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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) vol.52 no.1 Santiago jun. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942019000100011 

Artículos

Marcas de guerra. La Ley de Recompensas Militares y el surgimiento de la identidad entre los inválidos y veteranos de la Guerra del Pacífico, 1881-19051

Felipe Casanova-Rojas* 

*Historiador. Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Tarapacá (Arica, Chile). Correo electrónico: fcasanovarojas@gmail.com

Resumen

En este artículo se analiza el surgimiento de la identidad entre los inválidos y veteranos chilenos de la Guerra del Pacífico. Se estudia la promulgación y aplicación de la Ley de Recompensas Militares de 1881, que otorgó pensiones a los soldados incapacitados mediante una tipología de invalidez. Se conjetura que dicha legislación influyó en la formación de identidades entre excombatientes discapacitados, primero, e ilesos, después, a través de la fundación de sociedades mutuales. La acumulación de experiencias históricas compartidas articuló una praxis política cotidiana que permitió la inclusión de los veteranos en los escenarios políticos y burocráticos, dando forma a un movimiento reivindicativo en el periodo 1901-1905.

Palabras claves: Chile siglo xx ; Guerra del Pacífico; inválidos; veteranos; identidad; politización

Abstract

This article analyzes the emergence of the identity among Chilean's disabled from the war of the Pacific. It studies the promulgation and the application of the Law of Military Compensations of 1881, that gave pensions to incapacitated soldiers by establishing a typology of disability. It speculates that, that legislation first influenced the formation of identities among disabled veterans, and after among uninjured veterans through the founding of mutual societies. The accumulation of shared historical experiences articulated a common political praxis that permitted the inclusion of veterans in the political and bureaucratic stage, giving form to a reclamation movement during the period of 1901-1905.

Keywords: Chile; twentieth century; war of the Pacific; disabled; veterans; identity; politicization

Introducción

La historiografía social chilena ha definido la Guerra del Pacífico (1879-1884) como una “experiencia liberadora” para los miembros de los sectores populares reclutados en el Ejército y Marina2. El proceso de politización de los grupos artesanales y otros trabajadores especializados a lo largo del siglo xix, que concibió un “liberalismo popular” mutualista, halló en la victoria militar un factor de revalorización de la autoimagen de los trabajadores (urbanos), quienes adquirieron conciencia de su decisivo aporte al éxito de la campaña, reivindicando su lugar en la prosperidad que la nación había adquirido con la anexión de los territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá, catalizando el ascenso del movimiento obrero-popular3.

La concientización pareció trascender a los excombatientes provenientes del artesanado. La percepción también surgió entre el “bajo pueblo”, que dio cuenta de su capacidad histórica con un enrolamiento masivo en las filas militares, demostrando a la élite que “los ‘rotos’ también podían inflamarse de patriotismo y glorificar la nación”4. En efecto, la posguerra trajo consigo una reconfiguración de las identidades populares5. Los pobres “habían vuelto a sus ranchos de siempre, alimentando su cuerpo y su espíritu con la memoria de proezas sin nombre”, tras lo cual se vería “a los inválidos y mutilados de la guerra formando su propia sociedad de socorros”6.

No obstante, los excombatientes aparecen diluidos en los estudios históricos como sujetos históricos o categoría de análisis. Carecen de especificidad en tanto colectividad constituida a partir de criterios alejados de la precariedad socioeconómica y con derroteros fundados más allá de una hermética sociabilidad mutual.

Siguiendo esto último, los estudios sobre las consecuencias del conflicto7 han abordado la acción colectiva de los excombatientes como una respuesta a contradictorias condiciones socioeconómicas de la posguerra, que recibieron la denominación de “pago de Chile”8. Las precarias condiciones de existencia se extendieron a una parte de los antiguos reclutas que, carentes en su mayoría de estabilidad laboral y económica, advirtieron cambios radicales, pero temporales, tras su movilización militar. Con el fin del conflicto, se habrían convertido en un problema nacional, recibiendo reconocimientos públicos que posibilitaron un prestigio social que no se extendió en el largo plazo. Por ello, el retorno a sus actividades cotidianas fue acompañado por un reclamo persistente por mayores retribuciones tras los servicios prestados al país, organizando sociedades de socorros mutuos que desplegaron discursos que evocaban la participación en una victoria militar que había permitido la prosperidad económica de la nación9. Estas agrupaciones “buscaban beneficiarse a partir de los propios socios y en conjunto, conformar un conglomerado para insistir en las demandas comunes ante los estamentos públicos”, teniendo como eje central fines patrióticos, históricos y corporativos que producían “una exagerada disposición castrense”10.

En un escenario donde se reconfiguran las identidades de los sectores populares azotados por la “cuestión social”, es factible problematizar el cómo se manifiesta el “pago de Chile”, qué respuestas o adaptaciones surgen por parte de los excombatientes para enfrentar las precarias condiciones de existencia y cómo los antiguos reclutas se insertan en los procesos de politización de los trabajadores11. En tal sentido, se advierte lo que sucedió con los exmovilizados que decidieron fundar agrupaciones de socorros mutuos durante los primeros años de posguerra. ¿Quiénes impulsaron la organización mutual como principal forma de asociatividad entre los desmovilizados? ¿Qué factores influyeron en el surgimiento de la identidad de los excombatientes? ¿Qué acciones políticas elaboraron?

El presente artículo estudia la identidad de los veteranos chilenos mediante el análisis del derrotero de un colectivo que, paradójicamente, ostentaba singulares beneficios económicos por parte del Estado: los inválidos de guerra. Una aproximación preliminar permite sostener que a partir de 1884, inválidos y mutilados fraguaron en forma paulatina una identificación mediada por diversas experiencias de guerra y posguerra, y surgida de la categorización que el Estado realizó de los soldados incapacitados con la Ley de Recompensas Militares de 188112. Así, se exponen los antecedentes y disposiciones de la normativa legal, su aplicación nacional y las inconsistencias que presentaba. Además, se muestran las respuestas de los inválidos frente a la diligencia legislativa y la expansión de la agencia mutual entre los veteranos

Una de las temáticas en torno a excombatientes tiene relación sobre si participaron en los escenarios políticos (nacionales o locales), o si mostraron indiferencia frente a las tensiones producidas por las transformaciones de la posguerra13.

Durante la Guerra del Pacífico, los heridos discapacitados en los campos de batalla recibieron beneficios económicos del Estado. La Ley de Recompensas Militares de 1881 tipificó el grado de inhabilidad según criterios médicos, concediendo pensiones vitalicias ponderadas desde el sistema salarial vigente para las Fuerzas Armadas. Además, procuró rehabilitar a los mutilados mediante la concesión de prótesis ortopédicas, integrando a los beneficiados en el Cuerpo de Inválidos, repartición militar encargada del pago de las pensiones.

Al respecto, se conjetura que los discapacitados interiorizaron la tipificación legal de “invalidez” sobre la conjunción de experiencias de preguerra, guerra y posguerra, formando asociaciones mutuales que, definidas por la reformulación de la categoría oficial de “inválido” de guerra, permitieron el surgimiento de identidades entre los excombatientes14. Desplegando objetivos homólogos a los de otras agrupaciones de socorros mutuos, los inválidos habrían transitado por dos polos sociopolíticos. Por un lado, permitieron la consolidación del mutualismo como la principal forma de asociativismo entre los excombatientes y veteranos, e impulsaron discursos persuasivos sobre la pobreza y mendicidad de sus camaradas, además de plantear la falta de retribuciones por parte del Estado15. Por otra parte, fueron los primeros en mantener tensas relaciones con las agencias y agentes gubernamentales, movilizando estrategias de resistencia y de reivindicación a causa de los limitados y restrictivos alcances de la Ley de Recompensas y del sistema de pensiones militares16.

Con este estudio se pretende superar el aislamiento de los excombatientes y veteranos en el quehacer historiográfico, integrándolos con el movimiento mutualista chileno. Asimismo, se busca entregar alternativas explicativas de los complejos procesos de formación identitaria de nuevos colectivos mediante la comprensión de las profundidades históricas que subyacen a las consecuencias sociales y políticas de las guerras nacionales. Desde esta vereda, se apuesta por una dirección analítica que tensione las perspectivas que conciben a los veteranos como simples víctimas hermetizadas por derroteros como el “pago de Chile”.

La Ley de Recompensas Militares de 1881

Durante la Guerra del Pacífico, el sistema de enrolamiento no estipulaba la concesión de beneficios previsionales en caso de inhabilidad física permanente. Por ello, la promulgación de una ley de recompensas fue uno de los desafíos que asumió el Estado chileno para hacer frente a las consecuencias sociales del conflicto17.

En efecto, la movilización acaparó un número importante de hombres que, provenientes de diversos grupos sociales, conformaron una compleja heterogeneidad entre la tropa. La victoria en los campos de batalla forzó a la élite a declarar que la participación de los sectores populares había sido clave en el triunfal proceso. En un principio, pareció que aquella inclusión no se desmarcaría del tradicional discurso que había impregnado las victorias en las guerras de Independencia y contra la Confederación Perú-Boliviana. Así, cuando una parte del Ejército que había ocupado Lima arribó a Valparaíso, en marzo de 1881, los discursos receptivos de los agentes del Estado destacaron el heroísmo de los soldados, la gloria de los caídos y la épica de los triunfos militares. El ministro de Guerra, Manuel García de la Huerta, recalcó que la soldadesca recibiría una recompensa basada en “la gratitud i respeto de vuestros conciudadanos”, extendiendo “despues de vuestros dias” las “atenciones que la patria dispensará a vuestros hijos”18.

No obstante, la élite mostró un interés por lidiar con las exigencias que la guerra presentaba más allá de lo militar, político y económico. Al iniciar el conflicto, el Congreso había promulgado distintas leyes de recompensa que, sumadas a las disposiciones contempladas en las ordenanzas generales, beneficiaban a un selecto grupo de combatientes y sus familiares.

Posiblemente, las características modernas de la guerra, la posibilidad de los soldados de exteriorizar sentimientos y aspiraciones a través de la queja y el reclamo escrito, la crítica de periodistas y satíricos, influyeron para que los parlamentarios formularan una recompensa legal distinta del eslogan de “beneméritos de la patria”. Al mismo tiempo, la acción de una poderosa red de beneficencia privada, asqueada de la imagen marginal de los “rotos” pobres mendigando la caridad pública, medió en la decisión de compensar a quienes permitieron que el país tuviera “conquistado su presente” y asegurado “toda las continjencias del porvenir”19.

Una legislación sustentada en la redención social de las víctimas de la guerra era, en muchos sentidos, una tarea difícil. El Congreso dispuso “se hiciera un estudio sério de la materia”, mediante la creación de una comisión conformada por “varios de sus miembros preparados para llevar a los debates los datos i explicaciones indispensables en un proyecto de naturaleza tan compleja”20. Como cuestión de hecho, fueron propuestas alternativas individuales -provenientes de legislativos que no formaban parte de la comisión- para saldar las “graves dificultades” que suponía presentar un proyecto de ley viable. Uno de ellos, Eulogio Allendes, entendía que un soldado “no tiene ascenso” (militar) y que al retornar a Chile lo hacía “en la misma o peor condicion que la que tenía el abandonar su casa”. Esta perspectiva ilustra el poder de la representación que se tenía de los sujetos que, hasta entonces, habían formado parte de las filas del Ejército, especialmente de los que ocupaban la base del escalafón jerárquico (sargentos, cabos y soldados). Según el diputado, la gloria y el heroísmo “ni mejora su condicion social, ni aumenta su patriotismo”; más bien, “todo ha sido dolor, miseria i desolacion en el hogar de su familia durante su ausencia”21.

Valiéndose de la consulta de legislaciones militares de Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, la comisión presentó un informe fundamental para la delimitación de las características de los primeros soldados discapacitados del conflicto.

Aclarando “los vastos i complejos antecedentes que debian servir de fundamento a sus resoluciones”, los parlamentarios propusieron un proyecto que tomaba en cuenta, con “madurez” y “particular prevision”, la “estension de [las] nuevas cargas que tiene que soportar el Estado en las delicadas circunstancias actuales”22. En definitiva, estos gravámenes provenían de la hipotética beneficencia que hacían tres grupos específicos: los soldados desmovilizados, las viudas y huérfanos, y los heridos con secuelas físicas permanentes. El informe de la comisión decía:

“[…] si era indispensable i urjente atender con mano jenerosa a las familias de nuestros bravos soldados muertos en el campo de batalla i a los gloriosos mutilados de nuestro Ejército, habría quizás demasiada prisa en resolver el problema tratándose de los sobrevivientes, sobre todo, teniendo en cuenta que si otorgaban recompensas conjuntamente a las familias de los muertos, a los inválidos i a los sobrevivientes, habría necesidad de estrechar las de los primeros en beneficio de los últimos”23.

El 22 de diciembre de 1881 fue aprobada la Ley de Recompensas Militares para el Ejército y la Armada, que limitó el concepto de ‘inválido’ al soldado que hubiese sufrido pérdida anatómica, lesión o merma de cualquier órgano o de sus funciones como resultado de heridas recibidas en batalla o accidentes en cumplimiento del servicio en campaña. El artículo 6° señalaba:

“La invalidez absoluta dará derecho a una pension vitalicia equivalente al sueldo íntegro del empleo o clase que tenga el agraciado en el Ejército o Armada en la fecha de la promulgation de la presente lei.

Se considerará como absoluta la invalidez que incapacitare para continuar sirviendo en el Ejército o Armada i para ganar la subsistencia en ocupaciones privadas”24.

A su vez, el artículo 7° indicaba:

“La invalidez relativa dará derecho a una pension vitalicia equivalente a las dos terceras partes del sueldo que tenga el agraciado en la fecha de la promulgacion de la presente lei.

Se considerará como relativa la invalidez que incapacitare para continuar en el servicio del Ejército o Armada, pero que permita al individuo ganar en parte la subsistencia en ocupaciones privadas”25.

Estos artículos describen una tipología hasta ese momento inexistente en las disposiciones pensionales para los militares chilenos, que requeriría una nueva estructura burocrática para su correcta aplicación.

El inválido y la Oficina de Tramitación

La Ley de Recompensas Militares determinó la constitución de una oficina gubernamental dedicada a la aplicación de sus artículos. El 30 de marzo de 1882 se establece la Oficina de Tramitación (en adelante OT), cuyo objetivo era “facilitar a las personas a quienes favorece la ley” la “obtención de los beneficios que ella acuerda”, suministrando “los documentos y apuntaciones” oficiales, atendiendo reclamos y redactando “los memoriales que los interesados deban elevar al Gobierno”26.

Los interesados seguían el proceso oficial de acuerdo con su escalafón militar. Los oficiales presentaban una petición escrita, constancia de herida en campaña, informe de invalidez (elaborado por una comisión de tres cirujanos) e informe del jefe de la OT. Los sargentos, cabos y soldados, por su parte, tramitaban la solicitud en “forma preventiva por la Ordenanza General del Ejército”, adjuntando un informe médico certificado por dos de los tres facultativos, así como el del jefe de la Oficina27.

En un primer momento, la ley tendría la vigencia de un año. Sin embargo, la continuidad del conflicto en la sierra central peruana y el incremento gradual de los hipotéticos beneficiados forzó varias prórrogas del decreto, que extendieron el proceso para certificar la invalidez. Poco antes de la Guerra Civil de 1891, la OT continuaba extendiendo certificados a los últimos heridos rezagados. Tempranamente (1884), Carlos Antúnez, ministro de Guerra, indicaba: “comparando el número de bajas que los combates i las enfermedades habían causado en el ejército, con el número de personas que hasta el 1° de junio último se habían presentado, se veía que eran muchas las que habían dejado espirar la primera prórroga”28.

Eran múltiples las razones del prolongado proceso de certificación. Por un lado, existían “familias de las mas desvalidas que, por residir en departamentos lejanos, por falta de recursos o por ignorar la muerte de sus deudos” no presentaban a tiempo sus solicitudes29. Por otro, se hablaba de “la ignorancia de la jente del pueblo”, que no comprendía “las dificultades i dilataciones que la Lei de Recompensas ofrece”30. Asimismo, debía lidiarse con la lenta recuperación de los heridos. En 1883, Francisco Barceló, director de la OT, afirmaba que se habían “presentado como treinta heridos pidiendo el sumario de invalidez”, demorados por “haber estado enfermos en sus casas” o “en los distintos hospitales de las provincias”31. Por último, muchos colisionaron con la arbitraria negativa de algunos jefes militares para conferir pasajes ferroviarios gratuitos a Santiago, único lugar en el que se podía continuar el proceso de certificación. En efecto, en 1884 existían “mas de cien individuos heridos de los distintos cuerpos disueltos” en la provincia de Coquimbo a los que se les había negado “el trasporte para trasladarse a esta Capital a jestionar su invalidez”32.

Del mismo modo, surgieron voces disonantes sobre el acceso a los beneficios de la norma que llamaron la atención de la prensa. Ciertos círculos definían la Ley de Recompensas como “una mala broma para los veteranos”, que debían enfrentarse a “la maraña burocrática del Estado”. El trámite iniciaba con una solicitud escrita para obtener una cédula de invalidez ante la OT o cualquier Comandancia General de Armas del Ejército. Si la unidad del solicitante se encontraba disuelta, la repartición militar era la encargaba de acreditar la identidad del interesado y certificar las razones por las que había sido baja durante la guerra. A su vez, si el batallón o regimiento aún se encontraba en territorio peruano, la responsabilidad del sumario recaía en algún oficial de la unidad en campaña. Al ordenarse la instrucción del sumario, se llamaba a declarar a tres testigos que hubiesen conocido al solicitante durante o después de recibir la herida. Dictada la resolución del fiscal, el expediente era remitido a Santiago, y si era aceptado, el sujeto debía presentarse ante la comisión de cirujanos para el examen y certificación médica. Con el pase de la comisión de cirujanos, se enviaban las instrucciones al fabricante del aparato ortopédico (si lo requería) y se remitía el dictamen final para la aprobación de la pensión en el Ministerio de Guerra.

En la práctica, la tramitación de numerosos expedientes (de soldados) tropezó con dificultades de toda índole. Las “crudas acciones de guerra”, conjugadas con “un servicio médico lijeramente organizado”, influyeron para que el traslado de muchos heridos a “las distintas provincias del Sur” fuese realizado “casi inmediatamente despues de una accion de guerra”. Con ello, el reemplazo de los heridos “con soldados hábiles a virtud de distintos decretos Supremos, prohibió el oportuno sumario” y “la omision de éstos para reclamarlos” por “la distancia en que se encontraban”33.

No obstante, la OT también debió descartar las solicitudes que no cumplían con los requisitos establecidos por la ley. En 1886, Benito Urrutia pidió ser beneficiado por una herida que aseguraba haber recibido durante la batalla de Tacna. Tras examinarlo, la comisión médica estableció que la lesión había sido ocasionada “por arma de fuego en la parte esterna del muslo derecho” y que “por los dolores que suele producirle la cicatriz de esa herida, debe considerársele inválido relativo”. Los registros oficiales no lo ubicaban entre los componentes del Ejército que habían luchado en el Campo de la Alianza (batalla en la que señalaba haber sido herido), pues fue incorporado al batallón Chillán meses antes del inicio de la campaña sobre Lima. Sin tomar en cuenta este dato, en junio de 1881 se le concedió la cédula respectiva por la “fractura de una pierna, sufrida por el choque contra el muelle de Pisco de la lancha donde desembarcó en ese puerto”. Pese a ello, un nuevo examen concluyó que la lesión no debía dejar secuelas “a lo ménos dignos de consideracion para otorgar el beneficio de la invalidez”, por lo que su cédula fue derogada34.

Fuente: Álbum de los Inválidos de la guerra contra el Perú y Bolivia, Santiago, s/ed., 1884.

Figura 1 Inválido relativo Bernardo Necocha, herido en la batalla de Tarapacá 

Este largo proceso de tramitación estuvo condicionado por las causales de retraso mencionadas más atrás y por el excesivo centralismo del Estado. Mientras los interesados debían presentarse en la capital en numerosas ocasiones “para ser reconsiderados de su invalidez o bien para que se les suministre el correspondiente aparato ortopédico”35, muchos expedientes quedaban sin dictamen final al ser “abandonados por los peticionarios”36. Algunos periódicos de la capital llamaban a descentralizar el proceso de acreditación de invalidez para que los interesados de provincia pudiesen acceder a los beneficios37. De esta manera, en mayo de 1882, el Comandante General de Armas de Coquimbo delegó a un par de oficiales, bajo la propuesta de que fuesen incorporados como auxiliares de la OT, para que levantasen “los sumarios a los individuos que por consecuencia de las heridas recibidas en funcion de guerra han quedado inválidos, de los diferentes cuerpos de la Guardia Nacional puestos en receso, asi como de los del Ejército que se hallan en igual caso”. Reacio a la oferta, el Ministro replicó que dicha tarea “no tiene razon de ser ni utilidad práctica”, pues los interesados debían “tramitar sus espedientes en esta capital, ante la respectiva Inspeccion, la que tiene instrucciones para allanar en lo posible, dentro de la lei, las dificultades que pudieran suscitarse”38.

El proceso legal concluía con la oficialización de la pensión de invalidez, incluyéndola en los presupuestos anuales fijados para el Ejército (cuadro 1).

Cuadro 1 Presupuesto anual de pensiones por invalidez absoluta y relativa en el Ejército, según partidas fijadas por el Congreso Nacional 

Año Presupuesto
1884 217 275,92
1885 300 000
1886 291 055,54
1887 303 338,24
1888 308 381,17
1889 393 371,64
1890 389 274,92

Fuente: Memoria que el ministro…, op. cit., 1884, p. xxxi; Lei de presupuestos de los gastos jenerales de la administracion publica de Chile, Santiago, Imprenta de la República, 1885, p. 82; Lei de presupuestos de los gastos jenerales de la administracion publica de Chile, Santiago, Imprenta de la República, 1886, p. 141; Lei de presupuestos de los gastos jenerales de la administracion publica de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1887, p. 145; Lei de presupuestos de los gastos jenerales de la administracion publica de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1888, p. 20; Lei de presupuestos de los gastos jenerales de la administracion publica de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1889, p. 22; Lei de presupuestos de los gastos jenerales de la administracion publica de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1890, p. 46.

Una vez concedida la pensión, el Estado procuraba mantener el control del lisiado a través de su integración en el Cuerpo de Inválidos del Ejército. En esta repartición, el retirado cobraba su pensión y, al mismo tiempo, continuaba supeditándose a la conducta, doctrina y disciplina militar. Así, los inválidos seguían formando parte de la institución “como cualquiera otros”, obedeciendo “todas las disposiciones generales dictadas por el servicio” y “compatibles con la naturaleza” del mismo39.

Prótesis ortopédicas y la representación del mutilado

Antes de cualquier diligencia administrativa, el soldado debía ser examinado por la comisión de cirujanos, la que determinaba el tipo de invalidez y si se requería de “los aparatos ortopédicos necesarios para suplir artificialmente los miembros mutilados”40. En Chile, las prótesis para mutilados de guerra fueron un avance inusitado en el tratamiento médico. Antes del segundo conflicto con Perú y Bolivia, ninguna legislación había determinado la entrega de miembros artificiales a soldados inutilizados durante el servicio militar. En tal sentido, la novedad de su aplicación acarreó desafíos que, a la postre, no pudieron ser superados. La inexistencia de proveedores nacionales, el desconocimiento sobre los costos de producción y de la anatomía de los aparatos retrasó su entrega. De hecho, fue necesario recopilar información en Europa y Estados Unidos41.

En paralelo, la comisión de cirujanos también carecía de conocimientos sobre ortopedia y tratamientos postraumáticos. Consultando a la autoridad si estaban “obligados a consignar” la necesidad de cada individuo pesquisado, cuestionaban las posibilidades de una aplicación idónea de la ley, ya que se requería a “un individuo del arte que a nuestra presencia i simultáneamente se imponga de la necesidad i tome las medidas necesarias para su aplicación”42. Al respecto, un periódico indicaba:

“Un diario de Santiago dice que pronto debe llegar a Chile un diestro i famoso fabricante de piernas, brazos, ojos, etc., el cual ha sido llamado con el fin de que se ocupe en construir los miembros que falten a los mutilados de la campaña del Pacífico.

Parece pulla, pero el colega santiaguino, si pensó bromear, no lo ha dejado entender.

De manera que ya pueden consolarse un tanto los que han dejado en el campo de batalla o en un hospital, un brazo o una pierna”43.

El gobierno decidió licitar la fabricación de los aparatos ortopédicos, siendo adjudicada por el ortopedista Alejandro Baudon. El contrato estipulaba que la prótesis no podía exceder el precio de rubro en Chile; la construcción debía satisfacer los requerimientos de la comisión de cirujanos; las “medidas, modelaciones en yeso y demás datos necesarios” debían tomarse de manera personal; que el aparato debía ser probado y el beneficiado instruido en su uso44.

Desde un punto de vista estético, las prótesis contribuían a la rehabilitación y reintegración social del mutilado, reduciendo los problemas asociados a la apariencia visual. En efecto, los aparatos permitían reanudar con cierto éxito el estilo de vida interrumpido por las secuelas físicas45. No obstante, la verdadera aplicación correspondería a las funciones materiales de los mutilados. A juicio de la comisión médica:

“Hasta aqui la Comision de Cirujanos se ha limitado a indicar de un modo general el miembro artificial que conviene mas a cada mutilado sin señalar la calidad i grado de perfeccion que se debe preferir en su ejecución. Como el precio varia considerablemente bajo este punto de vista, ¿cual será la mente del Supremo Gobierno a que de sujetarse el criterio de los cirujanos?

Este punto, sin embargo ha sido resuelto verbalmente, por el señor ministro de la guerra en conferencia con el presidente de esta comisión.

En concepto del señor ministro de la guerra se decretarán los brazos artificiales mas o menos perfectos según la categoria i necesidades del agraciado.

Las piernas artificiales se darán a todos de las mas perfectas, procurando en cuanto se pueda, la facilidades de locomocion. Sobre los aparatos ortopédicos que fueren necesarios la designacion quedaría al arbitrio del criterio de los cirujanos. Pero como pudiera suceder que el actual ministro de guerra pasara a otro ministerio o cesara en sus funciones, seria conveniente para las emergencias futuras, que hubiera una declaracion escrita de cuanto se resolviese a este respecto”46.

Las prótesis podían “suplir de una manera mui aproximada” el miembro mutilado. Con un proceso de perfeccionamiento, el individuo debía recuperar cierta movilidad para sobrellevar “ciertos trabajos manuales de aprehensión, flexión” y “otros movimientos útiles a sus industrias u oficios”47. Así, Alejandro Baudon construyó una serie de aparatos con específicas características manuales y sociales (cuadro 2).

Cuadro 2 Tipo y valor (en pesos) de aparatos ortopédicos, entregados hasta abril de 1887 

Tipo Valor (en pesos)
Brazo con mano y pulgar articulado 75,50
Brazo con anillo y gancho 35,00 40,40
Brazo con mano y pulgar articulado 75,50
Brazo con mano y todos los dedos articulados 144,00
Antebrazo con mano y pulgar articulado 56,60
Antebrazo con anillo y gancho para cultivadores 35,00
Pierna con pie articulado (de 1ᵃ clase) 91,00
Pierna articulada terminada en pilón 76,50
Pierna y pie articulado (de 1ᵃ clase) 104,50
Cinturón abdominal especial 100,00
Aparato enderezador 90,00
Braguero inguinal derecho 4,70
Braguero inguinal simple 8,25
Braguero especial simple 20,00
Muslo artificial con pierna y pie articulado 104,50

Fuente: Memoria que el ministro de Guerra presenta al Congreso Nacional en 1887, Santiago, Imprenta Nacional, 1887, pp. 326-330.

La pesquisa del material fotográfico que conforma el denominado Álbum de los Inválidos permite identificar la funcionalidad social de los distintos aparatos entregados a antiguos soldados y oficiales. Por ejemplo, para los primeros la carencia de un brazo requería una prótesis con anillo y gancho o con la mano y pulgar articulados. Para los segundos, la misma pieza tenía la mano y dedos completamente articulados.

De acuerdo con sus prerrogativas, la comisión médica realizó estudios sobre las propiedades, funciones y dimensiones de las prótesis bajo escasos criterios formados. Pronto surgió la necesidad de “consignar las medidas correspondientes a cada mutilado que debe recibir un miembro artificial para suplir las funciones del que ha perdido en los campos de batalla”48.

La fotografía logró resolver, en cierta medida, este problema. Los médicos pensaban que los “estudios practicos de esta especie se facilitan i esclarecen con profusion de grabados que ahorran tiempo i largas destrucciones” para los examinadores. Una “lámina que representara el miembro mutilado” era completada con “unas cuantas líneas a pluma sobre la misma figura para manifestar un conjunto de circunstancias imposibles de patentizar de cualquier otro modo”49. Desde una perspectiva médica, la imagen permitía percibir la condición del paciente como estado único, prescindiendo de su condición social50.

Los médicos celaban la correcta aplicación de las condiciones contractuales entre el Estado y el ortopedista Alejandro Baudon. En tal sentido, la relación con este último gatilló un conflicto por la calidad de las prótesis y el salario del profesional. Así, algunos soldados habían presentado reclamos “sobre la fragilidad i poca duracion de las piernas artificiales que han recibido”, tras lo cual la comisión determinó que “los materiales de los aparatos son ordinarios i es necesario mejorarlos para satisfacer cumplidamente las condiciones del contrato”. Notificado de las acusaciones y la investigación, el ortopedista argumentó que no podía fabricar “con mayor presteza los aparatos que se le encomiendan porque carece de fondos suficientes”, pues no se le abonaban “las cuentas de los miembros artificiales fabricados, sino despues de una tramitacion que lo obliga a gastar demasiado tiempo”. Frente a esto, la junta médica decidió rescindirle el contrato en agosto de 1884, argumentando “algunas veces se ha permitido extralimitar sus facultades entregando miembros artificiales a los interesados sin cumplir con los requisitos exijidos en el contrato”; además, “frecuentemente se ha negado a tomar las medidas i a construir los aparatos que se han acordado”, sumado a su incapacidad para “construir brazos artificiales perfectos” para oficiales de alto rango51.

La documentación consultada indica que tras este conflicto, las últimas prótesis ortopédicas fueron entregadas en 1887. De allí que la imagen que se tuvo del mutilado de guerra fuese elaborada a partir de la falta de la pieza artificial que debía sustituir al miembro faltante.

La literatura popular asoció al inválido con la tradicional “pata de palo”, la rudimentaria muleta de madera y, junto a ellas, con la pobreza y la mendicidad. La lira popular y los folletos novelescos contribuyeron para que circulasen imágenes de inválidos empobrecidos y carentes de hogar, en contraposición a las aspiraciones de autonomía socioeconómica del mundo artesanal.

Los poetas populares concibieron a un soldado limosnero que imploraba la caridad pública y la reacción del Estado:

“Supongamos un soldado/Inválido por la guerra/¿Qué hace, en esta santa tierra/Viéndose inutilizado/I que en vez de ser premiado/Ningun socorro recibe/De tal manera que vive/Tan infeliz como Adan/I hasta de que pida un pan/Al pobre se le prohíbe.

Triste es ver un veterano/Que no puede trabajar/I no es capaz de ganar/El sustento por su mano/Si le pide a un soberano/Con la voz enternecida/Un bocado de comida/La de por contestación/Hoy es digno de prision/El que una limosna pida.

Oh! Cuánto corazon tierno/Sus dos o tres pesos diera/Al mendigo que pidiera/Limosna para el gobierno/I si un decreto moderno/Manda con severidad/Dése a la alta autoridad/Cuando mas no sea cobres/Porque ya para los pobres/Se acabó la caridad”52.

Por su parte, el inválido era construido como un sujeto carente de libertad sociocorporal y, por ende, incapaz de producir como mano de obra. Aprovechando oportunidades espontáneas para desprenderse de su traumático derrotero, se sumergía en los vicios que aquejaban a los sectores populares.

En su novela sobre un perro callejero que deambula por los vaivenes del mundo popular de fines del siglo xix, Juan Rafael Allende concibe a un veterano inválido, “que ha perdido una pierna i un brazo por darle territorios i glorias a su patria”, como un personaje que vive “a racion de hambre, como […] todos los buenos servidores de esta tierra”. Adoptando e instruyendo en la doctrina militar al can protagonista, el excombatiente aprovecha la oferta monetaria de cien pesos que un italiano dueño de circo realiza por el perro, a quien “dió un beso en el hocico i, cojeando, cojeando, se fué a su despacho a beber aguardiente”53.

El Cuerpo de Inválidos

El Cuerpo de Inválidos era la repartición militar encargada de expedir el pago de las pensiones por invalidez. Asimismo, constituía una expresión de la distribución de los sujetos en el espacio54. Con repartimientos en las principales ciudades del país, su funcionalidad disciplinante sería, con el tiempo, rechazada por los inválidos, que buscaban mejores espacios de socialización.

El pago de las pensiones requería un lugar cerrado para ejercer el control sobre los inválidos. En tal sentido, los comandantes militares realizaron constantes objeciones frente a la falta de cuarteles para el Cuerpo, ya que impedía la normalidad del pago y la correcta supervisión de las listas de revista. En 1887, el comandante de la repartición de Valparaíso reclamaba por la pequeña “pieza del cuartel del Navales, […] que sirve de Mayoría para dirijir los trabajos” del Cuerpo55. Por su parte, el comandante de Biobío señalaba que su unidad “no tiene cuartel y se reúne en la calle pública frente a la tesorería fiscal”56. En Ñuble, se decía que la unidad “no tiene cuartel i se reúne con mucha incomodidad en el del rejimiento cívico, inconveniente que subsanaría con la construccion del cuartel”57.

Como se ha consignado, el cuartel era un espacio crucial para la disciplina y el correcto ejercicio de los trabajos rutinarios. Según David Gerber, dos de las primeras instituciones creadas para el cuidado de veteranos de guerra ancianos y discapacitados, el Hôtel des Invalides (Francia, 1633) y el Royal Hospital Chelsea (Inglaterra, 1685), fueron concebidos para apartar a los inválidos y viejos combatientes de las calles, debido a que eran considerados hombres inestables, empobrecidos, mendigos, ladrones y peligrosos58. En relación con esto último, la autoridad militar chilena construyó recintos similares para evitar desórdenes, motines y altercados de toda índole. Así, en 1888 el comandante general de armas de Valparaíso indicaba:

“Este cuerpo se compone en la actualidad de 400 hombres, dejándose sentir, como es natural, que estos buenos servidores que dieron tantas glorias en la última campaña, no tengan un cuartel donde reunirse en los días de revista i pago. Creo que si se arrendara una casa, por valor de 50 a 60 pesos mensuales, podria servir para cuartel de este cuerpo, i así su jefe podria con mas facilidad atenderlos i organizar el buen servicio, pues con dos ayudantes que actualmente tiene, i un sarjento brigada con que se le dotara, marcharia con perfecta regularidad i se evitarian de este modo los desórdenes i reclamos que tienen lugar en el dia de pago. En una pieza del cuartel de batallon cívico Valparaiso núm. 1, demasiado chica, es donde se ejecuta el pago, aparte de no tener comodidad ninguna para el archivo i comandancia del cuerpo”59.

El ejercicio disciplinante del espacio, contenido en los cuarteles, incluía el principio de la localización elemental60. Al ser una repartición militar sujeta a la doctrina institucional, el Cuerpo de Inválidos operaba como un potencial inhibidor de círculos ajenos a la lógica castrense. Existía una repartición en cada ciudad importante del país, comandada por un oficial subalterno o superior, dependiendo del número de inválidos filiados. En Copiapó, era “servido por un capitán de Ejército”; en La Serena estaba “a cargo de un Sarjento Mayor del Ejército, como Comandante, i de un capitan de la misma clase, como ayudante” y en Curicó, “a las órdenes de un Teniente-Coronel graduado”61. Si en alguna urbe no existía un destacamento del Cuerpo, los inválidos debían recibir su paga por medio de la plana mayor del cuerpo cívico de la localidad, incorporándose a ella en las revistas de comisario. Además, podían recibir su pago a través de la tenencia de ministros o los subdelegados rurales62. Así, y en ocasión de la revista de comisario del batallón Chacabuco 6° de línea en Antofagasta, “los señores oficiales e individuos de tropa del cuerpo de inválidos se presentarán a esta misma Comandancia el mismo dia a la 1 P.M. con el objeto de pasar su revista”63.

La localización elemental concebía, como producto, la vigilancia restrictiva del desplazamiento de los exsoldados beneficiados con la invalidez. Es decir, un inválido no podía cambiar su residencia sin la autorización de la Inspección General del Ejército o de la Guardia Nacional. En caso de cambiar de ciudad, se debía elevar una solicitud al mando correspondiente. Por ejemplo, Romelio Magna, antiguo soldado residente en Santiago, envió en 1881 la siguiente petición:

“[…] que se me concedió la cédula correspondiente por mi invalidez con residencia en ésta capital; pero teniéndo necesidad de las atenciones i cuidados de mi familia, deseo trasladarme al lugar a donde ella se encuentra.

Por tanto,

A V.S. suplico se sirva disponer lo conveniente a fin de que se decrete la traslacion de mi residencia al pueblo de San Felipe”64.

La transgresión de la norma suponía la baja del Cuerpo, cesando el pago de la pensión. Muchos inválidos no solicitaban el cambio residencial, dejando las ciudades sin informar a la autoridad militar. Algunos transitaban de un poblado a otro, retornando cuando la lista de revista ya los había catalogado como “ausentes”. Tal fue el caso del inválido José Miguel Vidal, resiente en Santiago, que fue cesado del Cuerpo y dejó de recibir pensión durante dos meses, a causa de la burocracia estatal:

“Antes del 15 del siguiente Marzo me vine a Concepcion en una partida de convalecientes que tenemos aquí nuestras familias, creyendo volver en pocos dias a Santiago, no pudiendo efectuar mi vuelta por falta de recursos para pagar mi pasaje en el tren, hubiendoseme negado en dos ocaciones por el Señor Intendente la concesion de pasaje libre para esa capital.

Permaneciendo aquí mi familia i deseando fijar en esta mi residencia, espero de V.S. se sirva rehabilitarme en el cuerpo de inválidos de Concepcion; por cuya oficina pagadora se me abone mis haberes devengados desde el 1° de marzo del corriente año en vista del cese que remitiera la Tesoreria Jeneral a esta oficina pagadora, la que debe descontarme once pesos que adeudo a la caja del cuerpo de Despositos i Reemplazos”65.

El Cuerpo de Inválidos también sirvió como emplazamiento funcional para la localización instrumental de sus miembros. Permitía garantizar el control sobre la movilidad y cifrar el número más o menos exacto de inválidos (cuadro 3). Con ello, la autoridad tomaba razón del fallecimiento de algún beneficiado, vigilaba las arcas fiscales, evitaba el vagabundeo y la mendicidad, y tenía un núcleo de veteranos de guerra disponibles frente a imprevistos gubernamentales66.

Cuadro 3 Inválidos absolutos y relativos en 1887, según residencia provincial 

Provincia Inválidos absolutos Inválidos relativos TOTAL
Tarapacá 4 7 11
Antofagasta 4 3 7
Atacama 35 23 58
Coquimbo 51 53 104
Aconcagua 20 26 46
Valparaíso 119 138 257
Santiago 343 444 787
O'Higgins 18 13 31
Colchagua 36 26 62
Curicó 12 19 31
Talca 57 54 111
Linares 19 16 35
Maule 16 6 22
Ñuble 48 43 91
Concepción 33 44 77
Biobío 10 19 29
Angol 11 24 35
Arauco 4 4
Valdivia 2 2
Llanquihue 1 1
Chiloé 1 1
Total 837 965 1802

Fuente: Memoria del ministro…, op. cit., 1887, pp. 71-113.

El carácter disciplinante del Cuerpo de Inválidos basaba su unidad en la clasificación jerárquica del sistema militar. Además, concibiendo los cuarteles como espacios de dominación en los que se efectuaban actividades de control residencial y pago de pensiones, no se permitía la socialización de los inválidos ni su proyección asociativa y política67. Del mismo modo, algunos mandos militares intentaron extender la funcionalidad del cuartel hacia la labor benéfica. En 1884, el comandante del Cuerpo de Valparaíso solicitó lo siguiente a la Comandancia General de Armas del puerto:

“Espero de VS. se sirva si lo tiene a bien recabar del Supremo Gobierno la aprobacion para arrendar una Casa que sirva de Cuartel al Cuerpo de Inválidos de mi mando, atendiendo a que este cuenta a la fecha en número de mas de trescientos hombres i que no solo servirá para su asistencia a las revistas i pago de sus haberes, sinó que podrían alojarse aquellos que son completamente inútiles y que sus rentas no les dá para pagar una habitacion”68.

Pese a las intenciones de este mando militar, el Cuerpo de Inválidos no se constituyó como espacio de reintegración y rehabilitación. Siendo un repartimiento dedicado a tareas específicas, los inválidos debieron recurrir a otras instancias y formas de asociación para superar las falencias endémicas de la Ley de Recompensas y del sistema pensional del Ejército, en especial en lo que respecta a ocupaciones laborales.

Fuente: Álbum de los Inválidos…, op. cit.

Figura 2 Inválido absoluto Bernardino Ramirez, herido en la batalla del Campo de la Alianza 

Las opciones laborales del inválido absoluto

La Ley de Recompensas dificultó la reinserción de los inválidos en la sociedad de posguerra. Aunque era, hasta entonces, la única disposición legal que atendía a un número importante de antiguos reclutas, las pensiones resultaron incompatibles con la nueva condición sociocorporal del inválido, al estar basadas en el sistema salarial del Ejército69.

En resumen, el inválido percibía una cantidad de dinero fijada según el tipo de invalidez y el último grado militar que ostentase. Cabe señalar que durante la guerra, así como gran parte de los siglos xix y xx, los miembros del Ejército percibieron reducidos salarios. De hecho, mientras aún se combatía contra el Perú y Bolivia, la élite militar y política era consciente de los bajos sueldos y de la ineficiencia del sistema de pago, que restringía el dispendio hipotético mensual a temporadas trimestrales o anuales.

En 1881, el ministro de Guerra catalogó el salario de “totalmente deficiente” e “insuficiente” para la “subsistencia” del soldado70. Un años más tarde, y frente al “mayor precio” de los artículos de primera necesidad, fue promulgado el aumento de la cantidad de dinero remunerado a los militares71.

El soldado no era un trabajador productivo. Además, era provisto de rancho diario, techo (cuartel o campamento) y vestimenta reglamentaria. Dichas facilidades disminuían los egresos potenciales y fijaban, por tanto, barreras al salario. Debe consignarse que, integrando la habitación, alimentación y vestuario parcial, el poder adquisitivo (salario real) de una pensión construida a partir del salario militar era menor cuando su poseedor era un inválido de guerra (cuadro 4).

Cuadro 4 Cantidades fijas (en pesos) para las pensiones de invalidez absoluta y relativa, según la Ley de Salarios del Ejército de 1882 

Grado Invalidez absoluta Invalidez relativa
Coronel 300,00 Abono diez años de servicio
Teniente Coronel 233,33 Abono diez años de servicio
Sargento Mayor 166,66 Abono diez años de servicio
Capitán 125,00 Abono diez años de servicio
Teniente 83,33 Abono diez años de servicio
Subteniente (o Alférez) 70,00 Abono diez años de servicio
Sargento 1° 25,00 16,66
Sargento 2° 22,00 14,66
Cabo 1° 19,00 12,66
Cabo 2° 17,00 11,33
Soldado 15,00 10

Fuente: Ley de Recompensas Militares, 22 de diciembre de 1881; Ley de Salarios Militares, 25 de septiembre de 1882; Varas, op. cit., 1884, pp. 404-405 y 537-539.

Por otro lado, es posible advertir la escasa cantidad del salario y sus deficientes formas de pago mediante el reclamo que algunos inválidos realizaron en la prensa nacional. El 1 de septiembre de 1880, dos excombatientes lisiados pertenecientes al regimiento 4° de línea, “sin el brazo derecho el uno” y “el otro sin una pierna i sordo, a consecuencia de las esplosiones de minas de Arica”, denunciaron el indigno “trato que se nos da” en el cuartel del Depósito de Reclutas y Reemplazos. En la misiva, señalaban:

“Hemos peleado en Arica, donde las cobardes balas del enemigo nos han dejado inválidos, imposibles para trabajar i dar de comer con el sudor de nuestras frentes a nuestras esposas e hijos.

Pues bien: el Gobierno, desatendiendo todo, nos ha enviado a un rincon del cuartel de la Recoleta, adonde a las doce o una del dia se nos da una moneda de a veinte centavos para satisfacer nuestras necesidades i dar un pan a nuestras familias.

¡Ah!, ¿no es verdad, señores, que esto avergüenza? ¡Si! I, sin embargo, es una gran verdad.

Muchos de nosotros tenemos mas de cinco hijos, a los que necesariamente debemos de dar un pan, pero con veinte centavos es imposible, cuanto puede haber de imposible! Ademas, sueldos desde marzo se nos deben, sin que se nos pague, a pesar de nuestras súplicas! ¡Oh, señores, si no estuviéramos inválidos no nos quejaríamos, pero no podemos trabajar por nuestra desgracia i tenemos que comer!…”72.

Catorce días después, un grupo de “heridos e inválidos del ejército del norte” siguió “el ejemplo de algunos compañeros del 4° de línea”. A su juicio, “cuando Chile llamó a sus hijos al combate, todos corrimos en busca de un fusil, bien ajenos de pensar que mas tarde, cuando aun manaban sangre nuestras heridas, habíamos de correr desatentados en busca del pan necesario a nuestras existencias!”73.

El excombatiente ileso tenía posibilidades de integrarse en distintos grupos de asalariados o campesinos. Sin embargo, un inválido tenía en la pensión un presunto ingreso único mensual, con el que accedía al abastecimiento personal o de un grupo familiar.

El carácter estático de la pensión y la desvalorización monetaria influyeron para que el Congreso Nacional reajustara las pensiones de invalidez sobre la base de la Ley de Salarios del Ejército de 1893 (cuadro 5). En el debate, el diputado Abraham Gacitúa decía: “andan por ahí ciertos individuos que gozan de una pension de 400 a 500 pesos mensuales por invalidez absoluta, i que sin embargo vemos que son perfectamente hábiles para desempeñar cualesquiera otra ocupación”. En el otro extremo, el ministro de Guerra, Carlos Rivera Jofré, argumentaba: “eso no es defecto de la lei sino del modo como se tramitan los espedientes de invalidez”. Reconocía que, “con el sistema actual”, existían “clases i soldados de la campaña contra el Perú” que “solo gozan hoy de una pension que no alcanza a la mitad de lo que se ha concedido a soldados i clases que han prestado otros servicios”. La Ley de 1881 era, por tanto, obsoleta frente al “tipo de cambio superior a los veinte peniques”. A su juicio, no debía creerse “que se encuentran en esa condición unos pocos servidores del pais solamente, porque en realidad son mui numerosos”74.

Cuadro 5 Cantidades fijas (en pesos) para las pensiones de invalidez absolutas en 1895, según la Ley de Salarios del Ejército de 1893 

Grado Cantidad (mensual) Cantidad (anual)
General de División 700 8 400
General de Brigada 600 7 200
Coronel 500 6 000
Teniente Coronel 400 4 800
Sargento Mayor 300 3 600
Capitán 200 2 400
Teniente 150 1 800
Subteniente o Alférez 100 1 200
Sargento 1° 45 540
Sargento 2° 37 444
Cabo 1° 31 372
Cabo 2° 29 348
Músicos 27 324
Soldados 25 300

Fuente: Ley de Salarios Militares, 1° de febrero de 1893; Ley sobre Pensiones de Invalidez, 7 de febrero de 1895.

La intervención del diputado Abraham Gacitúa confirma el principal defecto de la Ley de 1881; ya identificado por la comisión de cirujanos durante los trabajos médicos y ortopédicos. En la praxis, la cédula de invalidez absoluta no impedía el ejercicio laboral. Más bien, dicha continuidad estaba diferenciada por distinción jerárquica o social, y no por tipo de empleo.

La ley permitía que individuos alfabetizados o con especialización pudieran desempeñar diversas actividades. No obstante, pareciera que se limitaban al área de la administración. Un análisis del ejercicio laboral de 47 antiguos oficiales con invalidez absoluta confirma esta hipótesis (cuadro 6). En efecto, el 31% (15) declaró ejercer tareas relativas a la agricultura, el comercio o la administración con posterioridad a la obtención de la cédula. Por otro lado, sobre el 34% (16) que señaló ser militar, se deduce una declaración por código cultural, ya que mantenían una condición de retiro que en el plano simbólico aún confería pertenencia a la rama castrense.

Cuadro 6 Oficiales declarados inválidos absolutos hasta 1887, según desempeño laboral 

Oficio n.° %
Agricultor 7 15
Comandante de Policía 1 2
Comerciante 3 6
Empleado 3 6
Inválido 1 2
Militar 16 34
Propietario 1 2
Sin información 15 32
TOTAL 47 100

Fuentes: Archivo Registro Civil de Rancagua, Libro de nacimientos, 1889, n.° 1884; Archivo del Registro Civil de Chillán, Libro de nacimientos, 1894, n.° 322; Libro de matrimonios, 1887, n.° 38; Archivo del Registro Civil de Los Ángeles, Libro de defunciones, 1901, n.° 784; Archivo del Registro Civil de Santiago (en adelante ARCS), Libro de matrimonios, 1886, n.° 204; 1886, n.° 224; 1887, n.° 60; 1887, n.° 150; 1890, n.° 328; 1891, n.° 6; 1912, n.° 103; Libro de defunciones, 1892, n.° 255; 1909, n.° 973; Libro de nacimientos, 1896, n.° 232; 1897, n.° 416; 1887, 341; Libro de matrimonios, 1902, n.° 61; Archivo del Registro Civil de Temuco, Libro de nacimientos, 1888, n.° 490; Archivo del Registro Civil de Curicó, Libro de defunciones, 1894, n.° 600; 1901, n.° 3; 1903, n.° 121; Archivo del Registro Civil de Coquimbo, Libro de nacimientos, 1897, n.° 362; Archivo del Registro Civil de Valparaíso, Libro de nacimientos, 1890, n.° 1299; 1896, n.° 365; Libro de defunciones, 1894, n.° 345; Libro de matrimonios, 1886, n.° 134; 1887, n.° 175; 1900, n.° 183; Archivo del Registro Civil de Los Andes, Libro de defunciones, 1891, n.° 113; Archivo del Registro Civil de Cauquenes, Libro de nacimientos, 1885, n.° 291; Memoria que el ministro…, op. cit., 1887, pp. 65-66; Mauricio Pelayo, Nominales de la Guerra del Pacífico, investigación documental, 2003-2018.

Los antiguos soldados y clases de extracción popular, carentes en buena parte del alfabetismo y el prestigio de sus oficiales, tenían reducidas posibilidades para desarrollar tareas similares. Buscando mejores ingresos monetarios, recurrían a distintos oficios de fuerza, de servicios o de especialización artesanal. Para ilustrar lo antes dicho, se recurre a diversos casos de inválidos absolutos residentes en la provincia de Coquimbo, que construyeron familias hacia fines del siglo xix.

Pero la cualificación de estos inválidos absolutos solo puede ser entendida identificando las diferencias con el patrón laboral de los oficiales. En términos concretos, los soldados, cabos y sargentos tuvieron trabajos itinerantes y diversos. Por ejemplo, Pablo Vergara Gallardo, que en la batalla de Chorrillos recibió un disparo que “atravezó el brazo derecho de parte a parte”, fracturando el hueso radio “de una manera conminuta” y que generó “muchas esquirlas huesosas”, fue beneficiado con una pensión mensual de veinte pesos. A causa de la herida, el hueso carecía de “diez centímetros” e impedía la movilidad del brazo75, obligándolo en teoría a prescindir de su oficio como barretero76.

No obstante, continuó inmerso en el espacio laboral. En 1886 decía ser sastre77. Era minero en 188878 y dos años más tarde dijo ser carpintero79. De igual manera, en 1894 era mozo80, y regresó a la actividad cuprífera en 189681.

Fuente: Album de los Inválidos…, op. cit.

Figura 3 Inválido absoluto José Lagos, herido en la campaña de Lima 

Como Pablo, otros inválidos tuvieron alta dependencia económica de las tareas laborales que, según la ley, no debían ejercer. Baldomero Moncada Reyes, herido en el brazo izquierdo en la batalla de Miraflores, fue comerciante82 y pintor83, aunque recibía una pensión de catorce pesos y 33 centavos84.

Florentino Palta, amputado del brazo izquierdo “en su tercio superior” a “consecuencia de una herida de bala complicada de fractura conminuta del hueso húmero que dice recibió en la batalla de Tacna”, decía ser gañán en 1881, y continuó trabajando como minero hasta 189685.

Sinforiano Vega Elgueta, herido por una bala en Chorrillos que le dejó una “complicada” fractura con pérdida considerable del hueso radio, quedó imposibilitado “para el servicio militar i para los trabajos que requieran el empleo del antebrazo derecho”86. No obstante, fue minero en Huamalata entre 1881 y 1894. Después, era albañil, y continuó en la minería hacia 189987.

Por último, Inocencio Ovalle Castillo, herido en el brazo derecho en Chorrillos, era empleado en 1887, carretonero en 1889 y 1891, jornalero en 1892 y carretero en 189788.

Estos casos muestran un versátil comportamiento laboral, atribuible a las condiciones socioeconómicas de los combatientes inválidos de extracción popular con familias en formación. También, aducen a la carencia de un oficio especializado, fluctuaciones en el sistema de precios y salarios o a la necesidad forzada de autonomía económica no garantizada por la pensión de invalidez. En este sentido, el trabajo de un inhábil absoluto podía ostentar cierta estabilidad cuando la especialización laboral estaba sujeta a la técnica artesanal. En efecto, José M. Vega Hidalgo, herido en el brazo izquierdo durante el asalto a Pisagua, desempeñó el oficio de zapatero entre 1892 y 190089. De igual manera, Germán Rivera Aracena, discapacitado para el trabajo “por tener dos dedos de la mano izquierda inmoviles i retraídos i por habersele amputado los otros tres” a causa de una bala recibida durante la batalla de Miraflores90, fue sastre en Illapel (1886) y Valparaíso (1893 y 1905)91.

Con todo, las pensiones no lograron cometer su objetivo. Fuera de las causales que forzaran a los inválidos absolutos a continuar o cambiar de oficio, se evidencia una necesidad de recursos que no fue posible anclar a las rentas percibidas a través de la Ley de Recompensas. No obstante, la persistencia laboral no constituyó la única estrategia para enfrentar las opciones legales y las condiciones de vida precarizadas por la realidad sociocorporal, pues a la inmediata continuación en el espectro del trabajo se agregó el impulso y constitución de agrupaciones mutuales conformadas por inválidos militares.

Sociedades de inválidos y veteranos de la Guerra del Pacífico

La cultura mutualista de ciertos sectores populares especializados, como los artesanos, influyó en la creación de sociedades de socorros mutuos entre los inválidos de guerra, reproduciendo una asociatividad que se remontaba a inicios del siglo. En tal sentido, el 15 de julio de 1883, un grupo de antiguos reclutas fundaron la Sociedad de Inválidos Militares de Santiago. Reorganizados en 1886, los miembros de esta agrupación también formaban parte del Cuerpo de Inválidos de la capital. De hecho, la comparación numérica de ambas corporaciones ilustra la limitada extensión que, en un principio, tuvo el asociativismo mutual entre los inválidos. En efecto, la Sociedad contaba con 32 socios en 1886; mientras que el Cuerpo pagaba pensiones a 787 inválidos.

En tal sentido, un grupo articuló un cúmulo de experiencias en torno a la agrupación mutual. Por un lado, las vivencias de guerra y la tipificación otorgada por la Ley de Recompensas Militares, generaron identificaciones como soldados y, sobre todo, como inválidos de guerra. Por otro, las experiencias de preguerra y posguerra influyeron en el reconocimiento de pertenencia hacia cierto grupo de la sociedad chilena, diferenciándolos de los oficiales con los que compartían la invalidez (cuadro 7).

Cuadro 7 Miembros fundadores de la Sociedad de Inválidos Militares de Santiago, según filiación militar 

Filiación N.° de socios
Sargento 1° 1
Sargento 2° 10
Cabo 1° 5
Cabo 2° 6
Soldado 5
Sin información 5
TOTAL 32

Fuente: Estatutos de la Sociedad de Inválidos de Santiago, fundada en 15 de julio de 1883 y reorganizada en 22 de agosto de 1886, Santiago, Imprenta de La Unión, 1887, p. 16.

La escasa participación inicial en este tipo de agrupaciones admite una formación paulatina de la solidaridad y sociabilidad entre los inválidos, reduciendo la agencia política de los excombatientes.

Una muestra del impacto inicial de la asociación se evidencia en los tránsitos laborales de los inválidos absolutos de la provincia de Coquimbo. La continuidad laboral fue una respuesta a las políticas benéficas contenidas en la Ley de 1881. Asimismo, muestra que el movimiento mutual de excombatientes se origina en la composición artesanal y comercial del espacio urbano. Así, los escasos datos biográficos disponibles sobre los asociados de Santiago permiten reconocer a Calixto Astudillo, inválido relativo y carpintero92; José Ángel Ramírez, inválido absoluto y comerciante93; Pedro Pablo Pinto, inválido relativo, carpintero94; Simón Cornejo, inválido relativo, empleado95; Damián San Martín, inválido absoluto, sastre96 y Manuel Jesús Alegría, inválido absoluto, comerciante97.

En este periodo, la estrategia mutual como medio de reconstrucción del tejido social dañado por la pérdida (total o parcial) de la autonomía socioeconómica, traspasó la especificidad del oficio, definiéndose en torno a la tipificación oficial de la experiencia bélica de los inválidos. Dicho sea de paso, la distinción jerárquica de esta experiencia no recorrió el mismo derrotero, puesto que la ausencia de oficiales asociados admite un perfil construido a partir de limitadas capacidades sociales y económicas (precario nivel de vida, escasa capacidad corporal-laboral, escaso poder adquisitivo de la pensión de invalidez).

No obstante, esta inferencia se relaciona con la restringida asociatividad en el Cuerpo de Inválidos. Pese a ser la repartición encargada del pago pensional, carecía de la estructura para convertirse en una entidad previsional.

La movilización de los inválidos de Santiago dio paso, con cierta rapidez, a la fundación de otras agrupaciones de mutilados de guerra. El 3 de abril de 1886, un grupo de sobrevivientes de 1879 creó la Sociedad Cuerpo de Inválidos de Copiapó, independiente de la repartición militar encargada del pago de pensiones98. Años más tarde, el 1 de abril de 1888, fue organizada “en las ciudades de la Serena y Coquimbo, [y] con asiento en la primera de ellas, una asociación” denominada Sociedad Inválidos Militares de Ahorros y Socorros Mútuos99.

En tal contexto, a partir de 1890, inválidos y veteranos sanos impulsaron la creación de nuevas agrupaciones de excombatientes. En Valparaíso, por ejemplo, se fundó el 26 de mayo de 1896 la Sociedad Veteranos del 79100. En Concepción, “una gran parte de los veteranos que hicieron la gloriosa campaña del Pacífico” se agruparon el 20 de noviembre de 1898 para constituir la Sociedad Socorros Mútuos Veteranos del Pacífico101, que un año más tarde pasó a denominarse Sociedad de Veteranos e Inválidos de la Guerra del Pacífico102. Además, el 7 de junio de 1899 se fundó la Sociedad Inválidos i Veteranos del 79 de Talca103. Por último, el 5 de abril de 1900 se “declaró instalada” la Sociedad Veteranos e Inválidos de la Guerra del Pacífico de Antofagasta104.

Las referencias antes expuestas manifiestan un proceso de construcción mutual entre inválidos y veteranos, incorporándose estos últimos a la estrategia diferenciadora de los primeros. Sin embargo, los antiguos reclutas no agenciaron de manera homogénea105.

Los inválidos de Santiago se agruparon por medio de una experiencia bélica y social acotada con poderosas diferencias de clase. De hecho, un veterano decía que “los largos artículos necrolojicos” que la prensa publicaba sobre “algun jefe de alta graduación o un oficial” contrastaba “en la generalidad de los casos” con las noticias del deceso de “una clase o soldado del Ejército”, que se reducía a “nada mas que a darle cristiana sepultura y […] paz en su tumba!”106.

Otras agrupaciones estaban constituidas de manera interclasista. Por ejemplo, la Sociedad de Veteranos e Inválidos de Concepción estaba “compuesta por individuos que, por haber hecho la Campaña contra el Perú i Bolivia, ostentan en sus pechos las condecoraciones que la Patria agradecida les concedió”. Los miembros eran “en su mayor parte […] individuos de tropa” y “los que fueron sus Oficiales y Jefes i que también a ella pertenecen, quieren mantenerla en mejor pié posible para hacerla mas eficaz i poder socorrer con mas desahogo a los soldados”107.

Siguiendo lo anterior, los estatutos de la Sociedad Inválidos y Veteranos del 79 de Talca establecían que podían formar parte “personas sin distinción de clases sociales, profesiones, empleos o nacionalidades que hubieren pertenecido al Ejército, Armada o Guardia Nacional Movilizada, bagajes, ambulancias y sección telegráfica durante el tiempo que duro la guerra Perú Boliviana”. El artículo 7° establecía que “habrá cuatro clases de socios” que se denominarán: Activos, Pasivos, Honorarios y Cooperadores”. En lo que respecta a inválidos y veteranos asociados, los socios activos eran “todos aquellos que hubieren obtenido los empleos de General a Sargento 2°, inclusive y los cabos y soldados que sabiendo leer y escribir [que] tienen una renta de seiscientos pesos anuales”. Los pasivos fueron “los cabos y soldados que no tuvieren una renta de seiscientos pesos anuales, o que teniéndola, no supieren leer ni escribir”108.

Debe consignarse que estas agrupaciones, independientes entre sí, tenían un objetivo medular: el adelanto moral y material de sus socios. La caja de ahorros o fondo monetario común, era primordial para el sostén de un asociativismo que orientaba sus energías en la atención médica en caso de enfermedad y los gastos funerarios de los miembros fallecidos.

La agencia mutual de inválidos y veteranos potenció las capacidades solidarias de un grupo vinculado, en parte, por las experiencias de guerra y las aspiraciones para superar complejas condiciones de vida. El “lazo de unión […] fundado sobre el sentimiento físico, en el saber directo acerca del cuerpo del otro y de su familia”, consolidó una “preocupación acerca del destino personal e inmediato del afiliado”109.

En caso de enfermedad, la agrupación otorgaba un derecho de protección, facilitando un médico y medicinas, además de un diario monetario cuya cantidad variaba según la Sociedad. Cuando un miembro fallecía, se autorizaba un entierro con honores militares. Los inválidos de Santiago llevaban a cabo un “entierro menor”, procurando la compra de un traje mortuorio, ataúd, luz mortuoria y el arriendo de un carro fúnebre110. Por ejemplo, al fallecer el “viejo soldado de la guerra contra el Perú y Bolivia, […] señor don Pedro Pacheco”, que tenía “desde hace muchos años un puesto de frutas y flores en el Portal Fernández Concha”, la Sociedad de Inválidos y la de Horticultores y Jardineros iniciaron los arreglos para el funeral. El cortejo partió a las nueve de la mañana “desde la casa del estinto, Picarte 371” hasta el Cementerio General, acompañado por “una banda de músicos” y de los miembros “de las sociedades nombradas y representantes de todas las demás existentes en la capital”111.

La agrupación de inválidos, primero, y de veteranos, después, plantea cierta autonomía frente al Estado y sus agencias. Las restricciones del Cuerpo de Inválidos permitieron que los antiguos reclutas articulasen diversas prácticas políticas, asumiendo desafíos colectivos para enfrentar las precarias condiciones de vida mediante una tensa relación con las estructuras gubernamentales.

Los Veteranos del 79: Un proyecto de ley y un albergue

Los inválidos y veteranos mutualizados colisionaron con las agencias del Estado. En términos concretos, el objetivo interno de socorro mutuo fue potenciado con la aspiración externa de reivindicar la posición social que el colectivo había adquirido durante la movilización militar.

Con el advenimiento del siglo xx, recrudecieron las críticas a las precarias condiciones de vida que experimentaban los sectores populares112. En tal escenario, los inválidos percibían pensiones depreciadas, mientras que los veteranos carecían de una legislación que les otorgarse algún tipo de beneficio. Los excombatientes encontraron en el mutualismo cierto grado de autonomía, integridad y relativa libertad para decidir proyectos colectivos y consolidar una agencia que permitiera la movilización de demandas ciudadanas.

La Ley de Recompensas de 1881 había fijado una permanente relación entre los inválidos y el Estado. Esta relación puede entenderse como un encadenamiento más o menos arbitrario, donde el mutualismo permitió la articulación política y la persecución de derechos. La solicitud de subvenciones y la concesión de terrenos volvieron visible esta relación, así como las tensiones con ciertos sectores de la élite reacios a la aprobación de beneficios. Sobre lo último, el diputado Daniel Vidal Ugarte ilustra dicha disputa:

“Se viene repitiendo […], con demasiada frecuencia, esto de la necesidad de atender a los héroes de la guerra del Pacífico.

I es manera singular de pedir estos ausilios, la de manifestar que el pais es ingrato, que no reconoce los servicios que se le han prestado, que todos somos unos mentecatos.

Se nos dice que hagamos justicia, porque no la conocemos; i miéntras tanto, lo cierto es que el servicio militar, la clase militar, es la que está en mejor situacion en el pais. Ningun otro servicio público es pagado con rentas iguales a la de los militares.

Acabamos de dictar una lei, que costará millones, para recompensar a los sobrevivientes del 79.

I a renglon seguido se dice que en Chile no hai establecimientos de beneficencia i que es necesario establecer pensiones a sociedades particulares, pensiones que, en realidad, no sirven para otra cosa que para estimular la fundacion de cincuenta mil sociedades iguales a ésta, dejándoles la puerta abierta para acudir al Fisco en busca de subvenciones especiales”113.

El alcance de los objetivos asociativos requería determinadas acciones de reconocimiento. Por ejemplo, la personalidad jurídica permitió vehicular solicitudes que en muchos casos no fueron estimadas por la agencia estatal. No obstante, esta no fue la única forma de relacionarse con la estructura gubernamental.

La Sociedad Inválidos Militares de Santiago consolidó sus primeros años de existencia con un fuerte lazo con el ala “reglamentaria” del Partido Democrático114. La militancia política de algunos inválidos posibilitó la concreción de dos objetivos importantes para los excombatientes. El primero consistió en la obtención de beneficios particulares mediante la actividad de los parlamentarios del partido. En 1902, el diputado democrático Artemio Gutiérrez solicitó la subvención de “dos mil pesos” para la agrupación. Los inválidos y veteranos esperaban que con “las grandes riquezas conquistadas por los veteranos de la guerra del Pacífico” se “digne presentar su aprobacion al proyecto presentado por el honorable diputado”115. El mencionado legislador decía:

“La Sociedad de Inválidos de la Guerra i Veteranos de Santiago, atraviesa por un período de aguda crisis económica, debido a la escepcional circunstancia en que se encuentra la casi totalidad de los individuos que la componen, inválidos absolutos no pocos, relativos los mas, i el resto achacosos servidores de la Nacion en las gloriosas campañas de la Guerra del Pacífico.

Ya el Ejecutivo, interpretando los sentimientos del pais con los jefes i oficiales en servicio o retirados, ha dictado disposiciones que subvienen a los gastos de funerales de esas clases, con arreglo al rango del fallecido.

Pero estas disposiciones para ser completas, deben, en mi sentir, ser igualitarias, deben alcanzar a los jefes i oficiales en servicio o retirados e inválidos como tambien a las clases de tropa, ya que todos son iguales ante el enemigo i ante el peligro como son iguales a la sombra de la bandera que a todos cobija cariñosa.

La ‘Sociedad de Inválidos de la Guerra i Veteranos’ con personalidad jurídica, tiene a su cargo servicio sanitario i de funerales para sus asociados i a causa del estado de invalidez i de achaque de la mayoría de sus miembros, ha llegado a verse en situacion de atender con dificultad esos servicios.

El Estado, que ha visto en época ya lejana, aunque no tanto para ser olvidada, la manera como esas reliquias gloriosas de nuestro tantas veces glorioso Ejército, ha sabido sacrificarse por dar a la República poderío i preponderancia a la par que riquezas, debe necesariamente acudir en ausilio de la institucion formada i sostenida por esos heróicos sobrevivientes que cercenando parte no escasa de la exigua pension que el Fisco les da, se relevan de atenderles en sus enfermedades, dando, con esto solo, una alta idea de su moralidad, prevision i patriotismo”116.

Por otro lado, la actividad parlamentaria permitió el despliegue de un discurso persuasivo para la obtención de beneficios legales colectivos. El principal argumento utilizado para conseguirlos fue la magnitud de la victoria militar y económica de los antiguos reclutas. En tal sentido, el diputado democrático Malaquías Concha presentó, en el “aniversario de las batallas que pusieron fin a la guerra del Pacífico”, un proyecto de recompensas a “los sobrevivientes […] que hubieren obtenido medallas, barras o cintas de honor”, concediendo “para los efectos de su retiro” cinco años “de abono por cada medalla i a dos años […] por cada barra de que estuviesen en posesion” con “arreglo al sueldo de actividad señalado a los respectivos empleos por la lei vijente de sueldos del Ejército”. Los excombatientes “se retirarán con el sueldo íntegro asignado al último empleo, si completaren cuarenta o más años de servicio con los abonos que le concede esta lei; los oficiales que no alcanzaren a completaros gozarán el retiro de conformidad a la lei respectiva” y “los individuos de tropa tendrán derecho, ademas de los premios de retiro, a ser considerados en posesion de cuartos premios si fuesen inválidos absolutos, terceros premios si fuesen inválidos relativos, i segundos premios si no estuviesen inválidos”117.

La presentación del proyecto movilizó la capacidad agencial de las por entonces numerosas organizaciones mutuales de veteranos. Los antiguos oficiales formaron un comité ad hoc para estudiar “los diferentes proyectos de recompensas que se presentaron á la honorable Cámara de Diputados”118. Tiempo más tarde, fue creada una nueva comisión compuesta por Estanislao del Canto y Jorge Wood, además de los presidentes de la Sociedad Defensores de Chile en 1879, Juan 2° Meyerholz119; de la Veteranos del 79 de Valparaíso, Ricardo Bordalí Humeres; de la Inválidos i Veteranos del 79 de Talca, Juan Manuel Salamanca; de la Veteranos e Inválidos de la Guerra del Pacífico de Concepción, Herminio González; y de los jefes retirados Ramón Jarpa, Antonio María López, Ismael Beytía y Nemesio Pacheco, que se encargaron de estudiar “lo que sea necesario hacer á fin de obtener el pronto despacho de la ley de recompensas”120. Asimismo, la Sociedad Defensores de Chile en 1879 organizó una comisión dedicada al diálogo con los legisladores encargados de establecer la factibilidad del proyecto, a cuyas prerrogativas se adhirieron con rapidez las agrupaciones de Copiapó, Valparaíso y Concepción121.

Ante la movilización, una parte de la élite volvió a discutir la pertinencia de una recompensa generalizada. El senador Pedro Montt Montt, quien durante la guerra “opinaba porque la recompensas fuera amplia i jeneral, i que cada persona era acreedora a seis meses de sueldo i tres meses por cada herida que hubiera recibido en los campos de batalla”, se opuso a una nueva recompensa. Aquello suscitó el rechazo de los sectores politizados de la veteranía:

“Hoi, el senador de Cautin piensa de distinta manera, i es de parecer, como se desprende de sus propias palabras, que la recompensa sea únicamente para aquellos verdaderamente inválidos, incapaces en absoluto de ganarse la vida por sus propias manos.

A este respecto, no podemos menos que ruborizarnos al hacer al señor Montt las siguientes preguntas:

¿Olvida su señoria que cuando fué licenciada la Guardia Nacional movilizada, su personal íntegro fue recompensado con tres meses de sueldo i nadie se preocupó en averiguar si todos estaban inválidos o imposibilitados para el trabajo?

¿Estaba inutilizado el ilustre marino señor don Cárlos Condell cuando el Congreso aprobó para él una gratificacion de 2.000 libras esterlinas?”122.

La decisión de no delegar las tareas sobre el proyecto de ley a las comisiones parlamentarias muestra una organización y planificación que, sustentada en diferentes puntos de vista, pretendía igualar los beneficios estatales para todos los veteranos de la guerra. Sin embargo, las diferencias internas fueron superadas a la vista del escenario público, demostrando unión y fraternidad a través de reuniones masivas. Al respecto, la conmemoración de la batalla de Chorrillos del 13 de enero de 1905, organizada por la Sociedad Inválidos i Veteranos del 79 de Santiago contó con “casi [la] totalidad” de la Sociedad Veteranos del Valparaíso, “comisiones de la de los Veteranos de Concepción i Talca”, y representantes “de Iquique123, Antofagasta i Copiapó”, así como de los miembros del Círculo de Oficiales Retirados, la Sociedad Defensores de Chile y La Unión Cívica124.

En la reunión fue redactado un petitorio que incluía “que por lei de la República se declaren monumentos nacionales todos los mausoleos que guardan los restos de los que hicieron la campaña del Pacífico”; que “sea erijido en Santiago un monumento que conmemore las glorias del Ejército vencedor de 1879”; que “las solicitudes de indulto que hagan los reos sobrevivientes de la campaña, sean atendidas con benevolencia cuando los solicitantes se hubieren hecho dignos por su conducta durante la reclusión”; y “que se ponga en vijencia una disposicion para que sean preferidos los hijos de los que hicieron la campaña, en la distribucion de becas, en los establecimientos de instrucción”125.

Fuente: La Lira Chilena, Santiago, 15 de enero de 1905.

Figura 4 Directiva de la Sociedad Inválidos de la Guerra del 79 y Veteranos del Ejército de Santiago 

Por su parte, el 30 de octubre de 1905, delegados y representantes del “Círculo de Jefes y Oficiales Retirados, [la] Union Cívica, Defensores de Chile en 1879, e Inválidos y Veteranos del 79 de Santiago, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaiso, Talca, Concepción, Temuco y de Osorno”, se reunieron para discutir “las jestiones tendentes al despacho de la lei de Recompensas a los veteranos del 79”126.

El impulso colectivo en torno al proyecto de ley de Malaquías Concha no acaparó toda la capacidad agencial de los inválidos y veteranos. Hacia 1904, los miembros de la Sociedad Inválidos de la guerra del 79 i Veteranos del Ejército se encontraban almacenando recursos y movilizando influencias para construir un albergue para los excombatientes empobrecidos. Sin duda, requerían un espacio donde desplegar expresiones simbólicas y reforzar los códigos y las experiencias que los definían como grupo. En dicho año la agrupación sesionaba “en un salón del Mercado de San Diego” que había sido facilitado por el alcalde de Santiago127.

La construcción de una sede social que también fuera un asilo permitía reforzar los cimientos del mutualismo y, asimismo, expandir la capacidad para integrar un número mayor de afiliados. En tal sentido, la idea provino del veterano Domingo Galdames, comerciante y militante del Partido Democrático, quien se propuso “establecer una gran casa para asilar allí á los inválidos de la guerra, darles un hogar y, si posible fuera, tambien la mantención”128.

Manejando escasos fondos monetarios, la Sociedad recurrió a la petición. Después de varias reuniones, el ministro de Guerra, Ascanio Bascuñán Santa María, accedió a la subvención estatal con la condición de que la agrupación tuviera un “pequeño bien raíz”, que fue conseguido mediante un mutuo hipotecario que Domingo Galdames suscribió con el Banco Popular, adquiriendo “un sitio por valor de 3.500 pesos”129.

El albergue fue inaugurado el 18 de septiembre de 1905, con la presencia del presidente Germán Riesco130. El edificio contaba con cuatro patios interiores. Dos estaban destinados al alojamiento, donde “encuentran hospedaje gratuito todos los socios que tengan necesidad real de recibirlo”, y podían “ir con sus familias sin lo desean”. Cada socio tenía “derecho a una pieza y a un pedazo de patio en donde efectuar los indispensables menesteres domésticos: lavado, cocina, etc”. También estaban habilitadas “dos salas […] con camas y veladores para los Albergados veteranos que no son socios”131.

La concreción de estos objetivos en alianza con parlamentarios democráticos no fue instrumental. La militancia de inválidos y veteranos da cuenta de la utilidad de los recursos políticos para desplegar tácticas determinantes para la estrategia reivindicativa de un grupo marcado por las consecuencias de la guerra. Domingo Galdames compartía militancia con Pedro Féliz Arriaza, que en 1900 era directivo de la Sociedad y que había sido orador del Partido Democrático en 1888132.

Sin embargo, la vía jurídico-legal y el impulso semiautónomo no fueron las únicas formas de expresión agencial que involucraron a excombatientes con el Estado. El 28 de octubre de 1905, el diputado Francisco Concha se refirió a los eventos de la Huelga de la Carne en Santiago. Apartando “a los jefes i oficiales” que esperaban la promulgación del proyecto de ley y que estuvieron “azuzando aquellos dias a las turbas”, creía “que entre las clases i soldados que pertenecieron a aquel Ejército, puede haber algunos que han tomado parte en esos sucesos”. Con datos que “he podido comprobar personalmente, [hay] hechos que he presenciado en las varias partes por donde anduve el domingo i el lunes”133.

El veterano y dirigente Juan 2° Meyerholz señaló: “las palabras de dicho señor han sido malinterpretadas y que es de absoluta necesidad aclarar este asunto”, por cuanto “le consta que ninguna institucion de veteranos, ni sus miembros aislados, han tomado parte en los disturbios referidos”134. No obstante, las declaraciones del diputado y de Juan Meyerholz no eran exactas. La prensa santiaguina y los procesos judiciales que siguieron a los disturbios, ubican en la protesta a Hilario Espinoza, “veterano de 1879”, acusado “por disturbios y condenado a 61 días de prisión”; Domingo Galdames, “dirigente del desfile”; al mismo Juan Meyerholz, también dirigente y “Presidente de la Sociedad de Veteranos de 1879” (Defensores de Chile); y Fortunato Pérez, “proceso por asalto” y finalmente absuelto135.

Comentarios finales

En términos generales, la Guerra del Pacífico fue una “experiencia liberadora” para los sectores populares. El proceso de movilización militar, que fracturó y transformó el universo simbólico de miles de soldados-ciudadanos136, dio forma a nuevas identidades surgidas de los procesos de ruptura y de reingreso a la estructura social137.

La guerra forjó aprendizajes que, enraizados en la acumulación experiencial, permitieron redefinir la posición que los reclutas ocuparon durante y después de los eventos bélicos, generando reflexividades que integraron las vivencias de los campos de batalla con “mochilas culturales” prexistentes138.

En tal sentido, una de las formas identitarias de los excombatientes, reflejada en las primeras agrupaciones mutuales impulsadas por inválidos absolutos y relativos, fue producida por la imbricación de tres experiencias distintas. En efecto, la identidad construida durante el periodo de pasividad se entretejió con las surgidas por la interacción social entre los soldados (identidad militar) y el combate (identidad del combatiente). Así, estos elementos se volvieron esenciales e interdependientes para la definición colectiva como “inválidos” y “veteranos”139.

Esta definición identitaria estuvo influida por la tipología que el Estado elaboró para diferenciar a los excombatientes beneficiados por la Ley de Recompensas Militares de 1881. Con la protección de antiguos soldados que en teoría eran incapaces de generar producción económica, y su inclusión en el Cuerpo de Inválidos, se perseguía la vigilancia de un grupo aparentemente condenado a los escondrijos del espacio marginal140.

Desde dicha óptica es posible observar a un colectivo asediado por la pobreza, la mendicidad urbana y la supervivencia caritativa. No obstante, los inválidos resignificaron la posición en la que se encontraban mediante un proceso de reagregación que definió sus características colectivas.

En torno a esta distinción, las fronteras identitarias fueron delimitadas mediante la internalización y selección subjetiva de elementos socioculturales que provenían de la posición ocupada en el campo social y de las relaciones sostenidas con otros grupos que ocupaban lugares similares o diferenciados. Por dicha razón, los inválidos habrían iniciado un proceso de politización al que más tarde se unirían los veteranos que habían resultado ilesos en los campos de batalla del Perú. Con todo, la autodefinición de un nosotros fue dada por la distinción relativamente duradera de un grupo social reconocido141.

Como se ha expuesto en este artículo, las falencias de la Ley de Recompensas forzaron a los inválidos a mantener actividades laborales, otorgando de paso la posibilidad de organizarse en agrupaciones con un claro objetivo económico y político, animando un movimiento que produjo líderes, militantes, diversas decisiones y similares reflexiones142.

La articulación de esta agencia permitió que el grupo actualizara (movilizara) en la praxis su relación con los poderes gubernamentales143, de acuerdo con los intereses y preocupaciones sociales que tomaron a su cargo144. Esto permitió que un cada vez más amplio segmento de antiguos movilizados se introdujera en los entablados políticos, exigiendo derechos a través de las mutuales (subvenciones, concesiones de tierras, personalidades jurídicas, proyectos de ley) o la solicitud de beneficios individuales.

La conciencia que profundizaba convicciones y demandas reivindicativas, tensionó la relación pasiva que los excombatientes habrían mantenido con el Estado. Por el contrario, se evidencia una capacidad permanente para utilizar instrumentos burocráticos en favor de ciertos objetivos145, sin descuidar la cierta autonomía que caracterizó el proceso de discusión del proyecto de ley de Malaquías Concha.

Sintetizando, se dilucida cómo el atributo del “inválido”, que ofrecía ciertas condiciones diferenciadoras del resto de los antiguos reclutas, se convirtió en el punto de inicio de un movimiento que urgía por la nivelación de los beneficios socioeconómicos para todo el reparto de excombatientes. Dicho esto, se comprende por qué hacia las postrimerías del siglo xix, inválidos y veteranos buscaban reivindicar la posición que habían ocupado durante los años de conflicto. De ahí que el veterano Enrique Gutiérrez Soto, que en 1916 era pescador en Arica, dijera a un periódico local que “no sólo son inválidos los caídos por las balas, sino los inutilizados por el peso de la campaña”146.

1Este artículo es resultado del proyecto Fondecyt n.° 1191869 y del Proyecto de Investigación Mayor de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Tarapacá n.° 5767-17. Agradecimientos a Alberto Díaz Araya, Carlos Donoso Rojas, Oscar Alfano Gómez, Camilo Santibáñez Rebolledo, Mauricio Pelayo González, Roberto Zagal Ahumada, Javier Manríquez Ferreira, Camila Contreras Pereira, Sebastián Lorca Palma y Claudia Deichler Carrasco, quienes contribuyeron con comentarios y aportes a la realización de este texto.

2James Morris, Las élites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la Cuestión Social y del sistema de relaciones industriales de Chile, Santiago, Editorial del Pacífico, 1967.

3Sergio Grez, De la “Regeneración del Pueblo” a la Huelga General. Génesis y Evolución Histórica del Movimiento Popular en Chile (1810-1890), Santiago, RIL Editores, 2007, p. 579. Sobre el proyecto mutualista en Chile, véase a Eduardo Cavieres, “Grupo intermedios e integración social: la Sociedad de Artesanos de Valparaíso a comienzos del siglo xx“, en Cuadernos de Historia, n.° 6, Santiago, 1986, pp. 33-47; María Angélica Illanes, La revolución solidaria: Historia de las sociedades obreras de socorros mutuos, Chile, 1840-1920, Santiago, Imprenta Prisma, 1990 y a Sergio Grez, “La trayectoria histórica del mutualismo en Chile (1853-1990). Apuntes para su estudio”, en Mapocho, n.° 35, Santiago, 1994, pp. 293-316.

4Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo xix, Santiago, Ediciones Sur, 1985, p. 12.

5Julio Pinto, “¿Patria o clase? La Guerra del Pacífico y la reconfiguración de las identidades populares en el Chile contemporáneo”, en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, vol. 116, Santiago, 1997.

6María Angélica Illanes, Chile Des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago, LOM Ediciones, 2004, p. 316.

7Respecto al renovado interés historiográfico del conflicto, véase a Sergio Rodríguez, La problemática del soldado durante la Guerra del Pacífico, Santiago, Colección Biblioteca Militar, 1984, vol. lxx; Paz Larraín, La presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, Santiago, Universidad Gabriela Mistral, 2002; David Home, Los huérfanos de la Guerra del Pacífico: el ‘Asilo de la Patria’, 1879-1885, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana colección Sociedad y Cultura, LOM Ediciones, 2006, vol. xliv; Felipe Casanova, Alberto Díaz y Daniel Castillo, “Tras los pasos de la muerte. Mortandad en Tacna durante la Guerra del Pacífico, 1879-1880”, en Historia, n.° 50, vol. ii, Santiago, 2017, pp. 399-441; Patricio Ibarra y Germán Morong (eds.), Relecturas de la Guerra del Pacífico. Avances y perspectivas, Santiago, UBO Ediciones, 2018; entre otros.

8Carlos Donoso y Ricardo Couyoumdjian, “De soldado orgulloso a veterano indigente”, en Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri (dirs.), Historia de la vida privada en Chile. Tomo ii: El Chile moderno, de 1849 a 1925, Santiago, Taurus-Aguilar Chilena Ediciones, 2006, pp. 237-273.

9Carlos Méndez, Héroes del silencio. Los veteranos de la Guerra del Pacífico, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2004; Carlos Méndez, Desierto de esperanzas. De la gloria al abandono: Los veteranos chilenos y peruanos de la Guerra del 79, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2009.

10Carlos Méndez, Las condiciones de vida de los veteranos de la guerra del ‘79 en Chile y Perú: su impacto en las sociedades nacionales. 1884-1929, tesis para optar al grado de Doctor en Estudios Americanos, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2008, p. 177; Carlos Méndez, La reinserción social y laboral de los veteranos de la guerra del Pacífico. 1884-1924, tesis para optar al grado de Magíster en Historia de Chile, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2001.

11Respecto al proceso de politización del mundo popular chileno durante los siglos xix y xx, véase a Julio Pinto, “¿Cuestión social o cuestión política? La lenta politización de la sociedad popular tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900)”, en Historia, n.° 30, Santiago, 1997, pp. 211-261; Gabriel Salazar, Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos xx y xxi), Santiago, LOM Ediciones, 2009; Julio Pinto, Desgarros y utopías en la pampa salitrera, Santiago, LOM Ediciones, 2007; Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932), Santiago, LOM Ediciones, 2001; Mario Garcés, Crisis social y motines populares en el 1900, Santiago, LOM Ediciones, 2003; Pablo Artaza, “De lo social a lo político en el movimiento social salitrero: el caso de la Mancomunal de Obreros de Iquique, 1900-1909”, en Atenea, n.° 509, Concepción, 2014, pp. 139-158. En lo referente al papel del Estado en el proceso, consúltese a Juan Carlos Yáñez, Estado, consenso y crisis social: el espacio público en Chile, 1900-1920, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 2003, vol. xxxiv; Juan Carlos Yáñez, La intervención social en Chile y el nacimiento de la sociedad salarial. 1907-1932, Santiago, RIL editores, 2007.

12Sobre el concepto de identidad, se recurre a las propuestas de Stuart Hall y Paul du Gay (comps.), Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires-Madrid, Amorrortu editores, 1996.

13Las historiografías anglosajona, francesa y española han proporcionado importantes insumos para el abordaje de las acciones sociopolíticas de los excombatientes en convulsionados escenarios de posguerra. Al respecto, véase a Antoine Prost, Les Anciens Combattants et la Société Francaise 1914-1939, Paris, Presses de Sciences Po, 1977, 3 vols.; Eric Leed, No man's land. Combat & identity in World War I, London, Cambridge University Press, 1981; Susan-Mary Grant, “Reimagined communities, Union veterans and the reconstruction of American nationalism”, in Nation and Nationalism, n.° 14, London, 2008, pp. 498-519; “Raising the dead: war, memory and American national identity”, in Nation and Nationalism, n.° 11, London, 2005, pp. 509-529; Bénedicte Grailles, “Gloria Victims: Vétérans de la guerre de 1870-1871 et reconnaissance nationale”, in Revue d'histoire du xixe siècle, n.° 30, Paris, 2005, pp. 1-11; Frank Becker, “La guerre et l'armée: des espaces de négociation pour l'ordre politique national”, in Revue d'histoire du xixe Siècle, n.° 46, Paris, 2013, pp. 33-50; Ángel Alcalde, Los excombatientes franquistas. La cultura de guerra del fascismo español y la Delegación Nacional de Excombatientes (1936-1965), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014 y Georges Mosse, Soldados caídos. La transformación de la memoria en las dos guerras mundiales, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016; entre otros.

14Sobre los inválidos de guerra y su relación con las estructuras estatales, véase a Tom Stoppard, “Appendix A: Union Army Pensions and Civil War Records”, in Dora L. Costa (ed.), The Evolution of Retirement: An American Economic History 1880-1990, Chicago, University of Chicago Press, 1998, pp. 197-212; Peter Blanck, “Civil War Pensions and Disability”, in Ohio State Law Journal, n.° 62, Columbus, 2001, pp. 112-218 y Silvia Correia, “The mutilated face of World War I in Portugal”, in E-JPH, n.° 15, Porto, 2017, pp. 35-54.

15Cabe mencionar que la producción intelectual sobre la problemática del veterano de la Guerra del Pacífico no es pionera. Durante la primera mitad del siglo XX, se publicaron distintos folletos y artículos de prensa que aludían a las precarias condiciones socioeconómicas y aspiraciones retributivas de los antiguos reclutas. Sobre esto último, consúltese a Agustín Bravo, Los veteranos del 79, Valparaíso, Imprenta Industrial, 1900; Juan 2° Meyerholz, Los veteranos del 79 ante la Historia, Santiago, Imprenta Franco-chilena, 1926; Eugenio Orrego, En defensa de los veteranos del Pacífico, Santiago, Imprenta “El Imparcial”, 1935 y Moisés Anabalón, Los veteranos de 1879-84 a los 60 años de iniciada la Guerra del Pacífico, Santiago, Imprenta El Esfuerzo, 1939.

16La historiografía en América Latina también ha dado cuenta de las consecuencias de los conflictos bélicos de los siglos xix y xx, así como del papel de los excombatientes y veteranos en las sociedades de posguerra. En este sentido, véase a Carlos Gómez, Los veteranos, Asunción, Colección 150 años de la Guerra Grande, 2013; Luc Capdevila, “El macizo de la Guerra de la Triple Alianza como substrato de la identidad paraguaya”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Colloques, 2009, disponible en https://journals.openedition.org/nuevomundo/48902 [fecha de consulta: 8 de octubre de 2018]; Luc Capdevila, “Les vétérans paraguayens de la guerre de la Triple Alliance (1870-1910), des oubliés de l'histoire?”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2005, disponible en https://journals.openedition.org/nuevomundo/1654 [fecha de consulta: 8 de octubre de 2018]; Daniel Chao, “‘Movilizados’ de Malvinas en Chaco y Corrientes. Las luchas por reconocimiento en clave comparativa”, en Sociohistórica, n.° 39, La Plata, 2017, pp. 1-26; Rosana Guber, “Los veteranos truchos de Malvinas: la autenticidad como competencia metacomunicativa en las identidades del trabajo de campo”, en Universitas Humanística, n.° 63, Bogotá, 2007, pp. 49-68 y Andrea Rodríguez, “De veteranos ‘verdaderos’ y ‘truchos’. Análisis de las definiciones de ‘ex-combatiente/veterano de guerra’ de los miembros del Apostadero Naval Malvinas en el Conflicto del Atlántico Sur”, en Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.A. Segreti”, n.° 10, Córdoba, 2010, pp. 303-323.

17La cuestión de los inválidos tenía una larga data en Chile. Hasta 1819, los heridos graves y mutilados eran licenciados y recibían una pensión equivalente a medio salario. A partir de agosto de aquel año se forma el Cuerpo de Aguerridos, que pretendía beneficiar a “tan beneméritos individuos” y recurrir a sus miembros “cuando se necesite servir pasiva i activamente según que las circunstancias de su actitud lo permitan”. José Varas, Recopilación de leyes, decretos supremos i circulares concernientes al Ejército, desde abril de 1812 a abril de 1839, Santiago, Imprenta Nacional, 1870, tomo i, p. 75.

18Boletín de la Guerra del Pacífico, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1979, p. 1058.

19Pascual Ahumada, Guerra del Pacífico. Recopilación completa de los documentos oficiales, correspondencia y demás publicaciones referentes a la guerra, que ha dado a luz la prensa de Chile, Perú y Bolivia, Valparaíso, Imprenta y Librería Americana, 1887, tomo iv, p. 565. Un parlamentario declaraba: “siempre habría quedado en pié el deber que tienen todos los chilenos de buscar un lugar al rededor de nuestra bandera”, toda vez “que el honor de la Nacion llegue a sentirse comprometido, sin buscar otra recompensa que la que lleva consigo la defensa del propio territorio”.

20Cámara de Diputados, 6ᵃ sesión ordinaria, 21 de junio de 1881.

21En palabras del diputado: “con escepcion del general en jefe del Ejército, i el contra-almirante en jefe de la Escuadra”, no era “lícito acordar recompensas colectivas en solo los grados superiores, si no la hacemos para todo el Ejército”, comprendiendo a la tropa “i guardando perfecta proporcion con sus haberes para que la lei sea fundada en la igualdad i en la justicia”. Sin embargo, su propuesta no fue considerada por la Cámara. Cámara de Diputados, 6ᵃ sesión ordinaria, 21 de junio de 1881

22Ibid.

23Ibid.

24Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 26 de diciembre de 1881.

25Ibid.

26José Varas, Recopilación de leyes, órdenes, decretos supremos i circulares concernientes al ejército, desde enero de 1878 a fin de diciembre de 1883, Santiago, Imprenta de R. Varela, 1884, tomo vi, p. 450. La OT estaba dividida en siete secciones. La 1ᵃ debía tramitar “los expedientes de invalidez de jefes y oficiales”; la 2ᵃ, “de los deudos de jefes y oficiales”; la 3ᵃ, los expedientes “de invalidez de los individuos de tropa”; la 4ᵃ, “de los deudos de los individuos de tropa”; la 5ᵃ era la “encargada de realizar las anotaciones de los 23 libros de la Oficina”; la 6ᵃ, “de los archivos y de las trascripciones” y la 7ᵃ, encargada “de los libros de la sección de los cirujanos”.

27Varas, op. cit., 1884, p. 451.

28Memoria que el ministro de Guerra presenta al Congreso Nacional, Santiago, Imprenta El Progreso, 1884, p. xxix.

29Memoria que el ministro de Guerra presenta al Congreso Nacional, Santiago, Imprenta Nacional, 1882, p. xxxviii.

30Memoria que el ministro…, op. cit., 1884, p. xxxix.

31Archivo Nacional Histórico, Fondo Ministerio de Guerra (en adelante ANHMGUE), Oficina de Tramitación, 1882-1883, n.° 4880. Las heridas podían propiciar la muerte tras un largo tiempo de convalecencia. Por ejemplo, el 10 de febrero de 1888, el pintor y exsoldado, Juan Ramón Bravo Aravena, falleció por “causa de unas heridas” en Limache. Su esposa afirmaba, en carta al ministro de Guerra, que “después de [la batalla] de Chorrillos” su esposo fue “devuelto a su hogar profundamente lesionado por las heridas que recibió en esa batalla”, imposibilitando que trabajase “debidamente”. A su juicio, Juan Ramón había fallecido “a consecuencia de las heridas recibidas” en el combate. Archivo General del Ejército, Decretos supremos, 1933, n.° 19682.

32ANHMGUE, Oficina de Tramitación, 1884, n.° 712.

33Memoria que el ministro…, op. cit., 1884, pp. 212-213.

34José Varas, Recopilación de leyes, órdenes, decretos supremos i circulares concernientes al ejército, Santiago, Imprenta de R. Varela, 1887, tomo viii, pp. 560-578. Otra causal de rechazo eran las heridas sufridas por situaciones ajenas al régimen de campaña. Por ejemplo, la solicitud de Antolin Maturana fue denegada al descubrirse que no había sido “inutilizado por heridas o faenas del servicio”, sino por la luxación de su pie izquierda al “haberse dado un golpe subiéndose a una barra en estado de ebriedad”. Varas, op. cit., 1887, pp. 700-701.

35ANHMGUE, Oficina de Tramitación, 1882-1883, n.° 4950.

36Memoria que el ministro de Guerra presenta al Congreso Nacional en 1886, Santiago, Imprenta Nacional, 1886, p. xxvii.

37El Padre Cobos, Santiago, 3 de julio de 1883.

38Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 9 de junio de 1882.

39Darío Risopatrón, Legislacion militar de Chile, Santiago, Imprenta Gutemberg, 1887, tomo iv, p. 167.

40Méndez, Héroes del silencio…, op. cit., p. 112. La industrialización de la guerra moderna, la evolución de las armas de fuego y la introducción de anestésicos posibilitaron que un gran número de soldados con graves heridas pudiesen sobrevivir a la cirugía de amputación. En consecuencia, la necesidad de crear elementos sustitutivos de los miembros aumentó el interés por la fabricación de prótesis ortopédicas con mejores grados de funcionalidad, articulación y calidad. Respecto a la sistematización de prótesis a soldados discapacitados durante el siglo xix, destacan las facilitadas a los veteranos franceses de las campañas de Crimea e Italia, y a los de la Guerra de Secesión estadounidense. Al respecto, véase Ansley Wegner, “Phantom pain: Civil War amputation and North Carolina's maimed veterans”, in The North Carolina Historical Review, n.° 75, Raleigh, 1998, pp. 277-296.

41Memoria que el ministro…, op. cit., 1882, p. 39.

42Álbum de los Inválidos…, op. cit., p. 8.

43El Veintiuno de Mayo, Iquique, 13 de marzo de 1881.

44Álbum de los Inválidos…, op. cit., p. 9.

45Wegner, op. cit., p. 280.

46Álbum de los Inválidos…, op. cit., p. 10.

47Op. cit., p. 8.

48Álbum de los Inválidos…, op. cit., p. 12.

49Ibid.

50César Leyton y Andrés Díaz, “La fotografía como documento de análisis, cuerpo y medicina: teoría, método y crítica - La experiencia del Museo Nacional de Medicina Enrique Laval”, en História, Ciências, Saúde-Manguinhos, n° 14, Rio de Janeiro, 2007, pp. 991-1012.

51ANHMGUE, Oficina de Tramitación, 1884, n.° 2565.

52Bernardino Guajardo, Poesías populares de Bernardino Guajardo, Santiago, Imprenta de Pedro G. Ramírez, 1885, tomo 8°, pp. 24-26.

53Juan Allende, Memorias de un perro escritas por su propia pata, Santiago, Imprenta B. Vicuña Mackenna, 1893, p. 14.

54Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2003, pp. 146-153.

55Memoria que el ministro…, op. cit., 1887, p. 216.

56Memoria del ministro de la Guerra presentada al Congreso Nacional en 1888, Santiago, Imprenta Nacional, 1888, p. 194.

57Memoria del ministro de la Guerra presentada al Congreso Nacional en 1889, Santiago, Imprenta Nacional, 1889, p. 441.

58David Gerber, “Creating group identity: disabled veterans and American Government”, in OAH Magazine of History, n.° 23, Oxford, 2009, p. 14.

59Memoria del ministro…,op.cit., 1888, pp. 169-170.

60Foucault, op. cit., p. 147.

61Memoria del ministro…, op. cit., 1887, pp. 210-211 y 227.

62Risopatrón, op. cit., pp. 23-24.

63El Industrial, Antofagasta, 12 de junio de 1888.

64ANHMGUE, Decretos supremos, 1881, n.° 43.

65Op. cit., n.° 109.

66En sus memorias sobre la Guerra Civil de 1891, Víctor Arellano señala que antes de las batallas de Concón y Placilla, se encontró con el regimiento Lautaro 10° de línea, que “había sido formado con base de los inválidos, y [que] muchos de éstos hicieron anteriores campañas en el 3° [de línea]”. Víctor Arellano, Batallas de Concón y Placilla. Reminiscencias de un ex-tercerano, Buenos Aires, s/e, 1892, p. 19.

67Javier Navarro, “Sociabilidad e historiografía: trayectorias, perspectivas y retos”, en Saitabi, n.° 56, Valencia, 2006, pp. 99-119.

68Archivo Nacional Histórico, Fondo Intendencia de Valparaíso, Comunicaciones Oficiales de la Plaza, 1884, n.° 78.

69En un folleto se decía que la Ley de Recompensas “no es otra cosa, a juicio de muchos, sino una verdadera rémora, al parecer calculada, para que el pobre siga sufriendo hasta que, desesperadamente aburrido, cometa la locura del suicidio o, con la santa resignación de un mártir, espere que el Rei del Olimpo, deponiendo sus rayos, mitigue su fiereza i lo tienda benigna su diestra bienhechora”. El Jeneral Pililo, El embrollo de las recompensas, Santiago, Imprenta Victoria, 1882, p. 14.

70Memoria que el ministro de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1881, Santiago, Imprenta Nacional, 1881, p. 478.

71Memoria que el ministro…, op. cit., 1882, p. xl. En palabras del ministro de Guerra, el aumento de los salarios de 1882 “vino a remediar el mal, i aun ántes de su aplicación se hicieron sentir sus buenos efectos: disminuyó el número de desertores i ha aumentado el de los voluntarios que acuden a los cuarteles a engancharse para servir en el ejército o en la guardia cívica movilizada”.

72El Nuevo Ferrocarril, Santiago, 2 de septiembre de 1880.

73Op. cit., 16 de septiembre de 1880.

74Cámara de Diputados, 55ᵃ sesión extraordinaria, 25 de enero de 1895. La ley de 1895 debía “igualar las pensiones de los inválidos” que habían sufrido importantes desproporciones monetarias a raíz de las continuas alzas en el salario del Ejército. En efecto, los retirados “ántes de 1882 tienen una pension menor que los que se retiraron despues de esa fecha; estos últimos una pension menor de los que se retiraron despues del 91, i éstos todavía tienen menor pension que los que se retiraron despues del 92, etc”.

75ANHMGUE, Cédulas de inválidos, 1881, n.° 120.

76Como peón especializado, el barretero recibía un salario de 126 reales al mes durante el decenio 1870-79, fuere “por metros corridos, o por tiros, o por pulgadas, o al día”. Su jornada laboral ocupaba doce horas diarias, recibiendo “una ración diaria de frejoles, charqui y pan”. Salazar, Labradores, peones…, op. cit., p. 216.

77Archivo del Registro Civil de La Serena (en adelante ARCLS), Libro de nacimientos, 1886, n.° 361.

78Archivo del Registro Civil de Almirante Latorre, Libro de nacimientos, 1888, n.° 108.

79ARCLS, Libro de nacimientos, 1890, n.° 89.

80Op. cit., 1894, n.° 330.

81Op. cit., 1896, n.° 516.

82Archivo del Registro Civil de Vicuña, Libro de nacimientos, 1886, n.° 333.

83Archivo del Registro Civil de Coquimbo (en adelante ARCC), Libro de defunciones, 1888, n.° 22; Libro de nacimientos, 1889, n.° 155; Libro de defunciones, 1889, n.° 204.

84ANHMGUE, Oficina de tramitación, 1883, n.° 143.

85ARCC, Libro de nacimientos, 1888; n.° 46; Libro de defunciones, 1888, n.° 119; ARCLS, Libro de nacimientos, 1896, n.° 63; Libro de defunciones, 1896, n.° 55.

86ANHMGUE, Cédulas de inválidos, 1881, n.° 126.

87ARCC, Libro de matrimonios, 1890, n.° 33; Libro de nacimientos, 1891, n.° 144; 1892, n.° 109; 1894, n.° 169; 1896, n.° 114; 1897, n.° 161; 1899, n.° 233.

88ARCLS, Libro de nacimientos, 1887, n.° 47; ARCC, Libro de nacimientos, 1889, n.° 96; 1890, n.° 373; Libro de defunciones, 1891, n.° 524; Libro de nacimientos, 1892, n.° 231; 1897, n.° 56.

89ARCLS, Libro de nacimientos, 1892, n.° 234; 1894, n.° 150; 1896, n.° 180; 1897, n.° 28; 1900, n.° 720.

90ANHMGUE, Cédulas de inválidos, 1881, n.° 123.

91Archivo del Registro Civil de Illapel, Libro de nacimientos, 1886, n.° 6 y 277; Archivo del Registro Civil de Valparaíso, Libro de nacimientos, 1893, n.° 69; 1905, n.° 3311.

92ARCS, Libro de nacimiento, 1888, n.° 457; Lei de Presupuestos de los Gastos Jenerales de la Administracion Pública de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1909, p. 43.

93ARCS, Libro de nacimientos, 1891, n.° 70.

94ARCS, Libro de nacimientos, 1890, n.° 1389; Lei de presupuestos…, op. cit., 1889, p. 46.

95Op., cit., 1894, n.° 573; Lei de presupuestos…, op. cit.,1909, p. 87.

96Op., cit., 1887, n.° 69; Memoria que el ministro., op. cit., 1887, p. 76.

97Op. cit., 1890, n.° 1027; Lei de presupuestos…, op. cit.,1909, p. 86.

98Estatutos de la Sociedad de Militares, Civiles y Veteranos del 79. 1886-1923, Copiapó, Imprenta “Progreso”, 1923, p. 10. La agrupación “obtuvo personería jurídica por Decreto Supremo n.° 2867 de 22 de Noviembre de 1893, desarrollando comprensiva y noble labor de cooperación social, de fraternidad, de civismo y culto por las instituciones y glorias épicas de la patria y de defensa y amparo de los derechos de los veteranos del Pacífico”. Publicación extraordinaria Atacama, Copiapó, Talleres Progreso, 1932, p. 162.

99Estatutos de la Sociedad de Inválidos Militares de La Serena i Coquimbo, La Serena, Imprenta de El Anunncio, 1888, p. 1.

100Estatutos reformados de la Sociedad de Socorros Mutuos “Veteranos del 79”, Valparaíso, Imprenta y Encuadernación Franco-Chilena, 1903, p. 2.

101Archivo Municipal de Concepción (en adelante AMC), Solicitudes y varios, 1898-1900, f. 284.

102AMC, Varios, 1899-1900, f. 423.

103Sociedad “Inválidos i Veteranos del 79” de Talca. Corona Fúnebre en homenaje a los señores Jefes i Oficiales del 79 cuyos restos fueron trasladados al Mausoleo Social el día de su inauguración, 24 de junio de 1904, Talca, Imprenta y Encuadernación de la Librería Nacional, 1905.

104El Industrial, Antofagasta, 6 de abril de 1900.

105Carlos Donoso, “Estado, elites y veteranos chilenos de la Guerra del Pacifico”, en Intus-Legere Historia, vol. 12, n.° 2, Viña del Mar, 2018, pp. 288-311.

106Pedro Arriaza, A la memoria de Pedro Joaquin Rojas Q., Santiago, Imprenta Las Artes Mecánicas, 1908, p. 6.

107ACM, Solicitudes y notas despachadas, 1901, fs. 126-127.

108Estatutos de la Sociedad Inválidos y Veteranos del 79 de Talca, arts. 1° y 7°. Se agradece a Roberto Zagal Ahumada por la facilitación de este documento inédito.

109Illanes, op. cit., p. 301.

110Estatutos de la Sociedad de Inválidos Militares de Santiago…, op. cit., pp. 7-9.

111El Mercurio, Santiago, 17 de mayo de 1902.

112Ángela Vergara, “Estado, trabajo y trabajadores”, en Iván Jaksić y Francisca Rengifo (eds.), Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo ii. Estado y sociedad, Santiago, Fondo de Cultura Económica / Universidad Adolfo Ibáñez, 2017, pp. 365-395.

113Cámara de Diputados, 78ᵃ sesión ordinaria, 29 de agosto de 1902. Cabe señalar que solo en 1905 el Estado concedió una subvención de $15 000 a la Sociedad Inválidos y Veteranos de la Guerra del Pacífico de Santiago. Al respecto, véase Lei de Presupuestos de los Gastos Jenerales de la Administracion Pública de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1905, p. 23.

114Sergio Grez, “Reglamentarios y doctrinarios, las alas rivales del Partido Democrático de Chile (1901-1908)”, en Cuadernos de Historia, n.° 37, Santiago, 2012, pp. 75-130. En algún momento antes de 1898, la Sociedad Inválidos Militares de Santiago cambió su nombrede Inválidos de la Guerra del 79 y Veteranos del Ejército.

115El Diario Ilustrado, Santiago, 27 de abril de 1902.

116Cámara de Diputados, 77ᵃ sesión extraordinaria, 6 de enero de 1902.

117Cámara de Diputados, 89ᵃ sesión extraordinaria, 14 de enero de 1902.

118El Nacional, Iquique, 24 de agosto de 1902.

119Carlos Méndez describe la conformación y objetivos de la Sociedad Defensores de Chile en 1879. Al respecto, indica: “esta organización agrupó a ex combatientes de la Guerra del Pacífico y de la Revolución del 91 y su preocupación esencial radicaba en otorgar un bienestar social a todos sus integrantes. La sede de esta organización funcionó por casi 50 años ininterrumpidamente en la calle Juárez 769 de Santiago”. Méndez, Héroes del silencio…, op. cit., p. 52. La agrupación fue fundada el 17 de junio de 1900, estando “compuesta de militares de todas jerarquías, capellanes, cirujanos y empleados civiles, que hicieron la campaña contra el Perú y Bolivia”. Los primeros objetivos eran la “ereccion de un monumento que recuerde y enaltezca las glorias del antiguo Ejército; construccion de un Cuartel en cada zona militar; ereccion de un mausoleo para depositar las cenizas de los héroes de la guerra y dar honrosa sepultura a los socios que fallezcan; fundacion de un Pensionado para los socios enfermos; creacion de bibliotecas populares, escuelas talleres y concesion de becas en los colejios públicos y particulares subvencionados por el Estado; cumplimiento de las leyes de recompensas al antiguo Ejército y promulgacion de otros que se encuentran en forma de proyectos en las secretarias de ambas Cámaras; institucion de una Caja de Ahorros o Seguro de vida para la proteccion mútua de los socios y sus familias; y finalmente, un fondo de socorros, formado por erogaciones particulares y destinado especialmente a la proteccion de las familias pobres de militares de la Guerra del Pacífico”. La Actualidad, Talca, 25 de julio de 1900.

120El Nacional, Iquique, 17 de octubre de 1903.

121El Atacama, Tierra Amarilla, 12 de noviembre de 1903.

122Pedro Félix Arriaza, Recompensas militares. Refutación al discurso pronunciado por el senador de Cautín señor Pedro Montt en el honorable Senado, en 19 de Enero de 1904, Santiago, Imprenta, Litografía y Encuadernación Chile, 1904, p. 4.

123La Sociedad Veteranos del 79 de Tarapacá fue fundada el 2 de septiembre de 1900 por 75 “entusiastas connacionales que hicieron la campaña de 1879”. El Nacional, Iquique, 4 de septiembre de 1900. Los estatutos de 1903 establecían que eran socios activos “todos los que hicieron la Campaña de Norte entre Febrero de mil ochocientos setenta y nueve hasta fines del ochenta y cuatro y que formaron parte del ejército de operaciones y de la Marina de Guerra […]. Los miembros que pertenecieron á la Intendencia Jeneral del Ejército […]. Los miembros de la Guardia Nacional movilizada y los tripulantes de transportes al servicio del Estado […]. Los miembros de las secciones de ambulancias, bagajes é injenieros […]. Los que formaron parte del personal político, civil y judicial; como Jefes Políticos, Capitanes de puerto, con mando civil Secretario y oficiales de pluma y estadísticos de esas oficinas, empleados de Aduana, Resguardos, Correos, Telégrafos, Ferrocarriles, Cajas Fiscales, Dataría Civil y Notarios; Jueces Letrados, Secretarios, Fiscales, Oficiales de Secretaria y Auxiliares de toda oficina Civil, política y militar”. Archivo Nacional de la Administración, Ministerio de Justicia, Oficios recibidos, 1903, n.° 80.

124La Lira Chilena, Santiago, 15 de enero de 1905. El Círculo de Jefes i Oficiales del Ejército i Marina Retirados fue fundado el 30 de abril de 1900. En un primer periodo, sus miembros eran abiertamente balmacedistas: “Organizada nuestra Sociedad […] por un grupo de viejos soldados y marinos, con el sano anhelo de dar respetabilidad y prestigio a los que, víctimas de un momento histórico, demasiado próximo para juzgarlos, habían visto frustradas sus aspiraciones profesionales y hasta perdidos los frutos ganados valientemente en los Campos de Batalla de la Guerra del Pacífico”. Memoria del Círculo de Oficiales Retirados y Liga Patriótica Militar, presentada a la Junta General de socios en 28 de diciembre de 1919, Santiago, Imprenta Universitaria, 1919, p. 3.

125El Mercurio, Santiago, 16 de enero de 1905.

126El Mercurio, Santiago, 30 de octubre de 1905. El proyecto de ley de Malaquías Concha sufriría una serie de modificaciones durante su discusión en la Cámara y en el Senado. La Ley de Recompensas Militares de 1906 concedió gratificaciones “en bono del Estado” a “los actuales sobrevivientes de la campaña del Perú” que “hubieren tomado parte en las acciones de guerra que por lei de la República han dado derecho a barras de oro o plata”. Para “computar el monto de la gratificacion que corresponda a cada uno” se debía multiplicar “el último sueldo de que hayan gozado ántes del 1° de Setiembre de 1884 por el número de barras” que ostentase el veterano”. Ley de Recompensas Militares, 19 de febrero de 1906. La ley fue un fracaso para la movilización de los inválidos y veteranos mutualizados. Pese a que los bonos serían entregados a 7 332 excombatientes, se dijo que estaban “depreciados” por “lo ínfimo del interés que producían” y que beneficiaban “únicamente a los acaparadores de títulos que los adquirieron a pan y huevo”. Meyerholz, op. cit., p. 45.

127Osvaldo López, Diccionario biográfico obrero de Chile, Santiago, Imprenta y Encuadernación Bellavista, 1912, p. 58.

128Ibid.

129Ibid. Domingo Galdames suscribió el mutuo hipotecario el 14 de abril de 1905, recibiendo $3 000 que debían ser pagados en seis meses con un interés del 10% anual que aumentaba a 15% en caso de mora. El veterano dejó en garantía “sus sitios i casas números dos i cuatro de Avenida Pedro Valdivia esquina de Providencia”. Archivo Nacional Histórico, Conservador de Bienes Raíces de Santiago (en adelante ANHBRS), vol. 198, f. 584. Sin embargo, la Sociedad Inválidos de la guerra del 79 i Veteranos del Ejército de Santiago, compró el 4 de marzo del mismo año, una propiedad a Ramón Díaz por $3 000 pagados al contado. ANHBRS, vol. 193, f. 290. Dos días después, se inscribió “un sitio i casas en la comuna de la Providencia” al mismo Díaz, por un valor de $38 000. Se pagaron $2 500 al contado y se acordó el resto del monto mediante 10 mensualidades de $1 250 y 4 de $5 750, a razón de un interés del 8% y la garantía “con hipoteca del predio”. ANHBRS, vol. 197, f. 346.

130El Mercurio, Santiago, 19 de septiembre de 1905.

131Sucesos, Valparaíso, 5 de julio de 1917.

132Grez, De la Regeneración del Pueblo…, op. cit., p. 693.

133Cámara de Diputados, 6ᵃ sesión extraordinaria, 4 de noviembre de 1905.

134El Mercurio, Santiago, 30 de octubre de 1905.

135Gonzalo Izquierdo, “Octubre de 1905. Un episodio en la historia social chilena”, en Historia, n.° 13, Santiago, 1976, pp. 93-96.

136Leed, op. cit., pp. 12-33.

137Víctor Turner, Dramas sociales y metáforas rituales, Ithaca, Cornell University Press, 1974. En un contexto de “drama social”, la “experiencia de guerra” habría producido una ruptura (brecha) en las relaciones cotidianas de la comunidad, interrumpiendo su desenvolvimiento. La extracción de un porcentaje importante de hombres y el traslado a nuevos espacios de desenvolvimiento, produjo una liminalidad que los apartó de la sociedad nacional, ubicándolos durante el reingreso en espacios marginales. Siguiendo estos preceptos, Eric Leed señala que la modificación del universo simbólico de los soldados creó identidades distanciadas del mundo civil y de las nociones de pasividad. Como experiencia discontinua, la vida de posguerra puede ser comparable con lo que la antropología ha entendido por rito de paso o de iniciación, el cual constituye una práctica de transformación y estructuración orientada a la diferenciación social. Al respecto, véase a Leed, op. cit., pp. 12-33.

138Rodrigo Díaz, “La vivencia en circulación. Una introducción a la antropología de la experiencia”, en Alteridades, n.° 13, Iztapalapa, 1997, pp. 5-15.

139Alexandre Lafon, “Être camarade. Identité(s) et liens de sociabilité dans l'armée francaise (1914-1918)”, in François Boujoc, Remy Cazals et André Loez (eds.), Identités troublées. 1914-1918. Les appartenances sociales et nationales à l’épreuve de la guerre, Toulouse, Éditions Privat, 2011, pp. 33-46.

140Stephanie Wright, “Los mutilados de Franco: el Benemérito Cuerpo y la política social en la España franquista”, en Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 5, Teruel, 2016, pp. 75-92.

141Gilberto Giménez, “Modernización, cultura e identidades tradicionales en México”, en Revista Mexicana de Sociología, n.° 56, Ciudad de México, 1994, p. 261.

142Antoine Prost, “Combattants et politiciens: le discours mythologique sur la politique entre les deux guerres”, in Le mouvement social, n.° 83, Paris, 1973, pp. 117-154.

143Piotr Sztompka, Sociología del cambio social, Madrid, Alianza, 1995, pp. 239-245. Sostiene: “la praxis es donde se encuentran el funcionamiento y la acción; una síntesis dialéctica de lo que ocurre en una sociedad y de lo que hace la gente. Representa la confluencia de estructuras en funcionamiento (en el nivel de las totalidades) y el curso de las acciones acometidas por los miembros societales (en el nivel de las individualidades)”, op. cit., p. 243.

144Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2007, p. 210.

145Yves Déloye, Sociología histórica de lo político, Santiago, LOM Ediciones, 2004.

146El Ferrocarril, Arica, 7 de junio de 1916.

Recibido: Noviembre de 2018; Aprobado: Abril de 2019

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