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ARQ (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-6996

ARQ (Santiago)  no.104 Santiago abr. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962020000100080 

Lecturas

Las leyes del patrimonio arquitectónico: gravedad, suelo y ruina

José de Nordenflycht Concha1 

1Profesor titular, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. jnorden@upla.cl

Resumen:

La declaratoria patrimonial implica que una ley proteja a ciertos edificios de los embates de otras leyes como las de la física o del mercado. En otras palabras, lo que la declaratoria combate es la obsolescencia - física o funcional - por medio de un escudo legal que obliga a conservar un edificio en un estado en particular. Analizando los debates en torno a la conservación de la Casa Colorada en Santiago, este artículo profundiza en las contradicciones inherentes entre las distintas leyes que afectan a un edificio.

Palabras clave: leyes; edificio; patrimonio; conservación; ensayo

La ley de gravedad, la gravedad de la ley

Si un albañil hace una casa a un hombre y no consolida bien su obra y la casa que acaba de hacer se derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado. Código de Hammurabi, 1792-1750 a. C. (2005).

Adolf Loos, Ornamento y delito (1919).

Si recordamos la conocida sentencia de Adolf Loos, donde definía al arquitecto como aquel albañil que sabe latín, no hubiera quedado mucho margen de interpretación legal en la época de los antiguos babilonios - tan afectos a la Ley del Talión - donde por cada equivocación con la intervención en el patrimonio arquitectónico sus responsables eran castigados de modo tan radical e irreversible como el daño infligido a la preexistencia (de Nordenflycht, 2018:346-354).

Por suerte, esto es un anacronismo histórico y, ciertamente, una desproporción - como diría la justicia moderna -, pero que nos sirve como una alegoría de entrada para acercarnos a una polémica arista de cómo se han articulado las relaciones entre la arquitectura y las leyes que regulan su práctica. Si convenimos en que las obras de arquitectura están sometidas básicamente a dos tipos de leyes - unas de orden natural y las otras de orden cultural -, será el trabajo de los arquitectos lidiar proactivamente con las primeras y reactivamente con las segundas. Pensando en ello es que resulta interesante comprobar cómo históricamente las leyes han determinado, coaccionado e incluso penalizado el actuar de arquitectos que intentaron ejercer su oficio desde una confrontación entre leyes naturales y leyes culturales.

En la práctica de arquitectura, entenderemos como leyes naturales aquellas que suponen una condición física de la materialidad empleada para que su expresión formal permita dar cabida a las necesidades que resuelve. De este modo, el hecho de que una parte de la producción arquitectónica se pudiera convertir en patrimonio y que dediquemos esfuerzos para cumplir este propósito voluntarista asociado a la responsabilidad hacia generaciones futuras no resuelve toda la complejidad de dos preguntas espejo: ¿cuáles son las leyes arquitectónicas del patrimonio? y ¿cuáles son las leyes patrimoniales de la arquitectura?

Enunciamos estas preguntas espejo porque si existe una confrontación explícita entre leyes internas y externas de la práctica arquitectónica en un momento histórico determinado, es cuando sus resultados instalan expectativas respecto de su trascendencia y valoración. Es decir, cuando la arquitectura deviene en patrimonio.

Hacerse cargo del patrimonio arquitectónico dando cuenta de él a través de intervenciones sobre su realidad material podría derivar en una imposición del colectivo sobre el interés sectorial que una disciplina, oficio o práctica profesional determine libremente respecto de la coherencia interna de su propia ‘agenda’, si es que esta autonomía fuera posible. El patrimonio arquitectónico representa muchas cosas y, a la vez, está definido de manera específica por leyes que reconocen sus atributos y les asignan valores, condiciones sobre las cuales se manda, prohíbe o permite un estado. El estado de su conservación.

En momentos en que la administración nacional ha propuesto un proyecto de modificación de la actual Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, que data de 1970, creemos que es pertinente utilizar el conocimiento histórico disponible para revisar el origen de las doctrinas y explicar las posiciones que sustentaron su fundamento deontológico mediante testimonios recogidos en distintas fuentes entre 1969 y 1975. Esto nos permite argumentar dicho conocimiento histórico, en donde se configura un diagnóstico entre los actores académicos, sectoriales y gremiales. Entre estos últimos, el Colegio de Arquitectos expresa:

Muchos edificios en Santiago han sido declarados ‘monumentos nacionales’ a través de muy buenos mecanismos legales (...) Muchas veces por extraña circunstancia, esa dignificación de un edificio se ha convertido hasta hace poco en un estigma para él. La Casa Colorada, el Palacio de La Alhambra, el Templo de Santo Domingo, el Palacio Pereira, son ejemplos de esa afirmación (Aliaga, 1975:56).

Dicho eso en 1975, resulta bastante claro que, en el conflicto entre arquitectura y patrimonio, el cambio de una se opone a la permanencia de la otra. Un problema de una ley sectorial amplificada en varias leyes generales, de procesos de judicialización e incluso de los pronunciamientos de Contraloría General de la República definitivamente viene a definir y normar sobre lo que es la arquitectura, inhibiendo una práctica que invierte sus esfuerzos en diseñar de otras maneras frente a la posibilidad de intervenir la preexistencia (la que a su vez puede ser considerada como oportunidad que abre el futuro, lejos de querer clausurarlo). Esto conlleva al engorroso procedimiento de intervenir una edificación preexistente, imponiendo una gran cantidad de limitaciones que dependían de juicios de valor asociados, generalmente, a una fracción de los consejeros del Consejo de Monumentos.

Por lo anterior, estando ciertos de que la ley de gravedad se debe trabajar para que el inmueble no se desplome y que su materialidad no sea derrotada fácilmente por la obsolescencia, en el ámbito de las leyes sectoriales del patrimonio cultural, se suma al sentido de esa gravedad el doble sentido del gravamen (en tanto gravan a las propiedades con deberes, al punto de que se conculcan los derechos a que sea intervenida sin ese control suplementario a su condición de monumento nacional o inclusión dentro de una zona típica). Y aquí hay un problema realmente grave en el mediano plazo, pues esas leyes generalmente no promueven respuestas innovadoras al desafío de la intervención patrimonial desde la acción proyectual y sus resultados en el diseño arquitectónico, por el contrario, las inhiben.

No debe sorprender entonces que esa conclusión se fuera articulando desde la defensa a la arquitectura y no la del monumento, articulando las bases de una visión patrimonial que recoge nuestras preguntas espejo.

La ley del suelo, la ley en el suelo

En Viaje (1963).

Todos sabemos que nuestra responsabilidad ciudadana hace que las leyes se den por conocidas, no obstante, el alegato precedente nos confirma que, muchas veces, la invisibilidad de las leyes incluso se da a nivel institucional. Esto si consideramos que la editorial de la revista En Viaje, que perteneció a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, desconoce la Ley de Monumentos vigente1 y el rol del Consejo de Monumentos Nacionales, atribuyendo responsabilidades a otras instituciones que no son del Estado, como es el Instituto de Conmemoración Histórica2.

Esta observación que podría parecer anecdótica y aleatoria es un fragmento de un intento mayor sobre la reconstrucción histórica del concepto de patrimonio en Chile, que nos remite necesariamente a fuentes documentales y monumentales. Esto ya lo hemos planteado desde la necesidad de comprender el fenómeno y establecer algunas certezas disciplinares, concentrando esfuerzos en casos asociados mayoritariamente a la producción arquitectónica preexistente (Nordenflycht, 2019). De la convergencia entre esos documentos y monumentos, la polémica sobre Casa Colorada marca un punto de inflexión, ya que este inmueble - ubicado en el centro histórico de Santiago - resulta icónico respecto a los valores históricos asociados a un testimonio construido a fines del siglo XVIII en Chile. Básicamente un monumento bajo el sentido de lo que se espera de esa noción durante la primera mitad del siglo XX (Figura 1).

Fuente: La Tercera de la Hora, 30 de diciembre

Figura 1 «Recrudece guerra por traslado de Casa Colorada». 

El conflicto sobre su intervención, anunciada en 1969 por la Municipalidad de Santiago, no estaba instalado por el valor de la Casa Colorada fundado en sus tradicionales variables históricas, sino que por la tolerancia a la transformación de esos valores (principalmente arquitectónicos). Uno en específico está relacionado a su emplazamiento, específicamente a la disponibilidad y al régimen de uso del suelo urbano que considera la conservación del inmueble patrimonial según su cabida original. Frente a esto, el ensanche de calles y la factibilidad de su uso como corredores de transporte público era una amenaza a esa línea de edificación preexistente. En palabras del arquitecto Héctor Mardones (1969:17):

Como parte de los preparativos para celebrar el Centenario, el Presidente Montt, don Pedro, dicta una ley llamada de Transformación de Santiago en 1909, por la cual impone para el futuro un ancho de calle mínimo de quince metros. La aplicación de esta ley durante sesenta años ha significado el retiro paulatino de las viejas fachadas en 2.5 (metros) por cada lado.

La validación del proyecto de ensanche de la calle Merced supondrá un destino basado en la Ley de 1960 - con ocasión de los festejos de los 150 años de la Independencia, propuesta por el historiador Jaime Eyzaguirre -, cuyo daño colateral sería esta curiosa operación de salvataje que incluye desarme, demolición parcial y ‘fachadismo’, todo con una afectación a la autenticidad. El objetivo del mismo era reprogramar el uso del inmueble para albergar las dependencias de la Academia Nacional de Historia y la Academia Nacional de la Lengua en un novedoso Museo de la Ciudad. Dos instituciones pertenecientes al Instituto de Chile que, siendo beneficiarias, no pronuncian opiniones públicas contrarias al respecto. El proyecto de traslado de la fachada y construcción de tres fachadas nuevas de la Dirección de Obras de la Municipalidad, con cargo al diseño propuesto por los arquitectos Luis Garretón y Carlos Cañas, suponía que el denominado ‘Rincón colonial de Santiago’ se emplazara en las esquinas de las calles San Martín y Catedral, de costado a la Iglesia Santa Ana, en un sitio expropiado para tal efecto.

Las críticas a este proyecto municipal radican en que la reconstrucción masiva del inmueble original lo convertirían en un falso histórico. Serían varias voces las que coincidirían en que era un despropósito desmontar algunos elementos ornamentales de la fachada y trasladarlos a otro lugar para disponerlos sobre una fábrica de muros nueva. Entre esas voces destaca el arquitecto Gonzalo Mardones Restat3, quien desarrolló una intensa labor gremial desde el Colegio de Arquitectos de Chile junto con su labor profesional en el grupo TAU (Silva, 2018), cargo que asumió bajo la presidencia de Héctor Valdés a partir de la elección de octubre de 19724. Antes de ello, su visibilidad pública lo ubicaba como uno de los arquitectos con una postura más decidida, acompañada de acciones concretas, para defender la Casa Colorada. El arquitecto Mardones asumió labores desde la Vicepresidencia del Colegio de Arquitectos hasta su trágica muerte el 30 de noviembre de 1974 (Figura 2, Figura 3).

Fuente: Las Últimas Noticias, 8 diciembre, 1969

Figura 2 «Casa Colorada quedará lista a fines de 1970». 

Fuente: Auca, 17, 1970

Figura 3 Gonzalo Mardones. «Proposición Plano Seccional de Calle Merced entre Plaza de Armas y Miraflores». 

El rol del arquitecto es el que posibilita la ley, su ética, código deontológico, doctrina o cualquier marco de encuadre de su acción colectiva e individual, como lo señala el presidente de la orden en 1969, a la luz de las conclusiones del foro sobre el caso de la Casa Colorada:

CA 40 (1969):4

Resultado del desacuerdo entre las posiciones y luego de sancionada la nueva Ley 17.288, el Colegio de Arquitectos persiste en marcar una posición disciplinar tras el empuje de Gonzalo Mardones y logra que un proyecto de modificación ad hoc fuera enviado por el presidente de la orden, Héctor Valdés Phillips, el 2 de agosto de 1972 al vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Gilberto Concha Riffo (cuyo seudónimo literario era Juvencio Valle). Pero ya era tarde, como sabemos, los acontecimientos nacionales desencadenados por la oposición al gobierno de la Unidad Popular, que terminaron con un golpe de Estado, modificaron radicalmente el contexto de una ley que ahora debía promover su mandato en condiciones de liberalización del uso del suelo.

La ley de la ruina, la ruina de la ley

La decadencia del glorioso palacio es impresionante. Una visita no es aconsejable para temperamentos sensibles. Es lo más deprimente que el lector pueda imaginar. Haría falta un aguafuertista o un poeta, tal vez un escritor o un periodista, alguien capaz de describir lo indescriptible, de pintar el horror de una catástrofe. Héctor Mardones (1969).

La ley de la ruina es esa que supone a la arquitectura como un ciclo natural en que el cuerpo en deterioro debe ser atendido con todas las prótesis disponibles y cuyo cadáver es sagrado. Pese a la descripción, en el mismo artículo Héctor Mardones (1969) agrega:

Hoy día la casa en su nave principal a la calle, que corresponde íntegramente a su estructura original, no acusa ni grietas ni desplomes. Vale decir entonces que no sólo el hormigón armado o el acero son asísmicos y que buenas mamposterías y albañilerías y un buen diseño de una estructura gravitacional tienen también condiciones de asismicidad.

El conflicto por el destino de la Casa Colorada entre el arquitecto Gonzalo Mardones Restat y el alcalde de Santiago, el también arquitecto, Manuel Fernández Díaz, fue seguido durante meses por la prensa escrita (Figura 4, Figura 5). El pie forzado del alcalde era dar cumplimiento a la Ley 13.936 de 1960, que permitía definir el destino del inmueble disponiendo de la liberación de su terreno de emplazamiento. El propósito del proyecto era la ampliación de la calle Merced, para lo cual se intenta salvar el obstáculo de la Casa Colorada proponiendo el desarme de su fachada en una cuestionable operación de salvataje fachadista. Además el proyecto tenía considerados como daños colaterales demoliciones totales y parciales del Edificio Comercial Edwards y los Tribunales Viejos, hoy mejor conocidos como el Museo de Arte Precolombino. Recordemos que esos ensanches de calles ya habían causado estragos en el patrimonio de Santiago desde principios del siglo XX con la popularmente denominada ‘ley del serrucho’ (Ley 2.230) de 1909.

Fuente: Auca, 17, 1970

Figura 4 Gonzalo Mardones. «Proposición Plano Seccional de Calle Merced entre Plaza de Armas y Miraflores» 

Figura 5 Portada revista CA, 14-15, 1975. 

El arquitecto Fernando Riquelme era el director del Instituto de Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad de Chile, unidad académica que había liderado la transferencia del debate contemporáneo sobre la conservación del patrimonio arquitectónico. En su seno se difunde tempranamente una versión en español de la Carta de Venecia (1969), documento deontológico que inspira un consenso sobre los criterios de intervención, entre los cuales la fábrica de un edificio es inseparable de su emplazamiento, en tanto la condición de lugar es un atributo patrimonial. El mismo documento fue considerado explícitamente entre los argumentos de Gonzalo Mardones (1971:1-5):

El presente proyecto de ley, junto con corregir estas deficiencias, dispone la conservación de la Casa Colorada en el solar que actualmente ocupa, y que corresponde al lugar histórico en que se desarrollaron importantes acontecimientos relacionados con la Independencia Nacional (...) La técnica que para ello se emplee debe corresponder a los conceptos sobre la materia a que ha llegado el avance de la Ciencia y el Arte de la conservación y restauración condensadas en la Carta de Venecia de 1964.

La crítica al ausentismo del Consejo de Monumentos Nacionales respecto del control y directrices de criterios de intervención fue total, además de que incluso su función declarativa se reconocía como insuficiente y tardía pues desde su origen en 1925 y hasta fines de 1969 sólo había declarado Monumento Nacional a cuatro inmuebles en el centro de Santiago (Iglesia de San Francisco, Palacio de La Moneda, Iglesia de Santo Domingo y la casa de Manuel Montt).

Trasladar una obra de arquitectura, cuestión que en nuestro imaginario asociamos a las mingas de tiradura de casas en Chiloé, supone un complejo proceso de registro, catalogación y desarme de las piezas materiales que componen la obra original. Un trabajo que, según el alcalde Fernández, «lo realizó, con la escrupulosidad y amor que lo caracterizaban, el desaparecido profesional Eduardo Secchi» (mismo arquitecto que desde su calidad de funcionario había colaborado estrechamente con el Consejo de Monumento desde décadas anteriores). «Allí están cada piedra, cada madero, cada detalle, numerado y catalogado, de modo que la reconstitución de la fachada y el arco en el nuevo emplazamiento será una tarea relativamente sencilla» (Las Últimas Noticias, 1969). Hasta ahí todo resulta razonable y absolutamente legal según el decreto imperante en la época. Sin embargo, en la misma declaración publicada en Las Últimas Noticias el 9 de diciembre de 1969, agrega «De aquella época conservará el espíritu, el aire, pero será construido de acuerdo con las técnicas más modernas en materia de estabilidad, solidez, higiene y comodidad para el numeroso público que lo visitará diariamente». Lo que pone en cuestión la autenticidad.

Este episodio histórico es una interfaz de cómo se termina un ciclo legal y comienza otro. La crisis terminal de una ley permite acelerar el cambio, pero este se detonó ante la inminencia de un cambio de administración nacional. Recordemos que el año que comienza la implementación de la Ley 17.288 coincide con el término del mandato alcaldicio de Fernández y el comienzo del gobierno de la Unidad Popular.

Las leyes que regulan el uso del suelo y la arquitectura son una manera de proyectar sobre él. En el contexto de esa discusión, el arquitecto Manuel Fernández Díaz (El Mercurio, 1969) enuncia que «lo que se demuele está a cargo de un arquitecto, y otro levantará allí un edificio». Ocho años después de esa sentencia, el Decreto Ley 1.869 de 1977 deroga los artículos de la anterior y declara Monumento Histórico a la Casa Colorada. Las leyes del patrimonio somenten a la gravedad, el suelo y la ruina a la arquitectura. Lo que deroga una ley es el mandato de otra.

Aprendizajes para una conclusión

Como se puede constatar en este episodio de la Casa Colorada, las disputas sobre el patrimonio cultural no han estado exentas de polémicas gremiales y disciplinares en las cuales la imagen cultural de la arquitectura se identifica en el espacio público como un bien cuyos valores no sólo se deben a los afanes de quienes las diseñan y se responsabilizan por su construcción.

A medio siglo de aquel momento estamos nuevamente en una coyuntura en la que una necesidad urgente de modificar la ley que rige al patrimonio cultural en Chile ha puesto en un lugar protagónico a la arquitectura como una práctica cultural. Un lugar en que las ‘declaratorias’ y sus procedimientos, deben concentrarse en la integridad y autenticidad de atributos cuyas variables son convencionales, las que pueden modificarse sin complejos según la convención y la convicción del momento.

Por ello, la opinión pública, esa ciudadanía informada que demanda participación en las decisiones sobre la esfera pública, ha sido un actor histórico en el modo en que se instala la necesidad sobre la valorización del patrimonio, movilizando incluso la modificación de una ley. En la medida que ese actor tenga conciencia de las leyes que rigen a la práctica de la arquitectura, las polémicas podrán afinar sus argumentos, hacer converger posiciones y por cierto construir unas opciones sostenibles a la medida del juicio de las generaciones futuras, ya que intervenir el patrimonio es siempre instalar una opción u otra.

Todo lo anterior no dista mucho del momento actual en que la gravedad, el suelo y la ruina de una ley, que se viene anunciando desde hace muchos años, pareciera ser la oportunidad de una emergencia acumulada para que las leyes de la arquitectura dialoguen con las leyes del patrimonio.

Referencias:

AA.VV. Carta Internacional sobre la conservación y restauración de los Monumentos y los Sitios. Venecia 1964. Santiago: Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 1969. [ Links ]

ALIAGA, Carlos. «Agresiones contra Santiago y sus habitantes». CA, 14-15, (1975), 56. [ Links ]

BEDRACK, Moisés. «Elaboración de conclusiones sobre la ‘Casa Colorada’, Intervención de Moisés Bedrack Presidente del Colegio de Arquitectos Sesión del Consejo General del CA nº 40-69», 1969. [ Links ]

«Casa Colorada quedará lista a fines de 1970». Las Últimas Noticias, 9 de diciembre de 1969. [ Links ]

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DE NORDENFLYCHT, José (ed.). Estudios patrimoniales. Santiago: Ediciones UC, 2019. [ Links ]

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SILVA, Luis. TAU Arquitectos. Santiago: RIL Editores, 2018. [ Links ]

«Sin acuerdos terminó Foro sobre la Casa Colorada». El Mercurio, martes 9 de diciembre de 1969. [ Links ]

1Decreto Ley 651 del 17 de octubre de 1925, firmado por Luis Barros Borgoño y Oscar Fermer.

2El Instituto Chileno de Conmemoración Histórica es una corporación privada sin fines de lucro fundada por el escritor Enrique Vergara Robles en 1937, cuya misión es difundir información histórica en el espacio público a través de la colocación de placas conmemorativas. Si bien el Consejo de Monumentos Nacionales considera dentro de sus miembros a un representante de dicha institución privada, esta no tiene en su misión declarar - y menos intervenir - arquitectura preexistente de valor patrimonial.

3Agradecemos a su nieto, el arquitecto Gonzalo Mardones Falcone, la gentileza de facilitarnos acceso al archivo personal de su abuelo, en donde encontramos artículos de prensa y documentos inéditos sobre la polémica de la Casa Colorada.

4Cristian Jara (2015:200) nos recuerda que «En octubre de 1972 se realizan las últimas elecciones del Colegio de Arquitectos bajo la Ley 7.211. No hay elecciones en el período 1972-1982. El Gobierno Militar suspende elecciones gremiales del Colegio de Arquitectos y decide mantener en sus puestos a consejeros electos, salvo que decidan renunciar».

Este texto es parte del Proyecto Fondecyt nº 3160017, del cual el autor es el investigador responsable

5Decree-Law No. 651 of October 17, 1925, signed by Luis Barros Borgoño and Oscar Fermer.

6The Chilean Historical Commemoration Institute is a private non-profit corporation founded by the writer Enrique Vergara Robles in 1937, whose mission is to disseminate historical information in the public space through the placement of commemorative plaques. Although the National Monuments Council considers within its members a representative of said private institution, it does not have in its mission to declare - and less to intervene - pre-existing architecture of heritage value.

7We thank his grandson, the architect Gonzalo Mardones Falcone, for the kindness of giving us access to his grandfather’s personal archive, where we found press articles and unpublished documents on the Casa Colorada controversy.

8Cristian Jara (2015:200) reminds us that “In October 1972, the last elections of the Chamber of Architects were held under Law No. 7,211. There were no elections in the 1972-1982 period. The Military Government suspended union elections of the Chamber of Architects and decided to keep elected councilors in their positions, unless they decided to resign.”

José de Nordenflycht Concha. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Profesor titular del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Playa Ancha, profesor asistente adjunto de la Escuela de Arquitectura UC y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Autor de los libros Patrimonio Local (2004), Post Patrimonio (2012), Patrimonial (2017) y editor del volumen colectivo Estudios Patrimoniales (2019).

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