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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.39 Valparaíso ago. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552017000100329 

Historia del Derecho Patrio Chileno

Regularidad electoral, secreto de voto y exclusión. Las tesis dominantes en las memorias de prueba sobre el sufragio en Chile (1897-1920)

Election regularity, vote secrecy and exclusion. Dominant arguments in the undergraduate thesis on suffrage in Chile (1897-1920)

René Jara Reyes1 

1Universidad de Santiago de Chile, Chile

Resumen:

El artículo se interesa por el tratamiento de las cuestiones sobre el voto y las elecciones desarrollado en un pequeño corpus de Memorias de Prueba (tesis). A partir de un análisis de tres grandes tópicos -la regularidad electoral, la modernidad y la exclusión-, el texto busca responder a la pregunta sobre la caracterización de las elecciones en el período (1897-1920). De esta forma, nuestro trabajo intenta elaborar una evidencia histórica complementaria a las tesis dominantes en el campo, con el fin de comprender de mejor forma la amplitud de los cambios que se dejan ver en el campo electoral.

Palabras clave: Memorias de prueba; Chile; Secreto de voto; Sufragio

Abstract:

This article is interested on how features about vote and the elections are dealt within a little corpus of Memorias de Prueba (dissertation). Focusing on the analyses of three big topics -electoral regularity, electoral modernity and elitist-exclusion-, the text search to give an answer to the question about the characterization of the elections work during a certain period (1897-1920).In this way, we discover historical and complementary evidence about the three-dominant thesis in the field, aimingto understand in a deeper perspective, the wide transformation seen on the electoral field.

Keywords: Undergraduate thesis; Chile; Vote secrecy; Suffrage

I. Introducción

Las imágenes que recrea la historiografía sobre las elecciones en el siglo XIX chileno divergen1. Una parte importante de la literatura especializada ha difundido la imagen de una república ejemplar, que cumple las veces de modelo y excepción en el contexto latinoamericano2. Esta condición se explica en gran parte por lo que Annino denomina “la leyenda negra” de la democracia en América Latina. Según esta premisa, la calidad de las elecciones en el nuevo continente no habría sido más que un simulacro de democracia3. Entre los elementos que más se destacan se encuentra la considerable regularidad con que se realizan las elecciones, a pesar de atravesar períodos complejos como guerras civiles y episodios bélicos con sus vecinos4. También se ha celebrado la temprana incorporación de ciertos dispositivos claves del voto moderno como el pupitre de aislamiento, elemento clave en el aseguramiento del secreto de voto. Por otro lado, ciertos historiadores han recalcado el carácter profundamente elitista y excluyente del sufragio5 y la expansión considerablemente lenta6 del sufragio popular durante el siglo XX. Dentro de este grupo, se han descrito con detalle las múltiples manipulaciones del electorado con fines electorales7, y más recientemente, se ha intentado identificar las lógicas sociales y políticas que explican el fenómeno de la corrupción electoral, especialmente durante el período parlamentario8. Como vemos, la caracterización del caso chileno deja una pregunta abierta: ¿Cómo se puede ser una república ejemplar, al mismo tiempo que un régimen político excluyente, corrupto y manipulador del sufragio universal?

A diferencia de otros análisis, el presente artículo concentra su interés en una fuente de información nueva: un grupo de 14 trabajos de titulación universitaria, publicados entre 1897 y 1920. En un contexto donde gran parte de la actividad intelectual se produce al alero de la Universidad de Chile9, resulta de particular interés consultar los trabajos producidos por los estudiantes de su Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas10. Sabemos que, a principios del siglo XX, la enseñanza del derecho en Chile sufre una pequeña revolución, abandonando la lectura exegética de las leyes por una más científica11. Es justamente en esta atmósfera de cambio que van a surgir un grupo de memorias de prueba que abordan temas electorales. Si bien estos textos no abandonan el campo de la discusión jurídica, tienden a alejarse del simple comentario, defendiendo un enfoque propio y particular para estudiar el objeto electoral12. Su principal especificidad corresponde “al carácter extenso y exhaustivo que poco a poco fue(ron) adquiriendo”, debido “a la crónica ausencia del doctorado en el país, y, por ende, de tesis de tal, que paulatinamente empezó a ser suplida en la licenciatura por algo que, no bien remotamente, se asemeja a una tesis doctoral”13. En síntesis, este grupo de memorias guarda una enorme importancia para el estudio de las instituciones políticas chilenas, pues constituyen probablemente el principal cuerpo de reflexiones académicas que informan sobre la marcha de las elecciones durante el período.

El presente artículo busca responder a la pregunta por la caracterización del sistema de voto empleado en el período, por medio del análisis de tres grandes tópicos que son abordados en estas memorias de prueba: la regularidad y corrección de las elecciones (I), la introducción de ciertos aspectos del secreto de voto (II) y el carácter excluyente del sufragio (III). La consulta y selección de fragmentos, desde una perspectiva diacrónica, nos ha permitido identificar cuáles eran las opiniones y comentarios de los estudiantes de derecho respecto al proceso de construcción de las instituciones electorales del país, sobre las técnicas de votación empleadas en la época, y en general, de los múltiples inconvenientes que supuso la instalación de una democracia electoral14 en el país. De esta forma, el artículo explora los principales discursos intelectuales que se elaboran en la época respecto al divorcio entre democracia y costumbres políticas, así como las posibles consecuencias que tuvo para la evolución institucional posterior.

II. La regularidad electoral

Uno de los aspectos más controversiales de la historiografía de las elecciones en América Latina corresponde a la determinación de su regularidad, ya sea en su dimensión temporal como normativa. Respecto a la primera, es cierto que las elecciones en Chile gozaron de una continuidad considerable. Sin embargo, también se observa que el sistema de votación funcionó fundamentalmente gracias a la intervención electoral del gobierno15. Por otro lado, se observa que el sistema pudo tolerar altos grados de informalidad, ya sea en las formas de movilización de los electorados como en el respeto de las normativas que regían el acto de voto.

De esta forma, la existencia de irregularidades se observó en las más diversas etapas del proceso de votación, sobre todo bajo la figura de la falsificación de documentos. Según Sierpe, “más que la corrupción, la dominación de la falsificación ha comenzado a ser favorecida en el campo electoral […] Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la falsificación de las elecciones constituye el 90% del resultado de las urnas durante las últimas elecciones”16. El autor identifica así al menos cinco tipos de falsificación. La primera corresponde a la “suplantación de la persona, falsificando la firma al momento de votar”. En segundo lugar, podría ocurrir “un cambio del documento de identificación al momento del escrutinio”. En tercer lugar, se encontraba con recurrencia la práctica de “marcar el voto durante la votación”. El cuarto tipo corresponde a la “falsificación posterior de las actas notariales, igualmente con cambio del documento de identidad” y finalmente, “la adulteración del conteo de los votos luego del escrutinio”17.

El comercio de votos tenía, según los autores de las memorias, una lógica propia, muy difícil de torcer. Sierpe la define como “un delito grave porque la compra y venta de la consciencia del ciudadano significaba, como nosotros podemos decirlo hoy, un contrato verbal en el que una de las partes vende su voto y la otra lo acepta por un precio fijado. ¡Un comercio legítimo!”18. Su extensión es cada vez más larga. Según los cálculos de Guzmán, las sumas invertidas en este comercio “se elevan hasta el millón de pesos, una cantidad que impresiona si se toma en cuenta el escaso número de votantes y la postración económica por la que atraviesa ese que atraviesa una situación financiera particular”19. Por otro lado, habría que considerar que el precio del voto “se dispara cuando el día del sufragio se aproxima”. Para esto, “los billetes de calificación que con anticipación estuvieron reunidos entre las mismas manos, sea por corrupción, sea por otro medio fraudulentos” son utilizados. Con este material, los agentes de cada candidatura hacen votar a otros. Es por esta razón que se vuelve “muy difícil descubrir a los culpables que se presenten a votar en nombre de los ausentes o de las personas difuntas, sobre todo si estos son agentes de la autoridad”20. Las lógicas sociales y económicas se articulan en torno a un verdadero de mercado de votos, en el que tanto electores como agentes electorales están en competencia por maximizar sus ganancias.

Las manipulaciones llegaron a ser tan perfectas, que hicieron innecesario utilizar las viejas fórmulas de movilización. “No hay sobre sin firma”, dice Ortiz. Y agrega: “no hay incongruencia entre las firmas, porque estas han sido calcadas sobre los propios registros”21. A pesar del carácter estricto del texto de ley, Ortiz subraya que “bastante seguido, en medio de la alegría o de la poca experiencia, se olvida meter los votos con el nombre del candidato, con lo que se favorece el fraude”22. Este error es el fruto de la negligencia, por lo cual debería ser visto como un instrumento de orientación política.

Algunas memorias ponen el acento en las prácticas irregulares que emplean ciertos partidos para movilizar a sus electorados. Sierpe critica así una cierta “negligencia incalificable de los partidos”, como él prefiere decirlo, por no haber “sabido seleccionar debidamente a sus agentes”23. Por su parte, Larraín García acusa a los partidos de servir de estas circunstancias, para conseguir sus objetivos. “Y los partidos favorecen esta situación; sus miembros se encargan de trabajar por el candidato proclamado por el directorio del partido, y el trabajo consiste en distribuir alcohol a derecha e izquierda”24. De esta forma, la denuncia de esta corrupción consentida del sufragio universal se instala como telón de fondo de las discusiones sobre el voto a principios del siglo XX.

La extensión del cohecho fue la práctica política más frecuentemente denunciada en las memorias. Algunos, como González, la consideran la “causa principal del profundo malestar político que no aflige”25. Según este autor, la expansión de la corrupción “ha llevado tan lejos los síntomas infecciosos, que la venalidad se ha convertido en un comercio, si no lícito, al menos, libre y autorizado por la costumbre: se vende primeramente al ignorante, luego al sin escrúpulos, enseguida al necesitado, y hoy día se vende públicamente hasta a ese que no tiene necesidad”26. Por otro lado, la extensión de la corrupción se explica también por un clima de opinión clima que la favorece. “En virtud de este encadenamiento de causa y efecto”, comienza diciendo, “la corrupción electoral ha tenido como consecuencia obligada el alejamiento de los hombres que meritan verdaderamente ser candidatos, y están preparados para las responsabilidades públicas más importantes, siendo reemplazados por los audaces y ávidos de grandeza”27. La recurrencia del fraude tendría entonces el efecto negativo de expulsar a los individuos más virtuosos de la escena electoral, con todos los efectos que esto pudo traer para el correcto funcionamiento de las instituciones políticas.

A este conjunto de irregularidades, las memorias agregan un componente suplementario: la denuncia tanto de la inconsciencia como de la indiferencia que despiertan las prácticas de voto. A propósito de la primera, Carvajal denuncia el clima propicio que se crea como producto de la extensión del cohecho. “La compra y la venta desatada de los votos, el descuido casi absoluto con el cual una parte considerable de los ciudadanos emite su voluntad”28, sería el producto natural del fraude. La gravedad de la inconsciencia del elector se ve eclipsada, en la opinión de Carvajal, por la peligrosidad de otro mal: la indiferencia. Carvajal la define como “un cierto desprecio mal entendido con el cual se observa a los ciudadanos, cuyo concurso es útil y necesario, ya que la emisión del sufragio es considerada como un deber incluso si no hay sanción ni algún medio de coerción para obligar a alguien a completarla”29. En su opinión, esta indiferencia debe ser considerada como “un vicio paralelo al de la venalidad”. ¿Su origen? Reside en “la falta de comprensión de los deberes cívicos, la falta de interés por la buena o mala dirección tomada por el Estado”30. Un vicio de este carácter puede solamente inspirar, según Carvajal, “condena o desprecio”31. La misma opinión es compartida por Larraín, quien señala: “todo el mundo, estando al corriente de estos hechos, continúa con la farsa, hablando de cultura, de corrección. Fuera de ciertos casos precisos, las elecciones son hechas por el dinero y la falsificación”32. Es decir, no se denuncia solo la existencia del fenómeno, sino también su supuesta naturalización. Sierpe lo expresa con las siguientes palabras: “La corrupción entró en plena fuga y con tanta fuerza en el ejercicio electoral que ha sido considerada natural y racional”33. Para Carvajal, el carácter normalizado del fenómeno se explica por el provecho que extraen las clases dominantes de esta situación. De esta manera, la corrupción electoral aparece, bajo la figura del dinero, como una de las principales variables que explican el funcionamiento de la mecánica electoral. “La venalidad es la inconsciencia del pueblo, lejos de ser combatida, son mantenidas y explotadas por los partidos que se disputan el gobierno de la República. Se puede casi asegurar que, por tales vías, la influencia de las clases superiores ilustres se hace sentir en la masa”34.

Es en este contexto que vemos instalarse la hipótesis del desajuste entre las costumbres y las prácticas políticas que se intentan implantar en el país. Según Arteaga, “la condición esencial que debe poseer la ley para ser buena es de ser apropiada a los usos y costumbres del país donde debe ser aplicada”35. Por la misma razón, las leyes y los hábitos deben ser intensamente resguardados, al menos en este campo. Una opinión similar sostiene Larraín García, quien denuncia abiertamente el divorcio entre las costumbres nacionales y las prácticas democráticas, declarando: “Nuestro pueblo no está preparado para el sufragio universal; no lo conoce, ni le interesan los candidatos que se presentan. El que paga será su mejor candidato”36. La sentencia, por dura que parezca, no era un pensamiento aislado. Ya en 1886, Valentín Letelier, intelectual y prominente figura del Partido Radical, señala el despropósito de haber conferido derecho de voto “a un pueblo insuficientemente preparado para el ejercicio de las instituciones democráticas”37. Lo curioso es que este argumento, abiertamente conservador, sirvió entonces para justificar tanto la existencia de irregularidades como las razones para buscar su reforma.

III. La modernización: el secreto de voto

Una de las principales características del sistema de votación chileno consiste en la temprana adopción que se hizo de aspectos tan importantes como las modalidades de voto y el tipo de escrutinio38 u otros relacionados con la evolución de los equipamientos y técnicas electorales -urnas transparentes, el pupitre aislado, la cédula única- que se implementan desde 1874 hasta 191439. Estas formalidades van a ser relevantes además para la securización de los lugares de votación y el resguardo de la transparencia en los escrutinios. Este conjunto de innovaciones cierra un ciclo muy relevante, pues considerando la sola ausencia de la cédula única, el sistema de votación chileno contaba a esa fecha con todos los elementos primordiales de los sistemas modernos de votación40.

Al igual como sucede en otras experiencias de modernización del sufragio41, en Chile surgen, desde muy temprano, una serie de voces que claman por el aseguramiento del secreto de voto. En una de las primeras memorias que abordan el tema, el héroe nacional Arturo Prat Chacón, señala las múltiples fallas del sistema de voto que precede la reforma. En primer lugar, Prat analiza el tipo de papel empleado. La disposición de 1874 es en su opinión bastante ambigua, pues “sin faltar a la ley (el papel blanco) puede ser de hilo, de algodón o de seda, todos esencial y visiblemente diverso a pesar de la uniformidad de su color”. Se agrega además que, incluso entre papeles de la misma clase “tienen en su coloración varias tintas”, a lo que se suman las múltiples dimensiones de los sufragios que fabrican y distribuyen los partidos. Todo esto lleva a Prat a afirmar que “el secreto de voto es todavía una aspiración entre nosotros”42.

La defensa del voto secreto en las memorias contiene al menos tres momentos. Un primer momento consiste en valorizar las transformaciones del voto en la historia electoral chilena. Las primeras leyes electorales, si bien hacen hincapié en multitud de cuestiones, no fueron severas en la protección del secreto de voto43. En la práctica, Sierpe considera que “el voto es público y los electores hacen uso de su billete para manifestar su identidad”44. Esta costumbre contradice abiertamente el “deber ser” de las elecciones, en la opinión de Muñoz. Para este autor, el voto “debe ser emitido en el más absoluto secreto”. Es solamente bajo estas condiciones que la lucha contra la corrupción puede ser efectiva. De ello se sigue que, “una vez que el secreto de voto sea establecido, los votos no serían comprados, porque nadie se querría arriesgar a perder su dinero”45. La mecánica del voto secreto poseía ahora la virtud de disuadir el comercio de sufragios.

El segundo momento consiste en descalificar la modalidad de voto público. “Es casi cierto”, comienza diciendo Muñoz, “que en el sistema que vuelve el voto público, en una mayoría de casos, el elector debería luchar entre su consciencia y una voluntad extraña que lo vigila”. La presión social aparece entonces como un argumento de peso para oponerse a esta modalidad del voto. Las presiones provendrían de relaciones jerárquicas que se establecen, por ejemplo, entre “el trabajador” y “el que le paga”. Por esta razón, el voto público favorece un tipo de relación donde “la libertad individual faltaría, condición indispensable en un acto que debe ser el reflejo fiel de la voluntad individual”46. Para los detractores de esta medida, la alternativa entre un voto público o secreto no es la cuestión de fondo, puesto que “detrás de él [este voto] vendría la influencia del patrón, del industrial o del hombre de talento”47. Para responder a este ataque, el autor aborda la idea de la influencia correcta, que en dos palabras podría ser definida como la influencia moral, legal y decente que ejerce un individuo sobre la orientación del voto de otro, es decir “con la condición de que estas influencias obedezcan a sentimientos espontáneos de gratitud o la admiración del talento”48. La correcta influencia no alteraría entonces las relaciones primarias que la preceden, sino que intenta solo incidir en el comportamiento de los electores.

El tercer momento corresponde al ejercicio de la legislación comparada. La aplicación práctica del principio de secreto de voto busca poner la legislación chilena a la vanguardia de las “legislaciones más avanzadas en materia electoral, como las del Reino Unido, Suiza y Bélgica. En estos tres países, las elecciones de diputados y las municipales se realizan más o menos de la misma forma”49. En este momento, se cita la ley electoral inglesa en vigor a la época, que señala: “El elector, al momento de ser llamado a votar, recibirá de la mesa de votación un documento de identificación que contendrá los nombres de todos los candidatos que se disputan el triunfo, y serán enteramente iguales entre ellos”. En este momento, “será marcado, a medida que los electores votan, con un signo (probablemente un timbre) que será el mismo para todos. El signo tiene por objetivo evitar que el elector lleve consigo un voto marcado”. Al mismo tiempo, el elector debía “entrar en el pupitre y marcar con un lápiz, que deber ser provisto, los nombres de ese o esos que se quiere elegir entre esos del número legal”50. Finalmente, el documento de identificación debía estar situado “al interior del sobre que, una vez cerrado, sería depositado en la caja destinada a recibirlo”51. Es decir, la ley inglesa promovía ya en ese tiempo el uso de la lista única oficial, con el objetivo de liberar al elector de las presiones más inmediatas.

La defensa más encarnada del secreto de voto se encuentra en la memoria de Palma, en su comentario sobre el artículo 54 de la ley electoral de 1890. En este texto, el autor efectúa un análisis de las múltiples medidas que buscan limitar la corrupción electoral. Parte descartando la restricción del sufragio, pues considera que este remedio podría ser “peor que la enfermedad”. Esta medida iría “contra la tendencia moderna”, aumentando al mismo tiempo la “presión sobre los pocos votos”52 que se emiten. También desestima la idea de “aumentar las penalidades”53 a los delitos electorales, o la propuesta de firmar acuerdos entre partidos “por los cuales se comprometen a dispensar una suma máxima potencial por cada departamento”. Esta última idea parece, a los ojos del autor, “absolutamente utópica”54. La conclusión de Palma es lapidaria: “La única medida que en mi opinión es capaz de producir en la materia resultados deseados es el secreto de voto”55.

Pese a los cambios favorables introducidos por la ley electoral de 189056, subsisten algunas dificultades para la consolidación del voto secreto. Para Guzmán, el principal error de la ley consiste en las prescripciones incluidas en el artículo 70, sobre el uso de voto particular. Esta normativa “parece en la práctica más eficaz porque la mayoría de los electores están premunidos previamente del voto respectivo con el cual ellos van a votar, porque los partidos políticos, por medio de sus agentes, han distribuido con anticipación los votos con los nombres de los candidatos a un gran número de ciudadanos”. La tolerancia frente al uso del voto particular constituye un pilar de la mecánica electoral57. Pero no es solamente esta circunstancia lo que dificulta la aplicación rigurosa de la ley. Guzmán constata, además, que el tiempo que pasa el elector en el pupitre no es inútil, si se usa el voto particular: “Hemos visto que el elector, durante el breve espacio de tiempo que permanece en el pupitre, aprovecha esta oportunidad para destruir los votos que ha depositado el comisario y que portan los nombres de los candidatos contrarios a sus ideas”. En resumen, “no se ve la gran utilidad” de instalar los pupitres, puesto que el “elector puede utilizar el voto que lleva con él provisto que reúne las condiciones indicadas en el último inciso del artículo 70 y que no existe mayor inconveniente para que dicho voto sea situado al interior del sobre […] sin que sea necesario perder el tiempo de ir al pupitre”58.

Otro impedimento para la adopción efectiva del voto secreto fue la existencia del ya mencionado fenómeno de los votos marcados. En su memoria de 1876, Prat enuncia con bastante lucidez la existencia del fenómeno. “Cuando los miembros de la mesa de votación son personas poco escrupulosas”, comienza diciendo Prat, “un defecto a oponer a un voto, con pretexto a que este es traslúcido, cuenta por un voto doblado, por una mancha o utilizando otros pretextos que no tiene otro fin que retardar el voto y aburrir al elector, que puede permanecer sin votar si el tiempo no está de su lado, para que él pueda votar una nueva vez”. Finalmente, la carencia de sobres para introducir el voto, también llamados cierros, es vista como una ausencia que dificulta la protección del secreto de voto. Prat lo expresa con estas palabras: “no es difícil de obtener, si se puede poner en práctica, el voto bajo sobres idénticos, administrados por las municipalidades respectivas o por el Gobierno, para toda la República”59.

La prohibición de marcar el voto buscaba reforzar el secreto. En su comentario del artículo 70 (55), Palma recuerda la resolución que tomaron los diputados durante las “sesiones de junio de 1894”, en el curso de las cuales se acordó “los billetes escritos o en color, y que no cumplan con las dimensiones o más grandes o más pequeñas que las expresadas en el inciso 2 del artículo 70, no constituyen marcas”60. Es por esto que considera que debiera prohibirse las marcas tanto en los votos como en los sobres61. De esta forma, Palma hace visible la mutua dependencia entre la cuestión de los sobres y los votos. En su comentario del artículo del artículo 76 (61), la relación entre votos múltiples y votos marcados resulta evidente. El autor cita el caso de las elecciones de junio de 1869 en el departamento de Limache. En estos comicios, las mesas de votación han recibido “sobres que contienen dos, tres, cuatro o cinco y más votos idénticos, como lo pueden verificar las actas notariales”. Como el caso está lejos de ser un incidente aislado, el autor sostiene que la “uniformidad del procedimiento no deja lugar a dudas que hubo premeditación y corrupción actuando así”62. A partir de esta descripción, Palma denuncia la astucia de los agentes electorales, quienes utilizan un medio similar de compra y venta de votos al descrito, pero esta vez con votos inválidos. El procedimiento es el siguiente: el elector recibe de las manos del agente “un sobre similar o parecido al que poseen en las mesas de votación para sufragar, ofreciéndole que si el voto con este sobre y le devuelve el entregado por el presidente de la mesa, recibirá la remuneración convenida”. Como el sufragio y el sobre no reúnen las características que fija la ley, el voto emitido por ese elector es declarado nulo, es decir, el voto de este elector se pierde. El fraude se asegura así con el hecho que el asegura de tener sobres oficiales “para ejercer su tráfico en número creciente”63. En consecuencia, la existencia del sobre o de la legislación sobre los votos marcados no impediría la acción de los agentes, pero pudo incentivarlos a desarrollar métodos cada vez más sofisticados de movilización electoral.

IV. El carácter elitista y excluyente de las elecciones

Hacia principios de siglo XX, en varios países, se extiende un movimiento importante de revisión de las políticas del sufragio universal64. Este fenómeno vino aparejado, la mayor parte de las veces, con la restitución de viejas barreras impuestas al derecho de voto. La renovación de las tesis conservadoras, en un ambiente de franca expansión del socialismo65, también se produce en Chile, reforzando las fórmulas censitarias y elitistas de voto.

La primera respuesta que aparece en las memorias, es lo que podríamos llamar la tesis conservadora que apuesta por la restricción del derecho de sufragio. Según Sierpe, el sufragio extendido que se decretó en 1874 “no está conforme a la civilización, con el progreso de los ciudadanos, la influencia educativa de la época, con las buenas intenciones de los legisladores de 74”66. La opinión que considera excesiva la extensión del sufragio no era, en ningún caso, una rareza. Para ciertos autores, el progreso que se hizo en este plano resulta en cualquier caso exagerado. Varas considera “peligroso en los países jóvenes, sin experiencia, sin educación y sin horizonte, de orientar sus esfuerzos con doctrinas tan avanzadas”. Para justificar sus ideas, evoca el caso de las naciones europeas. Se dice a propósito de este tema: “Hasta el día de hoy, no existe ningún país del viejo continente que tenga sus instituciones sobre una base sólida, que haya generalizado el sufragio al extremo como se ha hecho en Chile”67. Carvajal lo dice con todas sus letras. Es necesario: “purgar el cuerpo electoral”. El motivo de esta limpieza no sería en ningún caso injustificado, pues siendo “la instrucción elemento gratuita”, no se haría ninguna injusticia “rechazando el sufragio de aquellos que no la tienen”68. La demanda de restricción del derecho de sufragio se hace tan fuerte, que llega incluso a formar parte del petitorio de un partido obrero. Según González, “un partido obrero, de organización reciente en la capital”, incluye entre las medidas de su programa político “la restricción del sufragio, como un medio de volver la soberanía al pueblo efectivo, hoy día desafortunadamente falseada por el tráfico indigno de personas sin escrúpulos e ignorantes”69.

Para otros trabajos, que se sitúan en una orientación política más liberal, la cuestión no pasa por la restricción del sufragio, sino por el respeto irrestricto de los criterios más rigurosos a la hora de permitir el sufragio. Por ejemplo, para determinar la edad del votante. Sobre este tema, Ortiz señala que “desafortunadamente la ley deja toda la apreciación de los alcaldes que componen la Junta de Inscripción, el artículo 27 disponiendo, en caso de dudas respecto a la edad del sujeto, la Junta decidirá admitir el voto según el aspecto del individuo”. Esta circunstancia hace que “múltiples ocasiones, a falta de experiencia y por intereses políticos, niños que no tienen apenas quince o dieciocho años logren transformarse en ciudadanos electores”. Este tipo de sucesos alimenta la imaginación del autor, para quien “todo el mundo puede hoy día ser ciudadano con derecho a sufragio, incluso si no está inscrito en los registros electorales”70. Las exigencias mínimas que la ley electoral pide serán fuertemente criticadas en lo que concierne al requisito de residencia. Según Palma, la normativa estipula un “tiempo muy breve” para “acreditar residencia”71. Si se compara el tiempo que exige la ley chilena con la que utilizan en la época otros países del mundo, Chile terminaba siendo la nación “donde se exige la menor residencia”72.

Una vertiente importante de estas ideas descansa en un optimismo legislativo, que no toma en consideración las condiciones materiales básicas que se necesitan para el funcionamiento normal del sufragio popular. Para Ortiz, por ejemplo, los remedios contra “estas enfermedades que aumentan y erosionan día a día los cimientos de nuestras instituciones política”, depende de los “diversos proyectos suspendidos en la Cámaras sobre la renovación de los registros electorales y sobre la instrucción primaria obligatoria”73. Vemos esto mismo rasgo en el trabajo de González, quien señala: “Hace mucho tiempo ya que nuestros legisladores […] ponen las manos en la masa para revisar y corregir las imperfecciones, que desnaturalizan nuestro derecho electoral, sin fiarse de los intereses particulares que momentáneamente pueden herir o afectar”74. Podemos organizar esta tarea de moralización en dos grandes propuestas: la restricción del sufragio y el aseguramiento del secreto de voto.

El principal clivaje que separa a las memorias de orientación liberal y las conservadoras, es el rol que atribuyen a la presión social que se esconde detrás de las prácticas electorales de la época. Para Muñoz, la controversia resulta artificial, puesto que se trata solamente de una cuestión de tiempo, ya que “la instrucción primaria obligatoria debe preceder el sufragio universal”75. En la medida que los criterios de selección del ciudadano elector están aún re-definiéndose, no se sabe con certeza cuál es el criterio central que debiera regir la norma. El ejemplo más claro de estas incertidumbres es la prohibición de voto para los empleados domésticos. Varios trabajos han vuelto visibles las contradicciones que se producen al momento de prohibir el voto de los empleados domésticos y prohibir al mismo tiempo el de campesinos. González justifica su exclusión basado en el siguiente razonamiento: “ellos no tienen, en la actualidad, una gran fuerza; porque esto no es eficaz para los domésticos, si ellos tienen conciencia de sus derechos, estando condenados a votar en el sentido indicado por sus patrones”76. Por el contrario, la presión social que se ejercía de manera desencarnada en el campo, sobre los trabajadores del campo y los arrendatarios era conocida por todo el mundo. Frente a tal disparidad, el autor se pregunta: “¿Hay algún fundamento que nos autorice a considerar a los granjeros y arrendatarios como siendo de menor condición y más capaces que los empleados domésticos, y que justifiquen la concesión acordada a los primeros y rechazada a los otros? En nuestra opinión, ninguna”77. Palma comparte esta opinión. La prohibición introduce una contradicción inexcusable en la norma jurídica, puesto que resulta mucho más fácil “ejercer la violencia sobre un empleado doméstico que sobre un arrendatario, más tímido por educación y siempre más dócil a la voluntad de su patrón”78. El mismo punto de vista es defendido por Montané. Para él, todo el dilema se basa en las creencias de los constituyentes, para quienes “el doméstico carece de la independencia necesaria para ejercer el sufragio”. Sin embargo, esta premisa resultaba “inaceptable […] porque puede ser que el 80 % del cuerpo electoral se encuentre en las mismas condiciones de dependencia que las de los empleados domésticos”. En efecto, la condición del personal doméstico parece haberse modificado “notablemente desde la Constitución (de 1833)”. Finalmente, el autor subraya el carácter “absurdo” de la ley, teniendo presente que sobre los trabajadores “de los fundos rústicos79” se observan condiciones de dependencia “peores aún que las de un empleado doméstico educado”80.

Para las memorias conservadoras que promovían una restricción del sufragio, la existencia de una presión social sobre los electores fue una realidad indesmentible. Según Carvajal, la composición del poder electoral incluye “una corta porción de personas que han aprendido a discernir y elegir entre los hombres” y “una gran masa flotante de gente cuya falta de instrucción y cuyo tren de vida le impiden formarse una opinión”. Esta condición hace que el primer grupo determine fuertemente las decisiones del segundo. Por esta razón, el autor concluye que “la influencia que desplaza a las muchedumbres inconscientes no es el del todo mala”. No obstante, Carvajal reconoce que esta voluntad “obedece a móviles que no emergen espontáneamente en el seno del grupo así impulsado y cuyos intereses y necesidades continúan olvidadas”. Toma así el ejemplo del campesino, describiéndolo con estas palabras: “Su aislamiento, su falta absoluta de toda cultura lo dejan, de mal o buen grado, pero de un modo completo, al arbitraje de sus patrones”81. A partir de esta descripción, Carvajal entrega el siguiente veredicto: “Mientras [la clase campesina] no adquiera la conciencia de sus deberes, la única brújula que puede guiar su actividad política, nosotros creemos preferible la imposición de la voluntad patronal”. De esta forma, reconoce que la influencia patronal “constituye una verdadera sujeción, una especie de servidumbre”, pero la prefiere a “la ausencia total de dirección”82. Frente a esta realidad, el autor considera que los electores urbanos “sobre todo de las grandes ciudades pobladas”, a pesar de su condición de sumisión, “se habitúan a mirar con desconfianza y a burlarse de toda intrusión de parte de sus jefes o patrones durante la emisión del sufragio”83. El fragmento hace suyo entonces un cierto temor, de parte de las élites, sobre la trayectoria el avenir del voto campesino, pues esta población podría en el futuro seguir los pasos de la población urbana, adquiriendo “esta pseudo-independencia que, separándose de buena o mala influencia de los patrones, se dejaría guiar en una vía desconocida, donde los más perspicaces y prudentes tambalean y caen”84.

No es casual que las memorias en donde se defienden las restricciones al sufragio demanden también el endurecimiento de la condición de alfabetismo. En efecto, la propuesta de restringir el sufragio se basa, en la mayor parte de estas memorias, en el rumor bien fundado según el cual muchos electores no reunían las condiciones mínimas de alfabetización prescritas por la ley. Silva Sepúlveda destaca así que “las Constituciones de los años 11, 22 y 23 exigían del ciudadano la condición de saber leer y escribir”, aunque constata que “una tal condición se ofrece para una época futura, puede ser porque, dado el significativo retraso intelectual de la población, se temía que, sin fundamentos, el sufragio estaría reducido a una porción ínfima de la población”85. El autor califica este sistema de sufragio restrictivo, pues “hasta el año 1842 el derecho electoral se regía por la propiedad”, y solamente después de la reforma de ese año, “se exigió además la condición de saber leer y escribir”86. Solo la célebre cláusula de presunción de renta87 logra revertir la prohibición. Silva Sepúlveda considera que la presunción vuelve la ley de 1874 “abiertamente inconstitucional”, por lo cual la reforma “vino a implantarse constitucionalmente, en derecho, solamente en 1888, es decir, catorce años más tarde”88, mediante la enmienda del artículo 7 de la Constitución.

En la práctica, la condición de alfabetismo representa una condición necesaria, que la ley exigía, pero que fue muy difícil de probar. Carvajal considera que “en lo que concierne a la condición de saber leer y escribir, además de ser insuficiente, es fácilmente burlada en las juntas de inscripción, a causa de la forma en que ella está reglamentada en la Ley de Elecciones”89. Para Palma, verificar la condición del alfabetismo se presta, la mayor parte de las veces, para el fraude, porque “es difícil hacer improvisar a los electores, puesto que el inciso 1 del artículo 7 de la Constitución contiene solamente tres líneas, que no demandan mucho trabajo para ser enseñadas en algunos días”90. Las memorias de prueba recogen así, un secreto a voces, reproducido en la literatura especializada, en los debates parlamentarios y en la jurisprudencia. Los medios de prueba del alfabetismo que la ley electoral prescribe parecen, a todas luces, insuficientes.

Más que inspirar confianza, la condición de alfabetismo despertó entre las memorias de corte más liberal, una serie de sospechas. González, por ejemplo, afirma que “esos que saben leer y escribir tienen esta actitud a adquirir la capacidad exigida, esto quiere decir de obrar por inspiración propia, y con un conocimiento más o menos finalizado de la dirección en la cual su voto es llamado a impactar la dirección de los asuntos públicos”. No obstante, establece una excepción: “el hecho de saber leer y escribir no es en ningún caso un signo seguro que [el elector] posea esas capacidades”91. Por otra parte, el autor considera que “saber leer es una cosa relativa: una persona puede saber leer sin conocer más que las cinco vocales y algunas letras más del alfabeto castellano; y escribir sin poder trazar con la pluma otros signos que los caracteres informes de su nombre y apellido que se ha aprendido a escribir maquinalmente”92. Las sospechas de los autores se centran sobre todo en los métodos que se utilizan para probar dicho alfabetismo. González denuncia así que, para inscribir nuevos electores, “contamos siempre con la complicidad o la ineptitud de las juntas de inscripción que en general no se aseguran nunca, como es debido, de la competencia del ciudadano elector”. En su opinión, no se trata siquiera de una cuestión de buena voluntad, sino sólo que “ellos no poseen ni los medios ni las facultades suficientes”93 para verificar esta condición en los electores. La obligación de leer y escribir del artículo 7 de la Constitución aparece así como impracticable a los ojos de los memoristas.

Las dudas y el escepticismo presente en las memorias de orientación liberal tienen su fundamento en la existencia de prácticas de enrolamiento forzoso y de preparación simulada del elector para completar las labores electorales. González denuncia la existencia de “Escuela de Ciudadanía” en el fragmento siguiente: “Y el que no ha escuchado hablar de esas escuelas sui generis para los adultos que se abren por uno o dos meses en los grandes establecimientos industriales o en las grandes propiedades rurales y que constituyen verdaderas usinas de electores”94. La creación de estas “escuelas sui generis”, como las denomina González, serán igualmente objeto de crítica en otros trabajos. Larraín García, por ejemplo, expresa una evidente indignación contra estas instituciones, las que según él están solventadas por los propietarios de grandes extensiones de tierra, quienes “enseñan, con la anticipación necesaria, a sus peones que parecen tener la edad legal de veintiún años, a garabatear sus nombres, y si bien les es casi imposible de leer, estos se inscriben en los registros electorales y se transforman en ciudadanos activos”95. Ortiz subraya, no sin ironía, que esta supuesta acción pedagógica se realiza varias veces, sin que el campesino tome consciencia del acto que realiza. La escena es descrita con estas palabras: “el trabajadores conducido a la mesa de inscripción […] sin darse cuenta, en su ignorancia, que ha sido un instrumento del patrón, habiéndose sacrificado dos o tres meses para aprender a escribir solamente su nombre”96. Sin embargo, a diferencia de lo que piensan sus colegas, el autor estima innecesario suprimir el requisito. En su opinión, la medida debe ir aparejada de la instauración de “la instrucción primaria obligatoria, para hacer así que los tiburones electorales de nuestro tiempo desaparezcan y cada uno tome consciencia del acto que va a ejecutar”97.

Dentro de esta ola de revisión del sufragio universal masculino, incluso habrá tiempo para revisar la fórmula del voto plural. La referencia y la admiración que profesan los memoristas por el derecho electoral belga los lleva en multitud de ocasiones a la obnubilación. Un ejemplo: la memoria de Hurtado de 1902 sobre el voto plural. Para este autor, la opción tomada por Bélgica el 7 de septiembre de 1893 lograba armonizar “el sufragio universal con la aspiración casi unánime que el Congreso sea la expresión lo más fiel de las ideas y de los intereses de la nación”. En su opinión, esta reforma “ofrece grandes garantías con la libertad más grande y al mismo tiempo ella infunda en las costumbres del pueblo hábitos de moralidad, de economía y de orden”98. Como se observa en el fragmento, la legislación que introdujo el voto plural es seguida con gran interés, en la medida que corrige y perfecciona una modalidad de voto que, a principios del siglo XX, pierde poco a poco a sus defensores: el así llamado voto acumulativo.

V. Conclusiones

El análisis de las memorias revisadas nos permite verificar el tamaño de la brecha que separa el imaginario democrático de las prácticas democráticas reales. Esta brecha se observa en los tres principales ejes de análisis abordados en este artículo. En primer lugar, el tratamiento de la cuestión de la regularidad de elecciones se devela como una de las principales preocupaciones de los memoristas, en la medida que este lastre es visto como el principal problema del sistema de votación de la época. Varias de las memorias documentan profusamente su existencia en las variadas formas. También señalan la responsabilidad que cupo a los partidos políticos de la época en la existencia de estas irregularidades. En segundo lugar, la opinión sobre la modernización del sistema de votación y en particular sobre el secreto de voto, resulta más matizada. Las viejas prácticas electorales parecen convivir y adaptarse convenientemente a los nuevos dispositivos de votación, sin mostrar mayores cambios en el tiempo. En tercer lugar, el carácter elitista y excluyente del voto parece haber despertado opiniones divergentes entre los memoristas. Si bien la presión social mediante el voto es un hecho condenado de manera unánime, no obstante, las alternativas de solución propuestas varían desde la restricción del sufragio hasta la relativa complacencia con el marco normativo vigente.

En resumen, estas memorias dan cuenta del diagnóstico negativo que mantenían las élites intelectuales respecto a la corrección del acto de voto en Chile. La clara tendencia a centrarse sobre los inconvenientes que encontró el sufragio popular para imponerse como un método de decisión política tiende a sub-dimensionar los aspectos positivos del sistema de votación. De esta forma, las memorias tienden a verificar la tesis del carácter socialmente sesgado y elitista del sufragio, desdibujando el carácter ejemplar de las instituciones electorales del período.

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Este artículo forma parte de “Proyectos Basales USA1555 USACH-MECESUP”.

1Cáceres, Juan, Los contextos y las carencias de la historiografía electoral. El Chile del siglo XIX, en Revista de Humanidades, 32 (2015) pp. 193-226.

2La principal es sin duda, el trabajo de Valenzuela, Samuel, Democracia vía reforma (Buenos Aires, 1985); Scully, Timothy, Los partidos de centro y la evolución política chilena (Santiago, Cieplan, 1992); Drake, Paul, Betweentyranny and anarchy. A history of Democracy in Latin America, 1800-2006 (Stanford, Stanford University Press, 2007); Posada-Carbo, Eduardo (coord.), Elections before Democracy. The History of Elections in Europe and Latin America (New York, St. Martin Press, 1996).

3Annino, Antonio (comp.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX: de la formación de espacio político nacional (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995).

4Loveman, Brian, Chile, The Legacy of Hispanic Capitalism (New York, Oxford University Press, 2001), p. 102.

5Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos”, militarismo ciudadano, golpismo oligárquico (Santiago, Editorial Sudamericana, 2005), p. 28. Ver también Salazar, Gabriel; Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, I: Estado, legitimidad y ciudadanía (Santiago, Lom Ediciones, 1999).

6Borón, Atilio, La evolución del régimen electoral y sus efectos en la representación de los intereses populares en Chile, en Revista Latinoamericana de Ciencia Política, Flacso, 3 (1971), pp. 395-436.

7Grez, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) (Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1997), p. 214.

8Ver Heise, Julio, El caciquismo político en el período parlamentario (1891-1925), en Homenaje a Guillemo Feliú Cruz (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1973), pp. 537-575; Millar Carvacho, René, La elección presidencial de 1920 (Santiago, Editorial Universitaria, 1982) y Ponce de León, Macarena, Competencia política y fraude electoral en Chile, 1912-1925, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Debates, puesto en línea el ١٨ de septiembre del ٢٠١٥, consultado el ٠٨ de marzo del ٢٠١٧. URL : http://nuevomundo.revues.org/٦٨٢٦٤ ; DOI : ١٠.٤٠٠٠/nuevomundo.٦٨٢٦٤

9Serrano, Sol, Universidad y nación. Chile en el siglo XIX (Santiago, Editorial Universitaria, 1993).

10Bravo, Bernardino, Estudios jurídicos y estado modernizador. Cultura de abogados en Chile, 1758-1998, en Revista Chilena de Derecho, 25 (1998), p. 644.

11Sobre los detalles de esta reforma, ver Iribarren, Juan, Los estudios jurídico-sociales, en Anales de la Universidad de Chile, 134 (1914), p. 433. Para Jorge Baraona González, esta fase corresponde a una tercera etapa dentro de la enseñanza del derecho, marcada por “el positivismo y la pérdida de gravitación de los abogados”, Baraona González, Jorge, La cultura jurídica chilena: apuntes históricos, tendencias y desafíos, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 35 (2010), p. 436. Ver también Mellafe, Rolando; Rebolledo, Antonia; Cárdenas, Mario, Historia de la Universidad de Chile (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992), p. 89.

12Sobre este tema, ver Déloye, Yves, La construction politique d’une ‘science électorale’ en France sous la IIIe République. Facteurs et acteurs d’un métissage politico-scientifique, en Revue International de Politique Comparée, 19 (2012), pp. 37-66. Sobre las tesis en ciencias jurídicas en Francia, ver Marty, Thomas, La production doctorale de la doctrine juridique : division du travail académique et politisation des thèses en droit sur les modes de scrutin (1885-1923), en Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 25 (2011), pp. 265-291.

13Guzmán, Alejandro, La enseñanza de derecho en Chile. Historia y perspectivas, en Anales del Instituto de Chile, 25 (2005-2006), p. 355.

14Sobre este concepto, ver Ihl, Olivier, El voto (Santiago, Lom Ediciones, 2004).

15Collier, Simon; Sater, William, A History of Chile, 1808-2002 (Cambridge, Cambridge University Press, 2014), p. 57.

16Sierpe, Ignacio, Observaciones sobre la ley electoral i sus reformas (Memoria de Prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas, Santiago de Chile, Imprenta Franklin, 1912), p. 26.

17Ibíd., p. 27.

18Ibíd., p. 25.

19Muñoz, Ambrosio, Breves consideraciones sobre nuestro sistema electoral (Memoria presentada para optar al grado de Licenciado de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, Imprenta San Buenaventura, Santiago de Chile, 1897), p. 5.

20Ortiz, Samuel, Vicios electorales (Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1909), pp. 21-22.

21Ibíd., p. 13.

22Ibíd., p. 15.

23Ibíd., p. 21.

24Larraín, Pedro, Electores y elecciones políticas (Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Santiago 1911), p. 7.

25González, Juan, Revisión de la ley electoral o sea observaciones sobre algunos artículos de la ley de elecciones de 20 de agosto de 1890 con la reforma de 18 de febrero de 1896 (Santiago de Chile, Aurora, 1900), p. 20.

26Larraín, Pedro, cit. (n. 24), p. 86.

27González, Juan, cit. (n. 25), p. 19.

28Carvajal, René, El poder electoral (Memoria de Prueba para la licenciatura en leyes y ciencias políticas. Concepción, Imprenta y Encuadernación Penquista, 1908), p. 6.

29Ibíd., p. 7.

30Ibíd., p. 8.

31Ibíd., p. 9.

32Larraín, Pedro, cit. (n. 24), p. 85.

33Sierpe, Ignacio, cit. (n. 16), p. 25.

34Carvajal, René, cit. (n. 28), p.14.

35Arteaga, Eduardo, De la independencia electoral y reformas tendentes a su consecución (Memoria para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, Imprenta San Buenaventura, Santiago de Chile, 1900), p. 9.

36Larraín, Pedro, cit. (n. 24), p. 8.

37Letelier, Valentín, De la ciencia política en Chile (Santiago, Imprenta Gutenberg, 1886), p. 74.

38Ver, por ejemplo, el estudio ya citado de Samuel Valenzuela, Democracia vía reforma. Para aspectos particulares, ver también Donoso, Ricardo, Las ideas políticas en Chile (Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1975); Heise Julio, El caciquismo político en el período parlamentario (1891-1925), en Homenaje a Guillemo Feliú Cruz (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1973), pp. 537-575; Él mismo, Historia de Chile: el período parlamentario 1861-1925. Fundamentos histórico-culturales del parlamentarismo chileno (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1974), I; UrzúaValenzuela, Germán, Historia política de Chile y su evolución electoral: desde 1810 a 1992 (Santiago, Ed. Jurídica. 1992); Joignant Alfredo, El lugar del voto. La ley electoral de 1874 y la invención del ciudadano-elector en Chile, en Estudios Públicos, 81 (2001), pp. 245-275.

39Sobre la evolución de las principales leyes electorales del período, ver Campos Harriet, Fernando, Historia constitucional de Chile (Santiago, Editorial Jurídica, 1956). Para un detalle de las leyes del período, ver Anguita, Ricardo (comp.), Leyes promulgadas en Chile (Santiago, Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona, 1912-1918), 5 vols.

40Valenzuela J. Samuel, From town assemblies to representative democracy: the building of electoral institutions in nineteenth century Chile, Working Paper #389, December 2012, The Hellen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.

41Elster, John, Secrecy and Publicity in Votes and Debates (Cambridge, Cambridge University Press, 2015).

42Prat, Arturo, Observaciones a la ley electoral vigente (Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Valparaíso, Imprenta del Mercurio, 1876), pp. 53-54.

43En realidad, esto no sucedió sólo en Chile. Sabemos, gracias a los trabajos de Alain Garrigou, que el secreto de voto estuvo mal protegido también en el caso de Francia, al menos hasta la incorporación de la cámara secreta en 1914. Ver en Les secrets de l’isoloir (Paris, Ed. Le Bord de l’Eau, 2012). Para una perspectiva más global, ver Crook, Malcolm et Crook, Tom, L’isoloir universel? La globalisation du scrutin secret au XIXe siècle, en Revue d’Histoire du XIXe Siècle, 43 (2011), pp. 41-55.

44Sierpe, Ignacio, cit. (n. 16), p. 6.

45Muñoz, Ambrosio, cit. (n. 19), p. 14.

46Ibíd., p. 14.

47Ibíd., p. 15.

48Ibíd., p. 16.

49Ibíd.

50Ibíd., p. 20.

51Ibíd.

52Palma, Francisco, Observaciones sobre la ley electoral chilena (Memoria de Prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Santiago, Imprenta San Buenaventura, 1897), pp. 19-20.

53Ibíd., p. 20.

54Ibíd.

55Ibíd.

56Al respecto, consultar Valenzuela, J. Samuel, La ley electoral de 1890 y la democratización del régimen político chileno, en Estudios Públicos, 71 (1998), pp. 265-296.

57Sobre los efectos de la reforma de 1958, ver Baland, Jean-Marie; Robinson, James, The Political Value of Land: Political Reform and Land Prices in Chile, en American Journal of Political Science, 56 (2012), pp. 601–619.

58Palma, Francisco, cit. (n. 52), p. 25.

59Prat, Arturo, cit. (n. 42), pp. 53-54.

60Varas, Miguel, Ligeras observaciones sobre el poder electoral (Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes,1904), p. 22.

61Ibíd., p. 23.

62Ibíd.

63Ibíd., p. 24.

64Ver la cronología propuesta por Stein Rokkan en Mass Suffrage, Secret Voting and Political Participation, en European Journal of Sociology, 2 (1961), p. 141.

65Przeworski, Adam; Sprague, John, Paper Stones, a History of Electoral Socialism (Chicago, University of Chicago Press, 1986).

66Sierpe, Ignacio, cit. (n. 16), p. 11.

67Varas, Miguel, cit. (n. 60), pp. 13-14.

68Carvajal, René, cit. (n. 28), p. 22.

69González, Juan, cit. (n. 25), p. 22.

70Ortiz, Samuel, cit. (n. 20), p. 6.

71Palma, Francisco, cit. (n. 52), p. 10.

72Ibíd., p. 11.

73Larraín, Pedro, cit. (n. 24), p. 16.

74González, Juan, cit. (n. 25), p. 21.

75Muñoz, Ambrosio, cit. (n. 19), p. 12.

76Ibíd., pp. 25-26.

77Ibíd., p. 26.

78Palma, Francisco, cit. (n. 52), p. 11.

79Sobre las diferentes formas de trabajo bajo el régimen de la hacienda (i.e. el peón, el inquilino o el labrador), ver Bauer, Arnold, La sociedad rural chilena. Desde la conquista española a nuestros días (Cambridge, 1975, trad. esp. Santiago, Editorial Andrés Bello, 1994).

80Montané, Augusto, El sufragio (Memoria para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Santiago, Imprenta y Encuadernación Inglesa, 1910), p. 25.

81Ibíd., p. 10.

82Ibíd., p. 11.

83Ibíd., pp. 11-12.

84Ibíd., p. 12.

85Silva, Matías, El derecho electoral (Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Talca, Imprenta de la Libertad, 1904), p. 18.

86Ibíd., p. 19.

87Valenzuela, Samuel, cit. (n. 2), pp. 106 ss.

88Silva, Matías, cit. (n. 85), p. 21.

89Carvajal, René, cit. (n. 28), p. 22.

90Palma, Francisco, cit. (n. 52), p. 9.

91González, Juan, cit. (n. 25), p. 17.

92Ibíd.

93Ibíd., p. 18.

94Ibíd., p. 31.

95Larraín, Pedro, cit. (n. 24), p. 9.

96Ortiz, Samuel, cit. (n. 20), p. 7.

97Ibíd., p. 8.

98Hurtado, José, El voto plural (Santiago, Imprenta Cervantes, 1902), p. 3.

Recibido: 06 de Marzo de 2017; Aprobado: 30 de Junio de 2017

Dirección para correspondencia: Profesor asistente, Escuela de Periodismo, Universidad de Santiago de Chile. Avenida Ecuador 3650, Santiago de Chile. Correo: rene.jara@usach.cl

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