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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) vol.44 no.1 Santiago jun. 2011

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942011000100001 

HISTORIA N° 44, vol. I, enero-junio 2011: 5-50

ESTUDIOS

 

ESTADO NACIONAL Y COMUNIDAD ANDINA. DISCIPLINAMIENTO Y ARTICULACIÓN SOCIAL EN ARICA, 1880-1929

 

Claudio Aguirre Munizaga* Carlos Mondaca Rojas**

* Doctorando en Antropología. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R. P. Gustavo Le Paige, Universidad Católica del Norte (Chile). Correo electrónico: claudio.aguirre@ucn.cl

** Doctor (c) Historia por la Universidad de Chile. Académico del Departamento de Educación de la Universidad de Tarapacá. Correo electrónico: cemondacar@uta.cl


RESUMEN

El presente estudio desarrolla una aproximación historiográfica al período conocido comúnmente como de chilenización del norte de Chile, que comprende los años 1880-1929. En él se analiza la relación entre la articulación social de la sociedad andina y el disciplinamiento del Estado nacional chileno, en el espacio sociocultural que en la actualidad comprende el sector rural de la provincia de Arica, con sus valles bajos, precordillera y sector altiplánico. El estudio se posi-ciona en un análisis historiográfico de interés regional y nacional, a partir de la revisión de fuentes históricas provenientes de archivos locales, donde se aborda históricamente la caracterización de la estructura política, económica, social y cultural en este territorio.

Palabras clave: articulación, chilenizacion, disciplinamiento, comunidad andina, Arica.


ABSTRACT

This study develops an historiographical approach to the period commonly known as the Chilenization of northern Chile covering the years between 1880-1929. It examines the relationship of the social organization of Andean society with the Chilean State disciplining of the socio-cultural space including the current rural sector in the province of Arica with its low valleys, foothills and Altiplano sector. The study is a historiographical analysis of regional and national interest, using historical sources from local archives that deal with the historical characterization of the political, economic, social and cultural structures in this area.

Key words: Social Organization, Chilenization, Disciplining, Andean Community, Arica.


 

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se sitúa en un contexto histórico que comprende los años 1880 y 1929, conocido comúnmente como de chilenización del norte de Chile, en el cual se explora la articulación social de la sociedad andina con el disciplina-miento impuesto desde el Estado nacional chileno, en el espacio sociocultural que en la actualidad comprende el sector rural de la provincia de Arica, con sus valles bajos, precordillera y sector altiplánico1.

En este contexto, nos planteamos dos preguntas que a nivel microhistórico cuestionan las nociones macrohistóricas sobre la historia nortina en esta particular área y época de estudio ya aceptadas en la historiografía del norte de Chile. La primera interrogante dice relación con la forma en que opera la administración y el disciplinamiento del Estado en correspondencia con la anexión de estos territorios a la nación de Chile; y la segunda con la forma en que se articula política, económica, social y culturalmente la población de estas áreas, respecto al rol administrativo y disciplinador del Estado nacional en estos nuevos territorios.

Esto nos permitiría develar la estructuración del Estado nacional analizando ideas que estarían centradas en un punto de vista político diplomático de statu quo que tuvieron Arica y Tacna después de la Guerra del Pacífico por casi cincuenta años, lo que permite visualizar una diferenciación en cuanto al accionar del Estado (administración y disciplinamiento) en estas áreas respecto a Tarapacá. Es decir, la anexión de territorios en el norte de Chile no reflejaría a nivel local la idea histo-riográfica regional y nacional de ocupación y chilenización inmediata, sin matices ni diferencias.

Pensamos al respecto que las estrategias simbólicas de disciplinamiento social (políticas de chilenización para la historiografía tradicional), centradas en la política liberal de comienzos del siglo XX, se plantean como parte de una modernidad impulsada por el Estado chileno, lo que es una concepción cuestionable, dado que la población local llevaba más de cincuenta años operando en la misma lógica liberal modernista impuesta por el Estado nacional peruano en los diferentes espacios de administración local.

Por consiguiente, pareciera que la nueva administración chilena hubiera operado civilizando a la población local, tratando más bien de extirpar adscripciones de ciudadanía peruana en el área, a partir de acciones políticas conocidas comúnmente como de chilenización, donde el Estado nacional utilizó la coyuntura de población andina como sinónimo de indígena y este a la vez como de retraso (barbarie), generando una visión de articulación doble de adscripciones ciudadanas: sociopolíticas y socioculturales. Es decir, si se era peruano, se era indígena, por ende se era bárbaro (atrasado), y si se era chileno, se era moderno y por ende no indígena.

La aplicación de políticas de chilenización (disciplinamiento social) en el área y su recepción por parte de la población local nos permiten desarrollar la idea de que se articula una participación sociopolítica (sea chilena o peruana) y que los comuneros son ciudadanos activos que, independiente de cuál sea su adscripción nacional, desarrollan estrategias políticas, económicas, sociales y culturales que desmitifican la visión de que son poblaciones pasivas que no participan en los procesos. Por el contrario, se observa una recreación y continua participación so-ciocultural que los hace parte de una dinámica de cambio social, que lleva a una doble articulación2 representada en el ejercicio de derechos ciudadanos, tal como se puede observar al analizar la siguiente cita:

"[...] Nosotros somos contribuyentes á favor de la I. Municipalidad casí semanalmente con el pago de los derechos de peaje y mojonazgo, como Us. no podrá ignorarlo en virtud de los libros talonarios que existen, tanto en Tesorería Municipal como en poder de los rematistas de esos ramos [...]

Puesto que somos quienes contribuimos á aumentar las ventas del municipio, justo es también que se nos dé facilidades que es un deber de la Corporación, para el carguío de mercaderías sin el riesgo de que se pierdan ó por lo menos alguna otra franquicia que nos garantise el libro tránsito y seguro para la seguridad de nuestra industria en el acarreo que ejercemos, y que es sabido que es lo único que da vida a estos territorios [...] Venimos pues, en pedir que esta petición sea aceptada para la inmediata reparación del camino de nuestra referencia en mérito de las poderosas causas que ocurren y en las que nos hemos fundado para ello [...]"3.

Lamentablemente, los antecedentes bibliográficos para comparar nuestras interpretaciones con el período correspondiente a la incorporación de este territorio a Chile son muy escasos, excepto por la abundante bibliografía y fuentes diplomáticas del período en cuestión, donde los análisis se centran fundamentalmente en una visión del problema político que presenta la regularización de la soberanía de los territorios de Arica y Tacna.

En general, el período republicano del área de estudio ha sido casi completamente ignorado por los historiadores, tanto que la historia regional pareciera comenzar con la ocupación chilena de este territorio a fines del siglo XIX, pero principalmente con el impacto económico o social del ciclo salitrero. Este velo se extiende también sobre el fenómeno de chilenización compulsiva y violenta que se desata entre 1910-1929 en las ciudades de Arica e Iquique, así como en algunas localidades del interior con presencia o predominio de población indígena. Estos hechos, que todavía se pueden rastrear en la intimidad del recuerdo de muchas familias, no han sido explicitados hacia la conciencia colectiva por la historiografía local. Salvo recientes intentos, sencillamente se les ha ignorado.

El silencio se relaciona evidentemente con las características que asume la incorporación de este territorio; la instalación de una nueva nacionalidad supone borrar todo vestigio de la precedente peruana. De todas maneras, es sabido que el Estado chileno aplicó políticas administrativas de implantación de la burocracia estatal, primero a partir de medidas demográficas y culturales, traslado de población de otras partes del país y expulsión o facilidades para la partida voluntaria de ciudadanos peruanos, además de los censos; y después a partir de una política educacional centrada en el concepto de la chilenidad, especialmente a partir de la primera década de este siglo, cuando se avecinaba el plebiscito que debía zanjar la adscripción de Arica y Tacna a uno de los dos países involucrados4.

De todos modos, el tema de la "chilenización" como mecanismo de aculturación "nacional" ha tenido un gran impacto en el análisis de la sociedad andina actual. Desde la década de 1980 aparecieron una serie de trabajos de antropólogos, sociólogos y pedagogos que siguen este enfoque, pero, como suele ocurrir, de hechos y situaciones sin duda ciertos, a veces se han desprendido conclusiones exageradas.

De esta manera, se ha transformado a la población andina en agentes "pasivos", sin capacidad de iniciativa, a los que solo se les "imponen" instituciones y un conjunto de valores y enseñanzas chilenas. Para ser justos, en este trabajo queremos mostrar que esta participó activamente de los procesos de incorporación del Estado nacional y que aún hoy ejercen una gran demanda de participación ciudadana efectiva. Sería conveniente tal vez cambiar el eje de análisis hacia el concepto de "articulación social", ya que el de "desintegración" cultural remite a una concepción paralizante y pasiva de la población andina de estos espacios5.

En este contexto, pensamos que el área andina de Arica durante este período da cuenta de un desarrollo acelerado del proceso republicano chileno, que domina el transcurso de estas comunidades incorporándolas al proyecto de formación nacional y adscripción de una ciudadanía enérgica chilena. Esto desde una óptica de diferenciación social y de segmentación étnica que produce cambios considerables en su posición como grupo, lo que permitirá la migración y reestructuración del mundo andino hacia una economía translocal6 fundamentada en la agricultura y el comercio, ocupando los distintos espacios ecológicos y económicos, en una verticalidad que va desde los parajes alto andinos a las ciudades costeras, a partir de una dinámica de participación ciudadana de sus procesos políticos económicos, sociales y culturales como actores y sujetos dinámicos y participativos7.

Para llevar a cabo esa tarea, esta población tuvo que desarrollar una interacción con un nuevo marco de ordenamiento nacional -el chileno-, desde una óptica administrativa, legal e ideológica impuesta por un Estado en proceso de expansión post-Guerra del Pacífico.

También resulta conveniente analizar teóricamente la forma en que opera la lógica del Estado decimonónico, en este influjo o interacción con el poder republicano, donde los grupos elaboran respuestas individuales y colectivas, con lo que se establecen tanto identidades que responden a la propia historicidad del individuo como construcciones sociales que surgen, se transforman y se disuelven en escenarios históricos precisos. Para la sociedad de Arica, y en particular el segmento étnico que la constituye, este hecho ha estado en constante proceso de definición hasta nuestros días8.

TACNA Y ARICA EN STATU QUO: MEDIO SIGLO DE NEGOCIACIONES Y DE TENSIÓN

El proceso de la llamada "cuestión de Tacna y Arica" o el "destino de las provincias cautivas", según la historiografía chilena o peruana, respectivamente, significó una larga inquietud nacional e internacional, debido a los vaivenes que tuvo en su desarrollo. Desde el 20 de agosto de 1883, fecha en que se firmó el Tratado de Ancón, se inicia un proceso diplomático entre Chile y Perú lleno de conflictos y diferencias. Ya desde la guerra, los antiguos territorios peruanos pasaron a la administración chilena y en lo legal asumieronn su organización político administrativa, en virtud de lo dispuesto por el título IX de la Constitución Política del Estado chileno del 25 de mayo de 1883. Sin embargo, son los artículos de este tratado y sus disposiciones legales los que van a generar este largo proceso de negociaciones y ocupación territorial.

Una mirada rápida al proceso de la guerra nos permite ver que el Estado nacional chileno llegaba para quedarse; la situación jurídica surgida al momento de la ocupación del territorio de Tacna y Arica permite observar una preocupación del gobierno de Chile por restablecer el orden en la zona. Así, el general en jefe del Ejército chileno, Manuel Baquedano, por decreto del 31 de agosto de 1880, establece que: "[...] provisionalmente en este territorio el servicio de la administración de justicia que se encuentra completamente acéfala por la ausencia de las autoridades constituidas por el gobierno del Perú [...]"9.

El decreto mencionado creó en el departamento de Tacna un juzgado de letras de competencia mixta (civil y criminal), cuya jurisdicción alcanzaba desde el valle de Sama por el norte hasta el de Camarones por el sur. En el mismo decreto se señaló que en materia civil continuarían rigiendo las leyes peruanas y en lo criminal las de Chile (Código Penal de 1876), sumadas a los bandos que el jefe militar dictase10. Particularmente el jefe militar residía en Tacna, capital del departamento, mientras que para el puerto de Arica fue nombrado jefe político y militar el coronel Samuel Valdivieso, quien se dedicó a implementar medidas de saneamiento de la población y al restablecimiento de la vida económica del puerto, al decretar la vigencia de la tarifa de avalúos peruana en la aduana de Arica el 9 de junio de 188011.

Posteriormente, en marzo de 1882, se dispuso que el ejercicio de la jurisdicción del Juzgado de Letras de Tacna, otorgado por el decreto de Baquedano del 31 de agosto de 1880 y aprobado por el Presidente de la República el 9 de septiembre de 1881, se dividiera en adelante y mientras durara la ocupación militar chilena: "[...] entre dos juzgados con residencia en dicha ciudad [Tacna] iguales en rango o jerarquía y con jurisdicción en todo el territorio de ese departamento [.]"12.

Más adelante se señaló que funcionarían por turnos, estableciendo que los procedimientos a seguir en las causas eran los dispuestos en las leyes chilenas, pero que el fondo del fallo en lo civil sería con arreglo a las leyes peruanas, salvo en lo penal, que se sujetaría a la ley chilena y los bandos militares del jefe de plaza. Esta vigencia provisional de la ley peruana civil obedecía a que se compartían principios universales de modernidad en dicha legislación, claro que con una salvedad en la que es preciso reparar: el problema del matrimonio y del registro civil, que en Perú ya existía desde la época del mariscal Castilla (1855), y en Chile solo aparece con la dictaminación de la ley del 10 de enero de 1884.

De acuerdo a los antecedentes que manejamos, el registro civil lo dirigió la Iglesia con sus sacerdotes de nacionalidad peruana entre 1880 y 188413. Con posterioridad a 1884 se crearon los registros civiles de Tacna y Arica (según la ley que creó la provincia, con arreglo a los artículos 131 y siguientes de la Carta Fundamental chilena de 1883), lo que fue uniformando las aplicaciones de normas civiles para toda la población residente, que en su mayoría era peruana.

Sin embargo, resulta de suma importancia lo acaecido en el Tratado de Ancón, a partir de la firma en Lima de un tratado de paz y amistad y un protocolo complementario entre las repúblicas de Chile y Perú, por la cual Perú cedió Tarapacá a perpetuidad y por el Artículo 3° estableció que el territorio de las antiguas provincias peruanas de Tacna y Arica, con los límites antes descritos, "[.] continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el termino de diez años contados desde que se ratifique el presente tratado de paz [...]"14.

Aquí, es de interés destacar que esta norma otorgará plena aplicación al derecho chileno en adelante, dejando de regir por consiguiente las leyes peruanas en el ámbito de lo civil, aduanas, etc. Más aún, el artículo 13° señaló que el reconocimiento y aceptación de "[.] la validez de todos los actos administrativos y judiciales pasados durante la ocupación del Perú, derivados de la jurisdicción marcial ejecutada por el Gobierno de Chile"15.

Con estas disposiciones se da inicio al período de la administración chilena de Tacna y Arica, y por ende de sus zonas interiores, proceso que se prolongó hasta el Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, el que, como es sabido, entrega la zona septentrional del territorio en litigio a Perú. Muy importante es la la ley del 31 de octubre de 1884, dictada bajo el gobierno de Domingo Santa María, la que consideró como provincia de la república los territorios de Tacna y Arica, según versan los artículos 135 y 55 de la Constitución de 1833.

Esta provincia llevaría el nombre de Tacna y tendría los límites que el Tratado de Ancón, en su Artículo 3°, señalaba para la zona de administración chilena provisional. Para la administración municipal, la ley de 31 de octubre de 1884 creó la junta de alcaldes, compuesta por tres miembros de nombramiento presidencial. Los primeros representantes para Arica fueron nombrados por el decreto 4.107 del Ministerio del Interior, con fecha27 de diciembre de 188416. Finalmente, otras autoridades políticas en orden jerárquico descendente fueron los subdelegados, creados para Tacna por la ley del 31 de octubre de 1884. En consecuencia, tenemos tres niveles de competencia político administrativa para la zona de estudio: a nivel provincial, el intendente; a nivel departamental, el gobernador del departamento y los subdelegados urbanos y rurales; y por último, a nivel comunal, la junta de alcaldes.

Esta síntesis del marco legal de la administración chilena nos permite ver con claridad que desde el momento mismo de la ocupación armada Chile tuvo la preocupación de imponer un marco jurídico legal similar al que imperaba en su territorio. De esta forma se aplicaron paulatinamente las leyes chilenas con escasas excepciones, de las cuales quizás la más notoria es que como el territorio de Tacna tenía su situación jurídica definitiva pendiente, no tendría representación en el Parlamento.

Entre las disposiciones principales del Tratado de Ancón que tienen importancia para nuestra investigación, podemos señalar las siguientes: se reestablecerían las relaciones de paz y amistad entre ambas naciones; se cedería a Chile en forma perpetua e incondicional el territorio de la provincia litoral de Tarapacá; y por último, los territorios de las provincias Tacna y Arica seguirían estando sujetos a la legislación chilena por los próximos años, después de lo cual un protocolo pondría las condiciones para realizar un referéndum plebiscitario donde se decidiera la soberanía de Tacna y Arica (el perdedor pagaría la suma de diez millones de pesos o soles, según fueran los resultados).

En este articulado las disposiciones son claras, excepto por un pequeño alcance. Como menciona Conrado Ríos, si se hubiesen estipulado las condiciones del protocolo para la realización del plebiscito en ese momento, no se habrían generado la tensión y disputas diplomáticas que tuvieron lugar entre ambas naciones17. El proceso estaba en marcha. Durante largos períodos se fue frustrando la posibilidad de lograr una salida diplomática del tratado, y ya desde 1879 a 1884 se proponía sustituir el plebiscito, ofreciendo a Perú comprar en diez millones de pesos la posesión de estos territorios, pero esta solución fue rechazada por el gobierno peruano de Cáceres.

Durante el gobierno de Balmaceda nuevamente hay intentos y se ofrecen 20 millones de pesos, lo que también fue rechazado por el ministro peruano en Chile, Carlos María Elías. La guerra civil estancó las negociaciones hasta 1898 y 1901, cuando se generan intensos encuentros diplomáticos que tampoco llegan a una solución. De esta forma, Chile, al no existir negociaciones claras, seguía administrando actos de dominio (en tanto el plebiscito no se llevará a cabo). Una propuesta interesante por entonces fue la de dejar el sector de Arica cediéndolo como parte de los acuerdos con Bolivia, con lo que se conseguía una frontera norte neutral con Perú, a la vez que se solucionaba el problema con Bolivia. Esto fue rechazado por políticos nacionales y rotundamente por el gobierno peruano, que increpaba a Chile por ejercer una soberanía total sobre territorios que ellos denominaban ocupados por invasores chilenos.

Hacia la segunda década del siglo XX, los intentos diplomáticos nuevamente dan cauce a la posibilidad de llevar a cabo el plebiscito. Otra vez salían a la luz las disposiciones protocolares; ambos países proponían las condiciones electorales que más les convenían: los peruanos pedían el voto de los regnícolas con a lo menos seis años de asentamiento en los territorios, mientras que los chilenos, por el contrario, proponían la votación popular e incluso la aceptación de los regnícolas con un año de asentamiento, esto producto de que a partir de la segunda mitad de la primera década del siglo, se había llevado población sureña a estos sectores y en el último tiempo se había reclutado y acantonado efectivos militares en esta zona.

Ya se vislumbraba una solución para 1925, donde debían quedar estampadas las condiciones y fecha de realización del plebiscito en el año de 1926. Sin embargo, el gobierno chileno dudaba de un posible triunfo del plebiscito en las condiciones establecidas por los peruanos; el gobierno peruano volvió a tener una posición intransable con respecto a estos territorios, proponiendo su entrega inmediata; y la posición del arbitraje de Estados Unidos fue que este acto era impracticable, por la violencia e incertidumbre en el territorio en disputa. Finalmente, la gestión diplomática por llevar a cabo el plebiscito se desintegro y fracasó rotundamente, quedando el problema de Tacna y Arica a disposición de un futuro arreglo, que se vino a dar recién en 1929, con la firma del Tratado de Lima.

LA ADMINISTRACIÓN CHILENA EN EL EXTREMO NORTE DE CHILE

Desde el inicio de la Guerra del Pacífico, el Estado de Chile definió una serie de lineamientos y políticas de administración de los territorios de Tacna y Arica y sus zonas interiores, que se estructuraron fundamentalmente en la división administrativa del área y en la aplicación de acciones tendientes a homologar el Estado nacional a la población existente. Dentro de este contexto, podemos observar que durante bastante tiempo la historiografía nacional y regional han enfocado el estudio de estos procesos fundamentalmente desde una mirada de la historia político-diplomática, debido a la importancia nacional e internacional que tuvo este proceso durante casi cincuenta años.

En este mismo sentido, ha existido una creciente teorización sobre el fuerte impacto que provocaron estas políticas nacionalizadoras llamadas de chilenización en la población local, planteando como base una desintegración total y represiva del acontecer social y cultural de este grupo, haciendo extensiva a este sector geográfico la situación de estudios e hipótesis propuestos para el área de Tarapacá, lo que nos parece cuestionable, dado que los vínculos sociales y las rearticulaciones se operacionalizan en función de relaciones sociopolíticas particulares a cada contexto. Si bien el Estado nacional se incorpora plenamente a la región, lo hace de una forma bastante particular en este territorio, porque la situación política, económica, social y cultural es diferente a la de otros contextos, tanto así que incluso hay ocasiones en que se incorporan relaciones multiculturales e interculturales, en momentos de tregua en la friega política y diplomática.

Las diferencias surgidas por las adscripciones sociopolíticas están basadas en una visión desarticuladora que, según la historiografía tradicional, se da en algunos momentos álgidos en la lucha diplomática que tienen relación con el plebiscito que debía realizarse en las distintas fechas que surgen para realizarlo.

Desde 1880 se administró fuertemente a las ciudades de Tacna y Arica y sus zonas interiores, lo que permitía ejercer un control directo del Estado. Para llevar a cabo estas políticas se instauró una estructura administrativa que manejaba toda el área geográfica en que se basa esta investigación. Desde esta particular administración bajaron a los distintos territorios disposiciones y un accionar político que se diferenció bastante del que tuvo lugar en el territorio de Tarapacá, puesto que los recursos productivos propios de esta área junto con una relación sociocultural de poblaciones distintas, permitieron observar para cada subdelegación diferentes procesos históricos, sociopolíticos y culturales diversificados, existiendo una fragmentación de las políticas de "chilenización", basada específicamente en las siguientes subdelegaciones y distritos18:

Cada espacio territorial de esta administración, de acuerdo a sus propios contextos sociopolíticos y socioculturales, recepciona de forma distinta las disposiciones emanadas del Estado de Chile, lo que difiere de la realidad de Tarapacá y del escenario nacional en general, puesto que este proceso de la historia nacional es bastante particular. A partir del mismo Tratado de Ancón de 1883, esta zona pasó a ser un caso especial para el Estado de Chile.

El Estado chileno, tras el triunfo en la Guerra del Pacífico, tuvo que llevar a cabo una organización efectiva, que le permitiera administrar la zona que permanecía en litigio (Arica-Tacna), para obtener un dominio soberano del territorio y una aprobación masiva en el plebiscito acordado en el Tratado de Ancón. Se comenzaron a construir caminos hacia los valles y sistemas de drenaje de acequias en Tacna, se iniciaron campañas de salubridad, de alfabetización, control de naves que transitaban por las costas, control de hitos fronterizos, etc. Todo esto, con el fin de que se emitiera un juicio conveniente a la nación ocupante y se hiciera sentir que el territorio ya era perteneciente a la soberanía chilena. Dichas subdelegacio-nes estaban organizadas de acuerdo a una estructura bien definida, la cual era controlada por el gobierno central de Santiago, bajo la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores, que por entonces administraba la región que estaba en un litigio internacional, no correspondiéndole al Ministerio del Interior emitir y designar cargos administrativos como sucede en la actualidad19.

En término de relaciones políticas cotidianas, debemos señalar que desde el gobierno central se designaban todos los cargos de la administración pública de la zona. A este debían dirigirse todo tipo de consultas, partes, informaciones secretas, censos, etc., con el único propósito de controlar todas las actividades de la Intendencia de Tacna. Después venía, en orden jerárquico, el intendente, cargo que en algunos casos ejercieron antiguos militares, por las condiciones bélicas a que estaba sujeta la zona. Los cargos de gobernadores eran designados desde Santiago y podían ser civiles o militares, aunque en los primeros años de la ocupación chilena muchas veces fueron militares.

El cargo de subdelegado recaía en ciudadanos chilenos vecinos de Arica o migrantes desde el centro del país, que respondían a un grado significativo de confianza, tanto para la junta de alcaldes como para el intendente y gobernador, ya que estos debían, en la mayoría de los casos, avecindarse en los sectores rurales, donde el acceso era más inhóspito y la población campesina e indígena respondía a una identidad sociopolítica peruana. El subdelegado rural, de extrema confianza del gobierno local, era el encargado directo de llevar a efecto todas las políticas administrativas en las zonas interiores, y a él le debían respeto tanto inspectores de distrito, como jueces de letras, policías y la comunidad campesina andina en general, que en su mayoría eran peruanos20.

Donde se presentaba una particularidad que es importante señalar es en lo referido al nombramiento de inspectores de distrito y jueces de letras de las diferentes subdelegaciones, los cuales no eran personajes ajenos a las comunidades aymaras, sino miembros activos de estas; eran comuneros que contaban con la confianza tanto del subdelegado como de la comunidad y el gobierno local.

Esta información resulta importante y peculiar, debido a que en una zona de conflicto de soberanía se contó con la participación de comuneros para ejercer cargos públicos, situación que podemos comprender desde la mirada de los distintos procesos por llevar adelante el plebiscito que debía realizarse, ya que serían todos los habitantes de la región de Tacna y Arica, incluso los de las zonas interiores, los que tendrían que emitir el sufragio para elegir con qué Estado se quedaban (Chile o Perú). En tal sentido, las autoridades debían generar conciencia, respeto y confianza en la población, sobre todo la campesina, la que se veía como más reticente a los dictámenes de la política administrativa chilena.

Por otro lado, podemos agregar que contar con el apoyo de comuneros influyentes en las localidades permitía ampliar mucho más el grado de confianza en la población, abrir barreras psicológicas de confrontación de identidades y conocer eficientemente la realidad y el entorno en que se estaban realizando las actividades de corte administrativo y concientizadoras de nacionalidad. De este modo, es posible ver los siguientes nombramientos de individuos que pertenecen a las comunidades en diferentes épocas y que responden a diversos motivos.

"[...] Encontrandose vacante los puestos de Juez de la 4ta Subdelegación y del 1er
Distrito de la misma, propongo a, Us para dichos cargos las ternas siguientes. Para Juez de Subdelegación.
Don Antonio Mollo
" Manuel Vilca
" Juan Yucra
Para Juez de Distrito
Don José Aranda
" Urbano Zarzuri
" Esteban Mollo
Dios gue a Us"21.

De la cita anterior es posible desprender que, si bien todos pertenecen a las comunidades de la subdelegación de Putre, son comuneros que operan en forma dual, articulándose sociopolíticamente, como parte de una comunidad (el prestigio y continuidad de la costumbre) y en su transformación hacia ciudadanos chilenos bajo tutela del Estado nacional. Destacamos esta apreciación, ya que los trabajos de Díaz y Ruz citados anteriormente dejan bastante claro que los señores Mollo y Aranda son individuos que darán más de un dolor de cabeza a las autoridades chilenas durante todo el período, dado que son abiertamente proclives al Estado peruano22.

Los cambios en la administración local también operaban en la lógica de la idea de progreso y civilización decimonónica, ya que en circunstancias de una fiesta el inspector Pedro Humire comete desórdenes por su estado de embriaguez y es destituido de su cargo:

"[...] La Subdelegación decreto hoi lo siguiente:

En vista de las faltas cometidas por el Inspector don Pedro Humire, la noche del 4 del presente mes i en virtud del oficio de la Gobernación N° 424 fecha 15 del corriente, Decreto Distitúyase de su cargo al Inspector don Pedro Humire i nombrase en su reemplazo a don Manuel Cástulo Humire, por un período legal de dos años [...]"23.

Pero los cambios operaban también por méritos y no solo por adscripciones ciudadanas. Veamos el siguiente ejemplo, en que un ciudadano boliviano es propuesto para seguir en el cargo de juez de subdelegado: "[...] para Juez 3° Distrito de esta subdelegación don Manuel Rocha de nacionalidad boliviano (ilegible) el señor Rocha Persona grata a la subdelegación de mi cargo rogaria a Us. se sirviera renovarle su nombramiento. Dios guíe a Us. JR Moraga"24.

Por otra parte, quien propone cargos no solo es la autoridad local, sino que en distintos momentos es el gobernador de Arica quien lo hace. A pesar de esto, los cargos de juez de distrito, entre otros menores, son remunerados y principalmente recaen en personas de las comunidades, de lo que es posible deducir que, si bien la intención del Estado chileno era ejercer un control político fuerte en estas zonas que esperaban por un plebiscito para su soberanía definitiva, administrativamente la población jugaba un doble rol con respecto a trabajar con el Estado chileno, pero con una adscripción ciudadana peruana.

Quien determina finalmente los cargos es el Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo muestran la siguiente cita: "[...] se nombra inspector del segundo Distrito 'Socoroma' a Francisco Ceron Bosa. Se informa para que el Intendente la envíe al Ministerio De Relaciones Exteriores"25.

En otro documento es posible apreciar lo siguiente: "Nómbrase a Alejandro Calderon como Juez del segundo Distrito Poconchile, de la Subdelegación de Llu-ta. Se informa para dar conocimiento al Ministerio de Relaciones exteriores"26.

Ya por la década del veinte, el Estado chileno propone que varios de los numerosos cargos deben ser eliminados e incluso aquellos que subsistan, como los jueces de distrito, no deben ser rentados. Esto inspira una idea de que el gobierno no necesita ya de un control administrativo férreo, puesto que en un documento de fecha 21 de noviembre de 1922, el gobernador de Arica propone la eliminación casi completa de los jueces de distrito rentados, estableciendo algunos en áreas principales para fines plebiscitarios, situación que permitía un control sobre la población aún renuente al Estado nacional, pese a casi treinta años de soberanía chilena27.

Sin embargo, también estos cargos son solicitados por gente común que apelando a sus sentimientos patrios puede ejercer el cargo. En carta fechada el 8 de abril de 1923, desde la localidad minera de Choquelimpie, el señor Alberto Llagalhaes (es ilegible) le manifiesta al gobernador lo siguiente:

"[.] Por el señor Subdelegado de Putre hé tenido conocimiento qué está vacante el puesto del Juez del tercer distrito dé Parinacota con residencia en esta mina i como chileno y empleado quésoi en esta, vengo en solicitar de Us. si lo cree conveniente nombrarme para ejercer dicho puesto, adelantandome Us. en asegurarle qué será ejercido con toda honradez [.]"28.

Este patriotismo también es motivo de su contratación, en pleno auge del casi cumplimiento del plebiscito en 1926 era de vital importancia conocer bien a las personas en Arica. Con fecha 28 de julio de 1926, el gobernador le solicita al subdelegado de Putre lo que sigue: "[...] Sírvase enviar a esta Gobernación, a la brevedad posible, una lista de las personas que, en concepto de Ud., tengan aptitudes y antecedentes de honradez laboriosidad y prestijio para servir los cargos de Jueces de Distritos de esa Subdelegación que no están funcionando"29.

Durante casi cincuenta años las autoridades locales jugaron un doble rol para el Estado y para sus comunidades, pero a fines del período estas prácticas fueron duramente fustigadas. Habituados a una administración basada en la costumbre, en forma verbal nombraban autoridades menores que existieron en tiempos anteriores como alguaciles y comisarios, para fines de mantener la administración local. En 1928, el gobernador le manifestaba al subdelegado de Putre:

"[.] Sírvase tener presente que estos nombramientos no están autorizados por las leyes, procediendo, en consecuencia a derogar los decretos u órdenes verbales que hayan impartido sobre esta particular, y abstenerse en el futuro de designar empleos que nó estén expresamente consultados en las leyes de nuestro país, cualesquiera que sean las necesidades locales que se quieran atender con dichos nombramientos"30.

Estos cargos administrativos fueron frecuentes durante todo este período, incluso en los albores del fin del conflicto, ya en estos últimos años se ejerció un control más fuerte sobre las personas, que siguieron siendo de las propias comunidades. El 24 de abril de 1928, la Intendencia de Tacna emite un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores (N° 2587), donde se especifican todas las regulaciones para funcionarios del Estado, a partir del oficio de la Contraloría General de la Republica N° 3955, del 20 de marzo de 1928, y N° 1909, del 22 de febrero de 1928, en el que se plantea:

"[.] solicitó de ese Ministerio se sirviera disponer a las reparticiones de su dependencia, adoptaran en lo posible uniformidad en la redacción de los decretos que signifiquen movimientos de empleados, a objeto de facilitar la formación y desarrollo del Rejistro de empelados Públicos civiles, que el Departamento de Secretaría General de la Contra-loría está obligado a llevar, en conformidad al decreto con fuerza de Ley N° 2960 bis, de 30 de diciembre de 1927"31.

De esta manera, podemos ver que las subdelegaciones se presentan como mi-croestructuras administrativas de enclave en sectores alejados de los núcleos urbanos, desde las cuales se desprendían subestructuras como distritos e inspectorías, las que a su vez poseían personal con autoridad tanto legal como comunitaria. La nueva administración chilena rompió con las categorías de poder local anteriores, pero estas de cierta forma se articularon en un juego doble con el Estado y con su propia comunidad y adscripción ciudadana, y, por ende, con la delicada red de estructuras organizativas tradicionales presentes en el escenario andino.

Las políticas administrativas chilenizadoras en base a subdelegados rurales, daban un importante papel al cargo de juez de paz del distrito en los sectores interiores, cargo que estaba directamente relacionado con el nexo necesario entre la comunidad y el Estado. La asignación de autoridad del juez de distrito buscaba reemplazar el rol de caciques locales y grupos de influencia o élites comunitarias. Los jueces de distrito eran designados por el subdelegado, con previa aprobación del gobierno central, en pos de la representatividad e influencia que este poseía en las localidades32. Así, el antiguo orden se trastrocaba ostensiblemente, y desde una perspectiva funcional las autoridades locales tradicionales se verían alteradas y evidentemente abiertas a una reacción, que en los momentos de auge de la posible realización del plebiscito cobraba mayor significación, lo que a la vez significaba un creciente sentimiento de pertenencia nacional peruana.

DISCIPLINAMIENTO Y ARTICULACIÓN SOCIAL EN LOS ALTOS DE ARICA

La historiografía chilena y peruana tradicionalmente han denominado como proceso de "chilenización"33 al conflicto diplomático, político, social e ideológico que tuvo lugar en las ciudades de Arica y Tacna entre los años 1880 y 1929. El período en cuestión ha resultado documentado desde una amplia variedad y perspectiva disciplinaria, como lo vimos en los párrafos precedentes, siendo abundantes los criterios analíticos abordados bajo un argumento diplomático, político e incluso nacionalista, en desmedro de los aspectos socioculturales, los cuales históricamente han sido postergados, especialmente por los tradicionales autores del período. Queremos analizar esta situación a partir de la caracterización de cómo efectivamente fue la participación de la población local con y contra las políticas de chilenización impuestas en la zona, las cuales denominaremos como el período de disciplinamiento y articulación social en el norte de Chile.

Pensamos que este proceso, generalmente llamado de desestructuración, es por el contrario un asunto de recreación y estructuración de nuevas dinámicas andinas de articulación social con la nueva figura política, el Estado chileno. Respecto a esta visión holocáustica y desarticulante, por chilenización se ha entendido el intento de volver chilena a la población de Tacna y Arica34; de la misma forma, se ha visto como chilenización todo género de medidas tendientes a hacer perder en ellos el carácter de peruanos, desvinculándolos en todo de su patria, Perú, e infundiéndole el sello característico de la nacionalidad chilena35. Bajo esta premisa es que se debe entender el proceso como la implementación de una determinada administración, que produce o genera cambios sociales y culturales, más que políticos, en un sector bajo dominación. En este sentido resulta clave el manejar los alcances del proyecto chileno hacia fines del siglo XIX y especialmente durante las primeras décadas del XX.

En trabajos pasados, Díaz ha definido claramente que el Estado chileno adquirió y adoptó formas para catalizar o aplicar, utilizando los conceptos de Tudela36, "estímulos externos", como medidas urgentes para lograr una administración efectiva que, para el sector rural de Arica, tendrían dos perspectivas de análisis: por una parte las políticas eran directas y violentas, porque tendían a cambiar las estructuras de nacionalidad y ciudadanía contraídas por la población tradicional de este sector con el Estado peruano, desde una forma represiva y fuerte en su consecución; por otra parte, dichas políticas seguían poseyendo el carácter violento, pero eran implementadas a través del uso de estrategias y tácticas de carácter psicoso-ciales y simbólicas, aludiendo al cambio modernizador y de progreso que imponía el Estado chileno, que estaba por sobre las estructuras tradicionales andinas y el rol contractual que habían adquirido con el Estado peruano37.

Es por medio de estas estrategias que queda de manifiesto una acción directa del Estado chileno en materias relacionadas estrechamente con una ocupación efectiva del territorio, asumiendo un protagonismo importante en lo referente a las políticas administrativas, que pretendían generar el clima conveniente para el plebiscito que debía normar el dominio de estos territorios y donde el electorado determinaría su filiación de por vida a un Estado nacional.

La población rural, de características socioculturales andinas, se vio envuelta en un sistema administrativo complejo, donde en muchos casos tuvieron que reestructurar las tradiciones, costumbres e identidades que mantuvieron bajo la república peruana (solicitar o pedir "permisos" para efectuar fiestas patronales, limpieza de canales, ritos e incluso actividades cotidianas, como extracción de yareta y queñoales), que, sin embargo, asimilaron muy bien con el nuevo Estado nacional chileno.

Estas prácticas tradicionales, pese a la disposición legal de prohibición, siguieron rearticulándose. La costumbre de transitar por pasos cordilleranos y altipláni-cos era algo muy común, incluso los lazos familiares eran normales entre el espacio chileno y boliviano. Sin embargo, nació todo un sistema de control fronterizo que llevó al Estado chileno a establecer policías de frontera y a manejar una serie de medidas como cédulas de identidad y control en las vías ferroviarias, para frenar el libre tránsito de personas, el paso de animales y el traslado de mercaderías que pasaron a ser contrabando. El 30 de marzo de 1922, el gobernador de Arica, Emiliano Bustos, le manifestaba al subdelegado de Putre:

"He recibido su carta del 20 del presente, relativa al alejamiento voluntario de algunos vecinos de esa población. El asunto me parece de interés y a primera vista lo estimo muy favorable para nuestros deseos. Creo que una de las causas, si no la principal debe buscarse en la presencia de los carabineros y en la anunciada creación del Resguardo Aduanero de Choquelimpie, que perturbara el negocio clandestino de internación de mercaderías que realizaban esas personas"38.

Además, el 6 de octubre del mismo año el gobernador de Arica le informaba al intendente en Tacna cómo debía ser el control de personas:

"El Teniente Jefe del Destacamento de Visvire, toma el tren internacional en ese punto los días viernes a las 3 A.M. y revisa los pasaportes de los pasajeros de 2da clase, y de aquellos de 1ra clase que no viajan en camarotes. La revisión de los pasaportes de los pasajeros de 1ra clase que viajan en el coche dormitorio, se hará en las estaciones de Pampa Ossa y Central, ó sea, entre las 9 y las 10.30 A.M. horas en que ya se encuentran en pié"39.

En archivo confidencial de fecha 31 de octubre de 1922, el mismo gobernador le manifiesta al intendente:

"En la revisión de los pasajeros que llegan de Bolivia por el ferrocarril a la Paz, se ha notado que vienen, en cada viaje, algunos que no traen sus pasaportes visados por la legación y consulado de Chile. Estudiando el punto personalmente por el infrascrito, resulta que se trata de indíjenas bolivianos, pasajeros de tercera clase, orijinarios de puntos cercanos a la línea, que por ignorancia, o por la dificultad de hacer el viaje a la Paz para obtener la visación, no llenan este requisito [...]"40.

Este fragmento de un extenso documento nos muestra que aquellas personas que acostumbran a pasar entre caseríos cercanos empezaron a ser controladas; el tema del pastoreo, la extracción de queñuales y carbón y el uso de las aguas se complicó más aún, debido a que todos los terrenos y propiedades pasaron a ser fiscales, pese a lo cual los comuneros fueron capaces de articularse, pidiendo los permisos necesarios. El 6 de octubre de 1911, en oficio tipo carta dirigida a los comuneros, el subdelegado de Putre manifestó: "Decreto. Proibese a todos los vecinos de Putre, Socoroma, Caquena y Parinacota el pastiaje de sus animales en todos los terrenos de cerranías y llanos de propiedad fiscal [...] los vecinos que desearan pastear sus animales en campos fiscales, deberan solicitar el correspondiente permiso [...]"41.

Después de lo cual se estipularon los límites y datos particulares de las zonas y sectores donde podrían pastar los animales. Rápidamente, el día 10 de noviembre de 1911, el mismo subdelegado le informa al gobernador que muchas personas han inscrito terrenos como pastales, es así que les prohibió seguir el pastoreo en tierras fiscales42. En un documento anterior, fechado el día 4 de noviembre del mismo año, el subdelegado informaba de las personas que habían presentado documentos de títulos inscritos en la notaría, bajo el número 580 y foja 176, en los cuales hay datos de límites y nombres. Con esa misma fecha hay una carta enviada al inspector de distrito de Parinacota, foliada con el N° 97, la cual transcribimos por la importancia del discurso esgrimido por los comuneros:

"Señor Inspector. Los abajos suscritos vecinos del pueblo de Caquena, venimos a manifestar a Ud. que para dar cumplimiento a lo ordenado por la subdelegación de Putre y ofreciendo presentar oportunamente nuestros títulos de propiedad solicitamos el permiso debido para seguir pastando nuestros ganados en los pastales que actualmente lo hacemos"43.

En no más de un mes, los comuneros son capaces de tener al día sus papeles de los pastales, situación que demuestra que estos ya conocen los sistemas y que lo que hacen ahora es seguir las normas de otro Estado, el chileno.

Las restricciones se suman al traslado de mercaderías que ahora son reglamentadas con la intención de que se paguen los aranceles aduaneros. El día 3 de abril de 1922, el gobernador de Arica le manifiesta al subdelegado de Putre que:

"El inspector de Distrito Horacio Cornejo, en nota N° 7, fechada en Choquelimpie el 27 de marzo último, me avisa que, al acompañar á la pareja de Carabineros de dicho Mineral para mostrarle los caminos de la rejión, sorprendió á un boliviano que conducía al Aico, desde Bolivia. 105 llamas, las cuales detuvieron en calidad de comiso, aprehendiendo al conductor. Agrega que al día siguiente tomaron, por considerar contrabando, 91 llamas y 8 burros cargados con higos secos, que conducían, desde Codpa a Bolivia [.]"44.

Esta antigua costumbre de trasladar ganado desde Bolivia era algo natural, pero se frenó con la administración chilena, que no comprendía estas antiguas manifestaciones económicas andinas. La articulación dual de los comuneros es importante para la subsistencia, la antigua tradición de movimiento de ganados al interior del territorio -costeo- es perseguida, pero no sin una rearticulación de las modalidades de interacción con la nueva autoridad administrativa chilena. Por ejemplo, apelando al sentimiento patrio, con fecha 1 de abril de 1928, Luis Tancara manifiesta que:

"Señor Subdelegado de Putre, Muy Señor mio: Luis Tancara, ciudadano boliviano residente en caquena a Ud. Espongo: Que me conseda permiso por 6 meses para llevar mi ganado, consistente en llamos y alpacas y ovejas al los serros fiscales Agata de Parinacota. Ruego a Ud. Me aga esta, concesión otorgandome el permiso; yo tengo hijos nasidos en Chile que han hecho su servicio militar, este ganado que voi á llevar le pertenece a mis hijos [.]"45.

Es importante destacar que las épocas de costeo en el altiplano se dan cada seis meses, según sea el área con más pastos. Es decir, abril es el comienzo de buenos pastos en el altiplano chileno. Este individuo sabe bien cómo lograr su propósito tradicional, articulándose con las ordenanzas del Estado chileno.

Lo mismo sucede con los permisos para la extracción de yareta, carbón y que-ñoa, insumos combustibles necesarios para la subsistencia altoandina, para los cuales basta con pedir los permisos necesarios; pero lo que llama la atención es el tema de la importación de la hoja de coca y la prohibición de las costumbres tradicionales que igualmente son desarrolladas por los comuneros, articulándolas socialmente a partir de los permisos correspondientes.

Aquí juega un rol preponderante la minería de Choquelimpie, que solicita la internación de hojas de coca para sus trabajadores bolivianos que tienen la costumbre de masticarla. En carta de fecha 4 de octubre de 1922, The Arica Minning Co. expone lo siguiente al intendente de Tacna:

"Habiendo adquirido de La Paz, Bolivia, Diez tambores Coca con peso de do cientos treinta kilos, peso bruto. A U.S. ruego se sirva tener a bien concederme el permiso respectivo para introducir en la provincia de su mando estas hojas de Coca destinadas al uso exclusivo de los trabajadores Bolivianos que tengo en la Mina Choquelimpie Departamento de Tacna, que se expenderá en la Pulpería del Mineral de Choquelimpie. Esta es la tercera vez que solicito la internacion de este artículo, Conforme al oficio 631 de 29 de marzo de 1922 de la Dirección General de Sanidad"46.

Aunque no tenemos datos sobre el documento citado, poseemos uno de fecha 24 de noviembre de 1921 de la Gobernación de Arica, que cita el oficio N° 1360 de la Intendencia:

"[...] decreto:.- CONSIDERANDO, 1° Que por decreto N° 328 del Ministerio del Interior de fecha 14 de febrero del presente año, se aprobó el 'Reglamento para la introducción i venta del opio i sus derivados; de la coca, cocaína i sus sucedáneos'; [...] La Dirección General de Sanidad autoriza al Intendente de Tacna para que pueda conceder permiso á comerciantes ó droguistas para introducir en la provincia de su mando hojas de coca destinadas al uso exclusivo de los trabajadores bolivianos [...]"47.

Es claro que esta costumbre siguió desarrollándose, puesto que de ninguna manera la importación de tantos barriles y kilos era para uso médico. Además, la población local era andina, con costumbres similares a los bolivianos y peruanos altoandinos. Es interesante también observar que con fecha 16 de noviembre de 1926 el gobernador solicitaba al subdelegado de Putre, según instrucciones del intendente en Tacna (oficio 1082), lo siguiente:

"La Dirección General de Sanidad para un estudio que actualmente hace sobre la internación de hojas de coca esta provincia, necesita los siguientes datos que agradeceré a US. solicitarlos de los subdelegados de ese departamento: 1.- Número de trabajadores bolivianos que hay en cada Subdelegación. 2- Número de bolivianos que mastican coca, indicando tambien si hay chilenos que lo hacen; 3- Faena en que trabajan a cada uno o el cálculo de la cantidad que mastican-"48.

Junto al control específico de la práctica de masticar coca (coquear, chuspear, bolear), el disciplinamiento de las personas se incorporó a sus actividades tradicionales, como las fiestas, para lo cual se comenzó a exigir permisos no solo para llevarlas a efecto, sino que también hubo un control efectivo sobre las actividades tradicionales como la música. Veamos un ejemplo concreto. Con fecha 15 de agosto de 1923, Felipe Choque, natural de Bolivia y residente de Choquelimpie hace 20 años, solicita:

"[.] Que con motivo de una fiesta que se celebrara en esta, desde el 14 al 18 de septiembre del mes entrante, vengo en solicitar de Us. que si lo tiene a bien se sirva concederme el permiso respectivo para traer a Choquelimpie una Banda de Musicos de doce hombres, que son los que actualmente solemnizan las fiesta del 15 de agosto en Putre [.]"49.

Incluso en carta dirigida a la Tenencia Putre el 8 de agosto de 1928, "[.] Fidel Barria Mansilla subteniente cdte. de tenencia, visto el decreto N° 15 de fecha 26 de julio y la providencia N°1 y 2 de agosto, autoriza a Wenceslao S. Robles de nacionalidad boliviana a entrar al distrito de Putre una banda de músicos por cuatro días, los cuales deberán presentarse al retén al entrar y salir del pueblo" (sin duda para la fiesta de la Asunta). Anteriormente, con fecha 4 de julio de 1928, el mismo Wenceslao S. Robles solicitaba al subdelegado la misma petición de traer: "[...] doce hombres de nacionalidad boliviana con sus correspondientes instrumentos de biento vanda que solemnizará las fiestas de Santa Rosa patrona de este pueblo"50.

Se refiere a Caquena, que actualmente cada mes de julio celebra a su patrona Santa Rosa. En las fiestas participan todos. El 20 de noviembre de 1905, como vimos anteriormente, el inspector de distrito Pedro Humire fue destituido de su cargo por estar en estado de embriaguez en una fiesta del pueblo. El subdelegado de Socoroma Emiliano Herrera, en su oficio N° 46, informa lo siguiente: "[.] Como a las 9 de la referida noche, me dirijí al domicilio del inspector Humire para encargarle guardara el órden en la fiesta que celebraba el pueblo en esos momentos"51.

El tratar de disciplinar estas costumbres se ampliaba a todas las celebraciones. Observemos que el 9 de febrero del año 1906 se emite desde la localidad de Codpa el siguiente oficio al gobernador:

"El 25 del presente se celebra en este pueblo carnavales, esta fiesta dura acá diez o más dias i es motivo de grandes desordenes i de continua ebriedad consumiendose en ellas las economias de un año de trabajo [.] A fin de suprimir los desordenes evitar la ebriedad i en una palabra cumplir con mi deber, ruego a Us. Se sirva ordenar que venga un guardian de policia a mis ordenes [.]"52.

Y el 20 de febrero el señor Gavilán Contreras (creemos es el nombre y apellido) informa, desde el sector de Linderos en Lluta, al gobernador en Arica que: "Estando próximas las fiestas de 'Carnaval' y como en épocas anteriores es la prohibido icho juego, por los perjuicios que reaccionan á los transeúntes, me dirijo á U. S. para tomar instrucciones al respecto, así mismo si pueden usar disfraces y andar por las calles con comparsas"53.

Se intenta prohibir estas manifestaciones. Así es como, con fecha 17 de agosto de 1906, desde Codpa se decreta lo siguiente:

"[.] A fin de evitar que se perturve el orden público se ordena 1° Cuando por una fiesta particular o religiosa se desee reventar cohetes ó camaretas debe pedir permiso al subdelegado, quien lo dara si lo estima conveniente [.]. 2° para reuniones públicas i sacar por las calles procesiones debe darse aviso con un día de anticipación á la autoridad. 3° Se prohibe bajo una multa de veinte pesos salir por las calles en comparsas cantando [.]"54.

O como en Putre, donde con fecha 31 de octubre, el subdelegado manifiesta que:

"La subdelegación considerando que los cementerios son lugares sagrados y que la costumbre de llevar y consumir en dichos lugares licores, comida, transformandolos así en sitios de recreo y escandalos. Considerando que no se debe, bajo pretexto de costumbre, tolerar seguir [ilegible] verificandose las escenas inmorales y escandalosas de los años anteriores. Visto las facultades que me faculta la Ley a R.J. Decreto: queda prohibida entrar y consumir licores en el recinto del panteón [.]"55.

Si observamos con detenimiento las caracterizaciones de las fiestas que se hacen en estos documentos, podríamos argumentar perfectamente que están describiendo una fiesta tradicional en la actualidad, sin embargo, pensamos que los andinos fueron capaces de estructurarse e incorporarse muy fácilmente a las prohibiciones, puesto que se siguieron realizando sin problemas muchas de estas actividades.

Un punto importante de mencionar, antes de describir otros elementos de disci-plinamiento que son parte del escenario efervescente que presentaba el plebiscito que debía dirimir la soberanía de estos territorios, puesto que partir de estas prohibiciones ya vistas, surgían una serie de medidas tendientes a "chilenizar", ya sea prohibiendo o disciplinado a través de ellas. Se originaron procesos de violencia simbólica hacia la población nativa con el fin de tratar de chilenizar el área, situación que se intensifica enormemente con el tiempo, llegando a ser los años 1925 y 1926 los más álgidos, con una variada gama de conflictos, no solo políticos, sino cotidianos, al tratar de controlar todos los aspectos de la vida de la población local. Sin embargo, los siguientes aspectos de disciplinamiento están estrechamente ligados a este fenómeno.

Estas medidas adoptadas por Chile en la zona norte, cuya situación geopolítica y legal estaba en litigio, fueron dando vida a un germen de violencia orgánica estamental y de conflictos cotidianos de la población chilena y peruana en los puertos de Arica e Iquique, e incluso en los sectores interiores. Con el paso de los años y a la ocupación efectiva de las tropas y del Estado chileno, la violencia y confrontación por intereses nacionales no solamente sacudieron las urbes, sino también todo el mundo rural, generando una violencia preplebiscitaria que era eco de intereses ciudadanos chilenos y peruanos, los que, sin embargo, se diluían presentando variadas formas de acuerdo a los diversos períodos que presenta la historia local, de acuerdo al área territorial y a las relaciones sociales y culturales de estos distintos y particulares espacios.

Dentro de este contexto, a las llamadas políticas de chilenización debiéramos observarlas y estudiarlas dentro de su propio contexto real, para así poder revisar más objetivamente las instituciones y las identidades colectivas de este período, así como observar particularmente los espacios de interacción donde se desenvuelven estas políticas chilenizadoras, que serían construcciones sociales que surgen, se transforman y eventualmente se disuelven en escenarios históricos precisos.

No existe correspondencia inmediata o lineal entre las políticas (leyes y decretos) estatales -y las ideas liberales o conservadoras que las sustentan- y los cambios experimentados por las poblaciones de Tacna y Arica, ya que su implementa-ción dependerá finalmente de las constelaciones locales de poder, la estructura social y los mecanismos específicos mediante los cuales la sociedad estuvo integrada en circuitos económicos locales, regionales o más amplios.

Estas políticas de "chilenización" se incrementaban en los períodos previos a los años en que supuestamente se realizaría el plebiscito establecido en el Tratado de Ancón, lo que generaba un clima electoral y confrontacional entre ciudadanos que convivían cotidianamente durante largos períodos. Incluso se llegó al extremo de realizar listados de las personas con tendencias de adscripción ciudadana a Perú, muchos de los cuales fueron expulsados del país.

El Estado debía manejar dicha situación electoral y su accionar se hizo muchísimo más intenso a medida que se acercaban estos momentos preplebiscitarios. Durante 1884 y 1929, la situación histórica de este territorio se vio marcada por claras diferencias en el accionar del Estado de Chile, cuyas políticas administrativas tuvieron un objetivo principal que era "chilenizar" dicho espacio territorial, sin importar siquiera las identidades colectivas y los patrones socioculturales y lingüísticos de la sociedad local que habitaba esta área.

El 1 de enero de 1906, el señor subdelegado de Putre, Mauricio Reynagas, le informaba al gobernador en Arica lo que sigue:

"Con esta fecha recibí del Señor Antonio Mollo, la carta que acompaña i en la cual se me pedía autorización para izar la bandera peruana y disparar salvas en la casa de dicho señor [.] le manifeste no tener derechos a concederle una autorización que solo en caso muy especiales y especificados se concedia, por la autoridad competente a pedido de los cónsules de los nacionales interesados [.] como puede ver Us, en el estado actual de esta índole seria querer hacer más difícil la administración [.]"56.

Lo que estaba sucediendo era el choque confrontacional entre la identidad so-ciopolítica de los sujetos del área. El 18 de julio de 1906, en oficio enviado al gobernador de Arica por el subdelegado de Lluta, sector Linderos, le consultaba lo siguiente:

"[.] Ha sido costumbre entre los vecinos de este valle celebrar el aniversario de la Independencia del Perú que es el 28 de julio. Entre las fiesta con que lo celébran son con carreras de caballos, riñas de gallos y gran enbanderamiento con su banderas peruanas.- yo me dirijo á U.S. para pedirle instrucciones hasta que punto puedo yo permitirles sus diversiones.- Como la mayoria de los habitantes de esta Subdelegación son peruanos, en esos dias quedais completamente burlado si es que quisiera impedirles sus costumbres, que según ellos es Ley.- Creo que seria mui necesario que U.S. proporcionara a esta Subdelegación unos dos guardianes con anticipación, por los dias 28 i 29 del presente mes, para asi no quedar burladas las disposiciones que U.S. tenga, a bien comunicarlos"57.

Aunque no tenemos el documento de respuesta a esta solicitud, poseemos otro de fecha 1 de agosto del mismo año, donde el subdelegado de Putre informa al gobernador que: "Tengo el honor de comunicar a Us. que las fiestas del 28 de julio han pasado sin novedad. En la mañana de ese día se acercaron a esta subdel. I jefe de Policia con el propósito de solicitar el permiso para enarbolar su pabellón lo que se prohibio terminantemente"58.

Sin embargo, estas prohibiciones generales se extienden a personas individuales, producto de acciones violentas, como el incendio intencional a la Subdelega-ción en 1906, donde las sospechas recaen en sujetos que serán sindicados como peruanos hostiles. El subdelegado de Putre manifiesta, en su informe del 24 de septiembre de 1906 al gobernador, lo siguiente:

"Los culpables a lo menos los sobre los cuales recaen sospechas son a mi parecer: Marcos Alanota y José Rosa Ventura instigados por otros en esto me confirman las voces que propagaron los Señores Antonio Mollo, la familia Aranda, la presencia en esta de Urbano Zarzuri, presencia que se nego; la fuga de los dos primeros [...]".

Otro ejemplo sucede con fecha 6 de octubre del mismo año. La siguiente es información proporcionada por el subdelegado de Lluta (Linderos), sobre: "[.] la conducta que observan en este Valle, las empleadas como Ajente Postal, doña Elvira V.v. de Urzua i la Ayudante de la Escuela Mixta N° 8 doña Domitila Ahumada. Respecto a la primera digo a U.S. que su casa no es mas que un centro de reunión de Peruanos [.]"59.

Donde la acción inmediata es hacer ver conductas encontradas con la vida normal y civilizada. Se acusa a ambas mujeres de beber y tener compañía de varios hombres, cosa que no deberían hacer una viuda y una mujer joven casada, ya que eso va contra la moral y las buenas costumbres de los chilenos. Además, están dejando de lado su trabajo por culpa estas acciones. En oficio N° 18, de fecha 30 de enero de 1923, otro ejemplo concreto es el manifestado por el subdelegado de Putre al gobernador de Arica, donde le informa que:

"Tengo el honor de adjuntar a U.S. una solicitud de Leonardo Rocha Orozco, vecino del tercer Distrito 'PARINACOTA', de esta Subdelegación, por la cual solicita una concesion fiscal. Con toso respeto me permito comunicarle a U.A. que este individuo es de nacionalidad boliviana i ser ademas un elemento pernicioso para nuestra causa [.]"60.

Las acciones van a ser variadas e incluso va a existir la prohibición de entrar al país. El 12 de junio de 1922, en oficio N° 138, en correspondencia con decreto N° 127 de 28 de diciembre de 1921 de la Intendencia, insertado en la circular N° 306 de 17 de marzo de 1922, la Gobernación de Arica plantea que: "En vista de los dispuesto en la circular telegráfica del Ministerio del interior de 17 de enero de 1919, que ordena adoptar sin demora todas las medidas necesarias para impedir la entrada al país de individuos sospechosos ó cuyos papeles no esten perfectamente en forma [.]"61.

O en el oficio N° 61 confidencial, de fecha 12 de noviembre de 1924, se dice:

"[...] esta gobernación ha tenido conocimiento de que de Sajama (Bolivia) han sido espulsados para Antofagasta por las autoridades, nuevo o diez sujetos originarios de este Departamento, entre los cuales están: Manuel Cáceres Centella, de Livilcar; Daniel Luna, de Codpa; Benigno Zegarra, Antonio Zegarra, Teodoro Zegarra y Emilio Santos, de Belen. Actualmente estos individuos deben encontrarse en Iquique, por lo que recomiendo tomar las medidas necesarias a fin de impedir que vuelvan a nuestro territorio"62.

O tener controlada a la gente por medio de antecedentes de adscripciones ciudadanas. El siguiente documento de indicación confidencial, del gobernador de Arica Emiliano Bustos al intendente en Tacna, refleja claramente las intenciones del Estado:

"Con el pretesto de hacer una revacunación contra la viruela, en Azapa y Lluta, esta gobernación se propone verificar los datos del censo que se tomó como base para los trabajos de oficina que corre hoy a cargo del Capitán Señor Tobías Barros. Para este efecto el infrascrito solicita de U.S. se sirva disponer que se le remitan las hojas correspondientes del censo sentimental practicado aquí el año último. El trabajo en proyecto servirá para tener al día los datos, tanto de población como de sentimiento de los pobladores [.]"63.

En pocas palabras, había que saber quiénes eran chilenos y quiénes peruanos. Otro documento de carácter confidencial deja muy claro el interés del Estado:

"[.] Es necesario estar permanente al corriente de los cambios que se produzcan en la población con el transcurso del tiempo, en forma de poder saber en cualquier momento, no solo el número exacto de pobladores sinó tambien las modificaciones en sus sentimientos [.] Respecto de la comprobación de los sentimientos chilenos, peruanos o dudosos de los censados, se recomienda a los Agentes un cuidado especial.- Deben informarse detenidamente de los antecedentes de cada uno para formarse conciencia exacta de sus simpatías, en particular de los hombres mayores de 17 años [.]"64.

Sin duda todo esto se relacionaba con el plebiscito que supuestamente debía realizarse. En una circular de carácter confidencial sin número del subdelegado de Putre a los inspectores de distrito de Socoroma y Parinacota queda muy clara esta situación:

"Sírvase usted tener presente que todos aquellos documentos que tengan carácter confidencial o que en algo se relacionen con el plebiscito o con determinadas personas deben ser destruidos o guardados con absoluto cuidado, pero preferible es destruirlos.- la presente comunicación también debe ser destruida.- Con la próxima venida de agentes y propagandistas peruanos la Gobernación también recomienda la medida que he advertido anteriormente.- En consecuencia debe usted en condiciones de custodiar debidamente su archivo"65.

Pese a existir en esta área una presencia mayoritaria de vecinos de filiación peruana, para el Estado chileno contemplaba también una total organización del poder estatal hacia aspectos simbólicos, que se extienden a situaciones tan cotidianas como son por ejemplo los nombres de las calles. El 4 de mayo de 1922, la junta de alcaldes informaba al subdelegado de Putre que: "Tambien el señor Gobernador dá cuenta de la petición hecha por el mismo subdelegado y vecinos de Putre en órden á dar nombres de héroes chilenos á algunas calles de ese pueblo que hasta ahora han sido denominadas por sus características"66.

También se hacía hincapié en la importancia de la bandera nacional, como plantea la circular N° 604 del 26 de mayo de 1992 de la Gobernación de Arica, donde se informa que: "Sírvase decir á la brevedad posible, el numero de banderas nacionales que hay en esa subdelegación con indicación de cada poseedor. Se necesita este dato para proveer de ellas á las oficinas públicas de cada subdelega-ción"67.

Todo esto en estrecha relación con el sentimiento de incorporar atisbos de chilenidad en la población. En este caso también las fiestas patrias eran otro mecanismo, como se ve en el siguiente oficio confidencial de la Gobernación de Arica al subdelegado de Putre:

"[...] Adjunto remito a Ud. dos ejemplares del diario 'El Ferrocarril' de esta ciudad, de fecha 21 de este mes, en el que se hace relación de la forma en que se ha celebrado en Azapa la fiesta del aniversario patrio. Es esta la primera vez que el elemento regnícola del valle concurre a la celebración de nuestra fiesta nacional, y lo ha hecho con el mayor entusiasmo [.] La numerosa concurrencia de pobladores, el brillo y animación que reinó en los diferentes actos patrióticos realizados, ponen de manifiesto que los naturales de Azapa han llegado al convencimiento de que nuestra soberanía en este territorio se afianzará en forma definitiva. Es menester que Ud. obtenga el mayor provecho posible de esta actitud de los habitantes del valle mas cercano a Arica, haciendo ver a los vecinos de esa Subdelegación el significado que tiene su concurrencia a nuestra fiesta nacional e la proximidades del plebiscito. Por medio de una propaganda discreta. Ud. puede hacer valer ante ellos esto hecho, como la prueba mas elocuente de que el triunfo de nuestros derechos está asegurado"68.

 

A este disciplinamiento simbólico se suman una serie de medidas que apuntaban a otros temas de la vida diaria, como era el mejoramiento de las obras públicas, principalmente la construcción de caminos, que perseguía un carácter integrador, acercando el Estado hacia los sectores más aislados.

La inversión estatal desde esta perspectiva se manifiesta en la asignación de capital a contratistas para la construcción y mantenimiento de las redes camineras. El 8 de agosto de 1928, el subdelegado de Putre en extenso documento le manifestaba al gobernador de Arica: "[.] los habitantes de este pueblo pudieran apreciar ciertos adelantos en que estoy empeñado [.], para prestar atención a los diferentes puntos de gran importancia que doy a conocer y que son de gran importancia para esta Subdelegación [.]"69.

El documento describe las construcciones del puente de Jamiralla, ubicado en el km 24, entre otros. Sin embargo, la exigencia de los comuneros durante todo este período es solicitar al Estado la reparación de los caminos que unen los distintos puntos. Debido a esta demanda ciudadana se designan jueces de caminos, lo que evidencia una real preocupación hacia este tema; el rol de estos jueces se centra en la apreciación de las condiciones morfológicas y de conservación de los caminos, su evaluación y la tarea de informar al gobierno local de las medidas a tomar para el mejoramiento de las obras. Sin duda una red caminera en buenas condiciones, de amplia extensión y proyectada hacia las zonas rurales de las provincias, permitiría al Estado de Chile establecer las políticas de gobierno, especialmente la necesidad de potenciar su presencia en una zona de ocupación, en litigio de soberanía, con un plebiscito en statu quo y con características diferentes a los sectores urbanos.

Los sectores rurales presentan características especiales, que implican que la presencia se realice desde una perspectiva particular. La marginalidad durante el período de la república peruana viene a dar pie para que el gobierno chileno lleve a cabo una política de directrices, encaminada a marcar una diferenciación entre ambos Estados en términos de inversión pública. Esto explica la implementación en obras materiales que caracterizan el período en cuestión y que implica, a la vez, la necesidad de una red de caminos óptima para realizar las políticas estatales chilenizadoras.

Un buen ejemplo de esta situación es la construcción del Ferrocarril Arica - La Paz, el cual unía el puerto de Arica con el país mediterráneo. Esto tenía como propósito una vinculación efectiva con las zonas interiores, traducida en un sinnúmero de estaciones ferroviarias (tema que por sí solo abarcaría una investigación bastante particular).

Se suman al tema anterior los aspectos de disciplinamiento estatal con relación a la higiene y salubridad, preocupación que adquiere ribetes significativos en lo referente a las políticas de gobierno destinadas a salvaguardar los intereses nacionales. Los cierres de los puertos y fronteras frente a brotes epidémicos provenientes de las regiones limítrofes de Bolivia y Perú (cólera, peste negra, malaria, tifus exantemático, influenza, paludismo, etc.) son constantes. Si bien estas medidas eran adoptadas por el gobierno local, los Estados vecinos también las tomaban frente a los brotes epidémicos surgidos al interior de la región ocupada por Chile, por ejemplo, el caso de la malaria o fiebre amarilla surgida en el valle de Lluta y que fue controlada por el doctor Juan Noé Crevani.

Esta situación viene a manifestar un hecho coyuntural, en donde el rol del Estado y las políticas chilenizadoras se confunden con el hecho de salvaguardar la salubridad de la población permanente y flotante de la zona, bajo jurisdicción chilena. El cierre de fronteras posee un doble estándar, una función netamente de salubridad y otra orientada a crear un sentimiento de nacionalidad en la población, prohibiendo la entrada de personas con sentimientos patrióticos peruanos o expulsando a otros.

El 10 de noviembre de 1905, el subdelegado de Socoroma, señor Emiliano Herrera, le informaba al gobernador de Arica lo que sigue:

"[.] Doi cuenta a Us. que esta Subdelegación tuvo conocimiento que ayer se ha presentado un caso de viruela en Putre, en la persona de un individuo de la clase indigente, quien hacía como 8 ó 10 días que había llegado de Bolivia. El Señor Mauricio Reynand tomó en arriendo una casa que queda casi aislada del pueblo para que sirva de aislamiento a los enfermos. Al efecto el varicoloso fue trasladado a dicha casa después de haberse tomado las precauciones necesarias i actualmente es atendido debidamente por el señor Reynand. Yo por mi parte, tomo las medidas higiénicas consistente en el aseo de las habitaciones, corrales, etc."70.

El 12 de noviembre del mismo año, el subdelegado pedía al gobernador si podía cerrar las escuelas por indicación del señor Reynand, situación que se decreta el día 28 de noviembre de 190571. Estas situaciones frecuentes llevaban a las autoridades a preocuparse del tema. En Arica, el 11 de septiembre de 1907, el gobernador informaba al subdelegado lo que sigue:

"La Intendencia de Tacna en su oficio Núm. 583 de fecha 10 del corriente me dice lo siguiente: El Ministerio del Interior me comunica lo siguiente: Santiago, 22 de agosto de 1907. Circular Núm. 39 A fin de que el Ministerio pueda tomar las medidas necesarias para combatir las enfermedades transmisibles, con la debida oportunidad, y asi impedir su desarrollo en forma epidemica sirvase US. comunicar, en el acto, á este Departamento la aparición de todo caso de viruela, escarlatina, difteria, peste bubonica, fiebre amarilla ó cólera asiatico, que se produzca en cualquier parte de la Provincia de su mando"72.

El 8 de febrero de 1922, desde Choquelimpie, el inspector de distrito Horacio Cornejo le informaba al subdelegado de Putre que:

"Me permito poner en su conocimiento, que en este mineral se ha desarrollado con bastante fuerza una epidemia que es conocida con el nombre de Peste Alfombrilla; hasta esta fecha se han producido seis casos fatales en párvulos menores de dos años desde el 23 de enero del presente año, hasta la fecha, eseistiendo actualmente varios niños enfermos del mismo flajelo. Recomunican que en los caseríos de Parinacota y Caquena hai enfermos con este mismo mal"73.

Estos casos repetidos en el tiempo llevaban a medidas como la siguiente, ocurrida el 26 de abril de 1928:

"Doy cuenta a US. que con frecuensia entran a la Subdelegación individuos de nacionalidad boliviana los cuales no traen sus documentos legales, solo un certificado de los Comisarios de Policia de la frontera. Como los nombrados ciudadanos no traen el certificado médico correspondiente, es peligroso la entrada de estos, pues en Bolivia con frecuencia se vén casos de Viruela y Tifus Exantemático. Estimo que la guarnición de la Frontera no debe permitirles la entrada si no traen consigo los documentos que exije la Ley, al llegar a entrar a este pueblo ú otro de la Subdelegación pido la autorización correspondiente para hacerlos devolverse a la Frontera"74.

Este control se extendía a temas de higiene, constantemente en los documentos y legajos encontramos expresiones que incitan a la limpieza de las ciudades y pueblos, de sus calles y casas, como también la higiene de los productos comerciales e incluso la personal. Veamos por ejemplo los siguientes extractos de diferentes documentos:

"Solo hoy ha sido en mi poder la nota de U.S. N° 135 del 6 del presente. En contestación a ella puedo decir a U.S. que desde mi llegada ha esta lo primero que hecho ha sido exijir el aseo diario i constante, cosa que jamás por jamas, se habian preocupado los anteriores subdelegados. He nombrado hoy mismo comisiones de vecinos en los distintos pagos de esta Subdelegación para que revisen los interiores de las casas, como asi mismo me den cuenta del estado sanitario de ellos, pues por el momento yo no cuento con ningun elemento como poder combatir tan terrible epidemia, si es que nos visitara"75.

Esta situación es permanente durante este período. En 1910 se puede observar que esta disposición es específica y obligatoria, así, el inspector del Segundo Distrito de Socoroma, Simeón Carrasco, informa al subdelegado de Putre lo que sigue: "Pongo en su conocimiento de UD. que hoy dia no han barrido el frente de sus respectivas casas, las siguientes personas, para que se sirva aplicar la multa correspondiente a los infractores: Manuela Huanta, Leucina (es ilegible) Carvajal, Maximo Loredo, Manuel Ramos, Hursula Huanta y otros"76.

Esta política de limpieza se decretaba a partir de la Ley de Organización y Atribución de Municipalidades, lo que iba unido a un disciplinamiento basado en la adquisición de sentimientos patrióticos chilenos por medio de símbolos, como son las fiestas patrias. Al respecto, en Putre, el 1 de septiembre, el subdelegado informaba lo siguiente:

"[...] 1° El diez y siete del presente deben encontrarse remendados y blanqueados todos los frentes de las casas siendo los colores los siguientes: Lacre, Rosado, Azul o Morado. 2° Ese mismo dia deben encontrarse barridos y limpios los interiores de las casas y corrales.

3° En los días 16, 17, 18, 19 y 20- Deberán permanecer barridas todas las calles de la Población dentro del recinto urbano. Esos mismos dias deberá permanecer isado el Pabellón Nacional, en todas las Oficinas Escuelas Públicas.

4° El que Contraviniese al Presente decreto; sufrirá una multa de 5-30 pesos o prisión de 1 a 5 días fijense Carteles en los lugares más frecuentados [.]"77.

Se considera por parte del Estado chileno incorporar un sentido de higiene, que versaba también sobre la salud de la población, pero siempre con un intrínseco interés por alejar al elemento peruano o pro peruano de la ciudad. Como vimos en las citas precedentes, se niega muchas veces el ingreso a la ciudad y sus alrededores a personas de origen peruano y se cierran las fronteras externas ante epidemias y enfermedades por un posible contagio hacia la población de la ciudad, aunque las razones muchas veces eran no permitir la entrada de elementos peruanos.

Una política importante tiene relación con la creación e implementación de una red estadística, cuyo objetivo era el establecer la cuantía de las potencialidades agropecuarias de la región. La realización de censos agrícolas y ganaderos se da de manera frecuente y se orienta a determinar la cantidad de espacios sembrados, los tipos de cultivos que se utilizan, la cantidad total del ganado (camélidos domésticos, ovinos y caprinos), especies, etc. Con este tipo de medidas, la presencia estatal se hace notar en la zona de conflicto, y produce en la población la sensación de que el Estado chileno se preocupa por la región. Esto es una materia que se amplía a todo tipo de información requerida durante el proceso. El 23 de mayo de 1906, el subdelegado de Putre le respondía el oficio N° 247 al gobernador de Arica, donde le manifestaba lo que sigue: "[.] contesto por tener mis datos estadisticos los apuntes necesarios. Los únicos productos de la subdelegación son: alfalfa y algunas papas y maíz [.]" de ahí pasa a detallar toda la información por cuadras sembradas y productos78.

Esta práctica también se puede registrar en las extensas memorias anuales que cada subdelegación debía entregar con los hechos sucedidos, junto a información de actividades demográficas, censales, económicas, sociales y culturales. Como un ejemplo de esto, podemos observar la circular N° 121, del oficio N° 30 de la Gobernación de Arica, donde se solicita información a la Subdelegación de Putre, el 19 de marzo de 1928:

"El señor Ministro de Relaciones ha solicitado por intermedio de la Intendencia de Tacna las siguientes informaciones:

1° Datos demográficos, nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc., correspondientes a 1927.
2° La extensión cultivada del territorio de esa Subdelegación, con indicación de los productos y la producción aproximada del año 1927.
3° Nómina de las principales industrias existentes, y de las minas en explotación, con su producción aproximada del año 1927.
4° Nómina de las Sociedades Comerciales, Industriales, de Socorros Mútuos, de Obreros, Clubs Sociales, con el nombre de sus Directores y número de socios. 5° Caminos existentes, con su extensión é indicaciones de las ciudades ó poblaciones que comunican 6° Bibliotecas

Para la obtención de estos datos que Ud. deberá remitir directamente a la Gobernación, tendrá presente: a) que el Ministerio de Relaciones los necesita e carácter de urgentes, b) que deben ajustarse a la mas extricta verdad y exactitud, y c) que ellos son sin perjuicio de agregar toda información de interes para formarse cabal conocimiento de las actividades administrativas, industriales y comerciales de esa Subdelegación, y sin perjuicio tambien del inmediato envío de la Memoria anual que ya se ha solicitado, por circular 766 de 16 de diciembre del año pasado"79.

Además, tenemos la implementación de un registro de propiedades en el cual todas las personas debían regularizar sus inmuebles, tierras y registros comerciales (permisos). Vale hacer notar que un elemento importante se observa en el registro permanente de propiedades, y en especial en la cuantificación del registro de nacionalidad de los dueños de terrenos. Este accionar estaba coordinado directamente por el Ministerio del Interior, con políticas especiales destinadas a promover un ambiente positivo y generoso hacia las inversiones nacionales, llamando abiertamente a cuidar el patrimonio chileno en desmedro de las propiedades peruanas.

Se entregaron terrenos de manera gratuita a chilenos por medio del Departamento de Colonización, estamento público cuya función estaba relacionada con el envío y ubicación de la población chilena en la zona. La especificación de instrucciones del gobierno para la implementación de las políticas de chilenización se hace evidente y explícita en este caso, adquiriendo casi el carácter de política de Estado. Por otro lado, en los años cercanos a la supuesta realización del plebiscito, eran muchos los oficios y cables de consultas enviados a los subdelegados rurales, con categoría de secretos, consultando específicamente por la población que expresaba interés por emitir su sufragio en favor de Perú o que mantenía cierto sentimiento antinacional.

Los censos y el registro de propiedades se realizaron en forma permanente, cuidando abiertamente el flujo poblacional que se desplazaba por los retenes fronterizos de la región, los intereses patrióticos del campesinado y el estado legal de la posesión de tierras. Pero de acuerdo a cada zona fueron caracterizándose situaciones distintas a cada realidad local.

LA ADMINISTRACIÓN DISCIPLINARIA Y LA ARTICULACIÓN ANDINA: ESCUELA CHILENA Y LA ACCIÓN LOCAL

Partiendo de la lectura de los trabajos de Luis Castro (2004) y Sergio González (2002), es posible observar la idea de que los contextos de los procesos locales de construcción del Estado nacional son diferentes según los argumentos geográficos e históricos; no todo es la semántica de los opuestos o del buen Estado verticalista constructor, en estas fronteras la hibridez y los desplazamientos locales dan cuenta de la participación de la población local en la construcción de lo que ellos entienden por liberalismo y Estado nación en sus territorios.

Así, debemos entender la complejidad de estos procesos que tienden a mostrar distintas y perspectivas de análisis en el ámbito de la historia local. El ambiente altoandino de Tacna y Arica, imbuido en un escenario diplomático, presenta diferencias en cuanto a las conclusiones de estos autores. En cuanto a los trabajos mencionados, pensamos que sí hubo un interés estatal y también local en estas áreas por tratar de instaurar por medio de la escuela fiscal el nacionalismo a la población masivamente indígena y peruana del área.

La escuela es una preocupación temprana. Recién terminados los embates de la Guerra del Pacífico, en 1885 tuvo lugar la fundación del Liceo Fiscal de Tacna, iniciándose de esta forma una clara política de creación de numerosas escuelas públicas. En 1904 se creó el Instituto Comercial de Arica y el 1915 el Liceo de Niñas. En 1923 existían 15 escuelas primarias, 5 urbanas y 10 rurales80. De estas rurales, las que efectivamente eran estatales correspondían, según la revisión del Catálogo N° 249 del Archivo Nacional, a los siguientes decretos de creación de escuelas: decreto 2958, del 19 de diciembre de 1890, que crea la Escuela Mixta N° 1 en Putre; decreto N° 483, del 30 de enero de 1901, del traslado de la Escuela Mixta N° 7 de Arica a Putre; decreto N° 960, del 10 de abril de 1907, que crea las escuelas rurales El Molino, Choquelimpie y Chapiqui-ña; decreto 325, del 21 de febrero de 1922, que crea la Escuela N° 1 Mixta en Los Molinos; y decreto N° 3400, del 8 de sepriembre de 1933, que crea la Escuela Mixta N° 16 de Chapiquiña.

Es importante mencionar que estas son las escuelas legales del Ministerio de Instrucción Pública y posteriormente de Educación; al margen operaban escuelas particulares y municipales, que eran instaladas principalmente por los comuneros. Un ejemplo concreto de esta participación se puede ver en el siguiente documento:

"Ha sido en mi poder el oficio de U.S. N° 494 de 21 del presente, el que me apresuro a contestar a los puntos que U.S. me pregunta: El edificio que ocupa la escuela en este pago, es propiedad particular, como asi mismo el que hai aparente en Poconchile para la escuela, tambien es particular i reune esta, todas las cualidades para dicha escuela [.]"81.

También los comuneros de Amasaca (Codpa) en ese mismo año demuestran su interés en participar de los procesos educativos de sus hijos:

"Los suscritos, ante Ud. con el debido respeto esponemos que teniendo hijo varones mayores todos de doce años, sin ningun principio de instrucción primaria y careciendo de los medios suficientes para mandarlos á otra parte donde pudiésemos salvar esta responsabilidad aflictiva, hemos acordado elevar la presente a Ud. como Subdelegado, y conocedor de nuestra situación, animados á la vez del celo que presta para todo lo que es adelanto en la Subdelegación. En virtud, pedimos á Ud. gestione ante la autoridad competente para que se nos permita la implantación de una escuela particular en el punto denominado 'Amasaca' á distancia de una legua donde existe la Escuela Mixta, regentada por don Lisandro Portocarrero que llena este cometido á satisfacción nuestra; tocando Ud. todos los puntos que sean necesarios con tal de conseguir tan laudable objeto"82.

Pero este interés también manifestaba los problemas de antagonismos sociopo-líticos por los que atravesaba la población local. En Putre, con fecha 30 de septiembre de 1905, el juez de distrito, Mauricio Reinand, le informaba al gobernador departamental de Arica lo siguiente:

"En el Morro de Arica de 23 del presente leyendo un suelto 'La instrucción en Putre' me llamaba la atención las firmas de la solicitud presentada a Us por los padres de familia de este pueblo; y a estas solo me permito hacer las observaciones siguientes:

Roman Martínez - soltero
Félix B. Vasquez -d°-
Juan d. D. Huara -d°-
Domingo Choque - solo tiene dos hijos casados Francisco A. Caceres - solo tiene un niño de año y medio.

Antonio Mollo - Presidente de la Sociedad Union de Putre, padre de preceptora, que proponen "los dichos padres" todos al servicio del mismo Mollo-

El tal señor, hacen unos dos años, hizo un viaje en Lima y volvio con libros, Cuadernos, mapas y otros utiles de enseñanza que le entrego el Ministerio del ramo en esta capital. No me permito comentarios. ¿Necesitará Putre de dos escuelas?

Para mi no hay dudas, i con tal motivo pregunté al Señor Visitador de Escuelas con fecha 17 de febrero de 1904, en nombre de mi señora, si existía esperanza de ver establecerse escuela para varones y en el caso contrario si infringiendo el Art: 19 Inc. 2 del R.I. de las Escuelas se podría admitir en la Escuela Mixta que ella dirige niños mayores de doce años; y en vista de la promesa que se le hizo de una ayudante se matricularon Ciento veinte niños, obteniendo este año una asistencia de 48 varones y 44 mujeres. No quize yo que por mas tiempo se sacrificará a mi hija por personas que no merecen las atenciones que desde años atrás tanto mi familia como yo les hemos prodigado ella con educar a los niños y de mi parte asistiendole de valde en sus enfermedades.

¡¡La dirección y altura (pareciera fuera esta la palabra) de la Escuela de Putre ha siempre merecido la aprobación de los pocos chilenos que transitaron por este pueblo, hasta el punto que el señor don José Manuel Figueroa R. Me pidio una vista (pareciera esa es la palabra) para presentarle como obsequio a su Excelencia el Señor Presidente de la Republica; y en la misma solicitud que "algunos padres firmaron; diez por todos de los cuales tres solteros, dos sin niños y un interesado no aparecen ningun apellidos (ilegible) tal como Aranda, Maldonado, y otros.

Rogando a Us, disculpe mi carta, me permito pedirle tome nota de ella: recabando de su buena administración la creación de una escuela para varon que sea chilena, y que no se entreguen los niños de este pueblo a manos de quines harían de ellos unos enemigos de las ideas que Us. representa en este departamento"83.

Situación que deja al descubierto una serie de elementos que no se conocían en la administración chilena. El 2 de octubre de ese año, el mismo juez de distrito informaba que por denuncia tuvo conocimiento de que funcionaba una escuela clandestina para hombres, cuyo preceptor era un connotado vecino de la localidad, don Antonio Quiguaillo, quien fue llamado a declarar sobre el tiempo que llevaba funcionando la escuela. Él se negó a juramentar, pero indicó que a mediados de septiembre el directorio de la Sociedad de Beneficencia Unión de Putre le pidió que lo hiciera, junto con entregarle una cantidad de recursos y los alumnos que iban en esa escuela84, además de los libros de enseñanza, que eran de Gramática -de Germán Leguía y Martínez, editado en Lima-, de Aritmética -de Manuel Octavio Suárez, editado en Lima-, y de Catecismo, editado en Lima85. El mismo día 2 de octubre desde la localidad cercana de Socoroma, Emiliano Herrera informa al gobernador de Arica que recibió la denuncia de Reinand, que le decía lo mismo que le informaba al Gobernador86.

El día 5 de octubre, el subdelegado Emiliano Herrera, con residencia en Soco-roma, le informaba al mismo gobernador que esta situación ocurría desde mediados de junio, puesto que en esa fecha la preceptora de Putre no dejó entrar a la escuela a cerca de 30 alumnos por ser mayores de 12 años y por ser excesiva la cantidad de alumnos sin tener ayudante, situación que había sido informada en esa fecha. Al respecto informa que:

"Es de imperiosa necesidad la creación de dos escuelas en la situación actual. Hai numerosos niños que necesitan educarse i no tienen donde.

Mui bueno i de mucha necesidad, es pues, Us. la creación de escuelas en Putre; pero me voy a permitirle insinuarle a Us. que en vez de escuelas particulares, sería mucho más ventajoso la creación de una escuela fiscal para niños, entonces ya no seria necesario otra para mujeres i con esto será más posible el acercamiento a Chile de los peruanos de Putre.

La petición para abrir dos escuelas particulares, donde prometen enseñar testos chilenos, creo que no es otra cosa, que un pretesto para darles a los alumnos, educación netamente peruana, aun que hubiera mucha vigilancia de parte de la autoridad tengo fundados motivos para creer tal cosa.

Uno de los firmantes en la solicitud, don Antonio Mollo, vecino mas caracterizado de Putre, padre y cuñado de la preceptora i preceptor respectivamente que proponen, es uno de los que mas inculca a sus paisanos i niños el odio i alejamiento a todo lo que es elemento chileno. Este mismo señor fue el promotor de los sucesos del Subdelegado Sr. Fortuño en 1901 i hace por mas de un año fue a Lima i a su regreso trajo una buena remesa de libros i mapas peruanos i no es aventurado creer también que tenga alguna subvención por el Gobierno del Perú, como lo tienen varias personas que en Arica administran escuelas clandestinas"87.

Como se puede observar, pasados más de 15 años de posesión de estos territorios por las tropas y administración chilena, el problema de la instauración de la educación presenta una doble complejidad, que se puede caracterizar por medio de una resistencia simbólica de nacionalismo peruano que entre sus resabios se presenta con una entidad que impone este ambiente sociopolítico: la Sociedad de Beneficencia de Putre, y un personaje que ya ha sido estudiado desde otras aristas, don Antonio Mollo, comunero que preocupa al Estado chileno por su accionar constante promoviendo la peruanidad entre sus coterráneos.

El día 10 de octubre de 1905, el gobernador de Arica Sr. Luis Arteaga, respecto de esta institución le informaba al señor juez de la 4a Subdelegación de Putre que:

"He recibido su oficio fecha de ayer y en respuesta á él me apresuro á manifestarle, para que le haga presente al Señor Presidente de la Sociedad de Beneficencia de Putre, que no es mi ánimo estorbar el funcionamiento de esa, como de ninguna institución de Beneficencia, siempre que no sean ellas fomentadoras de atropellos á nuestras leyes, como sucede en el caso de la referida sociedad, que mantiene por su cuenta escuelas establecidas en forma legal"88.

El día 15 del mismo mes, don Emiliano Herrera, subdelegado de Socoroma, le informaba al gobernador lo que sigue:

"En una conversación particular que tuve con el señor Cura Párroco de esta jurisdicción don M. Jesús del Carpio me declaró que la Sociedad peruana de socorros mutuos de Putre, recibía del Gobierno del Perú la suma de cincuenta soles mensuales como subvención.

Como he oido hablar a algunos vecinos de Putre que pedirán permiso a Us. para que siga funcionando dicha sociedad, le pongo esto en su conocimiento para los fines a que hubiere lugar [...]

Respecto del señor Mollo y su relación con esta institución en Oficio N° 46 de Fecha 01 de enero de 1906 el Juez don Mauricio Reinand informaba que recibió del señor Mollo una carta en la cual le pedía autorización para izar la bandera peruana y disparar salvas y haciendo recuerdo de los sucesos de 1901 en la casa de Mollo por haber izado una bandera peruana, sin embargo interesan sus palabras cuando menciona que este actualmente es el presidente de esta sociedad y que:

El incidente no presentaría nada de grave, sino existieran dice estos comentarios [el documento está roto], Mollo se da [roto] agente peruano dice que Us. concedio permiso de abrir escuela que sera sostenida con alocaciones del Gobierno de Lima, alocaciones ya depositadas en el Banco de Tacna.

Al pedir la autorización objeto de la carta firmada por el, y en la forma que lo hizo, veo el proposito de presentarse ante los paisanos como el elegido de los que en Tacna y Arica trabajan en contra de las leyes que rigen en esta Provincia, y mi creencia se funda en el acto de Juramento la Bandera presidido por el mismo Mollo y que se hizo prestar a los niños de Putre el 28 de julio de 1902 en la casa que me permito llamar la casa de las historias y no histórica'.

Como puede ver Us., en el estado actual conceda el menor favor a personas de esta índole sería querer hacer mas difícil la administración, la que si no debe atropellar a nadie, debe exigir el respeto de todos y de cada uno"89.

Igualmente, esta situación es ampliable a otros espacios y vecinos. El 1 de octubre de 1906, en oficio N° 132 desde Lluta, Linderos, se informa al gobernador de Arica lo que sigue:

"Tengo el honor de poner en conocimiento de US. la conducta que observan en el Valle, las empleadas como Ajente Postal doña Elvira V. V. De Urzua i la Ayudante de la Escuela doña Domitila Ahumada. Respecto a la primera digo a U.S. que su casa no es mas que un centro de reunión de Peruanos [...], respecto a la Ayudante su conducta deja mucho que decear con respecto al buen ejemplo como mujer casada que debe dar a la sociedad i sus educandos"90.

En este ambiente proclive a la nación peruana, podemos comenzar a ver cómo se articulan lo lugareños en torno del beneficio propio y de sus congéneres, comenzando lentamente a presentar una dualidad con respecto al gobierno chileno. Como vimos anteriormente, los jueces y autoridades locales tenían un doble rol con la comunidad y con la administración chilena; lo mismo sucede con la escuela, aquellas personas que pedían escuelas particulares y de instrucción peruana comenzaron, junto con una administración educacional más fuerte del Estado chileno, a ser parte de sus procesos, y ya en 1910, según los documentos revisados, comenzamos a ver en comisiones evaluadoras de exámenes en las escuelas a lugareños nombrados por la administración chilena en el área andina, lo que no significa que pueda ser anterior. En oficio N° 58, de fecha 7 de diciembre de 1910, en Putre, el subdelegado informa que: "n° 6. vista la autorización del señor Gobernador del departamento, Decreto: Nombrase una comisión compuesta de los señores Urbano Zarzuri, Isidro Caceres, Diego Quiguaillo, Mariano Maldonado y Manuel Rueda para recibir los examenes de los alumnos de la Escuela n° 9 de Putre [...]"91.

Esta comisión examinadora está compuesta por vecinos de Putre, que en los documentos son percibidos como gestores de propaganda peruana, y padres de algunos de los alumnos que están en la escuela que se descubrió en 1905. También, junto a este cambio de actitud por parte de los comuneros, vemos en los documentos un cambio en la actitud del gobierno respecto de cómo deben funcionar las escuelas. En circular N° 621 del día 7 de julio de 1911, el gobernador informa al subdelegado de Putre que el señor visitador de escuelas de la provincia, en oficio N° 54 de 7 de ese mes, le informó lo que sigue:

"Esta oficina desea que las escuelas rurales que estan lejos de su vigilancia funcionen con la mas perfecta regularidad como lo prescribe disposiciones reglamentarias, es decir, que deben funcionar todos los días hábiles sin interrupcion por motivo alguno que no sea plenamente justificado, cree que los Sres. Subdelegado o Inspectores, como representante de US. Estan llamados á fiscalizar la conducta funcionaria de los maestros i á cooperar por el mejoramiento i buena marcha de la instrucción primaria, dentro de sus respectivas jurisdicciones [.]"92.

El control se extiende hasta la vigilancia de los funcionarios, como se ve en el documento de fecha 25 de mayo de 1923, en que el gobernador Emiliano Bustos le solicita al subdelegado de Putre lo siguiente: "Sírvase darme un informe por escrito acerca de la conducta funcionaria y privada de la profesora de la escuela de Putre, señora Mercedes Bruna de Pizarro".

O un control más efectivo, como se expone en el siguiente documento:

"[...] Socoroma, 11 de agosto de 1923. N° 1 Señor Subdelegado

El Señor Director Provincial de Educación en nota N° 306 me comunica que debe transcribir a Ud. Lo que copio: Los señores Subdelegados, personalmente y por medio de los Inspectores de Distrito, están por el Ministerio de la Ley, obligados a ejercitar una estricta y permanente supervijilancia en las escuelas del territorio de su jurisdicción, en el carácter de representantes de la autoridad administrativa departamental.

En esta virtud, les incumbe fiscalizar a los Directores y sus ayudantes para cerciorarse de que asisten diariamente a la escuela, en todas las horas de trabajo de los días habiles; comprobar la efectividad de los datos estadísticos que consignan los boletines; indagar acerca de la ejemplarizadora moralidad pública y privada que debe mantener el profesorado; exijir las condiciones de aseo personal con que el profesor debe concurrir a la escuela a fin de que la higiene enseñada en sus clase, sea eschibida en su propia persona; estar atento y secundar a la acción que desarrollan los Consejos Escolares, las Comunidades y sus respectivas comisiones etc. Etc.

Al visar las planillas de pago, ellos deben dejar constancia de los días o fracciones de días en que los Directores o profesores ayudantes hayan faltado sin aviso a la Escuela, para descontar del sueldo mensual la parte correspondiente; deben, asimismo, consignar las inasistencias con permiso de esta Dirección Provincial, por asuntos particulares (negocios, atención de un pariente enfermo etc.)

Los Directores de las escuelas rurales, por consiguiente, se servirán facilitar la labor de supervijilancia que deseen desarrollar los señores Subdelegados e Inspectores de Distrito y mantenerles un libro en que ellos cada vez que lo deseen, puedan escribir sus observaciones.

Los señores Subdelegados no tienen injerencia en la labor docente de la Escuela; sin embargo pueden sugerir ideas que Ud. Aplicará sino contravienen a los reglamentos, o la trasmitirá a esta Oficina para su estudio.

Finalmente, sírvase informar mensualmente de la colaboración que le presten estos funcionarios: las veces que le visiten, las observaciones que le sujieran etc.

Saluda atentamente a Ud. Sofía Punch de Gutiérrez Al señor Subdelegado de Putre [.]"93.

Pensamos que este cambio de actitud se debe a que el Estado chileno efectivamente está aplicando la invención de la nación desde la década del 20. Aparecen documentos como el siguiente, de 1921, donde el gobernador de Arica, Emiliano Bustos, le dice al subdelegado de Putre:

"El señor Intendente de la Provincia en Oficio N° 1443 de fecha 7 del presente, me dice lo que sigue:- Se ha recibido en esta Intendencia el siguiente decreto:- "Santiago, 31 de octubre de 1921.- Hoy se decretó lo que sigue:- N°5582.- Teniendo presente la conveniencia de estimular el sentimiento patrio como un fin primordial de la educación en los establecimientos públicos de enseñanza, DECRETO:- 1°-. En todas las escuelas primarias y Liceos de la República, se celebrarán las fiestas cívicas nacionales con actos públicos en que participarán profesores i alumnos; 2°.- El día 18 de setiembre los alumnos de las escuelas públicas y de los Liceos concurrirán en cuerpo á cantar el Himno Nacional, en Santiago, al pié del monumento de don Bernardo O'higgins; en Valparaíso, al pié del monumento á la Marina y en las ciudades cabeceras de departamentos, en el sitio que oportunamente indicará el respectivo Gobernador; i en las demas localidades ó campos en el sitio que oportunamente indicará el respectivo Visitador de Escuelas; 3°.- Los alumnos de los establecimientos mencionados harán tambien una visita anual con sus profesores á los monumentos ó la tumba de los héroes i Padres de la patria y una excursión á los sitios históricos nacionales que hubiera en las cercanías; 4°.- En la enseñanza del canto en dichos establecimientos se dará preferencia á los himnos patrióticos i nacionales en general [...]"94.

Se suma a esto la idea de civilización versus barbarie, muy común en el siglo XIX, tal como lo expone el siguiente documento:

"[.] Dirección General de Educación Tacna - Chile
Arica, 25 de febrero de 1928 N° 32
SEÑOR GOBERNADOR

Como he tenido el agrado de poner en conocimiento de US. el 19 de marzo próximo se iniciarán las clases en todos los colegios primarios y secundarios de la Provincia con su acto literario-musical en cuyos programas habrá dos números sobresalientes: la jura de la bandera por los alumnos y un discurso patriótico alusivo a esta ceremonia en el que, además, se explicará someramente al auditorio compuesto de los educandos, padres de familia y algunos vecinos destacados, el alcance educacional de la reforma, particularmente en lo que refiere al contacto espiritual y material que debe existir entre la escuela y el vecindario.

Para dar mayor solemnidad y eficacia a este acto, en los puntos en que funcionan escuelas rurales, convendría, señor Gobernador, que US. impartiera instrucciones a los Sub-Delegados, Inspectores de Distrito y Carabineros, en el sentido de que unos y otros faciliten la labor de las muestras en todo lo que se refiere a la ornamentación del local escolar, reparto de invitaciones y demás ayuda que sea del caso. El propio Sub-Delega-do o Inspector podría ser el llamado a tomar el juramento y a pronunciar el discurso relacionado con el aspecto patriótico de la ceremonia, quedando a cargo de las maestras la disertación sobre la reforma y la obra educacional de la escuela.

Por lo demás, corresponde a dichos funcionarios prestar esta clase de ayuda cada vez que la escuela verifique actos culturales, y asimismo, secundar a la Directora en todas aquellas actividades en que ella necesite asistencia y colaboración, muy especialmente en la que corresponde al cumplimiento de la obligación escolar.

Hay necesidad de considerar también otras obligaciones de los funcionarios aludidos para con los profesores que actúan en el interior del Departamento. Desterradas en zonas, a veces palúdicas y de clima continental; resignadas por su vocación y necesidad a vivir en medio de la sierra inclemente, entre indígenas que, con frecuencia, no hablan español ni miran con simpatía su obra civilizadora, -llegando su temeridad hasta negarse, a veces, a venderles alimentos-, la situación del profesorado rural justifica plenamente una amplia protección de parte de las autoridades respectivas. Estima el infrascrito que los funcionarios aludidos, por el hecho de ser especialmente remunerados en esta zona, tienen el deber ineludible de respetar a la maestra, estimarla, darle prestigio y hacerla respetar; proporcionando medios de transporte, poniendo en juego sus influencias de autoridad local, en caso de enfermedad, de un llamado de su jefe o cuando se movilice con motivo del feriado escolar; procurarle facilidades para el rápido servicio de su correspondencia epistolar y, por último, conseguir medios para que estas abnegadas misioneras de la civilización y predicadoras del amor a Chile en la lejanía de las sierras, logren proveerse de víveres y puedan recibir el mobiliario y material de enseñanza que lo remita la Dirección Provincial.

En consecuencia, ruego a US. se digne patrocinar estas recomendaciones, a fin de que, por su autorizado conducto, lleguen una vez más, a conocimiento de los funcionarios de mi referencia"95.

Esto podría ir dando cuenta de que, a diferencia de Tarapacá y Antofagasta, en Tacna y Arica hubo una preocupación más temprana por incorporar la educación en los territorios andinos, debido a la coyuntura que ofrecía la situación diplomática de statu quo en que se encontraba la provincia. Esto pudo haber sido uno de los detonantes para que efectivamente el Estado se preocupará de instalar la capacidad de instrucción adecuada a sus propósitos asimiladores. Ya el 21 de julio de 1926, en Arica existían escuelas fiscales construidas en el área andina. Con esa fecha, el gobernador de Arica informaba al subdelegado lo que sigue: "Sírvase Ud. Proceder a hacer entrega oficial a las Directoras de las Escuelas Públicas N° 9 y 19 de Putre y N° 10 de Socoroma, de los nuevos edificios fiscales construidos para el funcionamiento de las referidas escuelas"96.

Junto a esto se inicia todo un control por parte del Estado, al aplicar censos escolares y un control efectivo de las escuelas por policías y la administración política de la zona. Podría decirse que este control del sistema de socialización cívica es un recurso determinante entre los utilizados para asegurar la asimilación nacional. Las escuelas primarias repartidas por todo el país juegan un rol fundamental en el proceso de integración nacional, al que estructuran.

Pensamos, que es posible argumentar que desde la década del veinte hay un creciente interés por la educación fiscal en los territorios altoandinos ariqueños, situación que sin duda estaría en estricta alianza con el carisma de statu quo de la provincia. Esta es la razón por la cual la escuela se convierte, desde múltiples puntos de vista, en instrumento privilegiado del nacionalismo, no solamente como herramienta de una educación nacional y de la formación de las generaciones jóvenes, sino también en el sentido de rechazo de todo elemento extranjero en el seno del Estado nacional, al que no se reconoce justificación cultural alguna y que trata de asimilar más o menos brutalmente.

Según Déloye solo un dispositivo educativo moderno, "nacional", puede asegurar tal nivel de competencias. El Estado se definiría, entonces, no en referencia a la dominación que él ejerce, de acuerdo a la tradición weberiana, sino en relación a la lógica del desarrollo capitalista que permite controlar el sistema educativo sobre un territorio determinado97.

El nacionalismo toma aquí un giro cultural de creación artificial de una unidad simbólica, requerida principalmente por la modernidad o modernización económica, la que descansa sobre la expansión de un sistema escolar igualitario capaz de esparcir una cultura uniforme. El nacionalismo inventa culturas desprovistas de toda base étnica, a fin de unificar el imaginario de las naciones, impone lenguajes para reforzar su coherencia y movilidad internas y logra así asegurar la lealtad de los ciudadanos, que comparten una similar concepción del mundo impuesta por el Estado y transmitida por su sistema escolar.

De esta forma cambia la percepción que se tiene de los actores de la frontera, entre el semejante y el otro; más precisamente se trata del sentimiento de compartir ciertos valores o representaciones que forman la realidad subjetiva de la nación, siendo esta un producto artificial de la comunidad política que la moldea a su interés y deseo local inmerso bajo una hegemonía liberal. Desde esta perspectiva, para comprender lo que cambia o permanece, es mejor ver qué se niega a cambiar, lo que quiere permanecer y lo que se hibridiza y desplaza, situación muy frecuente en zonas marginales y de fronteras multiidentitarias y multiculturales.

Podríamos entender esta posición de la población local de instruirse bajo la escuela peruana a partir de un nacionalismo político ya instaurado en ellos, como un mecanismo sociocultural dirigido a originar y de cierta manera hacer permanecer un sentimiento de pertenencia, de adscripción ciudadana que es portadora de derechos y deberes que quieren ser extirpados. Así se resisten, bajo la lógica de lo que Bourdieu llama habitus:

"[.] en cuanto instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimientos, los sistemas simbólicos cumplen su función política de instrumentos de imposición o de legitimación de la dominación, que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra (violencia simbólica) aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y contribuyendo así, según la expresión de Weber, a la 'domesticación de los dominados"98.

En fin, lejos de buscar un estructura objetiva, lo que intentamos desarrollar es el análisis de la forma en que estas construcciones o representaciones son históricamente construidas a partir de una manipulación simbólica, en que se tienen cosas en común, tanto a nivel individual como colectivo, relacionadas con lo tradicional o lo nuevo, el mundo moderno ofrecido por el liberalismo y también de adscripciones ciudadanas que, al igual como la memoria y la historia, pueden ser olvidadas para dar paso al cambio social del cual se es parte bajo una ideología dominante. Pensamos que bajo la permanencia del Estado nación peruano se dio una lógica ciudadana, que permaneció en la hibridez de las adscripciones ciudadanas. La lucha simbólica por mantener esas lógicas nacionalistas bajo una realidad administrativa y social distinta, como la chilenización, permitió una articulación sociocultural y una reapropiación de doble juego, algo muy común en la sociedad andina en general.

COMENTARIO FINAL

Históricamente, el proceso de incorporación del extremo norte a Chile es diferente según sea la zona geográfica. Mientras Tarapacá y Antofagasta pasaron inmediatamente a la soberanía nacional, Tacna y Arica quedaron sumergidas bajo un complejo proceso diplomático de statu quo de casi cincuenta años de duración. En el intertanto, el rol asumido por el Estado chileno también fue complejo, debido a que debió incorporar bajo la lógica liberal una nueva categoría estamentaria, el mundo andino, con un ordenamiento social que ya había abrazado la lógica liberal del Estado nacional bajo soberanía peruana. Así, lo que estaba en juego era convertir a estos ciudadanos a una adscripción de ciudadanía chilena, lo que suponía una idea de homogeneización basada en la cuestión de la igualdad con el resto del país.

Las políticas nacionalistas implantaron un principio de igualdad formal bajo una soberanía que sería ejercida por los ciudadanos, lo que transformaría a esta sociedad peruana a un supuesto mundo moderno que les ofrecía el Estado chileno, tratando así de generar un sentido de pertenencia e identidad nacional. Pero para la población local esta situación se manifestó en un complejo proceso, puesto que en su interacción con el Estado peruano por casi sesenta años, ya habían aprendido a manejarse efectivamente en la dinámica del Estado nacional como ciudadanos pasivos y activos complejos, en que su identidad, como plantea Alvaro Fernández: "[...] nunca es una meta sin fisuras, sino que se establece a partir de sucesivas fracturas y subdivisiones"99. Es decir, leer la relación entre la cultura y el nacionalismo como una marcada por la violencia y la fragmentación, en la que los modelos se imponen luego de negociaciones y combates y en la que el artefacto cultural donde la nación cobra forma nunca es una entidad estable, un molde, una meseta alcanzada luego de una operación ideológica exacta y mecánica.

Respecto de esta relación con la nación, Fernández nos dice: "Por el contrario, la nación tanto en sus formulaciones europeas como en sus reescrituras desde la periferia, contiene fuerzas antagónicas en pugna por imponer un sentido". A lo que agrega que la forma camaleónica que se impone en esta coyuntura de relaciones tanto antagónicas como favorables entre subalternos y el Estado, también tiene relación con la importancia del olvido para el principio de la nacionalidad. Situación que por su complejidad siempre es un proceso que va más allá del tiempo programado por el Estado nacionalizador y que nunca está al alcance que hacen los subalternos de la ciudadanía, como expresión de ser parte de los procesos de constitución e implementación del Estado nacional.

El Estado nacionalista tiende a resolver la cuestión principalmente mediante la asimilación, es decir, mediante diversas medidas tendientes a la desaparición de los elementos de distintividad ciudadana peruana e identidad étnica y a su plena fusión en la población mayoritaria, bajo el común paraguas de la cultura, la identidad étnico-nacional y la ciudadanía que comparte la mayoría.

Sin embargo, las poblaciones locales no son esquivas a la asimilación y en muchos casos reacomodan sus estrategias de supervivencia, articulándose doblemente en el Estado nacional y en sus comunidades locales, aceptando la subordinación y buscando una fórmula de coexistencia pacífica con la mayoría, a través de un deseo e interés individual y colectivo de ser parte del cambio social. Estos pueden intentar mantener los lazos tradicionales en lo local o zonas refugio, como menciona Aguirre Beltrán, todo en correspondencia con las políticas de asimilación impulsadas desde el Estado (mediante la compulsión en ciertos momentos y más a largo plazo a través de la educación, la conscripción militar, la integración territorial, etc.)100. Sin embargo, tal como plantea Bajoit:

"Practicando las relaciones sociales el individuo interioriza identidades colectivas, las cuales son atravesadas por tensiones estructurales que se traducen en su conciencia por tensiones existenciales entre las diferentes esferas de su identidad. Manejándolas, desarrolla sus capacidades de sujeto y construye su identidad personal. Para realizar esta identidad entre otras, se compromete en lógicas de acción; esas acciones (re) producen los recursos, los apremios sociales y los sentidos culturales e ideológicos que condicionan la práctica de las relaciones sociales. La aproximación es intencionalmente circular: la 'sociedad' produce individuos que la (re) producen buscando realizar en ella su identidad"101.

Desde este enfoque, la ideología liberal y su hegemonía en los individuos se manifiestan más allá de adscripciones ciudadanas, generando en estos deseos e intereses personales y colectivos plasmados de una idea de modernidad. Como vimos, más allá de una instrucción peruana o chilena, la idea final es educarse e insertarse en las lógicas del Estado nacionalista chileno.

Desde esta perspectiva entenderíamos al Estado durante esta época como una entidad política en la que sus miembros pertenecen a una sola nación, un solo pueblo y una sola cultura, a la vez que a cada uno de sus miembros le corresponden ciertos derechos y libertades individuales. Se ignora la existencia de otros pueblos y naciones con identidades distintas en el seno del Estado nación y, en consecuencia, se rechaza la posibilidad de reconocer derechos particulares a las colectividades tradicionales.

Como corolario de esta perspectiva, el Estado trata por todos los medios de destruir las identidades nacionales distintas y de obligarlas a asimilarse o integrarse a la cultura de la nacionalidad chilena, y el conflicto diplomático es el escenario predominante entre pasiones nacionalistas que se introducen por la fuerza en estas áreas, lucha entre chilenos y peruanos por un territorio que no permite la uniformidad, como lo plantea Burckhardt: "Aunque el estado pueda ser mucho más potente cuanto con mayor homogeneidad corresponda a un todo nacional, no es fácil que corresponda a semejante todo, sino más bien a una parte integrante de él que de la tónica a una región determinada a una determinada rama o a una capa social determinada"102.

Respecto de la posición del Estado, Mijail Bakunin se preguntaba: "[...] ¿qué es el estado sino la organización del poder? [...] este poder no tiene otro objeto que la dominación"103. De esta pregunta se desprende que en las relaciones de dominación existen de manera implícita los conceptos de articulación y disciplinamiento. Articulación por parte de quien se acomoda a las estrategias del Estado (elemento peruano) y disciplinamiento por parte del dominador (elemento chileno). ¿Pero es el Estado chileno en los territorios de Arica y Tacna un ente disciplinador por excelencia o se puede apreciar el nacimiento de relaciones sociales menos rígidas y violentas con los oriundos de la zona, como las que se supone se dan al realizar un disciplinamiento, en este caso desde el Estado chileno invasor a la sociedad peruana cautiva? La respuesta no es fácil. Aquí apuntamos por qué la articulación social de los sujetos y actores puede reacomodar este disciplinamiento y rigidez.

El Estado chileno que llega a estas regiones, que pertenecieron a la nación peruana, debe ser entendido también como la matriz de la nacionalidad (chilena), la nación no existiría sin el Estado, que la ha configurado a lo largo del siglo XIX y XX"104. Como plantea Alfredo Jocelyn-Holt:

"El poder administrativo del estado se pensó -en el mejor de los casos- como un instrumento de gobierno oligárquico por parte de la elite y, en el peor, se percibió como un peligro potencial que había que controlar antes que intentara dividir a la misma elite. De hecho, cada vez que ello ocurrió durante el siglo XIX, la amenaza fue superada. Podemos concluir, por tanto, que fue la elite, y con ella el orden tradicional, y no el estado administrativo, la principal fuerza política a la vez que la principal fuente de estabilidad social"105.

O sea que durante la Guerra del Pacífico, Chile se alzó como un Estado nacional sumamente cohesionado por su clase aristocrática que manejaba a las clases populares, lucha que marcó sobremanera a la nación que lo constituía. Su presencia sobre territorios ganados a otros Estados nacionales, a saber Perú y Bolivia, hacía que su presencia fuese la de un ente que somete por la vía de la ley al elemento primitivo, que se transforma en extranjero en su tierra.

La presencia del Estado chileno está dada por la implementación de redes administrativas, bajo las cuales quedaban todos los territorios ganados durante la guerra, que en el caso especial de Tacna y Arica se encontraban en litigio diplomático para la definición de su soberanía definitiva. Así: "El nacionalismo es un mecanismo altamente persuasivo del que se sirve el estado liberal -republicano para ofrecer una semblanza de participación popular, en un contexto de limitada participación popular, en un contexto de limitada participación política real de parte del grueso de la población"106.

Pero que además cuenta con una red administrativa donde el Estado se presenta a través de funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, con su nuevo orden y también instituciones, como la escuela, el servicio militar y otras tantas, siendo otro rostro más del Estado invasor.

Se debe mencionar que no solo son instituciones y funcionarios, sino también las distintivas políticas por él implementadas y que adquieren el carácter de ley. La ley era el argumento legal por el cual se legitimaba el uso de la fuerza para llevar a cabo los cambios considerados pertinentes por el Estado. Ella debía ser obedecida, pues si no los mecanismos de represión legal de los cuales está compuesto el ente estatal se accionarían y, por qué no decirlo, los ilegales-legales, a saber, el accionar violento de las ligas patrióticas.

De este modo se puede configurar un panorama un tanto rígido y tenso en las relaciones que se articulaban entre los oriundos del territorio y los agentes del nuevo Estado. Quizá la explicación de las diversas políticas dictadas por el Estado chileno estén relacionas con el carácter de su formación un tanto abstracta. Si bien es cierto que, como dice Bazán, el Estado no tiene una forma corpórea, sino que son sus instituciones las que le dan su existencia presente y a través del accionar de ellas podemos ver su poder, esto no quiere decir que las relaciones que se instalan en estos territorios sean siempre tan duras y rígidas107. Por el contrario, se prefiere utilizar el concepto de "articulación social", el que da la dimensión de una realidad local muchas veces sepultada por la rigidez y dureza de la información de las fuentes, que no son el reflejo de la totalidad, sino de la parcialidad y de las ambiciones de los investigadores por propagar temporalmente y espacialmente el carácter abiertamente conflictivo y de violencia explícita ilegal-legal y legal-legal a toda la región bajo la soberanía del Estado de Chile.

Por el contrario, las relaciones siempre existieron desde un principio y con distinto carácter, es decir, se articularon, teniendo en cuenta que este concepto significa e implica "la unión de elementos diferentes y conjunción de un elemento activo con otro (activo o pasivo) y que tiene diferentes movimientos dentro de un límite"108. Por otro lado, la articulación nos entrega conceptos de organización y orden y al mismo tiempo flexibilidad, movimiento y estabilidad, individualidad y sociabilidad, firmeza y fragilidad, lo que nos permite abordar desde una óptica diferente las relaciones que se deben haber "articulado" entre el Estado chileno y la sociedad civil peruana y sus actores.

Ahora bien, si pensamos en los distintos niveles de llegada del Estado chileno hacia los distintos agentes sociales, diferenciados por su condición socioeconómica o cultural, podemos decir que la "articulación se presenta como juego de poderes y fuerzas de sujetos, de actores; juego de combinaciones, mimetismos, de comerse al otro hasta llegar a conquistar su territorio, pero al mismo tiempo, cada uno de los elementos que interactúan y se conjugan, mantienen los rasgos más importantes de su identidad"109, cosa que aún podemos apreciar, en cuanto a la peruanidad o chilenidad de estas regiones, más aún cuando en el resto de Chile existe la construcción unilateral de esta imagen de lo peruano, forjada durante el período de chilenización, hacia los habitantes de estas zonas a pesar de ser chilenos por derecho, pero esto ya es tema para otra investigación, relacionada con la construcción del otro o la alteridad desde el centro.

El Estado, entonces, para llevar a cabo estas funciones de mantención y reproducción social, lo realizó básicamente por medio de sus aparatos ideológicos, los que desempeñan el papel de elaborar, inculcar y reproducir las políticas de este estamento. Estos aparatos son la educación, medios de comunicación y servicio militar. Además, la mantención del orden político y público se apoya en los aparatos represivos, que son la policía, carabineros, ejército, justicia y prisiones, en los que recae el ejercicio del uso de la violencia legítima. Entonces, son las escuelas, carabineros, alcaldes, sacerdotes, profesores, emblemas nacionales, fiestas e hitos nacionales, entre otros componentes, los que permitirán a los agentes sociales o individuos articular un tipo particular de relaciones socioculturales con el Estado, así como poseer algunos referentes para entender y aprehender al Estado chileno disciplinador y a la población local como un articulador social que reacomoda sus experiencias con el Estado.

En definitiva, todo este período fue un largo proceso de negociaciones y articulaciones locales con el Estado nacionalista chileno, donde la influencia de las ideas liberales decimonónicas generó un interés y deseo de cambio social en la población local, que se manifestó en una dinámica dual de inserción de la educación y del Estado, desde una perspectiva moderna de ciudadanía. Por un lado hubo un proceso de negociación sociopolítica simbólicamente confrontacional entre la adscripción de una ciudadanía peruana contra una nueva, la chilena; y por otro, hubo una reapropiación sociocultural con la adopción de la administración del Estado nacionalista chileno por medio de sus políticas implementadas, como se pudo observar en detalle en las diferentes articulaciones y estructuraciones políticas, sociales y culturales.

NOTAS

1 Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI, Madrid, Editorial ATAJOS, 2000, 9-11.         [ Links ] Metodológicamente asumimos lo propuesto en el prefacio de esta obra: "[...] La escasez de testimonios sobre los comportamientos y actitudes de las clases subalternas del pasado es fundamentalmente el primer obstáculo, aunque no el único, con que tropiezan las investigaciones históricas [...] No obstante, es una regla con excepciones [...]". "[...] Esto significa que las ideas, creencias y esperanzas de los campesinos y artesanos del pasado nos llegan (cuando nos llegan) a través de filtros intermedios y deformantes. Sería suficiente para disuadir de entrada cualquier intento de investigación en esta vertiente [.]". "[.] Los términos del problema cambian radicalmente si nos proponemos estudiar no ya la 'cultura producida a las clases populares', sino la 'cultura impuesta a las clases populares' [...]". Estas citas resumen el propósito de la investigación; por una parte se intenta ser esa excepción y, por otra, explorar la cultura impuesta en las comunidades andinas presentes en el territorio rural de Arica entre 1880 y 1929, en el ámbito del disciplinamiento social impuesto en estas zonas con motivo de su integración al Estado nacional.

2 Hemos tomado esta acepción de doble articulación de la idea propuesta por Thomas Abercrombie, "Articulación doble y etnogénesis", Reproducción y transformación de las sociedades andinas siglos XVI-XX", Quita, Editorial Abya Yala, 1991, 197-212.         [ Links ] Pensamos al respecto que las poblaciones andinas tienen esta capacidad de articular distintos elementos, incluso dentro de la formación del Estado nación.

3 Archivo Vicente Dagnino (de ahora en adelante AVD), Universidad de Tarapacá. Departamento de Historia y Geografía. Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio 004 de fecha 28 de abril de 1905.

4 Para la labor de las preceptoras chilenizadoras y peruanistas, véase Sergio González Miranda, Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino. 1880-1990, Santiago, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 2002;         [ Links ] y Luis Castro, "Una escuela fiscal ausente, una chilenización inexistente: La precaria escolaridad de los Aymaras de Tarapacá durante el ciclo expansivo del salitre (1880, 1920)", Cuadernos Interculturales 3, año 2, Valparaíso, septiembre de 2004, 43-52.         [ Links ]

5 En la bibliografía actualizada podemos encontrar algunos trabajos que reflejan esta participación, como los de Alberto Díaz Araya, "Los Andes de bronce. Conscripción militar de comuneros andinos y el surgimiento de las bandas de bronce en el norte de Chile", Historia 42:II, Santiago, diciembre de 2009, 371-399;         [ Links ] Alberto Díaz Araya y Claudio Aguirre Munizaga, "El espejismo de los lugares. La construcción del espacio en el desierto tarapaqueño. Huara, siglos XIX-XX", Revista de Geografía Norte Grande 44, Santiago, 2009, 29-48; Alberto Díaz Araya y Rodrigo Ruz Zagal, "Estado, Escuela Chilena Y Población Andina En La Ex Subdelegación De Putre. Acciones Y Reacciones Durante El Período Post Guerra Del Pacífico (1883-1929), Revista Polis 24, Santiago, 2009; Alberto Díaz Araya y Germán Morong, "El desierto y la miseria. Tributación en el sur peruano. Sibaya 1822", Revista Anthropológica, Lima, XXIV:24, diciembre de 2006, 129-152. Alberto Díaz Araya, Rodrigo Ruz y Carlos Mondaca, "La administración chilena entre los aymara: resistencia y conflicto en los Andes de Arica. (1901-1926)", Revista Antropológica, Lima, XXII:22, 2004, 215-235.         [ Links ]

6 Término acuñado por el antropólogo Hans Gundermann, que se refiere particularmente a la capacidad de la población andina de generar espacios de continuidad comunitaria a partir de los cambios y acomodos que estas tienen en su accionar con el mundo colonial, en un primer momento, y con el Estado nacional después. La ocupación de una economía dinámicamente activa y parte de los procesos socioculturales y sociopolíticos en que estas se ven incluidas.

7 Para observar la dinámica participativa de los aymaras, véase el trabajo desde una perspectiva historiográfica de Alberto Díaz, "Una reflexión histórica desde la cordillera al mar. Los aymaras del norte de Chile y los mercados regionales", Boletín 8, International Fellowship Program. Fundación Ford y Carlos, 2004. Carlos Mondaca Rojas, "Identidades sociales y representaciones políticas en conflicto: el sistema educativo chileno en los Andes de Arica, 1884-1929", Revista Anthropologica 26, Lima, diciembre de 2008, 33-62.         [ Links ]

8 Hans Gundermann, "Comunidad aymara, identidades colectivas y estados nacionales en los albores del siglo XX", A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique, Santiago, DIBAM, 1997.         [ Links ]

9 Decreto del General Manuel Baquedano de 31 de agosto de 1880, Luis Galdames Rosas et al., La Historia de Arica, Arica, Ilustre Municipalidad de Arica, 1981, 106.

10 Ibid., artículos 2° y 3°, 106-107.

11 Gerardo Vargas Hurtado, La Batalla de Arica, Lima, Colección Documental,         [ Links ] 1980 [1921], 284-285. Véase además: Carlos Morales Arias, El Calvario de Tacna 1879-1929, Lima, 1941, 68 y 69.         [ Links ]

12 Art. 1° del Decreto de marzo de 1882, en Galdames et al., op. cit., 107.

13 Juan Benito, "La Violencia en Tacna durante la ultima década de la administración chilena 1920-1929", Ponencia presentada III Jornadas de Historia, Universidad de Tarapacá de Arica, Arica, 1999.         [ Links ]

14 Art. 3° del Tratado de Ancón de 20 de octubre de 1883 en Guillermo Lagos, Historia de las Fronteras de Chile. Vol. 3: Los tratados límites con Perú, Santiago, Andrés Bello, 1981, 113.

15 Ibid., 114.

16 Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores, Santiago, 1885.

17 Conrado Ríos G., Chile y Perú: los pactos de 1929, Santiago, Editorial Nascimento, 1959.         [ Links ]

18 Cuadro realizado a partir de la información proveniente de Pamela Herrera et al., Algunos antecedentes relacionados con las problemática política y social de Tacna y Arica. 1900-1929, Seminario de Título para optar al grado de Profesor de Historia y Geografía, Universidad de Tarapacá de Arica, 1995.

19 Para tener una descripción acuciosa sobre la administración política de la zona de estudio, además de una cantidad de información importante sobre escuelas, geografía, ferrocarril, etc., veáse Carlos Varas, Tacna y Arica bajo la soberanía chilena, Santiago, Editorial La Nación, 1992; además del trabajo de Ríos, op. cit. , quien utiliza toda la bibliografía diplomática para esbozar una historia política y diplomática de los cincuenta años de statu quo de Tacna y Arica.

20 Para una mejor comprensión, véase en detalle estos temas en los trabajos de Alberto Díaz, Carlos Mondaca y Rodrigo Ruz, "Antecedentes político administrativos implementados por el Estado chileno en el área rural de Arica durante 1880-1929", Revista Percepción 3-4, Arica, 1999-2000;         [ Links ] y Alberto Díaz y Rodrigo Ruz, "Cuando se agitaron las banderas. Conflicto y chilenización en la sierra ariqueña: El caso de Antonio Mollo (1901-1926)", Revista Percepción 6 y 7, edición especial: Tarapacá un desierto de historias. Historia, cultura y memoria en el norte chileno S. XIX y XX, 2002-2003, Iquique, 61-83; y Rodrigo Ruz y Macarena Gálvez, "Constitución y conflictos de propiedad en el pueblo de Putre (1887-1935), ibid., 37-60.         [ Links ]

21 Estos son solo algunos de los numerosos oficios al respecto, ya que cada año eran varios los cambios. Archivo Subdelegación de Putre (de ahora en adelante ASP). Universidad de Tarapacá. Oficio N° 58, de fecha Arica, mayo 3 de 1901. Documento dirigido al Sr. Gobernador del Departamento, cuyo emisor es desconocido y es el subdelegado de Putre.

22 Díaz y Ruz op. cit.

23 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 48 de fecha 21 de noviembre de 1905. Documento enviado al Señor Gobernador Departamental de Arica (sin nombre) de Emiliano Herrera en Socoroma.

24 ASP, Oficio N° 100, de fecha Putre abril 6 de 1910. Documento dirigido al Sr. Gobernador del Departamento, cuyo emisor firma como J. R. Moraga.

25 AVD, Legajo Notas de la Gobernación de Arica. Oficio N° 776, de fecha 3 noviembre de 1922.

26 AVD, Legajo Notas de la Gobernación de Arica. Oficio N° 788, de fecha 13 noviembre de 1922.

27 Para un mayor detalle, consúltese el extenso documento en: ASP Folio N° 36 N° 1386, de fecha Arica, 21 de noviembre de 1922. Documento dirigido al Sr. Intendente de la Provincia en Tacna por Emiliano Bustos Gobernador del Departamento de Arica.

28 ASP, Oficio N° 48, Choquelimpie, de fecha 8 de abril de 1923.

29 ASP, Circular N° 467. Arica, 28 de julio de 1926.

30 ASP, Circular N° 25, Arica, 20 de noviembre de 1928.

31 ASP, Oficio N° 3955 de 20 de marzo de 1928 y N° 1909 de 22 de febrero de 1928.

32 Juan van Kessel, Holocausto al progreso. Los Aymarás de Tarapacá, La Paz, HISBOL, 1992.         [ Links ]

33 También es posible encontrar la expresión de "desperuanización".

34 Rubén Pachari, "La Chilenización de Tacna", Revista Percepción 3-4, Arica, 1999-2000, 106.         [ Links ]

35 Raúl Palacios, La Chilenización de Tacna y Arica, Lima, Editorial Arica, 1974, 62.         [ Links ]

36 Patricio Tudela, Transformación religiosa y desintegración de la comunidad aymara tradicional en el norte de Chile, Bonn, Die Deutsche Bibliotek, 1992, XIX.         [ Links ]

37 Díaz, Mondaca y Ruz, op. cit. , 5-22.

38 ASP, Oficio N° 101, Arica, 30 de marzo de 1922.

39 ASP, Folio 24, Oficio N° 1168, Arica, 6 de octubre de 1922.

40 ASP, Oficio N° 1277, Arica, 31 de octubre de 1922.

41 ASP, Oficio 76, Putre, 6 de octubre de 1911.

42 ASP, Oficio N° 115, Arica, 10 de noviembre de 1911.

43 ASP, Carta foliada con el N° 97, Caquena, 4 de noviembre de 1911. Firman 17 personas.

44 ASP, Oficio N° 369, foliado con el N° 104. Arica, 3 de abril de 1922.

45 ASP, Carta foliada con el N° 42, Parinacota 1 de abril de 1928.

46 ASP, Carta sin Número de Oficio, de fecha 4 de octubre de 1922.

47 ASP, Oficio N° 74. Arica, 24 de noviembre de 1921.

48 ASP, Sin número de Oficio. Arica, 16 de noviembre de 1926.

49 ASP, Oficio N° 91, Choquelimpie, 15 de agosto de 1923. Obviamente se refiere a la Asunta, fiesta patronal de Putre hasta nuestros días.

50 ASP, Ambas cartas no tienen ninguna referencia o número de folio. Putre, 20 de noviembre de 1905.

51 ASP, Ambas cartas no tienen ninguna referencia o número de folio. Putre, 20 de noviembre de 1905.

52 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906.Oficio S/N. 9 de febrero de 1906.

53 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 25. Lluta, Linderos, febrero 20 de 1906.

54 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 36. Codpa, 17 de agosto de 1906.

55 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 37. Putre 31 de octubre de 1906.

56 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 46. Putre, 1 de enero de 1906.

57 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 104. Lluta, Linderos, julio 18 de 1906.

58 ASP, Oficio N° 53. Putre, agosto 1 de 1911.

59 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 132, Lluta, Linderos, octubre 1 de 1906.

60 ASP, Oficio N° 18, Putre, 30 de enero de 1923.

61 ASP, Oficio N° 138 (659), Arica, 12 de junio de 1922.

62 ASP, Oficio Confidencial N° 61 (15), Arica, 12 de noviembre de 1924. De Emiliano Bustos Gobernador de Arica al Subdelegado de Putre.

63 ASP, Oficio Confidencial N° 61 (15), Arica, 12 de noviembre de 1924. De Emiliano Bustos Gobernador de Arica al Subdelegado de Putre.

64 ASP, Oficios N° 62, 63, 64, 65, 66 y 67, Arica, 28 de marzo de 1923. Es importante este documento, puesto que posee las indicaciones de cómo corroborar la información de toda la población.

65 ASP, Circular sin ningún dato de folio, Putre, 23 de noviembre de 1925.

66 ASP, Oficio N° 118. Arica, 4 de mayo de 1922.

67 ASP, Oficio N° 132 (trascripción de Circular N° 604). Arica, 26 de mayo de 1922.

68 ASP, Oficio Confidencial N° 142 (95), Arica, 25 de setiembre de 1923.

69 ASP, 8 de agosto de 1928.

70 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 42. Socoroma, noviembre 10 de 1905.

71 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficios N° 43 y 49. Arica, 12 de noviembre de 1905.

72 ASP, Oficio N° 46, Arica 11 de setiembre de 1907.

73 ASP, Oficio N° 3. Choquelimpie, febrero 8 de 1922.

74 ASP, Oficio N° 54, Putre 26 de abril de 1928.

75 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 36 (2 hojas) Lluta, Linderos, marzo 9 de 1906.

76 ASP, Oficio N° 86. Socoroma, abril 4 de 1910.

77 ASP, Oficio N° 80, Putre 1 de septiembre de 1912.

78 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 247, Putre 23 de mayo de 1906.

79 ASP, foliada con el N° 30, de la Circular N° 121 de la Gobernación de Arica. Arica, 19 de marzo de 1928.

80 Galdames et al., op. cit.

81 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 125 (foliado con el N° 118). Lluta, Linderos, setiembre 25 de 1906.

82 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 375. Amasaca, abril 30 de 1906.

83 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Carta rotulada con los números 24 al 27 de fecha 30 de septiembre de 1905, Putre.

84 El listado de alumnos cobra importancia, puesto que sus padres, que son personas reconocidas de Putre, mientras se involucran en la idea de escuelas particulares, son parte de los equipos de examinadores de escuelas bajo la tutela chilena. Este doble estándar explica en parte cómo ellos se articulan y negocian sus adscripciones por tener escuela y educación en su territorio. En el parte del juez se nombran a: "Jerman Yucra, Filiberto Jiron, Narciso Caceres, Luis Aguirre, Gilberto Calizaza, Emidgio Zarzuri, Bernardo Zarzuri y otro de la misma familia, Andres Arias, Guillermo Caceres y otro mas de doña Carolina P. Viuda de Gil Nabor Vasquez, Luis Alanoca".

85 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Carta rotulada con los números 31 al 32 de fecha 02 de octubre de 1905, Putre.

86 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Carta rotulada con el número 29 de fecha 02 de octubre de 1905, Socoroma.

87 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Carta rotulada con el número 036 de fecha 05 de octubre de 1905, Socoroma.

88 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio N° 329 de fecha 10 de octubre de 1905, Arica.

89 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906.

90 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906. Oficio n° 132. Es este ambiente que se asimila algo muy parecido a lo que pasa en las ciudades costeras. Respecto de la situación diplomática de tensiones de adscripciones ciudadanas, lo peruano o lo chileno, en la población local se van ir generando sus propias dinámicas de procesos, sin embargo, la lucha por la instrucción, sea esta de uno u otro bando, presenta las mismas dificultades de otras áreas marginales. En Lluta, Linderos, el 6 de abril de 1906, el subdelegado (posiblemente) señor Froilán Contreras (Corderos) le informa al gobernador de Arica sobre la situación en que se encuentra la escuela: "Tengo el honor de poner en conocimiento de US. Que la Escuela Mixta N° 6 que funciona en este Valle, tiene 56 alumnos matriculados de ambos sexsos. La escuela esta completamente sin útiles i testos de enseñanza. En la actualidad los niños de Silabarios, estan estudiando, dos i tres niños en cada uno, lo que es completamente imposible que puedan aprovechar en nada lo que se les enseña".

91 AVD, Legajo Subdelegados 1905-1906.

92 ASP, foliada con el N° 26. Se refiere a la circular N° 621.

93 ASP, Socoroma, 11 de agosto de 1923, N° 1.

94 ASP, foliada con el N° 6. Arica, 9 de diciembre de 1921.

95 ASP, Arica, 25 de febrero de 1928.

96 ASP, Arica, 21 de julio de 1926.

97 Yves Déloye, Sociología histórica de lo político, Santiago, Lom, 2004.         [ Links ]

98 Pierre Bourdieu, Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 2000, 69.         [ Links ]

99 Alvaro Fernández Bravo, "Introducción", Alvaro Fernández Bravo (comp.), La invención de la Nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires, Editorial Manantial, 2000, 11-23.         [ Links ]

100 Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en mestizo América, México, Instituto Indigenista Interamericano, 1967.         [ Links ]

101 Guy Bajoit, Todo Cambia. Análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas, Santiago, Lom, 2003, 277.         [ Links ]

102 Jacob Burckhardt, Reflexiones sobre la historia universal, México, Ediciones Siglo XXI, 1961,72.         [ Links ]

103 Mijail Bakunin, Dios y el Estado, México, Editorial Biblioteca Siglo XXI, 1986.         [ Links ]

104 Mario Góngora, Ensayo sobre la Noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1985.         [ Links ]

105 Alfredo Jocelyn-Holt, El Peso de la Noche. Nuestra frágil fortaleza histórica, Santiago, Planeta, 1997, 27.         [ Links ]

106 Idem.

107 Óscar Bazán, Teoría del Poder, Lima, Editorial Edigraber, 2001.         [ Links ]

108 María Angélica Illanes, La Batalla de la Memoria, Santiago, Planeta, 2002.         [ Links ]

109 Idem.


Fecha de recepción: enero de 2010, Fecha de aceptación: diciembre de 2010.

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