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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.39 Valparaíso ago. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552017000100421 

Bibliografía

Reseña

Luis Rodríguez Ennes1 

1Universidad de Vigo, España

López Díaz, María. Galicia y la instauración de la monarquía borbónica. Madrid: Silex Ediciones, 2016. 377p. ISBN: 978-84-7737-655-2.

Obviamente, mi oficio de recensor se ve reforzado con claridad meridiana por el hecho -en absoluto baladí- de que la obra comentada verse sobre una temática muy cara a quien suscribe estas líneas. Y es que, a la vertiente histórico-jurídica del siglo ilustrado dediqué tres monografías y alrededor de medio centenar de trabajos de investigación1. Mi auctoritas en punto a dichas cuestiones viene, por tanto, avalada por múltiples horas de reflexión y estudio.

Como señala la editora en su luminosa presentación: el advenimiento de los Borbones y las vicisitudes que rodearon su llegada al trono de la monarquía española, así como las reformas emprendidas por sus monarcas y respectivos equipos de gobierno, son temáticas que han sido bastante frecuentadas en los últimos años. Con todo, este revisionismo no se acometió con la misma intensidad en los territorios de la Corona sino que, por lo que hace a Galicia, en términos comparativos arroja una parca producción. De ahí la necesidad de acometer un enfoque multidisciplinar para calmar esta carencia.

Los once trabajos que componen este libro abordan no sólo distintas cuestiones sobre lo que supuso la instauración de los Borbones para el reino de Galicia, los poderes e instituciones en él asentados, sino que lo hacen con metodologías diferentes. Esto aporta variedad a la obra enriqueciendo el conjunto.

Empero, el propósito de exponer en un reducido mazo de folios medio siglo capital de la historia europea constituye una auténtica aventura. La necesidad de recurrir a un drástico ahorro de espacio nos lleva a arriesgarnos a dejar huecos. Encontrar la vía media entre el detalle y las “grandes líneas” supone un reto particular para cualquier compilador de un libro colectivo. Así las cosas, el estudio de la problemática de esta época ofrece un indudable interés porque en ella descubrimos el germen de muchos aspectos de los posteriores reinados borbónicos. La difusión de las ideas francesas, la invasión del idioma vecino, desarrollan en nuestro país unas actividades muy complejas; los hombres más señeros de esta época se debaten ante el problema de averiguar dónde está el límite de lo admisible, de saber hasta qué punto es posible ceder para que España, incorporándose al paso de Europa, pueda mantener su identidad. Las dificultades que se han tenido que vencer para que este libro viera la luz de la imprenta han sido consecuencias de la extensión del tema; es harto grande la primera mitad del siglo de las luces para trazar en él seguros caminos; las muchas ocasiones, la extensión es incompatible con la profundidad. Al socaire de ello, se adoptan en este libro límites cronológicos y geográficos específicos, con el fin de lograr un enfoque más claro. La presentación de los once trabajos que lo integran se hace sin seguir un orden cronológico, evitando de este modo reducir el relato a una simple crónica centrándose, en consecuencia, en los que se consideran aspectos importantes de acuerdo con los parámetros anteriormente expuestos. Es digno de encomio, además; la labor de la editora unificando el sistema de citas y abreviaturas, por obvia exigencia de comodidad para el lector.

En el primer trabajo se analizan los motivos, el desarrollo y los efectos del cambio político-institucional que supuso para Galicia la llegada y el asentamiento en el trono de Felipe V. En particular se centra en el estudio del alcance del cambio sobre las élites urbanas gallegas y la asamblea representativa que monopolizaban: la Junta del Reino. En el segundo es acometido el estudio de las mutaciones sufridas por la administración militar gallega en las primeras décadas del siglo XVIII. Es evidente que el primer Borbón trató de poner coto al caos organizativo de la España habsbúrgica. El gran paso trató de darse a través de la figura del intendente con la que se trataba de implicar al reino entero en lo que el hispanista británico de origen birmano Kamen denomina la revolución comisarial2. La intendencia, nacida en el sistema administrativo colbertiano3, con el propósito de quebrantar la fuerte estamentalización a la que se veían sometidas las esferas administrativas de la época4, fue traída a España por los Borbones. Mediante la técnica comisarial se quiso construir una figura de carácter abierto eventual, revocable y temporal, llamada a ejercer competencias del monarca absoluto por delegación de un mandato expreso5. Con todo, como tendremos ocasión de ver, esta maraña jurisdiccional distaba mucho de estar resuelta en Galicia a finales del dieciocho6.

El tercer trabajo se centra en el proceso de creación del arsenal de Ferrol y su desarrollo ulterior. Para el A. este puerto fue elegido no sólo por sus condiciones naturales sino también por su proximidad al centro de poder de la monarquía en Galicia, la plaza militar de A Coruña, de importancia vital en la logística del camino de Flandes. Aspecto interesante de esta cuestión lo constituye el empleo en esta base naval, desde sus inicios de vagos y desterrados. Los vagos suscitaron el interés y la preocupación de muy diversos sectores en la España del siglo XVIII. Ha sido Domínguez Ortiz quien al tratar conjuntamente el pauperismo y la vagancia, ha fijado algunos conceptos fundamentales7. La respuesta de la sociedad frente a los vagos es triple: la genenosa de la Iglesia y algunos particulares, la del Estado y la de proyectistas e intelectuales. El Estado optó por una relación menos altruista. Durante mucho tiempo el único medio que empleó fueron las levas forzosas, que proporcionaron al ejército y a la marina material de ínfimo valor. Son los pensadores ilustrados los que postulan por la sustitución de las penas carcelarias y de la extendidísima pena capital por utilitarias medidas de seguridad. Así las cosas, para Sarmiento, el fundamento de la abolición es no solamente la inutilidad del castigo capital en su vertiente intimidatoria, sino sobre todo la posibilidad de obtener provecho de los mismos condenados:

“Se han de colocar en donde por toda su vida nocere non possint; y trabajen en utilidad de la República, pero catenati como dijo Floro. Los Antiguos los condenaban a las canteras, a las minas, a los grandes edificios públicos, a los caminos reales, a limpiar puertos, etc. y a las islas desiertas y mal sanas”8.

La Novísima Recopilación recoge en el libro XII, título XXI, el conjunto de disposiciones sobre los vagos y “modo de proceder a su recogimiento y destino”. En el reinado de Felipe V, las reales resoluciones sobre prendero recoger a los vagabundos (1725-1726) fueron completadas por otra disposición en 1733, en la que se encargaba a las justicias que detuviesen en las cárceles y custodiasen a los vagabundos hábiles y de edad competente para el servicio de las armas. La pena se extendía también a trabajos de fortificación en los presidios y arsenales de España, América y Norte de África9.

El cuarto trabajo analiza los corregimientos y corregidores de Galicia (1700-1759), prestando especial atención al establecimiento de la nueva institución de la intendencia. El control regio de la vida municipal tuvo como pieza clave a los corregidores, heredados de la etapa bajomedieval que ahora sirven en Castilla -y por ende en Galicia- a una política de corte unificador y diferenciada de la que los monarcas podían practicar en la Corona de Aragón, donde ellos disponen de menos poder y donde los bayles y vegueres se encuentran con concejos más vigorosos e insumisos. El corregidor lo es todo o casi todo. Es representante y delegado político del monarca, nombrado por cierto tiempo, que preside el ayuntamiento, actúa con poderes gubernativos como una especie de gobernador civil en el distrito de la ciudad, y disfruta de atribuciones judiciales y también a veces militares. Es así comisario regio e interlocutor del Consejo, autoridad castrense y máximo garante del orden público, ostenta poderes de control en abastecimientos y precios, e interviene en la administración económica municipal. Se hace también presente en cuestiones fiscales a la hora de recaudar las rentas regias. Es autoridad judicial en lo civil y en lo penal. Convoca y dirige las reuniones del cabildo y ejecuta luego los acuerdos adoptados10. Tan profusas competencias van a chocar frontalmente con las atribuidas al intendente, dando lugar a una confrontación institucional en la que el corregidor llevó la peor parte. Cierta ordenanza de 1749 sancionó la desaparición del corregidor en las ciudades cabeza de intendencia, pasando al intendente todas sus funciones. Surge así un tipo sintético, el intendente corregidor, de desmedidas competencias, que durará tres lustros largos hasta las reformas de Carlos III11.

Como muy bien señala el A. de este capítulo “tanto la ubicación como la categoría de los corregimientos de Galicia son una herencia de los Austrias”. De ahí que hasta la eclosión liberal decimonónica se mantenga el caos organizativo territorial y jurisdiccional. Otero Pedrayo nos refiere que en el ayuntamiento compostelano diecisiete varas de regidores eran del prelado, además tenían una cada una las casas de Altamira, Monterrey y Lemos y una perpetua el Conde de Priegue. En Ourense tenía la mitra ocho regidurías. Sólo en la misma provincia de Santiago se contaban cuarenta y siete jurisdicciones de tan diferente factura y forma como el giro de la Rocha y Pontevedra, Carboeiro y Trasdeza. En la provincia ourensana se contaban más de doscientas demarcaciones entre cotos y jurisdiccionales. Las había de una parroquia o de un lugar o rueiro. A veces los vecinos no sabían a qué justicia acudir. Las diferencias de jurisdicciones implicaban las de pesas y medidas dentro de la misma unidad villega. En Maceda regían tres medidas de áridos. La pequeña villa de Laza se partía en dos, una del rey con corregidor y otra del conde con juez, cada uno con su ferrado y romana12. Incluso A Coruña, villa realenga por excelencia, es un auténtico mosaico desordenado de fueros y jurisdicciones diversas en pleno siglo de las luces13. Podríamos multiplicar ad infinitum las referencias al predominio que tenían en la Galicia del Antiguo Régimen las jurisdicciones territoriales.

Al conflicto foral en la Galicia de Felipe V, se dedica otro capítulo. Existe práctica unanimidad en considerar al foro como la institución jurídica más relevante en el territorio galaico a lo largo de su historia. Con todo, en mi opinión, frente a tesis poco fundadas pero desgraciadamente muy expandidas que tratan de asignarle a este derecho real un origen autóctono, el foro galaico es una derivación medieval de la enfiteusis greco-romana14. Los foros constituyen una de las instituciones que los gallegos convirtieron en pieza esencial de su derecho. No es de extrañar, por tanto, que se haya tildado a Galicia como el país de los foros para significar el profundo arraigo que tuvieron en la sociedad galaica, convertidas en elemento integral del paisaje, desde sus inicios medievales hasta su progresiva desaparición avanzada la Edad Contemporánea. A lo largo del siglo XIX, el origen del foro fue objeto de discusión aunque siempre al socaire de argumentos acientíficos. Así las cosas, nuestra condición de ius-historiadores -que nos exige prescindir de todo tipo de fabulaciones postrománticas15 nos lleva a preguntarnos por las instituciones histórico-jurídicas en las que asienta sus bases el foro. A nuestro entender, es incuestionable que el foro bebe en las aguas de la enfiteusis romana, institución -a su vez- de progenie helénica. Los rasgos principales de esta institución aparecen claramente definidos ya en la época griega arcaica, desde donde habrían pasado al derecho romano, como se ha venido admitiendo por la doctrina romanística16.

En su origen, la enfiteusis consistente en la concesión a hombres libres de tierra erial de dominio público para su transformación por el cultivo a cambio del pago de un canon, fue recogida por el feudalismo, que con su rudeza habitual se aprovechó de ella, agregándole condiciones en armonía con las exigencias soberanas del señor. El derecho precario de la posesión de la tierra por el vasallo ganó caracteres de permanencia que se asemejaban a un arrendamiento perpetuo o a una transmisión del dominio útil, con lo que adquirió parecido con la antigua enfiteusis romana17. En consecuencia, va a ser la teoría del dominio dividido o doble dominio la que va a conferir solidez a la organización fundiaria medieval permitiéndole sobrevivir durante tan largo tiempo que incluso hizo necesaria la gran sacudida revolucionaria francesa para destruirla.

El sexto capítulo se destina al análisis de los intentos realizados por los monasterios en el siglo XVIII al objeto de transformar los foros en arriendos, lo que impediría a los colonos disponer de las tierras que labraban. Esta pretensión dio lugar a una intensa conflictividad, agudizada a la muerte de los reyes, cuando finalizaba el plazo de muchos foros. Como acabamos de exponer, el foro era el contrato agrario típico de Galicia, la modalidad prevalente de cesión del dominio útil a cambio de una renta. Hasta bien entrado el siglo XV los foros eran generalmente perpetuos. Tras la crisis económica y social de fines del medievo se imponen los foros de tres voces de duración18 y desde 1525 se puede decir que el foro pierde en la práctica su carácter de enfiteusis perpetua. A partir de este siglo se introducirá la tendencia a fijar la temporalidad del foro en la vida de tres reyes o reinas de España y veintinueve años más19, o incluso “por vida de tres señores papas”. Al terminar los foros, la tierra retornaba al propietario con todas las mejoras realizadas y aquel era libre de volverla a aforar o arrendar de nuevo imponiendo un canon más elevado. De esta forma, los propietarios podían incrementar sus ingresos de la tierra en línea con la inflación, mientras que los campesinos tenían que pagar siempre rentas cada vez más elevadas, en muchas ocasiones en especie20.

La tan socorrida fórmula de las “tres vidas de reyes”21, introducía un elemento de inestabilidad externo a la familia del forero, no especialmente virulento hasta el reinado de Felipe V22; pero que en la segunda mitad del siglo dieciocho va a dar lugar a situaciones conflictivas y embrolladas, que sólo en nuestros días han logrado clarificarse23. Con razón apunta Domínguez Ortiz que “de ellas se nutrían una multitud de abogados y escribanos, y ellas han dado al gallego su fama de pleitista”24.

El séptimo capítulo que abre la segunda parte, se ocupa del episcopado gallego a la llegada de los Borbones. Durante la Edad Media, el Antiguo Régimen e, incluso el siglo XIX, Galicia luchó con el dilema de una agricultura pobre y una población creciente, el 90 por ciento de la cual vivía del sector agrario. La tierra estaba monopolizada por la Iglesia y era cultivada por una masa de pequeños productores sin objetivos comerciales. Esta situación llega a su climax en los siglos XVII y XVIII. En el reinado de Carlos II, los representantes de la Junta del Reino de Galicia -miembros de la naciente burguesía- denuncian al monarca la omnipresencia del estamento eclesiástico “por ser muchas y en exceso las tierras, que además de las incorporadas por los del dominio directo, tienen las prebendas, capellanías, prioratos y otras obras pías, a cuyos dueños ningún tributo se reparte”25. Una lacónica información de Sarmiento añade detalles interesantes a esta protesta: “hay en Galicia más de 11.303 lugares. De el rey sólo 352. De señorío 5.533. De abadengo, 4.258. De mixto, 1.160. Total 11.303”26.

No es pues de extrañar que arreciasen las protestas contra la Iglesia que amenazaba con levantar una monarquía eclesiástica en territorio gallego27. Lo malo es que las propiedades fundiarias de mitras, monasterios y cabildos van a seguir aumentando hasta las desamortizaciones del diecinueve28.

El libro cierra esta segunda parte y última con sendas contribuciones relativas al cabildo catedralicio de Santiago, al Concejo ourensano y al gobierno municipal de Bayona.

Mis deseos iniciales de cumplir con el imperativo gracianesco de brevedad no se han cumplido, y ello sin duda debido a las múltiples reflexiones que me suscitó el libro recensionado. Estamos, pues, ante una obra conjunta que sólo puede ser acometida por aquellos que han alcanzado un alto grado de madurez profesional, condición ésta que ostentan con creces todos los que han participado en este quehacer colectivo y que también ha sabido aprovechar y cohonestar la editora. Y aquí retornamos forzosamente a la obra que recensionamos: la calidad de un texto de una disciplina histórica depende de dos factores: su capacidad para incorporar los avances registrados en la investigación de su campo y su inteligencia para interrogar el pasado sobre las cuestiones que interesan al presente. Como ocurría con la manzana de Ortega y Gasset, los cambios que sufren los hechos no son tan relevantes como los puntos de vista que adoptamos frente a ellos. Esfuerzo casi baldío supone intentar resumir en pocas letras un compendio majestuoso de datos ordenados en una exposición muy bien sistematizada. A mí me resta felicitar públicamente a la Profª Dª María López Díaz, editora -en privado ya lo hice cuando este libro salió de la imprenta- y felicitarme por su magisterio constante.

1Me remito a mi corpus publicístico recogido parcialmente en Dialnet.

2Kamen, H., El establecimiento de los intendentes en la administración española, en Hispania, 24 (1964), pp. 368 ss.

3Sobre el origen del intendente francés, vid. Mousnier, R., Las institutions de la France sous la monarchie absolue (París, 1980), II.

4Carl Schmitt resaltó brillantemente la importancia de la figura comisarial para la erradicación de los privilegios estamentales: “El comisario, pues, lo mismo puede ser instrumento de un estamento celoso de la preservación de sus derechos como del absolutismo regio que se asienta a costa de la supresión de los privilegios estamentales. Por todas partes dominan las acusaciones sobre los comisarios regios extraordinarios, que se inmiscuyen tanto en las competencias como en los derechos adquiridos legítimamente, apoyándose para ello en su comisión [Cfr. La dictadura (Madrid, 1968), p. 83]

5Sobre el concepto y contenido de la intendencia, vid. Mousnier, R., Etat et comisaire. Recherches sur la creation des intendants des provinces (1634-1648), en Forschungen zu Staat und Verfassung. Festgabe für F. Harting (Berlín, 1958), pp. 325 ss. Es también útil respecto de esto la obra de Granados Loureda, J. A., Un ejemplo de comisario en el Antiguo Régimen: la intendencia en Galicia, 1712-1725 (A Coruña, 1986).

6Así, según Herr, el censo de 1797 indica 1592 ciudades, villas y aldeas bajo señorío eclesiástico, sin incluir Aragón. De estas, 1423 estaban en Galicia y 61 en La Mancha, únicas provincias donde la Iglesia dominaba más de la mitad de las villas. Cfr. Herr, R., España y la Revolución del siglo XVIII (Madrid, trad. esp. Fernández Mel, 1988), p. 76. Más información sobre este caos jurisdiccional gallego en Rodríguez Ennes, L., Las divisiones provinciales de Galicia, pasado, presente y futuro. Los casos de Vigo y Pontevedra (Vigo, 2002), pp. 33 ss.

7Domínguez Ortiz, A., La sociedad española en el siglo XVIII (Madrid, 1955), pp. 220-221.

8Sarmiento, Fr. M., Obra de seiscientos sesenta pliegos, fol. 226.

9Pike, R., Penal Servitude in Early Modern Spain (Winscosin, 1983), pp. 4 ss.

10González Alonso, B., El corregidor castellano (1348-1808) (Madrid, 1970).

11García Martín, J. M., La reconstrucción de la administración territorial y local en la España del siglo XVIII, en Historia de España (de Menéndez Pidal dirigida por J. M. Jover, Madrid, 1985), XXIX, pp. 177-221; Guillamón, J., Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III (Madrid, 1980).

12Otero Pedrayo, R., Institucións xurídicas administrativas de Galicia no XVIII, en Grial, 25 (1969), pp. 279-285.

13Martínez Barbeito, C., Bernardo del Río describe La Coruña de fines del siglo XVIII, en Revista de Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses (A Coruña, 1966), pp. 46-47 apunta que las jurisdicciones de toda índole que se ejercían por sus titulares o representantes en el dieciocho dentro de la ciudad herculina se elevaban al increíble número de quince. Quince jueces y tribunales diferentes para juzgar los casos que pudieran presentarse en una ciudad que frisaba por entonces en los diez mil habitantes.

14Nos basamos para ello en las razones científicas prolijamente expuestas en nuestro trabajo El foro galaico: una derivación natural de la enfiteusis greco-romana, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 29 (Valparaíso-Chile, 2007), pp. 357-372 y que sucintamente trasladamos a la presente recensión.

15Acerca de estas exageraciones –tan usuales en la literatura gallega de finales del XIX y principios del XX– vid. Rodríguez Ennes, L., Aproximación a la historia jurídica de Galicia (Santiago de Compostela, 1999), pp. 65 ss.

16Hay coincidencias en que el punto de arranque acerca del problema de la historia de la enfiteusis en la Antigüedad lo marca la obra de Mitteis, L., Zur Geschichte der Erbpach in Altertum, en AGGW 20 (Leipzig, 1901), pp. 4. Abundantísima literatura antigua y moderna en Fuenteseca Degeneffe, M., De emphyteutico iure (Madrid, 2003).

17García Ormaechea, R., Estudios de legislación y jurisprudencia sobre señoríos (Madrid, 1941), p. 41.

18La duración del foro por voces significaba generaciones, cada una de ellas designaba sucesores o también vidas de los señores directos. Otras veces aparece en las escrituras forales la fórmula “voces de tierra”, en la cual cada voz representaba tres años de foro. (Cfr. García-Lombardero, J., La agricultura y el estancamiento de Galicia en la España del Antiguo Régimen (Madrid, 1973), p. 93, n. 1.

19El foro de veintinueve años –muy común en las escrituras– se incluía con objeto de evitar la prescripción treintenaria del derecho real de dominio sobre los bienes aforados. Con todo, para Domínguez Ortiz, A., Sociedad y Estado, cit., (n. 7), p. 136 es “una extraña coletilla cuyo origen desconozco” de lo que se deduce que el prestigioso historiador no era muy ducho en temas propiamente jurídicos.

20Lynch, J., El siglo XVIII. Historia de España (Barcelona, trad. esp. Juan Faci, 1991), XII, p. 179.

21La costumbre general de los monasterios benedictinos y cistercienses –los más numerosos del país– es la de aforar por tres vidas de reyes, así, por ejemplo, en el monasterio de Sobrado donde en 1620 se otorga escritura de foro “por vida de tres señores reyes católicos de España” (vid. ARG, sección XII, Monasterios, libro 34, fols. 65-69). En cambio en las tierras de la mitra compostelana se tiende a aforar por cuatros voces.

22Como ha escrito Otero Pedrayo, R., Síntesis histórica do século XVIII, cit. (n. 12), p. 150: “Os tres reinados (Carlos V, 38 anos; Felipe II, 43 e Felipe III 22) mais os 29 anos estipulados para engadir a aqueles, suman perto do século e medio de franquía posesión dos bens aforados. Moitas “voces” veñen a rematarse no reinado de Felipe IV e con elo acédase o probema ó querer os señoríos, particularmente os eclesiásticos, recobrar os bens aforados usando o sistema de despojos”.

23Un problema grave se produjo con la abdicación de Felipe V, el efímero reinado de Luis I y la vuelta al trono de su padre. ¿Quedaban así completas las “tres vidas de reyes”? Así lo estimaron algunos propietarios. Surgieron multitud de litigios. “Por muerte de Fernando VI se vieron más de trescientas demandas de despojos, sólo en tres años y en uno de tantos tribunales de Galicia. Con sólo ocho de ellos se arruinaron varios pueblos y al pie de dos mil vecinos” (“Memorial del Reino de Galicia en 1767”, en el Expediente General de Foros, AHN, Consejos, 2918).

24Domínguez Ortiz, A., Sociedad y Estado, cit. (n. 7), p. 135. También Villares, Ramón, A provisión de 1763, revisitada, en Actas de Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento. O Padre Sarmiento e o seu tempo, (Santiago de Compostela, 1997), I, p. 213.

25Memorial al Rey Nuestro Señor Don Carlos Segundo, citamos por la ed. de R. Rillares y Díaz Castroverde, O conflicto foral nos séculos XVII e XVIII (Ourense, 1997), I.

26Sarmiento, Fr. M., Cartas a su hermano Javier, 2-1-1760, publ. Por José Simón Díaz, en CEG 11 (1948), pp. 400-421.

27La generalizada protesta de los más conspicuos ilustrados contra este estado de cosas, aparece recogida con detalle en nuestra Aproximación a la Historia, cit. (n. 15), pp. 125 ss.

28Así el famoso cura liberal Posse, afirmará en si discurso en defensa de la Constitución que “toda Galicia es esclava de duques, cabildos, condes, mitras, monasterios, conventos, iglesias, abades, priores, etc. […] después de los diezmos, las primicias, las oblatas, las contribuciones de la nación y las rentas, deben ir a la pesca y a la caza, contribuir con las luctuosas sin recibir de los señores más consuelo que llenarles de curas, cortejantes o lacayos, pajes o sacristanes […] Cualquiera que tenga sentimientos de humanidad debe de enternecerse a la vista del triste espectáculo que ofrecen los aldeanos de Galicia […] Conozco un pueblo, cuyo terreno será como de media legua en toda su circunferencia: y después de las cargas referidas, mantiene un gran mecenazgo, un convento de monjas y otras pensiones considerables en dinero, aves, etc. Que contribuye por razón de foros, examen de doctrina, sacramentos, letanías, patrones, Santísimo, etc.”. [Cfr. Posse, J. A., Discurso sobre la Constitución (A Coruña, 1813), p. 14-15].

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