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Revista chilena de obstetricia y ginecología

versión On-line ISSN 0717-7526

Rev. chil. obstet. ginecol. v.70 n.1 Santiago  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262005000100001 

 

REV CHIL OBSTET GINECOL 2005; 70(1): 1-2

EDITORIAL

 

Dr. René Castro Santoro
Encargado del Programa Salud de la Mujer. Ministerio de Salud. Chile.


 

La violencia sexual es "toda actividad sexual no voluntaria, forzada mediante la violencia física, o por cualquier forma de coerción, agresión o abuso". Su práctica implica una relación de sometimiento en la cual la víctima ha rechazado el acto sexual o en que no ha tenido capacidad de consentir, esto último especialmente en el caso de niños. Se considera como abuso "la actividad sexual inducida valiéndose de una situación de superioridad dada la particular condición de la víctima, por trastorno o deficiencia mental, o por dependencia económica, laboral, desamparo, inexperiencia o ignorancia".

Este problema -que afecta con muchísima mayor frecuencia a mujeres y niñas/os- expresa la mayor de las inequidades de género, no sólo porque las víctimas son más débiles físicamente, sino que además tienen menor capacidad para poder hacer valer sus derechos.

OPS en 2003 sentenció: "Millones de mujeres en el mundo sufren los efectos de la violencia de género - violencia física, sexual, y emocional -en sus propios hogares cada día. Esto lo transforma en uno de los problemas de Derechos Humanos y de Salud Pública más extendidos actualmente a nivel mundial. Este sufrimiento de las mujeres a menudo es silencioso e invisible para el resto del mundo".

El concepto de Salud Sexual y Reproductiva - propuesto por la Organización Mundial de la Salud, aprobado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y, ratificado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995)- implica, entre otras "…la posibilidad del ser humano de tener relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin temor de infección ni de un embarazo no deseado" (OPS, 1995).

Desde que la sociedad reconoce que todas las personas tienen derechos humanos y, específicamente el derecho de decidir acerca de la propia sexualidad, la violencia sexual es un delito, independientemente de si ocasiona o no daño físico a la víctima. Entre las consecuencias de un acto de violencia sexual cabe destacar el embarazo no

deseado, las enfermedades de transmisión sexual y, un significativo impacto sobre la salud mental de las víctimas, el cual se proyecta a lo largo de toda su vida (angustia, culpa, vergüenza); algunos estudios muestran que alrededor del 40% de las mujeres violadas refieren anorgasmia prolongada posterior, vaginismo, dispareunia, dolores pélvicos recurrentes.

Chile no está libre de este flagelo. Un estudio realizado en 2001 muestra que 50,3% de las mujeres, actual o anteriormente casadas o en convivencia, residentes en la Región Metropolitana, han experimentado alguna forma de violencia por parte de su pareja; de ellas, 14,9% experimenta violencia sexual. En promedio, 79% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, y de ellas, 81% fue agredida por una persona conocida o familiar; alrededor de un tercio de las víctimas son mujeres de 15 años o menos. La información disponible sólo da cuenta de una fracción de la realidad, pues se estima que uno de cada cuatro delitos sexuales no se denuncia.

Chile, ha asumido el imperativo ético de enfrentar la violencia sexual y atenuar los daños y secuelas que produce en las personas más vulnerables, en el contexto de múltiples compromisos internacionales que ha suscrito y, de su decisión de implementar diversas leyes promulgadas al respecto (Agosto 1994: Ley N° 19.324, de Maltrato Infantil, Ley N° 19.325, de Violencia Intra familiar; Julio 1999: Ley N° 19.617, sobre Delitos Sexuales). En la Ley sobre Delitos Sexuales; el bien jurídico a proteger es la indemnidad sexual de la persona ofendida. Un elemento significativo es la tipificación del delito de violación intraconyugal cometido en contra del cónyuge o conviviente, con quien se hace vida en común; es probable que para muchas personas, incluido el personal de salud, resulte aún difícil conceptualizar el acto sexual no consentido por la pareja, como un delito.

La creación del Ministerio Público, en el marco de la Reforma Procesal Penal en desarrollo, plantea un cambio de paradigma respecto al rol de la víctima, en relación al antiguo sistema procesal penal. El nuevo sistema otorga protagonismo a la víctima en la solución del conflicto que la afecta, y le reconoce el derecho a ser atendida; a recibir un trato digno; a denunciar el delito; ser informada; solicitar protección; obtener reparación; ser escuchada; interponer querella, participar en el proceso y derecho a reclamar. Se reconoce a las víctimas de delitos sexuales que son mayores de edad, la capacidad de decidir si quieren o no poner los hechos en conocimiento del sistema judicial; en el caso de víctimas menores de 18 años, el Código de Procedimiento Penal establece que existe "acción penal pública por cualquier delito que se cometa en contra de los mismos", lo cual obliga a el/la profesional responsable de la dirección del Servicio de Urgencia o del establecimiento de salud, a denunciar ante el sistema judicial los delitos sexuales que se cometan en contra de personas menores de edad de los que tenga conocimiento.

Los servicios de salud deben entregar a las víctimas una atención integral, abordando junto a los procedimientos biomédicos requeridos para su situación, los aspectos de su salud mental y/o psicosocial (integralidad), y realizar labor pericial, sin cuestionar la denuncia ni desacreditarla; en muchos casos la calidad de la atención de urgencia puede determinar el futuro de la víctima. A partir de la promulgación de la ley de Delitos Sexuales y de la Resolución Exenta N° 710 del Servicio Médico Legal (1999), todos los profesionales de salud de los establecimientos públicos y privados, están habilitados para practicar reconocimiento, exámenes médicos y pruebas biológicas conducentes a acreditar el hecho y a la identificación de las personas que han protagonizado el hecho. El profesional que ejerce de perito debe tener presente que su examen debe ser fidedigno, y ajustarse en forma rigurosa a los signos clínicos observados y a los hallazgos objetivos; concluido el mismo, deberá emitir su conclusión clínica, pero no está autorizado a afirmar ni a calificar el delito.

En el documento que se incluye en el presente número de la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, se definen las etapas de esta atención: acogida, exploración, tratamiento, informe médico legal y derivación. El tratamiento se refiere a las intervenciones destinadas a prevenir o minimizar las consecuencias patológicas o no deseadas de la violencia o abuso sexual. Invito a leer cuidadosamente ese documento.

Al concluir este Editorial, valoro la decisión del actual Directorio de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología de publicar en su revista institucional el documento "Normas y Guía Clínica para la atención en servicios de urgencia de personas víctimas de Violencia Sexual" (Ministerio de Salud, Abril 2004), que ayudará a los gineco-obstetras nacionales, en su condición de "médicos de mujeres", a asumir un rol más activo en la pesquisa y tratamiento oportuno y adecuado de las víctimas de este flagelo.

Aprovecho la oportunidad para dejar un elemento adicional de reflexión en el ámbito de nuestra especialidad: el no respetar los derechos de la mujer y su capacidad de tomar decisiones plenamente informadas sobre su vida reproductiva (por ejemplo, esterilización voluntaria, uso de anticoncepción de emergencia, uso de anticonceptivos en mujeres viviendo con VIH/SIDA), o la realización de procedimientos no justificados (por ejemplo, exceso de cesáreas en la practica privada, de histerectomía y ooforectomía "profiláctica", etc.), pueden llegar a constituir situaciones de violencia contra la mujer ejercidas por el médico gineco-obstetra.

En el contexto de los profundos cambios que se han ido produciendo en distintos espacios sociales, se hace necesario un proceso de mejoramiento en la calidad de la relación entre las mujeres y los responsables de velar por su salud, en un marco de mutuo respeto. Con la presente iniciativa, la SOCHOG está dando un significativo paso en esa dirección.

Escuchen las voces de estas mujeres y niñas que cuentan sus historias. Nos piden que las escuchemos y hagamos algo acerca de la violencia basada en el género, la forma más difundida de maltrato en el mundo."

Isabel Allende