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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) v.37 n.1 Santiago jun. 2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942004000100002 

 

Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile
Historia No 37, Vol. I, enero-junio 2004: 33-59
ISSN 0073-2435

ESTUDIOS

"Un alto en el camino para saber cuántos somos…".
Los censos de población y la construcción
de lealtades nacionales.
Chile, siglo XIX

 

Andrés Estefane Jaramillo*

* Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: aestefan@puc.cl


El presente trabajo pretende interpretar los censos de población aplicados en Chile durante el siglo XIX como eventos de carácter nacional que habrían contribuido al complejo proceso de construcción social de la nación. Para ello fija su atención en la institución que los organiza, el Estado, que se ve en la obligación de aplicar mecanismos cooptativos y coactivos orientados a eliminar la resistencia de la población ante este tipo de empadronamientos y de esta forma asegurar la correcta aplicación de la encuesta. Asimismo, analiza que papel que tuvieron las autoridades locales en estos eventos, toda vez que la materialización de la iniciativa dependía de la voluntad de aquellos actores influyentes en los espacios básicos de organización social. Por otra parte, estudia la dimensión territorial que se desprende de la aplicación del censo, como también los intentos de la ciencia estadística por homogeneizar una realidad social heterogénea. Por último, ofrece algunas vías interpretativas que demuestran la riqueza de esta fuente para comprender aspectos poco estudiados de nuestra historia nacional.

Palabras clave: Sociedad, territorio, estadística, Estado.


The current paper attempts to interpret the censuses of the population carried out in Chile during the XIX century as events of a national character that would have contributed to the complex process of social construction of the nation. For doing that it focuses its attention on the institution that organizes them, the State, which is forced to apply cooperative and coactive mechanisms orientated to eliminate the population's resistance to this kind of registration and thus guaranteeing the correct application of the survey. Likewise, it analyses the role the local authorities played in these events, considering that the implementation of the initiative depended on the will of those influential actors in the basic spaces of the social organization. On the other hand, it studies the territorial dimension that one gathers from the application of the census, as well as the attempts of statistics as a science to homogenize a heterogeneous social reality. Lastly, it offers some interpretative approaches that show the wealth of this source to understand little researched aspects of our national history.

Key words: Society, territory, statistics, State.


 

Los censos de población realizados en Chile en el siglo XIX han recibido escasa atención en nuestra historiografía y si alguna vez ha existido algún acercamiento a este tipo de eventos, generalmente ha estado mediado por un interés estrictamente demográfico o estadístico. Los más críticos incluso dudan de que de esas aproximaciones se puedan obtener conclusiones válidas, pues las dificultades existentes en su aplicación, los errores en la información que entregan y el débil aparato institucional que los organiza, harían casi imposible concebirlos como una fuente confiable. De ahí que se haya convertido en rutina el considerarlos únicamente como los primeros estadios de nuestra larga tradición censal. Quizás con más suerte, pueden ser citados como una de las tantas iniciativas que impulsaron los diferentes gobiernos de dicha centuria1. Pero difícilmente se va más allá.

A nuestro juicio, esta tónica tendría origen en una escasa comprensión de la peculiaridad social de los censos de población, pues por lo general tiende a primar un enfoque que los clasifica como meras prácticas administrativas olvidando las profundas connotaciones políticas y humanas en las que descansan. En un intento por revertir esta tendencia, nos proponemos estudiar los empadronamientos generales del siglo XIX dentro de un escenario que permita relevar aquellas dimensiones que han sido obviadas. En términos prácticos, nuestro interés gira en torno a la necesidad de comprender a los censos de población como eventos de carácter nacional que habrían contribuido al complejo proceso de construcción social de la nación. A primera vista, sin embargo, esta vinculación que pretendemos establecer puede presentar algunas debilidades. Cuando se piensa en el desarrollo de dicho proceso, resulta casi automático relacionarlo con aquellos mecanismos cotidianos y persistentes que habrían utilizado las elites hispanoamericanas para obtener la adhesión de las restantes capas sociales. Así, la Guardia Nacional, la educación estatal, las fiestas públicas, los símbolos patrios e incluso la prensa, aparecen como los diversos frentes desde los cuales se habría puesto en marcha esta construcción. Y si hay alguna característica que comparten estos dispositivos, es la de ser realidades con las cuales la población debe lidiar a diario. En suma, nos estaríamos refiriendo a algo que está en continua realización y que se actualiza con una lógica del día a día. Los censos, en cambio, no parecen pertenecer a esta cepa, pues son acontecimientos esporádicos, o menos cotidianos si se quiere. Y el intervalo que separa a uno de otro -por lo general diez años- genera inmediatas discrepancias respecto a su pretendida eficacia. Con esa simple objeción, cualquier intento de este tipo parece estar destinado al más absoluto fracaso. No obstante, creemos que la mejor manera de verificarlo es, precisamente, analizándolo. Es más, confiamos que el estudio de estos eventos esporádicos puede ofrecer importantes noticias respecto al grado de compromiso de la población con el proyecto nacional en marcha, lo que en otras palabras implica cuestionar el grado de efectividad que tendrían aquellos mecanismos cotidianos que hasta el momento han sido considerados como las principales vías de difusión del ideario nacional.

Un primer aspecto que se debe tener presente al analizar estos eventos dice relación con el actor que los organiza, el Estado nacional. Los censos realizados en el siglo XIX constituyeron una práctica de política estatal de radical importancia en la configuración misma del poder institucionalizado, y junto a otros instrumentos administrativos, se convirtieron en una vía privilegiada mediante la cual se lograban definir fehacientemente las dimensiones y los límites de la realidad que se gobernaba2. Conforme avanzaba el siglo, su aplicación se hacía cada vez más necesaria, lo que significaba un desafío que ponía a prueba a todo el sistema administrativo en forma simultánea. Dicho desafío se manifestaba en el instante preciso en que aparecía una nueva figura, la población, de cuyo concurso dependía el éxito del empadronamiento nacional. De ahí que el Estado se viera en la obligación de convencerla u obligarla a participar de su iniciativa. El pueblo, sin embargo, no dejaba de mirar con recelo las actividades censales, pues seguía viendo en ellas las mismas finalidades que las habían caracterizado desde sus inicios: conocer el número de personas aptas para la guerra y establecer las posesiones individuales para imponer los impuestos respectivos3. Esta percepción explica el rechazo de algunos individuos -fundamentalmente hombres- hacia todo tipo de empadronamiento, lo que se expresaba en masivas huidas ante la llegada de los comisionados del censo, el falseamiento de la información entregada o la abierta negativa a responder ante las consultas de los empadronadores. Estos obstáculos empujan al Estado a recurrir a mecanismos cooptativos y coactivos orientados a eliminar la resistencia en la sociedad y asegurar la correcta aplicación de la encuesta. Entre los primeros podríamos considerar los intentos por convencer a la población de los beneficios que comportaba el censo al permitir definir mejores políticas de gestión gubernativa, haciendo posible una extensión eficiente de los beneficios entregados por el Estado. Esos llamados se realizaban apelando al patriotismo de los chilenos, pues quien se dejaba contar estaban demostrando su compromiso con la nación a la que pertenecía. La participación en este acontecimiento de dimensión nacional definía así al buen ciudadano de la república. Al mismo tiempo aparecen los mecanismos de segundo tipo, que bajo la amenaza del castigo -severas multas o presidio- buscaban erosionar dicha resistencia. Ya desde estas prácticas es posible proyectar algunas directrices que confirman la viabilidad de nuestra propuesta, toda vez que las estrategias de convencimiento hacia la población enfatizan el carácter nacional del evento que se promueve. No obstante, existe otro escenario donde se reproduce la misma tónica y que está directamente relacionado con el proceso de configuración del aparato administrativo que dará vida al censo. Y paradójicamente cobra vida en el momento en que se perciben los límites naturales del Estado, justo allí donde el trabajo censal pasa a depender de la voluntad de las autoridades locales.

La simultaneidad, el alcance nacional, los altos costos y los obstáculos que impone la población, convierten a los empadronamientos generales en una labor que requiere del imprescindible apoyo de aquellas figuras que ostentan cierta autoridad dentro de los espacios básicos de organización social. Esta es una realidad evidente para nuestros tiempos y, por ende, también para el siglo XIX. Es por ello que el Estado, junto con seducir a la población, debe también comprometer el concurso patriótico de todas aquellas figuras locales que le permitan ampliar su margen de acción en aquellos territorios donde su influjo aún es débil. No solo estamos hablando de sus propios agentes administrativos -a quienes sorprendentemente debe excitar con argumentos de corte patriótico-, sino también de los vicarios de la Iglesia, de los hacendados, de los redactores de periódicos, de los principales vecinos de cada ciudad. En cuanto el proyecto rebasa con creces la estrecha capacidad del Estado, este debe recurrir a la autoridad de diversas personalidades para hacer patente la suya. Su figura se encarna en aquellos individuos, se apropia del ascendiente que tienen sobre la población, los liga con el poder central. En suma, el llamado de la patria genera una nueva lealtad.

De esta forma, el censo crea una instancia donde es posible advertir un complejo proceso de vinculación con la idea del Estado-nación. Un proceso que nace desde arriba y que ante sus propias limitaciones se proyecta en las autoridades locales, esas que conocen mejor que nadie las dinámicas y las claves precisas para abordar una realidad social heterogénea y en muchos casos rebelde a todo tipo de estandarización. Acudiendo a la imagen de la nación, el Estado pretende establecer lealtades ascendentes en ambos niveles: desde las autoridades locales, por una parte, y desde la población, a través de aquellas, por otra.

Incluso la misma naturaleza de esta práctica administrativa lleva consigo elementos de gran relevancia para la construcción de un imaginario nacional. Su carácter general implica tomar posesión en forma simultánea de todo el territorio sometido a la soberanía del Estado, lo que obliga a una previa demarcación espacial que hace posible comprender los límites territoriales de la comunidad. Por otra parte, su correcta realización exige la definición de reglas similares que normen la forma de recolectar los datos y faciliten su posterior sistematización. Ello deja ver la existencia de un criterio estable y común para toda la república, expresión de una mirada que apunta a la homogeneización de una realidad geográfica y social heterogénea. Es el afán de la ciencia estadística que pretende clasificar y comprender a la población bajo un prisma que margina las diferencias.

A lo largo del siglo XIX se realizaron en Chile ocho censos de población: 1813, 1835 (recopilación de empadronamientos ejecutados en 1831 y 1834), 1843, 1854, 1865, 1875, 1885 y 1895. De estos, los dos primeros merecen un tratamiento aparte, pues fueron levantados antes de 1843, año en que se crea la Oficina de Estadística y se promulga la Ley de Censos, cambios que intentarán establecer una política censal coherente bajo la responsabilidad de la nueva institución4. Los empadronamientos de 1843 y 1854 marcan la transición hacia lo que los especialistas han denominado "período estadístico de la recolección de datos", caracterizado por la verificación simultánea del censo en la totalidad del territorio, la uniformidad en los cuestionarios, los métodos de levantamiento y presentación de los resultados y la existencia de una sola institución encargada responsablemente de efectuar la operación, asegurando que los propósitos del censo sean similares y no se vean interferidos por intereses distintos5. La periodicidad y la constante preocupación por acercarse a estándares científicos internacionales, ubican a los restantes empadronamientos dentro de una tradición estadística más sólida y en constante perfeccionamiento. Así, por ejemplo, el censo de 1895 marca un hito en este proceso al introducir importantes modificaciones en los formularios del censo. Siguiendo las recomendaciones emanadas del Congreso de Estadística de San Petersburgo, realizado en 1872, se logra resolver el problema de la definición de la nacionalidad de los hijos de extranjeros y se introduce, por primera vez en Chile, la consulta sobre la confesión religiosa de los encuestados. Esta transformación plantea una cuestión que también se conecta con las implicancias que nos proponemos establecer: la paulatina evolución que se aprecia en los formularios respecto a la clasificación de los habitantes da cuenta de un proceso orientado a la igualación cualitativa bajo un nuevo criterio. La antigua división por castas tenderá a diluirse frente el rótulo uniforme de la nacionalidad.

En torno a estos temas intentaremos articular una aproximación a los censos de población tratando de rescatar su carácter de evento nacional y su relación con el proceso de construcción social de la nación.

I. CONSTRUYENDO LEALTADES: EL ESTADO Y SUS "IMPROVISADOS" REPRESENTANTES

El día 15 de diciembre de 1810, la Junta de Gobierno convocaba a los veinticinco partidos en que estaba dividido el territorio a elegir a sus respectivos representantes para el Congreso Nacional que comenzaría a sesionar al año siguiente:

"El Congreso es un cuerpo representante de todos los habitantes de este reino, y, para que esta representación sea la más perfecta posible, elegirán diputados los veinticinco partidos en que se halla dividido. El número de diputados de cada distrito debe ser proporcional a su población, y siendo próximamente igual la de todos, elegirá y nombrará cada uno el número de representantes que expresa la razón siguiente (…)"6.

Basándose en cálculos estimativos, la Junta definió en forma simple el nivel de representación que tendría cada de uno de los distritos a los que se les hizo llegar la convocatoria. Diecinueve de ellos podrían llevar un representante, Coquimbo, San Fernando, Talca y Chillán elegirían dos, mientras que Santiago y Concepción ocuparían nueve escaños en una relación dos es a uno. Las elecciones se verificaron prontamente y el Congreso Nacional sesionó por primera vez el 4 de julio de 1811. Sin embargo, poco tiempo después comenzaron a surgir las primeras protestas por parte de algunos representantes que veían una clara arbitrariedad en el acto de fijar la representación sin ni siquiera conocer el real número de habitantes que comprendía cada jurisdicción. Y los reclamos alcanzaron niveles preocupantes cuando los miembros de la Junta de Gobierno decidieron, sin comunicar oficialmente a las provincias, aumentar a doce el número de representantes de la capital del país. Ante tal hecho, varios diputados renunciaron a sus cargos denunciando la ilegitimidad de la medida y la desigualdad que la nueva composición del Congreso hacía evidente7. De este complejo escenario se derivarán una serie de problemas que terminarán poniendo en tela de juicio la legitimidad del Congreso y comprometiendo seriamente la participación de las provincias en el gobierno nacional. En un intento por contrarrestar las críticas y corregir los evidentes excesos cometidos por la Junta, los miembros del Congreso acordaron en la sesión del 9 de octubre de 1811, levantar un censo general en todo el país. Según lo registrado en el acta del día, la moción partía reconociendo que la "enumeración exacta de todos los habitantes" constituía un requisito indispensable para la demarcación de los límites provinciales, determinar en forma proporcional la representación de cada distrito y facilitar la acción del gobierno. Por ello ordenaba a los subdelegados de las cabeceras de partido llevar adelante esta operación, encargándoles componer para ello comisiones de vecinos ilustres que los auxiliarían en el trabajo8. Sin embargo, las dificultades inherentes al evento y la falta de experiencia de las autoridades a las que se les había encomendado organizarlo, hicieron totalmente infructuoso este primer intento. Al constatar estos obstáculos, el Congreso volvió sobre su acuerdo y dispuso, en sesión del 7 de noviembre, que la Junta encomendara a los curas de las distintas parroquias formar el padrón de sus feligreses, información que podría servir de base para proyectar el censo general del país "sin los inconvenientes ni dificultades que ordinariamente traían estos alistamientos"9.

Dichos inconvenientes y dificultades tenían que ver, por una parte, con la resistencia que la mayoría de la población presentaba ante los censos por considerarlos instrumentos relacionados con el reclutamiento militar y con el alza de impuestos; por otra, con la desidia y pasividad con que tomaban estas comisiones los funcionarios locales10. Un testimonio claro de la fuerza de estos obstáculos nos lo proporciona el viajero alemán Alejandro de Humboldt, quien en su registro de viaje por América recordaba las dificultades que encontró para obtener noticias sobre el número de habitantes de estos territorios:

"Es difícil procurarse nociones suficientemente exactas sobre un punto tan delicado. El pueblo, así en el nuevo mundo como en el antiguo, detesta los censos porque sospecha que se les hace para aumentar la masa de impuestos. Por otra parte, los administradores enviados por la metrópoli a las colonias no tienen más gusto que el pueblo por los datos estadísticos, y esto por efecto de una política desconfiada. Estos datos, que es fatigoso recoger, se sustraen difícilmente de la curiosidad de los colonos. Aunque en Madrid algunos ministros, conocedores de los verdaderos intereses de la patria, hayan deseado de tiempo en tiempo obtener informes precisos sobre la prosperidad creciente de las colonias, las autoridades locales no han secundado generalmente propósitos tan útiles"11.

Ya sea por la actitud de la población o por sus propias carencias administrativas, el todavía incipiente aparato estatal se vio en la obligación de acudir reiteradamente a aquella institución que contaba con mayor prestigio y con una dispersión territorial lo suficientemente amplia como para realizar con mayor éxito esta operación: la Iglesia12. Y no hay duda que la resolución tomada por el Congreso confirma esta estrecha relación entre ambas instituciones. Sin embargo, las vicisitudes políticas marcaron un alto en este esfuerzo. El 2 de diciembre de 1811, José Miguel Carrera disolvía el Congreso Nacional recurriendo, entre varias razones, a la desproporción existente en la representación parlamentaria de las diversas provincias del país13.

Empero, la llegada al poder de la Junta encabezada por Carrera no significó una reactivación de estos trabajos. De hecho, fueron relegados al más completo olvido. La única excepción la constituyó el Obispado de Concepción, donde la Secretaría Episcopal formó un empadronamiento en 1812 extractado de los registros parroquiales existentes entre el río Maule y el archipiélago de Chiloé14.

Será con la Junta de Gobierno de 1813 -compuesta por Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante y Agustín de Eyzaguirre- que la idea cobrará nuevo impulso. El 31 de mayo de ese año, se hizo circular un comunicado suscrito por los miembros del gobierno donde se ordenaba detalladamente a las Juntas Cívicas de cada provincia "formar el recenso del reino". El documento se inicia con una directa advertencia a quienes se confiaría el desarrollo de la operación:

"La felicidad pública es un todo que resulta de la parte que pone cada individuo: al Gobierno solo le toca disponer, y agitar los resortes. Sin saberse el número de la población, las profesiones, y demás circunstancias de los ciudadanos, casi no se puede emprender con cálculos seguros ningún objeto de beneficencia pública, y mucho menos se puede dar a los pueblos aquella organización, y representación política, que corresponde a un sistema popular. El actual Gobierno trata de vindicarse con sus conciudadanos, y con la posteridad, manifestándole las diligencias que practica para realizar estos objetos, aun en medio de los tumultuosos cuidados de una guerra inopinada, y cualesquiera a quien se comisione estas diligencias, será responsable a la execración pública, y a las penas que merece el que contribuye a la infelicidad de su patria, si no cumple los encargos que se le hacen"15.

El Presidente de la Junta Cívica contaba con veintiocho días desde el momento de recibo del oficio para realizar el censo de población conforme a los planos y modelos que se le adjuntaban. Asimismo, debía notificar inmediatamente al Secretario de Relaciones Interiores la llegada de la documentación respectiva, quien registraría bajo expediente a los comisionados que no acusaran recibo y de quienes se presumiera omisión voluntaria. Para la ejecución del empadronamiento, debía nombrar una comisión de cuatro sujetos "de toda actividad y suficiente inteligencia" que recorrieran los cuatro puntos cardinales de la provincia conforme a una designación topográfica que previamente debía establecer la Junta Cívica. En caso de que las dimensiones territoriales asignadas no pudieran ser cubiertas totalmente por los comisionados, estos podrían nombrar a algunos sujetos de cada lugar para que tomaran a su cargo una pequeña porción, teniendo, eso sí, sumo cuidado de instruirlos sobre la manera en que debían verificar el censo, "velando con eficacia en dirigirlos, y corregir los defectos de omisión, o ignorancia". Una vez terminadas estas tareas, el comisionado llenaría el padrón de su distrito y se lo haría llegar a la Junta Cívica, la que formaría el cuadro general de la provincia en función de la información recolectada por los comisionados de distrito. Cumplido el plazo previamente establecido, es decir, el día 29 desde el recibo del oficio, el tercer vocal de la Junta de cada provincia enviaría por correo los planos del censo y toda la documentación que se considerara oportuna. Este funcionario era el responsable ante el Gobierno y la Junta de su provincia de la correcta aplicación del censo general.

En medio de estas detalladas instrucciones, los miembros del gobierno apelaban directamente a los comisionados distritales excitando su patriotismo e instándoles a cumplir con la tarea encomendada de la mejor forma posible:

"El servicio que hagan estos comisionados será considerado con la alta distinción que merece un objeto tan importante a la patria, siendo un mérito positivo para su carrera, y solicitudes, a más de la manifestación que de él se hará en los papeles públicos por el derecho que tendrá a la gratitud de sus conciudadanos; pero también el Gobierno ordena que no se admita excusa, ni pretexto, para eximirse del encargo, y que inmediatamente se le avise del que se hubiere excusado"16.

La falta de recursos hacía imposible pensar en la entrega de estímulos monetarios para estos funcionarios, razón por la cual la Junta de Gobierno parecía tener claro que el éxito de esta operación dependía únicamente de la voluntad y disposición manifestada por quienes eran designados para llevarla a cabo. Así se lo hace ver a Martín Calvo Encalada, Juez Mayor de Policía de Santiago:

"(…) que en atención a que el Erario no puede soportar otros gastos que el de los de la guerra; y que si se pagasen los comisionados de Santiago, sería esto una preferencia de que justamente reclamarían las provincias, señale V. S. por comisionados cuatro personas en quienes su patriotismo, y el anhelo de la felicidad pública les haga soportables cualesquiera trabajo gracioso como lo están verificando en el día los más apreciables ciudadanos; y no pudiendo completarse, se ocurra a los empleados, cuyo servicio es menos urgente (…)"17.

Diez días después de informar a las autoridades de la nueva iniciativa, la Junta publica en El Monitor Araucano una proclama donde se anuncia al país la realización del censo, identificando claramente las ventajas que con él se obtendrían: los datos estadísticos que se recopilaran permitirían "organizar providencias de economía y prosperidad interior" y definir la representación política que correspondía a cada provincia. A fin de facilitar la recolección de datos, la Junta trató de dotar al empadronamiento de un cierto carácter popular de modo de hacerlo más grato a los ciudadanos, y en la proclama lo puso bajo su especial tuición, encargándoles que velasen por el buen desempeño de las juntas comisionadas para cada localidad:

"Objetos tan sublimes merecen el más exacto empeño de los ciudadanos a quienes se comisiona, merece la execración pública quien le mire con negligencia; y merecen que se publiquen las más severas penas a quien frustrase a la Patria de tan preciosas esperanzas. (…) Chilenos: observad la exactitud de los que desempañasen sus encargos, recomendadlos al Gobierno y honradlos con vuestra eterna gratitud; fiscalizad a los negligentes; acusadlos y abandonadlos al eterno desprecio de la patria y de los hombres beneméritos"18.

A pesar de los esfuerzos desplegados por la Junta de Gobierno para asegurar el éxito del empadronamiento, los obstáculos de costumbre impidieron que la operación culminara en el plazo definido. Si bien varias comisiones desempeñaron su labor con presteza, el retraso de otras obligó a la autoridad a reconvenirlas públicamente en la edición del 14 de septiembre de El Monitor Araucano. Mediante un decreto con fecha 30 de agosto, se hacía notar la molestia del gobierno hacia aquellas provincias que aún no habían presentado su respectivo censo, estableciéndose como plazo perentorio para dicho trámite diez días contados desde la recepción del oficio, luego del cual los miembros de las Juntas Cívicas y en especial el tercer vocal _particularmente encargado de este asunto_ quedaban expuestos a severas penas.

El censo de 1813 no se levantó en la ciudad de Santiago, ni en sus alrededores. Tampoco fue posible realizarlo en el Obispado de Concepción por estar bajo el dominio de las tropas realistas que llevaban adelante la contrarrevolución de la independencia en territorio chileno. No obstante, y para la compaginación final de los datos obtenidos, se consideró válido el cómputo general de población formado en 1812 por las autoridades eclesiásticas, cuyo total se sumó al obtenido en los territorios donde sí se verificó esta operación19.

En términos generales, y salvando los matices que irán apareciendo conforme avanza el siglo, en la realización de este censo aparecen todos aquellos elementos que nos permiten entender estas operaciones estadísticas en tanto eventos nacionales a través de los cuales se va construyendo nación. Como primer punto, queda demostrado el cariz estatal de la iniciativa y el énfasis puesto en las ventajas que se derivarían de su materialización. En este sentido, se insiste en que la recolección de datos tiene por única finalidad mejorar la gestión de gobierno a través del conocimiento exacto de la realidad, razón que obligaría a todo ciudadano, y especialmente a quienes lo ejecutan, a mirar al empadronamiento como el más elevado servicio a la patria. Así lo hizo ver, por ejemplo, Juan José Echeverría cuando propuso al Congreso la realización de un nuevo censo en 1825, definiendo claramente la conveniencia de este ejercicio para

"(…) que la elección en el Primer Congreso no se realice con igual incertidumbre; para que al respecto de determinada población o número fijo de sus individuos se repartan las cargas precisas de la República toda, y las provincias de su comprensión se presten proporcionalmente los recíprocos auxilios a que las leyes sociales obligan; para que se advierta y mejor conozca el progreso o atraso del Estado en toda su extensión, y últimamente para otros mil importantes objetos cuyo adelantamiento progresivamente descubriremos (…)"20.

Tan altos fines hacían evidente el compromiso que la ciudadanía debía establecer con el éxito de la operación. Y por ello es que el Estado siempre acudirá a la imagen de la utilidad pública como idea fuerza fundamental para asegurar el eficaz concurso de los comisionados. Sin embargo, bien sabemos que detrás de este discurso hay también una urgente necesidad, la que dice relación con los límites del aparato administrativo y la importancia que para estos efectos irán adquiriendo los ciudadanos llamados a integrar las comisiones distritales. Para el Censo de 1854, el Ministro del Interior emitió una circular a los Intendentes de provincia poniendo especial acento sobre este punto:

"En el nombramiento de comisionados, debe US. y los gobernadores proceder con la mayor circunspección. Es menester que estos nombramientos recaigan en personas celosas y patriotas, que estén penetradas de la importancia de las funciones que van a desempeñar, y que reúnan la actividad y los conocimientos prácticos de la localidad en que van a funcionar. (…) El conocimiento práctico que cada comisionado tenga de la localidad influirá muy eficazmente en la prontitud y exactitud de la operación. Regularmente suele haber en las parroquias vecinos que las conocen, puede decirse palmo a palmo, que saben cuáles son los puntos poblados, y que respecto de cada hacienda o fundo podrían más o menos indicar los vivientes en ellos"21.

Esta cuestión constituía uno de los pilares fundamentales para la correcta realización del empadronamiento y es por ello que en cada evento censal se insistirá hasta el cansancio en el buen juicio con que las autoridades debían actuar a la hora de nombrar sus respectivos comisionados. Y aun cuando su participación se consideraba un acto voluntario, las autoridades estipularon severas penas para quienes habiendo aceptado el cargo, no cumplieran con los deberes que su comisión les imponía. El castigo, definido en la ley de 8 de julio de 1853, consistía en privación de libertad por un plazo que fluctuaba entre quince y sesenta días, conmutable por una multa proporcionalmente variable que iba de veinte a cien pesos22. Sin embargo, y con el interés de evitar estas complicadas consecuencias, el Estado se esforzaba por instruir convenientemente a sus "improvisados" representantes. Este era el objeto que tenían los extensos instructivos que hacía llegar a las principales autoridades de cada provincia, donde se explicaba detalladamente la correcta forma en que cada comisionado debía completar los formularios de empadronamiento. Se esperaba que días antes de la realización del censo, el gobernador o quien estuviera a cargo de estos trabajos se reuniría con los ciudadanos designados para mostrarles el cuestionario y uniformar los métodos de recolección de información23.

Ya hemos visto la forma en que el gobierno creaba las condiciones necesarias para el éxito de estas operaciones, entregando instrucciones comunes al aparato administrativo nacional y reclutando como sus representantes a los principales vecinos de cada distrito. No obstante, la inexperiencia y la escasa familiaridad con los métodos estadísticos jugaron siempre en contra de todo tipo de previsión. Este obstáculo, junto a la resistencia que espontáneamente manifestaba la población ante el censo, constituirán los seculares límites que el Estado intentará romper a lo largo del siglo XIX.

Es aquí donde consideramos pertinente recoger un segundo aspecto que en cierta medida dejamos esbozado al narrar el primer censo de población realizado en el Chile republicano. Ante las persistentes dificultades, será necesario articular una hábil estrategia que permita superar la brecha impuesta por la ignorancia y el rechazo. Y la imagen de la nación será muy útil para estos menesteres.

2. LOS MECANISMOS DE PERSUASIÓN

Si hay un tema que aparece recurrentemente en toda la documentación relacionada con los censos de población del siglo XIX, es el de las inmensas dificultades que debieron enfrentar los sucesivos directores de la Oficina de Estadística para llevar adelante su cometido. Y resulta a veces cómico constatar la manera en que cada uno de ellos reproduce, con leves modificaciones, lo que su antecesor había señalado al respecto al momento de redactar los informes que acompañaban a la publicación de cada empadronamiento. Tanto Santiago Lindsay, como Francisco Solano Astaburuaga y Vicente Grez, se vieron en la obligación de reconocer la evidente imprecisión de los datos que presentaban debido al recelo con que la población miraba a los censos y la escasa preparación de quienes lo ejecutaban. Así lo señala Lindsay en su nota al Ministro del Interior respecto al censo de 1865:

"Al terminar esta parte de mi nota, debo hacer presente a V.S. la opinión casi general entre los estadísticos, de que todo Censo por bien tomado que se suponga es siempre algo menor que la población efectiva de un país, sea por los temores que constantemente infunde en la clase ignorante del pueblo que ve en ella [sic] reclutamientos militares o agravación de impuestos, sea porque tomando parte en el empadronamiento tan gran número de personas, no comprenden todas el fin que se persigue, ni poseen la actividad y los conocimientos necesarios para que la anotación sea bien ejecutada"24.

Al escribir esto, Santiago Lindsay debió tener muy presente las dificultades que enfrentó al momento de sistematizar los datos generales del primer censo que tuvo a su cargo en 1854. En dicha ocasión informaba que los comisionados no habrían entendido, entre otros aspectos, la pregunta relativa a la nacionalidad, pues muchos de ellos no registraron a los habitantes como chilenos o extranjeros, sino que más bien se remitieron a anotar la provincia, departamento, subdelegación, distrito e incluso el lugar o hacienda en que había nacido cada encuestado. Al sopesar las profundas implicancias que se desprenden de este error, es posible advertir que para gran parte de la población todavía no existía una noción clara de identidad nacional, ni siquiera entre los ciudadanos que se suponía integraban los más altos círculos de las localidades rurales25. Este hecho, junto al fragmento que a continuación reproduciremos, demuestran que el afán homogeneizador de los formularios debió lidiar con identidades de corte particular que no coincidían con los criterios definidos por la autoridades:

"El huaso sabe que hay ingleses, franceses y españoles porque una u otra vez ha visto individuos de esas naciones… Pero no sabe dónde están la Inglaterra, la Francia o la España… ha oído hablar de godos y patriotas y sabe que los unos y los otros se hicieron la guerra, pero no tiene ninguna idea, ni interés, respecto a quiénes eran o por qué pelearon… El huaso se cree ser indígena de su hacienda… y si fuera transportado a París o Londres y allí fuera interrogado por el país de su nacimiento… no nombraría a `Chile', sino Peldehue, Chacabuco, Huechún o Chocalán. No tiene idea de si sus antepasados son españoles, ingleses, rusos o chinos… Ha escuchado hablar de españoles e indios, pero no imagina haber tenido contacto con esas razas ni que su sangre circula por sus venas"26.

A pesar de este panorama, el gobierno insistió en motivar a la ciudadanía a través de todos los mecanismos que estuvieran a su alcance, comprometiendo, en primer lugar, a los integrantes de su propio aparato administrativo. Desde 1854 en adelante, todos los decretos que ordenaron levantar los censos de población incluían un artículo donde se instaba a los Intendentes y Gobernadores a tomar las medidas necesarias para este fin, nombrando oportunamente a los comisionados y prestándoles la debida colaboración para el trabajo que debían realizar. Asimismo, se les ordenaba instruir a los subdelegados y empleados a su cargo para que pusieran en acción cuanto permitiera convertir al censo en una operación seria, haciendo evidente "su utilidad e interés para la nación". Por último, los conminaba a hacer uso de su "influencia personal" para excitar el celo y patriotismo de los particulares y de la prensa local, "a fin de dar facilidades a los encargados de recoger los datos y popularizar la conveniencia general y privada que todo país culto deriva de una correcta enumeración de su población"27.

Con el fin de popularizar la noticia de la realización del censo entre la ciudadanía, se encargaba a los Gobernadores publicar en los dos días festivos previos al fijado para el empadronamiento un bando en las plazas y plazuelas de las parroquias de cada ciudad, villa y aldea del departamento respectivo. En esos mismos lugares y en otros que pudiesen tener alta concurrencia, se pegarían avisos indicando claramente el día en que se realizaría "el censo general de la población de la República". En el mismo documento se debía prevenir a todos los habitantes que la ley les obligaba a suministrar los datos que el comisionado pidiera, y quien se negara a recibir al funcionario o hiciera entrega de información falsa, se exponía a una multa de diez a treinta pesos, o a sufrir, en su defecto, privación de libertad por un plazo que iba de diez a treinta días28. Con el fin de uniformar el tenor de los bandos que cada gobierno provincial o departamental publicaría, el director de la Oficina de Estadística se encargaba de redactar un modelo al cual debían remitirse las autoridades locales. Por la relevancia de este documento, reproduciremos el que se hizo circular para el Censo de 1875:

"Por cuanto el Supremo Decreto de 1º de diciembre del año próximo pasado, dispone que en el día 19 del actual se procederá simultáneamente en toda la República a levantar el censo de los habitantes nacionales y extranjeros que en ese día existan en el país, ordenando asimismo que toda persona de mayor edad, a quien se dirija el correspondiente comisionado para obtener datos, deberá darlos con la exactitud posible, bajo la pena, en caso de denegación [sic] o engaño, de ser multado en una cantidad de diez a treinta pesos o una prisión de diez a treinta días; que igual pena se aplicará a los que sabiendo leer y escribir se negasen a poner bajo su firma el padrón de los individuos que habitasen su casa, fundo o hacienda, o no devolviesen el estado o estados recibidos con las anotaciones correspondientes, y que finalmente se aplicará igual pena al jefe o director de establecimientos públicos o privados que no suministre los datos que les pida el comisionado. Por tanto, y para que llegue a conocimiento de todos, publíquese por bando en el diario de esta ciudad, fíjese, circúlese y archívese. Dado en la sala de mi despacho a … días del mes de abril de 1875.

(Intendente o Gobernador)
(Secretario)"29

 

En algunos casos, los funcionarios se preocuparon de publicitar por todos los medios posibles el inminente acontecimiento. Un interesante ejemplo nos lo proporciona Alberto Zañartu, el Intendente de Santiago durante el Censo de 1895. Faltando siete días para que se verificara el empadronamiento nacional, Zañartu envió una circular a los oficiales de las distintas circunscripciones del Registro Civil capitalino para que fijaran en los puntos más visibles de sus oficinas copias del bando respectivo, entregándoles también algunos avisos que podrían ubicar a discreción. La razón era simple: la alta concurrencia a dichos recintos los convertía en espacios claves para dar publicidad y explicar los objetivos del censo que se levantaría el 28 de noviembre. Al día siguiente, El Ferrocarril publicó íntegramente este documento30. Y en la misma edición del periódico de Santiago se reprodujo otra circular enviada por Zañartu, esta vez dirigida a los preceptores de las escuelas existentes en su jurisdicción:

"Intendencia de Santiago.- Santiago, 20 de noviembre de 1895. Sírvase Ud. poner en conocimiento de los alumnos que asisten a la escuela de su cargo, que el 28 del presente mes, tendrá lugar el levantamiento del censo general de República, haciéndoles comprender el significado de esta operación y dándoles en general toda clase de instrucciones a este respecto.

Acompaño a Ud. varios impresos en los que encontrará los datos necesarios"31.

Los preparativos definidos por el Intendente de Santiago nos demuestran en qué medida el éxito de la operación podía depender del compromiso que las autoridades locales establecieran con la iniciativa. Sin embargo, el gobierno parecía estar consciente de que no se podía confiar únicamente en los esfuerzos de sus funcionarios: era necesario hacer uso de todos los canales de difusión existentes. En una práctica que ya vimos aplicada para el Censo de 1813, se solicitará reiteradamente el apoyo de la Iglesia y de sus representantes en todo el territorio nacional.

Para el Censo de 1865, el Ministro del Interior Álvaro Covarrubias emitió una circular a los Intendentes de provincia donde les aconsejaba, entre otras cosas, apelar al "patriotismo y celo religioso de los párrocos" con el fin de que estos aprovecharan todas las oportunidades que se les presentaran para desvanecer los temores de la población ante el censo y persuadirlos de la importancia que para el país tendría dicho evento32. Similar estrategia se utilizó en el censo siguiente, pero esta vez mediante un comunicado que cada gobernador haría llegar a los curas y vicarios de su zona. Junto al laudatorio documento se enviaba un ejemplar impreso del decreto supremo que ordenaba levantar el censo y las instrucciones redactadas por el Ministerio del Interior donde se explicaban los ítemes del padrón y la manera en que este debía ser completado33. El Censo de 1895 no escapó a esta tónica, según lo demuestra la misiva enviada por el Intendente Alberto Zañartu al Arzobispado de Santiago. Por ser un evento de carácter nacional, se requería del concurso de todas las instituciones:

"Esta operación tan importante y tan difícil de realizar en la práctica, ha sido encomendada en su mayor parte a los intendentes y gobernadores en sus respectivos departamentos, quienes la llevarán a efecto por medio de comisiones que harán el trabajo en cada distrito.

Fácilmente comprenderá V.S. Ilustrísima la necesidad imprescindible de que todos los funcionarios de los distintos órdenes sociales presten su patriótico y decidido concurso al buen éxito de un trabajo cuya utilidad es inapreciable.

Con este fin el infrascrito, persuadido como está de la buena voluntad con que siempre V.S. Ilustrísima ha acogido toda idea que redunde en beneficio del país, ha resuelto dirigirse a V.S. Ilustrísima, solicitando al Arzobispo sirva dirigirse a su vez a todos los párrocos de la provincia de Santiago, dándoles instrucciones para que, poniendo en uso los medios de enseñanza y propaganda de que disponen, preparen al pueblo haciéndole comprender la conveniencia de que dé a los comisionados con la mayor exactitud posible los datos que de él soliciten.

Abriga la confianza esta Intendencia, de que V.S. Ilustrísima aceptará esta idea, que vendrá a facilitar notablemente el empadronamiento general de la República en el día que dejo señalado.

Me permito acompañar a esta nota varios ejemplares del decreto del censo para que, si V.S. Ilustrísima estimare oportuno, pueda hacerlos llegar hasta los funcionarios eclesiásticos a que ya me he referido.

Dios guarde a V.S. Ilustrísima.- A. Zañartu F.- Al Iltmo.[sic] y Rvdmo. Arzobispo de Santiago"34.

La compleja red de lealtades sociales que esta operación obliga establecer, nos demuestra que desde una práctica meramente administrativa es posible proyectar algunas implicancias para el proceso de construcción social de la nación. La simultaneidad, la dimensión territorial y la necesidad de motivar a la población sacudiéndola de sus temores, se constituyen en los motores principales para articular una maquinaria donde ningún individuo ni institución debía quedar al margen. En cuanto la iniciativa se convierte en un verdadero desafío para las autoridades, es necesario concitar el apoyo de la sociedad en pleno, sin distinciones de ninguna especie. Al menos por un día, los ciudadanos forman parte de un mismo proceso y todas las voluntades están orientadas hacia un objetivo común. De ahí que resulte interesante estudiar cómo se reproducen estos mecanismos en aquellos territorios alejados de la capital o de qué forma cada localidad prepara su participación en este evento de alcance nacional. Para ello nos situaremos en los dos últimos censos del siglo XIX y en la importante labor que le cupo a la prensa provincial.

Las trabajos para el Censo de 1885 comenzaron el 31 de agosto del mismo año, fecha en que se promulga el decreto supremo que fija para el 26 de noviembre la realización del empadronamiento general. En algunas provincias y departamentos, los respectivos intendentes y gobernadores solicitaban a los periódicos locales reproducir en forma íntegra dicho documento con el fin de que la población estuviera informada con bastante antelación de la inminencia del censo. Así se hizo en las columnas del periódico de La Unión casi mes y medio después de promulgado el decreto. Con el fin de que para nadie pasara inadvertida la publicación, el redactor recomendaba a sus lectores "echar un vistazo" al documento que reglamentaba la operación, especialmente a quienes de seguro tendrían que tomar parte en su ejecución35. En Yumbel, en cambio, no se hizo público el decreto, pero desde el 7 de octubre en adelante comenzaron a aparecer una serie de noticias relacionadas con el particular. En dicha edición se reprodujo una nota enviada a los subdelegados del departamento por el gobernador David Goicolea donde les ordenaba escoger cuanto antes a seis o más personas residentes en sus distritos para que integraran las comisiones a las que se confiaría la realización del censo el 26 de noviembre próximo. Los subdelegados debían remitirle la lista completa de los individuos designados a más tardar el día 20 de octubre36. Los funcionarios habrían actuado con gran prontitud, pues el 4 de noviembre el gobernador entregaba a la luz pública la extensa lista con los nombres de los ciudadanos escogidos para la ocasión. De esa forma, los habitantes de cada distrito podrían conocer previamente a quienes realizarían la operación. Luego de la extensa nómina, El Yumbelino incluía un llamativo aviso para la población:

"CENSO AVISO OFICIAL

El censo de población de la República será tomado el 26 de noviembre de 1885, y toda persona mayor de edad, miembro superior de una familia residente en una casa, habitación o cuarto, o jefe o director de establecimientos públicos o privados, u otras comunidades, a quien se dirija el comisionado de distrito para obtener los datos que designa el respectivo padrón que presente, deberá darlos con toda verdad y exactitud posibles.

Las personas expresadas o que hagan sus veces en su ausencia en dicho día, que se nieguen a recibir al comisionado, o que le comuniquen los requeridos datos con engaño o falsedad voluntaria, están sujetas, por la ley, a una multa de diez a treinta pesos, o en su defecto, a una prisión de diez a treinta días. El Gobernador del Departamento"37.

En la misma edición se da cuenta de un oficio dirigido a los subdelegados al que se adjuntaron avisos para que fueran fijados en los lugares más concurridos de cada distrito. Asimismo, se les enviaban varias copias del decreto que ordenaba levantar el censo e instrucciones para realizarlo con el mayor acierto posible. Por último, se les hacía llegar doscientas copias de los padrones en que se anotarían los datos, los que debían ser remitidos a las comisiones distritales oportunamente. Insistiendo en la necesidad de dar la mayor publicidad posible al evento, el gobernador se despedía de los subdelegados instándoles a tomar todas las medidas atingentes a la calidad de la operación que se les confiaba38.

El Yumbelino, que circulaba únicamente los días jueves, reprodujo en todas sus ediciones posteriores el bando aparecido el 4 de noviembre, incluso el mismo día del censo, que afortunadamente coincidía con el de su publicación39. Y la estrecha relación de este periódico con las iniciativas emanadas desde la Gobernación queda sellada cuando llega la hora de conformar la comisión revisora del censo departamental. Dicho cuerpo, presidido por el Gobernador e integrado por un miembro de la Municipalidad y dos o tres vecinos ilustres, tenía por misión examinar los padrones recogidos en los distritos de la jurisdicción, rectificar los errores que pudiesen tener y anotar todas las observaciones pertinentes para luego enviar estos datos al Intendente de provincia. Por decreto de 29 de diciembre, el gobernador David Goicolea designaba a Ildefonso del Carmen Vázquez, redactor y propietario de El Yumbelino, como uno de los miembros de dicha instancia.

En Parral constatamos una dinámica parecida a la vista en la anterior localidad. Su periódico, El Comercial, publicó el 9 de noviembre un decreto similar al aparecido en la prensa yumbelina el día 4, donde el gobernador José Antonio Zúñiga enviaba a los subdelegados los documentos correspondientes a la realización del censo, avisos para lugares públicos y detalladas descripciones respecto a la manera de organizar la recolección de los datos. En el mismo número se incluía un aviso de considerables dimensiones y también muy parecido al que circuló por Yumbel y sus alrededores40.

En Valparaíso, los redactores de El Mercurio comienzan a publicar desde inicios de noviembre toda la documentación oficial relativa a los preparativos del censo que hizo circular la Intendencia. Si bien en estos primeros días no hay artículos ni editoriales que apelen directamente a la población, lo cierto es que con la sola referencia al evento -a través de los oficios de gobierno- se estaba cumpliendo con el afán publicitario que perseguían las autoridades. En la edición del 3 de noviembre, por ejemplo, se publica la lista de integrantes de las comisiones distritales que levantarían el censo junto a las penas a que se exponían -cincuenta pesos o prisión de un día por cada peso de multa- quienes participando en los trabajos, impusieran obstáculos maliciosamente41. Quince días después, aparece una comunicación donde se daba cuenta de las notas que hacían llegar los subdelegados al Intendente con las renuncias que algunos comisionados hicieron a sus designaciones y el nombramiento de los respectivos suplentes42. El único artículo dirigido especialmente a la población apareció dos días antes del censo con el fin de instruirla sobre la forma en que debían llenarse los padrones:

"Recomendamos a nuestros lectores, especialmente a los jefes de familia, de establecimientos, etc., las siguientes instrucciones que para el levantamiento del censo, que debe hacerse pasado mañana, ha publicado la Oficina Central de Estadística. Aunque ellas se dirigen a los comisionados, esto no impide que aprovechen a los dueños de casa que se propongan formar el estado por su cuenta para ahorrarse los interrogatorios de los comisionados y el tiempo que se pierde en él.

Para mayor comodidad daremos mañana en la cuarta página el estado completo en blanco, tal como se ha publicado por la Oficina Central de Estadística, a fin de que sirva de modelo y si se quiere de original para que en el mismo se llenen las casillas, si es que no cuentan con ejemplares de los que reparten los comisionados.

Como las instrucciones son un poco largas, hemos creído conveniente darlas hoy mismo para que se lean con anticipación y mientras llega el momento de llenar el estado que recibirán mañana (…)"43.

Tal como se promete en la nota, al día siguiente El Mercurio insertó una copia a media página del formulario de empadronamiento que utilizarían los comisionados en sus trabajos.

Para el Censo de 1885, las autoridades chilenas tuvieron que sortear un obs- táculo absolutamente distinto a los de costumbre. De acuerdo al Tratado de Ancón firmado con Perú en octubre de 1883, las provincias de Tacna y Arica quedarían bajo jurisdicción chilena por un plazo de diez años, luego del cual un plebiscito decidiría la soberanía definitiva. Dichos territorios fueron integrados legalmente a la soberanía del Estado de Chile como posesión provisoria, razón por la cual el empadronamiento general de la población debía verificarse allí de la misma manera que en todas las demás provincias de la república. Sin embargo, y por el estatus especial de dichas zonas, se tuvo que introducir una sutil modificación al histórico texto que mandaba levantar los censos: luego de la orden "se ejecutará simultáneamente en toda la República", se añadió la frase "y territorios anexos". En el caso específico de Tacna, si bien es imposible hablar de un clima violento o excesivamente marcado por los nacionalismos, las autoridades se debieron esforzar doblemente para llevar adelante esta operación dentro de una zona habitada en su mayoría por ciudadanos peruanos.

Uno de los principales problemas que debieron enfrentar los gobiernos de Bolivia, Perú y Chile después de 1884, dice relación con el reordenamiento de la población luego de los desajustes territoriales provocados por el resultado de la guerra. Así, por ejemplo, a pocos días de verificarse el censo, El Mercurio informaba que Jorge Salinas Vega, comisionado por el gobierno boliviano para repatriar a los prisioneros existentes en Copiapó, partiría desde el puerto de Caldera con quince individuos, entre mujeres y niños44. Un proceso similar se estaba produciendo en el norte del país con los ciudadanos peruanos que habitaban en la provincia de Tarapacá. El gobierno chileno, por medio de la ley de 31 de octubre de 1884, dispuso que serían declarados chilenos naturalizados los nacidos en el territorio de Tarapacá y que a la fecha residieran en él, salvo aquellos que en el término de un año después de promulgada la norma, manifestasen ante la respectiva Municipalidad su deseo de ser considerados peruanos. Así lo hicieron varios individuos, entre ellos los operadores de la Oficina Rosario, que solicitaron ante el municipio de Iquique ser considerados peruanos avecindados en territorio chileno45. En Tacna, por su parte, las páginas de El Caplina invitaban frecuentemente a la "colonia boliviana" residente en esa ciudad y en el puerto de Arica, a acercarse a la oficina del consulado para inscribirse como ciudadanos de su país.

Todos estos llamados pretendían generar un importante efecto en los resultados del censo, pues no podría obviarse muy fácilmente el que un país ejerciera soberanía en un territorio donde sus ciudadanos eran clara minoría46. Y este punto, que en el caso de la provincia de Tarapacá no pasaría de ser un simple dato -pues había sido definitivamente integrada al territorio nacional por efecto del Tratado de Ancón-, se convertía en un argumento fundamental para una zona que todavía tenía posibilidades de volver a la soberanía peruana. Este ánimo se deja ver claramente en el editorial del 1 de septiembre del periódico tacneño:

"Sabemos muy bien que el dilema que el pueblo mismo de Tacna está llamado a resolver es este: CHILENO O PERUANO; sin ingerencia alguna de ninguna otra entidad política (…)

No vacilamos en creer que Tacna optaría por aquella nacionalidad que desde luego la incorpore real y verdaderamente a su seno formando con ella un cuerpo compacto y único sin que aparezca como un apéndice o añadidura forzada, como una especie de superposición que solo sirve para interponerla a otra nacionalidad (…)

Y así como un hombre no puede dejar de extraviarse y hacerse infeliz cuando se le obliga a optar por una carrera para la que no es apto, a prestar a la sociedad servicios para los que no ha sido creado ni educado, así un pueblo, una comarca, una región cualquiera, tampoco puede dejar de resentirse de atraso (si no de retroceso) cuando se le sustrae de la región o de la zona a que naturalmente pertenece y se le adhiere a otra zona con la que no cuadra mejor que una superfetación (…)"47.

No obstante el complicado panorama que creaba esta tensión, y las dificultades inherentes al proceso de establecimiento de un nuevo sistema administrativo en un territorio que históricamente pertenecía a otra nación, las autoridades chilenas pudieron hacer uso de las páginas de El Caplina para publicitar el censo de población. El mismo día que se promulgaba en Santiago el decreto que ordenaba la operación, apareció en este periódico una copia del documento en hoja aparte, página completa y bajo un encabezado donde aparecía el escudo nacional y la voz "REPÚBLICA DE CHILE". El decreto vuelve a ser publicado el 17 de noviembre junto a un breve comunicado de la redacción, donde se informaba que las comisiones de Tacna estaban formadas y prestas para levantar "el censo general de toda la población comprendida dentro de los límites de la República"48. Al día siguiente, el Intendente y Comandante General de Armas, Manuel Soffia, mandó reproducir un extracto del documento aparecido el día anterior.

Según los datos que entrega la introducción al Censo de 1885, los comisionados de la provincia de Tacna no habrían enfrentado ningún tipo de dificultad a la hora de realizar el empadronamiento. Al menos no se consigna alguna noticia que permita siquiera suponer tal hecho. Y parecía que el clima sería similar para 1895, pues hacia fines de octubre, según las informaciones de El Mercurio de Valparaíso, las autoridades de Tacna y Arica se encontraban haciendo los aprestos necesarios para levantar el censo ordenado por el gobierno49. Pero los preparativos fueron estériles. Según el informe de Vicente Grez que presentaba los resultados del Censo de 1895, los padrones enviados por el Intendente llegaron en un estado ilegible, lo que sin duda se debía a, según él, la falta de preparación de las comisiones designadas. Ante la imposibilidad de compaginar los datos y ofrecer una síntesis bien presentada, el director de la Oficina de Estadística optó por omitir la publicación de las cifras de dicha provincia. Una decisión nada extraña y que no tendría por qué llamarnos la atención. Sin embargo, en el desarrollo de su justificación deslizó un argumento que resume magistralmente la profundidad, en términos de imagen, del mapa mental de la nación:

"Por otra parte, la condición especialmente indecisa en que se encuentra la provincia de Tacna, que no nos permite considerarla como propia, creemos que no despertaría tanto interés como las demás provincias de nuestro territorio, por conocer los detalles referentes a su censo, sobre todo en un caso como el presente, en que los detalles de clasificaciones carecerían de fidelidad"50.

Al igual que en Tacna, los Intendentes y Gobernadores del resto del país comenzaron a tomar tempranamente los aprestos necesarios para el último censo del siglo XIX. En Coquimbo, por ejemplo, las autoridades cumplieron a cabalidad con sus obligaciones al promulgar, en los dos días festivos previos al evento y "con las solemnidades de estilo", el bando correspondiente51. La prensa local también se sumó a estas operaciones y desde las páginas de La Aurora se estimuló directamente a la población, insistiendo en las ventajas que ella obtendría:

"(…) Hace diez años que se levantó el último censo, y desde entonces ignoramos si nuestra población ha ido en aumento o disminución. De manera, pues, que el empadronamiento que ha de efectuarse ahora debe hacerse con la exactitud posible (…).

El censo no solo tiene por objeto indicar el número exacto de habitantes de la República, sino que también el de arrojar otros datos importantísimos que nos den a conocer el estado civil de las personas, su sexo, nacionalidad, ocupación, su grado de instrucción elemental y los defectos físicos que adolecieren algunas de ellas.

De todos estos datos fluirán, para los hombres de Estado y observadores, consideraciones muy importantes, que tendrán por objeto el estudio de proyectos tendentes a mejorar la condición de las clases desheredadas de la fortuna, que son desgraciadamente las que más necesitan de enseñanza y protección.

No debe, pues, bajo fútiles pretextos, rehuirse la inscripción en los padrones del caso, porque cualquiera negativa o negligencia originaría defectos de trascendencia en la correcta elaboración del censo.

Es costumbre inveterada en el pueblo, cuando se ve funcionar comisiones oficiales, atribuirles propósitos de militarización popular que están muy lejos de ejercer simples paisanos que no cargan el uniforme característico del hombre de armas. Los reclutamientos y demás actos militares se hacen por individuos de la profesión y no por jóvenes de toga y levita. Es así, que las comisiones que saldrán el próximo jueves no deben inspirar el más pequeño temor o desconfianza. Se les debe recibir bien, y dárseles todos los datos que pidan"52.

Llama la atención la claridad con que esta comunicación busca concitar el apoyo de la ciudadanía. En primer lugar, se definen expresamente las ventajas que de esta operación se desprenden, lo que implica aterrizar al individuo común todos aquellos discursos que, apelando a la conveniencia, no demuestran las consecuencias materiales del empadronamiento. Por otra parte, y por primera vez, se dan argumentos sólidos para ir limando las resistencias de la población al explicar que el censo corresponde a una operación alejada del mundo militar y más bien ligada al aparato administrativo del país. Es por ello que los empadronadores son presentados como comisionados "oficiales", es decir, representantes del Estado, cubriéndolos con una personalidad que es prestada, pero muy funcional al carácter nacional del evento. Un tenor bastante similar presenta el comunicado aparecido el 26 de noviembre en las páginas de El Mercurio. La explicación de los beneficios que derivarían de una correcta ejecución justifican los llamados patrióticos que cierran la nota, confiriendo al censo una imagen que coincide con los más altos intereses de la patria, con "el anhelado bienestar de Chile"53. Y si bien ningún esfuerzo podrá allanar completamente los obstáculos impuestos por los temores de la población, es imposible pensar que tanta insistencia no pudiera rendir algunos frutos. Por ello hemos querido ver como una consecuencia de todas estas estrategias empleadas el llamado que la sociedad "La Igualdad de las Obreras" hizo a sus "consocias y alumnas" para que no tuvieran reparos a la hora de entregar información a los comisionados, instándolas, incluso, a ofrecer útiles de escritura y toda la comodidad posible para la labor que dichos funcionarios cumplirían54.

La prensa no solo contribuía en instar a la población a participar directamente del censo, sino que también hacía posible que sus lectores apreciaran las gestiones que las autoridades de las diversas provincias realizaban para asegurar un buen resultado. A través de breves informaciones cablegráficas, iban percibiendo que esta operación era común a todo el territorio y que tanto el gobernador de Magallanes como el de Pisagua establecían providencias similares a las fijadas por la autoridad de su propia jurisdicción. Así, por ejemplo, El Mercurio reproducía constantemente telegramas enviados desde Tacna, Arica, Iquique y Concepción, en los cuales se detallaba el avance de los trabajos, lo que a su vez permitía que la población porteña tomara conciencia de la simultaneidad y generalidad con que se preparaba este evento55. Similar función cumplía El Ferrocarril en Santiago, al dar cuenta de los oficios recibidos por la Oficina Central de Estadística desde las autoridades provinciales. De esta forma, los habitantes de la capital se enteraban que el gobernador de Magallanes, por ejemplo, había hecho traducir al inglés las instrucciones para llenar los cuestionarios debido a que la gran mayoría de los estancieros de la Patagonia chilena eran ciudadanos ingleses poco familiarizados con el castellano; o que en la provincias australes se fletarían embarcaciones menores destinadas a transportar a los comisionados que tuvieran que trasladarse a puntos de difícil acceso; en fin, que los gobernadores de Arica y Pisagua, en consideración a lo extenso de sus respectivos departamentos, habían propuesto nombrar empadronadores especiales para las oficinas salitreras y demás poblaciones diseminadas en esos territorios proporcionándoles los necesarios medios de locomoción56. Por otra parte, estas simples referencias ponían en contacto a los lectores con territorios lejanos y suponemos desconocidos, lo que posibilitaba que cada individuo tomara conciencia de las dimensiones espaciales y humanas de la nación a la que pertenecía, rompiendo, con ello, los límites de su identificación local57. De esta forma, el censo se convierte en una instancia de mutuo conocimiento, donde cada ciudadano descubre a sus compatriotas, sus problemas y lo que los convierte en miembros de la misma comunidad nacional.

3. LA NACIÓN HOMOGÉNEA

En su vertiente meramente demográfica, el censo es un instrumento que permite clasificar a la población de determinado territorio. Quien lo organice, deberá entonces establecer previamente qué categorías le parecen atingentes para definir al grupo humano que empadronará. De ahí que los formularios confeccionados para los censos se conviertan en un interesante tema de estudio para comprender la mentalidad y las intenciones de quienes clasifican. Esos simples documentos están condicionados por un prisma particular, por una jerarquía de percepciones que intenta ordenar una realidad compleja y múltiple. Para ello, solo se necesita descubrir el denominador común. O crearlo. Siguiendo estos supuestos, nos queda por analizar en qué medida la evolución de los formularios de empadronamiento contribuyó al proceso de construcción nacional.

El primer censo general de población realizado en Chile data de 1778 y fue realizado bajo el gobierno del mariscal de campo Agustín de Jáuregui. En dicha ocasión, los habitantes del país fueron divididos en cuatro categorías: blancos, mestizos, indios y negros58. Trece años después, Ambrosio O'Higgins ordenó elaborar un "estado del número de personas de ambos sexos" de cada obispado. Asimismo, mandó formar un cuadro aproximativo de la población existente en territorio araucano. Como se puede ver a simple vista, los criterios de clasificación correspondieron a la variable fundamental con que se distinguía a los individuos durante el período colonial: rasgos fenotípicos.

Esta tendencia tendió a complejizarse en el Censo de 1813, el primero después de la revolución de Independencia. Aquí la población se dividió en dos grandes grupos con sus respectivas subcategorías. El primero corresponde al ítem origen, comprende a quienes antiguamente se agrupaba bajo la voz blancos y que ahora pasaban a ser definidos por la categoría Españoles y Extranjeros Europeos. Este grupo se subdividía en cuatro tipos: Españoles Americanos, Españoles Europeos, Españoles Asiáticos, Canarios y Africanos y Europeos Extranjeros. El segundo es el de las castas, que a su vez se subdivide en Indios, Mestizos, Mulatos y Negros.

Para entender estas categorías, es necesario tener presente que fue Juan Egaña quien confeccionó los padrones con que se realizó el Censo de 1813. Hay tres aspectos que resaltan inmediatamente y están íntimamente relacionados: la distinción que se introduce en el antiguo grupo blanco, la ausencia de la voz chileno y la persistencia de la imagen de la monarquía hispánica. Tomando en cuenta el historial de Egaña, es evidente que el padrón refleja su propia visión de la situación imperante: a pesar de los vaivenes políticos y de los conflictos con las Cortes españolas, el gobierno chileno se había instaurado para preservar los derechos de Fernando VII y por tanto el país aún estaba unido a su metrópoli. Es por eso que no acude a la designación de chileno, pero tampoco establece la clásica división entre criollos y peninsulares. Aplicando la imagen de la monarquía hispánica, distingue dos grupos fundamentales: Españoles y Europeos Extranjeros. En la subdivisión del primero se entrecruzan la filiación política y el origen territorial: todos pertenecen a latitudes distintas (hay americanos, europeos, asiáticos, canarios y africanos), pero en lo esencial forman parte de España, pues sus territorios de origen están sometidos a la corona peninsular. Por oposición, todo europeo no español es extranjero, no estableciéndose distinción de nacionalidad para estos casos. Respecto al resto de la población, léase no blancos, sigue imperando la variable fenotípica. La única innovación es que todos son agrupados bajo una misma categoría: castas.

Hacia 1824 la necesidad de levantar un censo se hizo imperiosa. Para ello se comenzó a confeccionar un padrón donde se refleja una variación en los criterios de clasificación. Dicho formulario volvía a las antiguas categorías fenotípicas definiendo cinco grupos: blancos, indios, chinos, negros y mulatos. A su vez, se contemplaba una columna para los extranjeros no naturalizados, pero donde solo podía ubicarse a ingleses, franceses e italianos59. Como se ve, todavía no se define a los habitantes del país como chilenos. El proyectado Censo de 1824 no se verificó y las preguntas que se redactaron para esa oportunidad fueron utilizadas en el de 183560. Sin embargo, para esta ocasión se suprimió la denominación de castas, lo que constituyó un importante avance en la configuración de una identidad común. El siguiente paso se dará en el censo de 1843, cuando la nacionalidad se convierte en una categoría fija de clasificación. No obstante, junto a ella existía otra columna en la cual se registraría el departamento en que había nacido el encuestado. Decimos "no obstante" porque ya vimos lo sucedido en el Censo de 1854, cuando se eliminó la pregunta por la adscripción departamental: la comunidad local -"la patria chica"- era el único referente con el cual la mayoría de la población se identificaba. Para no pocos chilenos, esa era su verdadera nacionalidad.

A pesar de estas dificultades iniciales, el "rótulo" nacional se irá imponiendo paulatinamente entre la población en forma paralela a la denominación departamental. Según se estipulaba en las instrucciones para llenar los padrones, el comisionado debía partir preguntando al ciudadano si era chileno o nacido en territorio de Chile; de ser efectivo, debía anotar en el formulario el departamento en que había nacido. Ese, en definitiva, era su registro.

Sin embargo, los principales desafíos al imaginario nacional no vendrían desde allí, sino más bien de la tendencia que iba tomando la estadística a nivel mundial. Al respecto, resulta muy revelador un fragmento de la introducción al Censo de 1865 redactada por Santiago Lindsay. Luego de elogiar al estadístico belga Quetelet, reconocía haber seguido sus principales indicaciones para el censo que presentaba, obviando, eso sí, aquellas diferencias que nacían de "las condiciones especiales de nuestra nacionalidad":

"El autor del programa fija entre sus especificaciones la anotación de la religión que profesa y del idioma que habla cada individuo; datos que en Chile sería superfluo tomar, pues la creencia como el lenguaje son unos mismos entre todos sus hijos. El Censo de Estados Unidos de América determina además: la población negra esclava, la libre y la libre de color; felizmente en nuestro país existe una raza única, libre e igual lo mismo en el color de su tez que en sus derechos y deberes políticos, lo cual nos exime de un trabajo de distinción que ocupa largas páginas en el censo americano"61.

Una religión, un idioma, una raza: la nación llevada al extremo. Y también el afán homogeneizador de la estadística, que margina toda diferencia para vincular en una única realidad. Los censos de la segunda mitad del siglo XIX siguieron manteniendo fijos sus criterios de clasificación: tipo de residencia, nombre y apellido, sexo, edad, estado civil, profesión o industria, saber leer, saber escribir, nacionalidad, imposibilidad física, parroquia. Así fue por cerca de cuarenta años. Pero la realidad iba cambiando y cada vez era más difícil que cada quien tuviera un lugar -y solo uno- dentro del censo. La ficción se tuvo que quebrar para poder abarcar nuevamente todas las posibilidades62. Desde 1895, los formularios se modificaron para definir sin errores la nacionalidad de los hijos de extranjeros. Y también para reconocer que en Chile no existía una sola religión.

4. CONSIDERACIONES FINALES

En el preámbulo con que iniciamos nuestra exposición, dejamos planteada la pregunta acerca de la pertinencia de estudiar los censos de población del siglo XIX como una vía eficaz en el proceso de construcción social de la nación. No pretendemos reiterar aquí las ideas que sustentaron nuestra propuesta, ni tampoco los argumentos que ofrecimos para confirmarlas. Nos basta con señalar que al menos desde los tres aspectos que decidimos analizar -autoridades locales, población y formularios de empadronamiento- es posible proyectar algunas líneas que permiten abordar dicho proceso en un nuevo escenario. Pero claramente no son los únicos ni los más relevantes.

Los datos arrojados por los censos de población del siglo XIX constituían la base legal para la organización de las elecciones de senadores y diputados, la definición de los electores de presidente, alcaldes, regidores municipales y la formación de los colegios electorales. En suma, eran eventos que entregaban información de trascendental relevancia política y que, por lo tanto, podían ser manipulados de acuerdo a la voluntad de las autoridades a su cargo. Este aspecto, aún no ha sido analizado con detención.

Por otra parte, el censo tiene como requisito fundamental para su ejecución el estudio y planificación de las zonas geográficas en que viven los habitantes del país. Solo de esa manera es posible determinar acertadamente el número de empadronadores necesarios, la cantidad de formularios que se utilizarán y los aprestos que se deben definir para las situaciones especiales. Este punto resulta de singular interés para el siglo XIX, cuando se producen las más importantes transformaciones territoriales de nuestra historia. El empadronamiento, precisamente, se ofrece como una instancia especial para que el Estado haga sentir su soberanía en todo el territorio sometido a su jurisdicción.

Por último, tras el censo se esconde una de las tantas expresiones del proceso de secularización, que en este caso se define en torno al control de la información demográfica. La Iglesia comienza a ser desplazada paulatinamente de una labor que monopolizó por varios siglos ante el avance de la legislación y las instituciones creadas por el Estado.

Con solo tres ejemplos se demuestra la riqueza que encierra este tipo de fuente y la necesidad de recuperarla para iluminar interesantes aspectos tanto del siglo XIX como del XX. Ello exige dejar de interpretar a los censos únicamente como eventos estadísticos o demográficos y reconocer que forman parte de complejos procesos sociales.

_______________

1 Resulta sorprendente constatar la casi total ausencia de reflexión en torno a este tema. Y quienes se han animado a abordarlo tienden a concentrarse exclusivamente en el panorama que hemos descrito. Así, por ejemplo, entre los historiadores que los han utilizado bajo un criterio estadístico-demográfico destaca Rolando Mellafe. Para la publicación del XII Censo de Población y I de Vivienda realizado en Chile en 1952, redactó su "Reseña de la historia censal del país",         [ Links ]XII Censo General de Población y I de Vivienda. Levantado el 24 de abril de 1952. Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, Santiago, 1952, tomo I, 11-33, un recorrido muy bien documentado y aún no superado. A inicios de la década de 1980 y bajo el patrocinio del Centro Latinoamericano de Demografía, participó junto a Carmen Arrext y Jorge Somoza en la redacción del libro Demografía Histórica en América Latina. Fuentes y métodos, CELADE, Costa Rica, 1983, donde se propone indagar en la confiabilidad de la información que entregan estas prácticas. En un registro más cercano a la historia institucional -en este caso del Estado chileno- podemos ubicar a Raúl Silva Castro con su "Introducción" al Censo de 1813, publicado por el Archivo Nacional, Censo de 1813. Levantado por Juan Egaña, de orden de la Junta de Gobierno formada por los señores Pérez, Infante y Eyzaguirre. Imprenta Chile, Santiago, 1953. También a Diego Barros Arana y Ramón Sotomayor Valdés, quienes se refieren a este tema al analizar el cometido de los primeros gobiernos nacionales. En un registro distinto, mucho más crítico, aparece Francisco Encina y sus breves, pero ácidas menciones a los censos de población realizados en Chile durante el siglo XIX. Y al autor de la Historia de Chile se ha sumado recientemente Elizabeth Quay Hutchison, historiadora que se ha empeñado en cuestionar la "veracidad" de la información que se desprende de los empadronamientos, en especial del aplicado en 1895. Al respecto, véase su artículo "La historia detrás de las cifras: la evolución del censo chileno y la representación del trabajo femenino, 1895-1930". En Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, No 33, 2000, 417-434.        [ Links ]

2 Respecto a la relación entre la percepción del espacio geográfico y el ejercicio del poder, es interesante revisar la nota introductoria del artículo de Rafael Sagredo "La `idea' geográfica de Chile en el siglo XIX", publicado en el Nº 44 de la revista Mapocho de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, DIBAM;         [ Links ] cito: "El ejercicio del poder siempre ha estado determinado por factores de orden geográfico, por las nociones e ideas existentes sobre la realidad física, económico-social y cultural que la acción de la humanidad genera en el territorio sobre el cual este ejerce soberanía (…). La noción, la conciencia, la visión del espacio, la idea de la situación y condiciones físicas y económico-sociales del país que tenían los gobernantes, los hombres públicos y la sociedad en general -y que empleaban como antecedente para resolver los problemas que se les presentaban y tomar las decisiones que sus actividades les planteaban- resulta esencial, precisamente para explicar el comportamiento de los diferentes actores que conformaban la sociedad, entre ellos, el gobierno y sus agentes". Sagredo, op. cit., 123.

3 Francisco Blanco. Breve estudio sobre los censos de población. Talleres Tipo-Litográficos "Aristón". Tegucigalpa, D. C., Honduras, 1949, 9.        [ Links ]

4 Luis Mizón. Claudio Gay y la formación de la identidad cultural chilena. Editorial Universitaria, Santiago, 2001, 55-60.         [ Links ]

5 Carmen Arrext, Rolando Mellafe y Jorge Somoza. Demografía Histórica… 24.        [ Links ]

6 Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile. 1811 a 1845. (De aquí en adelante S.C.L.). Imprenta Cervantes, Santiago, 1887, tomo I, 9-10.

7 Para una revisión de los documentos relacionados con este episodio, véase Escritos de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y a su familia. Imprenta, Litografía y Encuadernación "Barcelona", Santiago, 1914, tomo II, 225-234.         [ Links ]

8 S.C.L., 127.

9 Luis Montt. Bibliografía Chilena. Imprenta Barcelona, Santiago, 1904, tomo II, 170.         [ Links ] El registro del acta en S.C.L., 174.

10 F. Blanco, loc. cit.

11 Alejandro de Humboldt. Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799-1804, liv. IV, cha 12, vol. IV, 162. Citado por Diego Barros Arana. Historia General de Chile. Editorial Universitaria y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2001, tomo VII, 228.         [ Links ]

12 Nicolás Sánchez-Albornoz. La población de América latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2025. Alianza Editorial, Madrid, 1994, 19.         [ Links ]

13 Así se establece en el manifiesto donde Carrera justificaba su acción: "Un cuerpo, nulo desde el plan de su instalación no podía corresponder en sus obras, sino con vicios intolerables. Los pueblos eligieron diputados antes de contar el número de sus habitantes, y antes de saber el de los que les correspondían. Así es que, un campo de cuatro ranchos tuvo tanta representación como el vecindario numeroso; y estos en otra parte excedieron el coto legítimo de su aumento respectivo". En Fr. Melchor Martínez. Memoria histórica sobre la revolución de Chile, desde el cautiverio de Fernando VII, hasta 1814. Imprenta Europea, Valparaíso, 1848, 448-449.         [ Links ]

14 "Un censo del Obispado de Concepción en 1812". Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo XIX, 1916, 266-267.         [ Links ]

15 Archivo Nacional. Censo de 1813… 1.

16 Ibid., 2.

17 Ibid., 4.

18 El Monitor Araucano, 10 de junio de 1813.         [ Links ]

19 Diego Barros Arana. Historia Jeneral de Chile. Rafael Jover Editor, Santiago, 1888, tomo IX, 218.         [ Links ] Para una revisión de este empadronamiento, véase la referencia ofrecida en la nota 14.

20 S.C.L., Sesión 43a, en 25 de enero de 1825, tomo X, 337.

21 Censo Jeneral de la República de Chile levantado en abril de 1854. Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1858, 2.         [ Links ]

22 Ricardo Anguita. Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta 1901 inclusive. Imprenta Nacional, Santiago, 1902, tomo I, 611.        [ Links ]

23 Estos instructivos generalmente se reproducen en la nota introductoria que redacta el director de turno de la Oficina de Estadística para la publicación de cada censo. En lo esencial son todos similares, pero es posible detectar leves diferencias en las ocasiones en que se ha modificado el formulario de empadronamiento.

24 Censo Jeneral de la República de Chile levantado el 19 de abril de 1865. Imprenta Nacional, Santiago, 1866, V-VI        [ Links ]

25 Censo Jeneral … de 1854, 1.

26 Atropos. "El Inquilino en Chile. Su vida. Un siglo sin variaciones, 1861-1966". Mapocho, 5 (1966), 200-201. Citado por Arnold Bauer. La sociedad rural chilena. Desde la conquista española a nuestros días. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1994, 72.         [ Links ]

27 Sesto Censo Jeneral de la población de Chile levantado el 26 de noviembre de 1885 y compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago. Imprenta de "La Patria", Valparaíso, 1889, tomo primero, IX.        [ Links ]

28 Ibidem.

29 Quinto Censo Jeneral de la población de Chile levantado el 19 de abril de 1875. Imprenta del Mercurio, Valparaíso, 1876, XXI.        [ Links ]

30 El Ferrocarril, Santiago, 22 de noviembre de 1895.         [ Links ]

31 Ibidem.

32 Censo Jeneral … de 1865, XIV-XV.

33 Quinto Censo Jeneral … de 1875, XXII.

34 El Ferrocarril, Santiago, 13 de noviembre de 1895.         [ Links ] Dos días después, y en la primera página del periódico, se daba noticia de un oficio enviado por el Arzobispo a todos los párrocos para que cooperasen en cuanto estuviera a su alcance en la realización del censo.

35 La Locomotora, La Unión, 17 de octubre de 1885.        [ Links ]

36 El Yumbelino, Yumbel, 7 de octubre de 1885.         [ Links ]

37 Idem, 4 de noviembre de 1885. Las cursivas son del original.

38 Idem.

39 Idem, 11, 18 y 26 de noviembre de 1885.

40 El Comercial, Parral, 9 de noviembre de 1885.         [ Links ] No ha sido posible seguir la pista a las gestiones realizadas en este departamento debido a que la copia de El Comercial disponible en la Biblioteca Nacional no está completa. Lo único que podemos agregar es que el 28 de noviembre, dos días después del censo, nuestro periódico volvía a publicar el aviso correspondiente. Ello, quizás, se debió a la imposibilidad de culminar la operación en la jornada señalada, por lo que todavía era necesario mantener informada a la población.

41 El Mercurio, Valparaíso, 3 de noviembre de 1885.         [ Links ]

42 Idem, 18 de noviembre de 1885.

43 Idem, 24 de noviembre de 1885.

44 Idem, 31 de octubre de 1885.

45 El Caplina, Tacna, 1 de septiembre de 1885.        [ Links ]

46 De hecho, según los resultados arrojados por el Censo de 1885 para la provincia de Tacna, la relación entre chilenos y extranjeros era de 0,34 a 1. Sesto Censo Jeneral… de 1885.

47 El Caplina, Tacna, 1 de septiembre de 1885.

48 Idem, 17 de noviembre de 1885.

49 El Mercurio, Valparaíso, 31 de octubre de 1895.         [ Links ]

50 Sétimo Censo Jeneral de la población de Chile levantado el 28 de noviembre de 1895 y compilado por la Oficina Central de Estadística. Imprenta del Universo de Guillermo Helfmann, Valparaíso, 1900, tomo I, XXX.         [ Links ]

51 La Aurora, Coquimbo, 19 y 26 de noviembre de 1895.        [ Links ]

52 Idem, 26 de noviembre de 1895.

53 El Mercurio, Valparaíso, 26 de noviembre de 1895.         [ Links ]

54 Idem, 27 de noviembre de 1895.

55 Idem, 30 y 31 de octubre, 15, 18, 27, 28 y 29 de noviembre de 1895.

56 El Ferrocarril, Santiago, 15 de noviembre de 1895.         [ Links ]

57 Nos parece pertinente reproducir aquí un fragmento aparecido en el periódico limeño La Opinión Nacional con ocasión del levantamiento del primer censo nacional en el Perú (1876). Creemos que complementa lo recién expuesto: "Hasta hoy hemos dejado transcurrir el tiempo sin conocernos. Nada sabemos de lo que tan íntimamente se liga con nuestro bienestar. Si interrogamos a la administración pública, ella tiene que contestarnos con las cifras incompletas e impostoras de hace veinte años (…) Y como consecuencia de todo esto, ni las autoridades pueden comunicar todo su impulso protector, ni los particulares pueden desenvolver sus intereses en más amplias esferas, que las que hasta hoy les han servido de campo de acción. Pero a partir del 14 de mayo, y en virtud de los trabajos que sobre el censo deben verificarse, vamos a entrar en posesión de nosotros mismos, a contemplarnos como somos, a examinarnos a la luz de informaciones que ignorábamos". Gabriella Chiaramonti. "Buscando el `ciudadano' virtuoso. El censo peruano de 1876 en el proyecto político de Manuel Pardo". En Marcello Carmagnani (coordinador). Constitucionalismo y orden liberal: América Latina, 1850-1920. Otto editore, Torino, 2000, 11.         [ Links ] Las cursivas son nuestras.

58 D. Barros. Historia General…, tomo VI, 270-271.

59 Rolando Mellafe. "Reseña de la historia censal del país". En XII Censo General de Población… 20.

60 Lo que se conoce como Censo de 1835 es una compilación de dos empadronamientos parciales realizados en 1831 y 1834. Este censo jamás llegó a publicarse como tal, pero con sus datos el primer director de la Oficina de Estadística, Fernando Urízar Garfias, redactó una obra titulada Repertorio Chileno, destinada a dar una visión geográfica, estadística y administrativa de Chile de esos años. Ibid., 21.

61 Censo Jeneral … de 1865, VIII.

62 Benedict Anderson. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1993, 231.        [ Links ]

Fecha de recepción: diciembre de 2003.
Fecha de publicación: junio de 2004.