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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.9 n.1 Talca  2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000100005 

Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 1

I. ARTÍCULOS DE DOCTRINA

LA TUTELA SUPRACONSTITUCIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN COSTA RICA

Gilbert Armijo (*)

RESUMEN

El presente artículo analiza la posición de los derechos fundamentales y la recepción de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, considerando la eficacia de los instrumentos internacionales sobre la materia y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo analiza especialmente la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.

Derecho Público. Derecho Constitucional. Derechos Fundamentales. Derechos Humanos. Derecho Internacional Público. Derecho Constitucional Comparado.

ABSTRACT

This article analyzes the place of human rights and their reception in the Costa Rican legal system, considering the effectiveness of international treaties on the subject and the decisions of the Inter-American Commission and Court on Human Rights. The decisions of the Constitutional Chamber of the Costa Rican Supreme Court are also commented.

Costa Rica. Constitutional Law. Human Rights. Fundamental Rights. International Law.

Comparative Constitutional Law.

1. INTRODUCCIÓN

He sido invitado en mi carácter de operador constitucional. En este sentido quiero compartir algunas inquietudes sobre el papel de los instrumentos de derechos humanos en Costa Rica y la Sala Constitucional, sin que lo que se diga sea una única alternativa o se considere excluyente otra explicación del fenómeno. Nuestro interés es realizar una pequeña contribución a la discusión del tratamiento del tema.

El respeto a las cartas internacionales de derechos humanos conlleva, al igual que a todas aquellas con relevancia constitucional, el ejercicio por parte de la Sala de funciones de control abstracto de las normas. Sin embargo, hasta ahora no se han extraído las posibles consecuencias que se pueden derivar del ejercicio de este control, ni se ha desarrollado un sistema de reglas y de los modelos argumentales imperantes. Los magistrados de la Sala Constitucional, pese a esas carencias, han ido elaborando un instrumental adecuado que respeta y restablece la primacía de los Derechos Humanos como parámetro de interpretación jurisdiccional. De esta manera se ha ido creando una jurisprudencia, que busca los instrumentos de control apropiados a su función. Ahora, una década después del inicio de este proceso, tenemos suficientes sentencias en este campo que nos permiten una determinación más precisa de las funciones y de los límites del contralor de constitucionalidad a través del ejercicio de la fiscalización de lo que denominamos la «nueva eficacia jurídica del derecho supraconstitucional de los derechos humanos». La intención de este trabajo es analizar parte de este material, agruparlo bajo conceptos simples y aventurar los primeros elementos de una breve sistematización provisional.

En este orden de ideas, consideramos que puede ser de interés mencionar tres temas que están íntimamente unidos: a) los presupuestos del control constitucional sobre la sociedad y el Estado, b) La incidencia de los derechos humanos en la legislación ordinaria, c) La eficacia del derecho supraconstitucional de los derechos humanos en Costa Rica (1990-2000), y desde luego de dicho estudio no puede separarse, la influencia del Dr. Rodolfo Piza Escalante en el rescate y respeto de los Derechos Humanos en Costa Rica. De esta manera, brevemente, pretendemos mostrar los supuestos que consideramos de mayor relevancia.

2. EL CONTROL JURISDICCIONAL Y POLÍTICO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Por ello, debemos preguntarnos qué ha significado la intervención de la Sala en estos temas, sus relaciones con otros órganos estatales, cuyas decisiones tiene aquél que controlar en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos como instrumentos de justicia, igualdad y protección de los más débiles. Esta labor relativa a la esencia de la Sala Constitucional, podemos replantearla en diversas facetas: las jurisdiccionales o las políticas. La función jurisdiccional gira alrededor de la protección de los derechos individuales y colectivos. Las segundas tienden a acentuar los aspectos institucionales de esta jurisdicción, que parecen colocarla, en boca de algunos, como un «cuarto poder» fiscalizador de la labor socio-jurídica del Estado y de la sociedad.

Estos parámetros han permitido diseñar un grado óptimo de eficiencia de las sentencias de la Sala Constitucional. Por ejemplo, consideramos errado buscar una diferenciación entre ambos tópicos cuando del respeto de los derechos humanos se trata, pues precisamente su naturaleza dual: colectiva e individual, impone el necesario control sobre la doble faceta política y jurídica de las decisiones de los órganos del Estado o de los jueces, cuando por acción u omisión amenacen o violen los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El otro aspecto que merece destacarse es que las posibles interpretaciones de la Sala, en materia de derechos políticos, libertad de información y prensa, derecho a un ambiente sano, salud, educación, cultura, vivienda, debido proceso entre otros aspectos, tienden a perfeccionar y darle eficacia normativa a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

A. El control del resultado

La Sala, en la actualidad, ha mostrado que siguiendo las reglas hermenéuticas es capaz de brindar nuevas respuestas al decimonónico derecho constitucional tradicional; y buen ejemplo de ello lo representa la sentencia que desarrolla la posibilidad de reconocerle legitimación a las personas menores de edad, cuando esté de por medio el derecho al medio ambiente1. En otros casos, la Sala ha impulsado la orientación que potencia el principio de que los límites de la jurisdicción constitucional son los mismos de la interpretación constitucional. Esta situación ha hecho levantar algunas voces de protesta que afirman que la Sala Constitucional no debe imponerles a otros órganos del Estado su propia concepción de la Constitución; o, lo que consideran aún más gravoso, que supuestamente interfiera con los órganos del Estado, desconociéndoles sus funciones o competencias; pero lo cierto del caso, es que tratándose de derechos humanos, por la importancia de los bienes en juego y porque la Sala Constitucional actúa como un límite de límites al poder del Estado, debe intervenir cuando el particular en situación de poder, el juez o el funcionario administrativo se haya extralimitado en el ejercicio de sus funciones.

Debe recordarse que el Tribunal Constitucional, frente a la jurisdicción ordinaria o al Estado, tiene un aspecto material, institucional y funcional; por disposición constitucional debe resolver con carácter de vinculación última (artículos 10 y 48 de la Constitución Política), cuando se trata de derechos fundamentales, aunque en muchos casos debe reconocerles márgenes de actuación precisamente porque sus sentencias, si bien es cierto tienen validez general, no son omnicomprensivas, lo cual permite restablecer el equilibrio entre la Sala, el Estado y los jueces. En este tema es quizá donde los límites entre competencias pueden diluirse más aún, pero hasta ahora el equilibrio y la proporcionalidad han sido la pauta que se ha impuesto como una forma de autolimitación constitucional, no imperativa e implícita en los fallos que tienen que ver con estos temas; ejemplo, de lo anterior es la siguiente resolución donde se indica que: «... esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro»2.

La resolución transcrita refleja una situación de hecho, de cómo las sentencias de la Sala Constitucional definen los marcos de actuación del Estado incluso cuando se trata de tutelar y garantizar las relaciones entre el ciudadano y el Estado, en campos tan polémicos como lo son las relaciones con la economía y la política y, por tanto, con el mercado y la democracia. Este es un aspecto que merece resaltarse porque, por lo general, cuando se trata del control de contenidos, la regla parece ser que los Tribunales Constitucionales se inclinan por la protección de los derechos individuales (libertad, movimiento, integridad física, etc.), sociales, económicos o culturales (ambiente, educación, alimentación, vivienda, etc.) consagrados en el derecho interno a través de su Constitución, que de los tutelados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Debemos recordar que el control constitucional conlleva el examen -cuando así se le solicita- de todas las decisiones de los poderes públicos, sobre la base del respeto a la Constitución, el derecho a los Tratados y a la Ley.

Tratándose de los derechos humanos, al igual que ocurre cuando se trata de los derechos individuales o sociales, económicos y culturales el control del resultado es un punto considerado esencial, por la jurisprudencia constitucional costarricense, pues el efecto de la decisión del juez o del órgano del Estado recae, normalmente, sobre el ciudadano, llámesele adulto o niño. Los actos del Gobierno o del Juez se miden en cuanto afecten estos derechos.

Este control a posteriori de las disposiciones de otros poderes del Estado es fundamental, porque se dispone de una amplia esfera de libertad de apreciación de la realidad para alcanzar un fin determinado, llámesele libertad, cultura, educación, salud, etc. Este aspecto tiene especial importancia cuando se trata de analizar los compromisos adquiridos con la ratificación o firma de tratados internacionales que otorgan un rango específico de protección a las personas3. Igual acontece cuando el Estado se obliga, por medio de una ley, a proteger a un sector de la población y no lo hace. En términos más sencillos, también el control opera a posteriori cuando, por acción u omisión, se ponen en peligro la salud o el derecho al ambiente; por ejemplo, al tolerar el vertido de desechos contaminantes en los ríos, en estos casos, la Sala Constitucional ejerce un control de resultados y hasta ahora no ha admitido como eximente de responsabilidad la falta de presupuesto para garantizar y hacer cumplir su obligación de mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado4. Normalmente, el control de resultado conlleva en nuestro medio una elevada densidad de control sobre los actos del Estado que amenacen o violen de cualquier manera la libertad o los derechos fundamentales de la población.

B. Derechos humanos y fundamentales: el sistema reforzado de defensa

La Sala Constitucional desde sus inicios (1990), dejó en claro que los ciudadanos, además de los «derechos fundamentales», gozan también del derecho a una protección especial que se deriva directamente de los «derechos humanos» que les son inherentes como persona. Se establece, así, un sistema reforzado de garantías en su favor, que es potenciado por nuestra jurisprudencia. En otra ocasión hemos sostenido que, tanto los derechos fundamentales como los humanos tienen la peculiaridad de un doble carácter. En primer lugar, son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto a que son inherentes a todos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan una determinada protección individual. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional e internacional, que exige conjugar, a un tiempo, sus dimensiones personal y colectiva.

Por ello, creemos pertinente mencionar algunos parámetros que permitan comprender las causas que llevan al constituyente a establecer en la Constitución Política esta distinción. Especialmente, porque los conceptos «derechos humanos» y «derechos fundamentales» son utilizados, muchas veces, como sinónimos. En segundo lugar, en nuestro medio ha calado la orientación doctrinal encaminada a darles contenido diverso. Así, se acepta que «derechos fundamentales» son aquellos con los que se denomina a los derechos positivos a nivel interno en nuestra Constitución. Estos son los garantizados constitucionalmente a los ciudadanos, en cuanto miembros de un determinado Estado, en tanto que la fórmula «derechos humanos» es la usual para denominar a los derechos naturales que recogen las declaraciones y convenciones internacionales, así como aquellas exigencias básicas relacionadas con la dignidad, libertad e igualdad de las personas, que, en algunos casos, no han alcanzado un estatuto jurídico positivo.

El ingreso al ordenamiento constitucional y positivo ordinario de ambos tipos de derechos, mediante la reforma del artículo 48 de la Constitución, supone no sólo reforzar las garantías de la población, sino también el encuentro entre los derechos humanos, fruto de la tradición iusnaturalista de orientación democrática, con las garantías reconocidas positivamente por el desarrollo constitucional o, en su defecto, por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

C. Eficacia

Uno de los aspectos más conflictivos en relación con los derechos fundamentales es el de la eficacia de su protección respecto al poder del Estado. Ciertamente, característico de las «normas abstractas» o también llamadas «garantías normativas», es establecer límites al margen de actuación de los poderes públicos (Poderes Legislativo y Ejecutivo), y su objeto es evitar que el Estado de cualquier manera despoje del contenido esencial y de la eficacia a las regulaciones de los Instrumentos Internacionales o de la Constitución en todo aquello que beneficie a la población, ya sea en la formulación y ejecución de políticas deficientes o negándoles el acceso a los servicios públicos. Cuando esto acontece, ya sea por acción u omisión, estaremos en presencia de un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de la población. Se pretende, así, restablecer la eficacia normativa del precepto constitucional. De tal forma que el Estado no puede vulnerar los derechos humanos o los fundamentales impunemente, ya que la Constitución y la Ley de la Jurisdicción Constitucional (en adelante LJC) le brinda a la población su protección contra cualquier lesión.

El Estado, ante derechos de garantía que son considerados bienes sociales, debe respetarlos al igual que los particulares. De esta manera, ciertos derechos como la salud o la integridad física, la libertad personal o la educación, entre otros muchos, son oponibles, no sólo ante terceros, sino también frente al poder público.

Un aspecto que tiene íntima relación con el objeto de estudio, es el referente a la legitimación para accionar cuando el Estado incumple sus deberes. Surge así, entre otros, el interés difuso, como un instrumento de fiscalización (artículo 75 de la LJC). Debemos recordar que algunos derechos constitucionales tienen la peculiaridad detener una frontera difusa entre lo individual y colectivo5. Este es un primer supuesto, que nos permitiría gestionar invocando estar en presencia de un interés que nos legitima para hacerlo. Ciertamente, la realización individual del derecho fundamental se corresponde en gran medida con su efectividad colectiva. Ello es así porque, tratándose de derechos fundamentales, detrás de la acción individual existe un interés colectivo, que se ve satisfecho a través de la acción individual. Esto ocurre no sólo por la doble faceta objetiva y subjetiva inherente a estos derechos, reiteradamente señalada por la doctrina, sino porque más allá del fundamento teórico o doctrinal existe la realidad que señala que los derechos sociales son, por lo general, derechos de grupo dentro del Estado; de ahí que su satisfacción no es una cuestión individual, sino que incumbe a todas las personas que se identifican con ese Derecho. Así por ejemplo, la Constitución de Costa Rica reconoce el derecho a la salud (art. 73), al acceso a la cultura (art. 76), a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50), a disfrutar de una vivienda digna (art. 65), a la familia (art. 51), al trabajo (art. 56), a la educación (art. 78), todos ellos son manifestaciones de los valores superiores que la propia Constitución proclama (libertad, justicia, igualdad, seguridad, dignidad de la persona, libre desarrollo de la personalidad, etc.). Siendo así, cuando el Estado no asuma sus obligaciones generales a favor de sus ciudadanos, estaremos ante un supuesto elemental de violación de un interés difuso.

3. INCIDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN ORDINARIA: LA TUTELA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

La protección de la infancia no puede ser desligada del tratamiento de los llamados derechos humanos6 y merece, por parte del Código de la Niñez y la Adolescencia7 (en lo sucesivo CNACR), una atención mucho mayor de la que le ha concedido normalmente la legislación. Los Derechos Humanos llevan implícita la concepción de crear un mundo más justo a favor de las generaciones actuales y futuras8. Hasta ahora, esto ha constituido una especie de sueño que se ha manejado sólo en el marco estricto de lo ideal o teórico, sin tomar medidas para hacerlo efectivo en el plano real.

A. La tutela positiva de los derechos humanos

En el marco de la infancia, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, y el artículo 48 de la Constitución Política, constituyen la piedra angular de protección de estos derechos. La defensa de la infancia conlleva, por parte de la Sala Constitucional, aceptar, con una visión de conjunto, la simbiosis que existe entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional que regula los derechos humanos (artículo 8 CNACR). Esta labor no sería posible sin el intenso trabajo que en esta materia ha desplegado la ONU desde hace cinco décadas9. Los derechos humanos se convierten, así, en un instrumento de análisis, que nos permite replantearnos si la actividad que realiza el Estado y sus órganos, es válida y legítima, si está en armonía con los valores en que se sustenta su respeto10. Algunos de estos derechos son difusos, por naturaleza, al ser individuales y colectivos. Así, por ejemplo, la dignidad del ser humano la encontramos en la base de toda la estructura de protección, sea ésta individual o colectiva (artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica)11. No podemos hablar, ni siquiera en el plano de la especulación, de una protección que sea sólo individual o sólo colectiva. Por ello, se afirma que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos12.

El análisis del contenido de los derechos humanos es muy amplio y excede las pretensiones de este trabajo, no obstante es necesario señalar que, como ocurre en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, éstos comprenden, programas de acción a nivel estatal, como los que impone, por ejemplo, el artículo 4 del CNACR13. Obviamente, el incumplimiento de la labor de promoción económica, social o cultural que corresponde al Estado o a sus organismos, implica una violación por omisión de los derechos humanos, susceptibles de ser reclamada ante la Sala Constitucional por la vía del interés difuso, dado su carácter universal. Por ello, cuando el CNACR le impone la obligación al Estado de prestar, formular y ejecutar políticas de acceso a los servicios públicos, su omisión es considerada normativamente como un acto discriminatorio de la población (artículos 4 y 10 del CNACR). De esta manera, se garantiza, promueve y protege esos derechos.

Esta es una forma de implantar medidas adecuadas que concilian el carácter universal de la dignidad humana con el derecho del individuo y la colectividad. Sorprende que el Estado costarricense haya avalado normativamente, las obligaciones que se desprenden de los artículos 3 y 4 del CNACR, cuando la práctica mundial es otorgarles menos garantías para evitar cumplir esas obligaciones y de esta manera soslayar la posibilidad de una posible acusación de violaciones masivas a los derechos humanos14.

La normativa comentada impone una actitud pasiva y activa del Estado, encaminada a respetar y a no impedir el goce de esos derechos, criterio que se complementa con la obligación de implementar todo lo necesario para no dejarlos sin contenido15. De esta manera, se pretende que los derechos económicos, sociales y culturales sean asequibles a todos los menores de edad de manera justa e igualitaria, como corresponde a la dignidad que les es común como seres humanos.

Dada la exigibilidad de esos derechos, por su carácter de intereses difusos, pero sin olvidar también que estamos frente a «derechos de ejecución progresiva», la Sala Constitucional ha tomado en consideración -cuando se reclaman- si el Estado ha realizado una actividad positiva tendiente a desarrollar acciones dirigidas a satisfacerlos; en caso contrario, el reclamo sería procedente. Debe recordarse que, la jurisprudencia constitucional, reiteradamente ha sostenido que el «Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas» (artículo 4 párrafo 3 del CNACR).

B. La aplicabilidad directa

En los títulos I y II del CNACR se establece un bloque de garantías a favor de los derechos humanos de las personas menores de edad. Algunas de las normas son de carácter abstracto, otras concretas, tal es el caso, respectivamente, del disfrute de derechos inherentes a la persona humana o el derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria (artículos 10 y 59 ibídem).

La directa aplicabilidad de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ha quedado consagrada en el Título IV de la Constitución. La obligatoriedad de los derechos humanos constituye un elemento relevante para su plena efectividad16. Esto significa que ni el legislador, ni la Sala Constitucional exigen que los derechos humanos sean desarrollados por normas de rango inferior. Por el contrario, se ha establecido el carácter prevalente de las tratados y convenios internacionales sobre la materia y la directa aplicabilidad de estos derechos. Hay que añadir que en materia procesal hace tiempo la doctrina ha aceptado la fuerza derogatoria del derecho inherente a la persona humana, que hace decaer la vigencia de las normas que se le opongan. En consecuencia, los principios y garantías que se derivan de los derechos humanos deben ser desarrollados por Códigos y leyes, que son la vía adecuada para esos efectos; en otras palabras, este ordenamiento instrumentaliza los Derechos Humanos. Esta situación es entendible si se parte de que los instrumentos internacionales, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño no es un código omnicomprensivo. Los tratados y convenios sobre el tema contienen las normas generales o programáticas, que se traducen en los principios rectores de la sociedad. Sin embargo, no es un código donde se regulen todos y cada uno de los supuestos. Por ello, necesariamente debe remitirse, expresa o tácitamente, al resto del sistema jurídico. Solamente es cognoscible y comprensible a través de las disposiciones que la desarrollan. En esa medida, para parte de la doctrina, ese derecho positivo constituye la garantía para su ejercicio y goce; sin él, los derechos humanos quedarían reducidos a simples formulaciones teóricas, sin embargo, la Sala Constitucional sostiene un criterio diferente, pues les reconoce a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos plena eficacia jurídica e incluso con un valor superior a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.

C. La cláusula interpretativa

El artículo 8 del CNACR establece (al igual que la reforma del artículo 48 constitucional 18 de agosto de 1989) que la Ley y las normas se interpretarán de acuerdo con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Costa Rica.

Una primera aproximación podría indicar que esta precisión es innecesaria y reiterativa, a la vista de lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de 1949, donde se establece que los Tratados Internacionales ratificados por Costa Rica pasan a formar parte del Derecho Interno, criterio que amplió la Sala Constitucional desde 1990 en el V-282-90 de las 17:00 hrs. del 13 de marzo al afirmar que «...cuando las disposiciones de los tratados resulten ejecutivas y ejecutables por sí mismas, sin necesidad de otras normas que las desarrollen en el derecho interno, las legales que las contradigan deben tenerse simplemente por derogadas, en virtud precisamente del rango superior del tratado»17. Sin embargo, la previsión del artículo 8 del CNACR no es innecesaria ni reiterativa, sino que constituye una garantía más para la protección de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. En efecto, por medio de este precepto normativo se incorporan expresamente al ordenamiento interno las Declaraciones de derechos de carácter supranacional; lo que vincula directamente al ordenamiento costarricense con tales declaraciones. De esta manera, los Tratados internacionales relativos a esta materia no son sólo parte del ordenamiento interno; son, además, un patrón de interpretación de cualquier precepto, constitucional o legal, relativo al Código de la Niñez y la Adolescencia.

Quizá la regla más importante que puede derivarse a futuro es que tienen, además, el efecto de vincular la interpretación que los órganos internos realicen de los derechos humanos aplicables en esta materia, a la interpretación que de los preceptos de los Tratados internacionales hayan realizado los respectivos órganos aplicadores o interpretativos que, en su caso, existan. De esta manera, se integra la jurisprudencia de dichos órganos a la nacional de manera vinculante, como ya ocurrió con algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos18. No debemos olvidar, por ejemplo, que precisamente la «doctrina de la protección integral» de la niñez y la adolescencia nace como resultado de la aplicación de la normativa internacional sobre este tema19.

El punto de vista que aquí se postula para el tratamiento de los derechos humanos, es el que esquemáticamente se formula en los artículos 10 del CNACR, 7 y 48 de la Constitución Política. El legislador establece, en sentido positivo, un contenido esencial para los operadores del sistema al instaurar un límite de límites (Schranken-Schranken, según la expresión alemana) que garantiza la efectividad de los derechos humanos. A grosso modo, significa que el funcionario estatal y privado deben potenciar el respeto, en un sentido amplio, de las garantías que desarrollen un derecho inherente a la persona humana (artículo 6 del CNACR). En este punto se recibe la doctrina alemana, adaptándola a las necesidades nacionales20. Consecuentemente, se establece un precepto dedicado en su conjunto a la cuestión de los límites de los derechos humanos como garantía de la persona. En su desarrollo originario, el límite existe para el legislador, por ende, se establece un terreno que la ley no puede invadir. Para nosotros, el límite existe también para el Estado y el particular, en tanto debe respetar las garantías humanas básicas para su desarrollo integral -que como persona menor de edad le corresponde- y no le está permitido restringir esos derechos. Acto seguido, el artículo 8 CNACR señala cuáles son los parámetros de interpretación para asegurar el respeto de los derechos humanos. Entre éstos se mencionan los consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica.

Lo expuesto significa que pueden interpretarse las normas para otorgar mayores garantías, pero no puede restringirse más allá de un límite esencial que establece el propio legislador (sentido positivo). Por ello, se autoriza al Estado para ampliar las condiciones de ejercicio de los derechos (artículo 6 del CNACR). En algunos casos, será necesario determinar si la actuación del Legislador o del Poder Ejecutivo ha invadido el núcleo intangible de los derechos humanos, conculcando su contenido esencial, o se ha limitado a modular su ejercicio dentro del margen de actuación de que disponen (artículos 3 y 4 del CNACR). Expresado en otros términos, habrá que definir dónde se sitúa la división que permite hablar del disfrute efectivo del derecho -con las restricciones legales que procedan- y de la imposibilidad material de ejercerlo.

4. LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Cuando la doctrina trata el tema del derecho supraconstitucional de los derechos humanos, suele cuestionarse si el tema debe abordarse como un conflicto entre monismo y dualismo o bajo una concepción de pugna entre el derecho interno y el externo, o si por el contrario, éste es concebible bajo el concepto genérico de normas jurídicas y por ende exigibles por todos y desde luego amparables por los tribunales constitucionales de los respectivos países.

En nuestro caso, el papel de la Sala Constitucional como guardiana de los derechos humanos del ciudadano es nuevo, es una responsabilidad que se adoptó a partir del año 1990. El asunto de la preponderancia de los derechos humanos como norma imperativa se presentó ante la Sala Constitucional durante su primera década de existencia, bajo una amplia gama de intereses dignos de tutela constitucional.

Los recurrentes, interponen sus alegatos utilizando todo el arsenal procesal constitucional (hábeas corpus, amparo, acciones de inconstitucionalidad, consultas judicial preceptiva, entre otros). En la mayoría de los supuestos, se aduce el irrespeto de los tratados internacionales, debido a que los operadores judiciales le dan preeminencia a los Códigos ordinarios.

Refiriéndose al valor que le otorga la Constitución a la normativa sobre derechos humanos, el Magistrado Piza Escalante en el voto 2542-92, de las 9:30 horas del 28 de noviembre de 1992, sostuvo que las fuentes del ordenamiento jurídico de Costa Rica, potencian como Estado democrático de derecho, los valores que reflejan la dignidad del hombre, protegidos en la parte dogmática de nuestra Constitución, son y deben ser la principal preocupación de aquellos jueces llamados a cumplir las funciones públicas, debido a que los instrumentos internacionales de derechos humanos son superiores a las del ordenamiento secundario.

Además del rango interno que tienen los derechos humanos, nos interesa también resaltar, dentro del orden previamente esbozado, las garantías jurisdiccionales o concretas y su eficacia. Se trata de instrumentos reactivos que se ofrecen a los ciudadanos para que, en cada caso singular en que se considere violado un derecho humano o fundamental, puedan acudir a ellos y obtener la preservación del derecho o su restablecimiento.

A. La jurisdicción ordinaria

El primer instrumento procesal se manifiesta a través de la justicia ordinaria especializada. Esta se deriva de los artículos 27 y 41 de la Constitución, de ahí se desprende este derecho. En palabras de la Sala Constitucional, se trata de: un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-, lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales independientes y especializados21. ¿Lo anterior qué implica? Bueno, aparentemente esto lo hemos tenido siempre. Entonces, ¿qué trascendencia real tiene lo comentado? Esto conlleva que «tácitamente» nosotros estamos reconociendo la existencia de una verdadera jurisdicción de tutela de los derechos humanos ordinaria. La implementación efectiva de los derechos fundamentales como normas de derecho, obliga al juez a preservarlos, protegerlos y restablecerlos al igual que cualquier otro derecho o aún antes que él (en este sentido los artículos 7 y 48 de la Constitución).

En algunas ocasiones, esta función del órgano jurisdiccional, en cuanto garantes de los derechos fundamentales, se verifica con carácter previo y obligatorio por disposición constitucional. Así sucede con la autorización judicial, necesaria de acuerdo con los artículos 23 y 24 de la Constitución, para intervenir las comunicaciones telefónicas o ingresar las autoridades policiales en un domicilio22. En otras ocasiones, el control ocurre posterior al hecho, por ejemplo ante un allanamiento ilegal. En esta situación no estamos ante una garantía preventiva, sino reactiva, frente a una concreta y supuesta violación de un derecho fundamental.

Ambas atribuciones le competen a los tribunales ordinarios de la jurisdicción penal. En un primer momento, les corresponde a los jueces penales efectuar el control preventivo, autorizando o no las intervenciones que puedan afectar los derechos fundamentales del imputado. En una segunda oportunidad procesal, la Ley establece el derecho a la doble instancia por medio del recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Apelaciones, para que verifique si la restricción del derecho fundamental ordenada por el Juez del Procedimiento Preparatorio, es o no procedente (artículo 437 del Código Procesal Penal). La justicia especializada se convierte, así, en el primer mecanismo concreto de protección de los derechos fundamentales, pues, como se expuso, existe la obligación de los jueces y tribunales de respetar y hacer respetar los instrumentos sobre derechos humanos al igual que la Constitución.

B. La jurisdicción constitucional

En íntima relación con el tema anterior, tenemos la protección constitucional específica de los derechos humanos. Al establecerse la jurisdicción especializada, conforme ya vimos, se le brinda al ciudadano una protección constitucional específica de esos mismos derechos a través de los artículos 7, 10 y 48 de la Constitución. Ciertamente, la protección que ejerce la jurisdicción ordinaria debería bastar para garantizarlos; sin embargo, la práctica parece demostrar que es necesario que la Sala Constitucional le dé el contenido correcto a los grandes lineamientos de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos e incluso a sus aspectos prácticos. En efecto, los pronunciamientos de esta jurisdicción han sido el marco del cual surge la necesidad de implementar en la Constitución muchos de los derechos que hoy se garantizan a nivel constitucional23.

Creo, en lo particular, que el hábeas corpus es el instrumento ideal de fiscalización de la jurisdicción ordinaria. El fácil acceso a la Sala Constitucional, garantizado jurídicamente para todas la eventualidades donde se haya vulnerado un derecho fundamental, no es incompatible con la protección de estos derechos por los órganos judiciales especializados; más bien se presupone que ambas jurisdicciones deben complementarse24.

Ciertamente, la función básica de la Sala Constitucional no es, necesariamente, de reacción frente a las vulneraciones singulares de derechos fundamentales o humanos, sino más bien, de carácter global. Puede resumirse como el control de la forma en que los Tribunales aplican los preceptos legales, de derechos humanos o constitucionales. De modo que, cuando la Sala acoge un reclamo concreto, no sólo preserva o restablece a un ciudadano en el derecho conculcado, sino que realiza, además, una función de alcance general, en la medida que determina la forma en que los órganos jurisdiccionales han de operar en ese tipo de supuestos. Los precedentes de la Sala Constitucional seguirán dándonos las pautas y los criterios que inspiren la actuación de los órganos jurisdiccionales. Esto será cada vez más necesario porque cada vez vemos con mayor frecuencia cómo el ciudadano se convierte en un fiscalizador del respeto de estos derechos

5. EL DESARROLLO SUPRACONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN COSTA RICA

El otro aspecto que nos interesa tratar brevemente, surge ante dos interrogantes: ¿cuál es el rango interno que tienen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos? y ¿cuál es su eficacia jurídica? De la lectura del artículo 48 constitucional se desprende que existe un nuevo bloque garantista. Básicamente con dos facetas, que podemos calificar, de carácter fundamental una y derechos humanos otra. Van a tener un carácter fundamental, por ejemplo, las garantías tendientes a proteger la libertad e integridad personales y aquellas tendientes a restablecer el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución. La otra faceta, estará constituida en palabras del Maestro Piza Escalante por «... los tratados y en general, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República. La Sala estima que estos instrumentos sobre derechos humanos tienen un rango superior a la de los demás, y que tienen otra característica adicional -la más importante- que complementan la Constitución Política en su parte dogmática» 25. Lo expuesto, tiene como objeto presentar con claridad el lugar que, dentro de las fuentes normativas de nuestro ordenamiento jurídico, tienen los derechos humanos, desde luego prevalente sobre la legislación «municipal» desde la perspectiva internacional, categoría a la que pertenecen los Códigos, y además explica la razón por la cual la Sala ha declarado inaplicables algunas normas, o en otros casos ha visto la necesidad de emplear la técnica de dictar interpretaciones armónicas de sus reglas con las superiores de los tratados sobre derechos humanos y con las constituciones. En última instancia, lo que hacemos es parodiar y transformar la frase de García de Enterría, al señalar que: los instrumentos sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica son normas jurídicas y como tales producen efectos jurídicos.

A. Eficacia de los instrumentos sobre derechos humanos en el ordenamiento interno (Derecho a la jubilación)

En 1990 el abogado de un sentenciado, invoca el rango normativo de los tratados internacionales en el derecho interno, reclama que la jubilación es un derecho fundamental de todo trabajador y que ésta no se pierde ni aún por mediar sentencia condenatoria. En la acción solicita la inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ser contraria a la Constitución Política y a los artículos 25, 28, 29 y concordantes del Convenio N. 102 de la Organización Internacional del Trabajo. La Sala, deja en claro, que no le debe interesar la conmoción social que el caso produce, si el imputado es culpable o no, ni siquiera su situación particular, ni, en general, sus méritos o su conducta o la presión pública sobre el asunto. En la ponencia, el Magistrado Piza Escalante, resalta que el juez constitucional, debe objetivamente y con total abstracción de las circunstancias del caso que motiva su actuación, resolverlo confrontando el acto impugnado o las normas, o sus efectos, interpretación o aplicación, con las normas y principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos «que tienen, no sólo el rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de la Constitución sino también un amparo constitucional directo que prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta Fundamental, al tenor del artículo 48 de la misma (reformado por ley N. 7128 de 18 de agosto de 1989); entre esos derechos, concretamente, los reconocidos en los artículos 25, 28 y 30 -así corregidos los que se invocan en la acción- del Convenio sobre la Seguridad Social, N. 102 de la OIT».26 En la sentencia resalta, que el Derecho de los Derechos Humanos, tanto interno como internacional, prohíbe entre otras cosas, toda discriminación en el reconocimiento y garantía de los derechos de los mismos delincuentes, imputados o condenados, pues tales derechos lo son, por definición, de todo ser humano, por el solo hecho de serlo, en condiciones de igualdad y sin «discriminación alguna contraria a la dignidad humana» y para ello utiliza como normas aplicable al caso, no sólo el Art. 33 Constitución Política, sino los siguientes instrumentos internacionales: el Preámbulo y 2 Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre; 1, 2.1 y 7 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; Preámbulo, 2.1 y 26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Preámbulo y 2.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y otros textos internacionales, como se dijo hoy incorporados expresamente a la primera en su artículo 48, reformado por Ley N. 7128 de 18 de agosto de 198927. Para Piza Escalante la Sala debía reconocer que sí existía un verdadero derecho fundamental a la jubilación y sobre todo que las normas internacionales, eran instrumentos operativos que, incluso, podían utilizarse, como ocurre en la actualidad, para declarar la inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por violación de los derechos del servidor judicial a su jubilación, a la igualdad ante la ley, a la irretroactividad de la aplicación de ésta en su perjuicio, a la inviolabilidad de su patrimonio y a la proscripción de la pena de confiscación, entre otros. En él por tanto, vemos que se declara con lugar la acción, no sólo por violarse la Constitución Política, sino sobre todo, por infracción, del Convenio 102 de la OIT, como norma jurídica del ordenamiento interno.

B. Eficacia supraconstitucional de los instrumentos sobre Derechos Humanos (Derecho del extranjero casado con mujer costarricense a naturalizarse)

En 1992 en la sentencia 3435-92 y su aclaración, N. 5759-93 la Sala da un paso más al reconocer, que «los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución» (vid. Voto 2313-95 de las 16:18 hrs del 9 de mayo de 1995). Este asunto causa polémica en el foro nacional, pues la Sala señala que el artículo 14 inciso 5) de la Constitución Política es contrario a los artículos 2.1, 3 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 2, 17, 24, 51, 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23.1.4. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El asunto surge, porque en 1991 el Director y el Jefe de la Sección de Opciones y Naturalizaciones, ambos del Registro Civil, le niegan a un extranjero casado con una costarricense la opción de naturalización, porque dicho procedimiento sólo estaba concedido exclusivamente a la mujer extranjera casada con costarricense (artículo 14 inciso 5 de la Constitución Política). Para la Sala la norma impugnada fomenta la desigualdad y la discriminación y contraviene los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos vigentes. En consecuencia, «...dispone que cuando en la legislación se utilicen los términos «hombre» ó «mujer», deberán entenderse como sinónimos del vocablo «persona», y con ello eliminar toda posible discriminación «legal» por razón de género, corrección que deben aplicar todos los funcionarios públicos cuando les sea presentada cualquier gestión cuya resolución requiera aplicar una normativa que emplee los vocablos arriba citados» (Voto 3435-92, de las 16:20 hrs del 11 de noviembre de 1992).

C. Eficacia de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Colegiación obligatoria de los periodistas)

Dentro de ese orden de ideas, ha dicho la jurisprudencia que la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y que, tratándose de Derechos Humanos, sus decisiones vinculan al Estado costarricense. En el asunto que nos interesa, ante las dudas que existían sobre la colegiación obligatoria de los periodistas, el Estado de Costa Rica, consultó el caso ante la Corte. La Corte emitió la Opinión Consultiva, bajo el N. OC-5-85, del 13 de noviembre de 1985 y declaró: «que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos». Este criterio es potenciado por el Magistrado Solano Carrera en el Voto 2313-95 y con fundamento en lo externado por la Corte, la Sala acoge una acción de inconstitucionalidad y en consecuencia anula el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, por atentar contra la libertad de pensamiento y de expresión establecida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

D. Eficacia de los instrumentos internacionales no suscritos o aprobados por el procedimiento constitucional

Por la relevancia que el tema representa, hemos preferido, transcribir, en lo pertinente las consideraciones que sobre el tema elabora el Magistrado Solano Carrera, en la Consulta preceptiva de Constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de ley de aprobación del «Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional». El asunto polémico por naturaleza llevó a la Sala a dividirse en algunos tópicos. Sin embargo, por unanimidad se aprobaron diversos considerandos, entre éstos, destaca la eficacia de que se dota en Costa Rica a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no formalmente suscritos o aprobados conforme al trámite constitucional: «En este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los «instrumentos internacionales», significando que no solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento que tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país». Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las «Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos», de la Organización de las Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país a ella, y por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho interno costarricense. En este sentido puede citarse la sentencia N°2000-07484, del veinticinco de agosto último, en que por virtud de un hábeas corpus formulado por un recluso, esta Sala condenó al Estado por violar esas Reglas Mínimas, particularmente por el hacinamiento y falta de higiene constatadas en un centro penitenciario. En esa misma fecha, también se estimó un recurso de hábeas corpus planteado en favor de unos ciudadanos panameños que habían ingresado al país con visa de turismo y que, según las autoridades de Migración, solamente permitía «fines de recreación» y que fueron sorprendidos ejerciendo una protesta pacífica ante las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pendía su caso, originado en alegadas violaciones a sus derechos por parte del Gobierno de la República de Panamá. Se les detuvo y se les iba a deportar, de modo que la Sala anuló las resoluciones que en tal sentido se habían dictado, porque, como se nota, sería absurdo que al ser Costa Rica sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se impida a quienes tengan pendientes casos ante ella, entre ellos extranjeros, expresarse en forma pacífica y pública a favor de los derechos que considere les asisten (Sentencia N°2000-07498)».28

E. La eficacia actual (Medio ambiente)

Dos años después, diversos recurrente acuden ante la Sala señalando que se les han violado sus derechos fundamentales, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, les impide participar debidamente informados dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico «Cariblanco». En la sentencia se reitera que, ocurriendo a la luz del artículo 48 de la Constitución Política, «todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos han sido elevados a rango constitucional, y por consiguiente estos deben ser incorporados en la interpretación de la Constitución sobre todo en esta materia; uno de los cuales es el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, hoy día de plena aceptación y consagrado literalmente en el texto constitucional»29. En materia de derecho internacional ambiental, señala la Sala, se ha reconocido en forma reiterada y expresa el derecho y el deber de todas las personas a tomar parte en la formación de las decisiones públicas referentes a la protección del ambiente, por cuanto éste resulta esencial para el bienestar del ser humano y el disfrute de los derechos fundamentales básicos. Así, cada persona está habilitada -individualmente o en asociación con otros- a participar en las tareas de protección y mejoramiento del ambiente, con el fin de beneficiarse no sólo a sí mismos, sino también a las futuras generaciones. En apoyo de la tesis se utilizan como instrumentos de interpretación jurídica el numeral 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual ha sido suscrita por Costa Rica; 16 de la «Carta Mundial de la Naturaleza», adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 37/7 del veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos; 8.2 de la «Declaración sobre el derecho al desarrollo», adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 41/128, del cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (Sentencia Voto 10693-02).

6. CONCLUSIÓN

Ante la tutela supraconstitucional de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, algunas voces se han alzado afirmando que, por lo delicado de la función es necesario que la Sala comience a poner en práctica la autocontención (self-restraint). Criterio que no compartimos, creemos que estamos ante el nacimiento de una nueva forma de hacer justicia constitucional, que sobre todo valora y revitaliza los derechos humanos, ahora podemos afirmar, que son normas jurídicas exigibles y con efectos jurídicos sobre el Estado, los jueces y los particulares que se encuentran en una situación de poder que hace ilusorios los remedios jurisdiccionales ordinarios. Admitir lo anterior, debe llevarnos a comprender que en América Latina está surgiendo una nueva forma de Tribunal constitucional, diferente y nueva para la concepción clásica del Derecho Continental o para el Common Law. Ante la intervención de nuestros Tribunales y Salas constitucionales, en temas como el ambiente, libertad, dignidad, información, intimidad, entre otros múltiples, no de extrañar que surjan voces que, propugnen porque al interno exista una doctrina basada en la autocontención como límite de límites de la misma Sala. Sin embargo, debemos tener claro que la alta legitimación popular de que gozan nuestros tribunales proviene precisamente de que la persona común y corriente encuentra amparo a las violaciones de sus derechos humanos. La Sala, no sólo define las políticas constitucionales mediante la interpretación de la Ley Suprema y los Instrumentos sobre derechos humanos. Creemos que, aunque así no lo reconoce ha venido cumpliendo la función de un tribunal de derechos humanos. De sus sentencias se desprende que los rescata, restablece y reafirma que su jurisprudencia y precedentes son vinculante erga omnes. Esto es muy importante en una época de transición como la actual, donde nuestros Estados se confunden entre el proteccionismo y la globalización. Lo expuesto les brindará a los defensores de los derechos humanos una excelente oportunidad para perfeccionar nuevas técnicas de defensa dentro de un sistema relativamente rígido y conservador en lo que se refiere a la tutela del hombre.


(*) Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica. Profesor de Fundamentos constitucionales del derecho procesal, en la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como Juez de Instrucción, Juez Penal, Presidente de Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José, Juez del Tribunal de Casación Penal y Magistrado Suplente de la Sala Constitucional. Actualmente es Magistrado de la Sala Constitucional. Miembro del Instituto Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal comparado, de la Asociación de Ciencias Penales y de la Asociación de la Judicatura, entre otras.

Artículo recepcionado el 2 de abril de 2003. Aceptado por el Comité Editorial el 16 de abril de 2003.

Correo electrónico: armijosancho@hotmail.com

1 Sala Constitucional, N. 0080-I-96, a las 8:30 horas del 23 de febrero de 1996.

2 Sala Constitucional, N. 1763-94, a las 16:45 horas del 13 de abril de 1994.

3 La Sala Constitucional desde sus primeros fallos potencia esta tesis, véase, por ejemplo, N. 282-90 de las 17:00 horas, del 13 de marzo de 1990; sobre la vinculación normativa de los derechos fundamentales, véase, el N. 4207-96, de las 14:39 horas del 20 de agosto de 1996. También Wróblewski, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid, Cuadernos Civitas, 1985, p. 94.         [ Links ] De esta manera, nuestra Ley deja de lado lo que se conoce en doctrina como «legislación negativa» (se aplica a los supuestos en que una determinada previsión normativa deba ser desarrollada por normas de rango inferior y ello no se lleve a cabo).

4 Sala Constitucional, N. 4480-94, a las 10:51 horas del 19 de agosto de 1994.

5 Para parte de la doctrina «... el concepto de intereses difusos puede ser en sí mismo confuso en cuanto no se considere que la «difusoriedad» de los mismos no se refiere ni a su contenido ni a su naturaleza, sino específicamente a su titularidad; no se trata de derechos dilatados o imprecisos en cuanto a su consideración como tales, sino precisamente por lo que respecta a su titularidad; cada uno es titular de su derecho a la vida, a la integridad corporal, a la libertad ambulatoria, a la sexual, etc., pero es una colectividad - por trascender del ámbito meramente individual- la titular del derecho a la seguridad en el puesto de trabajo, a una vivienda digna, a la salud pública, a un medio ambiente sano, al acceso a los bienes de consumo, etc., se trata en todos los casos de bienes jurídicos de sujeto múltiple, de los que nadie puede disponer individualmente en forma que afecte la disposición de otro (Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal)». Ver en igual sentido, Jori Tolosa, J.L., «Problemática procesal de la protección de los intereses difusos» en Cuadernos del Poder Judicial, XXXVI, Madrid, CGPJ, 1994, pp. 69-70.         [ Links ]

6 Así véase, Amaral E Silva, A.F., «La nueva justicia de la infancia y la juventud» en Derechos Humanos y sistemas comparados de justicia juvenil. México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1996, p. 55 y ss;         [ Links ] en igual sentido, Carranza, E., «Nueva respuesta a la pregunta por las causas de la delincuencia juvenil y su prevención» en Derechos Humanos y sistemas comparados de justicia juvenil. México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1996, p. 254.         [ Links ]

7 El Código de la Niñez y Adolescencia costarricense, es un instrumento operativo de protección de las garantías constitucionales inherentes a este sector de la población. También debe indicarse que es el resultado del desarrollo positivo de la «Doctrina del Protección Integral». Esta teoría tiene su antecedente directo en la «Convención Internacional sobre los Derechos del Niño», firmada por Costa Rica en enero de 1990 y ratificada como ley de la República en julio de ese año; también se citan como sus fuentes las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia (Reglas de Beijing); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad; las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Directrices de Riad); el Convenio 138 y la recomendación número 146 de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta de la UNESCO sobre la educación para todos.

8 Así lo postula el art. 3 del Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala, cuando ordena que «Los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho y gozarán de todos los derechos y obligaciones propios de la persona humana, sin perjuicio de la protección integral de que trata este Código, asegurándoles, por ley o por otros medios todas las oportunidades y facilidades, con el fin de facilitarles el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, cultural y social, en condiciones de libertad y dignidad».

9 Véase el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948. Desde ese momento se afirma que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

10 Entre la múltiple bibliografía sobre el tema véase, Gros Espiell, H., Estudios sobre derechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1985;         [ Links ]La justicia como garante de los derechos humanos: la independencia del juez (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panam·, Uruguay, España). San José, Costa Rica, ILANUD, Programa Sistema Penal y Derechos Humanos, Comisión Europea, 1996; Peces-Barba Martínez, G., Los valores superiores, Madrid, Tecnos, 1986;         [ Links ]Derechos humanos y sistema comparado de justicia juvenil, Comisión de derechos humanos del Estado de México, 1996.

11 El Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua, de 1997, es uno de los pocos centroamericanos que recoge de manera expresa este principio en su artículo 4, que en lo conducente refiere «Toda niña, niño y adolescente nace y crece libre e igual en dignidad, por lo que goza de todos los derechos y garantías universales inherentes a la persona humana, y en especial de los establecidos en la Constitución Política, el presente Código y la Convención sobre los Derechos del Niño, sin distinción alguna de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, situación física o psíquica, o cualquier otra condición, en relación a sus madres, padres o tutores (la cursiva no es del original).

12 Véase Peces-Barba Martínez, G. con la colaboración de Rafael de Asís Roig, Carlos R. Fernández Liesa y Angel Llamas Cascón, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 1995.         [ Links ] En nuestra opinión, este trabajo constituye una de las mejores obras publicadas sobre el tema y no sólo en lengua castellana.

13 Desde un inicio, se habla de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales. Durante mucho tiempo se consideró a los civiles y políticos como de ejecución inmediata y los restantes de ejecución progresiva, como si ambos grupos no les fuera inherente el carácter progresivo característico de la naturaleza humana.

14 Esta situación sólo es explicable por el fuerte impulso al sector social que ha caracterizado a Costa Rica históricamente, así por ejemplo: «La cobertura del Régimen de Enfermedad y Maternidad de la CCSS aumentó diez veces entre 1950 y 1980. Igualmente, la educación aumentó la cobertura en el nivel primario hasta alcanzar prácticamente el 100% a partir de 1980 y en el nivel secundario alcanzó el 60% en el mismo período. El avance en la calidad de vida de la población se vio reflejado por indicadores clave, como la tasa de mortalidad infantil, que se redujo de un 90.0 (por mil nacimientos vivos) en 1950 a un 12.0 en los años noventa. La esperanza de vida al nacer aumentó de 55.7 años en 1950 a 76 años en los años 90. El analfabetismo se redujo en un 21.2% de la población de 10 años y más en 1950 a alrededor de un 6%; cifra oficial que se maneja en la actualidad.» Proyecto de Ley, Código de la Niñez y la Adolescencia, exposición de motivos, UNICEF-Defensoría de los habitantes, 1997, p. 6.

15 Como afirma Cillero Bruñol, «los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y se aplican a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantía frente a la acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla. En este sentido, el enfoque de los derechos humanos permitirá organizar desde una perspectiva diferente las políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en la sociedad» Cillero Bruñol, M., «El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño» en Infancia, ley y democracia en América Latina. Prefacio de Luigi Ferrajoli, Buenos Aires, Temis, 1998, p. 74.         [ Links ]

16 La Sala Constitucional desde sus primeros fallos potencia esta tesis, véase, por ejemplo, N. 282-90 de las 17:00 hrs, del 13 de marzo de 1990; sobre la vinculación normativa de los derechos fundamentales, véase, el N. 4207-96, de las 14:39 hrs. del 20 de agosto de 1996. También Wróblewski, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Madrid, Cuadernos Civitas, 1985, p. 94.         [ Links ] De esta manera, nuestra Ley deja de lado lo que se conoce en doctrina como «legislación negativa» (se aplica a los supuestos en que una determinada previsión normativa deba ser desarrollada por normas de rango inferior y ello no se lleve a cabo).

17 Sala Constitucional V-282-90 de las 17:00 hrs del 13 de marzo de 1990.

18 La Sala Constitucional declaró inconstitucional el Art. 474 CPP pues se estimó contrario al derecho del imputado a recurrir contra toda sentencia condenatoria, según lo establece en forma expresa el artículo 8.1.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En lo pertinente el fallo señaló «...el recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención, en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista, sino que permita con relativa sencillez, al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia recurrida, en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado en especial los de la defensa y al debido proceso...».Véanse las sentencias de la Sala Constitucional N. 282 de 17 hrs. del 13 de marzo de 1990; N. 719 de 16:30 hrs. del 26 de junio de 1990; y N. 1739-92 de 11:45 hrs. del 1 de junio de 1992.

19 Vid. La Declaración Universal de los Derechos del Niño; la Convención Internacional de los Derechos del Niño; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad; las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Justicia Juvenil (Directrices de Riad).

20 En el Derecho alemán, aparece el contenido esencial como una reacción frente al vaciamiento de los derechos fundamentales reconocidos en WEIMAR unter Vorbehalt des Gesetzes. La garantía del contenido esencial vendría a cerrar así el sistema, contrapesando la libertad del legislador al establecer un tope, único, a su labor limitadora de derechos.

21 Sala Constitucional, Voto 1739-92, de las 11:45 hrs del 1 de julio de 1992.

22 Minvielle, Bernandette, La prueba ilícita y el debido proceso penal, Montevideo, Ediciones Jurídicas Amalio Fernández, 1988, pp. 72 y ss.         [ Links ]

23 La jurisprudencia constitucional desarrolla el derecho al ambiente sano, utilizando como parámetros de interpretación los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y esto da como resultado que la Asamblea Legislativa promueva una reforma parcial a la Constitución N. 7412 de 3 de junio de 1994 mediante la cual se establece el derecho al ambiente como una norma constitucional (artículo 50 de la Constitución).

24 Criterio que mantenemos desde 1990, debe recordarse que los roces que puedan surgir entre ambas jurisdicciones, atañen a normas y competencias, pero no debe personalizarse. Así Armijo Sancho, Gilbert, El control constitucional en el proceso penal costarricense, 2 ed., San José, Editec, p. 81.         [ Links ]

25 Sala Constitucional, Voto 3805-92, de las 9:30 hrs. del 28 de noviembre de 1992.

26 Sala Constitucional, Voto 1147-90, de las 16:00 hrs. del 21 de setiembre de 1990.

27 Sala Constitucional, Voto 1147-90, de las 16:00 hrs. del 21 de setiembre de 1990.

28 Sala Constitucional, Voto 9685-00, de las 14:56 hrs. del 1 de noviembre de 2000.

29 Sala Constitucional, Voto 10693-02, de las 18:20 hrs. del siete de noviembre de 2002.

 

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