HISTORIA N° 43, vol. II, julio-diciembre 2010: 325-355
ISSN 0073-2435

ESTUDIOS

¿REPRESIÓN O INTEGRACIÓN? LA POLÍTICA SINDICAL DEL RÉGIMEN MILITAR. 1973-1980**

 

Rolando Álvarez Vallejos*

* Doctor en Historia por la Universidad de Chile. Académico Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: rolandoalvarezv@gmail.com

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Resumen

Este artículo aborda los intentos del régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet de penetrar las organizaciones de trabajadores, entre el golpe de Estado y la instalación del Plan Laboral diseñado por José Pinera. Para ello, se analizan las distintas estrategias que se desplegaron para prolongar en el tiempo el apoyo dispensado al golpe militar de 1973 por el llamado Poder Gremial, compuesto, entre otros, por una parte significativa del movimiento sindical que se opuso a Salvador Allende, examinando, también, las razones del fracaso de estas estrategias de cooptación del movimiento sindical, confirmado con el triunfo de las políticas neoliberales en el ámbito laboral. La hipótesis que atraviesa este trabajo sostiene que el diseño del régimen militar no fue capaz de romper con la histórica cultura sindical de la organización de trabajadores en Chile.

Palabras clave: dictadura, movimiento sindical, gremios, neoliberalismo, cultura, Secretaría Nacional de los Gremios, Plan Laboral, Estatuto Social de la Empresa.

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Abstract

This article deals with the attempts of the military regime lead by the general Augusto Pinochet to penetrate workers organizations between the times of the coup d'etat and the installation of the Labor plan designed by José Pinera. The article analyzes the various strategies used in order to prolong in time, the support that the regime had since the coup of 1973 from the so-called Poder Gremial, composed amongst others, by a significant faction of the labor movement who opposed Salvador Allende. Also examined are the reasons behind the failure of these strategies to co-opt the labor movement that were confirmed by the triumph of neo-liberal labor policies. The underlying hypothesis argues that the military regimes plan was not capable of breaking through the historic tradition of labor unions among Chilean workers.

Key words: dictatorship, labor movement, unions, neoliberalism, culture, National Trade Secretariat, Labor Plan, The Social Statute of Enterprises.

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En las investigaciones sobre las organizaciones sindicales durante la dictadura militar, ha predominado una mirada que resalta el distanciamiento entre esta y el movimiento sindical. Por un lado, se ha enfatizado que las transformaciones estructurales que sufrió el capitalismo en Chile en aquella época, basadas en la destrucción de la industria nacional y el desarrollo del sector primario exportador, implicaron que los cambios en la estructura de clases debilitaran definitivamente los nichos en donde la clase obrera chilena presentaba altos niveles de organización, disminuyendo su tamaño y su importancia productiva¹. Por otro lado, se han resaltado los efectos de la represión y la pérdida de influencia de los partidos políticos de izquierda durante aquellos años, lo que habría debilitado la incidencia social y política del movimiento sindical². En la misma línea que destaca el carácter represivo y antipopular del régimen militar, se ha remarcado que esta situación no impidió que de todas maneras este movimiento jugara un papel activo en la lucha en su contra y a favor de la democratización del país³. Sin embargo, escasamente explorado ha sido el camino que la dictadura recorrió en búsqueda de cooptar en su favor a los trabajadores organizados. Como ha sido señalado para el caso chileno, las dictaduras no solo reprimen al movimiento obrero, sino que generan una relación compleja, más allá de la mera represión⁴.

Este artículo intentará examinar de qué manera el régimen militar del general Augusto Pinochet intentó obtener el apoyo del Poder Gremial. Compartiendo el supuesto de que la represión fue un hecho decisivo para delimitar el carácter del movimiento sindical chileno durante los primeros años de la dictadura, analizaremos cómo esta intentó proyectar, basada no solo en la represión, el respaldo inicial que le brindó un segmento de este movimiento. De acuerdo a nuestra óptica, desde el golpe militar hasta la aprobación del Plan Laboral en 1979, se desarrollaron diferentes estrategias, incluso ideológicamente opuestas, para disciplinar y despolitizar al movimiento sindical. El régimen intentó institucionalizar un sindicalismo corporativista-despolitizado, funcional a su búsqueda de respaldo popular y proyección a futuro, basándose en la derrota total del tradicional movimiento obrero chileno -aquel agrupado en la Central Única de Trabajadores- y en el respaldo de organismos gremiales con tradición corporativa y que se habían opuesto al gobierno de la Unidad Popular. Expresión de sus propias dificultades y contradicciones internas, la política sindical de la dictadura desembocó en el neoliberal Plan laboral, que significó la consolidación de la estrategia excluyente y represiva hacia el mundo sindical.

A modo de hipótesis, este artículo sostiene que la alianza entre el movimiento sindical antiallendista y la dictadura militar fracasó, producto del carácter instrumental que tuvo la unión entre este sector y las fuerzas golpistas. Unidos por el enemigo común ("el comunismo"), una vez en el poder, el movimiento sindical no se dejó domesticar por el régimen, haciendo reaparecer, al fragor de las primeras medidas de ajuste estructural, su tradicional carácter corporativo. Es por esto que la relación entre ellos pasó de una alianza instrumental a una relación hostil y disidente.

¿Por qué fracasó el intento de institucionalizar el respaldo de los trabajadores al régimen? El objetivo de despolitizar a un segmento con larga tradición organizativa fue incapaz de disciplinar a una cultura sindical acostumbrada a defender los intereses de sus afiliados, independientemente del carácter del gobierno de turno. Ni los esfuerzos del Ministerio del Trabajo en tiempos del general Nicanor Díaz Estrada, ni la corriente corporativista-estatista que se alojó en la Secretaría General de los Gremios lograron cooptar al movimiento sindical a favor del gobierno. Es por ello que la imposición del Plan Laboral simbolizó la renuncia y el fracaso del régimen militar por consolidar la alianza con el sector sindical antiallendista. La despolitización del sindicalismo no había sido posible, optándose por la represión y la exclusión de los gremios de la agenda social del gobierno militar. A principios de los años ochenta, este apeló a la base social, a los "nuevos" chilenos despolitizados, resocializados a sangre y fuego por el miedo a la represión y por los aires individualistas que las políticas neoliberales imponían en la sociedad chilena. Desde este punto de vista, el escaso respaldo que tuvo la dictadura al interior del movimiento sindical no fue por falta de interés⁵, sino por el fracaso de sus políticas sindicales y la posterior opción de refugiarse en la base social despolitizada luego del golpe de Estado, más dispuesta a adaptarse al nuevo orden neoliberal.

Este artículo examinará los esfuerzos del régimen militar para obtener el respaldo de las organizaciones sindicales antiallendistas y los posteriores intentos por construir un nuevo sindicalismo. No es un nuestro objetivo hacer una historia del movimiento durante aquellos años, sino evaluar la manera en que el gobierno militar se relacionó con las organizaciones gremiales. La estructura del texto se inicia con una caracterización de la cultura sindical chilena hasta 1973. Luego se examina cómo evolucionó el papel que se le asignaba a este movimiento dentro del régimen, lo que culminó con el quiebre definitivo e irreconciliable entre el sindicalismo antiallendista y la dictadura militar, y el inicio de una nueva era de las relaciones industriales en la historia laboral chilena.

El Régimen Militar y la Cultura Sindical: El fin de una era en la historia del movimiento laboral chileno

Para comprender los derroteros de la estrategia del régimen militar hacia el movimiento sindical, es necesario establecer las características que este tenía hasta 1973. Como señalabamos antes, la factibilidad de la integración y el apoyo del sindicalismo al régimen estuvieron determinados por las particularidades de la cultura sindical chilena, sedimentada durante décadas. En efecto, el movimiento sindical tiene una extensa tradición a lo largo de la historia de Chile. Como ha sido establecido, los orígenes de las organizaciones de trabajadores son fundamentales para crear sus tradiciones y asignarle una impronta propia⁶. De esta manera, las fuerzas de izquierda y el propio sindicalismo chileno construyeron una arraigada imagen sobre el origen del movimiento obrero chileno, realzando un historial de tempranos movimientos huelguísticos, masacres, líderes autodidactas y protagonismo social y político desde fines del siglo XIX y principios del XX⁷. De esta manera, el chileno era un movimiento donde el orgullo de pertenecer "a la clase" descansaba en su épica etapa formativa. Este anclaje le permitía ubicarse como protagonista de la historia nacional, lo que se ratificaba por su participación en el proceso de profundización democrática y avance de la justicia social durante el siglo XX. Como ha sido ampliamente investigado, su imbricación con los procesos políticos democratizadores colaboró al desarrollo del sindicalismo⁸. Es por ello que el grado de influencia de las organizaciones de los trabajadores de Chile estuvo estrechamente relacionado con cotextos políticos de integración y participación social y política. Una tercera característica del movimiento sindical chileno hasta 1973 fue su estrecha relación con los partidos políticos, especialmente de izquierda. Es por este motivo que se ha afirmado que el avance de la causa sindical dependió del avance de la izquierda chilena⁹. No obstante lo anterior, el sindicalismo, en tensión con su alta dependencia de los partidos políticos, se caracterizó por una autonomía relativa frente bal Estado, lo que le permitió desarrollar un accionar independiente frente a este y a los patrones, a diferencia de países como México, Argentina y Brasil, en donde el movimiento sindical era una correa de transmisión de las políticas estatales¹⁰. Esto permite comprender el origen de otra importante característica del sindicalismo chileno hasta 1973, consistente en su capacidad de negociación con el Estado, remarcando su carácter no solo político, sino también su preocupación por la defensa de los intereses corporativos de sus trabajadores. Esto lo convirtió en un movimiento díscolo, en ocasiones confrontacional, especialmente desde mediados del siglo XX, período a partir del cual ningún gobierno -hasta 1973- dejó de sufrir importantes movimientos huelguísticos en su contra¹¹. En este sentido, el movimiento obrero chileno tenía una cultura sindical que le daba su impronta, caracterizada por una agenda propia y la capacidad suficiente para desafiar a otros poderes.

Por otra parte, el sindicalismo chileno se caracterizó por hacerse especialmente fuerte en el sector industrial, concentrándose en la minería del cobre y en las grandes ciudades, aunque también existían organizaciones fuertes entre los trabajadores fiscales y privados, también llamados "de cuello y corbata"¹². Finalmente, aunque se ha destacado la unidad de las organizaciones de trabajadores en Chile, también se ha recalcado que no es correcto considerar al movimiento homogéneamente, ya que en su interior convivían distintas tendencias e intereses¹³. Es decir, más allá de la hegemonía de los sectores de izquierda dentro del movimiento sindical chileno, existieron otras corrientes ideológicas y tendencias en él. En 1972, los resultados de las elecciones universales en la CUT arrojaron que el sector ligado a la Democracia Cristiana contaba con alrededor de un 30% de respaldo. Asimismo, existían sindicatos de fuerte raigambre corporativa, alejados de las adscripciones ideológicas rígidas y concentrados casi exclusivamente en las problemáticas de sus socios.

En este contexto general, no fue extraño que un sector del diverso mundo sindical chileno se hiciera opositor al gobierno encabezado por Salvador Allende. Desmintiendo el esencialismo del supuesto carácter genéticamente revolucionario de los trabajadores, el golpe militar ocurrió luego de importantes movilizaciones gremiales y sociales, incluyendo a sectores laborales. El llamado Poder Gremial fue un activo opositor a Allende, que tuvo una destacada participación en el paro de octubre de 1972, que sumió al país en una aguda crisis política, social y económica. Asimismo, fueron protagónicos en la huelga del mineral de El Teniente en mayo de 1973, la cual buscaba debilitar al gobierno de la UP encabezado por Salvador Allende¹⁴.

Una de las características del sindicalismo chileno era su diversidad y sus rasgos de defensa corporativa, lo que ayuda a explicar que sindicatos con fuerte pasado izquierdista, como la Confederación de Trabajadores del Cobre, se unieran a la estrategia insurreccional de la derecha, o que la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), históricamente más preocupada de los problemas de sus afiliados que de las coyunturas nacionales, respaldara el golpe de Estado de 1973. En el caso de esta última, si bien a fines de los sesenta se afilió a la CUT y parecía tomar un perfil izquierdista, fue una de las organizaciones gremiales que encabezaron la lucha contra Allende. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, dirigió su organización con una alta autonomía de los gobiernos desde principios de los sesenta, para terminar siendo un puntal en la lucha de masas contra la Unidad Popular¹⁵.

Estas organizaciones formaron parte del mencionado Poder Gremial, es decir, el conjunto de organizaciones no partidarias que se movilizaron contra el gobierno de Allende. Colegios profesionales, gremios patronales, el comercio detallista, asociaciones de trabajadores estatales y municipales, bajo el concepto del Poder Gremial como una fuerza basada en la "técnica, la experiencia y el trabajo personal", crearían una nueva sociedad sostenida "en base a los ideales de libertad, nacionalidad y autoridad"¹⁶. Esta amplia definición permitió conformar una inclusiva y multiclasista alianza social contra el gobierno socialista de Salvador Allende. Pocos días después de caído el régimen de la Unidad Popular, diversos sectores gremiales manifestaban su adhesión al nuevo gobierno: la Confederación de Profesionales de Chile (CUPROCH), cuyo presidente nacional, Julio Bazán, manifestaba a nombre de su organización su "profunda satisfacción y espíritu de colaboración al nuevo gobierno [...] nuestra Confederación ofrece nuestro total apoyo a las nuevas autoridades [...]"¹⁷. Similares expresiones emitía la Confederación Única del Trabajo, presidida por el dirigente de los camioneros León Vilarín, y el Comando de los Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), entre la variada gama de organizaciones sociales que respaldaron públicamente el golpe militar¹⁸. También lo hacían incluso sectores democratacristianos que formaban parte de la Central Única de Trabajadores, como el caso de su provincial Valparaíso, cuyo presidente manifestaba su satisfacción por la "liberación del yugo marxista"¹⁹. Por cierto también manifestaban su alegría los sectores empresariales integrantes del Poder Gremial, como los dueños de carnicerías, los industriales metalúrgicos, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Nacional de Chacareros y los sindicatos de agricultores, entre muchos otros²⁰. El discurso que unía a estos sectores era el repudio al gobierno de Allende, la esperanza de que vendrían "tiempos mejores", aunque ausentes se encontraban aspectos programáticos o proyectuales.

De esta manera, se ratifica el planteamiento que señala que la alianza de masas anticomunista, que encabezó la lucha contra el régimen de Salvador Allende, fue básicamente instrumental. Es decir, la unidad de las fuerzas golpistas se dio en torno al convencimiento sobre la necesidad de terminar con el gobierno, mas no a un proyecto o programa común²¹. En efecto, las fuerzas golpistas constituyeron un verdadero enjambre ideológico muy diverso, que iba desde grupos ultranacionalistas, hasta emergentes grupos neoliberales, pasando por la derecha tradicional, unidos a sectores de centro -radicales y democratacristianos- opositores a Allende. Por su parte, las propias Fuerzas Armadas, de tradición estatista, tampoco contaban con un programa de gobierno coherente.

De esta manera, el temor de la derecha al avance del proceso de cambios que implementaba la Unidad Popular y el tradicional perfil de defensa de sus intereses corporativos de algunos de los integrantes del "diverso" mundo sindical chileno hicieron posible que sectores ideológica y socialmente distintos, confluyeran en la estrategia común del golpe militar. ¿Sería posible proyectar en el nuevo gobierno esta circunstancial e inédita alianza? Durante los primeros meses de la Junta Militar, pareció que la respuesta a esta interrogante sería positiva. Sin embargo, la realidad se mostraría mucho más compleja y difusa en el mediano y largo plazo. La alianza entre el sindicalismo anticomunista y el régimen militar estaría determinada por el choque de intereses divergentes.

Existe consenso en señalar que las Fuerzas Armadas no poseían un proyecto político coherente en la primera época del régimen militar. Junto con la heterogénea derecha que se había unido para derrocar a Allende, dentro de las propias instituciones castrenses convivía la tradición estatista del ibañismo, junto a posturas pragmáticas, que posteriormente permitirían la hegemonía de las posiciones neoliberales²². Pero lo que sí tuvo claro el nuevo régimen desde un comienzo fue la necesidad de desactivar al movimiento popular. Los primeros bandos de la Junta Militar, que prometían el respeto de los derechos obtenidos en el pasado por los trabajadores, fueron parte de una retórica que dio paso a una dinámica fuertemente represiva. Tal como ha sido señalado por una amplia gama de investigaciones, la represión contra el movimiento sindical fue parte fundamental de la estrategia militar para controlar la situación del país²³. La centralidad que tuvo la dimensión represiva durante este período, por encima del proyecto o programa, hace necesario profundizar el significado político de esta faceta del régimen militar.

Siguiendo el concepto de Estado burocrático autoritario del politólogo argentino Guillermo O'Donnell, la tarea primera del golpe militar era asegurar la mantención en el poder de la clase dominante chilena, que vivía un momento de transición hacia su transnacionalización, dejando atrás la etapa vinculada a la sustitución de importaciones. Los procesos transformadores activados por el gobierno de Salvador Allende habían puesto en riesgo su hegemonía, cuestión en torno a la cual radicó la importancia política de la represión contra el movimiento popular. El restablecimiento del orden y la "normalización" del país pasaban por un riguroso y opresivo disciplinamiento social y político impuesto manu militari por las Fuerzas Armadas²⁴. En este marco, la suerte del sindicalismo chileno corrió de la mano de la que padeció la izquierda, a la cual se encontraba genéticamente unida. Por lo tanto, si se ha afirmado que el golpe de Estado de 1973 significó una derrota estratégica y el fin de un ciclo histórico del movimiento popular chileno, esto debe hacerse extensivo al movimiento sindical. Producto de la imbricación entre izquierda y el sector mayoritario del sindicalismo, la represión, que golpeó decisivamente a socialistas y comunistas, tuvo un efecto análogo en el movimiento sindical, esto es, que una forma de entender el papel de las luchas sindicales en el quehacer nacional sufrió una derrota histórica, total e irreversible. El tradicional sindicato industrial, que encabezara la CUT desde mediados de los cincuenta, no recuperaría nunca más el protagonismo de antaño. Por ello, 1973 debe ser considerado el fin no tanto de la cultura sindical, la que igualmente se proyectó luego del golpe aunque sin la influencia de antes, como de la tradición chilena de contar con un movimiento sindical clasista y poderoso.

Desde el punto de vista de este artículo, los intentos de proyectar en el tiempo el apoyo del movimiento sindical antiallendista no fueron una tarea fácil. Lo que en la década de los setenta se conoció como la "institucionalización" de las relaciones laborales, que restablecería los derechos laborales derogados por los decretos de los primeros meses del régimen, siempre peligró por la imperiosa necesidad de asegurar la dominación sobre la población. Lo que estaba en el centro del debate al interior del régimen militar era definir la estrategia sobre cómo asegurar la continuidad del gobierno. En este sentido, la insistencia majadera sobre la omnipresente presencia de "enemigos" internos y externos a Chile (el comunismo y cualquier personaje o institución nacional o extranjera que criticara al gobierno) hacía que no se impusiera la tendencia a normalizar la vida del país, terminando con los estados de emergencia y tolerando a la disidencia. Así, terminó prevaleciendo la opción por el control a través de mecanismos represivos y antidemocráticos.

Para comprender por qué la represión predominó sobre la institucionalización, es necesario entender el contexto en el que se desenvolvió la dictadura en sus primeros años de existencia. Desde el punto de vista estructural, la brutal crisis económica de 1975 y 1976, que tuvo un alto costo social sobre la población, con elevadas tasas de desempleo y notable pérdida de poder adquisitivo, generó un contexto socioeconómico adverso. En efecto, la opción de normalizar la situación interna del país y terminar con los estados de excepción decretados desde el día 11 de septiembre de 1973 se alejaba en la medida en que la crisis económica podía, hipotéticamente, alentar el descontento social. Por otra parte, el accionar de los opositores en el exilio y la condena de organismos internacionales a las políticas laborales y de derechos humanos le permitieron al gobierno crear una sensación de cerco internacional, exacerbando el patrioterismo y la "guerra" contra los supuestos enemigos del país. Del mismo modo, las disputas internas del régimen entre las corrientes estatistas y neoliberales hicieron que fracasara la opción institucionalizadora²⁵.

La dictadura militar durante largos siete años intentó establecer cuál debía ser el papel del movimiento sindical dentro de su proyecto político. Como ha sido señalado, el régimen, como forma de legitimar su dominación, redefinió el concepto de pueblo, tradicionalmente ligado a la jerga del gobierno que había derrocado. Esta nueva concepción incluía a todos los sectores, excluyendo explícitamente a los "marxistas", concepto amplio que abarcaba a toda la izquierda y parte del centro político²⁶. De esta forma, la dictadura intentó apropiarse y granjearse el respaldo del "verdadero pueblo", no del que hablaban los "marxistas", sino de aquel que rechazaba a estos. En el fondo, a lo que se apelaba era lo que se estimaba la existencia de una base social cansada de un período de alta politización, que acogiera el papel "pacificador-despolitizador" que se habían autoimpuesto las Fuerzas Armadas. En este contexto, el régimen militar intentó especificar el papel que debía jugar el movimiento sindical. Estas concepciones, desde primera hora, chocarían con el estilo y las propias definiciones y accionar del sindicalismo, incluso de aquel que había luchado contra la Unidad Popular y había respaldado el derrocamiento de Salvador Allende. Varias décadas antes, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo a fines de los años veinte, las Fuerzas Armadas habían intentado establecer una relación armónica con las organizaciones laborales. Se legalizaron los sindicatos, asignándoles un importante papel en la construcción del "nuevo Chile", pero quitándoles su tradicional papel reivindicativo. Empapado de las ideas corporativistas en boga en esa época, el general Ibáñez intentó crear un sindicalismo anticomunista y funcional al Estado. Como ha sido señalado, si bien los comunistas infiltraron los sindicatos legales, Ibáñez consiguió conformar un movimiento sindical reivindicacionista, logrando quitarle el carácter revolucionario que tenía. Más aún, la base de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), creada en 1935, fueron los sindicatos legales ibañistas, los que fueron retomados por el Partido Socialista en 1934, rearticulando el movimiento sindical, al que después se integraron los comunistas, dando origen a la nueva confederación. De esta manera, la antigua Federación Obrera de Chile (FOCH) fue neutralizada por Ibáñez y terminó de morir a comienzos de los treinta²⁷. Casi medio siglo después, las Fuerzas Armadas volvieron a intentar una alianza con lo que ellos consideraban el "verdadero" sindicalismo.

Durante el período que abarca este artículo, el objetivo común de los partidarios del gobierno era despolitizar el movimiento sindical. Sin embargo, este concepto tenía significados distintos para los diversos sectores que lo planteaban. Para las Fuerzas Armadas, de acuerdo a su cosmovisión forjada en las décadas anteriores, la despolitización era sinónimo de terminar con la influencia de los partidos políticos, especialmente los marxistas. No se cuestionaba la existencia de los sindicatos, los que se consideraban necesarios, sino el que se pervirtiera su papel por culpa de quienes alentaban la lucha de clases en Chile. Por su parte, los gremialistas, encabezados por Jaime Guzmán, entendían la despolitización desde una óptica corporativista. De acuerdo a esta, los cuerpos intermedios, alejados de la influencia de cualquier partido político y del Estado, debían ser los organismos encargados de canalizar la participación ciudadana. A diferencia de los gremialistas, los nacionalistas, como el MRNS (Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista), eran partidarios de un corporativismo estatista. Desde su perspectiva, la despolitización del sindicalismo no significaba vaciarlos ideológicamente, sino apartarlos de la influencia de los partidos liberales y marxistas. De esta manera, debían participar en la toma de decisiones del Estado, haciéndose funcionales a este, siguiendo el estilo fascista. El estatismo que implicaba la visión de los nacionalistas hizo imposible las relaciones entre estos y los gremialistas. Algunas corrientes nacionalistas se habían encontrado con los seguidores de Jaime Guzmán antes del golpe militar en el movimiento Patria y Libertad, pero no pertenecían al MRNS. Esta alianza se rompió en 1972 por las diferencias en torno a la estrategia armada. La relación con los otros grupos aparentemente fue inexistente, predominando la rivalidad. Por ello, no fue extraño que después de 1973 gremialistas y nacionalistas se convirtieran en adversarios al interior del régimen, al representar proyectos distintos acerca de cómo este debía proyectarse.

A las semanas del golpe, el discurso de los funcionarios del régimen militar sobre la labor que debían cumplir las organizaciones sindicales en la "nueva etapa" que vivía Chile enfatizaba el concepto de "participación", comprendida paradójicamente en clave pro capitalista, pero sin poder de decisión de los trabajadores. El general Sergio Ñuño, a la sazón vicepresidente de CORFO, afirmaba que la Junta Militar buscaría la "justicia social". Esto implicaba deberes y derechos, es decir "se buscarán fórmulas de participación de trabajadores [...] apropiadas para que ellos se sientan realmente integrados en la empresa en que trabajen [...]", pero "los trabajadores deben estar consciente de lo que realmente puede darle la empresa [...] el trabajador debe asumir la responsabilidad en los casos en que una indisciplina laboral o una ineficiencia conduzcan al deterioro"²⁸. Enfatizando la importancia del control de la actividad sindical, el coronel Pedro Ewing, secretario general de Gobierno, destacaba que a través de la recién creada División de Organizaciones Civiles, se tomaría en cuenta al mundo gremial, pero en el sentido de escuchar sus demandas y no discutir horizontalmente las diferencias: "[...] tendremos contacto estrecho, en primer lugar, con la actividad gremial, a fin de procurar que [los] gremios [...] no estén aislados y puedan tener un conducto para llegar al Gobierno: para conversar, imponerse de sus cosas y proponer ideas [...]"²⁹. Asimismo, se enfatizaba la necesidad de despolitizar la actividad gremial, para ponerla al servicio de lo que se entendían eran los "deberes patrios", o sea, apoyar al régimen militar. El ministro del Trabajo, el general de Carabineros Mario MacKay, luego de una reunión con dirigentes mineros, señalaba que había quedado establecido "que la misión patriótica de los dirigentes del cobre, será representar realmente los intereses de los trabajadores, al margen de las ideologías políticas"³⁰. De esta manera, una dictadura que, por medio de decretos y coerción física desató la mayor persecución contra el movimiento sindical en la historia de Chile, pretendía esconder esta realidad tras los conceptos "participación" y "despolitización". Estos principios se cumplirían solo acatando las medidas del nuevo gobierno y descartando todo tipo de accionar en su contra.

De esta definición represiva y subalterna de la participación y la despolitización, es necesario mencionar dos implicancias. La primera es que establecía el énfasis sobre todo represivo de la dictadura en esta primera etapa de su gobierno, pues no se contaba con una propuesta o con el respaldo de las organizaciones sindicales, como para restablecer el funcionamiento que estas habían tenido hasta 1973. En este primer momento, la mayoría de estas organizaciones era parte del enemigo en la guerra interna que la dictadura había declarado el 11 de septiembre de 1973. La segunda es que esta vaga primera definición de la participación gremial en un sentido represivo y subalterno, con matices, es posible encontrarla durante el resto de la década de los setenta. Por ello se puede afirmar que la dictadura siempre consideró al movimiento sindical como un enemigo potencial, de cuyo verdadero sometimiento desconfiaba. En la génesis de la batalla para proyectar la alianza social opositora a la Unidad Popular (en este caso, en su vertiente sindical), estuvo la incompatibilidad que la hizo fracasar. Por esta razón, el régimen militar intentó modificar la forma de nombrar a las organizaciones laborales, al cambiar la expresión "sindicalismo" por "gremialismo". Discursivamente, se decía estar con los trabajadores organizados, pero el nuevo significado que se intentó imponer implicaba excluir al segmento mayoritario de sus representantes, junto a un sometimiento total, lo que fue rechazado por la cultura sindical chilena.

En el "momento institucionalizador" de las relaciones laborales durante la década de los setenta³¹, el régimen complejizó la definición del papel de los sindicatos en la sociedad chilena. La discusión y publicitada aprobación del Estatuto Social de la Empresa, el 1 de mayo de 1975, significó el esfuerzo más importante por parte del gobierno militar por restablecer (pero ahora sin marxistas) el viejo modelo de relaciones industriales creado bajo el influjo de los militares estatistas ("ibañistas")³². En la línea de los primeros tiempos del régimen, el nuevo Estatuto reconocía, pero además institucionalizaba, la participación de los trabajadores y los sindicatos. Su planteamiento fundamental -lograr la armonía social- se sustentaba en que "el sindicato debería dejar de ser visto como un instrumento de lucha de los trabajadores en relación antagónica a los patrones, para transformarse en una herramienta de aquellos para defender sus intereses, pero en mancomunión con un suprapropósito [...] común para todos"³³. Así, el general Díaz Estrada encarnaba la tradición ibañista en las Fuerzas Armadas, convencida de la importancia del papel interventor del Estado en las relaciones sociales y económicas para obtener gober-nabilidad y justicia social. Esta debía ser la principal herramienta de lucha contra el comunismo.

Concretamente, más allá de la retórica del ministro del Trabajo Nicanor Díaz Estrada, el Estatuto Social de la Empresa establecía un mecanismo de participación restringido, que reducía la tarea de los sindicatos a un mero papel consultivo, limitando el derecho a huelga y la negociación colectiva. Como ha sido señalado, "el Estatuto Social de la Empresa era apenas un sistema de participación en la información y en algunos niveles de funcionamiento de aquella [...]"³⁴.

Por este motivo, como lo reconocía su propio principal defensor, no debe extrañar que el proyecto haya despertado más rechazos que respaldos. Hablando sobre este punto, Díaz Estrada reconocía "que hemos sido criticados como lo esperábamos, porque unos decían que esto no era participación; los más inquietos querían llegar automáticamente a una cogestión; otros dijeron que era demasiado revolucionario". Por el lado del sindicalismo, a pesar del avance que el "proyecto social del golpe" significaba, se estimaba que su anticomunismo limitaba su aporte a la normalización del quehacer sindical. En efecto, la faceta represiva se hacía presente inclusive en el momento "institucionalizador" del régimen; para este, la guerra continuaba. Al respecto, en su discurso el día que se promulgó el Estatuto Social de la Empresa, el ministro Díaz Estrada afirmaba que

"tenemos que recordar que el 11 de septiembre de 1973 señaló la detención de la actividad destructiva del marxismo, no la destrucción del marxismo. Y esta es la tarea que tenemos por delante: ahora tenemos que destruir el marxismo [...] lo vamos a destruir con nuestra acción, demostrando que lo que estamos haciendo, Gobierno, trabajadores y empresarios de Chile, es mejor que lo que ellos demostraron que eran capaces de hacer [,..]"³⁵.

El papel meramente consultivo que se le asignaba a la participación de los trabajadores demostraba el carácter autoritario del modelo laboral defendido por Díaz Estrada y la Fuerza Aérea en ese momento.

El objetivo que pretendía este proyecto, basado en la conformación de una sociedad en armonía y sin conflictos, no contó con el consenso de ninguno de los que eran interpelados en él: ni de los trabajadores, que no estuvieron dispuestos a someterse al arbitrio de un juez sobre el que no podrían presionar, ni de los sectores más anticomunistas del régimen, que veían en él la posibilidad que se reorganizara "el marxismo". Estos intentos se desplegaron en el contexto de una pugna de liderazgo entre el general Leigh y Pinochet, producto de las tendencias del Comandante en Jefe del Ejército a la concentración del poder y de las primeras incursiones de los sectores neoliberales y antiestatistas en el gobierno. Es por ello que este intento institucionalizador apareció como fuera de contexto, como una expresión de nostalgia de un pasado que no podía volver, carente de piso político dentro del gobierno y sin respaldo social³⁶.

Por su parte, luego del golpe de Estado de 1973, el movimiento sindical antia-Uendista, tolerado por el régimen y con la posibilidad de acceder ampliamente a los medios de prensa, vio la oportunidad de ocupar el espacio que había dejado la proscrita CUT. Es en este sentido que debe entenderse la frase de Eduardo Ríos, dirigente de los marítimos y uno de los líderes de este sector, quien señalaba que, luego del golpe, era la hora de "un sindicalismo distinto". Ríos encabezó una nueva agrupación, fallida, creada en enero de 1974: la Central Nacional Sindical (CENASI). A su conformación llegaron Tucapel Jiménez, presidente de la ANEF, Federico Mujica, presidente de la CEPCH, más representantes de los trabajadores de la salud, textiles, bancarios y metalúrgicos. Este núcleo fue el que el régimen militar intentó cooptar en su favor. De hecho, este grupo de dirigentes fue conocido como los ginebrinos, producto de que a mediados de 1974 acudieron a la ciudad de Ginebra a la reunión anual de la OIT para defender a la Junta Militar, mundialmente repudiada por sus violaciones a los derechos humanos³⁷. El perfil que compartían estos dirigentes era su laxitud ideológica, ya que la mayoría de ellos no eran militantes o convencidos partidarios de la derecha. Por el contrario, provenían de una matriz democratacristiana, laica o incluso derechamente izquierdista³⁸. Es decir, este sector sindical no era programáticamente de derecha, sino que la coyuntura de la Unidad Popular lo había unido instrumentalmente con ella. Su principal preocupación era la defensa de sus afiliados. Eso los hizo combatir a Allende y, más tarde, los llevaría hacerse opositores a la dictadura, luego de haberla apoyado activamente.

El concepto de sindicalismo de este grupo coincidía en ese entonces con el del régimen militar, ya que concordaba con este en la necesidad de despolitizar el movimiento y además "comprendía" las llamadas "restricciones" de los derechos de los trabajadores. Asimismo, guardaba un silencio cómplice respecto a las medidas represivas sobre los dirigentes sindicales de izquierda³⁹. De acuerdo al diagnóstico de Ríos, compartían la necesidad de eliminar a la CUT, porque ella representaba "el símbolo del sindicalismo politizado, excluyente y no representativo [...] los dirigentes eran designados por los departamentos sindicales de sus partidos y no por las bases [...]". Por ello, el grupo antiallendista proponía renovar el sindicalismo, entendiéndolo como defensor "de los derechos económicos y sociales de los trabajadores hasta alcanzar ese fundamento que es la justicia social. Nuestra central será absolutamente apolítica, democrática y libre, independiente del Gobierno y de los partidos políticos [...]". Además, reconocían que no realizarían actividades reivindicativas -léase huelgas-, "porque como están suspendidos los pliegos, ello ha quedado un poco en receso"⁴⁰. Dentro del contexto de la época, la Junta Militar enfatizó en ese momento el discurso anticomunista y antipartidista de este sector sindical, lo que unido a su pasado opositor a la Unidad Popular, los hacía aparecer como aliados reales en la tarea de "reconstruir Chile". Este tipo de declaraciones les permitía, desde el punto del nuevo gobierno, ser parte integrante del "pueblo", pero del "verdadero pueblo", purgado del marxismo.

Luego del mencionado viaje de julio de 1974 a Ginebra, en el marco de la 59^a Conferencia de la OIT (sesión ordinaria), en noviembre de ese año se constituyó en dicha ciudad un tribunal especial de esta organización para analizar el "caso chileno". Se repitieron los nombres de Vogel, Briceño, Medina y Díaz como representantes de los trabajadores del país, aunque su papel en realidad era defender las posiciones a favor de la dictadura. De acuerdo al dirigente de los ferroviarios Ernesto Vogel, a pesar del contexto adverso, "afortunadamente pudimos contar la verdad y creo que se nos escuchó con atención y, más aún, se supo de primera fuente lo que ocurrió y ocurre en Chile"⁴¹. Sin embargo, el romance entre el sindicalismo antiallendista y el régimen tuvo sus primeras trizaduras ese mismo año 1974, ya que los dirigentes no estuvieron dispuestos a transar su tradicional defensa de los intereses corporativos de sus socios. Es decir, podían concordar en el anticomunismo y en la necesidad del golpe de Estado, pero no estaban dispuestos a dejar de lado la quintaesencia de su existir: la posibilidad de reivindicar lo que ellos estimaban justo. En este sentido, el concepto de "despolitización" del sindicalismo antiallendista no era tan estrecho como el del régimen. Para ellos, esta no significaba el sometimiento y aprobación a todas y cada una de las decisiones del gobierno.

Un ejemplo de la conducta del movimiento sindical legal en este período lo simboliza el discurso del dirigente Manuel Rodríguez, realizado en el acto oficial del 1 de mayo de 1974 ante el general Pinochet. De entrada, Rodríguez enmarcaba lo que diría: "Señoras, señores, gobierno de mi país: este acto no cumpliría el objetivo principal si nosotros no planteáramos los problemas que aquejan al sindicalismo chileno [...] [porque] estamos viendo algunas cosas que nos parecen importantes que el gobierno remedie a la brevedad posible"⁴². Sus reclamos iban en contra de los empresarios y de la exclusión de su sector por parte del gobierno. En alusión a la comisión que estaba elaborando el Estatuto Social de la Empresa, Rodríguez, en un tono que posteriormente fue criticado por su "osadía", interpeló a Pinochet: "Señor Presidente con mucho respeto señalamos esto, los trabajadores exigimos nuestro lugar en la discusión del mismo, esto es, la Comisión destinado a su estudio esté compuesta en partes iguales por trabajadores y representantes de Gobierno". Rematando su intervención, Rodríguez señalaba que "solicitamos en consecuencia, el aumento de la representación sindical

en esta comisión. NO SE PUEDE ESTABLECER UN NUEVO ORDEN SINDICAL A ESPALDA DE LOS TRABAJADORES [...]"⁴³. Esta exigencia, según Rodríguez, se fundaba en que "a juicio de los trabajadores, las acciones del 11 de septiembre no hubieran sido posibles a no mediar la acción que desarrollamos junto a las organizaciones sociales del pueblo". Por ello, "esta etapa histórica no es y no debe ser obra de unos pocos. Este (sic) es de una mayoría. Por eso hoy día, por el papel que jugamos ayer, exigimos nuestro lugar en la reconstrucción nacional"⁴⁴. Este papel protagónico que exigía el movimiento sindical fue la diferencia que los separó del régimen militar en los meses siguientes, ya que este no estaba dispuesto a ceder ni un espacio en su batalla por asegurar el orden social.

A principios de 1975 se escucharon las primeras voces críticas de los sindicalistas, concretándose ese año el quiebre de la alianza entre la dictadura y el movimiento de trabajadores que había sido opositor a la Unidad Popular. Solo un pequeño grupo de los ginebrinos siguió siendo leal al régimen, representado por Guillermo Medina, dirigente del mineral El Teniente. Igualmente, a esas alturas, fracasaban los repetidos intentos de parte del régimen militar por crear organizaciones sindicales incondicionales a él⁴⁵. La Unión de Trabajadores de Chile (UN-TRACH) y el Frente Laboral, ambos creados por el oficialismo a mediados de la década de los setenta, fueron incapaces de ganarse el respaldo de los trabajadores, que siguieron vinculados a las organizaciones tradicionales. Incluso, con ocasión de las primeras movilizaciones de los trabajadores del cobre en 1977 y 1978, estas multigremiales apoyaron las demandas de los huelguistas, ubicándose en la vereda opuesta al gobierno. La tradición de la cultura sindical chilena también se manifestó en los dirigentes designados a dedo por el propio régimen militar.

No debe extrañar que la evolución natural de la mayoría de los ginebrinos fuera pasarse al campo de la oposición, lo que cristalizó en la creación en 1976 del llamado Grupo de los Diez, en referencia al número de dirigentes que firmaron una carta crítica al gobierno. Desde la perspectiva de la lógica de la guerra contra el marxismo que inspiraba al régimen militar, hacia 1977-1978 su omnipresente enemigo había sumado nuevos aliados: el movimiento sindical antiallendista. Considerados traidores por este hecho, años más tarde, algunos de ellos pagarían con su vida esta decisión⁴⁶. Fue este fracaso lo que llevó al régimen a intentar fundar un "nuevo" sindicalismo, libre de la cultura reivindicacionista que lo caracterizaba. La Secretaría Nacional de los Gremios (SNG) fue el organismo que intentó cumplir esta proeza.

De la Secretaría de los Gremios al Plan Laboral. Los años de la transición hacia del "nuevo sindicalismo" (1976-1980)

A mediados de los setenta, con un país que recién se recuperaba de la crisis económica, el régimen militar comenzó a redefinir profundamente el concepto sobre el papel que debía jugar el movimiento sindical en el país. Esta nueva política estuvo representada por las gestiones de Sergio Fernández y Vasco Costa en el Ministerio del Trabajo entre los años 1976 y 1978. Bajo su gestión, se terminó la política de "puertas abiertas" con el sindicalismo antiallendista implementada por el general Nicanor Díaz Estrada, imponiéndose una dinámica represiva y excluyente⁴⁷. Las nuevas definiciones, especialmente las realizadas en el período de Sergio Fernández, delinearon a partir de 1976 la senda hacia la necesidad de abandonar los intentos de cooptar o integrar al "viejo sindicalismo", inclusive a aquel que había luchado contra Salvador Allende. Fracasado el Estatuto Social de la Empresa, pues su implementación dependía de un nuevo Código del Trabajo que fue rechazado por los sindicatos, poco a poco el régimen militar se abrió a "refundar" las relaciones laborales, de la mano de un nuevo impulso represivo contra el movimiento sindical⁴⁸. Las nuevas definiciones fueron el preparativo para el cambio radical sobre las relaciones industriales que implicó el Plan Laboral.

Fernández partía de un diagnóstico crítico de la cultura sindical existente hasta 1973 en Chile: "[...] todos los cuerpos jurídicos laborales y de seguridad social adolecían de los mismos vicios: legislación anárquica y caduca, privilegios para ciertos grupos de trabajadores, desamparo de los grupos no políticos y de los trabajadores no sindicalizados [...]"⁴⁹. Por ello, Fernández era portavoz de la necesidad de una "nueva institucionalidad", pero en un sentido distinto a la de los tiempos del general Nicanor Díaz Estrada. Si este pretendía restaurar el sistema de relaciones laborales previo al golpe de 1973, pero eliminando a los sectores de izquierda, con Fernández la idea adquirió connotaciones "refundacionales". En efecto, constatando implícitamente que el esfuerzo despolitizador había fracasado en su objetivo de domesticar al sindicalismo antiallendista, que para ese momento ya había hecho su giro hacia la disidencia, Fernández planteaba un nuevo tipo de organismos gremiales. Desde su perspectiva, debían existir sindicatos "libres y auténticos, para lo cual se requiere su independencia de toda injerencia política que desvirtúe sus fines propios y específicos [...]". Por ello, afirmaba, "la tesis del Gobierno es promover el surgimiento de una nueva generación de dirigentes sindicales"⁵⁰. Es decir, hacia 1976 la dictadura comenzaba a renunciar a la posibilidad de cooptar a los dirigentes que habían luchado contra Allende. La construcción de la alianza social de la dictadura asumía de manera realista su revés y se lanzaba al intento de construir una "nueva generación sindical", ajena a la vieja cultura sindicalista chilena. Como veremos, este esfuerzo coincidió con la revitalización de la Secretaría Nacional de los Gremios y su Escuela Sindical, donde, se suponía, se adoctrinaría a esta "nueva generación" de dirigentes gremiales. Sin embargo, las pugnas al interior del régimen se hacían patentes, ya que mientras con Fernández los sectores neoliberales ganaban posiciones clave en su interior, la SNG se convertiría en reducto de los sectores nacionalistas corporativistas-estatistas.

Al año siguiente, Fernández perfeccionaba el concepto de despolitización del sindicalismo, al anunciar que se crearía una ley que impediría ser dirigente político y sindical a la vez:

"[...] la despolitización será una consecuencia que traerá aparejada la estructuración paulatina de la nueva institucionalidad, en las que las agrupaciones gremiales asuman realmente su papel de vehículos de participación social, ajenos a la instrumentalización partidista de que fueron víctimas durante tanto tiempo [...] [así] el trabajador vivirá una realidad más amplia, inmune a las drogas políticas que los partidos políticos utilizaron [...]".

Por ello, agregaba Fernández, se establecería la "incompatibilidad entre la función pública o política y la función sindical"⁵¹. Como se sabe, este punto formó parte del Plan Laboral y juega hasta el día de hoy un papel fundamental para debilitar el papel más eminentemente político de los dirigentes sindicales.

Por otra parte, en su calidad de portador del anuncio de la ruptura de la alianza social con el movimiento sindical, Fernández planteó en repetidas ocasiones la posición del régimen frente a la huelga: debía ser erradicada del país. En un lenguaje provocador, el entonces ministro del Trabajo afirmaba que debían terminarse las "medidas de fuerza" para solucionar los conflictos, pues "es evidente que estos corresponden a estadios más primitivos de la evolución humana, y a nadie sorprende que se encuentren ellos abolidos como solución para otros conflictos sociales"⁵². Estas posiciones hicieron que la ruptura con el antiguo sindicalismo fuera cada vez más irreversible. Así, en 1976 el presidente de la ANEF Tucapel Jiménez declaraba su frustración por el curso que habían seguido las políticas laborales del régimen, porque "desgraciadamente, el caminar sindical de dos años nos mostró que nada avanzamos en la solución de nuestros problemas [...]" y por ello consideraba que las relaciones entre el gobierno y el movimiento sindical "las calificaría de frías", y que la solución de este problema pasaba por "que se replantee un nuevo esquema económico"⁵³. En julio de 1977, Ernesto Vogel y el propio Tucapel Jiménez volvían a viajar a Ginebra para asistir a la Conferencia anual de la OIT, pero ahora a denunciar las prácticas antisindicales del régimen, el mismo que tres años atrás habían defendido en ese foro⁵⁴.

Vasco Costa, sucesor de Fernández en el Ministerio del Trabajo, acentuó el camino "refundacional" (represivo y excluyente) iniciado por este. Dos hechos marcaron su gestión: primero, la promulgación del decreto ley 2.200, que modificó sustancialmente los contratos de trabajo, en función de "liberalizar" o desregular el mercado laboral, restándole derechos a los trabajadores. Este decreto es considerado el antecesor directo y complementario del Plan Laboral⁵⁵. Segundo, la promulgación del decreto ley 2.376, que forzó la realización de elecciones sindicales en cuestión de días, en un intento de golpear a la "vieja guardia" y asestarle un golpe a su representatividad⁵⁶. De esta manera, el concepto del movimiento sindical cada vez se alejaba más de la concepción tradicional y se acercaba a lo que Alain Touraine denominó para el caso chileno como un "sindicalismo de mercado", en referencia a la preeminencia de las nociones de eficiencia y libre mercado por sobre las de justicia social y protección de los más débiles en la relación laboral, los trabajadores⁵⁷.

Estas medidas se tomaron en un contexto político en que la represión contra el movimiento sindical volvió a ser encarnizada (relegaciones, disolución de federaciones y confederaciones) y se producían movimientos huelguísticos en el sector minero. En noviembre de 1977, cuatro dirigentes de la mina El Teniente fueron relegados dentro del país, acusados de promover una huelga en este yacimiento. Asimismo, el presidente de la Central de Trabajadores del Cobre, Bernardino Castillo -que había sido designado por las autoridades- era acusado públicamente por dirigentes de base de no preocuparse de la defensa de los intereses de los trabajadores .

En el plano internacional, a fines de 1977 el régimen era condenado nuevamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por las graves violaciones de los derechos humanos que seguían ocurriendo en el país. Como respuesta, el general Pinochet convocó a una "Consulta Nacional" para el día 4 de enero de 1978, para demostrar el supuesto respaldo popular con el que contaba, ante lo que denominaba como "la agresión" de la ONU contra Chile⁵⁸.

Meses más tarde, en agosto de 1978, en el mineral de Chuquicamata se produjo el llamado "movimiento de las viandas", en reclamo de mejoras salariales⁵⁹. Por su parte, la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) promovió a fines de ese año un boicot internacional contra la dictadura, lo que obligó al régimen a negociar con ellos, logrando acordar la creación de una normativa que institucionalizara las relaciones laborales y la designación de un nuevo ministro del Trabajo, quien se abocaría a dicha tarea⁶⁰. Meses antes, en julio de 1978, era destituido de su puesto en la Junta Militar el general Gustavo Leigh, lo que simbolizó la definitiva derrota política de la corriente estatista dentro de las Fuerzas Armadas. Así, quedaba allanado el camino para la hegemonía de las posiciones neoliberales al interior del régimen⁶¹.

Fue dentro de ese complejo proceso político, en que el fracaso de la integración subalterna del movimiento sindical que entre 1973 y 1975 había intentado realizar la dictadura precipitó la opción por el camino contrario. Esto significaba la exclusión permanente del viejo sindicalismo y la apuesta por el fin de la estructura gremial tal como se había conocido en Chile hasta mediados de la década de los setenta. Cada vez más, el verdadero pueblo sería aquel que resolviera de manera individual y libre -en sentido neoliberal- sus relaciones laborales. En 1979 esto lo terminaría de cristalizar el Plan Laboral.

En comparación con sus pares de la Juventud y la Mujer, la Secretaría Nacional de los Gremios es la organización de vocación social de la dictadura menos conocida e investigada. En su voluminosa obra sobre el régimen militar, Carlos Huneeus le dedica un par de páginas para señalar su fracaso en penetrar en el movimiento sindical, lo que se tradujo en su agotamiento y casi nula influencia en las políticas sociales del régimen⁶². Desde nuestra perspectiva, por el contrario, estimamos que el objetivo de la SNG no era ganarse el apoyo de los gremios ya existentes, sino que constituir un "nuevo sindicalismo", en consonancia con la estrategia que comenzó a implementar Sergio Fernández desde la cartera del Trabajo a partir de 1976. Esto explica que los años en que la SNG tuvo mayor repercusión pública (1978-1979) coincidieran con la etapa de transición en que el régimen militar asumió su fracaso en cooptar al sindicalismo antiallendista y se abocó a la tarea de repensar el problema del movimiento sindical. Sin embargo, existía una contradicción evidente entre la SNG y el Ministerio del Trabajo, porque mientras la primera se basaba en la ideología nacionalsindicalista del MRNS -de corte estatista-, los aires neoliberales se hacían cada vez más hegemónicos en el segundo.

De acuerdo a nuestro planteamiento, esta contradicción debe ser analizada considerando que en la coyuntura de esos años, la decisión de Pinochet de jugársela por el proyecto neoliberal no era excluyente con su objetivo de concentrar el poder. Por lo tanto, si la SNG, basada en su nacionalismo estatista, lograba cumplir su objetivo de constituir un nuevo sindicalismo leal al régimen militar y a su figura, no era importante que no fueran devotos neoliberales. De esta manera, el pragmatismo del general Pinochet y su agenda propia para personalizar el poder dentro del régimen permitieron que convivieran dentro de este distintas "almas", siempre y cuando fueran funcionales a su estrategia de convertirse en el líder indiscutido del gobierno.

El Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista surgió en 1947, aglutinado en torno a la revista Bandera Negra. Dos años más tarde se desarrolló como un grupo doctrinal y recién en 1952 como entidad política abierta. Sus fundadores más connotados fueron Ramón Callís Arrigoriaga, Germán Cuevas, Federico Mujica y el sacerdote Osvaldo Lira⁶³. Sus orígenes se remontaban a España, cuando durante la Guerra Civil un sector de los grupos nacionalistas fascistizó su estilo y discurso político. A inicios de la década de los cuarenta, recién terminada la Guerra Civil, el régimen franquista vivió un período de fuerte influencia nacionalsindicalista, etapa que se caracterizó especialmente por la conformación de una estructura burocrática dominada por los falangistas al interior del movimiento sindical. Su objetivo era "establecer la disciplina social de los productores sobre los principios de unidad y cooperación", por medio de un aparato sindical jerárquico y autoritario, que disciplinara la protesta social⁶⁴. En el caso chileno, se declaraban herederos del Movimiento Nacionalsocialista de Chile, aunque sus planteamientos recogían también el integrismo católico proveniente del hispanismo. Aunque de escasa influencia, algunos de sus militantes cobraron notoriedad durante las conspiraciones golpistas contra la Unidad Popular. Durante ese período publicaron la revista Forja, donde no ocultaron sus intenciones de terminar no solo con la experiencia socialista encabezada por Allende, sino con el conjunto del orden democrático-liberal⁶⁵. Tras el golpe de Estado, por medio de la dirección de la Secretaría Nacional de los Gremios, tuvieron la gran posibilidad de incidir con sus planteamientos en la arena política chilena.

Esta trayectoria tal vez ayude a explicar por qué una secretaría que aparecía en sus orígenes como estratégica en la guerra contra el marxismo fue entregada a sectores ultranacionalistas, a diferencia de sus congéneres de la Mujer y la Juventud, que quedaron en manos de la derecha política. Es probable que sus planteamientos sobre el sindicalismo hayan sonado convincentes al general Pinochet, lo que, unido a su trayectoria histórica basada en un afiebrado anticomunismo, aseguraba su incondicionalidad al régimen, no como había ocurrido con el sindicalismo antiallendista, devenido en oposición desde 1975.

Desde el punto de vista de quienes dirigieron la SNG, esta entidad se convirtió en la posibilidad real de concretar el ansiado sueño del MRNS: crear una corriente sindical funcional a su proyecto de sociedad corporativista. Para ellos, la creación de la SNG se constituyó en la oportunidad histórica del nacionalismo chileno, siempre marginal y alejado de las luchas de poder real en el país. El MRNS intentó implementar su propia agenda a través de esta Secretaría. Sin embargo, para Pinochet y el resto del gobierno, solo era una instancia más de control social y una apuesta posible para crear un sindicalismo partidario del régimen, luego del fracasado intento con el sector antiallendista y de la creación de organismos sindicales pro Junta. En el fondo, el fracaso de la SNG radicó en que fue una organización con dos objetivos contrapuestos: proyectual para sus líderes; pero solo una instancia más para sumar poder para el jefe de gobierno. Incapaz de crear una nueva cultura sindical, la SNG se fue apagando progresivamente a principios de los ochenta, y tuvo como lápida la vinculación en 1982 de su jefe, Misael Galleguillos, en el brutal crimen de Tucapel Jiménez.

De acuerdo a Carlos Huneeus, la creación de la SNG se produjo en abril de 1974. Sin embargo, según un documento oficial, fue creada el 30 de noviembre de 1976, como un organismo dependiente de la División de Organizaciones Civiles de la Secretaría General de Gobierno. Según el decreto presidencial que le dio vida, a la nueva Secretaría le correspondería

"colaborar en la relación del Supremo Gobierno con las organizaciones laborales, empresariales y colegios profesionales, y a la integración del trabajador en el desarrollo cultural, social y económico del país. Con este objeto podrá: a) Incentivar la participación de los profesionales, empresarios y trabajadores en funciones gremiales, sociales, culturales y económicas; b) Propender a la formación integral de los trabajadores; c) Propiciar la creatividad del trabajador y de sus organizaciones"⁶⁶.

Estos objetivos fueron lo suficientemente amplios como para que los militantes del MRNS que coparon su dirección vieran en la SNG un instrumento para canalizar su modelo de sociedad corporativista. En efecto, a través de su organismo de prensa, la SNG especificaba que una de sus principales tareas era la "capacitación gremial", a cargo de su Departamento de Formación Gremial, el que a su vez era responsable de la Escuela Sindical. Por ello, se señalaba que la SNG propendía

"al fortalecimiento y desarrollo del movimiento gremial chileno, a través de la formación de dirigentes gremiales, con el objeto de proporcionar conocimientos, experiencias y valores a los hombres más destacados del área del trabajo a fin de prepararlos para la compleja tarea de la dirección gremial del mundo moderno"⁶⁷.

El resto del organigrama institucional estaba compuesto por un Departamento de Acción Gremial, preocupado de relacionarse con los gremios y organizar actividades conjuntas entre estos y la SNG; el Departamento de Difusión, encargado de dar a conocer la política gremial del gobierno a través de un "boletín informativo gremial", una revista sindical y otras publicaciones; y, por último, un Departamento de Estudios Gremiales, cuya actividad se concentraría en recopilar antecedentes y realizar investigaciones sobre las problemáticas del mundo gremial⁶⁸. Así, la SNG nacía como una verdadera "escuela de cuadros", destinada a ser la cantera donde germinaría la nueva generación gremial, expiada del marxismo y funcional al régimen.

Como la principal función de la SNG sería la capacitación de los nuevos dirigentes sindicales, adquiere importancia detenerse en la ideología de sus principales responsables. Tanto Misael Galleguillos, quien la dirigió desde 1976 hasta 1982, como el director de la Escuela Sindical, Pedro Zurita, y otros colaboradores eran militantes del MRNS. Desde su perspectiva, "el gremio y el sindicato eran los ejes fundamentales en la organización del Estado contemporáneo". Es decir, "el gremio debería reemplazar a los partidos en la función política y económica del Estado y así dar vida a un Estado Funcional o Gremial [...] el sindicato como instancia primaria para la formación de un bloque hermanado por la unidad y la misión de Chile [...]"⁶⁹.

A través de su revista Gremios, la SNG difundía sus actividades pero también los contenidos de los cursos de la Escuela Sindical, lo que demuestra que dicha escuela, como la propia Secretaría, estaba impregnada de la ideología nacionalsin-dicalista propugnada por sus máximas autoridades. Por ejemplo, Pedro Zurita, su director, escribía en la revista de la SGN un artículo sobre el trabajo. En él explicaba la tesis del MRNS, consistente en un corporativismo estatizante, antiliberal y antimarxista, según la cual los grupos intermedios -o "poder social"-, debían tener la facultad "para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos transformándose en un vehículo que limite a la vez que dé enriquecimiento a la acción del Poder Político". En ese contexto, la integración del sindicato, la empresa y el gremio eran fundamentales para que la comunidad, armónicamente, consiguiera el bien común social⁷⁰. Así, desde la perspectiva nacionalsindicalista, la labor de la Escuela Sindical debía ser la de generar "una nueva mentalidad a quienes tienen la responsabilidad de dirigir a los trabajadores chilenos". Por ello, "la despolitización de los gremios es un desafío a los dirigentes laborales para asumir la plenitud de derechos y obligaciones de las entidades que ellos dirigen"⁷¹.

Sin embargo, la despolitización de los nacionalsindicalistas no era exactamente igual a la de las autoridades del régimen. En efecto, de acuerdo a sus propias explicaciones, "el sindicalismo se define como APOLÍTICO en el sentido de APARTIDISTA, y es más, se ve obligado al uso del término 'apolítico' debido a la concepción imperante y vulgar que existe hoy en día del término 'política'". Por el contrario, para los ideólogos de la SNG el sindicalismo sí tenía que jugar un papel político, pero en la perspectiva de un interlocutor que debía participar en la toma de decisiones del poder político. Por ello, debía perfeccionarse en temas "de índole profesional técnica como las de materia económica o social". De allí que el papel de la Escuela Sindical fuera producir una "revolución mental" (sic), que erradicara el individualismo del liberalismo y el antagonismo de clases del marxismo⁷². Así, desde la Escuela Sindical dirigida por la SNG, el MRNS encontraba una posibilidad histórica de plasmar su proyecto.

El énfasis en el nuevo sindicalismo que hacía la SNG se relacionaba con su diagnóstico negativo del "antiguo" sindicalismo, donde caían tantos los "marxis-tas" como el movimiento antiallendista. Al criticar a este último sector, cuando ya se había constituido en el Grupo de los Diez, remarcaban como su principal defecto "la subordinación del gremialismo a la estrategia de los partidos [...]", y que tanto "los Diez" como las otras organizaciones sindicales opositoras sostenían "una actitud de cúpula y no representa[n] el sentir del gran sector de trabajadores organizados del país, que alcanza dos millones de chilenos"⁷³. Desde la perspectiva de la SNG, no debía perderse el tiempo tratando de ganarse a sectores "cupulares", que en realidad no tenían una verdadera representación de los trabajadores chilenos. El objetivo del gobierno, según el análisis de la institución dirigida por Misael Galleguillos, era ganarse el respaldo de ese par de millones de organizados, especie de "mayoría silenciosa" o pasiva, que estaba disponible para desarrollar un sindicalismo "despolitizado", en el sentido que el MRNS le asignaba a este concepto. Por este motivo, las elecciones para renovar las directivas sindicales, convocadas sorpresivamente en octubre de 1978 por el ministro del Trabajo Vasco Costa, que, como ya decíamos, iban dirigidas contra los sindicalistas opositores, fueron calurosamente saludadas por la SNG. Desde su perspectiva, estas elecciones habían significado "la despolitización de los sindicatos del sector privado y la aparición de nuevas generaciones de dirigentes elegidos por los propios trabajadores en forma libre y secreta". Según la SNG, las críticas contra el evento eleccionario provenían de aquellas "fuerzas políticas infiltradas en la vida gremial" y que ahora quedaban supuestamente al margen de la conducción de los sindicatos base, nivel en el que se habían realizado las elecciones⁷⁴. De esta manera, en 1978 la SNG aparecía en completa sintonía con el discurso de Sergio Fernández y Vasco Costa, en el sentido de renovar el sindicalismo, renunciando a la alianza con los gremios antiallendistas. La posibilidad de proyección de la Secretaría de los Gremios pasaba por el éxito de su escuela de formación, que se debía expresar en la aparición de una nueva generación de sindicalistas "despolitizados".

De acuerdo a la memoria de la SNG, el trabajo de este organismo durante 1977 había sido intenso, destacando tres tipos de actividades: la celebración junto a Pinochet del 1 de mayo y otras reuniones entre este y dirigentes gremiales; las reuniones con dirigentes tanto en Santiago como en regiones; y el desarrollo del programa de trabajo de la Escuela Sindical. Así, Galleguillos había podido asistir a reuniones con 100 dirigentes de la IV Región, 210 de la II y 120 de la V. Fuera de esto, el ministro secretario de Gobierno se reunió en agosto de ese año con 350 dirigentes de la zona central, "con el objeto de integrarlos a la Campaña de Acción Social", destinada a preparar la celebración del 11 de septiembre y, en diciembre con otros tres mil dirigentes, para explicar el llamado a Consulta Nacional para el 4 de enero de 1978⁷⁵. Por su parte, entre 1977 y 1978, la Escuela Sindical había capacitado a 2.964 "alumnos-trabajadores", de los cuales el 86% -según señalaba la propia SNG- eran dirigentes sindicales⁷⁶. En consonancia con la óptica nacionalsindicalista, la capacitación tenía un marcado carácter "técnico", ya que se suponía que los dirigentes debían prepararse para participar en la "toma de decisiones" del gobierno. Por ejemplo, algunos de los cursos que impartía eran introducción al derecho del trabajo, decreto ley 2.200, administración de empresas, economía, contabilidad y negociación colectiva, entre otros.

Sin embargo, los cálculos alegres de los militantes del MRNS que encabezaban la Secretaría de los Gremios chocaron contra tres obstáculos que resultaron a la larga infranqueables para el desarrollo de sus objetivos. En primer lugar, fracasaron sus esfuerzos destinados a crear una nueva generación de dirigentes, porque la tradición sindical, si bien fue duramente golpeada desde 1973 por la represión, no pudo ser derrotada por completo. La propuesta de construir un movimiento sin carácter reivindicacionista, que no utilizara la huelga como método para buscar mejorar sus condiciones de trabajo, simplemente no se condecía ni con las tradiciones históricas del sindicalismo en Chile, ni con la realidad que vivía el país, porque, hacia fines de los setenta, la propia autoridad estaba cada vez menos interesada en convertir a los sindicatos en un interlocutor válido. El segundo obstáculo que no pudo superar la institución liderada por Misael Galleguillos fue la visión que tenían sus superiores acerca de la misión de esta. Para el gobierno, la SNG debía ser una mera correa transmisora de las políticas laborales del gobierno, lejos de convertirse en la base del fortalecimiento de las organizaciones intermedias de la futura sociedad corporativista. Consultado el general de Ejército Julio Fernández Atienza, a la sazón ministro secretario general de Gobierno y por tanto jefe directo de la SNG, acerca de cuál era el objetivo de la capacitación sindical, la reducía solo al traspaso de información de la labor del gobierno en el frente laboral, restándole la centralidad que los análisis de los militantes nacionalsindicalistas hacían desde la SNG: "[...] lo vital de esto seminarios es que nuestros conciudadanos puedan reconocer el origen y proyección de este Gobierno [...] [a través de ellos] [...] se está informando a los trabajadores y organismos de participación sobre los programas que efectúa el Gobierno en beneficio del país [...]"⁷⁷.

Esta situación contextualiza el surgimiento del tercer obstáculo que tuvo el MRNS en la SNG: el pragmatismo del general Pinochet. Como es sabido, desde mediados de los setenta, Pinochet navegaba por aguas que lo conducían progresivamente hacia la cristalización de su alianza con los sectores neoliberales. En ese camino, junto con la eliminación de enemigos internos, como el general Gustavo Leigh, Pinochet apostó por una estrategia múltiple, donde lo ideológico-proyectual (en este caso el modelo neoliberal), se ubicaba a la par de su interés por consolidar su poder personal. Por ello veía con buenos ojos las actividades de la SNG, que le permitían tomar contacto con la base sindical. Pero, pragmatismo mediante, hacia fines de los setenta la alternativa neoliberal aparecía como la más viable para proyectarse en el poder, por lo cual profundizó la línea de Sergio Fernández y Vasco Costa en la cartera del Trabajo, al poner al economista José Pinera a la cabeza de dicho ministerio. Como ya dijimos, la tarea inmediata a la que se abocó Pinera fue lograr detener el boicot que estaba promoviendo la AFL-CIO en protesta por la inexistencia de una normativa que regulara las relaciones laborales, cuestión que zanjó con éxito al promulgar los decretos que dieron vida al Plan Laboral. El nuevo ministro, economista de la Universidad Católica y postgraduado en Estados Unidos en la Universidad de Chicago, fue el símbolo de la "modernización" neoliberal en el ámbito laboral.

De esta manera, es posible afirmar que uno de los principales responsables de la escasa influencia de la SNG fue el propio general Pinochet, quien la fortaleció cuando parecía viable, pero la debilitó y finalmente abandonó cuando se terminó de embarcar en la perspectiva neoliberal en el ámbito laboral, al aprobar por decreto en 1979 el Plan Laboral. A partir de ese momento, la agenda propia del MRNS en la Secretaría de los Gremios debió ceder lugar a la concepción liberal contrapuesta a su concepción corporativista. A principios de la nueva década, la opción del Plan Laboral se impuso, lo que significó el abandono definitivo de la idea de integración del movimiento sindical junto al gobierno y la primacía de la represión y la atomización legal, con el objetivo de restarle a este el protagonismo social y político de antaño.

Imitando la conducta de su primer ministro del Interior, general Óscar Bonilla, Pinochet desde los primeros meses de ocurrido el golpe de Estado comenzó a reunirse con representantes de organizaciones sociales que lo respaldaban. De esta forma, creó un canal de comunicación directo con la sociedad, dando cuenta de los bajos niveles de institucionalización que caracterizaron al régimen militar durante la década de los setenta. Por ejemplo, todavía en la época del idilio con el sindicalismo antiallendista, el general Pinochet se reunió con el presidente de la CEPCH Federico Mujica, quien le planteaba la importancia de normalizar la vida sindical y otras necesidades gremiales. En otra ocasión, reunido con los trabajadores del cobre en Chuquicamata, el jefe de Estado, junto con agradecerles (sic) por haber cumplido con la disciplina laboral, en evidente primera persona, distanciándose del supuesto "impersonalismo" portaliano de régimen, señalaba que

"me piden garantías para el trabajo [...] me piden seguridad para el trabajo y yo les digo que mi preocupación constante es darles fuentes de trabajo [...] estamos buscando la forma de que todo chileno tenga un medio para trabajar, para poder salir adelante. En eso estamos empeñados y tengan la seguridad de que no descansaré ni un minuto hasta obtener lo que me he trazado"⁷⁸.

Unido a estos encuentros, cada 1 de mayo se convirtió en una oportunidad para ensalzar la figura del jefe de la Junta Militar, quien capitalizaba el respaldo que tenía el régimen, anunciando reajustes y las supuestas mejoras que los trabajadores tenían bajo su mandato⁷⁹. Como suele ocurrir con los liderazgos personales, surgieron entre algunos sindicalistas proclives al régimen opiniones críticas contra "ciertos funcionarios" de gobierno, pero no contra el líder militar, el que ante algunos ojos aparecía como sensible frente las demandas y problemáticas de los trabajadores⁸⁰.

En el marco de esta estrategia, a la Secretaría Nacional de los Gremios le cupo la responsabilidad de organizar este mismo tipo de encuentros entre el general Pinochet y representantes del mundo sindical. En la memoria de actividades de la SNG correspondiente al año 1977, se mencionan la organización del 1 de mayo; la reunión del 27 de julio, en la que Pinochet se reunió con 300 dirigentes en el edificio Diego Portales; la coordinación con representantes sindicales para la celebración de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973; y una nueva reunión del mandatario con 650 dirigentes para el día 23 de noviembre⁸¹. La dinámica populista de estas reuniones se profundizó con el tiempo. Por ejemplo, en esta última reunión el general Pinochet anunciaba que para 1978, "por resolución suya", se otorgarían tres reajustes de sueldos para el próximo año, y no uno, tal como lo había decidido el Ministerio de Hacienda⁸². En marzo de 1978, en una reunión organizada por la SNG, Pinochet se encontró con los restos del sindicalismo antiallendista que todavía lo respaldaba: 1.500 dirigentes congregados en el edificio Diego Portales. Luego de escuchar a 9 de ellos, Pinochet respondió las principales inquietudes planteadas, con el ánimo de que "en el plazo más breve busquemos soluciones a los problemas". Y agregaba que "no les prometo que voy a solucionarlos todos, porque sería muy difícil. Pero tengan la seguridad que sin entrar en demagogia, voy a buscar soluciones"⁸³.

Para la conmemoración del 1 de mayo de 1979 ya se había decretado la nueva institucionalidad (neoliberal) del régimen militar, conocida como Plan Laboral, y el ministro del Trabajo José Pinera se multiplicaba para explicar los contenidos y alcances de la nueva normativa laboral. En consonancia con esto, días antes de esta simbólica fecha, Pinochet, en una de sus proverbiales improvisaciones, le aclaraba a los sindicatos -y de paso a la SNG- cómo venía el futuro de la relaciones con el movimiento sindical. En respuesta a los reclamos de un dirigente de la industria Pizarreño por los contenidos de las nuevas leyes laborales, el mandatario

"respondió con tono duro: '¡Yo no estoy cogobernando con nadie. Este gobierno es autoritario! [...] las leyes que se elaboran no tienen por qué favorecer a un determinado sector. No podemos andar consultando nuestras leyes, porque las hacen los técnicos. ¡Nosotros hemos demostrado con hechos nuestra preocupación por los trabajadores!'".

De acuerdo a la nota de prensa, "acto seguido, el Primer Mandatario exclamó '¡eso es todo!' y se retiró del lugar"⁸⁴. Con esta simbólica anécdota, se resumía la decisión de Pinochet frente a las organizaciones sindicales, basada en el sometimiento y en la inexistente posibilidad de incidir en las políticas del régimen. Por ello, para Pinochet la SNG había sido funcional para su estrategia de posicionamiento como el principal "hombre fuerte" del régimen militar, pero una vez que decidió abandonar la idea de cooptar e integrar al movimiento sindical, también fue paulatinamente dejando de lado el papel de la SNG. Habían triunfado los tecnócratas neoliberales y quedaban definitivamente atrás tanto el proyecto social de los oficiales ibañistas, como el "poder social" de las organizaciones intermedias de los nacionalsindicalistas.

Epílogo: el Plan Laboral

El año 1979 estuvo marcado por el impulso que el régimen le dio al Plan Laboral. Como es sabido, este está compuesto por decretos que tuvieron como objetivo fundamental debilitar las organizaciones sindicales. En efecto, los decretos leyes 2.756 y 2.758, del 3 y 6 de julio de 1979 respectivamente, significaron en la práctica fuertes restricciones al derecho a huelga, la planificación escalonada de las negociaciones colectivas, la posibilidad de que existieran varios sindicatos en una misma empresa y el fin de la cotización obligatoria, entre otras medidas, todas las cuales apuntaban a imponer el "libre mercado" en las relaciones laborales. Estos decretos se complementaron con el ya mencionado decreto 2.200, de 1978, que desregulaba el mercado laboral, abriendo paso a la llamada "flexibilidad laboral"⁸⁵. Como se denominaría posteriormente, el Plan Laboral formó parte de las "siete modernizaciones" neoliberales que inauguraron la década de los ochenta en Chile.

Ese mismo año 1979, en un discurso junto al general Pinochet, el secretario general de los Gremios, Misael Galleguillos, señalaba que el gobierno estaba empeñado

"en fortalecer los organismos gremiales, porque son los más adecuados para favorecer la participación de todos en la construcción de la nueva institucionalidad. Tenemos que desarrollar el país con un pensamiento gremial renovado. Queremos armonía entre trabajadores, empresarios y Gobierno, a fin de producir más para Chile"⁸⁶.

Solo unos pocos días más tarde, el general Pinochet ofrecía su definición del papel que debían cumplir las organizaciones sindicales:

"Los sindicatos y gremios tienen como una misión que cumplir, la defensa de los trabajadores en el ejercicio de los derechos consagrados en la ley y constituyen un medio para obtener legítimos beneficios. Pero esta trascendental labor solo se alcanza cuando se realiza sin interferencias extrañas al mundo del trabajo, con un espíritu auténticamente gremial y técnico, desterrando intereses mezquinos y la nefasta injerencia de la política y el partidismo [...] debe instaurarse una organización sindical renovada, como la que deseamos, donde la libertad sea la facultad de los trabajadores para expresarse en forma colectiva y luego en forma democrática, los agremiados generen sus directivas"⁸⁷.

Evidentemente, los énfasis de Pinochet y Galleguillos eran distintos. Si bien ambos compartían la necesidad de despolitizar los organismos gremiales y el objetivo final de "armonía social", para el secretario de los Gremios esto se lograría "fortaleciendo los gremios", mientras que el mandatario resaltaba la "libertad" -en clave neoliberal- como mecanismo de acción gremial. Como se ha dicho, neoliberales como los gremialistas de Jaime Guzmán siguieron creyendo en el corporati-vismo como fórmula de despolitización social y de democracia, pero asociado al individualismo y no al Estado⁸⁸.

La derrota del corporativismo estatista propugnado por los militantes del MRNS en la SNG se reflejó cuando en la revista de esta secretaría, junto a los planteamientos del nacionalsindicalismo, se comenzaron a divulgar entrevistas y escritos del ministro José Pinera⁸⁹. Si verse obligados a publicar las opiniones de sus adversarios dentro del régimen debió ser un duro trance para los directivos de la SNG, la designación el 4 de junio de 1979 del abogado gremialista Jovino Novoa como nuevo subsecretario de Gobierno debió ser un mazazo al interior de la SNG. Por la responsabilidad de su cargo, Novoa se convertía en el jefe directo de Misael Galleguillos. En adelante, la SNG perdería el protagonismo que alcanzó a tener durante 1978, y años más tarde, en 1982, su nombre quedaría irremediablemente ligado a la faceta más desprestigiada de la dictadura militar, producto del asesinato de Tucapel Jiménez⁹⁰. Poco tiempo después de haber salido de la jefatura de la Secretaría de los Gremios, Galleguillos reafirmaba su pensamiento nacional-sindicalista y su rechazo a la política económica impresa a la dictadura por el equipo económico neoliberal⁹¹.

Coincidiendo con el momento histórico que marcaba la institucionalización del régimen, pues el 11 de marzo de 1981 Pinochet asumía como Presidente constitucional de Chile, este terminaba de configurar la visión de su gobierno sobre las organizaciones sindicales. En efecto, y demostrando la importancia que se le asignaba, Pinochet manifestaba que el principal logro del Plan Laboral había sido que los trabajadores podían mejorar sus remuneraciones "sin que ello haya significado perjuicio para los demás integrantes de la relación laboral, vale decir, los empleadores y también los consumidores, y sin que haya sido necesaria la intromisión de la autoridad estatal en estas materia". En el fondo, el Plan Laboral -según Pinochet- había creado "un sistema de negociación colectiva moderno, justo y tecnificado, que se ha traducido en un clima laboral de orden y armonía"⁹². La debilidad orgánica de los sindicatos tradicionales, unida al acatamiento de la nueva legalidad laboral -cuestión que se prolonga hasta el presente- demostraban el éxito de la "revolución laboral", como denominó al Plan Laboral su propio creador.

De esta manera, recapitulando el ciclo iniciado con el golpe de 1973 y cerrado con la implementación del Plan Laboral, que transitó entre la cooptación funcional buscada por la "institucionalización" de las relaciones laborales, establecida en el proyecto corporativista-estatista del general Nicanor Díaz Estrada, y la represión y legalización de la desarticulación del movimiento sindical, representada por el Plan Laboral, la imposición de este último no debe ser entendida como algo inevitable. El fracaso político del proyecto social del general Díaz Estrada y la escasa repercusión de la Secretaría Nacional de los Gremios no significaron que al general Pinochet "no le interesara" la relación con el movimiento sindical ni tampoco que existiera claridad proyectual neoliberal desde temprana hora dentro de las Fuerzas Armadas y los partidarios civiles del régimen. Por el contrario, la llegada al Plan Laboral fue el resultado de la lucha en un campo de fuerzas antagónicas, en el que la dictadura fracasó en sus intentos de integrar subalternamente al movimiento sindical antiallendista y de crear una nueva generación gremial "despolitizada". En un complejo proceso interno que atravesó el desarrollo de los primeros años del régimen, que escapa a los alcances de este texto, la cuestión de qué hacer con las organizaciones sindicales se vio asociada a la consolidación del poder personal de Pinochet. Los fallidos intentos del general Díaz Estrada y la SNG le permitieron al gobernante utilizar las relaciones con el sindicalismo como forma de posicionarse como el máximo líder del régimen militar. Sus reuniones en el edificio Diego Portales se convirtieron en instancias de relación directa con los sindicatos, con ganancia neta para el jefe de Estado, quien parecía tentado a convertirse en un líder populista dispuesto a solucionar de manera directa, sin instituciones de por medio, sus problemas.

Así, el régimen militar inició los ochenta con este segundo momento institucionalizador de las relaciones laborales, ahora en clave neoliberal. Este punto de llegada pasó por el fracaso de las tentativas del general Nicanor Díaz Estrada de institucionalizar el apoyo del sindicalismo antiallendista a la Junta y por el fracaso de la SNG de fundar una nueva era en la historia del movimiento sindical chileno, capacitada para construir una sociedad corporativista. Se terminó imponiendo la concepción neoliberal, que también apostaba a un nuevo sindicalismo, pero sobre nuevas pautas culturales de comportamiento, basadas en la preeminencia del individualismo y el abandono de las pautas de comportamiento vinculadas a la acción colectiva. Por este motivo, es posible concluir que el régimen militar tuvo éxito en despolitizar a amplios sectores de la sociedad, ya que, fuera por temor o por agotamiento ante la ultrapolitización de los tiempos de la Unidad Popular, fue evidente el retroceso de la cuestión política en la sociedad chilena. En el caso del movimiento sindical, al golpear fulminantemente a quienes lo politizaban -los partidos, especialmente de izquierda- la base sindical se despolitizó⁹³. Por este motivo, la represión fue el factor que determinó la relación entre el sindicalismo y el régimen militar: fue esta y no las leyes supuestamente integradoras la que logró someter a un movimiento con una larga tradición de lucha social. En adelante, durante la década de los ochenta, la búsqueda de apoyo social entre los trabajadores se basaría en las masas despolitizadas por el autoritarismo y el boom económico de principios de esa década. Eran los nuevos chilenos y chilenas resocializados por el Plan Laboral y las políticas neoliberales.

 

Notas

¹      Javier Martínez y Eugenio Tironi, Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación 1970-1985, Santiago, Sur ediciones, 1985.

²      Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical en el Régimen Militar chileno. 1973-1981, Santiago, ILET, 1984; Rodrigo Baño, Lo social y lo político, un dilema clave del movimiento popular, Santiago, FLACSO, 1985; Alan Angelí, "Sindicatos y trabajadores en el Chile de los años 1980", en Paul Drake e Iván Jaksic (editores), El difícil camino a la democracia en Chile. 1982-1990, Santiago, FLACSO, 1993.

³      Manuel Barrera, "La demanda democrática de los trabajadores chilenos", Santiago, CED, 1984; Jaime Ruiz Tagle, "El movimiento sindical chileno y la crisis del capitalismo autoritario", en VV.AA, Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile, Santiago, ILET, 1985; J. Samuel Valenzuela, "El movimiento obrero bajo el régimen militar", en Francisco Zapata, Clases sociales y acción obrera en Chile, Ciudad de México, El Colegio de México, 1986; y Patricio Frías, El movimiento sindical chileno en la lucha por la democracia, Santiago, PET, 1989.

⁴      Valenzuela, op. cit., p.123; y Verónica Valdivia, El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980, Santiago, Lom ediciones, 2003, cap. IV.

⁵ Valenzuela, op. cit.

⁶ Eric J. Hobsbawn, Trabajadores. Estudios de historia de la clase obrera, Barcelona, Crítica, 1979.

7 Los trabajos de de Hernán Ramírez Necochea, Historia del movimiento obrero en Chile: Antecedentes siglo XIX, Santiago, Austral,1956; y Origen y formación del Partido Comunista en Chile:(ensayo de historia del Partido), Santiago, Austral, 1965, son un ejemplo de esta mirada sobre la génesis del movimiento obrero chileno. Desde una mirada revisionista, este período ha sido ampliamente cubierto por la historiografía de la "nueva historia social", destacando los trabajos de Julio Pinto, Sergio Grez y María Angélica Illanes.

^{8 Crisóstomo Pizarro, La Huelga obrera en Chile: 1890-1970, Santiago, Ediciones Sur, 1986; Alan Angell, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, Cuidad de México, Ediciones Era, 1974: y Baño, op.cit.}

⁹ Pizarro, op. cit.; Baño,op. cit.;Angell, Partidos políticos..., op. cit.; Frias, op. cit.; Jorge Rojas, "Los trabajadores y la nueva legalidad, 1924-1973", en VV:AA., Sociedad, trabajo y neoliberalismo, Santiago, Ediciones ICAL, 2004; Alain Touraine, "El sindicalismo chileno frente al régimen militar", en Manuel Barrera et al., Sindicatos y estado en el Chile actual, Santiago CES, 1985; Manuel Barrera, "Desarrollo económico y sindicalismo en Chile. 1938-1970", Documento de trabajo Vector, 1979: Joel Stillerman, "Continuidades, rupturas y coyunturas en la transformación delos obreros deMADECO S.A. 1973-2003", en Política 44, Santiago, 2005, 165-196.

¹⁰    Francisco Zapata, Autonomía y subordinación en el sindicalismo latinoamericano, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1993; Alain Touraine, Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, Santiago, PREALC, 1987. En todo caso, esto ha sido relativizado para el caso argentino por Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2005, y para el caso brasileño por John T. French, "Los trabajadores industriales y el nacimiento de la República populista en Brasil, 1945-1946", en María Maira McKinnon y Mario A. Petrone (compiladores), Populismo y neopopulismo en América Latina, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.

¹¹    Angelí, Partidos políticos..., op. cit.; Rojas, op. cit.; Pizarro, op. cit.; y Francisco Zapata, "La acción sindical en la gran minería del cobre: ¿continuidad o ruptura?", en Zapata, Autonomía y subordinación..., op. cit.

¹²    Angelí, Partidos políticos..., op. cit.; Pizarro, op. cit.; Augusto Samaniego, "Estructura y estrategia de la Central Única de Trabajadores (CUT): 1969-1972", en Cuadernos de Humanidades 17, Santiago, 1994.

¹³    Gonzalo Falabella, "La diversidad sindical en el régimen militar", en Contribuciones FLACSO 42, Santiago, 1986, 1-108.

¹⁴    Sobre "el poder gremial" opositor a Salvador Allende, véase Verónica Valdivia, Nacionales y gremialistas. El "parto" de la nueva derecha política chilena, 1964-1973, Santiago, Lom Ediciones, 2008, cap. 7. Sobre el paro de octubre, Tomás Moulian, Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973), Santiago, Lom Ediciones, 2006; y sobre la huelga de El Teniente, Crisóstomo Pizarro y Sergio Bitar, La caída de Allende y la huelga de El Teniente, Santiago, Las ediciones del Ornitorrinco, 1986.

¹⁵     Sobre la CEPCH y la ANEF, véase Rojas, op. cit. y Angelí, Partidos políticos..., op. cit.

¹⁶    Valdivia, Nacionales y gremialistas..., op. cit, 349. Las comillas corresponden a Jorge Fontaine, a la sazón presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio.

¹⁷    La Tercera, Santiago, 15 de septiembre de 1973.

¹⁸     Véase la lista completa en El Mercurio, Santiago, y La Tercera del 14 de septiembre de 1973.

¹⁹    El Mercurio, 16 de septiembre de 1973.

²⁰    La Tercera, 15 de septiembre de 1973.

²¹     Valdivia, Nacionales y gremialistas, op. cit. y de la misma autora, "Crónica de una muerte anunciada": La disolución del Partido Nacional, 1973-1980", en Verónica Valdivia, Rolando Alvarez y Julio Pinto, Su revolución contra nuestra revolución, Vol. I, Santiago, Lom Ediciones, 2006.

²²    Valdivia, El golpe después..., op. cit.

²³    El detalle de los decretos que prohibieron el derecho a huelga, la proscripción de la CUT, la severa restricción a las reuniones sindicales, el fin de las elecciones en los sindicatos, la designación de dirigentes en gremios importantes, entre otras medidas, en Campero y Valenzuela, op. cit., 171 y ss.

²⁴    Nos hemos basado en Guillermo O'Donnell, 1966-1973. El Estado Burocrático Autoritario, Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1982, 60.

²⁵    La pugna es tratada por Arturo Valenzuela, "Los militares en el poder: la consolidación del poder unipersonal", en Drake y Jaksic, op. cit.\ Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago, Sudamericana, 2001. Sobre el proyecto "blando" -gremialista- Verónica Valdivia, "Lecciones de una Revolución: Jaime Guzmán y los gremialistas, 1973-1980", en Valdivia, Alvarez y Pinto, op. cit.

²⁶    Verónica Valdivia, '"¡Estamos en guerra señores!'. El régimen militar de Pinochet y el 'pueblo'. 1973-1980", en Historia 43:1, Santiago, 2010.

²⁷ Véase Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos, Santiago, DIBAM, 1993.

²⁸     Ercilla, Santiago, 17 de octubre de 1973, 25.

²⁹     ídem, 2 de octubre de 1973, 16.

³⁰     La Segunda, Santiago, 8 de enero de 1974.

³¹     Campero y Valenzuela, en su citada obra, definen cuatro momentos de las relaciones laborales durante la década de los setenta. Una primera donde se funde la dimensión represiva con la restauradora; una segunda "institucionalizadora", representada por la gestión frente al Ministerio del Trabajo del general del aire Nicanor Díaz Estrada; una tercera representada por la gestiones de Sergio Fernández y Vasco Costa en dicha cartera, donde nuevamente se enfatiza la represión y se abre el camino hacia medidas de corte neoliberal, proceso que se cierra con la llegada de José Pinera y la aprobación del neoliberal Plan Laboral como nuevo rector de las relaciones laborales.

³²    Planteamiento de Valdivia en El golpe después..., op. cit. El MRNS, cuyos líderes posteriormente dirigieron la Secretaría Nacional de los Gremios, respaldó la iniciativa del general Díaz Estrada, destacando que este "en su juventud" había sido militante de este grupo de raigambre nacionalista y partidario un corporativismo estatista. Véase www.mrns.cl. Volveremos sobre los orígenes de esta organización más adelante.

³³    Ibid., 185.

³⁴    Campero y Valenzuela, op. cit., 208.

³⁵     Citas de Díaz Estrada en El Mercurio, 2 de mayo de 1975. El calificativo de "proyecto social del golpe", en Valdivia, El golpe después del golpe..., op. cit.

³⁶     En este párrafo hemos seguido los planteamientos de Valdivia, idem.

³⁷    Fueron ocho los dirigentes que viajaron a Ginebra en julio de 1974: Eduardo Ríos (marítimos), Guillermo Medina (cobre), Ernesto Vogel (ferroviarios), Tucapel Jiménez (ANEF), Federico Mujica (CEPCH), Pedro Briceño (aceros), Guillermo Díaz (campesinos) y Claudio Castillo (comercio). La Segunda, 13 de julio de 1974.

³⁸     Probablemente el caso más emblemático lo constituía el presidente de la CEPCH, Federico Mujica. Militante nazi en la década de los treinta, posteriormente vinculado al Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), fue elegido en 1972 vicepresidente de la CEPCH, integrando la lista de la Unidad Popular. Más tarde apoyó el golpe militar, se hizo disidente de este al formar parte del "Grupo de los Diez", del cual también se desvinculó por considerarlo "político". En 1976, definía su posición de "independencia sindical", y que "siempre he sido un hombre de izquierda, sin apellidos...". Ercilla, 27 de octubre de 1976, 37 y ss.

³⁹    Sobre la represión y sus efectos en las organizaciones sindicales, Joel Stillerman ha planteado que ha sido un tema escasamente investigado para el caso chileno. En el caso de MADECO, Stillerman constató que luego del golpe militar, hubo despidos arbitrarios, no pago de indemnizaciones, disminución de beneficios y medidas represivas sobre el conjunto de empleados, incluso sobre los que no tenían militancia política. Véase Stillerman, op. cit., 182. Otro estudio monográfico que muestra la dureza de la represión en los lugares de trabajo y sobre los sindicatos, durante los primeros tiempos después del golpe de Estado, es el de Jorge Rojas, Cinthia Rodríguez y Moisés Fernández, Cristaleros: recuerdos de un siglo. Los trabajadores de Cristalerías de Chile, Santiago, Sindicato n° 2 de Cristalerías de Chile/PET, 1998.

⁴⁰    Ercilla, 2 de enero de 1974, 24 y Qué Pasa, Santiago, 4 de enero de 1974, 13

⁴¹    La Segunda, 2 de noviembre de 1974.

⁴²    "Discurso pronunciado por el dirigente sindical Manuel Rodríguez en el acto de celebración del 1 de mayo representación de los trabajadores chilenos y sus organizaciones sindicales en el edificio Diego Portales". Archivo Vicaría de la Solidaridad, caja n° 38, 1. Antes del Golpe Rodríguez había sido dirigente de base de la CUT en Santiago y era un declarado opositor a Allende.

⁴³    Ibid., 8. Hemos respetado la redacción y las mayúsculas del original. Las críticas por el discurso de Rodríguez, en Qué Pasa, 10 de mayo de 1974, 17.

⁴⁴    Ibid., A.

⁴⁵    Al respecto, véase Frías, op. cit., 39.

⁴⁶    Es posible conocer en profundidad las posiciones de los principales dirigentes sindicales de este grupo en sendas entrevistas publicadas en Ercilla durante el año 1976: el 4 de agosto a Tucapel Jiménez; el 22 de septiembre a Manuel Santana y el 27 de octubre a Federico Mujica. La mejor descripción sobre el accionar del movimiento sindical en este período sigue siendo el trabajo de Campero y Valenzuela, op. cit. Como es sabido, en 1982 Tucapel Jiménez fue asesinado al interior de su taxi por integrantes de los organismos de seguridad del régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet.

⁴⁷ Campero y Valenzuela, op. cit.

⁴⁸ Sobre la represión contra el movimiento sindical en esta fase, véase ibib. y Valenzuela, op. cit.

⁴⁹ Qué Pasa, 6 de mayo de 1976, 76.

50 ídem.

⁵¹ Qué Pasa, 19 de agosto de 1976, 7.

⁵² Ibid., 8. Otras declaraciones contra la huelga, en Qué Pasa, 17 de noviembre de 1977, 31.

⁵³ Ercilla, 4 agosto de 1976, 15.

⁵⁴ Véase Campero y Valenzuela, op. cit., 260.

⁵⁵    Un completo análisis de los contenidos y efectos del decreto ley 2.200, en Campero y Valen-zuela, op. cit., 126.

⁵⁶    La visión de Vasco Costa sobre estas elecciones, en Qué Pasa, 9 de septiembre de 1978, 14 y ss.

⁵⁷    Touraine, "El sindicalismo chileno...", op. cit., 4.

⁵⁸    Sobre este episodio, véase Huneeus, op. cit. La decisión de realizar este plebiscito agrió aún más las deterioradas relaciones entre los generales Pinochet y Leigh, ya que este último no era partidario de su realización. Por ello, es el antecedente directo antes de la salida de la Junta Militar del entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.

⁵⁹    Véase Campero y Valenzuela, op. cit., 262.

⁶⁰    El elegido fue José Pinera, quien personalmente logró detener el nuevo intento de boicot. Véase el libro de su autoría, La revolución laboral en Chile, Santiago, Editorial Zig-Zag, 1992.

⁶¹ Valdivia, El golpe después del golpe..., op. cit.

⁶² Huneeus, op. cit., 355.

⁶³    Verónica Valdivia, Nacionalismo e ibañismo, Santiago, Universidad Católica Blas Cañas, 1995,21.

⁶⁴    Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975), Madrid, Editorial Síntesis, 2008, 73.

⁶⁵    Verónica Valdivia, Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas, Santiago, Universidad Católica Blas Cañas, 1996.

⁶⁶    La Secretaría Nacional de los Gremios, Santiago, Orbe, 1978, 5.

⁶⁷     Gremios 1, Santiago, agosto de 1978, 31. La Escuela Sindical fue creada por un decreto ley promulgado el 29 de abril de 1977.

⁶⁸    La Secretaría Nacional de los gremios, op. cit., 8.

⁶⁹    Valdivia, "Nacionalismo e Ibañismo", op. cit., 31. En este trabajo se encuentra un detallado análisis del contexto histórico mundial y chileno en que surgió el nacionalsindicalismo y también sus principales planteamientos.

⁷⁰    Pedro Zurita, "El trabajo humano", en Gremios 1, agosto de 1978, 8.

⁷¹     Declaraciones de Misael Galleguillos en La Segunda, 16 de abril de 1977.

⁷²    Las citas en Vicente Fernández, "Hacia un sindicalismo nacional", Gremios 4, enero de 1979, 16 (mayúsculas en el original). Se repiten y profundizan estas mismas tesis en dos textos de Misael Galleguillos llamados "Cuerpos sociales intermedios", publicados en Gremios 6 y 7, de julio y agosto de 1979 respectivamente.

⁷³     "Movimiento sindical chileno", en Gremios 5, abril de 1979.

⁷⁴     Gremios 4, enero de 1979, 8. Las elecciones fueron convocadas el 27 de octubre de 1978 y se efectuaron 4 días más tarde, el 31 de octubre. Implicaba a 1.069 sindicatos industriales y profesionales. Como forma de impedir la reproducción de las antiguas directivas sindicales, se prohibió participar como candidatos a quienes habían pertenecido a un partido político hasta diez años atrás. Además, se podía votar por cualquier nombre de algún empleado o trabajador, intentando provocar dispersión. Véase Valenzuela, op. cit., 159. Existe consenso entre los investigadores en que la mayoría de los nuevos dirigentes elegidos eran opositores al régimen. Al respecto, véase Jaime Ruiz Tagle, "Perspectiva del sindicalismo chileno", en Mensaje 294, Santiago, noviembre de 1980.

⁷⁵    La Secretaría Nacional de los gremios, op. cit., 15 y 16.

⁷⁶    Gremios 1, agosto de 1978,31-32.

⁷⁷     Gremios 5, abril de 1979, 33.

⁷⁸    Sobre la reunión con la CEPCH, véase La Segunda, 6 de marzo de 1974. Las palabras en el encuentro con los trabajadores de Chuquicamata, en La Segunda, 13 de febrero de 1975. Encuentros de similares características sostuvo durante el año 1975 con dirigentes del comercio, quienes ofrecían su ayuda para enfrentar la crisis económica que asolaba a la población, y con representantes gremiales, que pedían mejoras económicas en medio de la misma crisis, véase La Segunda 27 de junio y 23 de agosto de 1975 respectivamente. En este último encuentro, de acuerdo a los dirigentes, "el general Pinochet se había mostrado asequible ante las peticiones y a estudiar cada caso que se le planteó" (El Mercurio, 23 de agosto de 1975). En noviembre, Pinochet se volvía a reunir con los trabajadores del cobre en Chuquicamata (véase El Mercurio, 19 de noviembre de 1975) y a fines de 1976 con representantes sindicales (véase La Tercera, 2 de diciembre de 1976).

⁷⁹    Por ejemplo el 1 de mayo de 1974, Pinochet reajustó los sueldos del sector público y privado, decretó ingreso mínimo al sector agrícola y reajuste de las pensiones del sector pasivo. Véase La Segunda 2 de mayo de 1974.

⁸⁰    Por ejemplo, el presidente de la CEPCH Federico Mujica opinaba, en 1976, que "no todo el aparato de gobierno -especialmente los mandos medios- ha estado a la altura para entregar su aporte de esfuerzo, comprensión y sacrificio", para enfrentar la crisis económica, en alusión al Ministerio del Trabajo y excluyendo a Pinochet. Véase Ercilla, 27 de octubre de 1976, 41.

⁸¹    La Secretaría Nacional de los gremios, op. cit.,\5.

⁸²    La Tercera, 24 de noviembre de 1977, 5. Las conclusiones políticas de ese encuentro se resumían en una frase dicha por Pinochet ese día: "frente a los problemas laborales, justicia. Frente a la indisciplina, intransigencia". Qué Pasa, 1 de diciembre de 1977, 6-8.

⁸³     La Tercera, 31 de marzo de 1978.

⁸⁴     ídem, 27 de abril de 1979.

⁸⁵    Véanse detalles de estas materias en Campero y Valenzuela, op. cit., 126.

⁸⁶    La Tercera, 27 de abril de 1979.

⁸⁷    ídem, 2 de mayo de 1979.

⁸⁸    Verónica Valdivia, "Los guerreros de la política. La Unión Demócrata Independiente, 1983-1988", en Verónica Valdivia et al., Su revolución contra nuestra revolución. Vol.II. La pugna marxista-gremialista en los ochenta, Santiago, Lom Ediciones, 2008, 146.

⁸⁹    Ver de José Pinera "Los compromisos del Plan Laboral", en Gremios 5, abril de 1979.

⁹⁰    La designación de Jovino Novoa como nuevo subsecretario de gobierno, en Gremios 6, julio de 1979. En 1999, Galleguillos fue sometido a proceso y encarcelado durante varios meses por su responsabilidad en este crimen. Al año siguiente, el ministro sumariante lo desvinculó de los hechos. La hipótesis de la policía era que la información de inteligencia recogida por la SNG sobre las actividades de Jiménez -obtenidas conjuntamente con la Central Nacional de Informaciones- derivó en la decisión de asesinar al líder de la ANEF. Según esta versión, Galleguillos habría participado en la planificación del crimen. Véase La Nación 21 de enero de 2008. También judicialmente se ha establecido que Galleguillos desviaba fondos desde la SNG al MRNS. Por su parte, la versión del MRNS es que el asesinato fue una operación de inteligencia de la "oligarquía chilena" (sic) para apartar la influencia nacionalista del régimen militar. Ver www.mrns.cl. Con todo, la vinculación del MRNS era con la CNI y judicialmente se probó que no fue ese organismo el que perpetró el crimen, sino que el DINE, lo que explica la exculpación judicial de Galleguillos. Una detallada relación del crimen de Tucapel Jiménez y el papel de Galleguillos, la SNG y el MRNS, en Aldo Signorelli y Wilson Tapia, ¿Quién mató a Tucapel?, Santiago, Editorial Ariete, 1986.

⁹¹     Véanse los libros que recopilan artículos de Galleguillos, La forja de un destino, Santiago, s/e, 1986 y Camino de victoria, Santiago, s/e, 1987.

⁹²    "Discurso pronunciado al iniciar el período presidencial 1981-1989". El Mercurio, 12 de marzo de 1981.

93 Es el planteamiento de Baño, op. cit., 70.

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Fecha de recepción: octubre de 2009 Fecha de aceptación: marzo de 2010

** Este artículo forma parte del proyecto FONDECYT N° 1080162, "La guerra social de Pinochet".