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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) v.35  Santiago  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942002003500005 

HISTORIA, Vol. 35, 2002: 63-89

Baldomero Estrada*

LA HISTORIA INFAUSTA DE LA INMIGRACIÓN
ESPAÑOLA EN CHILE A TRAVÉS DE LOS CONFLICTOS
COMERCIALES Y POLÍTICOS**


ABSTRACT

In Chile, European migration did not occur on the massive scale observed in American countries on the Atlantic coast. The migrants in our country did not resolve the need for cheap manpower as they did in other places.

The majority of migrants arrived in Chile in a spontaneous way, without any contribution from the government. Spaniards formed the most numerous community of Europeans at the beginning of the twentieth century and they kept this status through the years.

We know normally, about those immigrants that have had a successful experience as migrants, that means people that come to Chile as a young poor boys and finally they become rich men. But, we want to study the situation of all those immigrants that had to affront adversity and discover some of the problems that they had suffered as foreigners in our country.

INTRODUCCIÓN

La colectividad española para el siglo XX constituyó el grupo migrante más importante que se estableció en nuestro país, una vez que el Estado, a fines del siglo XIX, inició su política para atraer colonos europeos. Aunque sabemos que la migración europea en nuestro país fue reducida, es conocido el aporte relevante tanto en el plano social como económico y cultural. De acuerdo a la información censal disponible desde 1895, los españoles asumen la hegemonía como colectividad extranjera desplazando a los anglosajones que anteriormente predominaban por su relevante papel en el quehacer económico internacional y, por consiguiente en nuestro país, por su posición estratégica privilegiada en la ruta del Estrecho de Magallanes. Es sabido que en general los migrantes de Europa lograron posicionarse en nuestra sociedad, y obtener perceptibles éxitos en su quehacer económico con lo que experimentaron un notorio ascenso social vertical que los situó rápidamente en posiciones expectables socialmente. Sin embargo, esta situación que corresponde a la realidad de un grupo importante de personas que vinieron hasta nuestras costas no puede asumirse como el resultado general de todos los migrantes que se aventuraban en la empresa de conquista americana, iniciada por millones de ellos a fines del siglo XIX, impulsados por los conflictos políticos, económicos y bélicos que aquejaban al Viejo Continente.

Es comprensible, hasta cierto punto, que la historia recoja de preferencia las situaciones exitosas y resalte las metas logradas. Empero, el fenómeno migratorio no es únicamente un proceso que inequívocamente conduce al éxito material y la consecución de un estatus social apropiado. En verdad, en términos cuantitativos, proporcionalmente fue una mayoría la que no logró obtener los resultados esperados, y eran muchos los que regresaban sin obtener los objetivos trazados; también eran muchos los que solo pasaban una mediana subsistencia y en algunos casos ni siquiera eso.

En un intento por conocer un poco más a fondo el proceso migratorio, y desde una perspectiva diferente, hemos estudiado la situación de la colectividad española, deteniéndonos en aquellos aspectos que muestran la faceta infausta que también hace parte importante de la empresa migratoria. De alguna manera hemos querido humanizar el proceso migratorio entendiendo que la ruta seguida por los migrantes fue dura para aquellos que alcanzaron el éxito, pues debieron enfrentar adversidades que no siempre las sufrían los nativos. Esos debieron enfrentar los caciquismos políticos, muy fuertes sobre todo en los pueblos pequeños; la soledad, las dificultades y la impotencia, que muchas veces venció a algunos. Encontramos también diversos casos judiciales que recogen los daños irreparables acontecidos a los afectados, como estafas o querellas que vulneran sus intereses económicos, su integridad moral, o provocan negativas consecuencias en su salud y estado de ánimo. Están también los cientos de comerciantes damnificados por saqueos durante revueltas populares, huelgas, revoluciones y conflictos armados internacionales afectados por elevadas pérdidas que en algunos casos nunca pudieron recuperar.

Por último, es importante señalar los conflictos internos en los que se vieron envueltos los españoles, donde, además, podemos advertir en toda su potencialidad las peculiares características que mostraban los peninsulares con su pasión, vehemencia y tesón para defender sus posiciones; características que explican muchas veces algunos problemas que tuvieron con las autoridades que no estaban acostumbradas a contar con ciudadanos que contraargumentaran, sobre todo en el modo que lo hacían los hispanos.

CONFLICTOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Considerando que la mayoría de los hispanos desempeñaban diversas actividades comerciales, estaban por lo tanto expuestos a situaciones conflictivas, propias del mundo de los negocios. Se trata de conflictos sobre sus relaciones con las autoridades, clientes, o con otros comerciantes. La situación de ser extranjeros daba una connotación especial a estos comerciantes, siendo este distintivo un factor en contra como también a favor, dependiendo de las circunstancias.

La mayoría de los conflictos llegaron a los tribunales de justicia y fueron informados a los representantes diplomáticos españoles, en procura de obtener algún tipo de ayuda o protección, según fuera el caso. Algunos de esos litigios no afectaron mayormente la actividad de los involucrados, pero también hubo casos en que la situación repercutió hondamente en las actividades de los afectados, y condujo a su ruina económica. Conocer algunos casos específicos nos podrá ilustrar adecuadamente de las variadas formas que podían mostrar los conflictos para quienes ejercían el comercio y en especial cuando los comerciantes eran españoles: Basilio Giron y Caballero, comerciante de Arica, con motivo de celebrarse el centenario de la independencia nacional se aprestó para estar bien abastecido para la ocasión, especialmente en licores, para la crecida demanda que auguraba una especial celebración social que habitualmente se traducía en fiestas muy generosas en libaciones. Sin embargo, sus proyectos fueron desbaratados por la intervención de la fuerza pública por orden del Gobernador que se apoderó de 24 bultos que contenían vino y dejaron una guardia permanente de policías impidiendo todas las ventas para, posteriormente, clausurar el local el día 21 de septiembre.

El afectado acudió al ministro de España el 17 de septiembre, explicando la situación en que estaba desde hacía dos días. El representante español, por su parte, hizo saber el hecho al Ministro del Interior quien le respondió que habiendo solicitado aclaración a las autoridades de la localidad, le parecía que estas habían actuado en forma apropiada. El Gobernador de Arica sostuvo que Girón mantenía un negocio clandestino con venta de licor a los trabajadores del ferrocarril, giro comercial que estaba absolutamente prohibido. La Municipalidad, a fin de evitar desordenes, había decidido clausurar negocios, y en este caso tomar 26 sacos de licores varios que fueron entregados a los Tribunales de Justicia1. El 11 de octubre, nuevamente, Giron se dirigía al embajador en una extensa carta en que entrega mayores detalles sobre su situación. Hace notar que los otros establecimientos análogos que existen en el lugar han vendido y siguen vendiendo no solamente vino sino toda clase de licores sin que con ninguno de ellos se hubiera actuado en forma similar como se hizo con él. Como antecedente importante hacía hincapié en que el Gobernador era compadre de Julio Fuenzalida que posee un negocio de la misma naturaleza del suyo y a muy poca distancia. Finalmente hace referencia a ciertos celos antiespañoles que se evidencian de parte de las autoridades, pues, si él hubiera sido inglés, chileno u otra nacionalidad cualquiera, menos español, no habría tenido que lamentar la flagrante injusticia que le significaría postergar sus compromisos comerciales con sus habituales abastecedores2. Al parecer el conflicto se detuvo allí, o al menos hasta ahí llegó la participación de la Legación española.

Guillermo Fiol, comerciante, radicado en San Bernardo, se queja al embajador de ser víctima de los abusos de la autoridad local. Sostiene que en momentos que expendía chicha para afuera se presentaron tres guardias impidiéndole vender licor, pese a estar autorizado para ello. Al siguiente día se le intentó tender una celada, viniendo un policía a comprarle vino en un vaso para llevarlo, a lo cual accedió entendiendo que con ello no cometía ningún delito, pero de inmediato llegó la policía y lo hizo concurrir ante el juez. A continuación llegó el Inspector de Patentes para proponerle le diese 10 pesos, comprometiéndose a solucionar el problema con el Primer Alcalde. A continuación concurrió el propio Alcalde para informarle que debía pagar una multa de 41 pesos. Apeló Fiol al embajador para que intercediera a liberarlo del pago de dicha multa3. El Jefe de la Policía entregó su propia versión de los hechos que era absolutamente diferente a la de Fiol. El policía afirma que el comerciante había sido sorprendido vendiendo licor para el consumo en su local e incluso se sabía que salían los clientes en estado de ebriedad. Un Inspector llamó la atención al propietario sobre tal infracción, pero este reaccionó injuriándolo y amenazándolo con balearlo. Luego el Jefe de Policía envió dos agentes de civil para que comprobaran el expendio de licor y el delito fue confirmado, dándose cuenta del hecho al Juez del Crimen. Por último el Alcalde concurrió para notificarle que se le había impuesto una multa de 41 pesos y en caso de no pagar su local sería clausurado4.

En múltiples situaciones como la precedente, en que las versiones son absolutamente encontradas, era muy difícil para las autoridades diplomáticas continuar con las disputas luego que existía un pronunciamiento de las autoridades ministeriales que habitualmente eran muy expeditas en conseguir la información requerida de las autoridades locales. En ocasiones incluso, en conocimiento de los antecedentes de sus connacionales, optaban por evitar involucrarse, conscientes de la fogosidad y ligereza de genio de que hacían gala algunos de los españoles en el ejercicio de sus labores como comerciantes. Tal es el caso siguiente.

En Mejillones, en el local perteneciente al español Francisco Barbolla, de 30 años de edad, se produjo un acto de agresión en contra de un cliente que resultó con diversas heridas. La esposa de la víctima hizo venir a la policía, que resultó repelida por el propietario quien se subió al techo de su local disparando a la policía y enarbolando una bandera española. Posteriormente el acusado injurió y amenazó al Subdelegado, aunque esto fue en respuesta a los insultos que el Subdelegado le profiriera. Alcanzó a estar algunos días en la cárcel, pero finalmente fue liberado5. Años después, al parecer, intentó llevar a cabo un juicio en virtud de algunas pertenencias que le fueron incautadas en la cárcel, y solicitó al vicecónsul de España en Antofagasta, de parte del Embajador, la información sobre el afectado y su conflicto con la policía. El Vicecónsul restó importancia a los reclamos de Barbolla, confirmando su reacción exaltada ante la policía y opinó que lo mejor que debía hacer era callarse y aprender para lo sucesivo6.

Francisco Fernández, connotado comerciante de San Javier, recurre al Ministro español en procura de asesoría legal frente a un problema suscitado con el médico sanitario de la ciudad. Luego de una extensa introducción en que relata los diversos entreveros que ha tenido con el facultativo por el extremo celo profesional que le ha aplicado en todos sus negocios, se detiene finalmente en el asunto que le afecta como propietario del nuevo teatro que ha construido en la ciudad y en el que por disposiciones legales debe permitir el acceso gratuito a los mejores asientos al Gobernador, Alcalde, Inspector de Impuestos Internos, Inspector de teatros, Jefe de carabineros y representantes de la prensa, como también el Médico Sanitario que ha pedido que se le den tres libres accesos para tres inspectores que él nombrará aparte de otros dos correspondientes para él y otro médico. Como Fernández considera que ello era un abuso, solicita al diplomático le informe de la legislación pertinente en el particular7.

Con fecha 3 de enero de 1930, el embajador Marqués de Berna se dirige al Ministro de Bienestar Social haciéndole ver una queja que le ha llegado desde Linares, de parte de Juan Bisbal, quien le solicita ayuda ante la intervención de la fuerza pública para quitarle libros de contabilidad y documentos mediante un descerrajamiento de puertas y ventanas, tienda y domicilio. Agrega el afectado que ha concurrido al Juez del Trabajo quien no le ha prestado mayor atención8. La respuesta del Ministro de Bienestar Social sostiene que no se ha cometido ninguna arbitrariedad y que solo se ha tratado de exigir el estricto cumplimiento de las leyes sociales vigentes en el país9.

Antonio Caro Migrorance, de profesión albañil, casado, decidió invertir sus ahorros en un hotel restaurante en Santiago, siguiendo los pasos de muchos de sus compatriotas que habían tenido éxito en el ramo. Lamentablemente, una secuela de infortunios provocados por abusos de las autoridades locales determinó que su experiencia como comerciante fuera nefasta, terminando en la indigencia, debido a haber perdido más de 50.000 pesos oro en su empresa y debiendo experimentar diversos atropellos que incluso lo tuvieron en la cárcel. El relato que hace el afectado desde el momento que inició actividades se traduce en continuas intervenciones de funcionarios públicos que, al parecer abusando de su autoridad, impusieron a Caro el pago de ocho partes debiendo ir a la cárcel por 100 días ante el no pago del último parte por la suma de 500 pesos. Al mismo tiempo debió pagar coimas a policías e inspectores y aceptar que constantemente retiraran licores, incluso en horas de la madrugada. Durante los días que estuvo en prisión fue saqueado su local y el arrendador lo lanzó a la calle porque Caro no poseía los recibos de arriendo correspondientes, que se extraviaron cuando fue saqueado el hotel. Como consecuencia de todo esto, Caro quedó en la indigencia y se dirigió al Ministro para pedirle ayuda, o que lo recomiende a la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Todo el proceso tardó un año y cuatro meses10.

En ocasiones en algunas localidades pequeñas en las que los conflictos comprometieron a toda la colectividad, como es el caso de lo que ocurrió en Molina, que ante la agresión que sufrieron dos compatriotas fue la colectividad la que protestó ante el embajador, solicitando se reclame ante el Ministro del Interior. Los hechos, según los migrantes, acontecieron con ocasión que Francisco del Río y Francisco Montes, ambos comerciantes, paseaban por la plaza del pueblo en la noche y fueron ofendidos por el Gobernador de Lontué quien llamó a un policía para que los detuviera y fueran llevados al cuartel en donde continuó insultándolos. Se agrega que Francisco del Río presentó a la Corte de Talca una acusación en contra del Gobernador. Se hacía notar que era una persona seria y que en sus diez años de residencia jamás había faltado a las autoridades y ha tenido una conducta intachable11. Por posterior documento se infiere que se votó el desafuero del Gobernador, pero no fue acogido, lo que fue interpretado por los españoles residentes en Molina como una simple decisión política que no tuvo ninguna consideración de los hechos acaecidos12. Por su parte la Legación informa que solo corresponde acatar el fallo de los Tribunales13.

Fue común también que se produjeran constantes conflictos entre patrones y empleados. Es sabido que era habitual, en el caso de los establecimientos que pertenecían a migrantes, se privilegiara para contratar trabajadores a aquellos que pertenecían a su propia colectividad. No era extraño que, muchas veces, los propios comerciantes cuando requerían ayuda, trajeran desde España a jóvenes que eran parientes, o del pueblo que pertenecían y que deseaban migrar. Estos nuevos migrantes tenían donde acogerse, conocían el negocio para luego iniciar sus actividades en forma independiente, a pesar de que el salario era muy bajo pero con una economía de subsistencia y mucho esfuerzo podían lograr el propósito. Y aunque se establecía una relación muy familiar entre dependiente y propietario no fue extraño que en ocasiones explotaran los conflictos, y los afectados llevados a los Tribunales de Justicia, como es el caso de los siguiente ejemplos.

Ramón Artigas, a quien suponemos de nacionalidad española, aunque nunca lo manifiesta explícitamente, se queja ante el Ministro de España que habiendo dejado voluntariamente su trabajo como administrador del Hotel Colón de concepción, por diferencias con su propietario, este le ha retenido su equipaje en forma indebida. Acude a la autoridad diplomática para que enmiende la situación14. El embajador solicita al Vicecónsul de Concepción los antecedentes del caso. A vuelta de correo le envía la versión que le entregó el propietario del hotel, el español Sebastián Comenzana. Según el propietario, el denunciante estuvo trabajando como cantinero por un período de ocho meses con un sueldo mensual de 120 pesos y habiendo llegado a trabajar con un capital de 30 pesos. Su salida no fue voluntaria, sino que fue despedido por abuso de confianza, robo y sustracción de licores. Como antecedentes, Comenzana informa que el dicho empleado al dejar de trabajar en el hotel había contraído un préstamo, según recibo, por la suma de 600 pesos; además, tenía 15 libras esterlinas y algunas monedas argentinas; se había confeccionado cuatro ternos de un valor de 120 pesos cada uno y había adquirido además otras prendas de vestir como sobretodos, sombreros, corbatas, etc. Por otra parte, mantenía a una mujer a quien pagaba para su sostenimiento. En resumen, Comenzana evaluaba el robo de su cantinero en 2.500 pesos, habiendo notado que no se habían incorporado en caja varios vales que habían sido cancelados por los deudores15.

Otra situación que afectó a un empleador español y que llegó a los Tribunales corresponde al caso de Manuel Castells M. en Temuco. Castells escribe al Ministro solicitándole su intervención personal, por cuanto un ex empleado, Eloy Villegas, interpuso juicio por cobro de horas extraordinarias, y sobre dicho juicio se han producido tres fallos que ha significado un incremento del dinero a pagar desde el primer fallo de 350 pesos, pasando por 1.500 y terminar con 5.110 pesos. Hace mención que el último fallo fue instigado por alguien a quien él no quiso pagarle coima. Termina su carta dejando constancia que lleva 23 años en el país, y que ha debido cerrar el negocio en vista de fuertes pérdidas y además está inhabilitado por causa del juicio pendiente16. El Embajador solicita información a Sixto Plana sobre el asunto como Encargado del Viceconsulado de España en Temuco17. Responde el Encargado haciendo ver que dados los antecedentes del caso, era insostenible que el empleado Villegas haya efectivamente trabajado las horas que reclama, considerando las horas diarias en que estaba abierto el negocio, como también considerando el libro de firmas que mantenía el propietario en determinado período de trabajo del denunciante. Sin embargo, el Vicecónsul hace notar que, a pesar de sus deducciones, sería muy aventurado pronunciarse sobre un error del fallo del tribunal y, por lo demás, se debía considerar que los tribunales fallaban en conciencia18.

Diferente es el caso de Nicanor Botella y Puga, tipógrafo madrileño, de 66 años, empleado en la Sociedad Imprenta y Litografía Universo. Botella sostiene que en abril de 1928 todos los jefes de sección hicieron una petición para acogerse a la Ley de Empleados Particulares habiendo sido él la única persona excluida y que posteriormente pese a sus reclamos su salario semanal fue reducido de 195 pesos a 150. Acude ante el Embajador de España solicitando ayuda19.

Julio Álvarez de la Granda se quejó ante el Ministro español, a través de una carta de su esposa, que como vendedor viajero había efectuado unas ventas por cuenta de los "Vinos Casa Blanca" y no le habían sido pagados sus honorarios, habiendo transcurrido dos meses sin poder pagar el arriendo de la vivienda que ocupaban20. La Legación diplomática hizo las averiguaciones pertinentes y la Viña aludida contestó que no tenía ningún problema en cancelar el dinero adeudado al Álvarez siempre y cuando este diera cuenta de la suma de 1.400 pesos que habría recibido de parte de un comerciante en Los Andes. Álvarez negaba haber recibido dicha cantidad. El Cónsul aclaraba que el matrimonio español no estaba inscrito en el Consulado21.

El expediente siguiente corresponde, al parecer, al de un estafador estafado. Aníbal Labarca F., corredor de propiedades de Santiago, solicitó al Ministro de España le recomendara un abogado en Madrid para que le defendiera en un pleito por calumnia que se había originado allí, con efectos en Chile. Efectivamente, el Ministro le recomendó un abogado al que Labarca le envió $200 para que iniciara su defensa, los que posteriormente trató de recuperar al saber que los honorarios del profesional ascendían a 3.000 pesos. Sin embargo, pese a su insistencia no logró su objetivo y rogó al Ministro su ayuda para recuperar el dinero22. El motivo de la preocupación de Labarca era un impreso firmado por Joaquín Just Lloret, periodista español dirigido "a la colonia española en Chile y a los chilenos de corazón" donde informaba de una venta que había realizado Labarca en representación de un chileno, Eduardo Comas, que se fue a España, quien no estaba autorizado a vender, según disposiciones legales, por razones de edad y a quien Labarca dio a cambio una cantidad menor que la conseguida en la venta. Just terminaba su escrito advirtiendo "Compadeced, pues, a Eduardo Comas, que vegeta en España como puede; pero guardaos de Labarca Feliú y de su nunca bien ponderada Bolsa de Propiedades"23.

Diego Viudez Pérez, identificándose como español procedente de Almería, en tono muy afligido, se dirige al Embajador de España, por habérsele acusado de tratante de blancas. Hace notar que la acusación es absurda, por cuanto él está casado y solo se trataba de una venganza con ánimo de obtener dinero; que no es un delincuente, por el contrario, es un hombre de trabajo lo cual puede acreditar con documentos entregados por personas que le conocen. Le ruega, al Embajador, le consiga una amnistía "para quedar libremente en esta tierra, porque como digo soy casado y no podría por nada de este mundo abandonarla... quiero probar con hechos lo que digo con la pluma, de que soy hombre enteramente de trabajo y mis deseos son trabajar honradamente como es de costumbre. Por lo tanto, suplícole de rodillas al Ilustrísimo Marqués de Berna concederme esa gracia que irá a librarme de una muerte segura; júrole por Dios no haber cometido jamás tal delito como S.E. podrá probar"24. Al parecer su carta no tuvo acogida, pues cuatro meses después insiste con vehemencia haciendo referencia a juicios anteriores, todos injustos. Señala en esa ocasión que está preso por violación a la ley de residencia y que ello se debe a que el Jefe de la Sección de Seguridad es enemigo personal suyo y lamenta tener que dejar abandonada en la miseria a su esposa y busca protección ya que "se siente herido en su dignidad de hombre honrado y es por eso que clama justicia y piedad ante la maldad humana, para aminorar en parte la triste situación en que se halla"25. No se puede negar que la elocuencia del solicitante es impresionante e inclina a la compasión. Sin embargo, los antecedentes aportados por la policía, a petición del Ministro de España, revelan que se trata de un delincuente consuetudinario, con un amplio y sorprendente prontuario en relación a su edad. Tenía detenciones por robo, amenazas de muerte, facilitar la prostitución, tráficos ilícitos, hurto. Por otra parte, no estaba clara cuál era su nacionalidad, ya que se identificaba, indistintamente, como chileno, español y también argentino, y al parecer, esta última era su verdadera nacionalidad, pues en Argentina figuraba como acusado de infractor a la Ley de Reclutamiento26. Vinculado al tema de la prostitución aparece otro antecedente aportado por un padre preocupado por su hija de 18 años que se fugó de la casa y, según noticias que tiene, estaría en una casa muy sospechosa en Lautaro. El padre solicita la ayuda del representante español, para que tome cartas en el asunto27.

Para quienes mantenían hoteles podía suceder que se vieran en aprietos a causa de los huéspedes que recibían. Tal es la situación que afectó al Hotel Fornos en Iquique y que, en cierta forma, involucró a toda la colectividad española. Víctor Domingo Silva, destacado escritor chileno, había realizado fuertes acusaciones en contra de la Municipalidad, la Policía y la Justicia de menor cuantía de Iquique. En su paso por la ciudad se alojó en el Hotel Fornos donde habitualmente se reunían miembros de la colectividad española. El 13 de julio de 1913 entraron al hotel cuatro individuos armados de garrotes y revólveres dando gritos e insultos en contra de Silva que para esa fecha ya había dejado la ciudad. Sin embargo, los atacantes, ante la ausencia de su objetivo principal, orientaron sus acciones hacia España y los españoles, ante lo cual los presentes, pertenecientes a dicha nacionalidad, los rechazaron e intentaron expulsarlos del local, cosa que solo se logró a los ruegos y llantos de la esposa del dueño del local, en ese momento ausente. Posteriormente se hicieron las acusaciones pertinentes en los Tribunales competentes identificándose a los responsables, que por la noche en un mitin improvisado, en la plaza de Iquique, denunciaron a los españoles como adherentes a Silva, profiriendo todo tipo de insultos y amenazas en su contra, para a continuación dirigirse en grupo al Hotel Forno, en donde estaba esperándolos el Intendente que logró disolver la manifestación. El Vicecónsul hace notar que Víctor D. Silva al llegar a Iquique e iniciar su campaña contra las autoridades fue festejado por un numeroso grupo de jóvenes españoles y además que el mismo día domingo del ataque al hotel, durante la mañana, hubo un desfile de los empleados del comercio que estuvo presidido por empleados españoles celebrando el haber conseguido el descanso dominical. A la manifestación se habrían agregado grupos extraños quienes vocearon algunas vivas al poeta Silva. Concluye el Vicecónsul que de estos dos hechos y de haberse hospedado Silva en un hotel español, los exaltados habían deducido que la colonia se manifestaba partidaria del poeta, lo cual resultaba enteramente antojadizo28.

Otra variable de problemas que podían enfrentar los comerciantes era los que se suscitaban con los propios socios, cuando decidían establecer un negocio con esa modalidad. Camilo Cornide González, habiendo regresado a Chile, luego de 13 años de ausencia, decidió asociarse con la viuda Melania Castro en una bodega de frutos del país. Sin embargo, al poco tiempo surgieron desentendidos cuando Clemente Cárcamo, un supuesto pensionista de la Castro, pretendió sacar dinero del negocio para sus gastos. Cornide pidió la disolución de la sociedad quedándose él con el negocio y pagándole a su ex socia 4.000 pesos. Pero ocurría que la viuda Castro tenía el negocio en sociedad con un tal Ignacio Jiménez que la demandó por vender sin su participación. A su vez Melania Castro demandó a Cornide, desconociendo la venta y haciéndole cargo de 15.000 pesos por utilidades de la sociedad. Como resultado de las gestiones de su ex socia, Cornide fue conducido a prisión encontrándose enfermo. Pasado el interrogatorio del juez, fue dejado en libertad, siguiendo su curso la querella interpuesta. Tal situación llevó a Cornide a solicitar el amparo del Ministro de España29.

No fue raro que ante los malos resultados comerciales, algunos migrantes desaparecieran en forma intempestiva sin dejar rastros de su presencia; tan solo quedaba el malestar y la sorpresa de algunos deudores. Es el caso de M. Peales que intentó fundar una casa de consignación en Santiago, sin capital y sin contar el crédito adecuado. Como los negocios no prosperaron no prosiguió sus operaciones, abandonando la ciudad sin que nadie supiera de su destino. Quedaron algunas deudas pendientes, incluido el alquiler del local que ocupaba en calle Estado30. Esta información la entrega el Embajador a requerimiento del Centro de Información Comercial del Ministerio de Estado adonde seguramente se consultó por el paradero de Peales.

Antonio Campano Mora se queja de haber sido estafado por un grupo de compatriotas en la ciudad de Talca y además denuncia que el Vicecónsul no lo defendió por cuanto se había negado a pagarle los diez pesos anuales que cobraba a todos los residentes en su jurisdicción. Pide al Ministro de España en Chile le ayude a solucionar su problema con la ayuda del nuevo vicecónsul que tienen en la ciudad31.

Una situación parecida se planteó con Julián Ferreiro y Hernández, carpintero, que constituyó una sociedad con otras tres personas, aportando cada uno 50.000 pesos. Ferreiro desapareció con el dinero reunido y nunca más se supo de él. Desde el Ministerio de Estado consultaban por él, pero la embajada no poseía información del susodicho, que al parecer se había ido en dirección al norte32. Similar situación experimentó Rafael Ruiz, establecido en Valparaíso y dedicado al corretaje de productos nacionales. Se fugó dejando una deuda de 25.000 pesos y por la información que se tenía se dirigió a Buenos Aires. El Noticiero Español, periódico de la colectividad, al entregar la información, consignaba lo doloroso que les resultaba entregar este tipo de noticias, pero concluía: "no es menos cierto que nuestra seriedad y honradez se imponen y ya que no puedan afectar, como no afectan al buen nombre de la colonia, conózcanse al menos aquellos que a la sombra de respetable agrupación, aspiran a denigrarla con hechos tan bochornosos como el realizado por Ruiz"33.

Entre los más importantes inmigrantes españoles que habían logrado acumular un importante capital como fruto de sus esfuerzos y trabajo continuo, encontramos también circunstancias conflictivas que les llevó a los tribunales de justicia, dañando seriamente sus actividades comerciales. Un caso paradigmático fue el que afectó a Francisco de Caso Muñiz que poseía una de las casas distribuidoras más importantes de Valparaíso, ya que tuvo que enfrentar la quiebra del Banco Español en su calidad de presidente, debiendo además entregar sus propios bienes en garantía34. Esta causa trajo serios trastornos para De Caso porque tuvo que sufrir la prisión y la larga espera del proceso que se prolongó por cerca de cuatro años, período durante el cual estuvo declarado reo sin poder desempeñar ninguna actividad por encontrarse la causa pendiente35. El cuerpo diplomático en pleno se movilizó en ayuda del afectado al momento en que se supo se fallaría el proceso, haciendo ver las reconocidas cualidades de De Caso e insistiendo en que le correspondió asumir una responsabilidad institucional que enfrentó responsablemente en virtud de su honorabilidad aunque ello le significara su ruina económica y la merma de su salud. El propio Embajador, Marqués de Berna, se dirigió al Presidente de la Corte Suprema intercediendo por el afectado y haciendo notar que se trataba de "una de las personas más honorables de esta colonia, pero su exceso de bondad lo llevó a la situación en que hoy se encuentra, acusado de responsabilidad por la quiebra de la antiguo Banco Español de Chile, viejo, enfermo y arruinado, es digno de toda consideración y merece todo amparo"36. El Presidente de la Corte le responde que se ha impuesto de la situación y que pondrá especial atención en su estudio37.

Otro conflicto importante, en que se vio implicada una empresa proveedora de electricidad, se desarrolló en Quirihue (Talca). Andrés Abad, ciudadano español, denuncia ser estafado con daños de pérdida de 200.000 pesos. En 1924 compró en sociedad con Pío Donoso la empresa eléctrica que entregaba servicios eléctricos a la Municipalidad. Sin embargo, la Municipalidad siguió pagando los servicios a los antiguos propietarios, Raurich Hnos., argumentando que el contrato había sido firmado con ellos. Sucesivos problemas con las autoridades que llevó incluso al embargo de la empresa pusieron en situación delicada la posición de Abad, que no lograba un pronunciamiento adecuado de los Tribunales de Justicia, aunque apeló al mismo Ministro de justicia informando del asunto. Para el afectado tal situación solo se explica en razón de la implicancia que tienen en el caso importantes líderes políticos de la zona que son "amigos y terror por consiguiente de jueces y Gobernadores y de todos los funcionarios públicos que los conocen disponiendo de altas influencias en los círculos de Gobierno. Nada puede hacer un modesto extranjero en este pueblo y así ha sido como la firma Raurich Hnos. me ha defraudado en cuatro años más de 200.000 pesos, que había logrado reunir en veinte años de trabajo, dejándome en la miseria con mis once hijos nacidos en Chile"38. El afectado también se dirigió al Presidente de la República según la carta que envía el Embajador español a un abogado cuya firma no permite conocer su nombre. El abogado al responder con fecha 30 de marzo de 1930 hace notar que Abad presentó su querella en junio de 1929, pero hasta la fecha no había sido cursada, lo que para el abogado era una expresión de que "no hay espíritu de hacer justicia", cosa que se explicaría por el hecho que los Sres. Raurich "han tenido la habilidad de complicar a su favor a las autoridades y personajes influyentes de esta localidad por lo cual el juez se ve cohibido de proceder". El abogado hace mención que han pedido un Ministro en Visita pero sin mayor fortuna por lo cual apela al poder del Embajador para que interceda ante el Ministro de Justicia39.

Uno de los problemas comunes a la actividad comercial eran los incendios provocados por los mismos propietarios a fin de cobrar los seguros comprometidos que tenían un valor superior a los daños provocados por los incendios. Sin embargo, había ocasiones en que la justicia lograba detectar anomalías y en tal caso las sanciones eran duras, como ocurrió con Gumercindo R., quien desde la Penitenciaría de Talca, cuenta su drama al Ministro de España, que considera injusto, y solicita indulto o relegación al territorio de Magallanes. Estaba condenado a una pena muy alta para la época, ya que le asignaron 10 años y sabemos que habitualmente en los casos de homicidios lo habitual eran cinco años y un día. El afectado lamenta que la ley determinara que los jueces actuaran en conciencia, haciendo ver que en su caso no existían pruebas que lo inculparan40.

CONFLICTOS POLÍTICOS INTERNOS E INTERNACIONALES

Tal como hemos podido advertir, la política es un factor importante en el desarrollo de la vida nacional y por consiguiente era común que los extranjeros se vieran afectados, sobre todo cuando se hacía uso de las influencias políticas en otros ámbitos, como por ejemplo el judicial. Este tipo de situaciones se expresaba, de modo más palmario, en pequeñas localidades, donde la estructura de poder se concentraba en un determinado grupo que dada la distancia del poder central veía incrementado su accionar y eficiencia. Aunque normalmente los extranjeros, y sobre todo los que ejercían como comerciantes, preferían no participar en política; sabemos de algunos casos en que sus inquietudes sociales-políticas e intereses económicos u oficios, los llevaba a inmiscuirse en el campo político. A continuación ilustraremos con algunos casos que nos muestran actuaciones en que los españoles se ven damnificados desde la perspectiva política.

Como es sabido, entre los oficios que más caracterizaron a los españoles que llegaron a Chile, desde el momento mismo de nuestra independencia política, estaban aquellos vinculados a la actividad periodística y a la editorial. Por ello era habitual, desde el siglo XIX, encontrarse con muchos españoles trabajando en imprentas, periódicos u otras tareas afines. Fue así como en pleno desarrollo de la Guerra Civil, de 1891, detectamos la única imprenta en manos privadas en Concepción que pertenecía al español Juan Castillo. La otra que existía pertenecía al Gobierno y editaba el único diario del pueblo, El Correo del Sur. El caso es que el Sr. Castillo fue amenazado por el Intendente de que la autoridad tomaría medidas enérgicas en su contra ante cualquier proclamación anónima que apareciera a la luz pública. Preocupado el afectado concurrió, en reiteradas ocasiones, al Vicecónsul para que este pidiera garantías al Intendente sobre su persona. El Vicecónsul creyó no poder ofrecerle las garantías que pedía porque se trataba de hechos juzgados y decidió poner en antecedentes del hecho al Embajador, solicitando su consejo en el asunto41. No sabemos cómo transcurrieron los acontecimientos en Concepción y tampoco conocemos si las amenazas del Intendente tenían alguna base sobre situaciones precedentes, pero sin duda se sabía del valor que tenía una imprenta como arma política y era conveniente para la autoridad, al menos precaver situaciones engorrosas para su facción política.

La actividad periodística afectaba de diversas maneras a quienes se desempeñaban en ella. Así, Santiago Pulgar, que oficiaba de dibujante en el periódico La Comedia Humana, de propiedad del italiano Lacquaniti, fue víctima de un asalto por haber sido el autor de una caricatura grosera del Presidente y su esposa. Pulgar solicitó ayuda a la Embajada pero esta se abstuvo por no estar inscrito como ciudadano español en los registros consulares. El propietario del matutino también fue asaltado y por similares razones tampoco contó con la protección de la Legación italiana42.

Otra desgracia afectó a José Rivera, poseedor de un taller de imprenta en Vallenar, que fue destruido por el terremoto de 1922; catástrofe que le impidió continuar editando el diario que tenía y solo pudo mantener un informativo de pequeño formato. Luego cayó enfermo. Agobiado por la pobreza, solicitó al Ministro de España, sin obtener resultados, la suma de mil pesos para enfrentar su enfermedad43.

Sin embargo, hubo algunos españoles que se mezclaron conscientemente en actividades políticas internas, creando con ello algunas dificultades a los representantes diplomáticos ante quienes llegaron las protestas de los políticos opositores.

Juan Lloveras, destacado habitante de Pisagua, líder en diversas actividades en beneficio del pueblo, publicó en 1896 una declaración que fue difusamente distribuida, en apoyo de la candidatura presidencial de Federico Errázuriz. Lloveras justificó su posición sosteniendo que llevaba en el pueblo más de veinte años de constante trabajo y sabía de manera cierta "quiénes eran los comilones gacetilleros que trataban de disfrutar del sudor del obrero, de ese gañán que vierte gotas de sangre para conseguir el sustento. Estos redentores ciudadanos son los que disfrazando la verdad y olvidándose de la patria, se venden por un vil metal". Si bien reconocía que por su calidad de extranjero no debía intervenir en la contienda política creía necesario hacerlo en virtud de "las gratuitas ofensas que le hacen aquellos que no saben reconocer sus servicios a ese pueblo"44. Recuerda que "sin su intervención en favor de Pisagua durante la pasada guerra civil no encontró en nadie resistencias sino aplausos", y por consiguiente no podía negársele ahora el derecho a simpatizar con un candidato que creía firmemente haría bien a Chile. Los partidarios de la candidatura de Vicente Reyes, opositor a Errázuriz, protestaron a través de la prensa en Iquique como también ante el Viceconsulado. El Vicecónsul tuvo que hacer declaraciones de prensa, aclarando que Lloveras no estaba inscrito como español y por consiguiente él era personalmente responsable de sus actos y no le correspondía intervenir en el asunto45.

En Cauquenes nos encontramos con Luis Fernández, español y activo militante del Partido Radical, que en un día de elecciones tuvo un altercado con el cura del pueblo. El religioso, molesto con la situación, obligó al juez, que era miembro del Partido Conservador, a que vengara las ofensas que en público le hizo Fernández y lo tomara preso por sospecha del asesinato del Tesorero. Este hecho había acontecido hacía poco y la acusación era absolutamente absurda. Fue necesario posteriormente darle las explicaciones correspondientes al afectado. El mismo Fernández tuvo otro conflicto con el Jefe de Policía, también conservador, y solo se escapó de ir detenido gracias a la mediación de otros vecinos. La reflexión que hace el informante de los hechos es que "la causa de todo es el haberse metido Fernández muy de lleno en la política de estos pueblos, que uno como extranjero es con quien más cargan"46.

Una variedad en las actividades políticas la dejó Antonio Fares de Zúñiga, que fue denunciado por un trabajador de la Imprenta y Litografía Universo, en Valparaíso, por haber enviado a fabricar billetes de cinco y veinticinco pesetas a nombre del Gobierno Provisorio de la República Española, lo que para los diplomáticos españoles no era sino una vulgar estafa. Fares de Zúñiga fue detenido al intentar hacer una reunión en la avenida Brasil, que logró reunir una treintena de concurrentes, pero la mitad eran policías, que procedieron a la detención al no haber autorización para el mitin. Para el Cónsul "el hecho en sí es perfectamente ridículo, obra de un tonto con puntas y ribetes de bellaco y estafador vulgar"47. Y hacía notar la actitud de las autoridades porteñas, considerando que "la nación más amiga de la nuestra no hubiera dado mayores pruebas de buena y cariñosa amistad a nuestro soberano y a nuestras instituciones sobre todo teniendo en cuenta la libertad omnímoda de que aquí se disfruta para actos como el de referencia y la forma de gobierno de este país"48.

Otro suceso relativo a la vida política española se refiere a las acciones llevadas a cabo por los separatistas catalanes. A partir de 1924 se observa que en el Centre Catalá había surgido un grupo disidente, identificado con los grupos separatistas que lograron controlar la directiva de la institución. Se inició por una parte una lucha interna y simultáneamente una importante actividad pública en beneficio de la causa separatista catalana. Los representantes diplomáticos se dirigieron a las autoridades nacionales. El Presidente de la República, Arturo Alessandri, sostuvo que no se podía impedir que se publicasen ataques en periódicos y se pronunciasen discursos en las plazas públicas, porque "aquí la libertad de la prensa y la de la emisión del pensamiento eran omnímodas" y él mismo era víctima de ese principio, ya que diariamente era duramente atacado por sus adversarios. Los activistas catalanes aprovechaban los actos políticos nacionales de grupos de izquierda para promover su causa, como por ejemplo en las elecciones presidenciales de 1925, cuando apoyaron, junto con comunistas y socialistas, la candidatura del doctor Salas. Una de las fórmulas que se usaron para desbaratar las actividades de los catalanes separatistas en la Plaza de Armas fue hacer coincidir sus mitines con presentaciones de la banda que con su ruido hacía imposible escuchar los discursos de los revolucionarios. En otra ocasión, para evitar enfrentamientos entre los españoles, la policía actuó en forma cautelosa, despojando a los manifestantes separatistas de sus banderas identificatorias en los desfiles de los trabajadores nacionales. La autoridad española tenía identificados a tres líderes: José Abril, propietario de una confitería; Jesús Palou, camisero y a un tal Godo que tocaba el violón en los teatros y tenía a su cargo la revista catalana Germanor49.

En ese mismo 1926, el representante español en Chile, daba a conocer a sus superiores en Madrid, que había recibido la visita de un obrero español, Alberto Guzmán, que le dijo estar relacionado con los separatistas catalanes tanto de Chile como en Argentina, y que se había enterado de los planes que estos tenían para hacer estallar una revolución en España. Él deseaba evitar la conjura a toda costa. Por otro lado, hacía notar que estaba de viaje para Barcelona y París, por lo cual se ponía a disposición del Gobierno español como confidente. Entregó un documento que narraba los acuerdos logrados por los separatistas y las acciones a seguir para llevar a cabo la revolución en España. Desconfiado el Ministro no le concedió mayor importancia a los dichos de Guzmán y no se comprometió con él50.

Para 1928 se produjo nuevamente cierta efervescencia con el tema de los catalanes, cuando se anunció la visita del líder catalán Francisco Maciá, que venía de una gira muy anunciada desde la costa atlántica. Se difundió profusamente la llegada junto al poeta Gassel para el 23 de julio y se invitó al público, a través de una proclama, para ir a recibirlo a la Estación Central. Finalmente, Maciá fue detenido y expulsado del país por las autoridades desde Los Andes51.

La actuación de los anarquistas españoles en América es sin duda un capítulo importante de la participación política hispana en nuestro continente. Aunque no necesariamente todos los anarquistas que estuvieron en nuestro país podrían considerarse inmigrantes. Hubo algunos que vivieron en el país por un tiempo prolongado, aunque la filosofía misma del anarquismo impulsaba a sus cultores a deambular y no establecerse en ningún lugar en forma definitiva. La preocupación por las actividades políticas que desarrollaban como activistas políticos fue la especial preocupación gubernamental tanto en Europa como en América y por ello existió siempre un fluido intercambio de información sobre desplazamiento y comportamiento de líderes anarquistas que llegaban a nuestro continente. No es de extrañar que encontremos entre la información consular algunas solicitudes de parte del Ministerio de Estado español acerca de determinados anarquistas que estaban fichados y sobre los cuales se sabía su paradero e información básica elemental de las condiciones de vida que llevaban. En 1901 se envió una nómina de anarquistas de distintas nacionalidades a fin de obtener mayor información de ellos y en lo posible una fotografía actualizada. Entre los mencionados aparecen algunos españoles. En Santiago ubican a Ponciano Rico, carpintero que trabajaba en el Ferrocarril Estatal y padecía de epilepsia; Emilio Ibarra, confitero y licorero; José Boné, albañil con tres hijos que eran también anarquistas; Isidoro Estefano, primo de José Boné. En Tacna y Pisagua tenían identificados a Sebastián Sorolla, catalán, de bigotes, grueso y bajo. También Antonio Rotger, catalán, dueño de la zapatería "La Cubana"52. Fue cursada la petición por parte del Embajador a las autoridades chilenas, el 20 de febrero. Al cabo de poco más de dos meses el Ministerio del Interior chileno respondía a través del Ministerio de Relaciones Exteriores la información que se poseía sobre cada uno de los anarquistas que se habían identificado en Tacna y Pisagua. Acerca de Sorolla se informaba que no se sabía de él en la ciudad y en cuanto a Rotger sabían que había llegado a la ciudad en 1884 traído por Francisco Calvet para establecer un taller de zapatería, pero la sociedad que formaron posteriormente se disolvió, quedándose Rotger con el taller y lo regentaba hasta la fecha y era uno de los más reputados anarquistas de la ciudad53.

El 2 de abril de 1903, el Ministerio de Estado español comunica a su Embajador en Chile sobre ciertas noticias obtenidas de la policía judicial respecto a que un conocido anarquista, Eduardo Valor y Blasco, había viajado a Chile en el mes de enero. Se despachó una completa información sobre el personaje, indicando características físicas con detalle, oficio, haciéndose notar que ha tenido participación en movimientos anarquistas, por lo cual ha estado varias veces preso y se le considera un hombre de acción54. Por su parte el Embajador español transmitía dicha información in extenso al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile el 11 de mayo de 190355.

De otra parte, el Cónsul General de Chile en Madrid, ante las noticias que le llegaban de Chile respecto a la posible instalación de una oficina de reclutamiento de migrantes a Chile en Barcelona, se apresura a manifestarle al Ministro de Relaciones Exteriores para hacerle conocer sus aprensiones por considerar poco conveniente estimular la emigración catalana a nuestro país ya que "desde hace unos años existe en Cataluña y principalmente en Barcelona un foco de socialistas y anarquistas que viven en continua agitación, perturbando la marcha de la industria y con ese elemento, unido a nuestros obreros, no tardaríamos en ver reproducirse entre nosotros las huelgas y los desórdenes que Barcelona ha experimentado en diferentes ocasiones". Estima que sería más apropiada una emigración desde La Coruña y en general de la costa atlántica56.

Siendo efectivo que en algunos países latinoamericanos, como Argentina y Brasil, la participación de extranjeros en actividades políticas fue importante, la situación en Chile no tiene equivalente. Bien sabemos que, en este país, los extranjeros no constituyeron una masa laboral importante a la manera de Argentina. No obstante, se sabe de algunos casos en particular que tuvieron participación relevante, en algunos acontecimientos destacados como la huelga de Iquique, en 1907. El español Manuel de Vaca, que murió ametrallado en la Escuela Santa María. Su medio hermano, Antonio Ramón, que posteriormente atacó con un cuchillo a Roberto Silva Renard, responsable de las tropas que atacaron a los trabajadores iquiqueños. Ambos hermanos llevaron una vida política común, recorriendo varios países de nuestro continente para finalmente terminar en Chile, donde también murió Antonio Ramón, ajusticiado por su ataque a Silva57.

Más adelante, luego de la Revolución Rusa, se legisló en Chile en prevención de activistas políticos extranjeros, dictándose en diciembre de 1918 la Ley de Residencia, que permitía la rápida expulsión de extranjeros que "practicaran o enseñaran la alteración del orden social o político por medio de la violencia"o "propaguen las doctrinas incompatibles con la unidad o individualidad de la nación". En 1920 se aplicó esta ley a los españoles Manuel Peña, establecido en Iquique, y a Casimiro Barrios, que posteriormente regresó al país y murió en manos de la policía durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez. También fue expulsado un catalán de apellido Rusynol, Universo Flores y Francisco Rodríguez, que pereció en España en 1934 luchando por los asturianos58. En el caso de Peña, quien poseía una librería en Iquique, entre las razones de su expulsión, se le acusaba de Dedicarse a propagar ideas subversivas y vender panfletos que incitan a alterar el régimen actual por medio de la violencia59.

En contraposición a los casos precedentes están los de aquellos extranjeros que no deseaban por ningún motivo vincularse a actividades políticas, pero que en su condición de comerciantes exitosos eran apremiados por algunas agrupaciones políticas a fin obtener de ellos ayuda económica. Pedro Rico, propietario de la Empresa Eléctrica de Talagante, denunció los apremios a los que ha sido sometido por parte de un determinado partido político para conseguir un aporte económico para financiar la campaña de un candidato a alcalde de la ciudad. El enviado para tal propósito le hizo saber a Rico que si su candidato salía elegido las propiedades de todos sus opositores serían destruidas y ante la negativa obtenida se retiró haciéndole saber que ya había sido notificado de las consecuencias de su actitud. El empresario hace hincapié en que siempre se ha negado a tal participación ya que en su carácter de extranjero consideraba que no debía participar en nada de lo que a política se refería y menos en su condición de industrial que le exigía estar bien con todos. También manifestaba tener muy buena disposición para ayudar en tareas de bien colectivo y humanitario, o de progreso social y cultural, y como hacía ver su participación como creador de la banda de músicos, que actuaban en fiestas teatrales, kermeses benéficas, corsos florales, etc. Rico acude al Ministro de España en Chile solicitándole ponga en conocimiento de los hechos al Ministro de Relaciones para que ordene a quien corresponda "la custodia de la vida de su familia, la suya propia y el resguardo de sus intereses amasados en ruda labor sana y honrada, no interrumpida en sus treinta y cuatro años de residencia en Chile"60.

Otra situación, lamentablemente, común para algunas colectividades de extranjeros, fue la sospecha de considerarlos muy vinculados a la República Argentina, en razón de las relaciones existentes entre sus respectivas naciones con dicha República o por la fuerte migración de connacionales hacia el país vecino. Esta percepción se transformaba en un verdadero peligro para lo afectados cada vez que se producían conflictos entre Chile y Argentina. Sabemos que para los italianos estas circunstancias eran muy difíciles y provocó más de algún problema. A propósito de nuestro enfrentamiento con peruanos y bolivianos, hubo una gran polémica porque se sostuvo que en la defensa de Lima existió un escuadrón italiano, aunque la colectividad siempre lo negó, sosteniendo que la presencia italiana solo se manifestó con la concurrencia de los bomberos italianos, que colaboraron en su función de tales, pero no como parte beligerante en el conflicto.

Entre los españoles también hubo situaciones delicadas en relación con las tensiones diplomáticas entre Chile y Argentina. Al respecto existe un interesante testimonio del asturiano José Menéndez, uno de los más destacados inversionistas extranjeros en Chile de su época. Menéndez fue Vicecónsul de España en Punta Arenas por muchos años y sin duda tuvo una de las fortunas más importantes en la Patagonia chilena. Cabe hacer notar que Punta Arenas, por su posición geográfica tan directamente vinculada a Argentina, es una de las zonas más sensibles en los períodos de conflictos con esa nación, y por consiguiente en la región los habitantes viven de modo más directo y personal los acontecimientos que se producen, sobre todo si se refieren a disputas limítrofes.

En 1895, cuando efectivamente Chile se encontraba en una muy tensa relación con Argentina, Menéndez informaba al Embajador de ciertos problemas que se habían estado sucediendo en la ciudad y que afectaban a la colectividad. Ponía de relieve la sensibilidad desmesurada de las autoridades chilenas para descubrir "espías argentinos", como fue el caso contra el Vicecónsul de Uruguay que fue golpeado y acusado de pertenecer a grupos enemigos del país, por un italiano que oficiaba de Secretario de la Gobernación. Como resultado, el representante diplomático tuvo que renunciar a su cargo.

Por otro lado, se corría asimismo el rumor que un español, Victoriano Rivera, con veinte años de residencia en Chile, casado con chilena y de muy buena posición, en un viaje que realizó desde Montevideo a Punta Arenas habríase expresado de mala manera de los chilenos y bien de los argentinos, y por lo tanto se le apuntaba como enemigo, pese a que él negó semejantes acusaciones.

En su propio caso, Menéndez se vio en situación similar por haberse desempeñado como cónsul argentino entre los años 1887 y 1889, y lamenta que no se tenga en consideración el hecho de haber venido a Chile hacía 21 años; tener todos sus intereses radicados en este país; contar con una familia de ocho hijos, seis de los cuales eran chilenos; de haber sido llamado a desempeñar diversas comisiones honoríficas y de confianza y bien público por este país; de representar uno de los primeros capitales radicados en el país empleado en el adelanto de la industria y del comercio del país. Agrega que "cada día que pasa parece más y más cercano y eminente un rompimiento entre Chile y la Argentina, la situación cambia de especie. Un día, cuando menos se piense, puede aparecer la chispa y con ella traernos graves perturbaciones. Un día puedo hallarme yo o alguno de nuestros compatriotas a la vista de uno de eso acontecimientos desgraciados y brutales traídos por el populacho y que no son extraños en Chile"61. Afortunadamente, pese a lo cerca que Chile estuvo de un conflicto mayor con Argentina, la situación fue superada. Sin embargo, los problemas creados para los extranjeros, y especialmente para los españoles, en la misma región magallánica se mantendrían latentes, tal como lo afirmaba Menéndez en atención a determinadas reacciones populares absolutamente incontrolables para la autoridad. Testimonio de esto fue la odisea que tuvo que enfrentar un médico español en Puerto Natales en 1919.

Ildefonso Díaz Pereira informaba al Cónsul español en Punta Arenas que el 23 de enero de 1923 a eso de las 14 horas se sublevó la mayor parte de la población de Puerto Natales, con el premeditado fin de atacar las vidas y propiedades de algunos extranjeros residentes en la localidad. Avisado de la situación, Díaz decidió huir hasta territorio argentino, cosa que consiguió con grandes dificultades ya que se le hicieron múltiples disparos sin que por fortuna fuese alcanzado. Estimulada por el alcohol, la turba en total dominio de la situación, con enfrentamientos que dieron por resultado varios muertos y heridos, procedió al saqueo e incendio de varias propiedades, entre ellas el garaje del Hotel Última Esperanza, donde tenía parte de sus pertenencias como un automóvil y otros bienes como instrumentos de tipo profesional y ropa. Todo quedó destruido por un valor de 544 libras esterlinas. Acudió al Vicecónsul para que este procediera a estampar el reclamo ante el Ministro de España y este a su vez acudiera al Gobierno chileno para que se le reintegre el valor de los bienes perdidos62. El Vicecónsul, en su comunicación al Ministro de España destacaba que la víctima era persona de buenos antecedentes que trabajaba para la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, siendo asaltado "por haberse puesto del lado de las personas de orden"63.

Situaciones similares a las anotadas se reproducen en los casos de huelgas generadas como protestas ante determinadas alzas de precios, o por reivindicaciones salariales. El 21 de julio de 1890 hubo en Valparaíso una huelga que afectó a los trabajadores marítimos generando un desorden y saqueo incontrolable que se extendió especialmente hacia los sectores comerciales de la ciudad. Entre los negocios amagados figuraron varios de propiedad de españoles, como panaderías y casas de prestamos. Como ejemplo está el caso del establecimiento dedicado a préstamos con garantías de prendas, "La Bola de Oro", propiedad de Población y Pérez ubicada en calle del Barón. De acuerdo a la prensa "esas casas ofrecían mayor aliciente a los forajidos por los múltiples artículos que allí se depositan. Cierto odio germinaba también contra esos negocios"64. Efectivamente, las casas de préstamos no necesariamente gozaban del aprecio popular y como bien sabemos, mayoritariamente pertenecían a miembros de la colectividad española. En esa ocasión la Legación recibió cinco reclamaciones, pero el Gobierno de Chile no estuvo dispuesto a acoger el principio sostenido por los reclamantes, y por consiguiente a justificar indemnizaciones. En otros términos, el Gobierno no aceptaba ser responsable en cuanto a negligencia y omisión de medios posibles en la represión de los desmanes que sucedieron durante la huelga65.

En mayo de 1903, nuevamente en Valparaíso, estalló una nueva huelga, liderada también por los trabajadores marítimos, que terminó en desórdenes que se tradujeron en saqueos y enfrentamientos armados, con saldo de muertos y heridos. Los comerciantes en abarrotes fueron los más afectados, y aunque por pertenecer a italianos la mayor parte de ellos, no podríamos fehacientemente afirmar que los ataques a sus establecimientos expresaban actos de xenofobia, o algún tipo de rechazo hacia esa colectividad. Simplemente la poblada se interesaba en los comestibles, que era su necesidad más inmediata. Hubo sí algunos destrozos dirigidos, muy puntuales y explicables, como saqueos a casas de préstamos, que ya era habitual.

Igual experiencia se vivió en Santiago, en octubre de 1905, cuando se anunció el alza del precio de la carne; se produjeron manifestaciones que desembocaron en una protesta popular masiva en las calles, con la consiguiente destrucción de los establecimientos comerciales. En esa ocasión varios negocios de propiedad de españoles fueron saqueados. Inevitablemente surgieron las respectivas quejas ante el Embajador español para que procurara algún tipo de reparación de parte de las autoridades chilenas. El Gobierno chileno se manifestó prescindente y deslindaba su responsabilidad como se lo manifestó al Embajador ante un reclamo de Juan Ferrer por los daños y perjuicios resultantes de los desórdenes acaecidos en 1905: "El principio que en general sustenta el Gobierno de la República en esta clase de reclamaciones es el de que no hay responsabilidad para el Estado por los perjuicios causados a particulares, sean nacionales o extranjeros, con motivo de sucesos como los que tuvieron lugar en la capital.

Es un principio universalmente aceptado que, cuando ocurren en un país disturbios populares o conmociones internas, no es responsabilidad del Estado por los daños que, con ocasión de esta clase de trastornos puedan sufrir los nacionales o extranjeros.

Mas, aun cuando concurran circunstancias extraordinarias que puedan comprometer la responsabilidad de las autoridades, y, como consecuencia de ello, justificar una reclamación pecuniaria contra el Fisco, no es aceptable que los afectados se valgan de la vía diplomática para presentar sus reclamos, desentendiéndose del camino natural y expedito que señalan las leyes nacionales, cual es el de dirijirse a los Tribunales de justicia.

La reclamación por la vía diplomática, tratándose de daños pecuniarios sufridos por extranjeros, no es ni puede ser procedente sino en el caso de manifiesta denegación de justicia, y tiene, además, el inconveniente de crear situación privilegiada para los extranjeros con respecto a los nacionales que tienen, por lo menos, igual derecho para ejercitar las acciones que permitan las leyes del país"66.

Los conflictos armados, ya sean internos o internacionales, fueron también una modalidad con efectos negativos para los extranjeros. La guerra contra Perú y Bolivia trajo nocivas consecuencias para los españoles, sobre todo para aquellos que debieron soportar el paso de las tropas chilenas en su avance hacia territorio peruano. Los centenares de reclamos de españoles radicados en la zona norte, escenario de los desplazamientos y enfrentamientos, fueron mostrando los lugares por donde iba transitando el ejército chileno rumbo a Lima.

Una vez terminado el conflicto vinieron las negociaciones por parte de las diferentes Legaciones diplomáticas con el Gobierno chileno a fin de lograr algún tipo de compensación por los daños que recibieron los extranjeros a raíz del conflicto. Las negociaciones se prolongaron por varios años, en procura de una fórmula que satisficiera a todos los involucrados y teniendo que soportarse los cambios políticos que se sucedían en la política chilena, incluyendo una guerra civil, que hacía muy difícil mantener continuidad en los criterios y políticas a seguir. En un primer momento, el Gobierno chileno no estaba dispuesto a hacerse responsable de los daños provocados por el conflicto con Perú-Bolivia, como se declaraba en la Memoria de Relaciones Exteriores de 1892. En este caso correspondía la intervención de un Tribunal Arbitral. La Legación alemana recurrió a ese organismo y previamente realizó un meticuloso estudio de todas las reclamaciones presentadas, rechazando todas aquellas que no estaban bien fundadas y perfectamente probadas. Por esta vía se obtuvo aproximadamente el 30% de la suma solicitada. Otra modalidad se aplicó con los italianos, que presentaron, en un primer momento 117 reclamaciones, siendo rechazadas 106. Ante esto se abstuvieron de presentar las restantes 271 y llegaron a una transacción con el Gobierno chileno que indemnizó la suma de 300.000 pesos contra los 5.153.545 que sumaban las peticiones pendientes. El representante español creía que debido a que ellos tampoco habían efectuado una revisión de las reclamaciones, era conveniente llegar a un arreglo y pensaba que si obtenían a cambio 200.000 pesos lograrían una suma equivalente, conforme a lo solicitado en las reclamaciones, y lo logrado por las otras legaciones que habían aplicado dos modelos distintos67. Los reclamante españoles eran 57 y se concentraban en las regiones de los enfrentamientos, vale decir el territorio peruano.

Hacia 1893 el Embajador de España comunica a Madrid que las conversaciones con el Ministro de Relaciones de Chile habían llegado a establecer como fórmula de arreglo la creación de un Tribunal de Arbitraje, y quedaba para más adelante la discusión de la forma como operaría y se constituiría dicho organismo. El Embajador se refería a que la próxima entrevista con el Canciller chileno no se verificaría muy pronto ya que se encontraba acompañando al Presidente de la República que visitaba las provincias del sur del país y solo regresaría a principios de marzo. Además, alude a que las negociaciones de Italia, Alemania y Gran Bretaña están también detenidas y no habrá noticias hasta que termine el período estival68.

Dos meses después nuevamente dirige al Embajador español y sus autoridades en España, anunciando que se había constituido un nuevo Gabinete y que se había reunido con el Sr. Ventura Blanco Viel, nombrado Ministro de Relaciones Exteriores, y recurrido a él pidiendo una pronta resolución de la cuestión de los reclamos. La nueva autoridad respondió que necesitaba tiempo para poder interiorizarse del tema ya que le resultaba enteramente nuevo69. Al mes siguiente logró el Embajador reunirse con el Canciller chileno, enterándose que su posición significaba un cambio importante en las negociaciones, pues era partidario de una negociación directa, desestimando la vía del Tribunal de Arbitraje. El Embajador sostuvo que estimaba que podría ser una buena solución siempre que efectivamente fuera una fórmula rápida y así lo recomendaba a las autoridades en España, haciendo notar que en los dieciséis meses que llevaba en Chile había "tenido el honor de conocer a cinco Ministros de Relaciones Exteriores" y con cada uno de ellos había tenido que tratar nuevamente y desde el principio el tema de las reclamaciones. Finalmente, reflexiona que no se hace muchas ilusiones sobre el monto de dinero que se obtenga de la negociación, y en todo caso no podría servir de antecedente para sus pretensiones "el total formidable que arroja la lista de reclamaciones presentada al Gobierno chileno". Agrega que ha advertido que entre las reclamaciones "hay algunas completamente infundadas y otras muchas excesivamente exageradas". Termina diciendo que ha asegurado al Gobierno chileno que solo se apoyarían las reclamaciones que resultaren justas y probadas. La suma de las reclamaciones superaba los 3.000.000 de pesos70.

El 26 de abril de 1894 el embajador anuncia de la constitución de un nuevo Gabinete, quedando como Canciller M. Sánchez Fontecilla, con quien, luego de varias entrevistas, logró diseñar una fórmula de arreglo que significaba el otorgamiento de 190.000 pesos. El embajador estimó apropiada la proposición, considerando lo que había ocurrido con las otras naciones reclamantes. El convenio estableció que quedaba a disposición del Estado español la distribución que se hiciera del dinero71. Las autoridades españolas en Madrid aprobaron la fórmula propuesta y a fines de mayo de 1894 firmaron el acuerdo; en representación de España, el Duque de Arcos, José Brunetti y Galloso y por Chile el Canciller Mariano Sánchez Fontecilla72.

En abril de 1895 asumía como Ministro de España en Chile, Salvador López Guijarro, a quien le correspondió efectuar todos los trámites de distribución del dinero asignado. Una de las primeras tareas que enfrentó fue la revisión de los 57 expedientes con los reclamos interpuestos por los afectados contra las tropas chilenas en su avance hacia el Perú. López denuncia que esa documentación había permanecido por doce años en los archivos, "sin que se hubiera intentado depurar la verdad de las demandas, entre las cuales saltaba a la vista que había muchas exageradas y temía que algunas eran falsas". Se explica tal situación al deseo de llegar a un convenio de acuerdo entre ambas partes, y luego de aceptado el acuerdo, correspondería la distribución equitativa y justa de la cantidad pagada entre los interesados, para lo cual debía iniciar la revisión de los expedientes73. Al cabo de tres meses terminó sus informes, calificando su tarea como "harto penosa", en consideración de la confusión de datos, declaraciones y documentos, que él consideraba, en su mayor parte, sin fuerza ni validez74.

Posteriormente se comenzó a pagar a los afectados, pero se vislumbraron algunas irregularidades en los pagos, tanto de las indemnizaciones referentes a las reclamaciones de la guerra contra Perú como también de las correspondientes a la guerra civil. Por el tenor de la correspondencia que se enviaba al Ministro López, quedaba claro el descontento de las autoridades españolas en Madrid, ya que allí no recibieron nunca el detalle de los montos que correspondía a cada reclamante y si recibieron algunos vales de cancelación. A lo anterior se sumaron otras irregularidades, como el incendio del local en donde funcionaba la Legación, todo lo cual determinó que se decidiera relevarlo del cargo y nombrar en su reemplazo a José Llavería. Cuando Llavería llegó al país en octubre de 1900 se enteró que su antecesor se había embarcado subrepticiamente, siendo detenido en Montevideo. En sus primeros informes, Llavería hace notar que el ambiente que se vivía al interior de la colectividad tenía las características de escándalo y denuncia el desorden burocrático existente en la Legación, en donde ningún funcionario estaba enterado de los asuntos de la institución. Explica que ha tratado de bajar la tensión creada y no se inmiscuirá en los asuntos privados de su antecesor, haciendo referencia a los préstamos que solicitó a última hora, las deudas que dejó, los abusos cometidos en el uso de las franquicias aduaneras, etc.75. A continuación López fue acusado de malversación de caudales públicos y puesto en prisión preventiva76. Había recibido la cantidad de 578.000 pesos para distribuir y retuvo 117.994, equivalente a aproximadamente 7.800 libras esterlinas. Después fue necesario analizar la situación de las reclamaciones que no habían sido satisfechas y aquellas a las cuales solo se les había pagado en forma parcial lo que les correspondía77.

La Guerra Civil de 1891 trajo severas consecuencias a los bienes y propiedades de extranjeros residentes en el país. Hubo una reacción inmediata de las colectividades damnificadas, que canalizaron sus protestas y peticiones de reparación a través de sus respectivas Legaciones diplomáticas. El Gobierno chileno, en este caso, asumió la responsabilidad establecida por el Ministro Errázuriz y mantuvo las conversaciones con los representantes diplomáticos a fin de llegar a un acuerdo aceptable para todas las partes por la vía del arbitraje, o por acuerdo bilateral. Sin embargo, las negociaciones fueron muy largas, debido a la inestabilidad de los Ministerios chilenos y la suma de dinero obtenida estuvo lejos de lo que sumaban los montos estimados en las decenas de reclamos presentadas. Los españoles reclamaban 1.257.276 pesos; los italianos 601.538 pesos; los suizos 100.000; los portugueses 98.500 pesos; los franceses 64.305 pesos; los alemanes 37.268 pesos; ingleses 22.300 pesos; otros 5.060 pesos78.

Los efectos de la Guerra Civil para los extranjeros fueron nefastos: daños causados por los enfrentamientos; los provocados por las tropas en actos de saqueo cuando entraban a alguna ciudad; los desórdenes y saqueos populares luego del triunfo de los opositores a Balmaceda y las diversas medidas que adoptaba la autoridad transgrediendo las leyes vigentes, en procura de resguardar el abastecimiento o facilitar los desplazamientos de las tropas. Así como ocurrió en Concepción cuando se impidió el zarpe de naves cargadas de trigo con destino al Perú, suscitando serios trastornos a toda la actividad marítima mercantil que fundamentalmente estaba en manos extranjeras. Eugenio Ibiñaga, capitán de la barca española "Alfredo" concurrió ante el Vicecónsul de Concepción para referirle que el 11 de junio de 1891 fue notificado por la autoridad respectiva que debía suspender el embarque de trigo conforme a la licencia y póliza despachada en la aduana de dicho puerto: Además, los perjuicios que significaban mantener la nave por más días en el puerto; por consiguiente, él no se hacía responsable de los gastos que origine dicha estadía79. Un mes y medio después aún persistían los problemas de embarque ya que aparece un reclamo similar al anterior, de parte de Ubaldo Blanes, propietario de un molino que se ha visto complicado al no poder embarcar 16.000 hectolitros de trigo en dirección al Callao. Protesta, porque según dice ha observado que otros navíos han zarpado y hace responsable al gobierno para que asuma las responsabilidades por los perjuicios que resulten de la medida adoptada80.

Los reclamos hechos por el Gobierno español en representación de los miembros de la colectividad debieron esperar un tiempo prolongado, aunque no tanto como lo fue en el caso de la Guerra contra Perú-Bolivia. Por lo demás, se sabía que el Ministro Blanco no encontraba justificadas las pretensiones de los gobiernos europeos ni tampoco creía que el Gobierno chileno tuviera responsabilidad de los daños reclamados y solo continuaba en negociaciones por respeto a la palabra empeñada por el anterior ministro, Isidoro Errázuriz Errázuriz81.

En 1894, el Embajador informaba al Ministerio de Estado que ha estado preocupado paralelamente de las negociaciones relativas a las reclamaciones españolas correspondientes a la guerra chileno-peruana y las relativas a la revolución. En cuanto a los reclamos por los daños provocados por la revolución, hace ver que ante esa situación hay dos alternativas de solución. La primera estaría estableciendo un Tribunal de Arbitraje, que le pareció poco apropiada ya que consideraba que no conviene por considerarla una solución larga, costosa y de pocos resultados. En cambio se inclina por la segunda alternativa que sería a través de negociaciones directas que la aprecia como más provechosa para la nación y también para los reclamantes. El diplomático, opina que en todo caso, conviene esperar un poco de tiempo, a fin de conocer cómo se desarrollan las negociaciones con los otros países, y así poseer mayores antecedentes, a partir de esas experiencias. Finalmente, pide un pronunciamiento de parte del Ministerio de Estado sobre cuál de las modalidades de solución le parece más apropiada, si la demora de unos meses con la esperanza de un arreglo directo o la reclamación inmediata ante un Tribunal Arbitral82. El mismo día que el embajador escribía a Madrid, el Canciller chileno le enviaba una nota al embajador español referente a las reclamaciones respecto a la guerra contra Perú, en el que manifestaba que el Gobierno de Chile era partidario, en el caso de las reclamaciones sobre la guerra civil, de conversaciones directas83.

A comienzos de 1897, el Embajador informaba, de nuevo, que finalmente se había llegado a un arreglo acerca de los reclamos por los perjuicios de la guerra civil, traducido en la entrega de la suma de 150.000 pesos. Como respuesta a esta noticia, el Ministro de Estado, junto con felicitarlo por su gestión, le pide que "con entera escrupulosidad proceda a verificar un detenido examen de todos y cada uno de los expedientes que constituyen esta serie de reclamaciones, desechando aquellas que resulten improcedentes, bien por falta de pruebas que justifiquen el derecho del interesado a percibir indemnización o por otra cualquiera causa que fundadamente la coloque en situación de no ser atendida conforme a justicia"84.

El tema de la distribución del dinero entre los afectados generó una situación bastante engorrosa, por los problemas derivados del reparto, a consecuencia del mal manejo que hizo de la situación el Ministro López Guijarro, que como ya sabemos, al igual que en el caso de las reclamaciones de la guerra con Perú, hubo algunos que no recibieron el dinero correspondiente. Las autoridades peninsulares, a través de reiteradas solicitudes, pidieron se remitiera el estudio efectuado, con los expedientes de los reclamantes para prorratear la suma asignada. En marzo de 1899, el Ministro de Estado reclama que hacía un año se había solicitado dicha información y aún no llegaba, por lo cual le pidió al embajador, a la brevedad posible, enviar la respuesta requerida, ya que han estado recibiendo recibos de dinero por parte de los perjudicados y no conocían las cifras que a cada uno le correspondía, lo que calificaba como una anomalía en la gestión85. Como ya sabemos se trató con ello de encubrir el desfalco cometido por López Guijarro.

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* Decano de la Facultad de Filosofía y Educación, Universidad Católica de Valparaíso.

** Es parte del proyecto FONDECYT N° 1000272.

1 Carta del Ministro del Interior al Ministro de España en Chile, Santiago 30 de septiembre de 1910, en: AGA, LCH, caja 9294.

2 Carta de Basilio Giron y Caballero al Ministro de España en Chile, Arica 11 de octubre 1910, en: AGA; LCH, caja 9294.

3 Carta de Guillermo Fiol al Ministro de España en Chile, entregada por mano el 3 de abril de 1904, en: AGA, LCH, caja 9282.

4 Carta del Jefe de Policía de San Bernardo al Gobernador, San Bernardo, 2 de mayo de 1904, en: AGA; LCH, caja 9282.

5 Copia del expediente del Juzgado de Antofagasta fechado el 25 de agosto de 1919, en: AGA; LCH, caja 9290.

6 Carta del Vicecónsul de España en Antofagasta, 21 de agosto de 1921, en: AGA, LCH, caja 9290.

7 Carta de Francisco Fernández al Ministro de España en Chile, San Javier, abril 21 de 1930, en: AGA, LCH, caja 9341.

8 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Bienestar Social, Santiago, 3 de enero de 1930, en: AGA, LCH, caja 9341.

9 Carta de Luis Carvajal, Ministro de Bienestar Social al Ministro de España en Chile, Santiago 23 de enero de 1930, en: AGA, LCH, caja 9341.

10 Carta de Antonio Caro al Ministro de España en Chile, Santiago s/f, en razón de la información del texto se trata de los primeros meses de 1919, en: AGA, LCH, caja 9319.

11 Carta de la colectividad española de Molina al Ministro de España en Chile, Molina, 5 de mayo de 1914, en: AGA, LCH, caja 9296.

12 Carta de la colectividad española de Molina al Ministro de España en Chile, Molina 17 de julio de 1914, en: AGA, LCH, caja 9296.

13 Ibídem, nota al margen.

14 Carta de Ramón Artigas al Ministro de España en Chile, Concepción s/f, recibido en la Legación el 23 de noviembre de 1910, en: AGA, LCH, caja 9294.

15 Carta del Vicecónsul de Concepción al Ministro de España en Chile, Concepción 28 de noviembre de 1910, en: AGA, LCH, caja 9294.

16 Carta de Manuel Castells al Ministro de España en Chile, Temuco, marzo 8 de 1930, en: AGA, LCH, caja 9341.

17 Carta del Ministro de España en Chile al Encargado del Viceconsulado de España en Temuco, Santiago, 17 de marzo de 1930, en: AGA, LCH, caja 9341.

18 Carta del Viceconsulado de España en Temuco al Ministro de España en Chile, Temuco 24 de marzo de 1930, en: AGA.LCH, caja 9341.

19 Carta de Nicanor Botella y Puga al Embajador de España en Chile, 14 de junio de 1929, en: AGA, LCH, caja 9335.

20 Carta de Isaura Alvizu al Embajador de España en Chile, Santiago, 22 de abril de 1930, en: AGA, LCH, caja 9341.

21 Carta del Cónsul de España en Chile al Embajador de España, Santiago 26 de abril de 1930. en AGA, LCH, caja 9341.

22 Carta de Aníbal Labarca Feliú al Ministro de España en Chile, Santiago 15 de enero de 1910, en: AGA, LCH, caja 9294.

23 Documento anexo a carta de Aníbal Labarca Feliú...

24 Carta de Diego Viudez Pérez al Ministro de España en Chile, Santiago, diciembre 13 de 1929, en: AGA, LCH, caja 9341.

25 Carta de Diego Viudez Pérez al Ministro de España en Chile, Santiago, mayo 12 de 1930, en: AGA, LCH, caja 9341.

26 Copia de los antecedentes existentes en Carabineros de Chile. Anexo a documentos anteriores.

27 Carta del Vicecónsul de España en Santiago al Ministro de España en Chile, Santiago, octubre 21 de 1910, en: AGA, LCH, caja 9294.

28 Carta del Vicecónsul de España en Iquique al Ministro de España en Chile, Iquique, 16 de julio de 1913, en: AGA, LCH, caja 9309.

29 Carta de Camilo Cornide González al Ministro de España en Chile, Santiago, 6 de agosto de 1920, en: AGA, LCH, caja 9316.

30 Carta del Ministro de España en Chile al Centro de Informaciones Comerciales del Ministerio de Estado, Santiago, 10 de julio de 1904, en: AGA, LCH, caja 9282.

31 Carta de Antonio Campano Mora al Ministro de España en Chile, Santiago 1 de mayo de 1929, en: AGA, LCH, caja 9335.

32 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago 6 de agosto de 1892, en: caja 9252.

33 El Noticiero Español, febrero 7 de 1899.        [ Links ]

34 Cabe consignar que la firma De Caso y Cía, que se inició en 1895, aún se mantiene en operaciones.

35 Carta de Francisco de Caso Muñiz a Rafael Ruidiez, Valparaíso 1929, en: AGA, LCH, caja 9335.

36 Carta de Ministro de España en Chile a Dagoberto Lagos, Presidente de la Corte Suprema, Santiago 29 de agosto de 1929, en: AGA, LCH, caja 9335.

37 Respuesta del Presidente de la Corte Suprema al Ministro de España en Chile, Santiago 3 de septiembre, AGA, LCH, caja 9335.

38 Documento escrito por Andrés Abad, s/f, en que relata extensamente la situación que le afecta. Considerando los antecedentes que entrega es posterior a 1928, en: AGA. LCH, caja 9335.

39 Carta del abogado de Andrés Abad al Ministro de España en Chile, Quirihue, 30 de marzo de 1930, en: AGA, LCH, caja 9335.

40 Carta de Gumercindo R. al Ministro de España en Chile, Talca, octubre de 1998, en: AGA, LCH, caja 9331.

41 Carta del Vicecónsul de España en Concepción al Ministro de España en Chile, Concepción, marzo 11 de 1891, en: AGA, LCH, caja 9285.

42 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago, 17 de febrero de 1908.

43 Carta de José Rivera al Ministro de España en Chile, Vallenar, agosto 14 de 1928, en: AGA, LCH, caja 9333.

44 Declaración "Al Pueblo de Pisagua y a Todos los Chilenos Honrados y Patriotas", Pisagua 22 de junio de 1896, imprenta de El Pueblo de Pisagua, firmada por Juan Lloveras, en AGA, LCH, caja 9285.

45 Carta de la Agencia Consular de España en Pisagua al Ministro de España en Chile, en: AGA, LCH, caja 9285.

46 Carta de Wenceslao Unánue a Modesto Araneta, Cauquenes, 27 de abril de 1915, en: AGA, LCH, caja 9288.

47 Carta del Cónsul de España en Valparaíso al Ministro de España en Chile, Valparaíso, 23 de febrero de 1911, en: AGA, LCH, caja 9308.

48 Ibídem.

49 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago 8 de septiembre de 1926, en: AGA, LCH, caja 9333.

50 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago de Chile, junio 16 de 1926, en: AGA, LCH, caja 9333.

51 El Mercurio de Santiago, 24 de julio de 1928.        [ Links ]

52 Carta del Ministerio de Estado, Sección Política al Ministro de España en Chile, Madrid, 15 de enero de 1901, en: AGA, LCH, caja 9257.

53 Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile al Ministro de España en Chile, Santiago 30 de abril de 1901, en: AGA, LCH, caja 9281.

54 Carta del Ministerio de Estado de España al Ministro de España en Chile, Madrid 2 de abril de 1903, en: AGA, LCH, caja 9258.

55 Carta del Ministro de España en Chile a Rafael Sotomayor, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Santiago, 11 de mayo de 1903, en: AGA, LCH, caja 9282.

56 Carta de Roberto Bernales, Cónsul General de Chile en Madrid al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Madrid, abril 3 de 1905, en: AGA, LCH, caja 9282.

57 Vial, Gonzalo, Historia de Chile (1891-1973), Vol I, Tomo II, La Sociedad Chilena en el Cambio de Siglo (1891-1920), 106.        [ Links ]

58 Ibídem, 864-865.

59 Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile al Ministro de España en Chile, Santiago, abril 20, en: AGA, LCH, caja 9283.

60 Carta de Pedro Rico al Ministro de España en Chile, Talagante, junio 10 de 1920, en: AGA, LCH, caja 9283.

61 Carta de José Menéndez, Vicecónsul de España en Punta Arenas al Ministro de España en Chile, en: AGA, LCH, caja 9285.

62 Carta de Ildefonso Díaz Pereira al Cónsul de España en Punta Arenas, Punta Arenas, 6 de abril de 1919, en: AGA, LCH, caja 9283.

63 Carta del Cónsul de España en Punta Arena al Ministro de España en Chile, Punta Arenas, julio 31 de 1919, en: AGA, LCH, caja 9283.

64 El Mercurio de Valparaíso, 22 de julio de 1890.        [ Links ]

65 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago 4 de enero de 1894, en: AGA, LCH, caja 9257.

66 Carta del Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro de España en Chile, Santiago, 23 de enero de 1907, en: AGA, LCH, caja 9254.

67 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago, octubre 20 de 1893, en: AGA, LCH, caja 9253.

68 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago, febrero 16 de 1893, en: AGA, LCH, caja 9253.

69 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago, abril 26 de 1893, en: AGA, LCH, caja 9253.

70 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago, 21 de mayo de 1893, en: AGA, LCH, caja 9253.

71 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago, 25 de mayo de 1894, en: AGA, LCH, caja 9253.

72 Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile al Ministro de España en Chile, Santiago 26 de mayo de 1894, en: AGA, LCH, caja 9253.

73 Carta del Ministro de España al Ministro de Estado, Santiago, 20 de agosto de 1895, en: AGA, LCH, caja 9254.

74 Carta del Ministro de España al Ministro de Estado, Santiago, 20 de noviembre de 1895, en: AGA, LCH, caja 9254.

75 Carta del Ministro de España al Ministro de Estado, Santiago, 6 de octubre de 1900, en: AGA, LCH, caja 9257.

76 Carta del Ministro de España al Ministro de Estado, Santiago, 9 de junio de 1901, en: AGA, LCH, caja 9257.

77 Carta del Ministro de España al Ministro de Estado, Santiago 9 de junio de 1901, en: AGA, LCH, caja 9257.

78 Periódico L´Italia, Valparaíso, octubre 22 y 29 de 1891.

79 Documento que deja constancia de "Protesta de Carguío y Esportación" ante el Vicecónsul de Concepción y Talcahuano, Concepción 12 de junio de 1891, en: AGA, LCH, caja 9285.

80 Documento "Protesta Ubaldo Blanes contra el Gobierno de Chile" ante el Vicecónsul de Concepción y Talcahuano, Concepción 29 de julio de 1891, en: AGA, LCH, caja 9285.

81 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago 4 de enero de 1984, en: AGA, LCH, caja 9257.

82 Carta del Ministro de España en Chile al Ministro de Estado, Santiago 26 de mayo de 1894, en: AGA, LCH, caja 9253.

83 Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile al Ministro de España en Chile, Santiago 26 de mayo de 1894, en: AGA, LCH, caja 9253.

84 Carta del Ministro de Estado al Ministro de España en Chile, Madrid 9 de abril de 1897. en AGA, LCH, caja 9255.

85 Carta del Ministro de Estado al Ministro de España en Chile, Madrid 14 de marzo de 1899, en: AGA, LCH, caja 9256.

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