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Chungará (Arica)

versión On-line ISSN 0717-7356

Chungará (Arica) v.36  supl.espect2 Arica sep. 2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562004000400021 

 

Volumen Especial, 2004. Páginas 799-811
Chungara, Revista de Antropología Chilena

 

EL LIDERAZGO ÉTNICO EN ATACAMA, ALTOS DE ARICA, TACNA Y TARATA (SIGLO XVIII)

 

Jorge Hidalgo Lehuedé* y Nelson Castro Flores**

* Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, Santiago. Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto, Universidad de Tarapacá, Arica. hidalgol@uch.cl
** Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso. 1 Oriente Nº 41, Viña del Mar. nelson.castro@uv.cl


En este artículo realizamos un análisis comparado de las dinámicas y transformaciones que experimentó el liderazgo étnico de los cacicazgos de Atacama, Codpa, Altos de Arica, Tacna y Tarata, durante el siglo XVIII. Sostenemos, además, que las dinámicas del liderazgo étnico se ajustaron, más que a proyectos comunitarios, a estrategias familiares. Estas últimas debieron enfrentarse a condiciones sociales de posibilidad en las que se entremezclaron las limitaciones, las demandas y las oportunidades que les ofrecía el campo social colonial.

Palabras claves: Cacicazgos, memoria, estrategias familiares, etnohistoria colonial.


In this article we will realice a comparative analysis of the dynamic and transformations that experienced the ethnic leadership of the Atacama, Codpa, Tacna and Tarata chiefdom, during 18th century. We support, beside, that the ethnic leadership dynamics adjusted more to a family strategy than a communitary project. This family strategy should face a social conditions of possibilities, just a mixture of limitation, demands and opportunities that the colonial society offer them.

Key words: Chiefdom, memory, family strategy, colonial ethnohistory.


 

En las últimas décadas del siglo XVII, el virrey Duque de la Palata inició un proceso de control y sujeción de la dispersa población indígena. Tal proceso implicaba la puesta en escena de dispositivos más eficaces que obligaran a los indios a vivir en un régimen de concierto y policía, que permitiera también obtener una suficiente mano de obra para las mitas y que agilizara el cobro de los tributos y demás obligaciones fiscales. No obstante haber fracasado, la estrategia del Duque de la Palata, al insistir en la reestructuración del sistema de reducción, y el lugar que ocupaban en él las autoridades indígenas, pudo haber incidido en la rearticulación del liderazgo étnico, especialmente en aquellas regiones en las que la permanencia de un liderazgo étnico era inexistente o de fechas muy recientes. A lo que se sumaba, por el mismo período, la publicación de la legislación de Indias que garantizaba, entre otras cuestiones, los privilegios de caciques y, por esta vía, generaba el sentido de pertenencia de los mismos (y de sus familias) a una élite con privilegios otorgados por "derechos de sangre".

A partir de esas coyunturas, es posible aproximarse a la dinámica que tuvo el liderazgo étnico en nuestra área de estudio, en los inicios del siglo XVIII. Durante gran parte de dicho siglo, miembros de las familias más prominentes de los pueblos de los altos de Arica, Tarata, Tacna, Pica y Atacama produjeron una inusitada documentación para alegar y legitimar la posesión de los respectivos cacicazgos. Ellos contaban con importantes redes de alianzas que involucraban a principales indígenas y a notables españoles (incluidos curas y corregidores), además de una cierta fortuna y un prestigio acumulado, ya sea personal o familiarmente (o por algún antepasado), a lo que se agregaba una extremada habilidad para desenvolverse por los laberintos de la burocracia colonial. Ellos mismos se reconocían como indios nobles, pertenecientes a casas que, por sangre y otras circunstancias que adornaban sus memorias, tenían derechos incuestionables a la posesión de los cacicazgos. Además, sus memorias familiares pugnaron por presentarse como "la" memoria del cacicazgo.

De la Nominación a la Sucesión: El Cacicazgo de Atacama

Hasta la década de 1750, el liderazgo étnico atacameño había sido incapaz de contrarrestar la enorme influencia que los corregidores tenían en la nominación de caciques gobernadores (Hidalgo 1984; Hidalgo y Castro 1997, 1998). Hacia 1757, un miembro de familia principal intentó pretextar un derecho sucesorio, pero no contó con el apoyo de ningún miembro de las familias principales de Atacama. Sin embargo, esa situación variará enormemente en la década de 1760.

La relación que tuvieron por largos períodos algunas familias en el ejercicio de cargos de autoridad indígena fue generando, entre ellos, la percepción de ennoblecimiento de sus casas. Premunidos de una investidura que mezclaba la sangre noble, el prestigio y la fortuna de la casa y un fuerte sentido del honor, algunas familias intentaron sobrepasar el marco estrecho de la denominación del cacique para imponer un derecho de sucesión. Se trató de inventar una memoria que, restableciendo una línea genealógica, legitimara sus derechos al cacicazgo con independencia de los deseos de las autoridades españolas.

Ese fue el caso de la familia Ramos, miembros del ayllo Solo, quienes, desde las últimas décadas de 1683, ocuparon diversas funciones en el cacicazgo de Atacama. Nicolás Ramos, muy probablemente el hijo del cacique Martín Lorenzo que aparece en la revisita de 1683, fue nombrado, por el corregidor, cacique del ayllo Solo y gobernador de San Pedro. Con anterioridad a su designación, el cargo había sido ocupado, sucesivamente, por Pedro Andrés y Martín León. Este último tenía estrechos lazos de parentesco con Nicolás Ramos. Hacia la década de 1750, Juan Esteban Ramos, hijo de don Nicolás Ramos, cumplió una serie de tareas políticas como pregonero de la visita de 1751, como cobrador de tributos y como cacique del ayllo Solo. Esas funciones lo llevaron a desplazarse por el extenso territorio de la provincia, e incluso en las provincias vecinas donde se asentaban tributarios originarios de Atacama: Toconao, Salta, El Ingenio, entre otros lugares. En cada una de aquellas funciones contó con el respaldo y la confianza del cacique principal del ayllo Solo y del corregidor Manuel Fernández Valdivieso.

Hay un hecho en el que brevemente debemos reparar. La carrera de Juan Esteban Ramos aparece asociada a dos controvertidos personajes. El corregidor Manuel Fernández Valdivieso fue fuertemente resistido por un importante sector de la comunidad atacameña llegando a entablarle un juicio ante la Real Audiencia. Fernández Valdivieso trató de extirpar a los curanderos atacameños bajo el pretexto de brujerías e impuso un fuerte control sobre la comunidad atacameña (Hidalgo y Castro 1997; Castro e Hidalgo 1999). El cacique de Solo, el mestizo Pascual Isidro Sandón, fue acusado por Pedro Sebastián, hijo del cacique Pedro Andrés, de haberle usurpado el cargo de cacique que le correspondía por herencia y de usufructuar las tierras que legítimamente les pertenecían a él y a sus hermanos. Sus pretensiones fueron desmentidas por el testimonio del hijo del cacique que había sucedido a Pedro Andrés. Éste sostuvo que la sucesión al cacicazgo no era por herencia, sino que, desde tiempos inmemoriales, los corregidores habían designado a los caciques. Esto fue suficiente para que la Real Audiencia reprendiera a Pedro Sebastián y le prohibiera entablar un juicio similar. El testigo era primo de Juan Esteban Ramos, cacique del ayllo Solo y cuyo principal era el mestizo Pascual Sandón. Recordemos que Pedro Sebastián había encabezado las acusaciones contra el corregidor Fernández Valdivieso, por lo que, en la oposición a sus pretensiones al cacicazgo, se mezcló la animadversión del antiguo corregidor Fernández Valdivieso (Hidalgo y Castro 1997, 1999) y el recelo de los Ramos que el cacicazgo pasara a otra familia. Si las pretensiones de Pedro Sebastián hubieran sido confirmadas por la Real Audiencia los Ramos no habrían podido alegar, posteriormente, ningún derecho al cacicazgo por vía de sucesión hereditaria.

Hacia 1769, la muerte de don Juan Esteban Ramos llevó a su primogénito, don Pablo Ramos, a la sucesión del cacicazgo contando con la "exclamacion de todo el pueblo". Durante cuatro años Pablo Ramos ejerció el cargo de cacique, pero "impedimentos de acsidentes" lo llevaron a "sobreseer en dicho empleo transfiriéndole mi derecho a mi hermano menor don Agustín Victorio Ramos" (ANB, E 1781, foja 1r). A éste le tocó enfrentar los ataques del corregidor Argumaniz que tenían por propósito socavar el prestigio y el predominio de los Ramos. Ante esas amenazas, el cacique Agustín Victorio Ramos se vio obligado a señalar, en un escrito enviado a la Real Audiencia, su notoria descendencia de caciques principales y gobernadores, conforme a la Real Audiencia y al Virrey (ANB, E 1774, Nº 95, foja 1r). Situación que era imperiosa remarcar, pues el corregidor intentaba "sacar a uno de sus parciales amedrentando con esto a todos los que por derecho de sangre tenemos que hazer nuestra oposision" (ANB, E 1774, Nº 95, foja 1v). Argumento que, nuevamente, volverá a esgrimir, tras el fallecimiento de su hermano Agustín Ramos, el renunciado primogénito Juan Pablo Ramos, "por ser acreedor de mejor derecho que ninguno de otros principales por sangre noble y otras circunstancias que adornan toda mi familia" (ANB, E 1781, Nº 7, foja 1v). Don Juan Esteban Ramos no consideró necesario señalar, ante la Real Audiencia, cuáles eran las circunstancias que adornaban la historia de su familia, probablemente porque estas no eran del interés del poder regional, pero su sola mención permite sostener que aquellas estaban lo suficientemente extendidas como para formar parte del saber público que circulaba oralmente entre los naturales.

Este intento de destituir al cacique Agustín Ramos no resultaba novedoso. En otras ocasiones, los Ramos se habían enfrentado a los intentos del corregidor por "destruir a toda mi familia". Había depuesto al primogénito, quien había asumido el cargo de forma interina tras el fallecimiento del padre, "sin mas merito que la enemiga que nos profesa", vejándolo, al colocarlo en el padrón de los indios tributarios, con la consecuente obligación de pagar tributo como si fuera un indio del común. Curiosamente, esta descripción de las circunstancias que acompañaron al alejamiento de don Pablo Ramos no coincide con las que el propio primogénito de la familia entregó, años más tarde, en un documento al que ya hemos hecho referencia. En el mencionado documento, don Pablo Ramos sostiene haber confiado a su hermano menor la posesión del cacicazgo que había heredado de su padre y con la aclamación de todo el pueblo. La disparidad de opiniones que se expresan se comprende a partir de los propósitos que tenían ambos documentos. El documento de don Agustín Ramos estaba destinado a denunciar la ostensible hostilidad que el corregidor había mostrado hacia la familia Ramos "sin omitir para esto lo mas perniciosos medios, con raro artificio, y sobrada malicia", "no siendo tolerable el que a costa de mi deshonor consiga dicho corregidor su desproporcionado proyecto". Las actuaciones del corregidor fueron consideradas por el cacique como una afrenta al honor familiar y, precisamente, es este deshonor el que puede llevar a la destrucción de la familia. La imagen del primogénito destituido y reducido a la condición de tributario es parte de una retórica que, en tanto imagen, produce un efecto persuasivo. En el caso del documento presentado por don Pablo Ramos, fechado en 1781, este tiene por objetivo reclamar para sí el cargo de cacique dejado por su difunto hermano. Como todos los documentos de su tipo, el documento trata de expresar claramente el derecho que le asiste a don Pablo Ramos en su doble condición de heredero, pues lo fue, por derecho, de su padre y, también por derecho, de su hermano menor. Pero también trata de introducir un juicio sobre su anterior desempeño como cacique "dentre a la subsecion de aquel casicasgo y gobierno, y lo obtuve quatro años y meses desempeñando el cargo (como es publico y notorio en aquella provincia) con toda puresa y aplicación al Real Servicio". Su controvertida destitución es sacada, de modo de no entorpecer sus pretensiones para ocupar el cargo de cacique, deslizando, a renglón seguido, que "por mis lexitimos impedimentos de acsidentes me fue presiso sobreseer en dicho empleo transfiriendole mi derecho a mi hermano". Con esto don Pablo Ramos trataba de posicionarse y de responder a los rumores, que circulaban entre algunos miembros de la comunidad, sobre su incapacidad para ejercer el cargo. Rumores que fueron recogidos, por el corregidor Andrés Estevez, en el informe que emitió, hacia 1781, sobre Pablo Ramos. Aunque le reconocía el derecho que alegaba, e incluso el apoyo que le profesaba la mayor parte del común de indios, el corregidor, apoyado "por sujeto de verdad", lo calificó como un sujeto destituido de bienes y falto de aplicación para el desempeño del empleo (ANB, E 1781, Nº 7, foja 8v).

El análisis que hasta aquí hemos desarrollado ilustra suficientemente los esfuerzos de la familia Ramos por fortalecer una estrategia familiar de predominio y prestigio frente a las familias principales de la nobleza atacameña. Es posible que los dichos que el corregidor Andrés Estévez reprodujo de un "sujeto de verdad", que mantuvo en el anonimato, haya correspondido a la opinión de otros principales interesados en el cargo o de algún indio del común. En el documento de Agustín Ramos, resulta evidente su rechazo a las intenciones del corregidor Argumaniz de colocar, en el cargo de cacique, a un indio que no poseía derecho de sangre. Por el contrario, consideraba legítimo que este cargo fuese disputado por otros miembros de familias principales que compartían con él el mismo derecho. Respecto de esto último, los juicios de Pablo Ramos comportan un matiz: "por ser acreedor de mejor derecho que ninguno de otros principales por sangre noble y otras circunstancias que adorna toda mi familia". Tal vez esta acentuación tiene por objetivo desestimar a potenciales rivales (de las familias principales) que hasta aquí habían permanecido pasivos frente al prestigio logrado por el cacique Agustín Ramos. Pero estas sospechas pudieron estar infundadas, pues ningún pretendiente se presentó "berbalmente ni por escrito" y el propio Pablo Ramos no dio información alguna sobre el derecho que le asistía. Siguiendo los procedimientos de las ordenanzas, el corregidor elaboró una terna en la que incluyó al propio Ramos; sin embargo, respaldó a los dos primeros candidatos. Curiosamente, los dos candidatos pertenecían a familias principales de Atacama. A pesar del juicio adverso, que el corregidor recogió sobre Pablo Ramos, se vio obligado a reconocer que éste tenía un fuerte respaldo en el común de indios.

A pesar de las presiones de los corregidores, la familia Ramos pudo combinar una serie de tácticas de resistencia, entre las cuales, la lucha por las palabras tuvo por efecto, más notorio, la producción de una memoria familiar que contrarrestó, durante un buen tiempo, cualquier intento de deslegitimación. Aunque estuvo lo suficientemente adornada como para tener el apoyo del común de indios, incluso en los momentos que eclipsaba la influencia de los Ramos, en su contra jugó la ausencia de una fortuna familiar que les permitiera urdir con mejores hilos la trama de su memoria.

Memoria y Comunidad Imaginada: El Cacicazgo de los Altos de Arica

Hacia fines del siglo XVII, los pueblos y repartimientos de indios, que se encontraban esparcidos por los altos de Arica, no contaban con una estructura de gobierno y cacicazgo que los rigiese y sujetase (Durston e Hidalgo 1997; Hidalgo y Durston 1998). No obstante, Codpa era gobernado por don Juan Buitron de Azango y el valle de Churiña, por don Andrés Pérez Limachi. Pero debió tratarse de principales indígenas que no contaban con los títulos correspondientes como para hacerlos valer, años más tarde, cuando un cacique cobrador reclamó la posesión de dichos pueblos y repartimientos.

En 1699, don Joseph Cañipa tomó a su cargo el cobro de tasas y tributos. Pertenecía a una antigua familia de caciques cobradores que, durante tres generaciones, había desempeñado dichas funciones. Esta situación era suficiente como para pretextar mayores privilegios, considerando que las localidades de los altos de Arica no reconocían ningún tipo de estructura cacical que las unificara. En 1702, don Joseph Cañipa, principal y cobrador de tasas del pueblo y repartimiento de Lluta, Umagata y Codpa, solicitó se le entregase la posesión de los pueblos y valles de Lluta, Umagata, Azapa, Socoroma, Codpa, y demás pueblos y repartimientos de los altos. Los indios de dichas localidades, según lo declaraba Cañipa, se encontraban sin personas que los rigiesen ni gobernasen, lo que repercutía no sólo en los perjuicios que experimentaban, sino que, sobre todo, en la falta de defensa y de alivio ante los perjuicios hechos por "algunas personas fiadas en que no tenian gouernador que les patrosinase" (ANCH, Notariales de Arica, 13, foja 182r-v). Remediar esta situación era obligatoria para el descargo de la conciencia real. Habida cuenta, que el poder real reconociese en don Joseph Cañipa a la legítima autoridad que pusiera atajo a los atropellos. En la relación, don Joseph Cañipa se presentaba como bisnieto de don Diego Cañipa, nieto de Phelipe Cañipa e hijo de don Diego Cañipa, todos ellos caciques y gobernadores que fueron de los altos de Arica. Aunque, en estricto rigor, su padre nunca ejerció tal cargo "por haber fallesido mozo sin haver cumplido la edad competente para governar a poco tiempo de casado dexando al suplicante por ser lexitimo y unico de muy tierna hedad" (ANCH, Notariales de Arica, 13, foja 177r). Pero la mención al padre resultaba imprescindible para restablecer la línea genealógica y los no menos importantes detalles de haber sido concebido en matrimonio y ser hijo único y legítimo. Sin embargo, esta era una cuestión que difícilmente podía probar, pues carecía de los papeles y testimonios suficientes. Pero sí podía hacer constar algunos hechos que justificaran, sobradamente, sus pretensiones. En la relación, don Joseph Cañipa describe el estado de indefensión en que se encontraban los indios debido a la falta de gobierno y patrocinio, señalando, a renglón seguido, que los propios indios le instaron a solicitar el gobierno de los altos de Arica. Además, había ejercido el cargo de cacique cobrador con calificada habilidad, capacidad y astucia, sirviéndolo con la "aprouasion de sus superiores y aclamasion de sus subditos" (ANCH, Notariales de Arica, 13, foja 177r). Esta breve descripción resultaba imprescindible para un cacique principal que no podía justificar, suficientemente, los pretendidos derechos sucesorios.

Junto con requerir el reconocimiento pleno de la autoridad superior "para continuar con mas justo y lexitimo titulo", don Joseph Cañipa precisaba aumentar sus propios ingresos, pues, desde que tenía el cargo, sólo gozaba de la mitad del sueldo y del beneficio de chacras, que eran insuficientes para solventar los gastos por "el summo trauaxo que tiene el gouernador de dichos repartimientos y la recaudacion de los tributos por componerse de muchos pueblos a mucha distanzia y de muy asperos caminos" (ANCH, Notariales de Arica, 13, foja 178v).

Habiendo hecho su relación, don Joseph Cañipa solicitó se le nombrase en la terna que disputaría la posesión del cacicazgo. Para lo cual contaba con el apoyo del corregidor de Arica, quien lo colocó en primer lugar, calificándolo como un sujeto "idoneo y suficiente"; en segundo y tercer lugar fueron colocados los gobernadores Diego Pérez Limachi y don Juan de Azango, quienes fueron calificados como sujetos "de menos yntelingencias" (ANCH, Notariales de Arica, 13, foja 183r). Una vez resuelta la oposición, en favor de don Joseph Cañipa, había que esperar las presentaciones de los otros dos opositores. Ni don Diego Pérez ni don Juan de Azango pudieron mostrar títulos del superior gobierno por lo que debieron dejar el cargo de gobernador que hasta entonces habían ostentado. El 3 de junio de 1702, en el valle de Codpa, el corregidor dio a don Joseph Cañipa la posesión real y corporal del gobierno y cacicazgo de Codpa, entregándole el bastón de mando, siendo reconocido por los alcaldes y principales (ANCH, Notariales de Arica, 13, foja188r). No obstante este reconocimiento, aún quedaba pendiente el reconocimiento de los derechos sucesorios que pretextaba don Joseph Cañipa. Años más tarde, hacia 1714, Joseph Cañipa volvería a insistir sobre este punto en una relación dirigida por el protector de naturales al corregidor de Arica. La ocasión la dio el sorpresivo hallazgo de unos "papales antiguos de su casa por donde consta ser lexitimo gouernado de los referidos pueblos por aber sido perpetuamente sus azsendientes", pero en ellos faltaban las fe de bautismo y algún testamento que lo declararan legítimo descendiente de don Diego Cañipa (ANCH, Notariales de Arica, 13, fojas 190r-v). Ante lo cual se procedió a solicitar testigos que apoyasen las declaraciones de don Joseph Cañipa. Éste presentó a cuatro testigos: Pedro Samba, indio natural y originario del pueblo de Tocoroma y residente en él, de edad de 80 años; Francisco Meriño, indio natural de Tocoroma, residente en Arica y avencindado en Umagata, de edad de 70 años; Andrés Chinchi, indio natural y originario de Umagata, de edad de 60 años; Sebastian Chiri, indio natural y originario del pueblo de Socoroma, de edad de 50 años. La mujer de este último era prima segunda de don Joseph Cañipa. Cada uno de ellos respaldó la relación de don Joseph Cañipa y dijeron haber conocido o tener noticia que el bisabuelo y el abuelo de don Joseph Cañipa fueron caciques de los altos de Arica; además, confirmaron el hecho que don Jospeh Cañipa era el hijo legítimo de don Diego Cañipa; quien había fallecido sin ejercer el cargo, pero que, en todo caso, le correspondía a su hijo legítimo y único. Con estas favorables declaraciones, Cañipa podía exigir sus derechos sucesorios, pues los "cuatro testigos que son los que por su edad an podido dezir en rason de lo que pretendo probar y respecto de no hauer otros de mas edad ni que puedan ablar con mayor fundamento ni tener otros algunos que presentar" (ANCH, Notariales de Arica, 13, foja 200v).

El 22 de octubre de 1715 el Superior Gobierno entregó la posesión de dicho gobierno y cacicazgo, otorgando a Cañipa el pago de trescientos pesos y el beneficio total de chácaras que debía tener en su calidad de cacique. Meses más tarde, solicitó se le diese el reconocimiento ritual acostumbrado. Don Joseph Cañipa fue sentado en la tiana dispuesta en la plaza pública, haciéndose reconocer como cacique por los alcaldes y principales sin que hubiese oposición alguna (ANCH, Fondo Notarial Arica, 13, foja 208r). Sin lugar a dudas, este ritual no sólo vino a consolidar la autoridad de Joseph Cañipa, sino que le otorgó facticidad a su genealogía y a su memoria familiar, además de un instrumento eficaz para sobreponerse a intentos posteriores de deslegitimación (Hidalgo y Durston 1998).

Cacicazgo de Tarata

En los primeros años del siglo XVIII, los miembros de las familias Copaja y Ticona-Ninaja iniciaron un acelerado y controvertido pleito por los derechos sucesorios del cacicazgo de Tarata. Fue una disputa que involucró a corregidores, principales e indios del común, en una escena cruzada por ocultos intereses familiares, políticos y étnicos. La ocasión la dio un sucinto memorial dirigido por el joven principal don Felipe Copaja, a la Real Audiencia de Lima, en el que alegaba su mejor derecho al cacicazgo de Tarata. Se representaba como hijo legítimo y mayor de don Felipe Copaja y de doña María Percajeñe y nieto de don Gerónimo Copaja y de doña María Molle, filiación que le aseguraba el entronque con una genealogía de "caziques principales y gobernadores lejitimos del pueblo de Tarata distrito de la ciudad de Arica susediendose por linea rescta de varon" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 4v). Tras la presentación, se ordenó realizar las diligencias correspondientes a las sucesiones de hijos de cacique. El 22 de junio de 1703, el virrey Melchor Porto Carrero Laso de la Vega confirió el cargo de cacique interino a don Felipe Copaja, asignándole la mitad del salario, servicio y beneficio de chacras. Mientras tanto se desarrolló la averiguación sobre los derechos del cacicazgo.

En estas diligencias, había sido fundamental el apoyo otorgado por Juan de Mur, corregidor de Arica, a la familia Copaja. Apoyo que le permitió obtener las declaraciones favorables de "parientes y aliados" y amedrentar a don Roque Ticona Ninaja, además de neutralizar a don Juan Chiri, quien contaba con los papeles suficientes para alegar los derechos al cacicazgo. Don Felipe Copaja fue respaldado por "los yndios antiguos", cuyas declaraciones habían sido tomadas por el corregidor Juan de Mur. Posteriormente, el mismo corregidor sostiene que dichos testigos fueron forzados por Felipe Copaja a reconocerle derechos que no le correspondían "por ser de origen forasteros" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 9r). No es fácil reconstruir los motivos que tuvo el corregidor para quitarle el apoyo a don Felipe Copaja. En la misma carta que envía a la Real Audiencia, informando de la ilegitimidad de don Felipe Copaja, él sostiene que "no tiene [Felipe Copaja] ni capa que ponerse que si no le ubiera dado yo la que deba no la tubiera" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 9v). Dejando deslizar, de este modo, una cierta relación y apoyo, por parte del corregidor, a la familia Copaja. Consideremos que los Copaja habían tenido ya un pleito con doña Isabel Téllez, madre de don Roque Ticona Ninaja. Una relación de don Roque Ticona confirma este apoyo no confesado del corregidor Juan de Mur (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 14v).

¿Por qué los Copaja, de forma tan repentina, se vieron desprovistos del apoyo que, según sus oponentes, alardeaban tener del corregidor? En las presentaciones de don Felipe Copaja no hay una sola mención de las circunstancias descritas por don Roque Ticona. Sin embargo, el propio corregidor entrega unos datos que requieren de una mayor atención. Don Juan de Mur informaba, en carta fechada el 10 de junio de 1703, que el gobernador Felipe Copaja y su hijo se habían ausentado de Tarata llevándose la plata de los reales tributos, no quedando quien recaudase los restantes haberes reales. En la misma carta, informaba que las informaciones obtenidas por Felipe Copaja eran fraudulentas y contra él pesaban muchas quejas, "es mui ynquieto, con mujeres y desaoga en castigar a los viejos a las viejas" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 9v). Pero estas son cuestiones accesorias, porque lo que preocupaba al corregidor era el retraso que él tenía en el pago de las tasas. Él trató de responsabilizar a los Copaja de dicho retraso, señalando que se habían ausentado sin su licencia llevándose la plata de los reales tributos "para sus pleitos", suplicando al virrey que "se asegure la plata de las tasas de Tarata" por cuanto "a mi señor me hazan [sic]cargo de [e]stas tasas". En otras palabras, era un modo de excusarse por la demora en el envío de los dineros a las cajas reales y de defensa ante una posible destitución y encarcelamiento que conllevaba dicho incumplimiento.

A pesar que el corregidor se vio obligado a reconocer que don Roque Ticona era el más adecuado para ejercer el cargo, sostuvo que sobre don Juan Chiri o su hijo recaía el derecho legítimo, por estar en posesión del título de gobernador de Tarata por más de cien años, de acuerdo a lo que él recordaba (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 9v). Así como el corregidor había manipulado la oposición entre Copajas y Ticonas, ambas familias prominentes de la parcialidad lupaqa, favoreciendo a los primeros, también explotó las diferencias que había entre dicha parcialidad y la minoría yunga. Pues, el mencionado don Juan Chiri era el principal y gobernador de la parcialidad yunga que se encontraba reducida en el pueblo de Tarata (Hidalgo 1997). Su nominación como cacique gobernador de la reducción de Tarata bien podía corresponder a una alianza entre el corregidor y la minoría yunga, al mismo tiempo, que expresaba los anhelos de una parcialidad que había sido sometida al control de la parcialidad lupaqa.

Sin embargo, el informe del corregidor, en el que descalificaba a don Felipe Copaja, se convirtió en un fuerte apoyo para las pretensiones de don Roque Ticona de recuperar el cacicazgo y gobierno de Tarata. El 12 de octubre de 1703, a través del protector de naturales, denunciaba y acusaba a don Felipe Copaja de "intruso" y de estar en "tirania posesion", pues había intentado el derecho al cacicazgo con "informe falso", ocultando el hecho que su padre y hermano mayor estaban vivos y el gravísimo hecho de descender los Copaja de "línea vastarda" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 2r). La distinguida genealogía que don Roque Ticona presentó era la mejor prueba que tenía para solicitar legítimamente la sucesión del Gobierno de Tarata. Era un derecho que le correspondía "desde tiempo ymemorable", con una profundidad de ciento cuarenta, según consta en la genealogía presentada como prueba (ANCH, Fondo Judical Arica, legajo 40, pieza 3, fojas 15v-16r). Junto con esta genealogía, don Roque Ticona podía señalar otros "lugares de memoria", como era la posesión que su madre y hermano tenían de las tierras y casas que eran "de los casiques de dicho pueblo lo qual no pasa con los Copajas por no ser lejitimos casiques sino yntrusos en el gobierno" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 15r). Esto fue lo suficientemente persuasivo como para que el Superior Gobierno decretase, el 17 de marzo de 1705, el reconocimiento de don Roque Ticona como cacique y gobernador de la parcialidad lupaqa, concediéndole, además, "lisencia para que os podais sentar y senteis en en duo [sic]y tiana sin permitir ni consentir que otra persona alguna se siente en ella sin especial orden deste Gobierno Superior" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 18v-19r).

Con la posesión del cacicazgo, don Roque Ticona Ninaja y Ali restablecía el predominio político de su familia en el interior de la parcialidad lupaqa y en el cacicazgo de Tarata, deslegitimando, de este modo, las pretensiones de la familia Copaja y neutralizando, al mismo tiempo, el intento de los yunga por acceder al gobierno de la reducción de Tarata. No obstante, la presencia de los Chiri le aseguraba a la parcialidad yunga una cierta autonomía política que, sin embargo, perderían años más tarde (Hidalgo 1997). Precisamente, en 1715, el corregidor Juan Joseph de Obejas representaba al virrey la necesidad de nombrar gobernador de la parcialidad yunga para la cobranza de los tributos. El cargo hacía ya muchos años que se encontraba vacante, "porque tambien no ai susesor ni ereditario a quien competa este empleo de los ultimos que lo poseieron" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 23r). El corregidor proponía que dicho cargo fuese asumido por don Roque Ticona, cacique principal y gobernador de Tarata, propuesta que fue confirmada por el virrey. La posesión se realizó ante la presencia de los principales ilacatas, de los alcaldes y del común de indios de la parcialidad yunga, no sin que hubiese cierta resistencia de algunos indios de la parcialidad, lo que no pasó de ser un hecho marginal (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 24v). Esto último expresaría la pérdida de un cierto sentido de pertenencia, en la parcialidad yunga, que habría sido alentado por la desaparición de una estructura de autoridad que les había asegurado una cierta autonomía y diferenciación respecto de la predominante parcialidad lupaqa.

Pero las disputas por el cacicazgo volvieron a surgir entre las familias de la parcialidad lupaqa. En la década de 1730, los herederos de don Roque Ticona y los miembros de la familia Copaja reiniciarían un largo juicio por los derechos de sucesión. Don Roque Ticona había nombrado como heredero a su nieto Estanislao Valdivia; pero, como era menor de edad, su padre, Juan de Valdivia, asumió el cargo de cacique interino (Cúneo-Vidal 1977). Juan de Valdivia asumió el cargo el 16 de agosto de 1733, con la fuerte oposición de don Lorenzo Copaja y Ninaja, hijo de don Felipe Copaja. En 1738 aquél logró que el protector de naturales le hiciese un informe favorable en el que se trataba, por una parte, de legitimar la descendencia de los Copaja y, por otra, de denostar al cacique interino, acusándolo de maltratos y de ser de naturaleza mestiza, razón por la cual no podía ser cacique ni mandar sobre los indios (Cúneo-Vidal 1977). Don Juan de Valdivia fue destituido del cargo de cacique. Sin embargo, el corregidor don Thomas Bocardo, en documento fechado el 4 de marzo de 1739, ante la destitución de don Juan de Valdivia, nombró como cacique interino a don Diego Copaja, por ser descendiente legítimo de los caciques y gobernadores del pueblo de Tarata (ANCH, Fondo Judicial Ariva, legajo 40, pieza 3, foja 35v). En esta empresa don Diego Copaja había contado con el apoyo favorable de don Thomas Quintanilla, cura y vicario de Tarata. A pesar que su familia se había opuesto a la nominación de don Roque Ticona como cacique de Tarata, su matrimonio con una hija de Ticona pudo corresponder a una alianza entre los Ticona y el primogénito Copaja. Recordemos que éste se había visto afectado en su derecho cuando su hermano Felipe Copaja se había opuesto a don Roque Ticona, pretendiendo la sucesión del cacicazgo. El matrimonio con una hija legítima de don Roque Ticona, sumado al descrédito de la familia Valdivia Ticona, le permitió a don Diego Copaja un mayor fondo de legitimidad que se vio acrecentado con la nominación como cacique interino.

No obstante, don Lorenzo Copaja llevó el caso a la Real Audiencia amparándose en el hecho que, tras la muerte de don Roque Ticona, había sido aclamado por los principales y el común de indios como gobernador de ambos pueblos y, además, haber contado con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y políticas (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 31r). Todo parece indicar que don Lorenzo Copaja obtuvo el cargo de cacique de Tarata, pues en 1748, don Diego Copaja representaba su mejor derecho al cacicazgo. Solicitaba que se suspendiera la posesión del cacicazgo hasta que se comprobase la legitimidad de su reclamo, pues, de mantenerse don Lorenzo Copaja en dicho cargo "con la autoridad del mando me sera de notablicimo embaraso para probar mi derecho por el grande balimiento y sequito que tiene y por el respeto y autoridad que concilia el mando no abra quien aviertamente quiera declarar la verdad a fabor de mi derecho" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 29v). En respuesta al escrito de don Diego Copaja, don Lorenzo Copaja y Ninaja volvió a sostener el derecho que le asistía y pidió al corregidor se le diera la posesión del cargo, sin perjuicio que don Diego Copaja alegara sus pretensiones ante la Real Audiencia.

Como una manera de contrarrestar el embarazo, que la solicitud de don Diego Copaja colocaba a las pretensiones de Lorenzo Copaja, rápidamente los indios principales volvieron a prestar su apoyo a este último. Ya lo habían hecho anteriormente, al pedir y aclamar a don Lorenzo Copaja como sucesor al cacicazgo. En una solicitud presentada al corregidor, don Juan Velasco, don Lucas Piguaicho, don Juan Bautista Ali "y todos los demas principales", aunque reconocían el mejor derecho de don Diego Copaja, sin embargo, no le reconocían aptitud, ánimo ni habilidad alguna para ejercer un cargo que "como padre de minores nos deve atender y mandar", por lo que solicitaban se le diera la posesión del cacicazgo a don Lorenzo Copaja "por conbenir assi para nuestra quietud y sosiego" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 33r-33v). Diego Copaja desestimó las críticas y les negó legitimidad a los principales, pues eran "unos meros cobradores de tasas nombrados de aier aca para la maior seguridad en las cobransas de tasas y no porque sean nobles sino indios mui ordinarios hallegados y parciales de don Lorenzo Copaja" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 38r). Adujo, como prueba de su habilidad y aptitud, el hecho que fuera, en otras ocasiones y en la actualidad, alcalde mayor de Tarata, a lo que agregaba su anterior desempeño como cacique interino con nombramiento del corregidor. En otro escrito, don Diego Copaja fundamentó su legitimidad en el derecho de progenitura y desconoció el derecho por aclamación con el que Lorenzo Copaja revestía su legitimidad, además de volver a insistir en la ilegitimidad de los principales (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 3, foja 41r).

A pesar de esto, el corregidor Joseph de Ureta se declaró inhábil para resolver a quién correspondía la sucesión del cacicazgo, pues no le era facultativo entender ni deliberar sobre dichas materias. Sólo se limitó a dar posesión del cacicazgo de Tarata a don Lorenzo Copaja, de acuerdo a la provisión del Superior Gobierno, manteniendo a salvo el derecho de don Diego Copaja para que lo use y lo represente ante la Real Audiencia. No sabemos si don Diego Copaja continuó con los alegatos; sólo la muerte de su "primo hermano carnal" le permitió ocupar nuevamente el cargo de cacique interino. Pero duró tan sólo tres años en dicha posesión, pues Pedro Copaja, hijo de Lorenzo Copaja, fue restituido en el cargo por el corregidor don Ramón López de la Huerta.

En la década de 1770, los primogénitos de Lorenzo Copaja y de don Diego Copaja se volvieron a enfrentar. Don Pedro Copaja y Ninaja Ali, fue restituido en el cargo de cacique por el corregidor don Miguel Salcedo, quien reconoció su "derecho lejitimo primario". Pero don Pedro Copaja, valiéndose de empeños poderosos y de subrepticios informes, consiguió que le quitasen el cargo a don Pedro Copaja Ticona. Éste último volvió a alegar su mejor derecho, después que falleciera Pedro Copaja.

En este último pleito, cuya documentación disponemos, dos son los hechos que merecen ser resaltados: 1) el derecho por progenitura y el reconocimiento del derecho legítimo por aclamación del común, y 2) la reinvención e imposición de una nueva línea de sucesión. Don Pedro Copaja Ticona sostuvo que el cacicazgo había sido obtenido de mala forma por los sucesores de don Felipe Copaja El Mozo, pues le correspondía a él por progenitura en línea recta de varón. Agregando que dicho derecho legítimo y primario era reconocido por "todo el común de yndios de dicho pueblo de Tarata y su distrito [que] siempre me han aclamado y me estan aclamando por su casique" (ANCH, Fondo Judicial Arica, legajo 40, pieza 6, foja 2r). En décadas anteriores, este último criterio había sido desestimado por don Diego Copaja Ninaja, padre de don Pedro Copaja Ticona, en su polémica con don Lorenzo Copaja. Los testigos que declararon a favor de don Pedro Copaja Ticona reconocieron que la línea de sucesión del cacicazgo derivaba de don Felipe Copaja El Viejo "primer casique que se conocio en este siglo". La referencia a los Ticona, cuya línea de sucesión había sido incorporada a la genealogía del padre de don Pedro Copaja Ticona, es prácticamente eliminada. Tal vez esta sea una forma de contrarrestar los alegatos de otros herederos de la rama Ticona (por vía materna), o el resultado del largo tiempo en que el cacicazgo había sido ocupado por las dos ramas de la familia Copaja.

El Cacicazgo de Tacna

Tacna fue, sin duda, el cacicazgo de mayor importancia en el corregimiento de Arica no sólo porque en la práctica fue el centro del poder político provincial, opacando a Arica, sino que, además, porque los linajes gobernantes demostraron una continuidad y una riqueza inusuales en relación a los demás cacicazgos del área (Hidalgo et al. 1997). Desde las últimas décadas del siglo XVI hasta las primeras del XIX, el cacicazgo de Tacna fue gobernado por las dos ramas familiares, Ara y Quea, que descendían del rico cacique Diego Caqui. La primera, surgida del hijo primogénito, se ligaba al cacique fundador por línea recta de varón; la segunda tenía como ascendiente al hijo segundo y se ligaba por línea de hembra. Por lo que Aras y Queas, en distintos períodos y coyunturas, usufructuaron y disputaron el derecho a la posesión legítima del cacicazgo y a la fortuna de su antecesor. En dichas disputas, ambas familias recurrieron y utilizaron la alianza de corregidores, curas, principales y notables, así como a la manipulación de todos los mecanismos jurídicos y religiosos que les permitieran sancionar su mejor derecho, llegando incluso a ocultar la infamia de la bastardía que acosó a algunos de los miembros de tan prominentes familias.

Con ciertos intervalos, los descendientes de Diego Ara ocuparon el cargo de cacique de Tacna, pero esto no les significó verse libres de los continuos litigios con los Queas. Sólo desde el siglo XVIII y hasta comienzos del XIX, los Aras obtuvieron el cacicazgo en una línea continua e ininterrumpida (Hidalgo 1986; Cavagnaro 1994), tras un controvertido proceso fechado en 1719. Se trató de pleito un tanto inusual, en el que don Diego Ara solicitó al Arzobispo de Arequipa que librara censuras generales para obligar a declarar a todos aquellos que supiesen o de algún modo entendiesen de su legítimo derecho al cacicazgo de Tacna, pero que se encontraban impedidos de hacerlo por la intimidación de quienes patrocinaban a don Bernabé Quea, quien a la fecha era cacique interino y descendiente de la línea Quea1.

En la relación, don Diego Ara se presentaba como descendiente legítimo, "por línea recta de varon y sucesor en el gobierno [del cacicazgo]" cuya propiedad y posesión se le había usurpado "sin mas causa que haver quedado yo en la edad pupilar cuando murió mi padre"... "por dicho motivo se yntroduxo como gouernador ynterinario don Pedro Quea". Posteriormente, un pedimento que hizo al corregidor de la provincia lo había restituido en su legítimo cargo. Pero hallándose "en el uso y execucion de tal cacicazgo fue nesesario redificar la yglesia de el dicho pueblo". El cura del pueblo vio en él poco actividad y experiencia para una labor que implicaba reunir, movilizar y vigilar la mano de obra indígena que construiría la iglesia. Por lo que el corregidor, a solicitud del cura, nombró a Bernabé Quea, hijo adulterino de Pedro Quea, como cacique interino "en tanto que durase la dicha fabrica". Pero tras el fallecimiento del cura y el término de la fábrica de la iglesia, don Bernabé Quea siguió ocupando el cargo de cacique. La imposibilidad y la falta de medios impidieron que don Diego Ara solicitara la restitución de su cargo. Pero una repentina enfermedad de Bernabé Quea lo llevó nuevamente a ocupar el cargo. De acuerdo a don Diego Ara, fue el propio Bernabé Quea quien solicitó "seriamente se me diese el dicho cargo", impelido por "el agravio e ynjusticia que me hazia".

Sin embargo, una vez recuperado, "olvidado de su justo temor que le ocasiono el peligro de la muerte", don Bernabé Quea "bolvio a pedir se le diese el uso y ejersisio que antes tenia protestando y que la dicha dejasion la havia echo por falta de salud". Para esta reposición, Bernabé Quea volvió a contar con el apoyo de las justicias. Situación que enfatizaba en su solicitud de censuras generales, en la que señalaba los agravios e injusticias que se hacían contra su derecho, denunciando el apoyo de curas y corregidores (ANA 1719, 13: 138r).

Los Aras siempre reconocieron "en sus contrarios mas poder y fuersa", que se derivaban, sin duda, de las alianzas que habían logrado establecer cuando estuvieron en posesión del cacicazgo y del goce y usufructo que habían realizado de la rica herencia dejada por Diego Caqui a su primogénito. De ahí, entonces, que en el pleito de 1719 no sólo estaba en discusión la posesión legítima del cacicazgo, sino también la riqueza que correspondía a los Aras, "porque si por rason de ser nieto [Diego Ara] de este [Diego Caqui] es suyo el derecho de dicho casicasgo tanbien lo abra de ser en parte de dicha su asienda" (ANA, 1719, 13, foja 150v). Pues bien, este fondo de poder acumulado por los Queas fue un atractivo a la hora de articular alguna suerte de alianza entre segmentos del poder local. Al parecer, la relación más fructífera fue la entablada entre los caciques interinos con los curas de Tacna. Aunque no fue regular ni constante la relación que los Queas tuvieron con los curas de Tacna, cuando la hubo fue muy provechosa para sus intereses.

Al apoyo del cura, los Queas sumaron el del corregidor. Este apoyo, como el que recibieron de algunos curas, tampoco puede establecerse como una alianza permanente. Mas cuando se practicó redundó en un fortalecimiento de los Queas. Ante el cuestionamiento que los indios hicieron de la autoridad del cacique Bernabé Quelopana, éste recibió el apoyo del corregidor "por recomendasion y enpeño del dicho cura" (ANA, 1719, 13, foja 144r). Estas situaciones pudieron haber ayudado fuertemente a los Queas para asirse y aumentar sus influencias al interior del cacicazgo. Influencias que se vieron nuevamente reforzadas cuando los Queas ocuparon el cacicazgo por el empeño del cura Pedro de Benavides.

La estrategia diseñada por Diego de Ara, para recuperar el cacicazgo tuvo que considerar la desventaja que tenía con los Queas respecto de sus influencias en el espacio local. Sin embargo, esta desventaja parece ser aparente. Los Aras habían ejercido por largos períodos el cacicazgo, por lo que sus redes de alianzas y sus influencias no debieron ser ni tan escasas ni débiles como se puede derivar a vuelo de pájaro de los documentos del pleito. Quizás, estas redes se pusieron en circulación al momento de iniciarse el pleito.

Próximos al poder, varios de los testigos o sus parientes lo habían ejercido o lo estaban ejerciendo al momento del pleito. En su conjunto, los lazos que los testigos tenían con las partes en litigio eran, todo lo parece indicar, débiles. De los trece declarantes criollos sólo uno, el capitán Juan de Villena, había tenido y tenía un tipo de relación con ambas partes: había comprado tierras que habían pertenecido, según constaba en los papeles que poseía, al gobernador indígena Juan de Ara, abuelo de don Diego de Ara, por lo que supone la legitimidad de éste para poseer el cacicazgo; y había sido padrino de agua de don Pedro Quea, declarando que era hijo adulterino, por lo tanto no ser de descendencia legítima (ANA, 1719, 13, foja 155r).

El respaldo de curas y corregidores no estuvo exento de compromisos y ambigüedades, que repercutieron en la dinámica del poder cacical generando un cuadro de soterradas y abiertas confrontaciones. En la práctica, las autoridades coloniales locales desplazaron a los caciques, o a sus herederos, para colocar en su lugar a sujetos más proclives y funcionales a sus propósitos, pero no lo hicieron sin pretextar una cierta racionalidad. Como se deriva de las circunstancias que acompañaron al alejamiento de Diego Ara del cargo de cacique.

Pero en el pleito de 1719 lo que estaba en juego era la forma de sucesión al cacicazgo. Una cuestión largamente sostenida por los Aras, quienes alegaban que la línea recta de varón legitimaba el sistema de filiación y sucesión al cacicazgo. Ese criterio fue sancionado en el juicio, a pesar de las posteriores resistencias de los Queas. Décadas más tarde, los descendientes de Bernabé Quea alegaron que hubo "costumbre en este distrito y en este numerico cacicasgo de subceder en el las hembras y aquellos que han venido por esta línea"2. De otra parte, era un hecho incuestionable que los Queas habían ejercido en varias oportunidades el cargo de caciques, pero esta situación fue interpretada por algunos principales indígenas como un ejercicio fundamentado en circunstancias particulares y de ningún modo en la tradición. Esa fue la opinión de Felipe Minguro, alcalde ordinario de naturales y principal del ayllo Ayca, quien declaró "que a su padre oyo desir como el dicho gobierno les benia a los Ara por la baronía y a los Queas por su defecto o falta" (ANA-1719-13: 156r). Finalmente, don Diego Ara pudo recuperar en propiedad, para sí y su familia, la posesión del cacicazgo de Tacna.

Infructuosos fueron los esfuerzos de los Queas de recuperar, en décadas posteriores, la posesión del cacicazgo. Aun cuando contaran con el apoyo de un ex corregidor y un corregidor en ejercicio. En un pleito fechado en 1763, Cipriano Quelopana y Quea fue presentado como descendiente "de los antiguos casiques lexitimos que en propiedad obtuvieron hasta sus respectivos fallecimientos el cacicasgo y govierno de este dicho pueblo" (ANCH, Fondos Varios, vol. 432, foja 1r). En aquella oportunidad, se alegó que no pudo obtener el cargo por minoría de edad, colocándose, como cacique interino, a don Diego Ara. Por la documentación disponible, es evidente que Cipriano Quelopana estaba alegando un derecho que no poseía. Pero no deja de ser interesante el hecho que la estrategia familiar de los Queas haya mantenido la lucha por el cacicazgo, y que recurriera al testimonio de personas de "cresidas hedades" y "calificada honrrades", y al apoyo de los corregidores de la época.

De este modo, concluía favorablemente para Diego Ara el pleito que meses atrás había establecido para recuperar el cacicazgo de Tacna. Pero no se trata sólo de una restitución de sus derechos. A la restitución de su poder corresponde también el de su memoria familiar, transformada ahora en un núcleo de la tradición étnica en lo concerniente a las formas de sucesión y legitimación del poder cacical tacneño. En otras palabras, los Aras legitimaron, durante el pleito, su memoria familiar incorporándola en un saber público que podían presentar como el respaldo natural de su poder.

Consideraciones Finales

1) Los cacicazgos de Pica, Altos de Arica, Tacna y Tarata corresponden a estructuras de autoridad cacical hereditarias (con la excepción del cacicazgo de Atacama). Lo que no implica que las estructuras de autoridad correspondan a tradiciones prehispánicas, aun cuando en algunos casos hay una memoria que vincula a los fundadores de linajes con dichos tiempos (Pica, Tacna y Tarata). En segundo lugar, que los cacicazgos sean considerados hereditarios permite que un grupo reducido de familias dispute o aleguen algún tipo de derecho; generalmente esas familias son subdivisiones de un mismo tronco familiar. Lo que nos lleva a considerar que la historia de las familias indígenas, particularmente de aquellas que disputan algún derecho sucesorio, constituye una de las unidades básicas para analizar la dinámica y las transformaciones del liderazgo étnico.

2) El surgimiento de un liderazgo étnico permanente se vio posibilitado, entre otros muchos factores, por la transformación de la condición social de un individuo y su familia, en la que se mezclaban la adquisición de prestigio, autoridad y fortuna, junto a una paralela reinvención de las memorias familiares que les permitieron manipular un "uso del pasado" y proyectar sobre él, como históricamente fundadas, las pretensiones al cacicazgo.

3) De aquí derivamos dos cuestiones de naturaleza teórico-metodológicas. Los pleitos han sido utilizados tradicionalmente para reconstruir la historia de los cacicazgos (como es el caso de Cúneo Vidal [1977]), sin darle mayor importancia al hecho que son expresión de los agudos conflictos familiares que moldearon las alianzas, dieron forma a relaciones de fuerzas y cruzaron los espacios locales. Lo que obliga a pensar también en la naturaleza de la tradición oral compuesta por las declaraciones de los testigos. Los testigos y los testimonios recogidos en los autos de declaración insistieron que los acontecimientos referidos son parte de la "voz pública". Pero si analizamos la secuencia de pleitos, encontramos la coexistencia de tradiciones orales en abierta contraposición, pero que también tienen un respaldo en el "saber público". En vez de considerarlas como un cuerpo homogéneo de tradiciones orales, habría que considerarlas como el discurso que determinadas familias han elaborado para alegar un territorio, para hacerse acreedores de méritos, prebendas o regalías, o para legitimar una genealogía que fundamentara sus derechos sucesorios. De ahí que sostengamos que el predominio y la sanción (jurídica) de una memoria familiar, que pasa a ser "la" memoria del cacicazgo, afecta y refleja no tanto un tiempo inmemorial como la situación presente de las relaciones de poder en el cacicazgo.

4) Una vez sancionada las memorias familiares, estas le otorgaban legitimidad al poder ejercido por un cacique y el traspaso de aquel a sus herederos. Pero ellas formaban parte de uno de los elementos necesarios para legitimar la autoridad, el gobierno, el mando y el predominio. La posesión legítima de un cacicazgo se fundamentaba a partir de los siguientes criterios: sucesión por línea recta de varón, sucesión por vía materna, sucesión por cabeza de mujer, sucesión por defecto, por aclamación de los principales y del común de indios. Este último criterio podía variar desde una aclamación que reconocía un derecho legítimo y primario (como es el caso de Diego Ara en Tacna, o el de Pedro Copaja en Tarata) o como el reconocimiento de una mejor habilidad y destreza (como es el caso de Bernabé Quea en Tacna y el de Lorenzo Copaja en Tarata) o, además, por la mejor defensa de los intereses comunitarios (como es el caso de Pica). Por otra parte, los criterios de legitimación aducidos por los pretendientes al cacicazgo variaban no sólo de un pueblo a otro, sino que un criterio desestimado, por una de las partes, podía ser utilizado por la otra para legitimar su derecho (por ejemplo, en Tacna los linajes en disputa legitimaban su derecho al cacicazgo tanto por ascendencia/descendencia matrilineal o patrilineal) o, incluso, un criterio desestimado por un ascendiente podía ser utilizado por un descendiente para legitimar la posesión del cacicazgo (como es el caso de Tarata, en que la aclamación por el pueblo es considerada como contrapuesta al derecho sucesorio, pero un miembro de la misma familia lo utilizó para demostrar su mejor derecho al cacicazgo). Lo que demuestra que los procedimientos y mecanismos para acceder al cacicazgo, no obstante estar sancionados legalmente, son lo suficientemente manipulables como para imponerlos con "fuerza de tradición".

5) A esta manipulación de procedimientos, rituales y tradiciones, se agrega el manejo de una compleja red de aliados (o potenciales adversarios) a los cuales el liderazgo étnico responde con cierta funcionalidad como curas, corregidores, hacendados, principales, indios del común. Situación que le imprime una cierta ambigüedad a sus acciones y cuya fuerza radica en el manejo de un delicado sistema de legitimidades y lealtades.

Agradecimientos: Este trabajo forma parte del Proyecto Fondecyt 1000089 "Historia de los pueblos andinos de Arica, Tarapacá y Atacama: control político, memoria y resistencia étnicas. Siglos XVI-XIX".

Notas

1 En pleito y juicio del cacicazgo de Tacna, 1719, Archivo Nacional de Chile, Fondo Notarial de Arica.

2 "Informe de cacicazgo de Cipriano Julián Quelopana y Quea, efectuado por el corregidor don Ramón López de la Huerta y el ex corregidor don Dionisio de la Barreda", ANCH, Fondos Varios, volumen 453, foja 1.

Referencias Citadas

Archivo Nacional de Bolivia Don Agustin Pieroso (don Agustín Victorio Ramos), cacique principal de San Pedro de Atacama, declara ser injusta su sentencia de cacicazgo, pues su abuelo fue cacique y gobernador con consentimiento de los Virreyes, Catálogo de Tierras e Indios, E 1774, Nº 95. (Citado como ANB, E 1774, Nº 95).

Solicitud de don Pablo Ramos, indio principal, hijo de Juan Esteban Ramos, cacique principal de la nobleza del pueblo de San Pedro de Atacama, Archivo Nacional de Bolivia, Catálogo de Tierras e Indios, E 1781, Nº 7. (Citado como ANB, E 1781, Nº 7).

Archivo Nacional de Chile Pleitos por el cacicazgo de los Altos de Arica, 1715-1721. Archivo Nacional de Chile, Fondo Notarial de Arica, volumen 13. (Citado como ANCH, Fondo Notarial Arica, 13).

Pleito y juicio del cacicazgo de Tacna, 1719, Archivo Nacional de Chile, Fondo Notarial de Arica. (Citado como ANCH, Fondo Notarial Arica).

Informe de cacicazgo de Cipriano Julián Quelopana y Quea, efectuado por el corregidor don Ramón López de la Huerta y el ex corregidor don Dionisio de la Barreda, Archivo Nacional de Chile, Fondos Varios, vol. 453. (Citado como ANCH, Fondos Varios, vol. 453).

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