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Literatura y lingüística

versión impresa ISSN 0716-5811

Lit. lingüíst.  n.15 Santiago  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112004001500011 

  Literatura y Lingüítica N° 15, págs: 157-181

LINGÜÍSTICA: ARTÍCULOS Y MONOGRAFÍAS

Regionalización de los mercados y mercados de lenguas: el caso del Mercosur y Chile

 

Samantha Chareille

Universidad de París III Francia


Resumen

En este artículo se entrega información y se reflexiona sobre el reconocimiento de la diversidad cultural como factor importante para validar el plurilingüísmo en la región del MERCOSUR. Las lenguas permiten comunicarse, excluirse socialmente y diferenciar identidades. En este marco, lo español y lo portugués como herencia latina y reapropiado por el mundo mestizo, no plantean problemas como ¿Qué verdades lingüísticas enseñar? &¿Qué papel le cabe al mundo mestizo en esta diversidad. ¿Qué es en verdad lo esencial de los accesorios? ¿Cómo enseñarlas?

Palabras clave: - Regionalización - lenguas - mercado - Mercosur

Abstract

In this article, information is given and reflection is encouraged on the recognition of the cultural diversity as an important factor to validate the multilingualism in the region of the MERCOSUR. Languages allow us to communicate, to exclude oneself socially, and to differentiate their identities. In this area, Spanish and Portuguese as Latin inheritance, and re-appropriated by the racially mixed world, do not create problems, such as What linguistic truths should we be teaching? What role does the racially mixed world play in this diversity? What is truly the essential of the accessories? How to teach them?

Key words: - Regional Restructuring- languages - market - Mercosur


1. Introducción

El Mercado común del Sur (Mercosur) es la unión regional creada por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, cuyo origen corresponde a la firma del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, al cual se asociaron en 1996 Chile y Bolivia. Representa un total aproximado de doscientos millones de habitantes, es decir, el 44% de la población entera de América latina, y el 59% de su territorio. Cuarto mercado del mundo después del North American Trade Agreement (NAFTA / ALENA: Méjico, Canada y Estados Unidos), la Unión Europea y Japón, su PBI ascendió al 54,3% de la región en 1997. Se trata de una región en la que existen contrastes profundos entre los cuatro países-miembro y, al mismo tiempo, dentro de cada uno de ellos. Brasil, por ejemplo, cubre más del 70% del territorio, más del 80% de la población y más del 60% del total del PBI del Mercosur . Sin embargo, hoy en día, más del 30% de la población brasileña se encuentra en un estado de pobreza, mientras una minoría monopoliza la mayor parte de la riqueza del país.

Hablar del Mercosur, de las lenguas y de las culturas representa, entonces, una apuesta ya que si el Mercado común resulta en un éxito económico, del cual las grandes empresas serían los actores fundamentales y los beneficiarios principales, no se puede perder de vista que, para sus opositores, el Mercosur representa sobre todo una victoria del neoliberalismo a la cual asocian la profundización de la desintegración y de la exclusión social. Lo interesante es que la creación del Mercosur no cambió las conexiones entre el Estado y la sociedad civil, ni redujo las disparidades sociales dentro de esta sociedad, a pesar de proporcionar un crecimiento económico.

En la construcción del Mercosur, los Estados juegan un doble papel casi contradictorio ya que, por un lado, como únicos actores, establecen los mecanismos institucionales y fijan sus contornos y, por otro, en la arquitectura estrictamente liberal que es el Mercado Común de Sur, cualquier intervención pública es excluida, a diferencia de las experiencias de la Comunidad económica europea (CEE) y de la de la Unión Europea. Las políticas comunitarias de apoyo a las regiones menos desarrolladas o a las ramas de la industria en problemas –por medio de fondos estructurale –, así como las ayudas nacionales, son inconcebibles en este nuevo bloque comercial. Tampoco puede imaginarse la existencia de programas de reconversión industrial, de investigación tecnológica o de desarrollo regional del tipo de los que existen en la UE “es el mercado, y él solo, el que debe designar a los ganadores y a los perdedores dentro del Mercado Común” (SEITENFUS, 1998).

Este modo de encarar el mercado significa olvidar que la regionalización tiene una incidencia sobre la evolución de las identidades sociales. En efecto, hoy en día, los movimientos humanos se hacen cada vez más intensos y la información verbal circula fácilmente independemente de la distancia. Entonces, las posibilidades de visualizar las lenguas y las culturas y de ponerse en contacto en un mismo espacio se multiplican, lo que crea sociedades cada vez más cosmopolitas. Sin embargo, –y esto no es privativo del Mercosur, sino que se constata en todo el mundo– los diferentes grupos sociales, los individuos y las culturas tienen posiciones distintas respeto de estos flujos e interconexiones. Unos son muy favorecidos por ellos, otros no.

El análisis de los contextos políticos, socioeconómicos y socio culturales muestra que uno de los desafíos más importantes del Mercosur es la creación de una identidad regional bajo el desarrollo de la sociedad de la información, de la mundialización de los intercambios, y de la continentalización, de la internacionalización de los mercados y de la aceleración de la estandarización sociocultural. Identidad regional sí, pero no en cualesquiera condiciones. Así como antes podía resultar bastante fácil definir esta noción ya que presentaba una cierta homogeneidad, hoy, la identidad en el contexto de regionalización/mundialización es más el resultado de un cierto equilibrio entre la unidad y la variedad. En otras palabras, la unidad se explica solo en función de una respuesta a la variedad, y, a la inversa, la variedad se justifica solo en tanto es una respuesta a la unidad. También, cuando uno piensa en la construcción del Mercado Común de Sur, debe preguntarse acerca del tema de la articulación entre el ser y el hacer juntos, entre lo político y lo cultural, entre la ciudadanía y la partenencía.

En este artículo, tomando el ejemplo del Mercosur, nos interesaremos en tres aspectos cruciales de las consecuencias de la influencia de la regionalización de los mercados sobre las lenguas:

La oposición Estado-nación / regionalización en el tratamiento de las lenguas,

La cuestión de la adecuación de las formaciones lingüísticas en las relación con las nuevas demandas, y

La elección de la(s) variedade(s) lingüística(s) que se debe(n) enseñar (estudiaremos el caso del español).

2. Aspectos del tratamiento de las lenguas por el Mercosur

La modestia de la estructura institucional mercosuriana organizada según el Tratado de Asunción (un Consejo del Mercado común, constituido por los Ministros de la Economía y de las Relaciones exteriores, y un Grupo del Mercado común, órgano ejecutivo) fue confirmada por el Protocolo de Ouro Preto (Ouro Preto, 17 de diciembre de 1994), que dio al Mercosur su organización definitiva, ya que sus fundadores querían evitar la burocracia del proceso de integración. Las normas adoptadas por las diferentes instituciones regionales no son de aplicación directa sino que deben ser recibidas en los sistemas jurídicos nacionales, lo que aplaza su aplicación y aumenta los riesgos de interpretaciones divergentes entre las legislaciones nacionales. De hecho, la planificación lingüística del bloque descansa en sus Estados miembro y, en una menor medida, en los asociados, dado que se trata solo de Chile (Bolivia no se interesa al tema lingüístico).

Recordemos que el Tratado de Asunción es un instrumento destinado sobre todo a concretar, por la instauración de un marco general de relaciones, un tratado final del Mercosur. Según su artículo 8, los Estados-miembro se comprometen a adoptar una política comercial común ante los demás países y a coordinar sus posiciones en las negociaciones económicas y comerciales, sean estas regionales o internacionales. En paralelo, tal como ocurre con el Tratado de Roma (Roma, 25 de marzo de 1957) que instituye la creación de la actual Unión Europea, el Tratado de Asunción no se propone objetivos culturales y lingüísticos. Desde este punto de vista se limita a instaurar el español y el portugués como lenguas oficiales del Mercado Común. Se traducen y se difunden todas las decisiones que se toman durante las reuniones del Mercosur así como el conjunto de los documentos necesarios en estas dos lenguas (véase Traducción de la normativa Mercosur, Porto Alegre, 16 de septiembre de 1998.).

No existe ninguna mención relativa a la enseñanza obligatoria u opcional del español y el portugués en los estados-miembro, lo que se explica, entre otras cosas, por la ausencia de una legislación supranacional que impide toda instauración de políticas comunes. De hecho, solo dan fe las disposiciones constitucionales y legislaturas en vigor en la mayoría de los países. Por ello, Uruguay, por ejemplo, se reconoce monolingüe de hecho (no menciona ninguna lengua en su Constitución) mientras que Paraguay se considera bilingüe. Los Estados nacionales conservan sus propias tradiciones en el reconocimiento o el no reconocimiento legislativo del multilingüismo y les corresponde pronunciarse sobre el corpus de sus lenguas. En definitiva, cada uno de los estados-miembro conserva su entera autonomía en cuanto a la lengua en su territorio en la medida en que no se obstaculizan las normas económicas del Mercado Común. Es quizá por esta razón que, a partir de la creación del Mercosur, surgieron temas como “Creación de una identidad regional en el cumplimiento de la identidad singular” y “Aproximación de los pueblos” sin que se abordara la dimensión lingüística .

Los textos relacionados con el ámbito de las lenguas en el Mercosur son tres: los Protocolos de intenciones (Brasilia, 13 de diciembre de 1991) cuyo artículo 4 hace hincapié en el interés de difundir las lenguas oficiales del Mercosur por medio de los sistemas educativos, el Plan trienal para el sector educación en el contexto del Mercosur, aprobado en la primera Reunión de los Ministros de Educación (1992), modificado y prorrogado por tres años en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998 y en el cual se funda la actividad del Comité coordinador regional, y, por último, el programa Mercosur 2000: desafíos y metas para el sector educativo (Buenos Aires, 4 de agosto de 1995) –nacido de la evaluación del primer Plan trienal hecha por el Comité coordinador regional y que hace hincapié en la preocupación en cuanto a la calidad de la educación y a las políticas educativas de la región. Precisemos, no obstante, que los tres textos mencionados son lo que se llama en el marco del derecho comunitario “actos no apremiantes” , o sea, que no crean obligación jurídica para los destinatarios. Tienen un valor político y expresan la posición de las instituciones sobre un problema dado. En absoluto pueden contribuir a la elaboración de normas para el Mercosur, sino que tienen un alcance reducido.

A nivel orgánico, el Mercosur –a causa de su estructura y de su funcionamiento, pero también porque no es su objetivo– no constituye el motor central de su planificación lingüística sino más bien la delimitación de un espacio en movimiento donde opera como revelador y acelerador o incluso instrumento de concientización para una reflexión e iniciativas de interés para la política de las lenguas. De hecho, solo posee une grupo de trabajo, el Grupo de trabajo de especialistas en políticas lingüísticas (GTEPL) cuyo alcance es muy reducido.

Esta observación nos lleva directamente al problema de la oposición entre Estado-nación y bloque regional. Pensemos en el Estado-nación. El punto débil de los Estados-naciones siempre ha sido llevar a cabo políticas centradas en la ética de la diversidad lingüística y de la paz. En efecto, la elaboración del modelo Estado-nación en los países que nos interesan nunca ha tenido esta exigencia. Al contrario, siempre descansó en la construcción de un espacio universal, más allá de los particularismos, de un espacio más o menos grande, poderoso, de homogeneización sistemática. Ahora, la dificultad surge cuando en este espacio, haciendo la unicidad, domina la diversidad.

A nivel lingüístico, el advenimiento del modelo Estado-nación como modelo de organización sociopolítica contribuyó bastante a la disminución del número de lenguas que se hablaban en esos estados y las lenguas pasaron a formar parte de los instrumentos políticos usados por las clases y los espacios dominantes para reforzar su poder y sus burocracias. Entonces, la opción de declarar lenguas oficiales resultó una apuesta determinante en la construcción o la evolución de los Estados-naciones y las lenguas no reconocidas fueron relegadas a las zonas de la sociedad civil y la esfera privada, o usadas con objetivos estratégicos. No hay, desde un punto de vista demográfico, un Estado que sea monolingüe; solamente se encuentran estados que, históricamente, con políticas lingüísticas de monolingüísmo –explícitas o implícitas– intentaron disminuir, oscurecer o desviar la diversidad lingüística. Agregamos que si la noción central de “ diversidad ” hizo su entrada durante el siglo XIX en los campos de la geografía humana y de la biología, su desarrollo como noción científica en todas las ciencias humanas todavía se hace esperar y, como lo nota JUCQUOIS (1991), pocas reflexiones existen acerca de lo que es la diversidad en nuestras sociedades contemporáneas, bajo qué formas y en cuáles condiciones se manifiesta, quién habla sobre ella, con qué objetivos, etc.

3. Planificación lingüística y regionalización de los mercados

Muchas veces se hace alusión a factores como la calidad intrínseca de las lenguas, la excelencia de las culturas, la política y la demografía (Cfr. CALVET, ROBILLARD, CORBEIL), pero se debe reconocer que la influencia económica como motor de la difusión lingüística sigue siendo inexplorada. Ahora bien, como lo destaca PORCHER (1996: 12), entre las cuatro fuerzas que las políticas lingüísticas deben procurar hacer converger para ser eficaces –los “cuatro jinetes”– las empresas y el mundo del comercio en general constituyen un eje fundamental, aún más en contextos como la Unión europea y el Mercosur que favorecen a la vez la circulación de los trabajadores en mercados laborales regionales, la circulación de los bienes y servicios mediante la desaparición de las fronteras y las posibilidades de internacionalización de las inversiones.

3.1. Consecuencias de la regionalización de las inversiones y del mercado laboral sobre las lenguas

Según el sociólogo Pierre Bourdieu, todo lo que somos, lo que queremos, lo que creemos y lo que hacemos es determinado por la estructura social caracterizada por el principio de la distinción “dominantes y dominados” . El autor también caracteriza el espacio social como un “campo de fuerzas” o incluso un “campo de lucha” (BOURDIEU, 1994: 55) ya que este espacio de poder se distribuye de manera asimétrica. En este contexto, cada uno posee un peso determinado que Bourdieu llama capital y lo utiliza en el juego (o campo1) para mejorar su posición.

Los protagonistas que quieren sacar provecho de un campo y perfilarse deben invertir su tiempo, sus conocimientos, su trabajo o su dinero para obtener un “capital” , clave del poder dentro del campo. Igual que en el sector de la economía donde la posesión de un capital da el poder a sus portadores, el capital de los otros campos generalmente otorga poder a los que son sus posesores: cuanto más capital se tiene, más se dispone de poder

Es por esta razón que, como lo destaca Albert Breton, a nivel de competencias iguales, algunas empresas arbitran su elección en favor de los que tienen aptitudes para las lenguas. Gilles Grenier y Conrad Sabourin incluso añaden que las lenguas son factores que determinan posibilidades de ganancias pecuniarias, teoría apoyada por GARCÍA y OTHEGUY(1994:100), quienes sostienen que “la lengua es una forma de capital que permite negociar bienes y ventajas” , lo que ejerce influencia las motivaciones de los estudiantes. Del mismo modo, como lo destaca GRIN (1990: 160), si las competencias lingüísticas de una persona pueden tener incidencias sobre sus rentas, esto implica que las diferencias salariales podrían explicarse por la discriminación ejercidas por los empleadores con los empleados que utilizan una lengua minoritaria.

Ahora, si nos ubicamos del lado del capital lingüístico de la empresa, nos damos cuenta de que este interviene en la producción pero sobre todo por las tareas lingüísticas no rutinarias, que son probablemente escasas. Es sobre todo como factor externo que se llega a integrar la lengua a los esquemas económicos.

Para las empresas, las incidencias del multilingüismo difieren según si uno se ubica en un contexto regional o nacional. A nivel nacional, el conocimiento de una lengua común que responda a todas las necesidades de comunicación de un sistema es un elemento potente de integración económica y social. Por lo tanto, una lengua común tiene como efecto reducir los costos de la producción y las operaciones en una economía y, por consiguiente, reducir los precios de intercambio, lo que aumenta la competencia. Al contrario, en el marco de la regionalización de la producción y la liberalización del comercio, una política de pluralidad lingüística convierte a los países que la establecen más acogedores para socios comerciales potenciales. En este sentido, el multilingüismo constituye un recurso. La pluralidad lingüística de un país aumenta su potencial en cuanto a las exportaciones, aumenta el valor de la producción nacional y mejora la situación del empleo.

Es por esta razón que, como lo afirma la Oficina Internacional del Trabajo en la edición 1998-99 de su informe sobre el empleo en el mundo, la formación, en particular lingüística, constituye uno de los mejores activos para hacer frente a los retos que les esperan. En la medida en que el conocimiento de otra lengua da prueba de aptitudes superiores y de mayor adaptación del trabajador, toda política destinada a promover el perfeccionamiento lingüístico podría contribuir a aumentar la flexibilidad de una población activa.

Estas observaciones son perfectamente aplicables al caso del Mercosur. En efecto, inspirándose en el modelo europeo, los fundadores del Mercosur se fijaron como objetivo la creación de un mercado común. Yendo bien más allá del simple objetivo de liberalización del comercio de los otros bloques regionales latinoamericanos el Mercosur es una integración centrada en la unión aduanera. El proceso de integración no sólo se reflejó en los intercambios comerciales sino también en las inversiones extranjeras hacia el Mercosur e intra Mercosur (incluso con Chile y Bolivia desde su asociación con el Mercado común).

Según un estudio realizado por la Embajada de Argentina en Brasil (Argentina-Brasil emprendimientos conjuntos, 1999, www.tba.com.br/embarg/frame2.html), la influencia del Mercosur en las inversiones crece desde 1994. En el 2000, las empresas brasileñas invirtieron alrededor de 830 millones de dólares en Argentina (petroquímica con Petrobras, alimentos y bebidas con Arisco, Ceval Alimentos y Brahma, industrias textiles, plásticos y químicos); las inversiones argentinas en Brasil siendo de 1.190 millones de dólares (petroquímica, energía y combustibles, infraestructuras y servicios).

Por sus implicaciones en el comercio y las inversiones, la creación del Mercado común también tiene muchas consecuencias en sus ciudadanos, en particular en cuanto al sector del empleo. Recordemos además que el Tratado de Asunción (Asunción, 26 de marzo de 1991) establece como uno de sus objetivos la libre circulación de los factores de producción lo que incluye naturalmente la mano de obra (Capítulo I, artículo 1). Para reforzar esta decisión, las autoridades migratorias de los cuatro países han establecido por otra parte el Acuerdo de Recife (Recife, mayo de 1993, aprobado por decisión del Consejo del Mercado común: MERCOSUR/C.M.C./DEC. Nº5/93) y su primer protocolo adicional concerniente a la aplicación de controles integrados de las fronteras entre Estados miembros del Mercosur.

Más tarde, a causa de la firma del Acuerdo de Complementaridad económica (ACE, Santiago de Chile, marzo de 1996) entre Chile y el Mercosur, la superficie de este espacio de trabajo se amplió aún más. En efecto, el texto del acuerdo prevé:

“establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos” (Título 1, artículo 1).

Indiquemos finalmente que según las estadísticas de los Ministerios de Interior de Argentina y Brasil, las migraciones más importantes se hacen entre estos dos países: en los años ochenta, la mayor parte de los inmigrantes venía de América Latina y la mitad era paraguaya (35%) y uruguaya (15%). Con el principio de libre circulación de los trabajadores preconizado por el Mercosur, esta tendencia obviamente se acentuó.

Como lo acabamos de constatar, la regionalización de las inversiones, conjuntamente con el principio de libre circulación, aumentó la expatriación de los trabajadores ya justificada por tasas de desempleo extremadamente elevadas y salarios demasiado bajos. En efecto, el Mercosur conoce una tasa de desempleo regional más elevada que otras partes del mundo y el aumento generalizado de las tasas nacionales hizo pasar, según las últimas encuestas, la del Mercado común de un 8,8% en 1996 a un 12% en 2001 (cifras de la Secretaría Administrativa del Mercosur, www.mercosur.org.uy).

3.2. De la necesidad de adaptar la oferta lingüística a las nuevas demandas

En la continuidad de la teoría del capital humano que va de un tipo ideal de homo œconomicus racional que maximiza su utilidad en este contexto, se postula que un aumento del nivel de calificación via la formación implica un aumento de la productividad que también se traduce por un salario más elevado. Este objetivo no puede alcanzarse si las formaciones profesionales siguen siendo inadecuadas. Un enfoque más abierto y más flexible es necesario: un enfoque que fomente la formación permanente y la adquisición continua de competencias. Ahora bien el inglés todavía goza de un lugar privilegiado que no se puede cambiar por falta de profesores formados en otras lenguas extranjeras.

En lo que se refiere a las formaciones iniciales proporcionadas en su mayoría por los sistemas educativos formales, se nota que a pesar de la creación del Mercosur, los principios de reciprocidad lingüística están aún lejos de ser establecidos en el conjunto de los países (SAMANTHA CHAREILLE, 2001). Bajo la influencia de las últimas estrategias geopolíticas latinoamericanas que siempre han presentado la frontera como una pared de sostenimiento, las instituciones educativas y el diálogo académico siguen favoreciendo las relaciones Norte-Sur (enseñanza del inglés y otras lenguas europeas), dejando de lado las relaciones horizontales Sur-Sur.

Así, el Tratado de Asunción solo menciona de manera muy general los aspectos sociales del Mercosur. En su preámbulo, esta dimensión se encuentra reducida a un objetivo único “acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social […] a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes” . El Programa de Acción del Mercosur hasta el año 2000 (puntos 2.3.2. y 2.3.9), reconoce por su parte que “la profundización del proceso de integración requiere una participación creciente del conjunto de la sociedad” (punto 1.3.2.) y le asigna la Comisión parlamentaria conjunta y el Foro consultivo económico social con el fin de garantizar “la adecuada participación de los sectores involucrados” (punto 1.3.2.).

Desde el punto de vista orgánico, se han creado en 1994, mediante el Protocolo de Ouro Preto, dos órganos relacionados con el tema del trabajo: la Comisión parlamentaria conjunta2 y el Foro consultivo económico social3. A partir de 1995, se pudo añadir a estas dos entidades a una comisión relacionada con la libre circulación de los trabajadores asalariados, la libertad del establecimiento económico y, hasta cierto punto, la liberalización de las prestaciones de servicios. En paralelo, bajo la influencia de las administraciones del trabajo de los sectores sindicales de los cuatro países miembros del Mercosur, se constituyó el subgrupo de trabajo n°11, tripartito (Gobiernos, empresas y trabajadores), dedicado al trabajo, al empleo y a la seguridad social y compuesto por ocho comisiones temáticas. Citemos también la Reunión de los Ministros de Trabajo4 y la de los Ministros de Educación (véase Protocolo de integración educativa y reválida de diplomas, certificados, títulos y reconocimientos de estudios de nivel medio técnico (1995) y Protocolo de integración educativa sobre reconocimiento de títulos universitarios para la prosecución de estudios de post-grado en las universidades del Mercosur (1995)).

Desgraciadamente, como lo destaca Óscar Ermida Uriarte, especialista en normas internacionales y relaciones laborales en la OIT de Santiago de Chile en Instituciones y relaciones laborales del Mercosur (Santiago de Chile, 1999), hasta ahora, las acciones puestas en marcha por el Mercosur tuvieron poco impacto –sobre todo por lo que se refiere al polo lingüístico de las formaciones profesionales– salvo la aprobación de un proyecto de acuerdo multilateral de Seguridad Social del Mercosur (Recomendación n°3/95). Esta situación se explica por el hecho de que el Mercosur sólo posee competencias limitadas en cuanto a la formación profesional a las cuales hace referencia la Declaración socioprofesional del Mercosur firmada el 10 de diciembre de 1998 en Brasilia. Así pues, si existe una voluntad real de fomentar la formación profesional en el marco de la regionalización del mercado laboral, esta competencia corresponde a los Estados cuya legislación nacional prevalece (artículos 2, 4, 7 y 14).

Desde el punto de vista nacional, señalemos que durante los últimos años, los sistemas de formación profesional de los países del Mercosur comenzaron un largo proceso de reforma asegurando el derecho de los asalariados a la formación profesional.

Por ejemplo, en Argentina, la ley de empleo dice que la formación profesional forma parte integral de la política del empleo bajo la responsabilidad del Ministerio del Trabajo que se encarga de establecer programas del tipo “Proyecto Joven” , “Programa de apoyo a la reconversión productiva” , “Proyecto Imagen” , etc. realizados por organizaciones inscritas en el Registro de Capacitación (REGICAP). El Ministerio creó también el Fondo nacional de Empleo (cuyos fondos permiten la reconversión y la formación de los trabajadores) y los Consejos de Formación profesional (entidades multisectoriales compuestas por representantes de empresas y empleados, financiadas y asistidas por el Ministerio del Trabajo y destinadas a mejorar la calidad y los costos de las formaciones profesionales). Existen también acciones que emanan del sector privado (asociaciones de sindicatos, de empresas, sociales, etc).

Sin embargo, a pesar de los objetivos planteados por los órganos del Mercosur, la armonización del sistema de formación profesional está, actualmente, lejos de ser una realidad. Por supuesto encontramos una base común entre los modelos existentes, aunque hay diferencias importantes en materias, por ejemplo, de gestión administrativa (centralizada-descentralizada), mecanismos de suministro de fondos, intervención o participación de los agentes sociales, etc. Durante los últimos años, el desarrollo de políticas activas ante la falta de empleo hizo de la formación profesional un aspecto esencial de la política mercosuriana pero, el desarrollo de la armonización legislativa y el establecimiento de una serie de grandes principios relativos al modelo mercosuriano sobre este tema sigue siendo simples declaraciones de intenciones. Como lo indica Óscar Ermida Uriarte de la O.I.T. Chile, si se nota una ligera mejora, esta se produce esencialmente por arriba, es decir, al nivel de los profesionales universitarios.

In situ, se distribuyen desigualmente los esfuerzos y las disparidades siguen siendo fuertes entre las grandes empresas (que dedican presupuestos a veces importantes a la formación) y las pequeñas.

Indiquemos por otra parte, como lo hace el Ámbito Financiero de Buenos Aires en “Capacitación en idiomas: sinónimo de éxito empresario” (Buenos Aires, 1º de junio de 1999, pág. 21), que a pesar de las nuevas posibilidades de circulación de los trabajadores generadas por la regionalización de los mercados laborales y de las inversiones; la mayor parte de las formaciones lingüísticas para profesionales sigue teniendo por objetivo la adquisición del inglés, fenómeno mantenido a la vez por el discurso de los institutos de formaciones, de las agencias de colocación, etc. y por la falta de profesores formados en el campo de la enseñanza del portugués y el español lenguas extranjeras.

Aunque la educación y las formaciones no pueden solucionar solas la cuestión del empleo y, más generalmente, la de la competitividad de las industrias y servicios, sí pueden contribuir a poner de manifiesto que el futuro del Mercosur y su lugar en el mundo dependen de la capacidad para satisfacer el personal y los ciudadanos que lo componen. Así, el Mercosur demostrará que no es una simple zona de libre comercio mas un conjunto político organizado. Las formaciones lingüísticas pueden transmitir los puntos de referencia necesarios para la afirmación de toda identidad individual y colectiva al mismo tiempo que permiten nuevas proyecciones científicas y tecnológicas. El aprendizaje de las dos lenguas del Mercosur se convirtió en una condición indispensable para permitir a los ciudadanos del Mercado común beneficiarse de las posibilidades profesionales y personales que les abre la realización del gran mercado interior sin fronteras.

De hecho, ya no es posible reservar el dominio de las lenguas extranjeras a una élite o a los que lo adquieren gracias a su movilidad geográfica. En la prolongación del Programa de acción Mercosur 2000 (Buenos Aires, 4 de agosto de 1995) es necesario permitir a cada uno, cualquiera que sea la trayectoria de formación y educación que está adelantando, adquirir y mantener la capacidad para comunicarse en las dos lenguas oficiales del Mercosur. Para ello, se trata de establecer las formaciones adaptadas a la nueva demanda pero también de eliminar las divisiones entre los sistemas de educación y formación y las empresas

Conviene por supuesto vincular este fenómeno de inadaptación de las formaciones en lenguas extranjeras al hecho de que la mayoría de los individuos afectados por el tema se niega a considerar las lenguas y las formaciones como mercados y a vincular el cultural con el económico:

“El mercado se percibe como una fuerza expansionista que, penetrando todos los ámbitos de la vida: personal, social y cultural, conduce a su degradación o a su disolución […] las exigencias de la creación y la expresión culturales son incompatibles con las dificultades de la producción industrial” (DELAMOTTE, 1996: 44).

Así, lo que está en juego a nivel central es precisamente ir hacia una mayor flexibilidad de la educación y la formación, permitiendo tener en cuenta la diversidad de los públicos y demandas. En efecto, la enseñanza de las lenguas extranjeras en empresa se inscribe en una perspectiva metodológica específica:

• Por una parte, una demanda para una enseñanza que debe ser utilizable concretamente. Debe dar prioridad en primer lugar a la comprensión oral luego a la escrita y sólo a continuación a la producción a causa de la omnipresencia de los intercambios sin distinción de ámbitos.

• Por otra parte, una demanda para una enseñanza en nuevas lenguas mientras que las formaciones profesionales en lenguas extranjeras tradicionalmente se dedican a la adquisición del inglés

Para las formaciones profesionales destinadas al aprendizaje de las lenguas, adaptarse a las demandas y necesidades de los estudiantes implica adaptarse a las nuevas condiciones regionales. Deben difundir las variedades y culturas locales con las cuales los estudiantes tendrán que discutir con prioridad. Así pues, en el caso del Mercosur, el observador menos informado nota que el portugués y el español tal como se practican en los distintos países hablantes de estas lenguas no corresponden a las variedades utilizadas por los españoles y los portugueses. La diversidad no se traduce en una coexistencia igualitaria de las distintas prácticas. Las diferentes variedades son objeto de una jerarquización, implícita o explícita, que tiene consecuencias, entre otros aspectos, en la forma en que se enseñan las lenguas: conformidad de los manuales a la norma central, profesores fustigando la utilización del empleo de particularismos porque “ eso no se dice en España/en Portugal ” , predominio de la pronunciación peninsular en perfecta armonía con los discursos de los institutos normativos (CHAREILLE, 2001).

Del mismo modo, a nivel cultural, la enseñanza de las lenguas se opera siempre en un contexto de contactos entre varias culturas. Como lo destaca LEHMANN (1993) estas diferencias implican “perturbaciones en los contactos y en la comunicación profesional entre nativos de distintas sociedades” . Prueba de ello es que algunas empresas hasta contratan asesores del tipo de Going Global con el fin de dar a sus expatriados cursos de transculturalidad (BENSON, 2000: 7).

La tentación más extendida en educación es ofrecer al principio la perspectiva más amplia y la más internacional según el principio que el más grande contiene el más pequeño. Pero los elementos que definen el primero están generalmente lejos de los que definen el segundo. Por lo tanto, nos parece indispensable tener en cuenta la diversidad de las situaciones lingüísticas en el mundo (p.e., la hispanofonía en su conjunto), no de manera anecdótica como es aún el caso en la mayoría de los manuales, pero como componente esencial de una competencia cultural que implica una pluralidad de situaciones de discurso.

4. La cuestión del reconocimiento de las variedades regionales en el marco de las formaciones lingüísticas del Mercosur: el caso del español

4.1. Estatuto de la lengua española en América latina

La lengua nacional, concepto bastante reciente en América latina, se define como la lengua reconocida como expresión de una etnia que forma parte de la nación. Se entiende por lengua nacional no solo la oficialización y la normalización de una variedad escrita sino también su difusión entre todos los ciudadanos sobre el conjunto del territorio nacional y en todos los ámbitos de la vida pública.

La introducción alrededor de los años cincuenta del concepto de contacto en el ámbito de la lingüística abrió la puerta a numerosos estudios sobre los bilingüismos y sobre la influencia que una lengua puede tener sobre otra.

Sin entrar en los detalles, cuando se menciona el tema de los contactoslingüísticos en la zona geográfica que nos interesa, conviene recordar que estos últimos pueden tomar distintas formas: contacto entre una lengua oficial y una lengua indígena, contacto entre dos lenguas oficiales, contacto entre dos lenguas indígenas o, incluso, entre dos lenguas oficiales y una lengua vernácula, como ocurre en la provincia de Misiones en Argentina (español-portugués-guaraní).

Como lo explica JEFF SIEGEL (1985: 364), bajo el término lengua española se agrupa de hecho una serie de variedades heredadas de un koiné de inmigración, resultado del contacto con las variedades regionales y con las lenguas de las primeras naciones. Por esta razón, las lenguas y las variedades comunes a los países del Mercosur y Chile no son tan homogéneas como se podría pensar. Si nos concentramos en el caso del español, se nota que en esta zona, cuatro países son hispanohablantes. Sin embargo, basta con escuchar hablar a un argentino, a un chileno, a un paraguayo y a un uruguayo con un mínimo de atención para darse cuenta de que las variaciones fonéticas y léxicas vuelven plural la misma lengua.

Este problema está íntimamente vinculado con el concepto de lengua estándar, estudiado por los lingüistas de Europa central y oriental del Círculo de Praga en los años treinta (GARVIN en BÉDARD et JACQUES, 1983: 141-152), y que se opone a los conceptos de discurso popular y dialectos regionales. La lengua estándar se define en primer lugar por sus funciones y difiere de la lengua popular en que puede desempeñar un mayor número de papeles, que se utiliza en un número mayor de ámbitos y que ejerce más funciones.

La lengua estándar se basa en una estructura estable, sobre todo, desde el punto de vista de las normas gramaticales y ortográficas, lo que es esencial para el papel cultural y educativo que desempeña ya que debe servir de referencia frente a la variación dialectal y al lenguaje popular. Se llega a esta estabilidad por la codificación que, idealmente, debe ser bastante flexible para no obstaculizar toda evolución. Los lingüistas del Círculo de Praga hicieron hincapié en este último aspecto y lucharon contra los puristas que intentaban imponer una norma rígida. La lengua estándar debe permitir expresarse de manera exacta, rigurosa y abstracta. Esta tendencia hacia una precisión cada vez más grande en la formulación del pensamiento se refleja sobre todo en la estructura léxica y gramatical de la lengua: a nivel del léxico, por el desarrollo de vocabularios especializados; a nivel gramatical, por el perfeccionamiento de mecanismos sintácticos, lo que permite la formación de frases completas y lógicamente estructuradas (Ibidem, 148).

A partir de estas explicaciones, se constata que durante mucho tiempo no se consideró el español sudamericano más que como un conjunto que se diferenciaba del español de Madrid. En efecto, los idiomas europeos, transplantados en otro continente, se han transformado. Han sido alterados por sus nuevos hablantes y adaptados a sus nuevas tierras.

Esta es la razón por la que en España, la manera habitual de referirse a la lengua española no es español sino castellano, término utilizado en los textos jurídicos de España, tanto para el Estado español como para las distintas comunidades autónomas, para hacer referencia a la lengua oficial del Estado. Cuando se utiliza una expresión como lengua(s) española(s), es para designar una de las lenguas habladas en el territorio español, la lengua hablada en Sudamérica o en otros lugares en el mundo. Al volverse lengua de la mayoría de los hablantes de la región del Mercosur, se compromete bastante la protección de la norma castellana. La península ya no es el centro de gravedad o autoridad lingüística.

Estas observaciones permiten dar cuenta una vez más de la diversidad lingüística de la región y plantear un problema importante: ¿qué español enseñar en el marco del acuerdo de reciprocidad lingüístico del Mercosur y de Chile?

4.2. La cuestión del reconocimiento de las variedades latinoamericanas del español.

Las condiciones sociales y políticas actuales hacen que los estados autónomos se encuentren en contacto entre sí. Esta situación implica exigencias de tratamiento igualitario, respeto mutuo y reconocimiento de las particularidades culturales de cada grupo. En este sentido, el concepto de necesidades lingüísticas cubre una realidad extremadamente compleja. En efecto, una política lingüística que no se funda en un conocimiento real de las necesidades lingüísticas de las personas consideradas corre el riesgo de no lograr sus objetivos. Lamentablemente, es necesario reconocer que uno de los principales problemas en el establecimiento de una política lingüística es precisamente la definición de las necesidades de los hablantes lo que nos conduce directamente a la cuestión de la elección de las variedades lingüísticas que deben ser difundidas en el Mercosur.

Los países hispanohablantes de la región son identidades coyunturales que se estructuraron al ritmo de la colonización. Esta constituyó su vector, la referencia y, luego, la recepción local del Estado poscolonial. De la identidad estática producida por otros se pasó a la construcción endógena de identidades hispanohablantes dinámicas y múltiples, nacidas de la independencia de los Estados. Geográficamente dividida, la hispanofonía goza de un polo transatlántico masivo que presenta dos aspectos: una vitalidad creativa y una heterogeneidad enriquecedora.

A partir de este balance, se nota que la hispanofonía no inspira la idea de un movimiento internacional o multilateral sino que se presenta más bien como una “macroregión” política de inspiración cultural. La hispanofonía no posee ninguna comunidad orgánica, ningún organismo oficial multilateral que agrupe a todos los países de lengua española por un vínculo material (mientras que la lusofonía posee a la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa). Dicho esto, si sus miembros tienen como referencia común la lengua y la cultura española, desarrollan sus propias referencias lingüísticas y culturales y aún no se puede hablar de verdaderas políticas hispanohablantes en cuanto a la difusión de la lengua.

Esto explica por qué las acciones de difusión lingüística y cultural puestas en marcha por algunos países de la región del Mercosur y en España no se relacionan entre sí. Este fenómeno nos lleva otra vez a dos conceptos clave: la norma y la lengua de referencia.

La norma lingüística no es más que un aspecto del conjunto complejo de las normas sociales. Funciona en la sociedad como regulador del comportamiento colectivo. Existen dos maneras de abordar el problema de la norma en cuanto a la lengua. Desde un punto de vista formal, se la puede definir por la negativa: la lengua sin las divergencias. Pero también se puede ver la norma como un modelo que debe imitarse. Se trata, entonces, de una norma prescriptiva, un registro en el cual se controla el uso de la lengua. Entre las razones que impulsan a los hombres a describir las lenguas, el deseo de fijar una forma considerada como la más correcta juega un papel importante. Lo que llamaremos la norma “coercitiva” es pues un fenómeno social que se basa en un juicio de desigualdad entre producciones lingüísticas, una manera de aislar el uso correcto de lo que se juzga laxo, incorrecto, impuro, culpable o vulgar. En resumen, se trata más de una actitud que de una realidad lingüística. Ahora bien, ninguna lengua es perfectamente homogénea. La dialectalización es una tendencia normal de toda lengua viva extendida en un territorio bastante amplio y entre una población bastante numerosa. No obstante, estas formas regionalesque toma una lengua común a toda una nación no niegan su unidad, que se compone de su conjunto. De hecho, bajo el nombre común de español, portugués, inglés o francés, etc. se ocultan, según los usuarios, grandes diferencias: sintaxis, léxico y fonología.

Como lo destaca GRENIER (“Le français ‘de référence’: approche sociolinguistique” en Les actes du colloque international “Le français de référence. Constructions et appropriations d’un concept” , LOUVAIN-LA-NEUVE, 1999), desde la aparición del inglés internacional y la difusión de las lenguas de gran comunicación, se asiste como por efecto de resistencia a un doble movimiento centrífugo y centrípeto. El centrífugo se manifiesta por medio de las reivindicaciones de las normas endógenas (para el español, se trata de las variedades latinoamericanas). En cuanto al centrípeto, este fenómeno expresa un deseo de autoafirmación identitaria supranacional. En otros términos, se constata que en la región del Mercosur, la existencia y la hegemonía de un español “de referencia” , exportado por España mediante su red de difusión lingüístico cultural parece amenazada por la aparición de normas endógenas como el rioplatense, pues algunas de éstas ya han sido instrumentalizadas y legitimadas por la creación de certificaciones oficiales (véanse, por ejemplo, los certificados de Español de la Universidad de Buenos Aires) y por edición de manuales de lengua locales (véanse, por ejemplo, BERTOLOTTI, BROVETTO, GABBIANI Y ORLANDO, 1996).

En respuesta a esta situación, instituciones como la Real Academia Española y el Instituto de Cooperación Iberoamericana intentan frenar la demasiada rápida diferenciación que existe entre el español peninsular y el español latinoamericano. Esto explica por qué no se encuentran muchos particularismos lingüísticos latinoamericanos en los diccionarios españoles salvo cuando éstos, propuestos por las academias latinoamericanas, han sido aceptados por la academia de la península.

Así, se constata que circula una errónea clasificación jerárquica de las variedades del español: por una parte, la “verdadera” lengua, normalizada, o sea, la de la península; y por otra, las “desviaciones de la norma” , grupo constituido por las variedades latinoamericanas.

En conclusión de esta subsección, se puede decir que adoptar una norma única para el español puede afectar la difusión de esta lengua y la creación de una identidad mercosuriana. En efecto, como lo mostró LABOV (1976), la norma y el “consenso lingüístico” se imponen a menudo como modelos únicos a grupos de hablantes que se diferencian por sus prácticas efectivas. No podemos taparnos la cara: la norma lingüística también puede ser un acto de política cultural nacional pues corresponde a un proceso de unificación. En consecuencia, constituye un aspecto de la lucha para la hegemonía cultural en un espacio definido, aquí la hispanofonía. Es cierto, como lo destaca BAYLON (1996: 166), que son razones sobre todo políticas y sociales las que imponen la norma (véase concepto de identidad y lengua nacional5), de ahí su aspecto arbitrario. Hasta se pueden perseguir objetivos políticos por su intermediario lo que explica la existencia de un español, de un portugués, de un francés, etc. estandardizado o internacional.

Con el fin de permitir a cada uno trabajar para la promoción del español peninsular y la de sus variedades latinoamericanas, nos parece que el objetivo último y común de los trabajos debe orientarse hacia la descripción de los usos regionales, incluyendo el uso de la norma endógena de cada comunidad. En efecto, las intervenciones que contemplan un cambio de orientación en la evolución de la lengua deben hacer del español una lengua única y plural, para que cada comunidad que adopta esta lengua pueda expresarse en su español estándar y no verse obligada a expresarse en el español de Madrid. En otros términos, una planificación lingüística de las variedades periféricas del español debe emprenderse según una visión global respetando a cada uno.

Conclusión

La diversidad lingüística siempre ha existido, al margen, oscurecida por las aspiraciones homogeneistas que, en las relaciones de poder, se preocuparon por mantener las ventajas que les confería la propiedad de la llave de la homogeneidad. Hoy, lo nuevo es que la diversidad también busca la legitimidad y el reconocimiento.

Las reagrupaciones regionales son el teatro de profundos cambios económicos, políticos, culturales y sociales. Esta marcha hacia una nueva fase más radical de regionalización e integración política avanza en paralelo a una reafirmación cada vez más fuerte de los intereses locales. Las tensiones creadas por estas tendencias contradictorias en el ámbito de las políticas lingüísticas plantean algunos problemas espinosos por lo que se refiere a las lenguas que se deben enseñar y a la manera como se debe hacer. Estos elementos –competitividad económica, reinserción social, orden social, ciudadanía, etc.– se han convertido en los objetivos esenciales alrededor de los cuales la política lingüística debe construirse, aplicarse y evaluarse. Las políticas lingüísticas requeridas para optimizar el objetivo de la competitividad económica pueden, sin embargo, a veces estar en conflicto más o menos directo con el tipo de política necesario para optimizar el objetivo de la inserción social o los derechos lingüísticos del hombre. Además, obstáculos al cambio pueden resultar de la percepción que el público tiene de algunas lenguas, algunas creencias y algunos prejuicios sobre la “utilidad” estas, su status como depositarios de la cultura, el nivel de dificultad que supone el aprendizaje de cada una ellas. El énfasis sobre las capacidades de acción, que incluyen la facultad de cooperar, trabajar y de vivir con otros, de solucionar los conflictos y de intervenir en el debate público, no puede generar efectos sino en sociedades multilingües y multiculturales, tanto a nivel nacional como a nivel regional, si los individuos tienen competencias multilingües y pluriculturales.

La problemática en la cual se inscribe la diversidad del Mercosur y, de hecho, la adaptación lingüística regional, es pues doble: afecta, por un lado, la pluralidad lingüística y el reconocimiento sociopolítico del concepto de diversidad que implica un cambio ideológico en el modelo Estado-nación, y representa, por otro, una reconciliación entre sus bases racionales (modificadas por la creación del Mercosur) y las ideologías comunitarias e idénticas. Las habilidades lingüísticas de los “mercosurianos” podrán aumentar; sin embargo, cada lengua es, en primer lugar, el reflejo de la identidad de un grupo. Ahora bien, conocer la lengua de un grupo no garantiza inevitablemente la comprensión mutua. De hecho, para garantizar la pluralidad lingüística, no es suficiente predicar la necesidad de aprender otras lenguas diferentes del inglés o facilitar la difusión de esas lenguas. Es necesario, también, preparar el terreno educando a los “mercosurianos” en la ciudadanía regional con todo lo que esta noción implica de diversidad. Para lograr este objetivo, la ciencia y la conciencia de los contextos interculturales nos parecen fundamentales.

En esta fase, es importante hacer hincapié una vez más en el hecho de que para crear políticas lingüísticas que contribuyan lo más posible a la instauración de una identidad regional en cumplimiento de la diversidad, no se trata de apoyarse sobre la educación como único polo, como único vector reconocido de las políticas lingüísticas, sino que las políticas lingüísticas deberán descansar también sobre las industrias culturales y las empresas.

Del mismo modo, recordemos que para una política de la lengua, la ley no es todo, aunque el enfoque legislativo constituye la base principal de la política lingüística y es de una importancia determinante. Como pudimos constatarlo, la ley define el estatuto de una lengua ante las otras lenguas. Declara los derechos lingüísticos fundamentales en cuanto a uso de esta lengua, declaración que, en el espíritu del legislador, sirve de referencia para la interpretación de los otros artículos de la ley. La ley aclara el estatuto de la lengua y los derechos definiendo las normas de uso de esta lengua (y, accesoriamente, las de las otras lenguas) en todos los ámbitos públicos susceptibles de influir sobre su estatuto y su uso.

No obstante, el enfoque legislativo no puede regularlo todo por sí solo. El enfoque social debe complementar el enfoque legislativo, sin reducir su importancia, y permitir la instauración de políticas lingüísticas basadas en la concertación. En el marco del Mercosur, debe contribuir a crear un medio ambiente en lengua española o portuguesa dinámico, acogedor y atractivo, que pueda influir sobre las elecciones y los comportamientos lingüísticos de todos los ciudadanos, dándoles, al mismo tiempo, un sentimiento de pertenencia común.

 

Notas

1 El " campo del poder " es pues el lugar de la fijación del valor y los tipos de cambio de todas las especies distintas de capitales presentes en el espacio social.

2 Este órgano tiene por objetivo acelerar los procedimientos internos de cada Estado miembro para que las normas que emanan del Consejo de Mercado común y Comisión del Comercio del Mercosur entren en vigor lo antes posible.

3 Creado en 1996, este órgano incluye, en proporciones iguales, patronos y empleados así como algunos representantes de organizaciones no gubernamentales. Su objetivo consiste en controlar el impacto social y económico de las políticas de integración lo que incluye los sectores de formación profesional y nuevos mercados laborales.

4 Este órgano se interesó mucho en el problema del dumping social regional pero nunca al tema de las formaciones de los recursos humanos.

5 Chareille Samantha, Aménagement linguistique et constitution d’un ensemble régional: le cas du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) et du Chili, Paris, mai 2001, capítulo III).

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