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ARQ (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-6996

ARQ (Santiago)  no.105 Santiago ago. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962020000200080 

Lecturas

Resiliencia es más que resistencia: dos experiencias del terremoto y tsunami de 2010

Elizabeth Wagemann1 

Renato D'Alençon2 

Margarita Greene3 

1 Profesora asistente y coordinadora de investigación, Escuela de Arquitectura, Facultad de Humanidades, Universidad Mayor, Santiago, Chile. elizabeth.wagemann@mayor.cl

2 Profesor asistente y subdirector académico, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. dalencon@uc.cl

3 Profesora titular, Escuela de Arquitectura, e investigadora principal, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. mgreenez@uc.cl

Resumen:

In the face of a natural catastrophe, resistance is a necessary but not sufficient condition. A building can withstand an earthquake or a flood, but that does not mean that the life it held will go back to be developed in a normal way. Hence, based on the experience after the 2010 earthquake, this text advocates resilience as a key concept, a scope of which goes far beyond mere material resistance.

Palabras clave: resistencia; planning; resilience; catastrophes; research

El aumento en el impacto que tienen los eventos naturales sobre las ciudades ha incrementado al igual que el interés por el diseño de urbes capaces de resistir a esos efectos. Sin embargo, no basta con resistir, también es necesario adaptarse y mejorar las estructuras existentes. En países con alto potencial de catástrofes, como Chile, la gestión de riesgos tiene un efecto importante en la disminución de los niveles de vulnerabilidad y de pobreza, dada la fuerte correlación entre desastres y desarrollo (PNUMA; PNUD, 2009). En esta línea, el Marco de Acción de Sendai contribuyó al traspaso de una cultura de respuesta a una de prevención, lo que implicó un cambio desde la gestión de desastres a la de riesgos (UNISDR, 2015). La intervención para mitigar riesgos se basa principalmente en el concepto de resiliencia de la infraestructura dura (es decir, estructuras físicas como diques, presas y edificios resistentes a los peligros) e identifica el largo plazo con el concepto de preparación para reconstruir mejor (build back better), la recuperación y la rehabilitación (UNISDR, 2015). Entonces, las aproximaciones conceptuales y estratégicas para enfrentar estos desafíos requieren ir más allá de la resistencia, incorporando la gestión de riesgos, la adaptación y la resiliencia.

El concepto de resiliencia, inicialmente asociado a los ecosistemas ecológicos y sociales, ha sido incorpora-do al estudio de riesgos de desastre en los últimos años. Simin Davoudi (2014:74-75) distingue tres perspectivas de la resiliencia: una ingenieril, una ecológica y otra evolucionaria. La primera se basa en el diseño y mate-riales con mayor resistencia y estabilidad frente a cambios externos. Según esto, resiliencia es la capacidad de un sistema para retornar al equilibrio luego de un evento y se mide en base al tiempo que demora dicho proceso. Desde la ecología, el énfasis está en la capacidad de adaptación de un sistema para mantenerse dentro de sus límites frente a un evento. Esta teoría de sistemas en equilibrio ha sido interpretada como una normalidad a la que los sistemas deben volver. Es decir, no sólo se deben identificar las vulnerabilidades, planificar la emergencia y manejar los riesgos, también deben buscarse oportunidades de restauración y transformación que permitan un desarrollo sustentable a futuro. Sin embargo, en cuanto al desarrollo urbano, esta normalidad no siempre es deseable, pues suele ser la causante de las vulnerabilidades. Entonces, una tercera perspectiva es la resiliencia evolucionaria, que no se basa en el equilibrio sino en el entendimiento del mundo como un sistema complejo, caótico, incierto e impredecible.

Esta perspectiva sugiere que los sistemas no deben resistir a los eventos, ya que son parte de procesos evolutivos que se suceden en una serie de ciclos a través de interacciones espaciales y temporales (Berkes, Folke, 1998). Los cambios en las estructuras y funciones de un sistema deben seguir cuatro fases: explotación o crecimiento, conservación, descarga o destrucción creativa y reorganización2. Esta visión de la resiliencia presenta un potencial transformativo, trayectorias alternativas, y oportunidades de adaptación a partir de un evento (Wagemann, Greene, 2019:320). Es por esto que, luego de una catástrofe, la planificación de una ciudad no sólo debe resistir ni volver a la ‘normalidad’, sino evolucionar hacia algo mejor.

Desde otra perspectiva, ya en los años setenta se identificaba una desconexión entre las actividades de emergencia y aquellas que abordaban el desarrollo desde la fase de reconstrucción y planificación previa al de-sastre (Wagemann, Moris, 2018). Por esto, más tarde se propuso un modelo lineal por fases (emergencia-rehabilitación-desarrollo) que se volvió rígido y poco práctico, dando paso a un concepto más dinámico conocido como contiguum approach, donde las actividades de corto y largo plazo debían integrarse e implementarse de forma simultánea y superpuesta3. Pese a su interés, era un modelo complejo de implementar y actualmente se desarrollan las fases de forma consecutiva y no de forma integrada. Por otro lado, luego del tsunami del océano Índico de 2004, se hizo global el concepto de ‘reconstruir mejor’ (build back better) enfocado en una recuperación que permita el cambio hacia el desarrollo, disminuyendo las causas subyacentes del desastre4.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural (CREDEN), tomando conceptos comunes de diversas fuentes, define resiliencia como:

Las capacidades de un sistema, persona, comunidad o país expuestos a una amenaza de origen natural, para anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, para lograr la preservación, restauración y mejoramiento de sus estructuras, funciones básicas e identidad (CNID-CREDEN, 2016:4).

Según esto, la resistencia es sólo uno de los componentes de la resiliencia, ya que, para hacer frente a los eventos futuros, es necesario modificar las prácticas existentes orientándolas a una real adaptación y anticipación. En esta línea, lo que nos interesa es la resiliencia urbana, a nivel de infraestructura, entendiendo la capacidad de anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse en un período de tiempo que incluye cuatro momentos: antes de la catástrofe, durante la catástrofe, emergencia y después de la catástrofe (reconstrucción).

Aprender de las experiencias

Indudablemente, Chile es un laboratorio natural debido a eventos recurrentes que terminan en grandes catástrofes (Figura 1). La experiencia de los programas de emergencia y reconstrucción han tenido resultados mixtos ya que, pese a los aprendizajes, estamos lejos de lograr resiliencia, principalmente por nuestra capacidad de anticipación y adaptación. Por ejemplo, uno de los elementos clave para mejorar la respuesta institucional y su resultado en el ambiente construido incluye la articulación de las diversas fases del proceso - anteriores y posteriores a la catástrofe - como se señaló anteriormente. Esto no sólo debe-ría permitir un mejor uso del tiempo y los recursos, sino también mejorar problemas preexistentes. Sin embargo, aún no existe una visión integral del ciclo completo y de esta resiliencia evolutiva en la que la catástrofe puede ser una oportunidad, por lo que se requiere un marco apropiado de estrategias de emergencia y reconstrucción, gestión de viviendas y diseño urbano.

Fuente: CNID-CREDEN (2016). © Mariana Andrade

Figura 1 Desastres registrados durante los últimos 120 años en Chile 

Desde el aprendizaje obtenido a partir de desastres de gran magnitud, se han generado cambios normativos e institucionales que inciden en cómo construimos y diseñamos nuestras ciudades. Por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones se creó después del terremoto de 1928; el terremoto y el tsunami de 1960 dieron lugar a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI); y, más recientemente, el terremoto y el tsunami de 2010 motivaron la propuesta del nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil (DIPECHO, 2012) y una política nacional para la reducción de riesgo de desastres (Política Nacional para la RRD, 2015). Por otro lado, la estructura de gobierno central y sectorial - característica del Estado chileno - fracciona las responsabilidades entre las instituciones competentes (tales como ONEMI, MINVU, MINDES, intendencias, y municipalidades), provocando que la visión integral de la gestión de riesgo de desastres se pierda entre la definición de responsabilidades por etapas, sin lograr una estrategia de resiliencia más cohesionada y coherente.

Para entender cómo se han desarrollado los procesos que siguen a un desastre, a continuación se presentan y analizan dos casos de una misma catástrofe chilena: el terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 (27F). El sismo de magnitud 8.8 Mw fue seguido por un tsunami que afectó a las regiones del centro y sur de Chile. El terremoto fue registrado como el segundo más intenso en la historia del país, afectando al 75 % de la población nacional, dejando 526 fallecidos y más de 200.000 viviendas destruidas o seriamente dañadas (Cárdenas-Jirón, 2013:1). Los mayores daños ocurrieron en las zonas costeras, donde se destruyeron puertos, puentes, calles y viviendas por efecto del tsunami, y en partes de la zona central debido a los efectos del terremoto. El gobierno coordinó el proceso posdesastre en tres fases: emergencia inmediata para asistir a las víctimas y restaurar el orden público, emergencia de invierno para construir viviendas transitorias, y reconstrucción para construir viviendas permanentes (Gobierno de Chile, 2013).

Los casos seleccionados aquí, Constitución y Chanco, localizados en la Región del Maule, presentan características diferentes: Constitución es la ciudad costera más poblada de esta región maderera, localizándose en su centro con alrededor de 45.000 habitantes; Chanco es un poblado de unos 9.000 habitantes ubica-do en la provincia de Cauquenes y protegido como zona típica por su valor patrimonial de conjunto, cuya principal actividad es la agricultura. Ambos se representan planimétricamente en cuatro momentos: la situación antes de la catástrofe, durante el evento, la etapa de emergencia y la de reconstrucción.

Terremoto y tsunami 27F, Constitución

La revisión del proceso en la ciudad de Constitución (Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5), una de las más afectadas por este sismo y tsunami, permite discutir hasta qué punto los esfuerzos realizados por los programas y acciones gubernamentales fueron de resistencia y/o de resiliencia. Antes de la catástrofe, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) había identificado una zona de inundación en Constitución de vasta extensión, pero construida prácticamente en su totalidad (Figura 2). El Plan Regulador vigente en ese momento - de 1988 - parece no considerar la información anterior, ya que señala zonas de protección de playas, roqueríos y esteros con bordes muy específicos y con márgenes estrechos, sin incorporar las zonas de inundación detectadas por la Armada. Por ende, no es de extrañar que gran parte del área de inundación estuviese urbanizada y construida como parte de la ciudad formal. Además, el Plan Regulador indica un límite urbano que no fue respetado, habiendo zonas construidas fuera de él.

Fuente: Elaborado en base a Plan Regulador Comunal (1988) y a zona de inundación definida por Servicio Hidrográfico. © Francisca Rocuant

Figura 2 Constitución. Tsunami 2010, situación precatástrofe. 

El efecto del tsunami en esta ciudad fue de gran magnitud; alrededor del 80 % del centro de la ciudad fue destruido o demolido por peligro de derrumbe. La zona inundada (Figura 3) fue muy similar a la prevista por la Armada, incumpliendo el factor de anticipación, el primer aspecto de la resiliencia. Es posible que esto haya sido el resultado del desconocimiento o falta de coordinación entre distintos organismos, que es una de las grandes problemáticas que afecta la mejora de los instrumentos de planificación territorial. La situación durante el período de emergencia (Figura 4) muestra la construcción de viviendas transitorias en la zona inundable, sin defensas nuevas. Si bien suele haber presión por parte de las familias por permanecer cerca de sus casas durante este período, esto indica una falta de planificación responsable, ya que pudo haber réplicas con nuevos tsunamis en el corto y mediano plazo.

Fuente: Elaborado en base a Plan Regulador Comunal (1988) y a línea de inundación definida por Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA, 2002) según evento de 1985 y a zona de inundación definida en estudio de riesgo SUBDERE (2010). © Francisca Rocuant

Figura 3 Constitución. Tsunami 2010, situación durante la catástrofe. 

Fuente: Elaborado en base a Plan Regulador Comunal (1988), a zona de inundación definida en estudio de riesgo SUBDERE (2010) y a información de campamentos disponible en «Aprendiendo del 27F: una evaluación comparativa de los procesos de reconstrucción urbana en Chile después del terremoto de 2010 (2015)». © Francisca Rocuant

Figura 4 Constitución. Tsunami 2010, período de emergencia. 

Por último, el proceso de reconstrucción (Figura 5) muestra aspectos positivos como (1) la generación de una línea de seguridad acorde con la información de la Armada y la experiencia del 27F; (2) la identificación de puntos de encuentro en lugares seguros y accesibles por la población, y (3) el proyecto de costanera como área de alejamiento y protección de la zona costera, lo que podría entenderse como adaptación y, por lo tanto, como resiliencia. Por otro lado, se observan aspectos negativos, ya que gran parte de la reconstrucción fue realizada fuera de la zona urbana y del casco histórico, urbanizando lejos del desarrollo de la ciudad, con falta de equipamiento y poca planificación, lo que podría cuestionarse como ‘mejoramiento.’

Fuente: Elaborado en base a Plan Regulador Comunal (1988); la línea de inundación definida por Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Protección Civil (ONEMI, 2018); la zona de inundación definida en estudio de riesgo SUBDERE (2010) y a información de la reconstrucción del Observatorio de la Reconstrucción (2018). © Francisca Rocuant

Figura 5 Constitución. Tsunami 2010, período de reconstrucción. 

El proceso de reconstrucción no dejó de ser controversial debido a la relocalización de gran parte de la población afectada - para cumplir con la línea de seguridad - y a la participación del sector privado en la planificación de la reconstrucción, lo que fue considerado como conflicto de intereses (Prieto, 2018). Si bien el Plan de Reconstrucción Sostenible (PRES) presentó un avance de los fondos destinados a equipamiento e infraestructura, un 68 % se destinó a la zona costera más turística y sólo un 3 % se dirigió a los cerros, donde fue relocalizada gran parte de la población (Prieto, 2018:144-145). Esto generó problemas de movilidad y de acceso a servicios, dejando además un tejido social fracturado (Contreras, Benítez, 2015:85). Entonces, en el caso de Constitución se identifica una reconstrucción basada en la ‘resistencia’ a futuros eventos de tsunami en la zona costera, con una planificación enfocada en aspectos físicos más que sociales, lo que condujo a un desarrollo asimétrico y a un proceso de gentrificación, desaprovechando la oportunidad de mejorar las estructuras y funciones básicas de la ciudad.

Terremoto y tsunami 27F, Chanco

En el poblado de Chanco, el terremoto y la posterior gestión de daños y demoliciones condujo a la pérdida de edificios y conjuntos no monumentales de gran valor cultural y patrimonial. Esta situación se repitió de forma similar en otros poblados de la región.

Antes de la catástrofe, y desde 1978, una amplia área céntrica de Chanco estaba protegida como zona típica, distinguiendo un número importante de edificios de interés arquitectónico y artístico (Figura 6). Si bien no alcanzaban la categoría de monumentos nacionales, la integridad del conjunto de arquitectura en adobe con corredores cubiertos, techos de tejas artesanales y terminaciones tradicionales constituía un valor urbano clarísimo y así lo reconocía el estatus de zona típica.

Fuente: Instructivo especial de intervención zona típica de Chanco (2000).© Francisca Rocuant

Figura 6 Chanco, zona típica. Terremoto 2010, situación precatástrofe. 

Durante el terremoto, 204 casas - de las 407 que componían la zona típica - sufrieron daños, siendo destruidas 119 (Figura 7). Además de la gravedad y visibilidad de los daños causados por el terremoto, la declaratoria de inhabitabilidad por parte del cuerpo de bomberos y la disponibilidad de maquinaria pesada facilitada por las empresas madereras de la zona despertó una amplia expectativa de demolición y posterior reconstrucción a través de subsidios. Ello se reflejó en numerosas solicitudes de demolición que la municipalidad concedió a pesar del estatus de zona típica. Se perdió la continuidad del espacio público definido por fachadas continuas y corredores en varias calles centrales y también en los edificios que rodean la plaza principal (Figura 8).

Fuente: Instructivo especial de intervención zona típica de Chanco (2000), Plano catastral de daños zona típica de Chanco (Mass, Morales y Zapata, 2010). © Francisca Rocuant

Figura 7 Chanco, zona típica. Terremoto 2010, situación durante la catástrofe. 

Fuente: Instructivo Especial de intervención zona típica de Chanco (2000); Plano catastral demoliciones (Municipalidad de Chanco), Reclaiming Heritage Chanco (2010), Servicio de Salud Maule (2018).© Francisca Rocuant

Figura 8 Chanco, zona típica. Terremoto 2010, período de emergencia. 

La emergencia y la respuesta inmediata dejaron como herencia una serie de vacíos que se alternaron con algunos edificios en pie. Estos, al estar solos, no fueron capaces de retener el valor que se les otorgó como inmuebles de interés histórico y parte de una zona típica. Junto a esto, gran parte de la población se relocalizó dentro del pueblo pero fuera de la zona típica y a veces en la periferia, debilitando aún más el área central del poblado.

La municipalidad estableció un plan de reconstrucción que incluía varios proyectos estratégicos (Figura 9). Sin embargo, algunos propietarios comenzaron la re-construcción antes del plan de manera semiirregular. Adicionalmente, a través de la gestión de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, se construyó un importante número de viviendas con estándar de subsidio que rescataban las tipologías tradicionales de corredores y fachada continua, dentro de lo que permitía el limitado financiamiento de los subsidios.

Fuente: Plan Regulador Urbano Chanco (2010); 27F-Proyecto construcción de viviendas patrimoniales zona típica de Chanco etapa I-II-III (PUCV, 2014), Arias Arquitectos (2014).© Francisca Rocuant

Figura 9 Chanco, zona típica. Terremoto 2010, período de reconstrucción. 

El caso de Chanco muestra cómo, a pesar de que existen medidas de reparación para los edificios más monumentales de valor histórico, el patrimonio doméstico o no monumental queda descuidado, aun en el caso de los conjuntos protegidos. Después de una catástrofe, la atención pública se concentró en las pérdidas materiales y los esfuerzos colectivos se focalizaron en respuestas inmediatas a la emergencia. Sin embargo, se prestó poca atención a las consecuencias que estas acciones tempranas tendrían en un plazo más largo, ignorando el potencial de extender la utilidad de los recursos materiales y energía invertidos a los procesos más prolongados de reconstrucción. En este caso, la pérdida generalizada de un valioso patrimonio construido se produjo de manera casi desapercibida tanto por el caos de la rápida demolición propia del estado de emergencia como por la influencia de las prioridades prácticas de reconstrucción de los meses y años posteriores. El proceso no logra la resiliencia, ya que no se logró preservar, restaurar y mejorar las estructuras físicas y, con ellas, parte de la identidad cultural del pueblo.

Lecciones: anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse

Los dos casos analizados, pese a ser muy distintos, presentan ciertas similitudes en sus procesos, que no lograron ser resilientes. En ambos la búsqueda de respuestas inmediatas y basadas en la ‘resistencia’ a futuros riesgos - desde el punto de vista de lo material - tuvieron un impacto en el largo plazo, principalmente en aspectos sociales como equidad, segregación, acceso a servicios, ruptura de redes y pérdida de identidad. La reconstrucción, así como cualquier intervención sobre la ciudad, es un acto político5. Es posible ver que tanto en Constitución como en Chanco se privilegió un enfoque tecnocrático con énfasis en soluciones repetibles y basadas en la construcción de viviendas de interés social dentro del sistema subsidiario, en lugar de una visión más integral de los asentamientos que superpusiera variables físicas, ambientales, socioeconómicas y culturales. Quizás uno de los efectos más complejos que se repite en ambos casos es la relocalización de comunidades fuera del centro de la ciudad, generando nuevas áreas de expansión y fraccionamiento del tejido social-urbano, lo que afectó principalmente a los grupos más vulnerables. Esto es algo que se repitió en otras ciudades afectadas por el 27F, principalmente en zonas costeras o centrales, donde las áreas que quedaron vacantes son las más cotizadas por el turismo y los inversionistas.

Desde un punto de vista positivo, la experiencia del 27F llevó al gobierno a modificar algunos sistemas y estrategias existentes - como las alertas de emergencia -, a mejorar los estándares de vivienda, y a la creación de planes urbanos (Wagemann, Greene, 2019). Como puede verse en los casos estudiados, se crearon planes de reconstrucción que buscaban mejorar la situación existente antes del evento del 2010, teniendo diversos resultados. En las ciudades costeras se crearon medidas estructurales, como paseos marítimos y viviendas elevadas (Khew et al, 2015:329), resultando en un mayor desarrollo de zonas turísticas, pero en una falsa sensación de seguridad en las viviendas que, aunque elevadas, aún están expuestas a un tsunami.

A partir de la experiencia, también se mejoraron los estándares de las viviendas transitorias luego de que las mediaguas utilizadas debieron ser impermeabilizadas, evidenciando que su calidad no se condecía con el nivel de desarrollo del país (ONEMI et al, 2018). Las nuevas casas transitorias son más grandes, con mejores materiales y con módulos sanitarios, pero aún requieren incluir una perspectiva de asentamiento, ubicándose en relación a vías de transporte y equipamiento, y mejorando su gestión y administración (Wagemann, Moris, 2018:523). Estas falencias son evidentes en las viviendas transitorias construidas en zonas de riesgo, en el caso de Constitución, y en cómo el período de transición no permitió mantener algunos rasgos principales de la zona típica, perdiéndose parte de su valor, en el caso de Chanco.

Por otro lado, aún se necesita un mayor entendimiento del importante rol de la planificación para la resiliencia y desarrollo futuro. Se hicieron esfuerzos para desarrollar los Planes de Reconstrucción Estratégica Sostenible (PRES), los Planes de Regeneración Urbana para ciudades interiores (PRU), los Planes de Reconstrucción de Bordes Costeros (PRBC) y los planes de emergencia para cada región y municipio. Sin embargo, estos planes son indicativos y no forman parte de la estructura oficial de los instrumentos de planificación territorial (Moris, Walker, 2015:107), teniendo poco efecto una vez pasado el período de rehabilitación. Por ejemplo, en el caso de Chanco, la falta de planificación o protección de áreas urbanas, o la falta de cumplimiento de las indicaciones contenidas en estos instrumentos, en algunos casos significó el desplazamiento de familias de los centros históricos por la especulación inmobiliaria. Por otro lado, aún no se ha definido una ley de costas que limite la construcción en zonas de inundación por tsunami y tampoco se ha definido una forma clara y mandatoria para incorporar los mapas de multirriesgo y multiamenza en los instrumentos de planificación territorial.

Finalmente, el sistema de subsidios para la construcción de vivienda social, descrito como ‘subsidio a la demanda’, ha sido adaptado para la entrega de vivienda a los afectados en caso de desastres. Este sistema ha sido exitoso en la producción cuantitativa, pero no en su impacto urbano, caracterizándose por una provisión desigual de servicios e infraestructura. Como se puede ver en los casos presentados aquí, las viviendas construidas generan nuevas áreas de expansión que no tienen necesariamente el equipamiento mínimo y, en el caso de poblados de interés histórico, la capacidad de estos subsidios se ve limitada por las prioridades prácticas del proceso.

Para lograr la resiliencia no sólo se debe planificar la forma de resistir a los eventos - que, según los pronósticos, serán más frecuentes -, sino también anticipar al futuro. Una vez que nos hemos visto enfrentados a catástrofes, debemos reconstruir de forma adaptativa en busca de mejorar la situación existente antes del evento, disminuyendo los riesgos futuros, pero también preservando y restaurando la identidad de las ciudades y poblados. Para esto, la integración de los procesos es fundamental, donde las soluciones temporales pre y posdesastre forman parte de un ciclo de gestión del riesgo, permitiendo el desarrollo sustentable de nuestros asentamientos.

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2Según conceptos desarrollados por Lance H. Gunderson, especialmente en su trabajo con Crawford S. Holling (2002).

3Este concepto ya era señalado en Lindahl (1996), siendo retomado por Lewis (2001) y Lieser (et al, 2006).

4Esta recuperación temprana involucra restaurar la capacidad de las instituciones y comunidades para recuperarse y evitar recaídas, como se señala en CWGER (2008).

5Así lo señalan Berroeta, Carvalho, y Di Masso (2016), citando a Salgado (2014).

1Los autores quisieran agradecer al Fondo de Investigación Interdisciplinaria II160031 de la Vicerrectoría de Investigación UC y el apoyo para la investigación proporcionado por el CEDEUS, ANID/FONDAP 15110020. También deseamos agradecer a Mariana Andrade, Francisca Rocuant y Joaquín Cerda por su participación en el levantamiento de datos y dibujo de las cartografías presentadas en el presente artículo.

6The authors would like to thank the Interdisciplinary Research Fund II160031 of the Uc Vice-Rectory for Research and the support for research provided by CEDEUS, ANID/FONDAP 15110020. We also wish to thank Mariana Andrade, Francisca Rocuant and Joaquín Cerda for their participation in the recollection of data, and in the drawing of cartographies presented in this article.

7According to concepts developed by Lance H. Gunderson, especially in his work with Crawford S. Holling (2002).

8This concept was already pointed out in Lindahl (1996) and further developed by Lewis (2001), and Lieser (et al, 2006).

9This early recovery involves restoring the capacity of institutions and communities to recuperate and avoid relapses, as noted in CWGER (2008).

10As stated by Berroeta, Carvalho, and Di Masso (2016), citing Salgado (2014).

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Elizabeth Wagemann Arquitecta y magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile (2005). MPhil (2012) y PhD in Architecture (2017), University of Cambridge, Reino Unido. Es coautora de Disaster risk reduction including climate change adaptation for housing and settlements (Routledge, 2017). Ha sido investigadora en University of Cambridge, CEDEUS y CIGIDEN. Actualmente es profesora asistente en la Universidad Mayor, Chile.

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Renato D’Alençon Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master in Architecture, Cornell University, y doctor, Technische Universität Berlin. Es autor de los libros Acondicionamientos (Ediciones ARQ, 2008) y Eingewanderte Baumeister / Constructores Inmigrantes (DOM Publishers / Ediciones UC, 2014). Actualmente es investigador, subdirector académico y profesor asistente en el Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía de la Escuela de Arquitectura UC.

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Margarita Greene Arquitecta (1973) y magíster en Sociología (1988), Pontificia Universidad Católica de Chile. PhD, University College London (2002). Ha liderado numerosos proyectos de investigación y consultorías a nivel nacional e internacional y es autora de un gran número de publicaciones académicas. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Arquitectura UC e investigadora principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).

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