SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número41Evolución del pensamiento de Andrés Bello sobre el carácter gratuito u oneroso del contrato de mandatoLa edificación. Antecedentes históricos de los artículos 668 y 669 del Código Civil chileno índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.41 Valparaíso ago. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552019000100341 

Estudios - Historia del Derecho Patrio

La legislación sobre la libertad de imprenta en Colombia en el periodo de Independencia y en la naciente República: convergencias, debates y fluctuaciones

The legislation on the freedom of imprint in Colombia in the period of Independence and in the born Republic: convergences, debates and fluctuations

Roger Pita Pico1 

1Academia Colombiana de Historia. Politólogo con Opción en Historia de la Universidad de Los Andes, Especialista en Política Social y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia, Director de la Biblioteca “Eduardo Santos” de la Academia Colombiana de Historia, Colombia. Correo electrónico: rogpitc@hotmail.com

Resumen

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las naciones hispanoamericanas, el propósito de este artículo consiste en analizar los cambios y permanencias en el desarrollo de la legislación en torno a la libertad de imprenta en Colombia durante el periodo de Independencia y la naciente República. Este marco normativo estuvo precedido de un intenso debate inmerso en un complejo juego de fuerzas entre dos tendencias: la postura conservadora heredada del antiguo régimen que propendía por la censura previa y una vigilancia más estrecha y, por otro lado, una corriente liberal que iba más a tono con el proyecto republicano en ciernes y que abogaba por una mayor libertad de expresión. Los avances en materia de libertad de imprenta se desarrollaron dentro de un contexto de paulatina secularización y de la búsqueda del Estado por expandir su poder, lo cual se vio reflejado en las tensiones registradas entre la jurisdicción civil y la eclesiástica a la hora de implantar controles. Aun con todas las dificultades, estos primeros esfuerzos por una expresión libre fueron claves para el proceso de formación de una República basada en los principios democráticos de libertad y de igualdad.

Palabras clave: Impresos; medios de comunicación; libertad de expresión; censura; Colombia; independencia; República; siglo XIX

Abstract

Within the framework of the commemoration of the Bicentennial of the Independence of the Hispano-American nations, the purpose of this article is to analyze the changes and permanence in the development of the legislation regarding the freedom of the press in Colombia during the period of Independence and the nascent Republic. This normative framework was preceded by an intense debate immersed in a complex set of forces between two tendencies: the conservative position inherited from the old regime that favored previous censorship and closer monitoring and, on the other hand, a liberal current that went further in line with the budding Republican project and that advocated greater freedom of expression. The advances of the freedom of the press was developed within a context of gradual secularization and the State’s quest to expand its power, which was reflected in the tensions registered between civil and ecclesiastical jurisdiction when implementing controls. Even with all the difficulties, these first efforts for a free expression were key to the process of forming a Republic based on the democratic principles of freedom and equality.

Keywords: Print; media; freedom of expression; censorship; Colombia; Independence; Republic; 19th century

Introducción

En España y sus dominios de ultramar la censura previa fue implantada en 1502 por los Reyes Católicos y refrendada medio siglo después por el rey Felipe II a través de un estricto reglamento dirigido a controlar la opinión de los súbditos de la monarquía. Siglos más tarde fue publicada la Real Orden del 19 de mayo de 1785 que es considerada la primera ley de imprenta en la cual se catalogó a la prensa como “infraliteratura”, se prohibieron algunas publicaciones y se fijaron las pautas para denunciar algunos abusos1.

Los representantes de la Ilustración en el siglo XVIII pregonaron con singular insistencia la necesidad de propagar los conocimientos útiles a la sociedad e impulsar la educación. Resultado de ello fue el fomento a la prensa y a la libertad de imprenta, lo cual se vio reflejado en la irrupción de un sinnúmero de periódicos, papeles e impresos. Desde luego, esas tareas de expandir el principio racionalista y de lanzar algunas críticas fueron objeto de censura oficial en medio de marcadas restricciones políticas instituidas por el régimen monárquico imperante.

La crisis política iniciada en España en 1808 tras la prisión del rey Fernando VII y la invasión de los franceses generó un vacío en el poder y marcó el inicio del período revolucionario experimentado tanto en la península ibérica como en los dominios hispanoamericanos.

Estas nuevas circunstancias políticas y el cambio de mentalidad de varios de los intelectuales españoles fueron factores que reavivaron el interés por la supresión de la censura previa. Esta tendencia se evidenció a través de cartas dirigidas al gobierno o con la publicación de folletos y artículos de periódicos en los que se pretendía crear conciencia sobre este asunto. Una muestra de ello fue el texto leído el 7 de diciembre de 1809 en Sevilla, algunos de cuyos apartes hacían énfasis en que “[…] los reglamentos que en el día gobiernan la imprenta, son incompatibles con las circunstancias y necesidades en que se halla la nación […] Ahora, si la nación ha recobrado y reasumido todos sus derechos, ¿cómo se excluirán de este número los más importantes de que la había despojado el despotismo? Si él es quien ha reglamentado la imprenta con leyes terminantemente dirigidas a ahogar la voz de la nación, ¿cómo han de seguir en ejercicio aquellas leyes que cabalmente ahora van a sufrir el examen y revisión de la nación?2.

Muchos de los argumentos esgrimidos en estos escritos fueron retomados por los diputados liberales al interior de las recién constituidas Cortes de Cádiz. Fue así como el 10 de noviembre de 1810 se dictó el denominado Decreto de Libertad Política de Imprenta3 en medio de una fuerte confrontación de ideas entre las fuerzas liberales y los partidarios de la monarquía absolutista.

Este fue sin duda un gran avance por cuanto significaba acabar con el sistema que había regido hasta entonces de censura previa. Así entonces, los liberales que promovieron este decreto reivindicaron la libertad de imprenta no solo como un derecho fundamental sino también como un medio de ilustrar a la sociedad y formar opinión pública, con lo cual se abrían más esperanzas para ejercer control sobre los gobernantes. En este caso, fue derrotada la tendencia conservadora que afincaba sus temores en el peligro que representaba la propagación de las doctrinas perjudiciales y el aumento de las calumnias infundadas4.

En su artículo 371, la Constitución de Cádiz promulgada el 19 de marzo de 1812 avaló este decreto en los siguientes términos: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes5.

Era claro el interés de las Cortes de concebir la libertad de imprenta no solo como un derecho individual sino como un instrumento clave dentro del funcionamiento de las nuevas instituciones liberales en contraposición al antiguo régimen6.

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las naciones hispanoamericanas, el propósito de este artículo consiste en analizar los cambios y permanencias de la legislación en torno a la libertad de imprenta en Colombia7 durante el periodo de Independencia y la naciente República. Este marco normativo estuvo precedido de un intenso debate inmerso en un complejo juego de fuerzas entre dos tendencias: la postura conservadora heredada del antiguo régimen que propendía por la censura previa y una vigilancia más estrecha y, por otro lado, una corriente liberal que iba más a tono con el proyecto republicano en ciernes y que abogaba por una mayor libertad de expresión.

Los avances en materia de libertad de imprenta se desarrollaron dentro de un contexto de paulatina secularización y de la búsqueda del Estado por expandir su poder, lo cual se vio reflejado en las tensiones registradas entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica a la hora de implantar controles. Aun con todas sus dificultades, estos primeros esfuerzos normativos en procura de una expresión libre fueron claves para el proceso de formación de una República basada en los principios de libertad y de igualdad.

I. Primeros avances en la Primera República Federativa

El pensamiento liberal y las ideas de la Ilustración habían permeado a la élite criolla neogranadina desde el siglo XVIII. A comienzos de la siguiente centuria los aires revolucionarios que sacudieron a España repercutieron también en este lado del Atlántico, acrecentando el clamor por mayores espacios de participación y expresión política. En el escrito preparado en noviembre de 1809 por el dirigente criollo Camilo Torres para que fuera presentado a nombre del cabildo de Santa Fe ante la Junta Central de España, la cual finalmente no fue enviada, se lamentaba cómo la imprenta que era “el vehículo de las luces y el conductor más seguro que las puede difundir”, se hallaba severamente prohibida en América8.

La etapa inaugural del proceso de Independencia comenzó en la Nueva Granada9 en 1810 con un primer experimento republicano. Luego de las restricciones en materia de expresión y participación política que habían imperado durante casi tres centurias en tiempos del régimen de dominio hispánico, uno de los clamores más sentidos no solo de los dirigentes patriotas sino de la comunidad en general era la libertad de expresión10. El propósito en estos años de experimento republicano ya no era informar u opinar bajo los dictámenes de la monarquía sino avivar la discusión racional “para tratar de conseguir el apoyo de las mayorías y asegurar la representación legítima de la sociedad”11.

Teniendo como referencia el decreto dictado por la Constitución de Cádiz, prácticamente en todas las Constituciones provinciales se propugnó por la libertad de imprenta12. Esta temática era incorporada en estas cartas constitucionales en la parte introductoria sobre derechos fundamentales y eventualmente en los capítulos alusivos a la forma de gobierno.

La primera en contemplar la libertad de imprenta fue la Constitución Política de la provincia de Cundinamarca promulgada el 4 de abril de 1811. En el artículo 16, el derecho “sagrado” de los ciudadanos a la libertad de imprenta se equiparó a otros derechos fundamentales como la religión, la propiedad y la libertad individual. Adicionalmente, en el título XII concerniente a los derechos ciudadanos, de nuevo se dejó en claro que ningún individuo podía ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta13. En esta primera Constitución se hizo alusión a uno de los asuntos más controvertidos, el de las responsabilidades entre el autor y el editor: “[…] siendo los autores los únicos responsables de sus producciones y no los impresores, siempre que se cubran con el manuscrito del autor bajo la firma de éste, y pongan en la obra el nombre del impresor, el lugar y el año de la impresión; exceptuándose de estas reglas generales los escritos obscenos y los que ofendan al dogma, los cuales, con todo eso y aunque parezcan tener estas notas, no se podrán recoger, ni condenar, sin que sea oído el autor14.

Transcurridos ocho meses de haber sido promulgada esta primera Constitución republicana, se convocó al Colegio Electoral con el fin de renovarla y elegir a los nuevos miembros representativos. La expedición de la Constitución de Cundinamarca de 1812 estuvo precedida por el recrudecimiento de las disensiones políticas internas y la toma del poder por parte de los centralistas al mando del general Antonio Nariño. Allí se recogió buena parte de los preceptos contemplados en la anterior Carta Política aunque se nota una tendencia más liberal y democrática, y una resolución de romper por completo con la tradición monárquica. No obstante, se conservó el espíritu religioso acendrado, la tendencia moralizante y el mismo fervor patriótico planteado por los constituyentes de 181115.

En el artículo 8º de esta Constitución de 1812 se reiteró el derecho de los ciudadanos a la libertad de imprenta siempre y cuando no incurrieran en producir obras obscenas ni atentatorias de la Iglesia Católica16 y se reiteró prácticamente en los mismos términos lo dictaminado en 1811 con relación a las responsabilidades del autor y del impresor17.

Aparte de estas dos Constituciones, otros Estados provinciales expidieron también sus propias Cartas Políticas. Estos códigos, nueve en total, estuvieron enmarcados por la interinidad y la incertidumbre política que cobijaba durante esos años a la élite criolla. Eran actos de autonomía provincial, muchas veces en pugna con las provincias o ciudades vecinas. Como puntos en común, plantearon la división de poderes y la democracia directa pero presentaban algunas particularidades con relación a la definición de ciudadanía, la reglamentación de los procesos electorales y la postura frente al dilema de si se aferraban al retorno del rey Fernando VII o asumían una separación absoluta del dominio español18.

Pese a las críticas que pudiesen suscitar y a las ambigüedades evidenciadas en los articulados, algunos autores coinciden en afirmar que el constitucionalismo de esta embrionaria fase revolucionaria se constituyó en “la piedra angular del inicio del proceso de construcción de la nación colombiana”19 tras haber sido escenarios de discusión de los principios republicanos.

Dentro de los principios fijados en los artículos iniciales del texto de la Constitución del Estado provincial de Antioquia firmada el 21 de marzo de 1812, se consideró que la libertad de la imprenta era un tema de capital importancia política al catalogarla como “[…] el más firme apoyo de un gobierno sabio y liberal; así todo ciudadano puede examinar los procedimientos de cualquier ramo de gobierno, o la conducta de todo empleado público, y escribir, hablar e imprimir libremente cuanto quiera; debiendo sí responder del abuso que haga de esta libertad en los casos determinados por la ley20.

Más adelante, en el Título X sobre Disposiciones Generales, se recordó la previsión que debían tener los impresores para exonerarse de responsabilidades. Se partió además de la premisa, según la cual, no podía condenarse o recogerse impreso alguno sin que se oyeran primero los descargos de su autor.

No sería permitido ningún escrito o discurso público dirigido a perturbar el orden y la tranquilidad pública ni aquellos impresos “[…] en que se combatan las bases del Gobierno, adoptadas por la provincia, cuales son las soberanía del pueblo, y el derecho que tiene y ha tenido para darse la Constitución que más le convenga, y erigirse en un Estado libre, soberano e independiente21. Los que imprimieran o publicaran estos cuestionados escritos estarían cometiendo un “crimen de lesa patria” y serían castigados como tal. Estos mismos considerandos fueron recogidos en la Constitución Provisional expedida en esta misma provincia en 181522.

La Constitución del Estado provincial de Cartagena de Indias, promulgada el 15 de junio de 1812, consideró en su artículo 28 del Título I sobre Derechos naturales y sociales del hombre que la libertad de imprenta era esencial para la seguridad del Estado, estando cualquier ciudadano en autonomía de manifestar sus opiniones por medio de ella. Asimismo, se dispuso que “[…] los que abusaren de la imprenta contra el dogma, la moral, la decencia pública, la tranquilidad del Estado, el honor y propiedad del ciudadano serán responsables ante la ley y sujetos a la pena que ella imponga23.

En la Constitución de 1814 de la provincia de Popayán también se contempló la libertad de expresar ideas a través de la imprenta pero sujetándose a las reglas prescritas por la ley para evitar cualquier abuso. En el artículo 9º de la Constitución acordada por los delegados del Estado provincial de Mariquita el 3 de marzo del año siguiente, se exaltó la importancia de la libertad de imprenta como instrumento de control político: “[…] es esencialmente necesaria para sostener la libertad del Estado. Por medio de ella puede todo ciudadano examinar los procedimientos del Gobierno en cualquier ramo, la conducta de los funcionarios del pueblo como tales, y hablar, escribir, reimprimir libremente lo que guste24.

Estos avances constitucionales quedaron derogados en 1815 cuando los españoles restauraron el poder político y militar en lo que se conoció como el periodo de Reconquista en donde el propósito fue reconstruir la legitimidad del poder monárquico para lo cual se diseñaron varias estrategias de represión que afectaron desde luego la libre expresión política25.

II. La Segunda República y la ley del 17 de septiembre de 1821

A mediados de junio de 1819, las fuerzas patriotas emprendieron la Campaña Libertadora cuyo punto culminante fue la batalla del 7 de agosto en el puente de Boyacá, triunfo que les permitió asegurar su poderío sobre la ciudad de Santa Fe que era la capital y emprender el proceso de liberación definitiva del resto del territorio neogranadino y la instalación del gobierno central de carácter republicano26.

Si bien durante la primera etapa republicana había primado la atomización de normas constitucionales en torno a la libertad de imprenta, ahora en esta segunda fase definitiva de consolidación de la República se dictaron normas legales y constitucionales de carácter nacional que permitieron unificar criterios y reglamentar más en detalle esta temática.

El 16 de junio de 1820 el recién nombrado vicepresidente Francisco de Paula Santander informó al presidente Simón Bolívar haber recibido varios impresos de Chile fechados el año de 1818 que desprestigiaban la causa republicana en aquel territorio austral. Sobre este particular, Santander alertó sobre los efectos negativos que podía traer el abuso de la libertad de imprenta al constituirse en el “mejor arbitrio inventado para desacreditar a un pueblo y a un gobierno”27.

Al año siguiente fue instalado en la Villa del Rosario de Cúcuta el segundo Congreso republicano para continuar el trabajo legislativo iniciado en Angostura. El 30 de agosto de 1821, los congresistas aprobaron la Constitución de la República de Colombia. Esta Carta Política reflejó varios avances en materia constitucional y dejó en un segundo plano la moral y la religión. Consagró la unión de la Nueva Granada y Venezuela en una sola República denominada Colombia, instauró un gobierno popular y representativo e instituyó las divisiones de los poderes públicos y, además, una serie de derechos civiles y garantías sociales28. Según la opinión de algunos especialistas, esta Constitución es “la primera que puede ser calificada de nacional y republicana, a la vez completa y permanente”29.

En su artículo 156, Título VIII sobre Disposiciones Generales, se consagró el derecho que tenían todos los colombianos de escribir, imprimir y publicar sin restricciones sus opiniones, sin que fuese necesario tampoco la revisión o censura previa a la publicación. Sin embargo, a renglón seguido se advirtió que los que abusaran de esa “preciosa” facultad serían sometidos a los castigos que contemplara la ley30.

Además de esta disposición constitucional, desde el 21 de julio una comisión de parlamentarios liderados por Diego Fernando Gómez había presentado al Congreso de la República un proyecto de ley de libertad de imprenta31 tomando como base buena parte del articulado del reglamento que sobre este tópico habían aprobado las Cortes españolas el 22 de octubre de 182032.

Tal como lo revelan las actas legislativas, las discusiones fueron intensas por sus implicaciones no solo políticas sino también jurídicas y religiosas. Las sesiones se prolongaron durante dos meses33 siendo los temas más controvertidos la designación de los jurados, el tipo de penas impuestas y los alcances de la jurisdicción eclesiástica, tema este último que por sus repercusiones será analizado aparte al final de este trabajo.

El diputado José Francisco Pereira creía que el proyecto de ley generaba más ventajas que perjuicios y que los excesos que pudiesen registrarse paulatinamente irían desvaneciéndose con la correcta aplicación de la ley. El mismo escenario político permitiría un sano equilibrio pues, si alguien utilizaba la imprenta para lanzar ataques, habría muchas plumas dispuestas a impugnar y dejar sin piso aquellos señalamientos. Aunque emergió una propuesta que pedía extender los controles a las láminas, pinturas y grabados, fue finalmente rechazada al reiterarse que solo la ley hacía alusión al arte de la imprenta.

Manuel Baños, diputado por la provincia de Tunja, solicitó que el proyecto fuera simplificado pues, tal como estaba diseñado, le permitía al abusador quedar impune mientras que el afectado seguramente abandonaría su denuncia tras tener que adelantar una multitud de trámites engorrosos.

Por su parte, Juan Bautista Estévez hizo énfasis en la necesidad de que las leyes se concentraran en precaver el delito de abuso de imprenta pues, una vez publicado el documento, era evidente el daño causado en la imagen y buen nombre de las personas afectadas con el inconveniente de que había que esperar a que se desarrollara el largo litigio. Por ello, consideraba que lo más prudente era instaurar un tribunal de censura que calificara los escritos antes de su publicación.

El presidente del Congreso, José Ignacio de Márquez, defendió los principios que habían inspirado este proyecto de ley aunque creía que debían contemplarse penas más severas. Desde ningún punto de vista veía conveniente la pena pecuniaria pues los más acomodados buscarían transgredir la libertad de imprenta a su antojo y sin limitaciones. Recomendaba mejor aplicar penas como la expiación pública y la destinación a trabajos públicos34.

Manuel María Quijano, representante por la provincia del Cauca, llamó la atención sobre el hecho de que el proyecto no había diferenciado en los casos en que se atacaban los abusos del funcionario de gobierno y cuando se arremetía contra la persona misma. Más que la prisión, consideraba que una pena efectiva y ejemplarizante podía ser la pérdida del producto de la venta de la obra y la inmediata suspensión del cargo al abusador y, al que no fuese empleado, se le interrumpiese por algún tiempo sus derechos ciudadanos.

El proyecto de ley propuso una modalidad de un juicio con un jurado conformado por ciudadanos del común, lo cual era una alternativa innovadora en el sistema penal de aquel momento aunque no dejó de suscitar desconfianzas y recias críticas. El congresista José Antonio Yanes pensaba que el hecho de ser ciudadano en plenitud de sus derechos no era suficiente garantía para ser jurado en vista de que se requerían algunos conocimientos en asuntos políticos y jurídicos. Por ello, sugirió que los jurados debían ser profesionales en diversas áreas del conocimiento.

El diputado Diego Fernando Gómez también advirtió sobre los peligros que generaría el tener como jueces a ciudadanos del común pues podrían condenar impresos que no merecían estar en la mira. Así entonces, como medida alternativa propuso que los jurados debían tener los mismos requisitos establecidos para ser congresistas35. Aún con estos reparos, insistió en su defensa del sistema de jurados pues este sería, según su criterio, una “escuela” en donde se podían formar hombres con capacidad de discernir cuando un impreso resultaba nocivo para la sociedad. Así se establecerían mayores controles al creciente número de imprentas36.

El congresista Antonio Briceño llamó la atención sobre lo impracticable que resultaría el juicio en los pueblos pequeños en donde hubiese algún hombre pudiente con imprenta, siendo realmente difícil encontrar allí personas capacitadas para juzgar. Varias voces desestimaron estos temores al recordar que, según la experiencia observada, las imprentas solo se ubicaban en las ciudades principales. Sobre este punto en particular se logró el consenso al definirse que los jurados podían provenir de cualquier sitio del cantón37.

Bastante confianza generaba en el diputado José Manuel Restrepo, exgobernador de la provincia de Antioquia, el sistema de juicios por jurados por cuanto ya estaba funcionando sin mayores complicaciones en Inglaterra, Francia y España. Había entonces que dar un compás de espera para evaluar cómo operaba este modelo quedando abierta la posibilidad de incorporar ajustes en la próxima legislatura38.

Otro tema que ocupó largamente la atención de los legisladores fue la responsabilidad del impresor al alertar sobre la posibilidad de que se rehusara a delatar el nombre del anónimo cuestionado al haber este resarcido premeditadamente el monto de la multa. Sobre este punto, el presidente del Congreso don José Ignacio de Márquez contestó aduciendo que el impresor estaba en la misma situación de un escribano, es decir, debía dar fe y testimonio de conocer la persona que le enviaba un escrito. Finalmente, este controvertido punto de los jurados fue aprobado con un resultado mayoritario de 29 votos contra 12.

Tras muchas deliberaciones que se vieron reflejadas en un extenso texto de 60 artículos, fue finalmente sancionada la ley el 17 de septiembre39. Antes que nada, esta ley comenzó por acogerse al mencionado artículo 156 de la Constitución recientemente promulgada. Pero se hizo una pequeña aclaración en el sentido de que la prerrogativa de imprimir y publicar era “tan natural” como el derecho a expresarse verbalmente. Aun cuando se reconoció el derecho ciudadano de imprimir y publicar libremente ideas sin previa censura, el abuso de esta libertad fue tipificado como un delito punible.

La ley identificó cuatro abusos de la libertad de imprenta: 1) los escritos denominados subversivos que eran aquellos contrarios a los dogmas de la religión católica. 2) Los escritos sediciosos que tenían como propósito incitar a la rebelión o perturbación del orden público. 3) Los escritos obscenos que atentaban contra la moral, la decencia pública y las buenas costumbres y, finalmente, 4) los libelos infamatorios que afectaban la reputación o el honor de alguna persona al cuestionar su vida privada. No podían clasificarse dentro de esta última categoría aquellos escritos en que se denunciaran las tachas o defectos de los empleados con relación a su aptitud o falta de actividad y acierto en el desempeño de sus funciones públicas.

Cada uno de estos abusos sería calificado según su nivel de gravedad en primero, segundo o tercer grado. Así entonces, se diseñó una escala de penas representadas en multas y tiempo de prisión, tal como aparece desglosado en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1 Castigos aplicados a los tipos de abusos de la libertad de imprenta, según lo estipulado en la ley del 17 de septiembre de 1821 

Escritos Primer grado Segundo grado Tercer grado
Subversivos 6 meses de prisión y 300 pesos de multa 4 meses de prisión y 200 pesos de multa 2 meses de prisión y 100 pesos de multa
Sediciosos 6 meses de prisión y 300 pesos de multa 4 meses de prisión y 200 pesos de multa 2 meses de prisión y 100 pesos de multa
Obscenos 500 pesos de multa o 18 meses de prisión 300 pesos de multa u 8 meses de prisión 150 pesos de multa o 6 meses de prisión
Libelos infamatorios 3 meses de prisión y 200 pesos de multa 2 meses de prisión y 100 pesos de multa 1 mes de prisión y 50 pesos de multa

Fuente: Cuerpo de leyes de la República, cit. (n. 39), pp. 100-102.

Aquellos sindicados de escritos sediciosos quedaban además sujetos a ser juzgados y condenados por las leyes comunes si con la publicación de tales escritos se hubiese originado una rebelión o perturbación de la tranquilidad pública. Para los culpables de libelos infamatorios les sería duplicado el tiempo de prisión cuando no tuviesen cómo sufragar la pena impuesta.

Además de estas sanciones, se dispuso el decomiso de los ejemplares existentes para venta y los ciudadanos que retornaran estos impresos tendrían el derecho a ser indemnizados del precio que habían pagado por la compra de este material. Cuando la censura solo se aplicaba sobre algunos apartes o sobre una o pocas páginas del escrito, los jueces identificarían en este caso las palabras o expresiones a rectificar y los ejemplares serían devueltos a los interesados.

En el artículo 15º se estipuló que el autor o el editor serían los directamente responsables en los casos de abuso contra la libertad de imprenta para lo cual debían firmar el original que era entregado al impresor. Este, a su vez, quedaría sujeto a responsabilidad en los casos en que no allegare el escrito original debidamente firmado o cuando se rehusara a brindar información precisa sobre el domicilio del autor o editor. Era además obligación del impresor estampar su nombre, lugar y año de la impresión en cada uno de sus trabajos y cualquier falsedad u omisión sería penalizada por los jueces con multa de hasta 100 pesos. Las sanciones también recaían sobre aquellas personas que publicaran o circularan algún impreso censurado, debiéndose someter a las mismas penas señaladas para el autor del escrito.

Se estipuló además que las extralimitaciones en la libertad de imprenta producían acción popular, es decir, que cualquier ciudadano estaba en su legítimo derecho de acusar ante las autoridades competentes los escritos que considerara fuesen subversivos, sediciosos, obscenos o contrarios a las buenas costumbres. Una vez instauradas estas denuncias, era responsabilidad de los fiscales y procuradores acusar estos delitos.

Buena parte del articulado se concentró en explicar pormenorizadamente la mecánica de los juicios. Todos los años dentro de los primeros 15 días del mes de enero el cabildo de cada cantón donde hubiese imprenta debía nombrar por mayoría de votos a 24 personas encargadas de ejercer el cargo de jueces de hecho40. Las acusaciones de los escritos debían enviarse a uno de los alcaldes ordinarios de cada cantón con el fin de que estos convocaran a la mayor brevedad posible a los jueces de hecho.

Una vez recibida la acusación, el alcalde ordinario debía escoger al azar a 7 de los 24 jueces inscritos quienes debían elevar el respectivo juramento en el que se comprometían a ejercer su cargo con “imparcialidad y justicia”. En el texto de la ley se dejó muy en claro la advertencia del impedimento legal por complicidad, enemistad conocida o parentesco con el acusador o con el autor o editor hasta en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Los 7 jueces debían analizar el escrito señalado y por mayoría de votos decidir si había o no lugar a la formación de una causa. Si se resolvía que el caso ameritaba abrir un proceso, el alcalde debía de inmediato suspender la venta de los ejemplares del escrito que estuviesen en poder del impresor o del vendedor conminando a estos a una multa de 100 pesos y 2 meses de prisión si no confesaban el número real de ejemplares existentes o si se atrevían a comercializarlos después de haber sido amonestados.

En el caso de los impresos sediciosos, el juez de la causa debía ordenar inmediatamente la captura del responsable. En los demás tipos de faltas, el juez solo se limitaría a exigirle fiador o el pago de una caución. Una vez verificado este procedimiento cautelar, el juez de la causa procedía nuevamente a elegir por sorteo a 7 de los 24 jueces con el fin de que se encargaran de dictar el fallo para lo cual debían primero elevar el respectivo juramento.

Posteriormente, el juez de la causa enviaba a la persona responsable del impreso una copia de la acusación para que pudiese preparar con tiempo su defensa ya fuera de manera oral o escrita y, además, se le adjuntaba la lista de los 7 jueces que actuarían en el proceso para que en el término de 24 horas tuviese la posibilidad de recusar a alguno de ellos, si encontraba motivos razonables para ello.

Acto seguido, el juez de la causa debía citar al procesado y a sus defensores en un lugar público en donde se llevaría a cabo el juicio al cual asistirían también el fiscal, el procurador o cualquier otro acusador. Después de expuesto públicamente el caso con todos sus detalles, los 7 jueces deliberarían en privado y calificarían el impreso de acuerdo a las escalas contempladas en la parte introductoria de esta ley.

En este juicio se requería la unanimidad de 6 votos para condenar un escrito o la de 2 para su absolución. El dictamen era leído en voz alta ante los asistentes. Si se convenía la absolución, el implicado debía ser puesto en libertad y se le alzaría la caución o fianza impuesta. Si era declarado culpable, le eran reiteradas las penas a que debía atenerse, debiendo además sufragar los costos del proceso. El fallo debía publicarse en la gaceta del gobierno para conocimiento de todos.

Se dispuso además que cualquier persona que reprodujera un impreso mandado recoger incurriría por el mismo hecho en la pena doble a la que se hubiese impuesto al culpable del escrito. Los procesados podían apelar la decisión ante la Corte Superior de Justicia en caso de evidenciar falta de garantías o errores procedimentales en el juicio.

El texto de esta ley fue distribuido en cada una de las provincias41 y reproducido íntegramente en los tres periódicos oficiales que circulaban en aquella época en la Nueva Granada y Venezuela: el Correo del Orinoco42, la Gaceta de Colombia43 y la Gazeta de Santafe44.

Positivas reacciones suscitó la expedición de este marco normativo entre las autoridades políticas y militares. El coronel José Concha, gobernador de la provincia del Cauca, consideró que esta ley era muy necesaria para regímenes políticos organizados como el gobierno republicano, considerándola además importante para decir verdades45.

En la proclama de clausura de sesiones del Congreso reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta, su presidente José Ignacio de Márquez exaltó las bondades de la recién expedida ley: “La imprenta libre, ese don precioso, inseparable de la razón y de la justicia, esa garantía de la libertad política y civil, es un medio decoroso de fijar la opinión y de expresar los sentimientos de un pueblo libre. Usad de ella con la moderación que está prescrita, y de este modo conservaréis ilesos vuestros derechos, contendréis a los mandatarios en los límites de su autoridad y conseguiréis las mejoras que aconsejen la experiencia y la necesidad”46.

Como complemento a la promulgación de esta ley, fue claro el interés del gobierno republicano en dictar otra serie de normas dirigidas a fomentar la imprenta y la libre circulación de periódicos. Ese mismo día en que fue sancionada la mencionada ley, fue firmado un decreto mediante el cual se destinaban recursos para la adquisición de una gran imprenta al servicio del gobierno central y otro más sobre exención de portes de correos a los periódicos, folletos u otros impresos47. Días más tarde, el 28 de septiembre, se aprobó una ley en la que se exoneraban de derechos de importación las máquinas y tintas para imprimir48. Al día siguiente, se decidió eximir a todos los textos impresos en el extranjero del pago del derecho de introducción por los puertos de Colombia49.

III. Debates posteriores y aplicación de la ley

La ley de libertad de imprenta del 17 de septiembre de 1821 fue objeto de álgidos debates en los años posteriores y en las tres décadas en que se mantuvo vigente sufrió varias reformas, siendo finalmente derogada en 185150. Su aplicación resultó bastante complicada pues en muchos casos fue difícil identificar el autor verdadero de un artículo y, cuando era emitido un fallo, este terminaba por lo general en absolución y en muy pocas ocasiones se hicieron efectivas las condenas51.

Sin lugar a dudas, el punto más controvertido fue el del sistema de jurados52, el cual fue un triunfo de los sectores liberales que cifraron sus esperanzas en fallos más democráticos en contraposición a las decisiones autoritarias adoptadas por las autoridades virreinales en tiempos del dominio hispánico.

Sobre las injurias se descubrió que aún seguía vigente la legislación española sobre esta materia y, por ello, se intentó evadir el procedimiento de los jurados establecido por la ley de 1821, prefiriéndose la condena y los procesos en los juzgados ordinarios53. Esto revela un problema jurídico que no era extraño en estos tiempos de transición entre el antiguo régimen y el naciente sistema republicano pues tanto en esta temática de la libertad de imprenta como en otras, tal es el caso de la manumisión de esclavos, el comercio y las ordenanzas militares, muchas normas españolas siguieron vigentes incluso hasta mediados del siglo XIX54, lo cual generó confusiones y contradicciones al momento de introducir nuevos marcos normativos.

El primer juicio que apareció publicado en la prensa oficial se llevó a cabo en la sala capitular de Bogotá el 9 de octubre de 1822 mediante el cual se declaró absuelto a José María Maldonado por el impreso que llevaba por título “Sr. Intendente del departamento”, denunciado por Vicente Borrero, fiscal de la Corte Superior de Justica, y Marcelino Trujillo, abogado de los tribunales de la República. En consecuencia se ordenó levantar la caución mientras que a los impresores Bruno Espinosa y Rafael Flórez se les notificó que cesaba la orden que se les había impartido para que se abstuvieran de circular o reproducir dicho impreso55. El 15 de noviembre también resultó absuelto Juan Savedra, responsable del artículo titulado “Variedades”, insertado en la edición Nº 171 del Correo de Bogotá, denunciado por el general Antonio Nariño. De inmediato, Savedra fue liberado de la prisión56.

Fue evidente el esfuerzo de los periódicos en circulación en no verse inmiscuidos en líos judiciales por cuenta de los abusos de imprenta. Con relación a este tipo de precauciones, a principios de 1822 los editores de la Gazeta de la ciudad de Bogotá reportaron a través de un aviso el recibo de una carta firmada con el seudónimo “preguntón” en la cual se formulaban cuatro preguntas y se difundía un cuento pero se precisó que la ley prohibía la publicación de papeles de esta naturaleza a menos que viniese rubricado con el nombre real del autor. Por todo esto, se le instó a aclarar este dato “bajo la seguridad de que solo en un caso muy urgente será descubierto”57.

A mediados de marzo los editores de este mismo semanario, que había cambiado de nombre por el de Correo de la ciudad de Bogotá, buscaron librarse de responsabilidad al no publicar dos artículos enviados por anónimos en los que trataban “puntos delicados y ofensivos a la piedad del pueblo colombiano”. Con ello, se buscaba ajustar el periódico a los términos de la ley que exigía la firma del autor en cualquier escrito publicado58.

El periódico seguiría recibiendo artículos pero en adelante se reservaría el derecho a decidir cuáles finalmente serían publicados sin que esto fuera ofensa para los autores. Se decidió dar prelación a los anuncios de beneficio público y debates interesantes para el progreso de la nación. Los editores recordaron que, aunque hacían uso de la imprenta estatal para producir el periódico, el gobierno no ejercía ninguna injerencia en las decisiones internas59.

En agosto de 1824 los editores del Correo anunciaron que se había recibido un artículo fechado en Tocuyo pero se abstuvieron de publicarlo ante la carencia de pruebas para corroborar las imputaciones que se lanzaban en ese escrito y porque aparecía firmado con un seudónimo y no con la firma genuina de su autor60.

A principios de mayo de 1823, una de las columnas del periódico oficialista la Gaceta de Colombia hizo un vehemente llamado a hacer buen uso de la libertad de imprenta por cuanto por esos días habían circulado varios folletos y escritos concentrados en el resentimiento y los odios en vez de contribuir a la reconciliación y consolidación de la República. Todo esto agravado con el peligro latente de que los ciudadanos se veían atraídos por estos escritos apasionados y “frívolos”, aún por encima de los textos constructivos y reflexivos. Finalmente, se instó a mirar la experiencia sucedida en España y Europa con relación al uso de la libertad de imprenta61.

En los apartes de otro artículo, el gobierno central hizo énfasis en que no podía atender el clamor de algunos ciudadanos que exigían la intervención oficial en calificar escritos o impedir su publicación. La razón de esta postura obedecía al hecho de que el ejecutivo debía mantenerse imparcial pues así lo establecía la ley. De no hacerlo, estaría incurriendo en un grave error porque si “[…] hoy intervendría para evitar la desunión, mañana para impedir la censura de su administración, al otro día para preservar a las leyes de justas observaciones y al fin para que no se publicase sino lo que quisiera y le acomodara”62.

En su balance de gestión rendido ante el Congreso de la República a finales de abril de 1823, el secretario del Interior José Manuel Restrepo señaló que se había cumplido exactamente la ley del 17 de septiembre de 1821 pues, en aquellas provincias y ciudades donde existían imprentas, se escribía sobre todas las materias, se criticaban abiertamente las acciones del gobierno y se discutían los grandes temas políticos de la nación. Con sumo beneplácito veía el gobierno la multiplicación de los periódicos como medios difusores de la instrucción en los sitios más apartados de la República. Sin embargo, se lamentó el hecho de que estas imprentas eran pequeñas y muy escasas ante lo cual el gobierno se comprometió a procurar que en cada provincia existiera al menos una, con lo cual se podía además fomentar la publicación de periódicos “[…] que bien dirigidos pueden hacer muchos bienes”63.

Reconoció Restrepo que se habían cometido algunos excesos pero sus autores fueron llamados por la justicia para que respondieran dentro del marco del orden legal vigente. En realidad, pensaba que se iban a presentar mayores abusos de los que finalmente se registraron aunque consideraba inevitable que surgieran estos excesos de vez en cuando. En términos generales, según su concepto, se había hecho uso de la nueva ley de libertad de imprenta con responsabilidad y apego a la legislación vigente.

En la práctica, había resultado problemático el artículo 48 pues, pudiendo ser absuelto cualquier escrito por dos votos conformes y requiriéndose de seis para elevar la condena, resultaba muy difícil que bajo estas condiciones alguien fuera condenado. Hasta el momento, todos los escritores acusados a excepción de uno habían sido absueltos y era probable que esta tendencia se mantuviese inamovible.

Esto, a juicio de Restrepo, traía inmensos males a la República pues era muy contrario a la verdadera intención de la ley que era precisamente reprimir los abusos de la imprenta, así como también fomentar la libre expresión ajustada a los parámetros. Restrepo propuso entonces, en aras de preservar la vida y el honor de los ciudadanos, modificar aquel artículo para lo cual había que ordenar que en los juicios de los escritos acusados, el reo fuera condenado o absuelto por la mayoría de votos, regla esta que es la que se observaba en la mayoría de los juicios que emanaban de los tribunales de Colombia. En caso de rechazarse esta modificación, debía exigirse la unanimidad de los jurados tal como funcionaba el modelo inglés y así entonces la ley sería más efectiva.

Otra mejora sustancial que el ejecutivo juzgaba necesaria a la citada ley era la de incrementar el número de jueces de hecho en ambos jurados, al menos hasta 11. Se consideraba que 6 votos eran suficientes para condenar o absolver. Con esta pluralidad en la toma final de decisión se estaría garantizando mayor imparcialidad en este tipo de juicios.

También creyó necesario el ministro Restrepo duplicar o triplicar el número de jueces elegidos por los ayuntamientos pues había sucedido el hecho de que, después del primer juicio, no quedaban jueces suficientes para el segundo juicio debido a las recusaciones e impedimentos legales que habían recaído sobre varios de los electos.

Otra medida para asegurar mayores garantías en esta clase de juicios era fijar la responsabilidad del fiscal y del procurador general siendo indispensable promulgar una ley en la que se asignaran las penas en que incurrirían estos empleados en aquellas circunstancias en que acusaran impresos no reprobados por la ley o en aquellos casos que guardaran silencio cuando en realidad debían elevar su voz de protesta contra los abusos.

Restrepo cerró su intervención elevando un llamado al Congreso de la República para que trabajara acuciosamente en estas reglamentaciones con el fin de evitar que los abusos pudieran perturbar la tranquilidad pública, particularmente en aquellos pueblos no acostumbrados al uso de la libertad bajo los parámetros de la ley64.

Por estos días surgieron algunos intentos reformistas, particularmente dentro del propósito de aplicar algunos ajustes a la ley. A principios de agosto de este año se empezó a discutir en el Senado de la República un proyecto de ley para reformar la ley de 1821. El proyecto hacía alusión al modo como debía celebrarse el juicio en aquellos casos en que los acusados fuesen altos funcionarios públicos: el vicepresidente de la República, los senadores, los representantes a la Cámara, los ministros de la alta corte y los superiores de justicia65. Al final, esta propuesta adoleció de apoyo parlamentario.

En la sesión del 10 de abril de 1824 en el recinto del Senado de la República se leyó un nuevo proyecto de reforma de la ley pero el diputado Diego Fernando Gómez se mostró en desacuerdo tras argüir que la ley cumplía ya tres años de vigencia sin reportarse mayores inconvenientes. Por lo tanto, pidió se difiriese indefinidamente su examen pues el espíritu de la reforma presentada no era otro que el de coartar aquella libertad. Si de todas maneras se llegaba a dar la discusión, Gómez pidió que los ponentes concentraran su atención en los puntos específicos que requerían revisión. El vicepresidente Santander se adhirió a estas recomendaciones pero el diputado Jerónimo Torres se opuso alegando que la ley necesitaba una reforma profunda en varios puntos, siendo uno de ellos el de la doble acusación. Torres sugirió entonces que se pasara el proyecto de reforma a una comisión para estudiar el tema con más detenimiento. Finalmente, fue acogida esta última moción que recibió el apoyo irrestricto de los congresistas Rafael Lasso de la Vega, obispo de Mérida, Antonio María Briceño, Santiago Pérez Arroyo y Estanislao Vergara66. El 5 de enero de 1825 se intentó reanudar la discusión pero de nuevo fue aplazada bajo el pretexto de que había asuntos más urgentes por tratar67.

Mientras fracasaban estos intentos para reformar la ley, no cesaban las dudas y los vacíos sobre los alcances de la libertad de imprenta. En 1824 se denunció el caso de un impreso en el cual se pudo conocer que una persona era la autora y otra la que había entregado su firma al impresor. Ante el dilema de sobre quien debía recaer la responsabilidad, el letrado al que se le consultó este asunto consideró que debía asumir plenamente las consecuencias el que había firmado pero otros conceptos se aferraron al artículo 15 de la ley de 1821 que concentraba toda la responsabilidad en el autor68.

En reunión del Consejo de Gobierno del lunes 27 de junio de 1825, el vicepresidente Santander trajo a colación un artículo titulado “Aviso de un independiente y libre” publicado en el semanario El Constitucional de Bogotá en el que se lanzaban recias críticas a él “despedazando y calumniando horriblemente tanto su conducta pública como la privada”. Santander expresó que de ninguna manera podía sufrir un insulto de tal naturaleza y por tanto dejaba el tema a consideración del Consejo para que se aplicaran las sanciones pertinentes tras la intención de calumniar y difamar a los primeros magistrados de la República.

El Consejo determinó que el Vicepresidente no podía tener ningún privilegio ni tampoco ser eximido de los juicios y, por consiguiente, se convino en que el periódico debía denunciarse ante el fiscal o la persona que determinara el poder ejecutivo o que, si se descubría quién era el autor, podía también acusarse directamente ante los tribunales por el delito de injuria.

Sobre este particular, Pedro Gual opinó que se enviara el caso a los jurados y, una vez conocido el autor, que se presumía era José Antonio Pérez, miembro de la Cámara de Representantes, se suspendiera el juicio y se enviara a este órgano legislativo para que, si se comprobaba la calumnia, se procediera a aplicarle al congresista la respectiva pena. La mayoría de los miembros del Consejo hicieron énfasis en la dificultad de juzgar este caso teniendo en cuenta que en el escrito no se había nombrado explícitamente ni al gobierno ni al vicepresidente69.

En 1828, en medio de un ambiente de polarización política entre santanderistas y bolivarianos, era prácticamente un consenso que la libertad de imprenta había sido empleada para dividir los ánimos e insultar las entidades oficiales70, razón por la cual creció el número de voces que abogaban por una pronta reforma. El Libertador Simón Bolívar recibió varias peticiones firmadas para reprimir esos abusos pero él solo se limitó a sugerir la expedición de una circular en la que se solicitara a las autoridades regionales y a los ciudadanos impedir la publicación de estos escritos “injuriosos”. No obstante, se advirtió que de seguir los excesos se adoptarían medidas más severas y eficaces71.

Mediante el Decreto Orgánico promulgado el 27 de agosto de este mismo año, Bolívar asumió la dictadura, dejó sin vigencia la Constitución de Cúcuta y además disolvió el Congreso de la República y aquellos cargos públicos desde donde se ejerciera oposición. No obstante, en el artículo 20 de este decreto se reiteró la libertad de imprenta sin previa censura, revalidando lo dispuesto en la ley de 182172. Pero, tras el atentado sufrido por este máximo dirigente republicano el 25 de septiembre, decidió asumir con plenos poderes la dictadura y al día siguiente derogó el mencionado decreto orgánico. Un año más tarde, el 29 de septiembre de 1829, se modificó el proceso de selección de jurados de hecho para los procesos por abusos de libertad de imprenta73.

IV. La Iglesia y la libertad de imprenta

La censura previa impuesta por la Iglesia católica fue instaurada a finales del siglo XV pocos años después de haber sido inventada la imprenta. Esa censura fue refrendada por el papa Inocencio VIII74 y a mediados del siglo XVI fue reafirmada por el Concilio de Trento.

Pese al creciente influjo de la tendencia liberal y a los avances en el plano político, no hay duda de que la libertad de imprenta experimentó mayores restricciones en los temas religiosos. En el siglo de las Luces empezó a tomar más auge la idea de promover esa libertad en medio de la represión ejercida por la Iglesia y la institución de la Inquisición.

En España se dio un cambio sustancial tras la firma en 1810 del mencionado decreto de libertad de imprenta, lo cual se logró gracias a la campaña emprendida por los partidarios liberales que se sobrepusieron a la tendencia conservadora, en su mayoría integrantes del estamento eclesiástico. De hecho, desde ese año surgieron al interior de la península ibérica muchos periódicos que criticaban la intransigencia de la Iglesia.

En el periodo de Independencia y en los albores del gobierno republicano, la Iglesia experimentó en el espacio de la Nueva Granada un proceso de debilitamiento y de fricciones internas como consecuencia del ambiente de convulsión política y militar reinante. Aunque ya no exhibía el mismo poder entre las élites, aún seguía irradiando su capacidad de influencia en la comunidad75.

Adicionalmente, durante estos años se evidenció una actitud de resistencia del estamento eclesiástico frente a algunas decisiones liberales adoptadas por el Estado republicano que afectaban de manera notoria sus intereses y privilegios. Dentro de esas medidas, hay que mencionar la eliminación de algunos conventos, el incremento de las actividades de la masonería, la introducción de principios utilitaristas en la estructura curricular de los colegios, la intención de modificar el Patronato y la eliminación del sistema de Inquisición76. Estas diferencias de criterio conllevaron a la Iglesia a asumir una postura de confrontación que en últimas sería uno de los factores detonantes de la crisis política que precipitaría la separación de las naciones que integraban la República de Colombia77.

Por su parte, la intención del gobierno republicano durante esta coyuntura consistió en fortalecer su legitimidad y posicionarse como máxima autoridad, propósito que de alguna manera estaba dirigido también a promover una mayor secularización. Fue así como el Estado, aun en medio de varias dificultades, buscó menguar los alcances y el poder político de la Iglesia78.

La libertad de imprenta fue uno de los temas en donde pudo palparse este reacomodamiento de fuerzas entre el poder civil y el poder eclesiástico. Uno de los resultados de esta dinámica fue la temprana proclamación de aquella libertad pero supeditada a ciertas limitaciones en el ámbito religioso. Durante la primera fase republicana, la Constitución de Cundinamarca promulgada el 4 de abril de 1811 dejó muy en claro que esa libertad no se hacía extensiva a la edición de los libros sagrados, cuya impresión debía hacerse conforme a lo dispuesto por el Concilio de Trento79. En la Constitución expedida al siguiente año para las Provincias Unidas se dejó en claro que ningún escrito sobre la religión podía imprimirse sin la previa licencia del Ordinario eclesiástico, considerándose un abuso todo aquello que fuera atentatorio de la Iglesia católica80.

Entre las Constituciones de los Estados provinciales, solo la de Mariquita y Antioquia hicieron mención expresa a este asunto, reproduciendo prácticamente los mismos términos estipulados en la Constitución de 181181.

El tema se reanudó en los albores de la Segunda República. El 19 de enero de 1820 el gobierno dictó un decreto en el que sentó algunas pautas para juzgar a los acusados de atentar contra la religión “[…] por ser un delito que tiene pena establecida en las leyes y que conoce la autoridad eclesiástica por delegación de la civil”82. Asimismo, se dispuso que todo libro prohibido por la Inquisición solo por razones de Estado podía leerse libremente y se decidió además proscribir la impresión de todo libro, discurso o papel alusivo a los temas religiosos que no fuera aprobado previamente por el gobierno.

La Constitución republicana expedida en 1821, de corte liberal, no hizo ninguna alusión a la injerencia del clero en el control a los impresos circulantes. Sin embargo, la confrontación de ideas en torno a los alcances de la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica en materia de censura de impresos alcanzó su máxima expresión en julio de este año con ocasión de la presentación del proyecto de ley de libertad de imprenta.

El presidente del Congreso, José Ignacio de Márquez, pensaba que eran muy cortas las penas dispuestas para los que atacaban la moral cristiana. Tanto él como el diputado José Francisco Pereira veían conveniente que el Estado aplicara penas especiales por cuanto la Iglesia ya tenía sus propias disposiciones para quienes atentaban contra el dogma.

Tendencias encontradas se suscitaron también en torno a si la ley debía permitir o vedar la publicación de libros sobre temas religiosos. Para unos, era claro que no se podía impedir hablar sobre estos temas mientras que otros expresaron sus reservas al pensar que ese era un asunto privativo de la Iglesia conforme a la ley de Partida. Esto fue lo que anotó Márquez en relación con aquella primera opción: “[…] prohibirle al hombre que desde sus primeros años examine los fundamentos de su creencia es condenarlo a que sea un ignorante de por vida, lo cual sí se opone directamente a la máxima de Jesucristo, que sólo exige el obsequio de una creencia racional”83.

Esta opinión fue reforzada por el colega Domingo Briceño al hacer ver que, si la Iglesia tradicionalmente tenía injerencia en algunos asuntos estatales, no había motivo por el cual el Estado estuviese impedido para impartir justicia e imponer penas corporales cuando se atentaba contra la Iglesia, esto sin detrimento de las sanciones que los religiosos por su propia cuenta pudiesen aplicar.

Para el parlamentario Miguel Tobar era claro que la Iglesia no podía ser del todo ajena a los controles y disposiciones estipuladas en el marco del nuevo régimen liberal: “Que toda la dificultad en lo que estriba es en deslindar las respectivas jurisdicciones de cada autoridad, pero que la absoluta independencia que se pretende dar a la Iglesia en materias de disciplina es abrir la puerta a que se cometan los mayores abusos, y que por tanto el gobierno debe prestar mano fuerte a su precaución y remedio, porque si éstos se dejan introducir, lejos de establecer el fruto de las luces adquiridas al precio de tantas fatigas, peligros y sangre, vamos a retrogradar hasta el siglo de Felipe II. […] Que si se permite decir en abstracto que a la Iglesia pertenece calificar y prohibir las obras que entienda repugnan al dogma, al instante el fanatismo se levantará contra los principios de libertad mejor establecidos, condenará cuantas obras caigan en sus manos, traten de religión o no, siempre que crea pueden”84.

El diputado Salvador Camacho también consideraba necesario que el proyecto incorporara aquellos casos de abusos que hacían daño a la Iglesia, siendo legítimo que el Estado fijara sus propias sanciones. Creía Camacho que lo más prudente en ese momento era esperar el texto final de un reglamento propuesto por el vicepresidente Santander que estaba en curso en el Congreso sobre cómo tratar los asuntos relacionados con la Iglesia.

Por su parte, Francisco José Otero señalaba que para cualquier ley que tratase sobre cuestiones eclesiásticas era imprescindible elevar consultas previas para sondear la opinión de los representantes de este estamento, cuya soberanía era totalmente independiente incluso para decretar la excomunión. Por todas estas razones, pidió retirar del proyecto de ley este asunto sobre abusos de los impresos contra el dogma.

El otro tema en particular que suscitó álgida controversia fue el de la calidad y méritos de los jurados. Márquez creía que era impracticable el proyecto en los pueblos pequeños por cuanto allí no había ciudadanos con suficiente conocimiento en materia teológica que pudiesen fungir como jueces para calificar el delito. Coincidió con esta apreciación el congresista José Antonio Yanes quien pensaba que se necesitaban como jurados para tratar estos temas hombres ilustrados en teología. Al otro extremo de la discusión se ubicó la opinión del diputado Diego Fernando Gómez, quien pensaba que era exagerado nombrar especialistas en teología por cuanto era suficiente asegurarse que fueran nombrados ciudadanos que manejaran los rudimentos básicos de la fe.

Una alternativa que no tuvo mucho eco fue la expuesta por el congresista Vicente Borrero al proponer que, en vez de conformar el jurado con ciudadanos del cantón, había que dejarle esta delicada responsabilidad a la justicia ordinaria, que para los temas de religión podía consultar a dos o tres teólogos y para las demás materias podía apoyarse en asesores letrados.

Finalmente, el obispo de Mérida Rafael Lasso de la Vega advirtió sobre el riesgo de las competencias que podían suscitarse en el choque entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica cuando, por ejemplo, una de estas instancias condenara un escrito que ya había sido absuelto por la otra instancia, ante lo cual creía conveniente crear un juzgado que debía sustituir al tribunal de la Inquisición85.

Finalmente la ley aprobada el 17 de septiembre de 1821 terminó incorporando como uno de los abusos contra la libertad de imprenta los escritos denominados subversivos que eran aquellos contrarios a los dogmas de la religión católica con penas que iban de 2 a 6 meses de prisión y multas de 10 a 300 pesos (Ver Cuadro No. 1). Pese a estas sanciones fijadas por la ley, los ataques contra la Iglesia a través de escritos fueron constantes pero sus representantes no se preocuparon mucho por elevar las respectivas acusaciones86.

El mismo día en fue aprobada la ley de libertad de imprenta fue firmada otra en la que se extinguió el tribunal de la Inquisición aunque manteniendo intacta la prerrogativa del gobierno civil para juzgar los asuntos alusivos a los libros proscritos por la Iglesia87.

A manera de reflexión

Uno de los temas más controvertidos en el periodo de Independencia y en los primeros años de la República no solo en la Nueva Granada sino en toda la América hispánica fue sin lugar a dudas el de la libertad de imprenta. Un debate que durante esta etapa de transición y de continuos cambios de gobierno estaba inmerso en un complejo juego de fuerzas sociales y políticas entre dos tendencias claramente definidas: la postura conservadora heredada del antiguo régimen español que propendía por la censura previa y una vigilancia más estrecha y, por otro lado, una corriente liberal que iba más a tono con el proyecto republicano en ciernes y que abogaba por una mayor libertad de expresión.

Esa discusión en torno a la libertad de la imprenta no debe entenderse como un proceso espontáneo sino conectado a una dinámica vivida en España y en Europa. Es por ello que esta temática debe percibirse como un proceso de rupturas y continuidades, ejemplo de lo cual fue la legislación española que siguió ejerciendo influencia aun después de haber alcanzado Colombia su independencia definitiva.

Los avances en materia de libertad de imprenta se desarrollaron dentro de un contexto de paulatina secularización y de la búsqueda del Estado por expandir su poder, lo cual se vio reflejado en las tensiones entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica a la hora de implantar controles.

Aun con todas sus dificultades, esos primeros esfuerzos normativos hacia una libertad de imprenta fueron claves para el proceso de formación de una República basada en los principios democráticos de libertad y de igualdad en torno al proceso de construcción de una ciudadanía política88. Sin duda, la mayor innovación de la legislación republicana fue el funcionamiento de los juicios por jurado que significó un avance en la democratización de la justicia al fijar mayores garantías dentro del marco de la participación y la construcción de un Estado de Derecho aunque hay que reconocer que faltaban todavía muchos ajustes por implementar en materia de libertad de imprenta. El impulso a esta libertad estuvo acompañada además de otra serie de medidas tendientes a promover la instalación de imprentas y a ampliar los espacios de expresión.

La discusión sobre esta temática seguiría desarrollándose de manera más intensa en los años siguientes89. Bajo el influjo de la tendencia liberal de mediados de siglo, Colombia experimentó hasta 1887 un esquema de libertad absoluta de imprenta sin el sistema de jurados y sin la censura eclesiástica previa. Esta experiencia contrastó con lo ocurrido en otros países como México, Chile y Argentina en donde se acentuó la vigilancia del Estado y de la Iglesia en materia de impresos y opinión pública.

Bibliografía

Fuentes documentales

Archivo General de la Nación. Bogotá-Colombia. Fondos: Congreso, Historia, Negocios Administrativos. [ Links ]

Biblioteca Nacional de Colombia. Bogotá-Colombia. Fondos: Manuscritos, Pineda. [ Links ]

Fuentes primarias impresas

Acevedo Latorre, Eduardo (comp.), Colaboradores de Santander en la organización de la República (Bogotá, 1988). [ Links ]

Actas del Congreso de Cúcuta 1821 (Bogotá, 1989), II. [ Links ]

Acuerdos del Consejo de Gobierno de la República de Colombia 1825-1827 (Bogotá, 1988), II. [ Links ]

Archivo Santander (Bogotá, 1916), VI. [ Links ]

Cartas Santander-Bolívar (Bogotá, 1988), II. [ Links ]

López Domínguez, Luis Horacio (comp.), De Boyacá a Cúcuta. Memoria Administrativa, 1819-1821 (Bogotá, 1990). [ Links ]

Memoria sobre la libertad política de la imprenta leída en la Junta de Instrucción Pública por uno de sus vocales (Lima, 1810). [ Links ]

Restrepo, José Manuel, Historia de la Revolución de la República de Colombia (París, 1858), IV. [ Links ]

Restrepo, José Manuel , Memoria que el Secretario de Estado y del Estado del despacho del Interior presentó al Congreso de Colombia sobre los negocios de su Departamento (Bogotá, 1823). [ Links ]

Restrepo, José Manuel . Documentos importantes para la historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional (Medellín, 2009), CD. [ Links ]

Santander y el Congreso de 1823. Actas y correspondencia. Senado (Bogotá, 1989), III. [ Links ]

Santander y el Congreso de 1824. Actas y correspondencia. Senado (Bogotá, 1989), I. [ Links ]

Santander y el Congreso de 1825. Actas y correspondencia. Senado (Bogotá, 1989), I. [ Links ]

Prensa

Correo de la ciudad de Bogotá (Bogotá, 1822-1824). [ Links ]

Correo del Orinoco (Angostura, 1821). [ Links ]

El Conductor (Bogotá, 1827). [ Links ]

Gaceta de Colombia (Bogotá, 1821-1823). [ Links ]

Gazeta de la ciudad de Bogotá (Bogotá, 1821-1822). [ Links ]

Noticioso General (México, 1822). [ Links ]

Constituciones, leyes, decretos y compilaciones normativas

Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821 (Bogotá, 1924), I. [ Links ]

Colección de los decretos y órdenes generales de la Primera Legislatura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821 (Madrid, 1821), VI. [ Links ]

Constitución de Cundinamarca, su capital Santafé de Bogotá (Bogotá, 1811). [ Links ]

Constitución de la República de Colombia 1821 (Bogotá, 1821). [ Links ]

Constitución de la República de Cundinamarca reformada por el serenísimo Colegio Revisor y Electoral (Santafé, 1812). [ Links ]

Constitución de Mariquita (Santafé, 1815). [ Links ]

Constitución del Estado de Antioquia sancionada por los representantes de toda la provincia (Santafé de Bogotá, 1812). [ Links ]

Constitución del Estado de Cartagena de Indias (Cartagena de Indias, 1812). [ Links ]

Constitución Política de la Monarquía Española: Cádiz, 1812 (México, 1812). [ Links ]

Constitución Provisional de Antioquia, revisada en Convención de 1815 (Medellín, 1815). [ Links ]

Cuerpo de leyes de la República de Colombia. Comprende la constitución y leyes sancionadas por el primer congreso general en las sesiones que celebró desde el 6 de mayo hasta el 14 de octubre de 1821 (Bogotá, 1822), I. [ Links ]

Ley Fundamental de la República de Colombia (Angostura, 1819). [ Links ]

Reglamento del Soberano Congreso Nacional para la libertad política de la imprenta (Lima, 1812). [ Links ]

Fuentes bibliográficas y monografías

Bolívar, Simón Doctrina de El Libertador (Caracas, 1994), p. 230. [ Links ]

Bushnell, David, El desarrollo de la prensa en la Gran Colombia, en Ensayos de Historia Política de Colombia, (Medellín, 2006). [ Links ]

Cacua Prada, Antonio, Libertad y responsabilidad de prensa (Bogotá, 1987). [ Links ]

Esquivel Alonso, Yessica, Sueños de libertad y censura: la libertad de imprenta de 1810, en Revista de Estudios Políticos, 174 (2016), pp. 143-172. [ Links ]

Fernández Segado, Francisco, La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz: (el largo y dificultoso camino previo a su legalización) (Madrid, 2014). [ Links ]

González Oropesa, Manuel, El juicio por jurado en las Constituciones de México, en Cuestiones Constitucionales, 2 (2000), pp. 73-86. [ Links ]

Grases, Pedro,La imprenta en Venezuela (Caracas, 1981). [ Links ]

Harfuch, Andrés y Penna, Cristina, El juicio por jurados en el continente de América, en Sistemas Judiciales. Una perspectiva integral sobre la administración de justicia, 17 (2018), pp. 112-130. [ Links ]

Hernández Fuentes, M. A. “Velar por la fe y las costumbres”. Censura eclesiástica sobre la prensa zamorana durante la Restauración, en Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 6 (2016), pp. 61-81. [ Links ]

Loaiza Cano, Gilberto, La libertad de prensa en la América española (ensayo de historia comparada sobre la opinión pública moderna), en Historia y Memoria, 13 (Tunja, 2016). [ Links ]

Londoño Tamayo, Andrés Alejandro, Juicios de imprenta en Colombia (1821-1851). El jurado popular y el control de los libelos infamatorios, en Anuario de Historia Social y de la Cultura, 40/1 (2013), pp. 75-112. [ Links ]

López Domínguez, Luis Horacio (comp.), Obra educativa de Santander 1819-1826 (Bogotá, 1990), I. [ Links ]

Magdaleno Alegría, Antonio, La libertad de imprenta como premisa de la primera Constitución racional-normativa española: la Constitución de Cádiz, en Revista de Derecho Político, 87 (2013), pp. 223-252. [ Links ]

Mayorga García, Fernando, Pervivencia del patronato indiano en el período independiente. El caso del Colegio Mayor del Rosario de Bogotá (1810-1850), en Puente Brunke, José de la y Guevara Gil, Jorge Armando (edit.), Derecho, instituciones y procesos históricos (Lima, 2008), pp. 373-396. [ Links ]

Navarro Marchante, Vicente, El decreto IX de las Cortes de Cádiz de 1810 sobre la libertad de imprenta, en García Trobat, Pilar y Sánchez, Remedio (coord.), El legado de las Cortes de Cádiz, Madrid, (México, 2011), pp. 335-354. [ Links ]

Ortega Martínez, Francisco; Chaparro Silva, Alexander, El nacimiento de la opinión pública en la Nueva Granada, 1785-1830, enOrtega Martínez, Francisco ; Chaparro Silva, Alexander (eds.), Disfraz y pluma de todos. Opinión pública y cultura política, siglo XVIII y XIX (Bogotá, 2012), pp. 37-126. [ Links ]

Pita Pico, Roger, Conflicto de poderes en torno a las imágenes y alhajas sagradas de los conventos suprimidos en la naciente República de Colombia, en Anuario de Historia de la Iglesia, 26 (2017), pp. 351-379. [ Links ]

Piwonka Figueroa, Gonzalo, Los juicios por jurado en Chile, en Revista Chilena de Historia del Derecho, 20 (2008), 133-146. [ Links ]

Plata Quesada, William Elvis, Catolicismo y prensa en el siglo XIX colombiano: compleja inserción de la Iglesia en la modernidad, en Franciscanum, 56/162 (2014), pp. 161-211. [ Links ]

Puente Brunke, José de la y Guevara Gil, Jorge Armando (edit.), Derecho, instituciones y procesos históricos (Lima, 2008), III, pp. 373-396. [ Links ]

Puyo Vasco, Rodrigo, Independencia tardía. Transición normativa mercantil al momento de la Independencia de la Nueva Granada (Medellín, 2009). [ Links ]

Rivadeneira Vargas, Antonio José, Historia Constitucional de Colombia 1510-1978 (Bogotá, 1978). [ Links ]

Ruíz, Paola, La libertad de imprenta en la Nueva Granada: los juicios contra “El Alacrán” a mediados del siglo XIX, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 43/2 (2016), pp. 279-305. [ Links ]

Silva, Renán, El periodismo y la prensa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Colombia, en Documento de trabajo del CIDSE, 63 (Cali, 2003). [ Links ]

Valencia Villa, Hernando, Cartas de Batalla. Una crítica al Constitucionalismo colombiano (Bogotá, 1997). [ Links ]

Vanegas Useche, Isidro (comp.), El Constitucionalismo revolucionario 1809-1815 (Bucaramanga, 2012), I. [ Links ]

1Esquivel Alonso, Yessica, Sueños de libertad y censura: la libertad de imprenta de 1810, en Revista de Estudios Políticos, 174 (2016), p. 145.

2Memoria sobre la libertad política de la imprenta leída en la Junta de Instrucción Pública por uno de sus vocales (Lima, 1810).

3Reglamento del Soberano Congreso Nacional para la libertad política de la imprenta (Lima, 1812). Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Pineda, tomo 184, pieza 26.

4Navarro Marchante, Vicente, El decreto IX de las Cortes de Cádiz de 1810 sobre la libertad de imprenta, en García Trobat, Pilar y Sánchez, Remedio (coord.), El legado de las Cortes de Cádiz, Madrid (México, 2011), pp. 335-354.

5Constitución Política de la Monarquía Española: Cádiz, 1812 (México, 1812), p. 185.

6Magdaleno Alegría, Antonio, La libertad de imprenta como premisa de la primera Constitución racional-normativa española: la Constitución de Cádiz, en Revista de Derecho Político, 87 (2013), pp. 223-252; Fernández Segado, Francisco, La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz: (el largo y dificultoso camino previo a su legalización) (Madrid, 2014), pp. 361-408.

7Este estudio se concentra específicamente en el antiguo territorio de la Nueva Granada en lo que hoy corresponde a la República de Colombia.

8Restrepo, José Manuel. Documentos importantes para la historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional (Medellín, 2009), CD, p. 43. Vale desatacar por esta misma época otros escritos como el de Antonio Villavicencio titulado: Discurso sobre la libertad de imprenta y la importancia de la ilustración para alcanzar la felicidad de los pueblos. Este escrito puede consultarse en: Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Manuscritos, tomo 435, pp. 37-42

9La Nueva Granada comprendía en términos generales el territorio de lo que después, en tiempos de la Gran Colombia, se denominó Departamento de Cundinamarca y, posteriormente, desde 1830, a lo que hoy se conoce como República de Colombia.

10Loaiza Cano, Gilberto, La libertad de prensa en la América española (ensayo de historia comparada sobre la opinión pública moderna), en Historia y Memoria, 13 (Tunja, 2016), p. 60.

11Silva, Renán, El periodismo y la prensa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Colombia, en Documento de trabajo del CIDSE, 63 (Cali, 2003), p. 46.

12El mismo interés por esta temática de la libertad de imprenta se observó en las tempranas Constituciones de Venezuela bajo el influjo de las ideas del precursor Francisco Miranda aunque el ambiente de polarización política a raíz del decreto de guerra a muerte trajo consigo en algunos momentos decisiones de censura. Loaiza Cano, Gilberto, cit. (n. 10), p. 76; Grases, Pedro, La imprenta en Venezuela (Caracas, 1981).

13Constitución de Cundinamarca, su capital Santafé de Bogotá, (Bogotá, 1811), p. 6.

14Ibíd., p. 6.

15Rivadeneira Vargas, Antonio José, Historia Constitucional de Colombia 1510-1978 (Bogotá, 1978), pp. 78-79.

16Constitución de la República de Cundinamarca reformada por el serenísimo Colegio Revisor y Electoral (Santafé, 1812), p. 11.

17Ibíd., p. 11.

18Loaiza Cano, Gilberto, cit. (n. 10), pp. 144-145.

19Vanegas Useche, Isidro (comp.), El Constitucionalismo revolucionario 1809-1815 (Bucaramanga, 2012), I, p. 7.

20Constitución del Estado de Antioquia sancionada por los representantes de toda la provincia (Santafé de Bogotá, 1812), p. 295.

21Ibíd., p. 350.

22Constitución Provisional de Antioquia, revisada en Convención de 1815 (Medellín, 1815), p. 43.

23Constitución del Estado de Cartagena de Indias (Cartagena de Indias, 1812), p. 35.

24Constitución de Mariquita (Santafé, 1815), p. 6.

25Durante estos cuatro años de dominio español, el gobierno virreinal aplicó rigurosos controles a la imprenta. Prueba de ello fueron las medidas adoptadas en 1818 por el gobernador de la provincia de Cartagena contra la imprenta local por haberse producido y circulado allí un impreso “sospechoso”. Archivo General de la Nación, Sección Archivo Anexo, Fondo Historia, tomo 25, ff. 62r-65v.

26El Congreso de Angostura expidió el 17 de diciembre de este año la Ley Fundamental que dio nacimiento a la República de la Gran Colombia como resultado de la unión de los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca, este último nombre correspondía a las provincias de lo que hasta ese momento se conoció como Nueva Granada. Ley Fundamental de la República de Colombia (Angostura, 1819).

27Cartas Santander-Bolívar (Bogotá, 1988), II, p. 193.

28Rivadeneira Vargas, Antonio José, cit. (n. 14), pp. 84-85.

29Valencia Villa, Hernando, Cartas de Batalla. Una crítica al Constitucionalismo colombiano (Bogotá, 1997), p. 114.

30Constitución de la República de Colombia 1821 (Bogotá, 1821), p. 96.

31Desafortunadamente este proyecto no aparece en las actas del Congreso ni tampoco ha sido posible ubicarlo en otros archivos documentales de la época. Quedan únicamente para el análisis las actas de debate en torno a esa primera propuesta.

32Colección de los decretos y órdenes generales de la Primera Legislatura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821 (Madrid, 1821), VI, pp. 234-246.

33Actas del Congreso de Cúcuta 1821 (Bogotá, 1989), II, pp. 70-262.

34Actas del Congreso de Cúcuta cit. (n. 33), II, p. 70.

35Estos eran los requisitos estipulados por la Constitución de 1821 para ser congresista: mayor de 30 años, ser vecino del departamento por el cual postulaba su nombre, tres años de residencia continua en el territorio de la República, tener una propiedad mayor a 4.000 pesos o 500 pesos anuales de renta o ser profesor de alguna ciencia. Constitución de la República de Colombia 1821, cit. (n. 30), p. 86.

36Actas del Congreso de Cúcuta, cit. (n. 33), II, p. 72.

37Ibíd., II, p. 74.

38Actas del Congreso de Cúcuta, cit. (n. 33), II, p. 256.

39Cuerpo de leyes de la República de Colombia. Comprende la constitución y leyes sancionadas por el primer congreso general en las sesiones que celebró desde el 6 de mayo hasta el 14 de octubre de 1821 (Bogotá, 1822), I, pp. 96-108.

40Los requisitos para ser elegido juez de hecho eran: ser mayor de 25 años, residir en el cantón y tener un oficio o propiedad conocida que le permitiese vivir sin estar a expensas de otro. No podían ser nombrados los que ejercieran jurisdicción civil o eclesiástica, los comandantes generales, los secretarios del despacho y sus dependientes.

41Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Negocios Administrativos, tomo 9, ff. 742r-749v.

42Correo del Orinoco, Nº 121, (Angostura, diciembre 8 de 1821), pp. 1-3.

43Gaceta de Colombia, Nº 6, (Bogotá, septiembre 23 de 1821), pp. 21-24.

44Gazeta de la ciudad de Bogotá, Nº 121, (Bogotá, noviembre 18 de 1821), pp. 387-388.

45Archivo Santander (Bogotá, 1916), VI, p. 249.

46Noticioso General, Nº 47, (México, abril 19 de 1822), p. 2.

47Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821 (Bogotá, 1924), I, pp. 37-38.

48Gaceta de Colombia, Nº 8, (Bogotá, septiembre 30 de 1821), p. 34.

49Actas del Congreso de Cúcuta, cit. (n. 33), III, p. 122.

50Londoño Tamayo, Andrés Alejandro, Juicios de imprenta en Colombia (1821-1851). El jurado popular y el control de los libelos infamatorios, en Anuario de Historia Social y de la Cultura, 40 (2013) 1, pp. 84-85.

51Bushnell, David, El desarrollo de la prensa en la Gran Colombia, en Ensayos de Historia Política de Colombia, (Medellín, 2006), p. 44.

52Este sistema judicial surgió en la Inglaterra medieval y se extendió en el siglo XVI en la Europa Occidental como un mecanismo de protección ante la opresión del monarca y para morigerar el impacto de los castigos extremos. En la primera mitad del siglo XIX se expandió en Estados Unidos y en España fue instaurado tras la invasión napoleónica pero fue abolido en 1836. En los países hispanoamericanos se instituyó gracias a la influencia de la Ilustración, el derecho anglosajón y el constitucionalismo norteamericano. Para mayor información sobre la implantación de este sistema en América, véanse los trabajos: Harfuch, Andrés y Penna, Cristina, El juicio por jurados en el continente de América, en Sistemas Judiciales. Una perspectiva integral sobre la administración de justicia, 17 (2018), pp. 113-114; Piwonka Figueroa, Gonzalo, Los juicios por jurado en Chile, en Revista Chilena de Historia del Derecho, 20 (2008), 133-146; González Oropesa, Manuel, El juicio por jurado en las Constituciones de México, en Cuestiones Constitucionales, 2 (2000), pp. 73-86.

53Bushnell, David, cit. (n. 51), p. 45.

54Sobre algunos ejemplos reveladores de la continuidad normativa del antiguo régimen en el periodo republicano, véanse los trabajos: Mayorga García, Fernando, Pervivencia del patronato indiano en el período independiente. El caso del Colegio Mayor del Rosario de Bogotá (1810-1850), en Puente Brunke, José de la; Guevara Gil, Jorge Armando (edit.), Derecho, instituciones y procesos históricos (Lima, 2008), III, pp. 373-396; Puyo Vasco, Rodrigo, Independencia tardía. Transición normativa mercantil al momento de la Independencia de la Nueva Granada (Medellín, 2009).

55Gaceta de Colombia, Nº 53, (octubre 20 de 1822), p. 2.

56Gaceta de Colombia, Nº 58, (noviembre 24 de 1822), p. 3.

57Gazeta de la ciudad de Bogotá, Nº 130, (Bogotá, enero 24 de 1822), p. 26.

58Correo de la ciudad de Bogotá, Nº 137, (Bogotá, marzo 14 de 1822), p. 451.

59Correo de la ciudad de Bogotá, Nº 140, (abril 4 de 1822), p. 462.

60Correo de Bogotá, Nº 36, (agosto 27 de 1824), p. 146.

61Gaceta de Colombia, Nº 81, (mayo 4 de 1823), p. 2.

62Gaceta de Colombia, Nº 105, (octubre 23 de 1823), p. 4.

63Acevedo Latorre, Eduardo (comp.), Colaboradores de Santander en la organización de la República (Bogotá, 1988), p. 143.

64Restrepo, José Manuel, Memoria que el Secretario de Estado y del Estado del despacho del Interior presentó al Congreso de Colombia sobre los negocios de su Departamento (Bogotá, 1823), pp. 31-32.

65Santander y el Congreso de 1823. Actas y correspondencia. Senado (Bogotá, 1989), III, p. 271.

66Santander y el Congreso de 1824. Actas y correspondencia. Senado (Bogotá, 1989), I, pp. 51-52.

67Santander y el Congreso de 1825. Actas y correspondencia. Senado (Bogotá, 1989), I, p. 37.

68López Domínguez, Luis Horacio (comp.), Obra educativa de Santander 1819-1826 (Bogotá, 1990), I, pp. 165-166.

69Acuerdos del Consejo de Gobierno de la República de Colombia 1825-1827 (Bogotá, 1988), II, pp. 58-59.

70Desde la prensa misma se lamentó el estado constante de ataques partidistas y se hacían constantes llamados “a la paz, a la unión y a la armonía”. El Conductor, Nº 64, (Bogotá, septiembre 12 de 1827), p. 3.

71Restrepo, José Manuel, Historia de la Revolución de la República de Colombia (París, 1858), IV, p. 86.

72Bolívar, Simón, Doctrina de El Libertador (Caracas, 1994), p. 230.

73Cacua Prada, Antonio, Libertad y responsabilidad de prensa, (Bogotá, 1987), p. 76.

74Hernández Fuentes, M. A. “Velar por la fe y las costumbres”. Censura eclesiástica sobre la prensa zamorana durante la Restauración, en Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 6 (2016), p. 62.

75Pita Pico, R. Conflicto de poderes en torno a las imágenes y alhajas sagradas de los conventos suprimidos en la naciente República de Colombia, en Anuario de Historia de la Iglesia, 26 (2017), p. 337.

76Plata Quesada, William Elvis, Catolicismo y prensa en el siglo XIX colombiano: compleja inserción de la Iglesia en la modernidad, en Franciscanum, 46/162 (2014), p. 167.

77Bushnell, David, cit., (n. 51), p. 237.

78Ibíd., p. 223.

79Constitución de Cundinamarca, cit., (n. 13), p. 6.

80Constitución de la República de Cundinamarca, cit. (n. 16), p. 11.

81Constitución de Mariquita, cit. (n. 24), p. 6; Constitución del Estado de Antioquia, cit. (n. 20), p. 350.

82López Domínguez, Luis Horacio (comp.), De Boyacá a Cúcuta. Memoria Administrativa, 1819-1821 (Bogotá, 1990), p. 145.

83Actas del Congreso de Cúcuta, cit. (n. 33), II, p. 84.

84Ibíd., p. 85.

85Ibíd., pp. 70-258.

86Bushnell, David, El desarrollo, cit., (n. 51), p. 44.

87Codificación Nacional, cit. (n. 47), I, pp. 47-48.

88Ortega Martínez, Francisco; Chaparro Silva, Alexander, El nacimiento de la opinión pública en la Nueva Granada, 1785-1830, en Ortega Martínez, Francisco; Chaparro Silva, Alexander, (eds.), Disfraz y pluma de todos. Opinión pública y cultura política, siglo XVIII y XIX (Bogotá, 2012), p. 124.

89Véase por ejemplo: Ruíz, Paola, La libertad de imprenta en la Nueva Granada: los juicios contra “El Alacrán” a mediados del siglo XIX, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 43/2 (2016), pp. 279-305. En 1842 fue presentado al Congreso de la República un nuevo proyecto de ley sobre libertad de imprenta pero finalmente no logró el consenso mayoritario para ser aprobado. Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Congreso, tomo 30, ff. 738r-744v.

90* Este artículo hace parte de un trabajo de investigación más amplio titulado: “La Prensa en Colombia en los albores de la República: avances y retrocesos en un periodo de transición política”.

Recibido: 10 de Noviembre de 2018; Aprobado: 04 de Junio de 2019

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons