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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) v.34  Santiago  2001

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942001003400009 

 

BRAVO QUEZADA, CARMEN GLORIA. La Flor del Desierto. El Mineral de Caracoles y su impacto en la economía chilena. Ediciones Dibam-Lom, Santiago, 2000. 150 págs. Colección Sociedad y Cultura.

Este es un interensantísimo estudio de conjunto sobre una faena minera argentífera de mediados del siglo XIX. La autora circunscribe su labor dentro de la historia económica, destacando la omisión de los estudios económicos de los centros productivos importantes en la historiografía chilena. Sus hipótesis de trabajo buscan establecer las causas del ascenso, desarrollo y declive de la explotación minera del asiento de Caracoles, destacándose las interrogantes relativas: (i) al alto número de pertenencias mineras constituidas (10.000 aproximadamente) y (ii) las relativas al agotamiento mineralógico, como consecuencia de la explotación intensiva en pequeña escala, o bien, de una inversión productiva descuidada.

Sin embargo, el objeto de su investigación es precisar el origen de la "manifiesta especulación bursátil" (p. 15) nacida alrededor del yacimiento y el origen de 50 sociedades constituidas en Valparaíso y Santiago, especialmente si se considera que el yacimiento estaba en territorio boliviano a la fecha de su descubrimiento y desarrollo (1871-1878). Por lo mismo, los enfoques que dará al trabajo son el geográfico-geológico; el descubrimiento y desarrollo del asiento minero; un examen de la legislación minero boliviana vigente en esa época, con énfasis en tópicos de política minera; el estudio de las sociedades anónimas inversoras y los aspectos de gestión, producción y comercialización de dichas empresas.

Sus fuentes son básicamente primarias, dándole mucho valor a las informaciones de prensa (fuentes periodísticas). Al analizar fuentes jurídicas, la investigadora asume los riesgos inherentes a estas: (i) dar por establecido la veracidad de las informaciones que en ellas se consignan, así como también (ii) subentender la plena vigencia, en dicho tiempo, de sus disposiciones. Por lo tanto, a menos que pudiéramos confrontar dichos datos con otras fuentes, la explicación histórica es fluida y correcta, puesto que las premisas sobre las que se fundamenta necesariamente conducen a las respuestas alcanzadas.

Un mérito sobresaliente de esta obra es el uso intensivo de la estadística como método de acopio de los datos que emanan de dichas fuentes y su exposición. Todas las afirmaciones y explicaciones históricas están fundamentadas en esa impecable estadística. La lectura de los gráficos y cuadros comparativos ya nos demuestra un paciente trabajo de investigación en las fuentes y un logrado manejo del objetivo de la investigación. Asimismo, otro mérito no menor, es el hecho de que esa misma estadística es precisa, algo tan difícil de entender al público general que solo desea "informarse" y no "agobiarse" con un libro de historia económica. Los rasgos propios del trabajo científico no por eso deben perder de vista el arte que toda obra humana envuelve.

En cuanto a la bibliografía, se han utilizado los textos doctrinales bolivianos que se encuentra a nuestro alcance, y aun muchas obras desconocidas. La autora especialmente ha seguido un texto del viajero francés Brésson y un relato vivencial del minero Felipe Labastie.

a. Política y legislación minera

Sin perjuicio de los temas generales que se tratan en esta obra, solo quisiera referirme particularmente a los temas jurídicos analizados, puesto que tocan un viejo planteamiento teórico de la historiografía chilena minera. Una parte de esta ha asignado un rol relevante a la institucionalidad jurídica como factor decisivo en el desarrollo de muchos centros productores mineros chilenos1. Este trabajo fundamenta una de sus interrogantes iniciales en ese mismo sentido.

En este capítulo (pp. 59-68) la investigadora analiza la política minera boliviana de principios del siglo XIX, poniendo énfasis en el esquema tributario que afectaba a los mineros de la plata, obligados a la venta de sus productos al Estado y pagados con monedas de baja graduación a la oficial ("corbatones"), obligaciones que cesaron en 1872 al eliminarse ambas cargas (p. 61). El acento en esta parte de la política minera, se expone indagando el fenómeno de la inversión extranjera, que en este caso está asociada a la presencia de capitales chilenos en Caracoles. Aun cuando se logró la libre exportación de la plata, la inestabilidad política del período actuó en contra de dicha inversión por la feble seguridad en los derechos, concesiones y privilegios otorgados a extranjeros (chilenos). Especialmente grave fue la revisión de dichos actos por los sucesivos gobiernos bolivianos, particularmente los derechos mineros en Caracoles. Finalmente, la clase gobernante adoptó ideas "liberales", a juicio de la autora, en este tema (p. 63).

Luego se estudia someramente la legislación minera boliviana. Se destaca la continuidad y vigencia de las Ordenanzas de Nueva España. Al dictarse el Código de Minas, de 1852, se mantuvieron los principios regalistas en la legislación, como acertadamente lo entiende la autora.

El Código de Minas de 1852 es objeto de un análisis económico, examinándose las normas sobre libre denunciabilidad, libertad para constituir derechos mineros ("catear, descubrir y registrar minerales" (p. 64), bajo la figura de la concesión y su triple significado: título, derecho real y terreno mismo (denominado "estaca") y obligación de amparo o trabajo efectivo de las minas (también conocido como "pueble"). El incumplimiento del trabajo efectivo originaba el instituto del "denuncio" o "despueble", por el cual se podía perder la concesión. Resumidas las características del núcleo dogmático del Código de Minas de 1852, la autora efectúa un análisis de sus defectos (pp. 65-68). Al citado Código atribuye "la razón y el origen de la inestabilidad en la posesión minera en Caracoles" (p. 65) por la conflictividad judicial a que dio lugar. Las críticas a dicha ley se resumen en: (1) la insuficiencia del terreno concedido, (2) el derecho de internación en labores ajenas siguiendo la veta, (3) la obligación de señalar el rumbo de la veta para determinar la orientación de la concesión, y (4) el denuncio por desamparo que obligó a prórrogas para su plena vigencia jurídica. Esto conlleva al concurso de habilitadores y la constitución de sociedades de habilitación y a la concentración de concesiones "a manos de empresas con mayor poder de gestión" (p. 68).

En este sentido, la lectura primaria de un código minero, sin conocer la dinámica jurídica que lo envuelve, puede conducir a respuestas aparentes.

En general, ninguna legislación minera del siglo XIX, a lo menos en Hispanoamérica, ha dejado atrás a su predecesora, la legislación española. Por ello, no debe extrañar a los historiadores la pervivencia de los principios e instituciones jurídicas mineras en los primeros códigos mineros hispanoamericanos. Aunque la autora acertadamente reconoce esta característica, parece creer que es indeseable (p. 64). Y esto, quizá, es perder un poco la óptica –y esta es una opinión muy personal–, pues el análisis de un pasado, aun el próximo, está muy contaminado por aquello que queremos ver y no por aquello que es. En ese sentido, así como las faenas mineras del siglo XIX respondían en sus formas de trabajo, precisamente, a una tradición (un trabajo manual, individual y donde la mentalidad empresarial estaba lejos de ser un objetivo), en el ámbito jurídico sucedía igual cosa.

Por la misma razón, también ha existido siempre un permanente interés fiscal de que los yacimientos mineros se exploten. La misma autora ha comprobado este interés cuando describe el fenómeno de los corbatones. Por lo tanto, en general, debo acotar que la mirada económica que Carmen Gloria Bravo hace de las disposiciones del Código de Minas de 1852 es adecuada y tiene razón en mucha de sus conclusiones, pero no puede atribuirle un carácter tan decisivo a la legislación al estudiar el desarrollo de Caracoles, porque en eso hay un sesgo del presente: una creencia muy arraigada, especialmente en el mundo minero de que la legislación es omnicomprensiva. Se ha constatado que el desarrollo del mineral de Caracoles implicó permanentes conflictos con las disposiciones del Código citado (amparo, extensión territorial, etc.), pero las causas de un mayor desarrollo productivo de las pertenencias se cruzan con las tecnológicas y las financieras, y aun las estructurales (por ejemplo, la falta de un ferrocarril desde Antofagasta a Caracoles para asegurar el embarque de la producción, como lo deja establecido la investigación).

La legislación puede contribuir a generar un mejor escenario para el desarrollo de proyectos mineros, pero estos últimos y su concreción están más ligados a factores extrajurídicos. Y esta breve prevensión debo hacerla porque el criticado código minero de 1852 es la fuente más próxima de nuestro primer Código de Minas (1874) y porque, conforme a mis investigaciones, también fue un factor importante en la eliminación del amparo por el trabajo a partir del Código de 1888, en Chile, ya que su "aplicación" (conflictos) habría demostrado la inviabilidad del sistema. ¿Qué aporta este trabajo a la historiografía minera jurídica?: un cúmulo de antecedentes concretos de conflictividad en la aplicación del Código de Minas de 1852 y una respuesta histórica: "El espíritu financiero primó sobre el cálculo empresarial" (p. 124), por lo que parte de la política minera actual debería incorporar esta premisa: para quienes invierten en minería, especialmente los chilenos, históricamente han importado más las ganancias rápidas que un esfuerzo emprendedor persistente.

b. Caracoles, una muestra de nuestra mentalidad económica

El descubrimiento del mineral encontró a Chile en una época de bonanza, en que se acentuó la tendencia al desarrollo de la esfera mercantil y financiera, por sobre la producción, la que se orientó a la exportación (p. 69). Los recursos provenientes de dichas exportaciones habrían servido de base al fenómeno de la "especulación bursátil incontrolada" (p. 68). Primero, la autora identifica tres factores que favorecieron esta última actividad: (a) el fuerte crecimiento del sector financiero (nuevos bancos y con ello la expansión del crédito), (b) la falta de información "real" sobre la actividad minera que daba lugar a "rumores fantasiosos", recogidos por la prensa de la época, y (c) la proliferación de vetas que abrió el campo para la constitución de miles de pertenencias, cuyas posibilidades reales de explotación y beneficio eran ignoradas. Esto habría generado un enorme interés por ser partícipe de la nueva riqueza a todo nivel, creándose numerosas sociedades, especialmente sociedades colectivas y en comandita y, más tarde, sociedades anónimas. Estas últimas predominan en Valparaíso y Santiago. El modelo comanditario fue el preferido, pues admitía la existencia de socios capitalistas sin injerencia en la administración ni en el giro de la sociedad, cuya participación se expresaba en "acciones" y que limitaban su responsabilidad al capital invertido.

Este modelo permitía la transferencia de dichas acciones por valores desmesurados, que actuaba en forma paralela a la transferencia de "barras" sobre las minas, generando altas expectativas sobre el valor final, cuando se produjeran los resultados. Especialmente esto se hizo patente en la venta de barras a las sociedades anónimas, pues estas últimas se crearon sin aportes de derechos mineros en su constitución. La especulación en el futuro valor de las acciones hacía que el espiral creciera, pues las compras no siempre fueron pagadas en efectivo sino en participaciones sociales. La autora se detiene en el análisis de los objetos sociales: denunciar, comprar y explotar minas; la formación del capital: la mayoría con "barras" y no en efectivo (ejemplo: 60,85% contra 39,15%, respectivamente (p. 83); la rápida suscripción de acciones y quiénes eran los accionistas.

Enseguida se analizan el tema de las rentabilidades y el proceso de vida societaria, con el análisis de cuatro sociedades, donde destaca la petición de créditos bancarios, a cuenta futura, y la estipulación de venta obligatoria a ciertas casas comerciales, lo que generaba una concentración de recursos. En todas las sociedades, el circulante no fue invertido en la explotación minera. Aun así, hasta 1875 hubo buenas utilidades (p. 89). A partir de entonces, los precios de las acciones cayeron dramáticamente y, por ende, hubo grandes pérdidas y disminución del capital propio.

Es en este momento cuando la autora singularmente se traslada a la realidad de la explotación. A fines de 1872, de 600 vetas registradas solo 30 estaban trabajando por efecto del costo de provisiones y transportes, la escasez de trabajadores, las discrepancias entre los administradores de las sociedades y los accionistas en cuanto a las operaciones y la transacción de los derechos mineros (pues se había suspendido la vigencia del amparo por el trabajo). A fines de 1872 se reactivó la producción. Además, la coexistencia de la administración y operación de las minas estaba encargada a un administrador nombrado por los dueños de las barras y un encargado del Consejo Directivo de la sociedad. Por las limitaciones en terreno para la explotación, producto de las exigencias legales, se formó la Junta Central de Administración que agrupaba a varias sociedades, y con ello, grupos de pertenencias. Así se lograba la producción a escala y el pago de los gastos. La intensidad en la explotación, sin embargo, solo llegaba hasta los 45 metros, pues allí bajaba la ley del mineral y se abandonaba la faena. Los socios no respondían por su cuota y eran citados judicialmente. Asociada a la ley mineral, la producción más rentable estaba relacionada con los medios técnicos (p. 104). La explotación tradicional incluía: barreteros, apires, chancado y clasificación manual.

La habilitación minera estaba a cargo de las casas comerciales que suministraban dinero para insumos y compraban la producción, restándole, a lo segundo, los préstamos mensuales que les hacían (p. 110). Finalmente, se analizan la producción y el nivel de precios, los que disminuyeron por la abundante oferta californiana y la venta argentífera alemana (monedas de plata), con lo que se completa la mirada económica de la explotación del mineral de Caracoles.

Estos dos aspectos que he resumido sucintamente son los análisis más importantes que desarrolla la investigación de Carmen Gloria Bravo. Si bien se completa el estudio con el análisis de aspectos geográficos, demográficos y políticos, las notas altas de su estudio se centran –a mi juicio– en estos dos temas.

LUIS ORELLANA RETAMALES

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1   Julio Pinto Vallejos. "Chile minero: una historia de esperanza y decepción", en: Pinto et al. Ignacio Domeyko, José Tomás Urmeneta y Juan Brüggen, tres forjadores de la minería nacional. Santiago, Instituto de Ingenieros de Minas, 1993, 23.

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