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Chungará (Arica)

versión On-line ISSN 0717-7356

Chungará (Arica) vol.50 no.2 Arica jun. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562018005000204 

ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO

Del registro documental al territorio colonial: Discursos, prácticas y relaciones de poder en el lago Titicaca (1570-1630)1

From documentary record to colonial territory: Discourses, Practices and power relations in Titicaca lake (1570-1630)

Ariel J Morrone1  2 

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

2Programa de Historia de América Latina (PROHAL), Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Dirección postal 25 de Mayo 221 Segundo Piso, Código Postal 1002. arielmorri@yahoo.com.ar

RESUMEN

Tras la reorganización del dominio colonial en el Perú durante el gobierno del virrey don Francisco de Toledo (1569-1581), los colectivos étnicos del altiplano en torno al lago Titicaca atravesaron un conjunto de transformaciones en sus patrones de organización demográfica, territorial, perfil socio-productivo y estructuración política. La delimitación de nuevas jurisdicciones administrativas (corregimiento, pueblo de reducción, doctrina) y los cambios en el acceso a los recursos impactaron de lleno en las condiciones de reproducción de los grupos lacustres, cuyas autoridades acudieron en no pocas oportunidades ante las justicias coloniales para dirimir conflictos por la posesión de sus tierras (“ancestrales” algunas, más recientes otras). En este trabajo analizamos los discursos operados, las representaciones construidas y las prácticas articuladas tanto por los caciques de los pueblos de reducción como por las autoridades españolas en torno a los espacios en disputa entre finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Desde los corregimientos de Paucarcolla, Omasuyos y Pacajes (dependientes de la ciudad de La Paz, Audiencia de Charcas), proponemos reconstruir las formas en que los intereses e intencionalidades de estas autoridades condicionaron las percepciones sobre el espacio lacustre.

Palabras claves: territorio; liderazgo étnico; poder local; discurso

ABSTRACT

After the reorganization of colonial rule in Peru during the government of viceroy don Francisco de Toledo (1569-1581), ethnic groups in the highlands around Lake Titicaca went through a serius of changes in demographic patterns, territorial organization, socio-productive profile and political structure. The delimitation of new administrative jurisdictions (corregimiento, pueblo de reducción, doctrina) and the modification in access to resources hit squarely in the reproductive conditions of lacustrine groups, whose authorities turned on many occasions to colonial authorities to resolve conflicts over the possession of their lands (some of them “ancestral”, more recent some others). In this paper we analyze the discourses performed, the representations constructed and the practices articulated both by caciques (ethnic leaders) and Hispanic authorities over the spaces in dispute, between the late sixteenth century and early seventeenth century. By focusing on the corregimientos of Paucarcolla, Omasuyos and Pacajes (dependent on the city of La Paz, Audiencia de Charcas), we propose to reconstruct the ways in which the interests and intentions of these authorities conditioned the perceptions over the lacustrine space.

Key words: Territory; ethnic leadership; local power; discourse

Pensar los mecanismos de reproducción de un sistema de dominación colonial implica considerar que las relaciones sociales (de producción, de poder, interétnicas, de género) presentan correlatos materiales e inmateriales en el espacio. En tanto tecnologías del poder, estos espacios construidos objetivan prácticas sociales que, a su vez, generan efectos de dominio político aunque también de resistencias (Criado Boado 1991; Thomas 1993). En efecto, los diferentes sistemas de dominación establecen sus respectivas formas de organización espacial, proceso pasible de ser historizado en tanto resultante del conflicto social (Acuto 1999; Soja 1989). Enmarcados por estas consideraciones teóricas generales, en este artículo nos interrogamos por las formas en que un grupo de caciques

principales de los pueblos de reducción emplazados sobre el lago Titicaca negociaron y disputaron (entre sí y con las autoridades coloniales) percepciones y representaciones sobre los distintos espacios que habitaron entre las décadas finales del siglo XVI y las primeras del siglo XVII. Este objetivo forma parte de una pesquisa de más largo aliento, que indaga los impactos de las transformaciones territoriales operadas por el dominio colonial en la redefinición de los criterios de legitimidad de los líderes étnicos del altiplano lacustre (Morrone 2011).

Entendida como el conjunto de estrategias prácticas por las cuales un colectivo humano busca controlar (y, en ese mismo acto, construir) determinado espacio que deviene (por efecto de ese control) en territorio, materializando y visibilizando así las relaciones de poder (Sack 1983; Santos 2000 [1996]), la territorialidad jugó un rol clave en las identificaciones y en la validación de los criterios de legitimidad interna de las autoridades nativas. Derivado de una práctica concreta y activa, el territorio se configuró como resultado de luchas por el control de ciertos recursos, personas, relaciones, símbolos; en el contexto colonial, esas luchas condicionaron el acceso a zonas de producción claves para el sustento de las unidades domésticas que conformaban los ayllu (agrupaciones parentales de base) de cada pueblo de reducción. Pero el territorio también se definió por aspectos menos tangibles, más abstractos, ya que constituyó una plataforma para la identificación étnica, política y social. Estas conceptualizaciones resultan sugerentes cuando pensamos la ocupación hispánica de los territorios étnicos y su impacto en el sostenimiento de la legitimidad de los jefes nativos en el escenario colonial, tal como se produjo en otras regiones del sur andino (Abercrombie 1998:282-291; del Río 2005:84-93; Platt et al. 2006:502-515).

En tanto palimpsestos construidos por relaciones de poder, las configuraciones territoriales de épocas previas pudieron permanecer en épocas posteriores, cobrando nuevos significados, nuevas lecturas, apropiaciones y usos por parte de los actores sociales implicados (Bender 1993:9; Santos 2000 [1996]:37-38). El establecimiento del dominio colonial requirió, pues, de la puesta en marcha de nuevas expresiones territoriales. En este sentido, los elementos fijos y los flujos (Santos 2000 [1996]:5355) que conformaban las territorialidades nativas se vieron alterados por la fundación de ciudades, la fragmentación de los colectivos indígenas entre los vecinos encomenderos y el inicio de la explotación minera de los cerros de Porco y Potosí, nuevos ejes vertebradores del “espacio peruano” en general y de la región surandina en particular (Assadourian 1983). Para la década de 1570, la reacomodación forzada de los grupos nativos, reducidos a pueblos de indios como efecto de la visita ordenada por el virrey don Francisco de Toledo (1569-1581), conllevó a la puesta en disponibilidad y apropiación en manos españolas de gran cantidad de tierras, que progresivamente fueron organizadas en torno a emprendimientos agrícolas y ganaderos con destino a los diversificados mercados surandinos (Glave 1989; Jurado 2004).

Estos cambios impactaron en gran medida en el panorama socio-étnico de la región circunlacustre, toda vez que el nuevo sistema tributario obligaba a los grupos nativos a rearticular sus pautas de movilidad en torno a los pueblos de reducción, en un claro intento de establecer una territorialidad fija que redujera los flujos de desplazamiento interecológico. A partir de finales de la década de 1580 y hasta bien entrado el siglo XVII asistiremos a una pronunciada caída demográfica, causada por el efecto combinado de una serie de epidemias y malas cosechas y del ausentismo indígena, “táctica anti-fiscal” desplegada para desligarse de las obligaciones coloniales (Saignes 1987).

Tanto la progresiva mercantilización de la tierra, que puso en riesgo el acceso de los grupos nativos a los recursos agroganaderos necesarios para su reproducción, como el reacomodamiento demográfico fueron los procesos que caracterizan el contexto sociohistórico en el que transcurrieron los episodios abordados en este trabajo. En cada uno, haremos énfasis en las siguientes variables: (1) los discursos de los caciques de los pueblos involucrados en los pleitos; (2) los argumentos de las autoridades coloniales; (3) el testimonio de los respectivos testigos; y (4) las referencias a la materialidad visibilizadas en la documentación. En suma, nos interrogamos por los modos en que los distintos actores sociales del escenario circunlacustre se pronunciaron discursivamente al respecto de los espacios habitados y/o disputados (Quiroga 2015; Scott 2009; Sluyter 2001). Para sondear estos interrogantes y contribuir al análisis de los procesos de territorialización de las relaciones de poder, presentamos tres pleitos por tierras incoados por los caciques de varios pueblos emplazados en las riberas del lago Titicaca ante la Audiencia de Charcas, máximo tribunal regional (Figura 1)2.

Figura 1 Conflictos por tierras abordados en el texto. Elaboración propia a partir de Thomson 2006:21. Conflicts over lands addressed in the text. Author’s elaboration based on Thomson 2006:21. 

Tierras y Control del Espacio: los Caciques de Conima Contra los de Guaycho (1582-1586)

El primer caso de análisis vincula a los caciques del pueblo de Conima (corregimiento de Paucarcolla) contra sus pares del pueblo de Guaycho (corregimiento de Omasuyos) en un pleito por las tierras de Cacata, Capaquini y Cocavi3. Ubicadas a la vera del lago entre ambos pueblos, las chacras estaban destinadas al cultivo de papas para la elaboración del chuñu, al pastoreo de ganado y a la producción de pescado seco (Figura 2). La presencia de casas, cimientos y parcelas destinadas al cultivo denotaba una antigua ocupación y utilización productiva de los parajes disputados. En septiembre de 1582, los caciques de Conima solicitaron a la Audiencia el deslinde y amojonamiento de las tierras que usufructuaban “en la antigua y quieta y paçifica poseçion” desde la visita toledana, dado que los caciques de Guaycho ya las habían ocupado sin autorización y contra derecho. En respuesta a la petición, la Audiencia emitió una provisión amparando a los caciques de Conima en la posesión de las tierras, ordenando nuevos amojonamientos. Dos años después, en agosto de 1584, don Diego Jule y don Gaspar Capaquiqui, caciques de Conima, presentaron la provisión ante Antonio Torres de Mendoza, corregidor de Paucarcolla, solicitando su cumplimiento. Sería recién en abril de 1585 cuando el corregidor tomó cartas en el asunto, gestionando una concertación entre los caciques de ambos pueblos con la intervención de dos mediadores (don Pedro Condori, cacique principal de Moho y “governador desta provincia de Omasuyos”, y don Hernando Pilco Guanca, cacique principal de Carabuco, es decir, un referente político de cada corregimiento). Agotadas las instancias de negociación, Torres de Mendoza autorizó la presentación de cuatro testigos por cada parte y otros tantos de oficio (convocados ad hoc para garantizar relativos márgenes de imparcialidad), no sin antes prohibir la explotación de las tierras hasta el cierre de la causa.

Figura 2 Ubicación aproximada de las tierras de Cacata, Capaquini y Cocavi disputadas entre los caciques de Conima y Guaycho. Elaboración personal.Approximate location of the lands of Cacata, Capaquini and Cocavi, disputed among the caciques of Conima and Guaycho Author’s elaboration. 

El análisis del testimonio de los testigos permite indagar los argumentos barajados por los caciques de cada pueblo, enfrentados en los estrados judiciales para reclamar sus derechos. Los testigos hicieron referencia a los mojones incaicos con el objetivo de determinar la legítima pertenencia de las tierras en disputa4. El debate giró en torno a dos ejes: la asignación incaica (y luego toledana) de parcelas para cada pueblo y los eventuales desplazamientos de población en función de la necesidad de tierras. Los testigos de ambas partes plantearon que las parcelas se encontraban cercanas al pueblo por cuyos caciques testificaban. Estas lecturas diferenciales sobre las operaciones incaicas y coloniales sobre el espacio conformarían el núcleo central del pleito.

En efecto, la clave de los testimonios consistió en determinar los lugares “originales” de poblamiento y sus distancias a los parajes en cuestión. El argumento de los caciques de Conima se había sostenido en la lejanía del asentamiento “inicial” de los indios de Guaycho, cerca de Escoma, entre seis y siete leguas al sudeste del asiento de Cacata (33,439 km)5. No obstante tener allí tierras suficientes, pretendían acceder a otras en términos de Conima, tras haberse establecido en Guaycho (y a pesar de no habérseles señalado durante la visita toledana, aunque sí en Escoma). Por su parte, don Gaspar Hilaco y don Martín Pacoricona, caciques de Guaycho, adujeron ante el capitán Juan Gutiérrez de Ulloa, corregidor de La Paz, que mientras ellos vivían en Escoma, las tierras de Cacata (“las quales teniamos y poseyamos del tiempo del Ynga y muncho antes”) habían quedado alejadas, motivo por el cual las habían arrendado a los indios de Conima. Pero tras ser reducidos al pueblo de Guaycho (a legua y media de Cacata [8,3 km]), efectivamente precisaron más tierras, estallando así el enfrentamiento6. En respuesta, los caciques de Conima contradijeron toda la información presentada por sus rivales, acusándolos de falsear la verdad. Evaluados los dichos de los testigos, en octubre de 1585 el corregidor Torres de Mendoza estableció la división por mitades de las tierras de Cacata entre ambos pueblos; en mayo de 1586, la Audiencia se pronunció avalando el parecer del corregidor.

Volvamos a los testimonios en busca de referencias a la materialidad. Los testigos enumeraron la disposición de los mojones incaicos, alineados en sentido sudoeste-noreste desde las orillas del lago, atravesando la puna hasta el pueblo de Omanata (emplazado en la cordillera oriental), y desde allí descendiendo hacia el pueblo valluno de Charazani (corregimiento de Larecaja). Sin embargo, se evidenció una discrepancia con respecto a la ubicación del primer mojón a partir de donde se establecían los deslindes. Tanto en el interrogatorio de los caciques de Conima como en los testimonios de sus testigos y de tres de los testigos de oficio se mencionan tres mojones puestos por el Inca “entre la laguna y Omanata”: Yquicoli, Pullata y Quinajani7. A partir de estos linderos, las tierras disputadas quedarían en términos del pueblo de Conima. El primer testigo de oficio, Pedro de Olazarraga, describió el emplazamiento de los mojones:

Yquecoli el questa junto a la laguna y el otro se llama Hullata y otro Quinajani que cae a las espaldas del pueblo de Guaycho que es entre el dicho pueblo y la laguna este testigo antes quel dicho señor corregidor lenviase a ver las dichas tierras le avian ynformado los yndios de Conima que era su jurisdiçion y termino hasta los dichos mojones aqui declarados (...)8.

Estas indicaciones fueron confirmadas por el cuarto testigo de oficio, don Sancho Yangamalco, anciano cacique de Moho, quien además aportó información adicional sobre la intervención del poder incaico en la zona:

el mismo Ynga dio a los yndios de Conima por ser sus cumbicamayos un tajo y echo unas hoyas questan al longo de la laguna para los dichos yndios de Conima. Y los mojones se llaman Yquicoli Pullata y Quinajani. Y dentro destos mojones caen las chacras que se llaman Cadquini y Cocabi Grande y otro Coabi Pequeño y Cacata las quales dichas tierras son y siempre las an pastado los yndios de Conima y senbrado en ellas sus çimenteras porque en el tiempo del Ynga eran un ayllo los yndios de Conima y los de Moho tenian termino hasta Guaicho (...)9.

Al afirmar que el inka otorgó “un tajo y echo unas hoyas questan al longo de la laguna”, el testigo remitía tanto a la delimitación del espacio de trabajo de los tejedores especializados (“un tajo”) como a la marcación de hondonadas en la tierra (“hoyas”) a lo largo (“al longo”) de la ribera del lago. Diferente fue el panorama presentado por los caciques de Guaycho. En su interrogatorio, solicitaban a los testigos clarificar si saven que los mojones y saibas questan puestos en Patalaire ban atravesando por çerros y punas mas de una legua grande hasta que entran en la laguna que dizen de Chucuito y por la otra parte van por las punas que atrabiesan hazia Umanata y Charaçana y dividen los terminos destos dichos pueblos de Charaçana Omanata y Guaichu (...)10.

Asimismo, buscaron aclarar que “el Ynga tenia de costumbre poner los dichos mojones para quitar de diferençias y vatallas a los dichos yndios y asi estan puestos en todas las tierras del Piru y se cumplen y guardan los dichos mojones”11. De ser válida la asociación entre el mojón “Patalaire” (o “Patacalli” en otros testimonios) y el paraje actualmente denominado Patascachi, el deslinde entre las tierras dependientes de Guaycho habría corrido por senderos diferentes a los esgrimidos por los caciques de Conima. Así lo corroboraron dos testigos presentados por los caciques de Guaycho: don Diego Capaquiqui afirmó que “los mojones devidian los terminos entre los pueblos de Charaçane Omanata y Guaicho (…) para que cada uno conoçiese lo que era suyo”, mientras que don Juan Uri sostuvo “que los dichos mojones no servian de leguas sino de partilles los terminos a los yndios de Conima y Guaicho”12.

¿Qué roles desempeñaron los españoles involucrados en el pleito? ¿Qué lecturas del espacio podemos avistar en el registro documental? El único testigo no indígena, Pedro de Olazarraga, aclaró que los mojones “van ahilados a la laguna e a oydo dezir que son leguas y no mojones”. La referencia de este testigo de oficio sugiere que los mojones estaban dispuestos de manera sucesiva sobre el camino (“ahilados”), a manera de postas (“leguas”), sin cumplir funciones de deslinde. Esta apreciación contradecía las consideraciones de los testigos favorables a los caciques de Guaycho, quienes asignaban a los mojones un rol claramente demarcatorio. Asimismo, Olazarraga sostuvo que tras recorrer esos parajes, advirtió que don Martin Pacoricona, cacique de Guaycho, no se opuso al reclamo de los caciques de Conima sobre las tierras; más aún, el testigo agregó “que los dichos yndios de Guaycho senbraron las dichas chacras con liçençia de los yndios de Conima”, sugiriendo acaso que la preeminencia de los segundos era una práctica tolerada e incluso naturalizada por los primeros13.

Por su parte, y en tanto oficiales de justicia en primera instancia del territorio bajo su control, los corregidores jugaron sus respectivas cartas. Tanto Antonio Torres de Mendoza, corregidor de Paucarcolla, como don Gregorio de Marañón, corregidor de Omasuyos, solicitaron a los caciques explicitar los nombres y los lugares de emplazamiento de los mojones para resolver el conflicto. Acaso en busca de una instancia superior para la defensa de su causa, los caciques de Guaycho recurrieron al capitán Gutiérrez de Ulloa, corregidor de La Paz. Una vez presentados los testigos, los corregidores remitieron el pleito a la Audiencia, cuyos fiscales oportunamente emitieron la sentencia definitiva, dividiendo las tierras en cuestión. Observamos, pues, en este último eslabón procesal las operaciones del poder colonial sobre los territorios étnicos: la sentencia de la Audiencia convalidó el status “fronterizo” del espacio contenido entre ambos pueblos.

Fronteras, Centros y Mojones: los Caciques de Guancané Contra los Olleros de Milliraya (1583-1611)

El segundo escenario se ubica en la ribera norte del lago Titicaca, en la confluencia de los ríos Ramis y Huancané, en el valle de Milliraya (departamento de Puno, Perú). A mediados de 1583, don Felipe Caquia y don Pedro Hilapay, caciques principales del pueblo de Guancané (corregimiento de Paucarcolla), se presentaron a la Audiencia solicitando la restitución de unas tierras destinadas al cultivo y a la cría de ganado que, según sostuvieron, el inka Wayna Capac había establecido en Milliraya para el sustento de una colonia permanente de mil cumbicamayoq (especialistas en el trabajo de la lana de vicuña) y cien olleros, junto a otros artesanos especializados (plumajeros y tejedores), en compensación por su desarraigo (Figura 3)14.

Figura 3 Deslindes de tierras incaico y colonial para los olleros de Milliraya. Intervención del autor a partir de Spurling 1992:155, 161. Inka and colonial land markings for the potters of Milliraya. Author’s intervention from Spurling 1992:155, 161. 

Tras la conquista española, el desgranamiento del poder incaico y el reordenamiento toledano, los pocos descendientes de aquellos olleros trasplantados pretendían mantener la ocupación de las tierras. Los caciques de Guancané, por su parte, aducían la rebeldía y el ejercicio de prácticas idolátricas de los actuales pobladores de Milliraya, al tiempo que argüían la necesidad de las tierras para el sostenimiento de su población. En respuesta a la petición, el alto tribunal comisionó a Antonio Torres de Mendoza, corregidor de Paucarcolla, como juez para que recibiera los reclamos de los caciques de Guancané y llevara adelante un nuevo amojonamiento y deslinde de las tierras, luego de citar a los olleros de Milliraya para que dieran su testimonio.

Siguiendo el procedimiento usual, Torres de Mendoza recibió los testimonios de los tres testigos presentados por los caciques de Guancané; dos de ellos eran ancianos principales (autoridades menores) de los pueblos aledaños de Chupa y Azángaro (corregimiento de Azángaro y Asillo), quienes avalaron el reclamo de restitución. Del mismo modo actuaron los dos testigos de oficio, don Pedro Condori y don Sancho Yangamalco, caciques del pueblo de Moho15. El primero sostuvo que, a la llegada de Francisco Pizarro al Cuzco, el mallku lupaqa Cari exhortó a los mitmaqkuna asentados en Milliraya para que abandonaran el asentamiento16. Asimismo, planteó que las tierras disputadas se extendían hasta un río y “que llega hasta la calzada donde hay una punta de un puquio”17. De los recién llegados, Condori aclaró que, en respuesta a sus solicitudes, el visitador toledano les había señalado solares y cuadras para que viviesen y construyeran sus casas, y que “tienen los olleros un moyo señalado redondo que esta bien e claro”18. Por su parte, don Sancho Yangamalco sostuvo que “toda la tierra de Millerea y aún más, hasta el río y donde está una puente que parte de término con Taraco, ques más allá de Chacamarca, es deste pueblo de Guancané”. Ambos testigos afirmaron que las tierras de Milliraya estaban asociadas a “la calzada que llaman Mallcuhuma” y a “la calzada hacia Guancane”, lo cual sugiere un alto grado de integración espacial del establecimiento artesanal con la red caminera incaica.

Para recusar estos testimonios, los caciques de la antigua “provincia de Chiquicache” (cuyo territorio había quedado englobado desde 1565 en el corregimiento de Azángaro y Asillo) aportaron el testimonio de cuatro testigos, tres de los cuales eran ancianos líderes de los pueblos de Lampa, Juliaca y Hatuncolla (corregimiento de Cavana y Cavanilla). Esta presentación buscaba sustentar los derechos de los descendientes de los olleros de Milliraya al acceso a las tierras señaladas por el Inka, para lo cual era fundamental ubicar en el espacio los antiguos mojones. No resulta casual, en efecto, que dos de los testigos se hayan identificado como hijos de funcionarios incaicos a cargo de la administración del taller alfarero19.

Los testimonios presentados por los caciques de Chiquicache coincidieron en señalar que los seis mojones incaicos estaban alineados en sentido sudoeste-noreste, y que las tierras emplazadas hacia el noroeste habían sido desvinculadas de Guancané y asignadas al nuevo emplazamiento estatal. Siguiendo el mismo procedimiento empleado en los valles maiceros de Cochabamba, las tierras fueron distribuidas en función del origen de los colonos: siete “partes” correspondieron a los siete “pueblos de Chiquicache”, mientras que otras tres correspondieron a los tres “pueblos de Omasuyos” (Spurling 1992:193; Wachtel 1981).

Pero tras la visita toledana, en 1578-1579, tuvo lugar otro amojonamiento, realizado por don Alonso Chambi, alcalde de Guancané (miembro del cabildo de indios), por orden de Gabriel de Encinas, corregidor de Paucarcolla (y reconfirmado por el capitán Alonso de Vera, corregidor de La Paz). Como resultado, los nuevos mojones recortaron considerablemente la extensión de tierra destinada a los descendientes de los olleros incaicos (de siete “partes”, les fue asignada solo una). Los caciques de Guancané, por su parte, contradijeron la presentación de los olleros, afirmando que el señalamiento incaico sólo había contemplado el establecimiento del centro de producción alfarera con mano de obra permanente, sin involucrar derechos de posesión sobre las tierras.

Los testimonios evidencian diferentes lecturas sobre el espacio. A partir de las descripciones sobre el emplazamiento de los mojones incaicos, corroboramos lo que probablemente haya sido una política territorial a escala imperial: la instalación de asentamientos estatales plurifuncionales en espacios fronterizos, en zonas de transición (buffer zones) configuradas entre centros de poder adyacentes con el fin de reorientar espacialmente (reterritorializar) las relaciones de poder (Acuto 1999; Spurling 1992:210-212). Esta forma de organizar el espacio, con mojones “ahilados” entre dos extremos, contrastaba con las prácticas españolas: el deslinde sancionado en 1583 por el Torres de Mendoza definió un contorno perimetral casi circular en torno a Milliraya (Spurling 1992:167).

En segundo lugar, las condiciones topográficas (e incluso medioambientales) de Milliraya también fueron sesgadamente descritas por los testigos según sus intereses. Mientras que Torres de Mendoza consideraba que las tierras eran poco productivas, dados “los grandes gastos y lo poco que valen todas las dichas tierras por ser la mayor parte dellas cienagas y cerros muy altos”, los litigantes nativos (aunque también Suero de Cangas y Quiñones, corregidor de Azángaro y Asillo y rival de Torres de Mendoza) destacaron la calidad y productividad agroganadera de las tierras en disputa20.

No solo se cruzaron argumentos en torno a la legítima posesión y usufructo de las tierras de Milliraya. Como anticipamos más arriba, los caciques de Guancané acusaron a los habitantes de ese paraje de no asistir a misa, “sino que sestán en sus vicios y borracheras”. La acusación remarcaba el apartamiento de los olleros de Milliraya de las costumbres cristianas y de la correcta vida “en pulicía”. Al tiempo que repudiaban ese escenario de prácticas prohibidas, fuera del control de las autoridades (laicas y eclesiásticas), se presentaban a sí mismos frente a las autoridades coloniales como ejemplos del “buen cacique cristiano”. Detrás del argumento de los caciques de Guancané podemos apreciar un tenso “juego territorial” entre el pueblo de reducción toledano (espacio cristiano y ordenado) y el antiguo asentamiento incaico (espacio idolátrico y caótico). De hecho, en un documento de 1665, consta cómo el Licenciado Pedro Palomino Carrillo de Soto, cura del vecino pueblo de Chupa, instaló una cruz junto a uno de los mojones que fungía como lindero entre ese pueblo y Guancané “en señal de posecion de la juridicion de su dotrina por estar en lo penultimo della”21.

El pleito por las tierras de Milliraya presentó ribetes de alta conflictividad. Don Juan Arapa, jilaqata principal de los olleros, denunció que don Felipe Caquia, cacique de Guancané, “enbio un yndio que derribasen los mojones y asi los an derribado y echado por tierra y a mi me an amenazado sus yndios que me an de matar”22. Para 1608, los indios de Guancané saquearían la capilla, el tambo y la zona de producción alfarera, al tiempo que un nuevo juez ordenaría la reducción de los habitantes de Milliraya en Guancané, bajo la amenaza de quemar sus casas23.

Al evaluar el proceso en perspectiva histórica, podemos apreciar las transformaciones espaciales y las reconfiguraciones territoriales operadas por los distintos sistemas de dominación sobre las tierras de Milliraya y sus habitantes. En tiempos preincaicos, el valle de Milliraya constituía un espacio fronterizo entre dos entidades políticas con relativa autonomía (la “provincia de Chiquicache” al oeste, la entidad “Colla-Umasuyo-La Paz” al este), que a partir la invasión cuzqueña cobraría una nueva centralidad en tanto sede de un asentamiento artesanal alfarero que abastecería un amplio territorio (llegando incluso a las tierras bajas orientales). Tras la caída del Tawantinsuyu, la desarticulación de su sistema de autoridades, la fundación de ciudades españolas, la fragmentación de los colectivos étnicos en encomiendas y la posterior compactación poblacional en los pueblos de reducción, las tierras de Milliraya sufrieron nuevos deslindes en función de las tensiones y diferentes correlaciones de fuerzas entre sus habitantes (antiguos y recientes) y los caciques del pueblo de Guancané. Unos y otros esgrimieron distintos argumentos ante las justicias coloniales para hacer valer sus derechos; por su parte, las autoridades españolas también desplegaron sus prácticas sobre el territorio, buscando diseñar nuevas espacialidades definidas por sus respectivos marcos normativos.

Nuevos Conflictos Jurisdiccionales: el Pleito por la Estancia de Cantapa (1585-1630)

El último conflicto analizado transcurrió al sur del lago Titicaca, más precisamente en torno a la estancia agroganadera de Cantapa, emplazada sobre el faldeo norte del cerro Quimsachata (a unos 56 km de la ciudad de La Paz, Bolivia, Figura 4). Ese paraje habría sido el punto de convergencia de un sistema radial de mojones y linderos implantado por el Tawantinsuyu entre los asentamientos de los grupos pakaxa de Caquiaviri, Machaca, Guaqui, Tiwanaku, Laja y Viacha (Pärssinen 2005:237-239). Ya en tiempos coloniales, los contingentes mitayos de los pueblos de reducción se concentraban en Cantapa para, desde allí, partir hasta Potosí a través de caminos y espacios resignificados por el dominio hispano (Morrone 2015). En efecto, creemos que tanto la relevancia simbólica y ceremonial de Cantapa como su potencial productivo (cultivo de papa, oca y quinua, cría de ganado europeo y nativo) constituyeron factores detonantes de la disputa desplegada entre los caciques de Laja (corregimiento de Omasuyos) y Guaqui (corregimiento de Pacajes) por su posesión.

Figura 4 Ubicación de la estancia Cantapa disputada entre los caciques de Laja y Guaqui. Elaboración personal. Location of estancia Cantapa, disputed among the caciques of Laja and Guaqui. Author’s elaboration. 

En 1628, don Baltasar Guamani, cacique principal de Guaqui, solicitó ante la Audiencia la expulsión de los pastores de Laja instalados en la estancia, aduciendo que esas tierras les habían sido asignadas por el Inka y luego reconfirmadas por la visita toledana24. El cacique denunció que la intromisión databa de 1585, fecha en que el cabildo de La Paz había revalidado el señalamiento toledano de la estancia en términos de Guaqui. Además, tanto el cacique como sus testigos afirmaron que los pastores de Cantapa eran doctrinados por uno de los dos curas del pueblo, ya que los Laja no podían hacerlo por hallarse alejados, “y en el camino ay rios e pasos peligrosos en tiempo de aguas donde aunque quisiesen no podrian acudir”25. Para sustentar este argumento, los testigos remitieron a un episodio transcurrido en 1600, cuando el padre Miguel Merino, cura de Laja, quiso entrometerse para doctrinar a los pastores de Cantapa, forzándolos incluso a asentarse en Laja, contraviniendo los mandamientos emitidos en 1584 por los visitadores enviados por el obispo de La Plata.

Por su parte, don Fernando Quino y don Juan Bautista Vilca Laura, caciques principales de Laja, alegaron en su defensa que la estancia de Cantapa pertenecía al pueblo de mas de noventa años desde el tiempo del ynga (…) de ynmemorial tiempo a esta parte demas de que desde el tiempo del ynga fueron divididas e repartidas las dichas tierras de Cantapa por ser en la juridiçion de nuestro pueblo porque desde la estancia dicha no ay mas de dos leguas y desde alli al pueblo de Guaqui ay siete26.

Para sustentar su posición, los caciques presentaron al gobernador don Antonio Mogollón de Rivera, corregidor de La Paz, documentación del período toledano donde constaba la intrusión en Cantapa de pastores de Guaqui que huían del tributo y de la doctrina. También informaron que, a pesar de haber sido expulsados por el corregidor de Omasuyos, en 1608 los pastores de Guaqui se habían reasentado en la estancia.

En septiembre de 1628, el Licenciado don Gabriel Gómez de Sanabria, oidor y visitador general de la Audiencia, emitió un decreto en La Paz reconociendo los derechos del pueblo de Guaqui sobre Cantapa, lo cual habilitó al corregidor Mogollón de Rivera a tomar decisiones en claro beneficio de los caciques del pueblo: notificaciones exclusivas, aceptación de nuevos y mejor asesorados testigos e incluso la emisión de un auto de conclusión de la causa en junio de 1629. Llegado este punto, los caciques de Laja exigirán la remisión de todo lo actuado a la Audiencia, instancia en la cual el oidor Sanabria impulsaría una sentencia en favor de los caciques de Guaqui. En respuesta, los caciques de Laja apelarían esa sentencia, justificando su incomparecencia por haber estado abocados al entero de la mita. Afirmarían, asimismo, que lo actuado por el corregidor de La Paz era contra derecho por ser amigo personal del general don Antonio de Barrasa y Cárdenas, encomendero de Guaqui y notable vecino paceño27. Desestimada esta denuncia por el Licenciado don Juan Durán de Mendoza, fiscal defensor de los caciques de Guaqui, en octubre de 1629 la causa volvió a la Audiencia, cuyos magistrados otorgaron un plazo de tres meses para citar a las partes. Finalmente, entre diciembre de ese año y enero de 1630, los caciques de Laja presentaron sus testigos, cerrándose el expediente con la solicitud don Fernando Quino, cacique de Laja, ante don Luis Jacinto de Contreras, corregidor de Omasuyos, de una copia de los autos para volver a concurrir a la Audiencia. No consta en el expediente la sentencia definitiva del tribunal.

A partir de los testimonios presentados por las partes litigantes y del propio procedimiento administrativo que cursó el pleito, podemos deducir una serie de elementos que permiten dar cuenta de la configuración de ciertas redes políticas y de los discursos en torno al espacio altiplánico donde se emplazaba la estancia de Cantapa. En primer lugar, los caciques de ambos pueblos contaron con el asesoramiento de procuradores de causas de la ciudad de La Paz (Francisco Pacheco Cerquera para Guaqui, Diego de Escobar para Laja) y del protector general de naturales (Domingo de Avendaño). Estos funcionarios no sólo se encargaron, respectivamente, de representar a los caciques frente a las justicias coloniales y de defender sus derechos, sino que muy probablemente también actuaron en la confección de los testimonios brindados por los testigos. En segundo lugar, la intromisión del corregidor de La Paz en un pleito entre caciques de pueblos englobados en los corregimientos de Pacajes (Guaqui) y Omasuyos (Laja) obedeció a que la estancia de Cantapa caía dentro de las diez leguas (unos 56 km) que correspondían al término rural de la jurisdicción paceña. A pesar de haber acudido al corregidor de la ciudad, los caciques de Laja recusaron luego esta superposición jurisdiccional, aduciendo una supuesta amistad con el encomendero de Guaqui, a través de cuya intermediación los caciques de ese pueblo resultaron consecuentemente beneficiados.

El conflicto entre corregidores no constituyó simplemente un recurso discursivo: según Francisco de Salinas, anciano morador del pueblo de Pucacani, hacia 1600 ya se había producido un enfrentamiento entre don Felipe de Lescano, corregidor de Omasuyos, y dos españoles y un alcalde nativo comisionados por el corregidor de Pacajes. Desconociendo sus pretensiones, Lescano les quito las baras a los dichos españoles y al alcalde y las hizo pedaços y al dicho alcalde de indios lo quiso açotar y les mando salir de su jurisdicion y entonces haciendo traer papel y tinta escrivir con su escrivano fulano de Espinosa y escrivio al dicho corregidor de los Pacaxes en razon de las dichas tierras diziendo que como embiava a su jurisdicion aquellos hombres con varas y al dicho yndio alcalde y otras cosas en esta razon no siendo su jurisdicion (…)28.

Del mismo modo, la “jurisdicción espiritual” bajo la cual se encontraba la estancia también había motivado la intervención de las autoridades diocesanas29. Finalmente, caciques y testigos de ambas partes manifestaron percepciones marcadamente diferenciadas en torno a la propia ubicación de la estancia de Cantapa y las condiciones topográficas del área cercana. Así, mientras los caciques y testigos de Guaqui afirmaron que Cantapa se encontraba entre tres y cinco leguas del pueblo (16,7-27,8 km) y entre tres y cuatro leguas de Laja (16,7-22,3 km), los caciques y testigos de este pueblo sugirieron distancias más pronunciadas: entre seis y ocho leguas de Guaqui (33,4-44,6 km) y apenas entre dos y tres leguas de Laja (11,1-16,7 km). Apreciamos pues una clara intención de los caciques de Laja por ubicar a Cantapa más cerca de su pueblo que de Guaqui; los caciques de Guaqui, por su parte, refirieron una ubicación más equidistante, aunque agregaron que los ríos que corrían entre Laja y Cantapa dificultaba el traslado de personas, llamas y bienes. En definitiva, estas apreciaciones diferenciales del espacio obedecieron al juego político que los caciques de ambos pueblos (pero también las autoridades españolas, laicas y eclesiásticas) pretendieron jugar en torno a un espacio que claramente revestía un carácter liminal.

¿A qué obedecía esa condición liminal de la estancia? En su alegato a favor de los caciques de Guaqui, el procurador Pacheco Cerquera estableció que la estancia de Cantapa lindaba con tierras de los vecinos pueblos de Viacha (al sudeste) y Tiwanaku (al noroeste), ambos englobados en el corregimiento de Pacajes; en la misma dirección se pronunció el testigo don Diego Laymi Tarqui, natural del ayllu Titicollana de Jesús de Machaca: “sin que las tierras de Laxa lleguen a las dichas con mas distancia de media legua por ser de la provincia de Omasuyo”. Por su parte, dos testigos de los caciques de Laja (Francisco Carrillo Savaleta, morador de Guarina, y don Pablo Acho, natural del ayllu Tarquioca de Pucarani hanansaya) afirmaron que la estancia lindaba con tierras de Guarina (al noreste) y de Caquiaviri (al sudoeste)30. ¿Estaba Cantapa emplazada en el límite de los corregimientos de Pacajes y Omasuyos? ¿Habrá recuperado la administración colonial alguna pauta territorial prehispánica, o acaso preincaica (tal como el dualismo urqo-uma de la cosmovisión aymara)? ¿Conformaba, pues, la estancia de Cantapa un “palimpsesto territorial”?

Si bien desconocemos la resolución el pleito, los dichos de dos testigos, por un lado, y documentación posterior, por el otro, orientan la lectura hacia una “solución de compromiso”. Testificando a favor de los caciques de Guaqui, los principales don Martín Calle (ayllu Achaca) y don Pablo Condori (ayllu Guaraya) de Tiwanaku hurinsaya coincidieron en afirmar que los yndios laxas en el çitio de Cantapa no tienen tierras ningunas sino cosa de media legua de español de alli y que las que tienen por aver visto las unas y las otras este testigo son las que llaman Cantapa la Chica distante la dicha media legua de las de Cantapa la Grande que son las de Guaqui31.

Había, pues, dos estancias homónimas a tan solo media legua de distancia entre ellas (2,8 km), una en términos de cada pueblo. Asimismo, una escritura notarial de noviembre de 1630 indica que don Agustín de Espinosa y Céspedes, encomendero de Laja, donó al Licenciado Nicolás Calderón, cura del pueblo, “un citio destançia para ganado de Castilla que tengo y poseo en terminos deste pueblo que a de fundar media legua delante de la que tengo por merced del gobierno llamada Cantapa en la parte y lugar que quisiere en contorno de la dicha mi estancia de Cantapa”32. En diciembre, donaría la propia estancia de Cantapa (y sus corralones) a su hija, doña María de Torres y Céspedes33. Don Agustín venía explotando la estancia por lo menos desde 1605, cuando fundó una compañía con Francisco de Rivadeneyra para instalar y criar durante cuatro años 4000 ovejas que comprarían por mitades a 2000 pesos corrientes34. Finalmente, la visita ordenada por el virrey don Pedro de Toledo y Leyva, marqués de Mancera (1645), registró una estancia Cantapa en términos de Laja, propiedad de Juan de Vaca35. Por otro lado, en la visita general del virrey duque de La Palata (1684) consta una estancia Cantapa, pero dependiente de Guaqui hanansaya, sobre la que Francisco Ortiz Coloma, escribano de Chucuito, tenía fundada una capellanía36. ¿Habría asignado la Audiencia una estancia a cada pueblo (Cantapa la Grande para Guaqui y Cantapa la Chica para Laja), o se trató de un arreglo extrajudicial?

Consideraciones Finales

En este trabajo buscamos reconstruir las percepciones, apreciaciones y descripciones sobre el espacio que las autoridades étnicas (aunque también las españolas) de los pueblos de reducción de la cuenca del lago Titicaca dejaron asentadas en la documentación colonial del período postoledano, entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Si bien los pleitos reseñados presentaron particularidades propias, que obedecían a la conformación sociodemográfica de cada pueblo, a la proyección política de sus respectivos caciques y a la interacción con las autoridades coloniales, entre otros factores, quisiéramos recuperar aquí algunas características compartidas, en pos de vislumbrar procesos de corte regional.

En primer lugar, tanto la asignación de tierras y otras prácticas de demarcación territorial del período incaico como la visita y la reducción toledanas constituyeron hitos en la memoria argumentativa de los caciques y sus testigos, puestos en juego ante los estrados judiciales para la defensa de sus derechos (antiguos algunos, nuevos otros) a las parcelas agroganaderas en disputa. De este modo, el señalamiento de nuevas divisiones políticoadministrativas del gobierno colonial (pueblo de reducción, doctrina, corregimiento) y su eventual utilización por parte de los caciques en los pleitos permiten conceptualizar la institucionalización del territorio no ya como un cristalizado dispositivo de enmarcamiento, sino como un proceso contingente de consolidación del dominio colonial que reclama su historización (Paasi 2003).

En segundo lugar, visualizamos un repertorio común de prácticas argumentativas, verdaderos “discursos cacicales” (de factura propia y/o inducida por asesores letrados) que incluían el señalamiento de las distancias entre las tierras disputadas y los respectivos pueblos, la delación de supuestos cultos idolátricos para desacreditar a los caciques rivales, y la convocatoria a ancianos líderes de pueblos cercanos cuya “memoria autorizada” fortalecía los alegatos. Del mismo modo, la apelación al corregidor de La Paz como instancia intermedia entre los corregidores de indios y la Audiencia complejizó aún más la dinámica sociopolítica local. Ahora bien, en el conflicto de los caciques de Guaycho contra los de Conima, el alto tribunal resolvió dividir por mitades las tierras disputadas, mientras que para el pleito entre los caciques de Laja contra los de Guaqui, la ausencia de sentencia podría sugerir un entendimiento extrajudicial de partes, evidenciado en el registro de dos estancias nombradas Cantapa en documentación posterior.

Finalmente, nos preguntamos a qué factores pudo haber obedecido el llamativo hecho de que los tres casos se desataran en torno a parcelas emplazadas en espacios fronterizos, es decir, en los límites de dos corregimientos: entre Paucarcolla y Omasuyos (primer caso), entre Azángaro-Asillo y Paucarcolla (segundo caso) y entre Omasuyos y Pacajes (tercer caso). Entendemos que los conflictos aquí abordados no remitían solo a disputas por zonas de producción agroganadera. La proximidad a espacios liminales que pudieran coincidir con antiguos marcadores territoriales probablemente haya impulsado a los caciques a pleitear con mayor énfasis, toda vez que el control sobre esos espacios les aportaba altos niveles de capital político y simbólico tanto frente al poder colonial como a frente a las autoridades menores de los ayllu y al conjunto de los tributarios de sus respectivos pueblos.

De particular interés resulta la coincidencia del topónimo Cocavi como mojón incaico, como lindero entre Guaycho y Conima, como límite entre los corregimientos de Omausyos y Paucarcolla y como hito del límite internacional entre Bolivia y Perú, lo cual nos lleva a reparar en la multifuncionalidad y la resignificación de territorialidades preexistentes. Así, la puesta en marcha de la variable temporal y de los distintos planos de la discontinuidad nos permite interpelar estos “palimpsestos territoriales” cuyos componentes trascendieron su configuración inicial y fueron parcialmente re-semantizados en contextos posteriores (Santos 2000 [1996]:37-43).

Entendemos que estos elementos aportan coordenadas analíticas claves para el estudio de la redefinición de los criterios de legitimidad de los caciques andinos. Si el poder étnico implicaba recordar los linderos y activar la memoria colectiva en contextos ritualizados, los estrados coloniales resultaron nuevas instancias para la validación de la autoridad nativa. Ya no bastaba con recordar: litigar, protocolizar y escriturar los linderos en soporte escrito constituyeron mecanismos para el reaseguro de esa “memoria territorializada” sobre nuevos mapas políticamente concertados. Las poblaciones que habitaron (y habitan) el altiplano circunlacustre precisaron instalar marcas en el espacio, “signos en la tierra” que, simultáneamente, establecieran los límites socio-espaciales de los colectivos a distintos niveles de segmentación y otorgaran nuevos criterios de pertenencia y cohesión social.

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado en el marco de los Proyectos UBACyT 724 y PIPCONICET 112-201101-00259 (2014-2017), dirigidos por Ana María Presta (UBA-CONICET). Agradezco los comentarios que Eduardo Góes Neves (Universidade de São Paulo) me hiciera en ocasión del VIII TAAS, como así también los aportes de los evaluadores del artículo.

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1Una primera versión de este trabajo fue presentada en lal VIII Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur (TAAS), en el Simposio “Paisajes en Conflicto”, co-organizado junto a Eduardo Herrera Malatesta, realizado en La Paz, Bolivia, del 23 al 27 de mayo de 2016. Este manuscrito fue evaluado por pares externos y editado por el Comité Editorial de Chungara y Dante Angelo en su calidad de editor invitado.

2El corpus documental se delimitó a partir de un criterio triple: analítico, espacial y cronológico Se trata, en efecto, de pleitos por tierras trabados entre caciques de pueblos lacustres durante el período postoledano, resguardados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB).

3ABNB, Expedientes Coloniales (EC) 1586-3. Cf. Spurling 1992:50-54. Al presente, no hemos podido determinar la ubicación precisa de las estancias disputadas. La única referencia toponímica disponible es la bahía de Cocahui (fonéticamente próximo a “Cocavi”), donde actualmente se halla emplazado el primer hito del límite internacional entre Bolivia y Perú, según lo establecido en el Protocolo de la Demarcación de la Segunda Sección de la Frontera Peruano- Boliviana (también llamado “Protocolo Gutiérrez-Concha”), firmado en La Paz el 15 de enero de 1932 (Botelho Gozálves 1964).

4En tanto soportes materiales del dominio incaico sobre los territorios sometidos, los mojones fungieron como marcadores claves en la escenificación del poder (un poder escenificado), recuperando en muchos casos elementos topográficos (cerros, ojos de agua, vertientes, afloramientos rocosos) o construcciones preexistentes (chullpa, apacheta) o instaurando nuevos patrones demarcatorios (Sanhueza Tohá 2004). Imbuidos de gran carga simbólica por constituir también espacios sacralizados, los mojones se asociaban, por operación metonímica, a figuras ancestrales corporizadas en las mallqui (momias), lo cual es relevante dado que el culto a los antepasados conformaba un circuito reciprocitario por el cual éstos garantizaban la fecundidad de la tierra y la prosperidad reproductiva (Duviols 1967; Ramírez 2005).

5Para la equivalencia de la legua castellana al sistema métrico decimal, seguimos la sugerencia de John Hemming (1982:641 [1972]), quien indica que se trataba de la “medida de lo que se anda en una hora”. Así, una legua equivaldría a 5,57 km aproximadamente.

6Los datos de la tasa establecida tras la visita toledana revelan un total de 222 tributarios en Conima, mientras que en Guaycho esa cifra ascendía a 575 (Cook 1975:74- 76; Levillier 1925;IX:147). Esta diferencia en el caudal tributario podría explicar la necesidad de tierras por parte de los caciques de Guaycho.

7El cerro Pullata (4.260 msm) se encuentra a menos de dos kilómetros al sudoeste del pueblo de Guaycho. Por otro lado, en la visita general ordenada por el virrey don Melchor de Navarra y Rocafull, duque de La Palata (1684), la estancia de Quenasani figura adscripta al ayllu Hilata de la parcialidad hanansaya de Guaycho (ayllu proveedor de las autoridades). Archivo General de la Nación (AGN), Sala XIII, Legajo 17-2-3. Visita al pueblo de Guaycho, 24 de enero de 1684, a cargo del general don Melchor Antonio de Vivar y Avendaño, corregidor de Omasuyos, f. 23v.

8ABNB EC 1586-3, ff. 33r-33v.

9ABNB EC 1586-3, ff. 37v-38r.

10ABNB EC 1586-3, ff. 23v-24r. “Sayhuatha, chucatha, quellincatha queyllatha: mojonar las chacaras con montones de piedras, o terrones. Sayhuattatha, quellincatatha, chutattatha, levantar una pared de piedra a secas, o muchos terrones, poniendo sobre ellos alguna cosa para espantajo de los carneros, o zorras. Sahyhua quellinca, chuta: el termino de las tierras o el espantajo al modo dicho” (Bertonio 1984 [1612]II:314; Sanhueza Tohá 2004).

11ABNB EC 1586-3, f. 24r.

12ABNB EC 1586-3, ff. 25r-28v.

13ABNB EC 1586-3, ff. 33r-34r.

14ABNB EC 1611-2. Cf. Alconini 2013, 2014; D’Altroy et al. 1994; Espinoza Soriano 1987; Murra 1978; Pease G. Y. 1992:71-88; Portugal Loayza 2011; Spurling 1992. Entre los cambios derivados de la conquista incaica sobre el espacio surandino, el traslado de poblaciones extra-regionales (mitmaqkuna) para su posterior implantación con diversos fines (productivos, defensivos, religiosos, políticos) fue uno de los mecanismos de los que se valió el Tawantinsuyu para ajustar los nudos del poder local (Pärssinen 2003:141-156 [1992]; Wachtel 1981). En tanto estrategia imperial de dominación, el establecimiento de estos enclaves implicó el redireccionamiento de las relaciones políticas, imponiendo nuevas pautas de organización territorial sobre las poblaciones sometidas y alterando la configuración étnico-política en zonas de alta conflictividad, como lo fuera la ribera oriental del lago, para disuadir focos de rebelión.

15Se trata de los mismos caciques de Moho que, dos años después, participarían en el pleito reseñado anteriormente, en calidad de mediador y de testigo de oficio, respectivamente. La recurrente convocatoria de los caciques de Moho para conflictos por linderos refuerza la hipótesis de Geoffrey Spurling (1992:90) sobre la preeminencia política de Moho como cabecera de una entidad política preincaica que serviría, en tiempos coloniales, como base para la organización de la capitanía de mita Colla umasuyu dependiente de la ciudad de La Paz (Bouysse-Cassagne 1978).

16Sus palabras, según el anciano testigo, habrían sido claras: “hermanos ya no es tiempo del ynga agora y os podeis volver a vuestra tierra cada uno”. ABNB EC 1611-2, f. 34r.

17ABNB EC 1611-2, f. 34v. “Phukhu: manantial de agua. Phukhu phukhu: tierra de muchos manantiales” (Bertonio 1984 [1612]II:280).

18ABNB EC 1611-2, f. 35v. Para Spurling (1992:167), el término “moyo” es un sinónimo de “mojón”, aunque también es posible que se trate de una derivación castellanizada de la voz aymara “molloko”, que remite a la cualidad de “redondo como una bola o tabla, o paño rebuelto (…) Remolino de los rios” (Bertonio 1984 [1612]II:225).

19Don Juan Pari Apasa, anciano principal del pueblo de Lampa, decía ser hijo del mayordomo (capataz) a cargo de los tejedores en Milliraya, mientras que don Martín Chuca, jilaqata de Juliaca, se identificó como hijo del khipucamayoq de los artesanos. ABNB EC 1611-2, ff. 49r-53v.

20ABNB EC 1611-2, f. 16r. Cf. Spurling 1992:180-181.

21ABNB EC 1665-12, f. 16v. Cf. Spurling 1992:160-170.

22ABNB EC 1611-2, f. 46r. Cf. Spurling 1992:210.

23ABNB EC 1611-2, ff. 3v-4v. Cf. Spurling 1992:209-210.

24ABNB EC 1630-2, ff. 5r-6r.

25ABNB EC 1630-2, f. 9v. Se trata de los ríos Pallina, Catari y Guaquira, que corren en sentido sudeste-noroeste hasta desembocar en el lago Titicaca (Figura 4).

26ABNB EC 1630-2, ff. 30r-30v.

27ABNB EC 1630-2, f. 151v. Sobre el general don Antonio de Barrasa y Cárdenas, cf. Morrone 2012.

28ABNB EC 1630-2, ff. 187r-187v.

29El pleito incluye varios mandamientos de provisores y visitadores del obispado de La Plata dirigidos a los curas de Laja entre 1584 y 1603, exhortándolos a no entrometerse en la jurisdicción doctrinal del cura de Guaqui (ABNB EC 1630- 2, ff. 8v-14r). Por otro lado, los testigos presentados por los caciques de Laja aseguraron que los pastores de Cantapa tenían fundada una capilla bajo la advocación de San Pedro y que las fiestas patronales eran auspiciadas por los curas de ese pueblo, mas no por los de Guaqui (ABNB EC 1630-2, ff. 182r-192r).

30ABNB EC 1630-2, ff. 54v-56r, 111r-114v y 169v-174r.

31ABNB EC 1630-2, f. 92v.

32Archivo de La Paz (ALP), Registro de Escrituras (RE), Caja 20, Legajo 33, ff. 656r-656v. Pedro de Manzaneda.

33ALP RE C21 L34, ff. 584r-586v. Juan López Mexia.

34ALP RE C7 L11, sf. Gaspar de Chaves.

35AGN IX, 17-1-4. Visita al pueblo de Laja, 20 de agosto de 1645, a cargo del Bachiller don Diego González de Vargas, cura del pueblo, cuadernillo 1, f. 4v. Muy probablemente se tratara de don Juan Vaca Dávila, esposo de doña Elvira de Pisa y Céspedes, quien fuera hija de Isidro de Pisa Saavedra y de doña María de Céspedes y Torres, hija de Agustín de Espinosa y Céspedes (García Guzmán 2000:139-146; Morrone 2012).

36AGN XIII, 18-1-2. Visita al pueblo de Guaqui, 24 de mayo de 1684, a cargo del capitán Juan Francisco de Inda Vidaurre, corregidor de Pacajes. “Padron de los indios que dicen ser yanaconas de Su Magestad”, sf. 2v-3r. Cf. Choque 2003:330. La fundación de una capellanía remite a la adscripción de un conjunto de bienes (muebles e inmuebles) a una institución eclesiástica con el objetivo de garantizar el cumplimiento de misas y otras obligaciones por parte del oficiante (capellán) en beneficio del otorgante.

Recibido: Marzo de 2017; Aprobado: Enero de 2018

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