva. Para ello, el cuerpo del tribunal abandonó el edificio de la real audiencia -ubicado en la cara norte de la plaza mayor-, y se dirigió hacia la iglesia de la Merced, ubicada a dos cuadras del lugar. El problema se presentó cuando al momento de formar la comitiva, se formó un cuerpo de soldados Dragones “espada en mano”, entre el cuerpo de los ministros y el coche del regente Álvarez de Acevedo, haciendo de escolta de honor -se entiende- al regente que precedían, y no al cuerpo de la audiencia, del que quedaban a la espalda.

Ante dicha falta a la etiqueta del tribunal, el fiscal de la audiencia Joaquín Pérez de Uriondo tomó cartas en el asunto: “Parecióme que el desorden provendría de la inadvertencia de los soldados, y que con sólo expresarlo se pondría el conveniente remedio; y así lo insinué al regente por medio de su ordenanza, y después de retirados de la iglesia, y en las casas de la audiencia, haciéndole ver con la mayor veneración la inobservancia de las leyes, que prohíben se mezcle persona alguna cuando salen los ministros en cuerpo de audiencia, y concluyendo que convendría que los soldados se pusieren y fueren delante de la comitiva, o a los lados colaterales del coche []62.

El regente, por su parte, esperó un tiempo prudente -casi 6 meses- para entregar su propia versión de lo acontecido, en un informe que, a diferencia del presentado por el fiscal, se caracteriza por su simpleza, austeridad en el recurso al lenguaje para embellecer la situación en su favor, así como la ausencia de elementos que demuestren apasionamiento. En efecto, mientras el informe del fiscal daba cuenta de las supuestas animadversiones existentes entre el regente y su persona, el informe del regente se limitaba a narrar los hechos de una manera clara, ordenada e impersonal63.

El asunto fue visto en el Consejo los días 24 de noviembre y 11 de diciembre de 1788, y el dictamen que puso fin a la querella tuvo fecha el 3 de febrero de 1789. El resultado no fue favorable al regente, ya que el dictamen señaló claramente que “he venido en reprobar al mencionado regente presidente interino el haber puesto los dos soldados delante de su coche con prevención de que en lo sucesivo no lo hagan los presidentes []”, para continuar inmediatamente -y salomónicamente también- con una crítica al fiscal Pérez de Uriondo “los medios de que se valió para impedirlo, pues en el caso de encontrar alguna contravención lo debe representar conforme a las leyes []”64.

Otras discordias entre el regente y la audiencia, que solo mencionaremos, recayeron en diferencias producidas en torno a si la facultad de apertura de los pliegos dirigidos desde la metrópoli al presidente de Chile correspondían al regente -que de hecho los abrió- o a la audiencia en cuerpo, la que conservaba el gobierno superior del reino65, o bien sobre si el conocimiento de los expolios del difunto obispo concernían al regente o a la audiencia. Sobre la apertura de los pliegos dirigidos al difunto gobernador Benavides, la Corte estimó que era procedente que el regente abriese aquellos pliegos dirigidos al gobernador en cuanto capitán general o superintendente de la real hacienda, más la apertura de aquellos otros pliegos dirigidos al gobernador debía realizarse en presencia de los demás oidores66.

Si bien los episodios no pasan de meros impasses de etiqueta, dan cuenta de una realidad concreta: la resistencia de la audiencia y sus ministros a verse desplazados, especialmente de cara a los honores públicos, frente a este nuevo magistrado, que aún cuando -ante los ojos de la audiencia- se encontrase cumpliendo funciones gubernativas en calidad interina, seguía siendo un miembro más del tribunal, adecuando entonces sus privilegios a los de aquel.

Finalmente, cabe mencionar un altercado que tuvo lugar entre el regente presidente interino y el cabildo de Santiago, magistratura colegiada que servía de refugio, especialmente tras la modificación de la planta de la audiencia, a los principales vecinos criollos de la capital. Precisamente por ese carácter de baluarte criollo que se reconoce al cabildo, es que los regidores elegían únicamente a naturales del reino para las plazas de alcalde de primer y segundo voto. En tal circunstancia resultó electo para 1788, en calidad de alcalde de segundo voto, el señor Juan de la Morandé. No obstante ello, este prontamente hizo llegar su renuncia al regente presidente interino, quien la aceptó y rápidamente nombró a Domingo Díaz de Salcedo y Muñoz, hombre, en palabras de Álvarez de Acevedo, de “recomendables circunstancias”, a las que se agregaba el hecho de “[] que en veinte años continuos, desde 1768, no se había elegido vecino alguno europeo para alcalde []”67.

Ante esta afrenta al cabildo por parte del regente, el alcalde de primer voto don José Miguel Prado, envió con fecha 7 de junio del mismo año un informe al rey68, habiendo lógicamente iniciado el respectivo caso de corte ante la real audiencia de Santiago. De acuerdo al alcalde Prado, el regente había extralimitado sus facultades en dos oportunidades: al aceptar la renuncia y al nombrar reemplazante, siendo ambas prerrogativas exclusivas del cabildo: “Por derecho, el electo don Juan [de la Morandé] si quería hacer su renuncia debió hacerla en manos del cabildo, de donde dimanó su elección [] Pero aun cuando se hubiese guardado la forma y la renuncia se hubiera verificado según el derecho debido, el regente intendente no pudo mezclarse en la creación y nombramiento de alcalde, usurpando la jurisdicción del cabildo []”69.

El asunto quedó resuelto mediante un dictamen del rey fechado el 8 de mayo de 1789, pronunciado tras la deliberación de la segunda sala del Consejo el 16 de marzo del mismo año. El fallo dio la razón al alcalde Prado, ya que el monarca estimó que “[] desaprobando como desapruebo el procedimiento de Acevedo, para que no sirva de ejemplar en lo sucesivo en casos de igual naturaleza”. Sin embargo, dado que en mayo de 1789 era imposible retrotraer los hechos a enero de 1788 ya que “podrían suscitarse nuevos disturbios, diciendo de nulidad por falta de jurisdicción de los actos que como alcalde haya hecho el citado Muñoz [Salcedo y Muñoz] para obrarlos, he resuelto subsanarla y dar por válida la jurisdicción, y mandado que en lo sucesivo, en casos iguales, se hagan las mismas renuncias de los oficios de ayuntamiento en manos de los vocales de él []”70.

De lo expuesto, se podría concluir que la resistencia por parte de las élites locales, tanto pretorianas como criollas, hacia la figura de Álvarez de Acevedo, fue relativamente transversal. Sin embargo, es posible que esa animadversión no haya tenido causa en la persona del regente sino en el cargo y las funciones que este pretendía imponer a modo de innovación en desmedro de las ya existentes parcelas de poder local. En este sentido, tanto la élite pretoriana -antes y después de la purga de criollos de la audiencia- como los vecinos criollos representados en el cabildo, presentaron una resistencia que no tenía otro objeto que la conservación del status quo, impidiendo la implantación de reformas que podían atentar contra sus intereses políticos y económicos. El carácter impersonal de la resistencia hacia el cargo y no la persona, quedaría demostrado por dos hechos: pese a los continuos roces entre el regente Álvarez de Acevedo y el fiscal Pérez de Uriondo, este último no dudó en nombrar a aquel como padrino de su hijo. Asimismo, y pese a la distancia que el regente pudo haber creado con la élite criolla, incluso manifestando abierta preferencia por españoles europeos como en el último caso, lo cierto es que las redes de poder que este debe haber tejido con la élite local no fueron menores, y ello explicaría que en un par de años el propio hijo de Álvarez de Acevedo -nacido en Chile en 1778- haya obtenido una plaza de oidor nada menos que en la Real Audiencia del país que le vio nacer71.

V. Conclusiones

Como bien ha apuntado Barbier respecto al regente, es cierto que este tuvo una capacidad inmensa de, cual camaleón, adaptar sus colores a los intereses que mejor servían a su causa, cualquiera que esta hubiese sido. Por los méritos, recomendaciones y carrera realizada por Álvarez de Acevedo, no cabe duda de que se trababa de un funcionario ejemplar, digna muestra de aquella nueva casta funcionarial promovida por Carlos III en la administración pública. Por otra parte, y a juzgar por sus relaciones familiares o clientelares, vemos que el celo reformista logró conciliarse a su vez con aquellas prácticas que la Corona buscaba erradicar mediante la modernización, cuando no jerarquización, de la administración.

Es por ello que la instalación y funcionamiento de la plaza de regente debe ser estudiada desde una doble perspectiva, como hemos intentado plasmar en el presente estudio: por una parte, un análisis meramente institucional, que de cuenta de las funciones y espíritu de la normativa que lo regulaba, así como los resultados concretos que logró conseguir con su instalación; por otra, cuáles eran las circunstancias sociales, económicas y políticas con las que dicha institucionalidad tuvo que convivir en sus primeros momentos, circunstancias que modelaron y redefinieron el contenido o espíritu originalmente contemplado. Esa captura de la reforma por parte de la élite es precisamente el fenómeno que caracterizó a la gobernación de Chile durante el período de las reformas. Quizá por su poca importancia económica -siempre deficitaria-, o quizá por su escaso valor político y social -una sociedad pequeña y principalmente rural-, la Corona permitió un acomodo de las reformas a la realidad del país. Pero ¿cuál era ese espíritu? La mayoría de la literatura se refiere al fenómeno de la centralización. Nosotros preferimos el concepto de jerarquización. La idea no era resumir todo el poder mediante la unidad administrativa. Por el contrario, la idea era fijar un nuevo principio de autoridad en todos los campos, tanto el político -mediante la nueva planta de intendencias- económico -mediante la nueva planta de la real hacienda-, como judicial, a través de la figura del regente.

Si ello se logró en otros campos, es objeto de otros estudios. En lo judicial, valga señalar que pese al acomodo inicial de la figura del regente dentro de la planta de la audiencia, esta pronto quedó fijada y consolidada tanto en su seno como en el círculo de la aristocracia local. Quizá ello explique que años más tarde, en 1808 y tras la muerte del gobernador Guzmán -en los comienzos de la invasión napoleónica-, la audiencia de Santiago haya insistido en que la gobernación interina correspondía a su regente, y no al militar más antiguo presente en el territorio, diferendo que finalmente se resolvió mediante la amenaza de las armas.

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El presente trabajo forma parte del Proyecto Fondecyt de Iniciación 11140068.

1Herr, Richard, The Eighteenth Century Revolution in Spain (s.l., Princeton University Press, 1958); Hargreaves-Mawdsley, W.N., Spain under the Bourbons, 1700-1833 (MacMillan, 1973); Burkholder, Mark y Chandler, D.S., From Impotence to Authority. The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808 (s.l., University of Missouri Press, 1977); Burkholder, Mark (ed.), Administrators of Empire (s.l., Ashgate Publishing, 1998); Brading, David, The First America. The Spanish Monarchy. Creole Patriots and the Liberal State 1492-1867 (s.l., Cambridge University Press, 1991); Lynch, John, Bourbon Spain 1700-1808 (s.l., Blackwell Publishers, 1993); Konetzke, Richard, America Latina. La época colonial (s.l., Siglo XXI Editores, 2002).

2Por ejemplo Von Wobeser, Gisela, Dominación colonial. La consolidación de vales reales, 1804-1812 (s.l., Universidad Nacional Autónoma de México, 2003). Más recientes son los trabajos de Stein, Barbara y Stein, Stanley, Apogee of Empire. Spain and New Spain in the Age of Charles the III, 1759-1789 (s.l., John Hopkins University Press, 2003) o Edge of Crisis. War and Trade in the Spanish Atlantic, 1789-1808 (s.l., John Hopkins University Press, 2009). También Kuethe, Allan y Andrien, Kenneth, The Spanish Atlantic world in the Eighteenth Century. War and the Bourbon Reforms 1713-1796 (Nueva York, Cambridge UniversityPress, 2014), quienes tratan la relación entre guerra, economía y reformismo.

3Creo conveniente destacar los trabajos de Fischer, Lillien Estelle, The Intendant System in Spanish America (Berkeley, University of California Press, 1929); Navarro, Luis, Intendencias en Indias (Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1959); Lynch, John, Administración colonial española 1782-1810. El sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata (Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962); Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España (s.l., Fondo de Cultura Económica, 1996); Rees Jones, Ricardo, El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España (s.l., Universidad Nacional Autónoma de México, 1979); García, Clara (coord.), Las reformas borbónicas 1750-1808 (s.l., Fondo de Cultura Económica, 2010).

4La única obra enfocada particularmente en el reformismo borbónico en Chile es de Barbier, Jacques, Reforms and Politics in Bourbon Chile 1755-1796 (s.l., University of Ottawa Press, 1980). Otros trabajos monográficos han tocado algunos temas del reformismo en Chile, como Barrientos, Javier, La real audiencia de Santiago de Chile (1605-1817): la institución y sus hombres (s.l., Fundación Histórica Tavera, 2000). Sin embargo la mayoría de los trabajos consisten en artículos científicos (algunos de ellos base para monografías sobre el tema), contando entre ellos a Cobos, María Teresa, Notas para el estudio de las intendencias en el Chile indiano, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 11 (Valparaíso, 1986), pp. 109-141, o El Régimen de intendencias en el reino de Chile. Fase de implantación 1786-1787, en Revista Chilena de Historia del Derecho, 7 (Santiago de Chile, 1978), pp. 85-106.

5Salvat, Manuel, La Instrucción de regentes, en Revista Chilena de Historia del Derecho, 3 (Santiago, 1964), pp. 37-69.

6Barrientos, Javier, El gobierno de las Indias (s.l., Marcial Pons, 2004), p. 153; Dougnac, Antonio, Manual de historia del derecho indiano (s.l., McGraw-Hill, 1998), pp. 96-97; Konetzke, Richard, América Latina. La época colonial, cit. (n. 1), p. 124.

7Por ejemplo, Ambrosio O`Higgins al tomar posesión del cargo de gobernador, señaló: “[…] recibí los despachos de mi promoción a los empleos de gobernador, y capitán general, superintendente subdelegado de real hacienda de este reyno y presidente de su real audiencia […]”. AGI, Chile, 282. Es doblemente decidor el hecho de que el mismo O´Higgins fue elevado desde la calidad de intendente de Concepción.

8Sobre el ministro, véase Ingram Priesley, Herbert, José de Gálvez, Visitor General of New Spain (1755-1771), (s.l., University of California Press, 1916).

9Por ejemplo, Guillermo Céspedes del Castillo, en un excelente trabajo sobre las reformas implementadas, dedica unas pocas páginas a las reformas de la administración de justicia, y dedica unas pocas líneas a la introducción de la plaza de regente en las audiencias americanas. Céspedes del Castillo, Guillermo, Ensayos sobre los reinos castellanos de Indias (Madrid, Real Academia de la Historia, 1999), pp. 320-324; Richard Konetzke le dedica menos de tres líneas a enunciar la implantación de la figura del regente, en sus meros aspectos formales como intermediario entre la audiencia y su presidente. Konetzke, Richard, América Latina. La época colonial, cit. (n. 1), p. 124. En Chile pocos trabajos tratan del tema. Entre ellos Bravo, Bernardino, Judicatura e institucionalidad en Chile (1776-1876): del absolutismo ilustrado al liberalismo parlamentario, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 1 (Valparaíso, 1976), pp. 61-87; Javier Barrientos ha escrito el trabajo más completo sobre el tema: Las reformas de Carlos III y la real audiencia de Santiago, en Temas de Derecho, 2 (Santiago, Universidad Gabriela Mistral, 1992), pp. 23-46.

10Dougnac, Antonio, Manual, cit. (n. 6), p. 124.

11Barrientos, Javier, Las reformas, cit. (n. 9), p. 32.

12Instrucción de regentes, LXI.

13Instrucción de regentes, XXXV.

14Véase Bravo, Bernardino, Los hombres del absolutismo ilustrado en Chile bajo Carlos III, en Campos, Fernando (ed.), Estudios sobre la época de Carlos III en el reino de Chile (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1989), pp. 297-373.

15Por ejemplo, a propósito del denominado Motín de los tres Antonios, Miguel Luis Amunátegui dice sobre las funciones del regente y su persona: “[…] Chile estaba a la sazón gobernado por Antonio de Benavides, pero este era un anciano, que sólo pensaba en prepararse para la muerte. A falta del presidente, la representación de los intereses de la metrópoli estaba realmente desempeñada por don Tomás Álvarez de Acevedo, que era un cumplido togado español, austero de costumbres, cuerdo en el consejo, infatigable en el trabajo, eximio en el conocimiento de las leyes, idólatra de su rey, perspicaz en sus juicios, prudente como el que más, reservado como el sólo, incontrastable en sus resoluciones, desdeñoso de las apariencias. El Conde de Aranda había adivinado las sobresalientes prendas de aquel letrado, y le había experimentado en comisiones arduas, de que había salido airoso […]”. Amunátegui, Miguel Luis, Los precursores de la independencia de Chile (Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernación Barcelona, 1910), pp. 214-215. Sobre la personalidad de Álvarez de Acevedo, el contemporáneo suyo don Vicente Carvallo Goyeneche nos dice algo similar: “Sus talentos, integridad y juicioso pulso en la expedición de negocios eran demasiado notorios en la Corte, y no pudieron esconderse a la superioridad”. Carvallo, Vicente, Descripción histórico-geográfica del reino de Chile, en Colección de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional (Santiago de Chile, Imprenta de la Estrella de Chile, 1875), IX, p. 419.

16Instrucción de regentes, XLIII.

17Véase Barrientos, Javier, La apelación en materia de gobierno y su aplicación en la real audiencia de Chile (Siglos XVII, XVIII y XIX), en Revista Chilena de Historia del Derecho (Santiago, 1990), pp. 343-382.

18Véase Lynch, John, Administración colonial, cit. (n. 3).

19Horst Pietschmann, en dos excelentes trabajos, ha abordado el espíritu del proceso reformista. Según él, la idea central de las reformas no debiese ser necesariamente el centralismo, sino que el liberalismo subyacente a las mismas, traducido en ideas como la igualdad ante la ley, el individualismo, o incluso las ideas federales. Todo ello quedaría bajo el paraguas del concepto que ha denominado protoliberalismo. Pietschmann, Horst, Revolución y contrarevolución en el México de las reformas borbónicas. Ideas protoliberales y liberales entre los burócratas ilustrados novohispanos (1780-1794), en Caravelle. L’Amerique Latine face a la Revolution Française, 54 (Presses Universitarires du Midi, 1990), pp. 21-35; Él mismo, Consideraciones en torno al protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución. La Nueva España en el último tercio del siglo XVIII, en Historia Mexicana 41/ 2 (s.l., Colegio de México, 1991), pp. 167-205.

20Brading, David, The First America, cit. (n. 1), p. 478; Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas, cit. (n. 3), p. 30; Konetzke, Richard, América Latina, cit. (n. 1), p. 126.

21Céspedes del Castillo, Guillermo, Ensayos, cit. (n. 9), pp. 230, 235-236.

22Barbier, Jacques, Reform and Politics, cit. (n. 4), p. 101.

23Barrientos, Javier, Las reformas, cit. (n. 9), pp. 26-27.

24Ibíd., p. 42. Traslaviña había adquirido el cargo como plaza futuraria en 1740 por la suma de 17.000 pesos, mientras que Aldunate compró la plaza supernumeraria en 20.000 pesos en 1748. Burkholder, Mark, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821 (s.l., Greenwood Press, 1982), pp. 330 y 202.

25Véase Donoso, Ricardo, Un letrado del Siglo XVIII, el doctor José Perfecto de Salas (Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1963).

26Barrientos, Javier, La real audiencia de Santiago de Chile, cit. (n. 4), pp. 698-700.

27Burkholder, Mark, Biographical Dictionary, cit. (n. 24), pp. 677-678.

28Su sobrino fue vicario general de la diócesis de Santiago, donde más tarde llegaría a ser obispo. A través de sus sobrinas emparentó con la familia del Marqués de Monte Pío, con el Conde de la Conquista, así como dos de sus hijos casaron con hijas del Marqués de la Pica. Barbier, Jacques, Reform, cit. (n. 4), p. 50

29Rec. Ind., 2, 16, 82. Sobre las licencias matrimoniales concedidas a miembros de las audiencias americanas, véase Burkholder, Mark y Chandler, Dewitt, From Impotence, cit. (n. 1), pp. 96-111. Sobre los orígenes de esta prohibición, Brading, David, The First America, cit. (n. 20), p. 221.

30Rec. Ind., 2, 16, 48.

31Rec. Ind., 2, 16, 49.

32Rec. Ind., 2, 16, 53.

33Rec. Ind., 2, 16, 55.

34Rec. Ind., 2, 16, 66.

35Como ha señalado Horst Pietschmann, “[sobre la administración indiana previa a las reformas] demostró que la aplicación de las medidas gubernamentales era deficiente en manos de burócratas en los que no podía confiar, y que ponía en duda la voluntad de dirección estatal, ya que estos funcionarios dependían más de intereses económicos establecidos que de la autoridad de la Corona […]”. Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España, cit. (n. 3), p. 98.

36En este sentido nos parece adecuada la interpretación de Kuethe y Andrien: “The new Minister of the Indies changed the tempo and tone of government, essentially discarding the customary formula of consultation and compromise with the American elites in favor of a more authoritarian approach”. Kuethe, Allan y Andrien, Kenneth, The Spanish Atlantic world, cit. (n. 2), p. 290.

37Barbier, Jacques, Reform, cit. (n. 4), p. 135.

38Por ejemplo, Burkholder y Chandler sostienen que el caso chileno ilustra de muy buena manera este carácter punitivo de las reformas sobre los principales afectados. Nos parece una interpretación errada, toda vez que las reformas no tenían un carácter personal –elemento esencial a cualquier castigo–, sino que buscaban la implantación de un nuevo modelo de centralización política que purgase a la nueva jerarquía administrativa de cualquier interferencia, las locales entre ellas. Por lo mismo, la resistencia que opusieron los oidores removidos de su plaza en Santiago no debe ser vista como la respuesta a una pena, sino por el contrario, como una manifestación de incomodidad frente al saneamiento de situaciones irregulares que nunca debieron haber ocurrido. La tesis del carácter punitivo sostenida por los autores, se desacreditaría además por el nulo peso relativo que –según ellos mismos y otros– tenía Chile dentro del esquema imperial [p. 134]. Burkholder, Mark y Chandler, Dewitt, From, impotence, cit. (n. 1), p. 132. Por otra parte, también es cierto que en otras partes del Imperio –aunque en Chile por efecto paradojal–, el reformismo borbónico alienó a las élites de tal manera que se sembró la semilla de su descontento, que más tarde se manifestaría en las revoluciones de independencia. Brading, David, The First America, cit. (n. 20), p. 537. Es ejemplo de lo que John Lynch denomina el nuevo imperialismo. Lynch, John, The Spanish-American Revolutions, 1808-1826 (Nueva York, W.W. Norton & Company, 1971), p. 2.

39Cfr. Jara, Álvaro, El imperio español en América (1700-1820): una historia económica (Santiago de Chile, Editorial Sudamericana y Random House Mondatori, 2011).

40Kuethe, Allan y Andrien, Kenneth, The Spanish Atlantic world in the Eighteenth Century, cit. (n. 2), p. 290.

41Brading, David, The First America, cit. (n. 1), p. 468.

42“[…] de cuantas [cuentas] han venido de América y han pasado a la censura de mi cargo, en ningún he encontrado un método tan claro y formal; y la verdad que si con el mismo hubieran procedido los tribunales de Indias en las que están bajo su inspección, poco habría quedado que hacer en esta parte a la Contaduría a mi cargo […]”. Ortiz de Landazuri a Arriaga, sobre la conducta de García, citado en Silva, Fernando, La contaduría mayor de cuentas del reino de Chile, en Estudios de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales, 2 (Valparaíso, 1967), p. 145.

43Las instrucciones se encuentran reproducidas luego de un excelente estudio de la instalación del tribunal de cuentas en Silva, Fernando, La contaduría, cit. (n. 42), pp. 103-179.

44La Recopilación de las Leyes de Indias prescribía en el caso chileno que “Por la dificultad que se nos ha representado en ir, o enviar de provincias muy distantes, y mar en medio a dar las cuentas, hemos acordado, y resuelto, que las de Chile, y Filipinas, se tomen como hasta ahora, conforme a las ordenanzas de las Audiencias […]”. Las cuentas tomadas debían enviarse a la contaduría de Lima. Rec. Ind. 8, 1, 79. Las funciones contraloras de la audiencias se ejercían a través de una reunión ad hoc denominada junta de hacienda: “Mandamos que en todas nuestras audiencias se haga una junta y acuerdo de hacienda precisamente cada semana […] en que se trate de nuestra real hacienda y pleitos fiscales […] y en ella asistan el virrey o presidente, y el oidor más antiguo, fiscal, contador de cuentas, donde hubiere tribunal, y el oficial real más antiguo, diputando para ello una sala […]”. Rec. Ind. 8, 3, 8.

45Ortiz de Landazuri al ministro Arriaga, citado en Silva, Fernando, La contaduría, cit. (n. 42), p. 132.

46“The crisis of 1776 however, was not the inevitable result of the measures themselves. On the contrary, under García the reforms had been pushed forward with the acquiescence of much of the elite. This reflects, certainly, the political ability of the first Contador Mayor. García never pushed forward without having secured clear authorization from Madrid […] This kept Santiago quiet”. Barbier, Jacques, Reform and Politics, cit. (n. 4), p. 93.

47Ibíd., p. 85.

48Ibíd., p. 65; Burkholder, Mark, Biographical Dictionary, cit. (n. 24), p. 330.

49Silva, Fernando, La contaduría, cit. (n. 42), p. 136.

50Ibíd., pp. 129-130.

51Ibíd., p. 133.

52El oidor Martínez de Aldunate fue reemplazado en la primera plaza de oidor por Juan José de la Puente Ibáñez de Segovia, quien no asumió. En reemplazo de este último se designó a Luis José Francisco de Paula de Santa Cruz y Zenteno, oriundo de Lima e hijo del Conde de San Juan de Lurigancho, quien asumió la plaza en 1778. Santa Cruz y Zenteno asumió como oidor decano. En la segunda plaza de oidor, Melchor de Santiago Concha fue reemplazado por José Lucas Gorbea y Vadillo, quien asumió su plaza en 1778. Natural de Orduño, había estudiado leyes en la Universidad de Toledo. En la tercera plaza de oidor, José Clemente Traslaviña fue reemplazado primeramente por Benito María de la Mata Linares y Vásquez Dávila, y luego por Francisco Tadeo Diez de Medina y Vidangues, natural de La Plata, quien asumió la plaza en 1783. Juan Bautista Verdugo del Castillo fue reemplazado en la cuarta plaza de oidor por José de Rezábal y Ugarte, nacido en Vitoria, quien juró la plaza en 1778. Tras algunos traslados a otras audiencias, Rezábal asumiría como regente de Chile en 1795, plaza que serviría hasta su muerte en 1800. Finalmente, en 1777 se creó la quinta plaza de oidor, que fue servida por Nicolás de Mérida y Segura –nacido en Cádiz–, quien la asumió en 1778 y la sirvió hasta 1781. Con su muerte, la quinta plaza fue eliminada. Véase, Barrientos, Javier, La real audiencia de Santiago, cit. (n. 4), pp. 653 ss.

53Barbier, Jacques, Reform and Politics, cit. (n. 4), p. 101.

54Silva, Fernando, La contaduría, cit. (n. 42), pp. 150-151.

55 Such a program could obviously provoke revolt, and in fact did so in other regions. In Chile, however, no major problem resulted”. Barbier, Jacques, Reform and Politics, cit. (n. 4), p. 113. Por otra parte, según Miguel Luis Amunátegui el recién instalado regente habría heredado una situación complicada al suceder al gobernador Benavides en calidad de interino, lo que se habría reflejado en la imposibilidad de emprender una de sus medidas de mejora a la administración –la numeración de las casas– debido a las sospechas de que aquella medida se encaminaba a la imposición de nuevos impuestos. Amunátegui, Miguel Luis, Los precursores, cit. (n. 15), p. 189. Barros Arana, Diego, Historia general de Chile, (Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1886), VI. p. 290.

56Barbier destaca el carácter conciliador y prudente de Álvarez de Acevedo, quien supo transar y negociar el plan de reformas con los intereses locales, atribuyendo a esta característica la paz que caracterizó a todo el proceso reformista en Chile. Ahora bien, desde el punto de vista de los intereses estrictamente metropolitanos que el regente debía custodiar –evitando la formación de clientelas–, debemos reconocer que Álvarez de Acevedo quizá incurrió en los mismos vicios que pretendía corregir. Como bien lo resume Mark Burkholder, “Álvarez became involved in a major fraud over an alleged mercury mine in Punitaqui […] protected Ramón del Pedregal, the administrator of customs and a notorious grafter, along with others, in establishing a substantial following through his uses of patronage. He established close ties with the Cabildo and other members of the Audiencia, ties strengthened through his compadrazgo with oidores Francisco TadeoDiez de Medina and Joaquín Pérez de Uriondo […]”. Burkholder, Mark, Biographical Dictionary, cit. (n. 24), p. 8. Sobre estas últimas relaciones de compadrazgo, Barbier señala que “The close tieso the three men were such that they enabled the Regent to manipúlate actively in judicial process”, afirmación que no obstante respalda con sólo un ejemplo. Barbier, Jacques, Reform and Politics, cit. (n. 4), p. 151.

57Por ejemplo, en un informe elevado por el fiscal de la audiencia don Joaquín Pérez de Uriondo contra cierta conducta del regente, no duda el fiscal en señalar que la causa de la afrenta de que señalaba ser víctima se debía a “[…] otros motivos privados y personales, dimanados del resentimiento que el mismo regente a manifestado a mi persona”. Pérez de Uriondo a Gálvez, 5 de noviembre de 1787, AGI, Chile, 282. De acuerdo al mismo informe, dicha malquerencia entre ambos personajes había surgido unos meses antes, cuando tras la muerte del gobernador titular don Ambrosio de Benavides, el regente Álvarez de Acevedo procedió a abrir ciertos pliegos dejados por el fallecido, sin esperar la concurrencia de la audiencia en cuerpo, que se consideraba gobernadora para esos efectos.

58Barros Arana, Diego, Historia general de Chile, cit. (n. 55), VI, pp. 287 y ss.; Amunátegui, Miguel Luis, Los precursores, cit. (n. 15), I, pp. 344 ss.

59Resumen de la exposición del fiscal, acuerdo del Consejo, segunda sala, AGI, Chile, 283.

60Ibíd.

61Acuerdo del Consejo, segunda sala, AGI, Chile, 283.

62Pérez de Uriondo a Gálvez, 5 de noviembre de 1787, AGI, Chile, 282.

63“[…] lo expongo reverentemente […] suplicando rendidamente a V.M. se digne declararlo así, y advertir a dicho Ministro la irregularidad de su procedimiento, para que en lo sucesivo no haya motivo de semejantes disputas y desazones […]”. Informe del presidente interino de Chile, 1 de abril de 1788, AGI, Chile, 282.

64Dictamen del 3 de febrero de 1789, AGI, Chile, 282.

65Barrientos, Javier, La real audiencia de Chile, cit. (n. 4), pp. 366 ss.

66Amunátegui, Miguel Luis, Los precursores, cit. (n. 15), I, p. 350.

67Informe del regente al rey, 29 de abril de 1788, ibíd., pp. 94-95.

68Informe del alcalde provincial de Santiago al rey, 7 de junio de 1788, AGI, Chile, 283.

69Informe del alcalde provincial de Santiago al rey, 7 de junio de 1788, AGI, Chile, 283.

70Dictamen del rey, 8 de mayo de 1879, en AGI, Chile, 283.

71Efectivamente, José Álvarez de Acevedo fue nombrado primero como oidor a media paga en 1806, y luego como oidor propietario en 1810. En 1811 fue nombrado oidor en Buenos Aires. No alcanzó a servir ninguno de estos cargos, y solo sirvió, en plena revolución de la independencia, la de fiscal interino de la audiencia de Buenos Aires. Burkholder, Mark y Chandler, Dewitt, Biographical Dictionary, cit. (n. 24), pp. 10-11.

Recibido: 22 de Septiembre de 2016; Aprobado: 03 de Mayo de 2017

Dirección para correspondencia: El autor es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado y Magíster en Derecho por la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster y Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, y Postdoctoral Fellow del Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte.

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