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vol.9 número1DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1925LOS TRATADOS INTERNACIONALES, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA JURISPRUDENCIA DEL PERÍODO 1981-1989, BAJO EL RÉGIMEN DEL ART. 24° TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.9 n.1 Talca  2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000100014 

Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 1

I. ARTÍCULOS DE DOCTRINA

DERECHOS HUMANOS Y JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1981 - 1989:
EL PLURALISMO POLÍTICO E IDEOLÓGICO EN CHILE

Francisco Zúñiga Urbina (*)

RESUMEN

La ponencia se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el período 1981-1989 con especial análisis de las sentencias referentes a los contenidos de los derechos de libertad de conciencia, libertad de opinión y derechos políticos.

Derecho Público, Derecho Constitucional. Jurisdicción constitucional. Derechos Fundamentales. Derechos Humanos

ABSTRACT

This paper deals with the opinions of the Chilean Constitutional Court in the period 1981-1989, with emphasis on the decisions handed out on matters of freedom of conscience, free speech, and political rights.

Chile. Constitutional Law. Constitutional Jurisdiction. Fundamental Rights. Human Rights.

I. CONSTITUCIÓN Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Constitución y Poder

En 1973 Chile sufre un quiebre en su institucionalidad democrática ("revolución" en términos de Kelsen), con el pretexto tópico de las intervenciones militares de restaurar el orden y la democracia. En 1980 el régimen autoritario se dota de una "Constitución" que organiza el poder (en estructura de facto anterior) y fija un catálogo de derechos fundamentales (catálogo restringido por los permanentes estados de excepción constitucional y por un limitado número de derechos protegidos).

El nuevo "derecho constitucional transitorio"(Satrustegui, Lucas Verdú) organiza jurídicamente un régimen político autoritario para la transición (denominada por los juristas-ideólogos del régimen "democracia protegida"). Lo cierto es que difícilmente puede hablarse de Constitución (o de "Constitución normativa" utilizando la conocida categoría de Loewenstein)1, si atendemos a la carga histórico-valorativa del concepto, o sus conceptos liberal garantista y social propios del constitucionalismo moderno. La Constitución de 1980 es otorgada autoritaria en su origen, y para la transición "semántica". En este sentido acertadamente García de Enterría, escribe: "En la Constitución como instrumento jurídico ha de expresarse precisamente el principio de la autodeterminación política comunitaria, que es presupuesto del carácter originario y no derivado de la Constitución, así como el principio de la limitación del poder. Ninguno de los dos, y por supuesto no el último, son accesorios, sino esenciales. Sigue siendo, pues, válido el concepto antes transcrito Art. 16 de la Declaración de Derechos de 1789, en el que únicamente cabría matizar hoy la relatividad del principio de división de los poderes como técnica operativa, sin perjuicio de su validez general en cuanto a sus principios y en cuanto a su finalidad, la limitación del poder de los imperantes, la garantía de la libertad" (...) "La Constitución jurídica transforma el poder desnudo en legítimo poder jurídico"2. La "Constitución" política o "derecho constitucional transitorio" en Chile, es en el periodo 1981-1989, una Constitución semántica, formada por disposiciones transitorias, decretos leyes y leyes de excepción, un mero disfraz del poder real detentado por el soberano: el dictador.

Los derechos fundamentales protegidos por el texto constitucional, se encuentran en suspenso parcial por las normas transitorias vigentes hasta marzo de 1990 y el estado de excepción permanente. Las acciones constitucionales de tutela de los derechos fundamentales: el recurso de amparo (hábeas corpus) y el recurso de protección, carecen de eficacia relativa ante la permanente vigencia de estado de excepción constitucional y la actitud complaciente de parte importante de los miembros de la Judicatura de época. La protección procesal-constitucional de los derechos fundamentales es más formal, que real. En este orden de ideas, el jurista H. Fix Zamudio sostiene: "En la nueva Constitución chilena, aprobada en plebiscito de 11 de septiembre de 1980, el artículo 20 ha sustituido el citado recurso de amparo, por el que califica de recurso de protección, el que tutela desde un punto de vista formal, en virtud del régimen político imperante, varios de los derechos tanto individual como sociales consagrados en la misma Carta Fundamental; tomando en cuenta además que la libertad personal está protegida por la instancia judicial, muy similar al habeas corpus tradicional, pero sin calificación expresa, regulada por el diverso artículo 21 del mismo texto constitucional..."3.

Los estados de excepción constitucional regulados en los artículos 39-41, disposición decimoquinta transitoria, vigesimocuarta transitoria de la Constitución y Ley Orgánica Constitucional de los estados de excepción (Ley Nº 18.415, de 14 de junio de 1985) son: estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia y estado de catástrofe; que son declarados por el "Presidente de la República" con el concurso del Consejo de Seguridad Nacional _órgano que reflejó el intento de militarizar la política- y con la excepcional y limitada intervención del Congreso cuando entre funciones, mientras tanto sus funciones las detenta la Junta de Gobierno (integrada por los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros). Además la Constitución en su norma vigesimocuarta transitoria, autoriza al Presidente a declarar un estado de excepción sui géneris: el estado de peligro de perturbación de la paz interior (facultando al arresto administrativo por un plazo de 5 a 15 días, a restringir el derecho de reunión y la libertad de información, prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen las doctrinas a que alude el artículo 8º de la Constitución, disponer _finalmente- la permanencia obligada de determinadas personas en una localidad urbana del territorio nacional hasta un plazo no superior a tres meses). En definitiva, predomina una completa "inmunidad de jurisdicción", negación radical de un Estado de Derecho.

De esta manera, un catálogo de derechos fundamentales restringido (o suprimido en su eficacia) por los permanentes estado de excepción constitucional, es complementado por la casi total ineficacia de las acciones constitucionales (recurso de amparo y recurso de protección). El soberano no es la Nación (como dispone el Art. 5 de la Constitución). Siguiendo el planteamiento schmittiano el soberano "es aquel que decide sobre el estado de excepción"4; es decir, el soberano es el "Presidente de la República". Asimismo, diversos derechos fundamentales, como son _entre otros-: la igualdad ante la Ley (Art. 19 Nº 2), la libertad de conciencia (Art. 19 Nº 6), la libertad de omitir opinión y la de informar (Art. 19 Nº 12), el derecho de asociación (Art. 19 Nº 15), etc.; son restringidos por el artículo 8º de la Constitución que declara ilícito y contrario al orden institucional de la República "todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases", agregando la norma constitucional que las organizaciones y los movimientos o partidos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales. Esta norma punitiva constitucional es reforzada por la supresión de todo pluralismo político prescrito por la disposición décima transitoria que prohibía toda actividad político partidista (en 1986 se dictó la Ley orgánica de partidos políticos, que restringe en términos prácticos e ideológicos el pluralismo político). El "Tribunal Constitucional" es el órgano competente para que en "defensa de la Constitución", restrinja el pluralismo político e ideológico; y constituyó un artificio más del edificio institucional que es el régimen autoritario de época.

2. El Tribunal Constitucional

La Constitución de 1980 crea un Tribunal Constitucional encargado del control de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de leyes interpretativas, de resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten en la tramitación de proyectos de ley o de reforma constitucional y de tratados sometidos a la aprobación del Congreso, de resolver cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de las convocatorias a plebiscito, de resolver reclamos sobre no promulgación de leyes o promulgue un decreto inconstitucional, declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, y de los movimientos o partidos de conformidad a lo prescrito en el artículo 8º de la Constitución; declarar en conformidad al artículo 8º la responsabilidad de las personas que atenten o hayan atentado contra el ordenamiento institucional de la República, de resolver sobre inhabilidades constitucionales o legales de ministros, parlamentarios y de resolver sobre la constitucionalidad de decretos supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando ellos se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la Ley por mandato del Art. 60 (Art. 82 de la Constitución).

El artículo 1º de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 17.997, de 1981) prescribe que éste "es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder". El Tribunal Constitucional está integrado por siete miembros: tres ministros de la Corte Suprema elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas; un abogado designado por el Presidente; dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional _órgano que como hemos dicho intentó militarizar la política, al estar integrado en su origen mayoritariamente por miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, vigilantes del "orden institucional"- y un abogado elegido por el Senado por mayoría absoluta de senadores en ejercicio (Art. 81 de la Constitución). El quórum para sesionar es de cinco miembros y los acuerdos se adoptan por simple mayoría y fallará con arreglo a derecho.

El Tribunal Constitucional ejerce su jurisdicción a requerimiento de los órganos constitucionales interesados o como resultado de una acción pública, no pudiéndose excusar de ejercer su autoridad ni aun por falta de Ley que resuelva el asunto (Art. 3 Ley Nº 17.997). Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno (Art. 83 de la Constitución).

El Tribunal Constitucional actual tiene su antecedente en el órgano de la Constitución de 1925, introducido al artículo 78 b por reforma de 1970. En este orden de ideas, Fix Zamudio escribe: "En la Constitución chilena aprobada por plebiscito de 11 de septiembre de 1980 se regula nuevamente la organización y funcionamiento del

Tribunal Constitucional (Art. 81 _ 83) con facultades similares a las que poseía en la Carta Fundamental anterior, lo que demuestra que dicho organismo tiene carácter legitimador, puesto que, al menos, en el texto fundamental ha sido restablecido por el actual Gobierno autoritario, tomando en cuenta que numerosos preceptos constitucionales han quedado en suspenso durante el actual periodo presidencial de ocho años del general Augusto Pinochet (disposiciones transitorias decimotercera a decimocuarta)"5.

Sin embargo, el eminente jurista mexicano, no agrega dos cuestiones claves: la primera es que el Tribunal Constitucional _"guardián de la Constitución"- conoce de los requerimientos y declara al inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos o partidos, de personas o grupos que atenten contra el ordenamiento institucional de la República de conformidad al artículo 8º (Art. 82 Nºs. 7 y 8), atribución destinada a restringir el pluralismo político (en este sentido atribución novísima en el ordenamiento constitucional del Estado, que históricamente institucionalizó las reglas del juego democrático), y la segunda es que el Tribunal Constitucional carece de autonomía _es un órgano subordinado al Gobierno, que directa o indirectamente designa cuatro de sus siete componentes, uno lo designa el Presidente de la República, dos son designados por el Consejo de Seguridad Nacional y uno por el Senado (que durante al transición, de los prescrito en la disposición vigésima primera letra b) de la Constitución). La justicia constitucional es en la realidad inexistente en el ordenamiento fundamental del Estado.

En suma, el "Tribunal Constitucional" es un órgano más de la estructura constitucional que pretende darle una apariencia democrática a un sistema político autocrático. De ahí que hayamos sostenido al principio de nuestra ponencia que la "Constitución" de 1980, es una Constitución semántica. Lo anterior es coherente con la racionalización de la función legislativa por la vía de la cláusula de dominio legal máximo y con una serie de normas que limitan la reserva de Ley (Art. 60 de la Constitución). Asimismo, la función ejecutiva del poder político en la Constitución, expresa una concentración de poder en el Gobierno desconocida en la historia del Estado nacional, y que es reforzada por la normativa transitoria (Arts. 24-41 y disposiciones decimotercera a decimoquinta de la Constitución).

Finalmente sobre las instituciones políticas se eleva el Consejo de Seguridad Nacional, vigilante de la institucionalidad autoritaria _órgano, reiteramos, que intentó militarizar la política- jurídicamente en una Constitución extremadamente rígida, la fue reformada en 1989 (Arts. 95-96 y arts. 116-119).

II. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL PLURALISMO POLÍTICO E IDEOLÓGICO

1. El Pluralismo Político e Ideológico en el artículo 8º de la Constitución

El pluralismo político e ideológico se encuentra restringido por diversos institutos (en coherencia con un régimen político autocrático): los permanentes estados de excepción constitucional, un limitado catálogo de derechos fundamentales _afectado por toda una legislación excepcional y por acciones constitucionales ineficaces- y la grave restricción prescrita en el artículo 8º de la Constitución6.

El artículo 19 de la Constitución que consagra los derechos y deberes constitucionales, "asegura": la igualdad ante la Ley (Nº 2), la libertad de enseñanza (Nº 11), la libertad de emitir opinión y la de informar (Nº 12), el derecho de reunión (Nº 13), el derecho de asociación (Nº 15), el derecho de sindicación (Nº 19). La Constitución reconoce, garantiza y ampara la "autonomía" de los grupos intermedios (arts. 1º, 19 Nºs 19 y 23).

En el capítulo I de la Constitución define las "Bases de la Institucionalidad" amparándose en una concepción ideológica compleja iusnaturalista (un Derecho Natural Católico en lectura conservadora), neoliberal y autoritaria (seguridad nacional). La Constitución define a Chile como "una República democrática" (Art. 4º); en la que la soberanía reside en la Nación, su ejercicio se realiza por el "pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también, por las autoridades..."(Art 5º). Por cierto que no resulta casual la protección de los "grupos intermedios", puesto que la Constitución rechaza la democracia como "Estado de Partidos", al negar la concurrencia de los partidos en la formación de la voluntad del Estado y al restringir el pluralismo político e ideológico. La actual Ley de Partidos Políticos mantiene esta restricción del pluralismo político y dificulta la formación de éstos. Pero como sostuvo Hans Kelsen (en polémica con el iuspublicista conservador H. V. Triepel): "Sólo por ofuscación o dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos. La democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un Estado de partidos"7. El recelo (o rechazo) del constituyente por los partidos políticos es evidente con la sola lectura de los artículos 19 Nº 19 y Nº 15 de la Constitución, que prescribe que las organizaciones sindicales y sus dirigentes no podrán intervenir en actividades político partidistas y artículo 23 que asegura la autonomía de los "grupos intermedios" remitiendo a la Ley que sancionará la actividad político partidista de los dirigentes gremiales. El constituyente no oculta su aspiración de superar la democracia de partidos (y también, la representativa, por cierto) y sustituirla por una "nueva democracia", por una "democracia protegida"; es decir, restaurar al viejo ideal autocrático de un Estado Etico corporativo (que aunque anacrónico, subyace en los antecedentes de la Carta de 1980 y veladamente en los debates de la Comisión Ortúzar). Con todo, el constituyente no acepta los elementos "fascistizados", y simplemente instaura un Estado Autocrático, un régimen político autoritario que concentra el poder político en el Gobierno y en su titular: el "Presidente-dictador" para la transición e instaura un fuerte presidencialismo post transición.

Ahora bien, el artículo 8º de la Constitución prescribe la norma restrictiva del pluralismo político e ideológico del tenor siguiente: "todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atente contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, el Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que pos sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales".

Sin perjuicio de las sanciones impuestas por la Ley o la Constitución, las personas que incurran o hayan incurrido en las contravenciones descritas no podrán optar a cargos de funciones públicas, sean o no de elección popular, por el término de diez años contado de la fecha de la resolución del Tribunal Constitucional. Tampoco podrán desempeñar las funciones de rectores o directores de establecimientos de educación, ni ejercer de enseñantes, ni explotar un medio de comunicación social o ser directores o administradores del mismo, ni podrán desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, ni podrán ser dirigentes políticos ni gremiales8. Las personas en posesión de un cargo público, a la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo perderán de "pleno derecho". Las personas sancionadas no podrán ser rehabilitadas y en caso de reincidencia las inhabilidades en su duración se elevarán al doble. En este orden de ideas, la efímera Ley Nº18.662 fijó las normas sobre los efectos de las sentencias del Tribunal, ampliando los tipos punibles y rangos de sanciones.

Las infracciones al artículo 8º serán conocidas por el Tribunal Constitucional (Arts. 8º y 82 Nº 7 _ 8). La Ley orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 17.997, de 1981) en su título 2º fija el procedimiento para activar al Tribunal Constitucional (párrafo 4º, Art. 63-72), en los casos de atentado contra el "ordenamiento institucional", de conformidad al artículo 82 Nº 7 y 8 de la Constitución. El proceso ante el Tribunal Constitucional se iniciará por requerimiento de quien ejerza la acción pública _requerimiento que podrá ser formulado por el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o diez o más parlamentarios en ejercicio, personas naturales o jurídicas con fianza de resultas- (Arts. 63, 52, 38, 62, 71 de Ley Nº 17.997). El requerimiento debe contener: la individualización de requirente, del afectado, relación de hechos constitutivos de los actos prohibidos, indicación de todas las diligencias probatorias (Art. 64).

El Tribunal Constitucional examina si el requerimiento cumple con estos requisitos formales o si el acto corresponde a lo previsto en artículo 8º, dictando la resolución que ordena notificar a la persona afectada, confiriéndose un plazo de 10 días para contestar el requerimiento, con la contestación o sin ella el Tribunal Constitucional dispondrá de la práctica de las diligencias propuestas y fijará un término probatorio de quince días renovable (Arts. 65, 66, 67 y 68). Vencido el término de prueba el Tribunal Constitucional fallará dentro de 30 días (Arts. 69, 70 y ss.).

El citado artículo 8º de la Constitución, fue tomado por el constituyente _Comisión de Estudios de la Nueva Constitución- del artículo 2º inciso segundo del Acta Constitucional Nº 3 (una de las "leyes fundamentales" dictada por el régimen anterior a la Constitución), y esta norma se inspiró en el Art. 21 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. El artículo 8º de la Constitución es concebido como instrumento de "defensa del régimen democrático" (defensa de la Constitución) lo cierto es que las condiciones históricas que determinan la redacción de cláusulas de intangibilidad y limitaciones al pluralismo político en la Ley Fundamental de Bonn, se explica _aunque no justifican- por la experiencia nacional socialista del Tercer Reich y la injerencia de las potencias aliadas en la política interna de la dividida Alemania.

Asimismo, la Ley Fundamental de Bonn sanciona conductas antidemocráticas a través de un órgano constitucional autónomo: el Tribunal Constitucional. La función y eficacia del artículo 8º en Chile, como es obvio, está dada en el contexto de un régimen político autoritario. En este punto es esclarecedor el planteamiento acrítico del jurista G. Leibholz: "El Tribunal Constitucional Federal es un Tribunal autónomo que está dotado de todas las garantías de independencia judicial y que, en el sentido material, desarrolla una actividad típicamente jurisdiccional" (...) "el Tribunal Constitucional Federal actúa en este sentido como tal Tribunal, vela por el buen acoplamiento constitucional de los órganos de la Federación y de los Länder, se preocupa de que los órganos agentes estatales respeten los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y protege la existencia del orden jurídico libre y democrático, se puede decir de él que es el `supremo guardián de la Constitución' " (...) "Es indiscutible que las cuestiones sometidas a la jurisdicción constitucional son de carácter político y que las decisiones del Tribunal Constitucional, puedan tener, en ciertas circunstancias, extraordinarias e importantísimas consecuencias políticas y puede alterar en una medida muy sensible el juego político de la Nación"9. Las sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que son "políticas" se desenvuelven, aplican en el contexto de una democracia política. Sólo por ignorancia inexcusable se podría establecer un parangón entre la norma restrictiva del pluralismo político y el Tribunal Constitucional de la Ley Fundamental de Bonn, y la norma restrictiva del pluralismo político y el "Tribunal Constitucional" de la Constitución de 1980.

2. Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1985

En ejercicio de la acción pública personas naturales -vinculadas al movimiento conservador gremialista- interponen un requerimiento, de conformidad a lo dispuesto en artículos 8º, 81, 82 de la Constitución y Ley Nº 17.997, para que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de las organizaciones autodenominadas "Movimiento Democrático Popular", "Partido Comunista de Chile", "Movimiento de Izquierda Revolucionaria" y "Partido Socialista de Chile" (fracción que encabeza el Sr. Clodomiro Almeyda). El requerimiento se funda en la inexistencia y actuación de estas organizaciones de izquierda que profesan la doctrina marxista-leninista, una doctrina que propugna la violencia como método válido de acción política, doctrina que además se sustenta en una concepción de la sociedad, del Estado y del orden público de carácter "totalitario" y que realizan actos sistemáticos de propagación de la doctrina marxista-leninista. Asimismo, los requirentes fundan su escrito en artículos 8º, 82 Nº 7 de la Constitución y art. 72 de la Ley Nº 17.997, destacando la funcionalidad protectora de la institucionalidad "democrática de estas normas (reiterando el conocido símil con las normas de arts. 9, 18 y 21 de la Ley Fundamental de Bonn). Resulta interesante analizar los más importantes considerandos o fundamentos jurídicos de la sentencia constitucional, que refleja palmariamente lo parcial e ideológica de los fundamentos de ésta. Así el considerando sexto (6º) de la sentencia dice:

"Que, en relación a las normas constitucionales citadas en los dos considerandos precedentes, este Tribunal estima que ni el receso político ordenado por el artículo 10 transitorio de la Constitución, ni el hecho de no haberse dictado aún la Ley sobre partidos políticos, son obstáculo para la plena vigencia y aplicación del articulo 8º de la Constitución, pues este precepto, cuya trascendental misión estriba en defender la democracia frente a la propagación de doctrinas que por su contenido constituyen la negación de ella y llevan ínsito el germen que conduce a su destrucción, se basta a sí mismo y regula una situación jurídica diferente de la reglada en la disposición décima transitoria de la Carta Fundamental".

Además el Tribunal considera que el hecho que el partido comunista, socialista y movimiento de izquierda revolucionaria se encuentren prohibidos, declarados ilícitos, disueltos y cancelada la personalidad jurídica por el derecho por el Decreto Ley 77 anterior a la vigencia de la Constitución (Sent. Considerandos Nº 9-12), incorporado al texto como instrumento de "defensa del régimen democrático". El Tribunal realiza una interpretación "literal" del precepto constitucional, extensivo a personas naturales, grupos, movimientos, organizaciones o partidos. El "ilícito" constitucional que tipifica el art. 8º inciso 2º de la Constitución está configurado por una "conducta de las organizaciones y movimientos o partidos políticos que consiste en tender a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnan la violencia o una concepción de la sociedad, el Estado o el orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases" (Sent. Cons. 21º). A estos cuatro géneros de doctrinas corresponden las conductas sancionadas, bastando que el movimiento, organización o partido tienda a propagar una sola de estas doctrinas para que se configure el "ilícito constitucional" (Sent. Cons. 31º).

El corolario de los argumentos del Tribunal dice: "Que la doctrina marxista-leninista queda comprendida dentro de las doctrinas cuya propagación sanciona el artículo 8º de la Constitución, ya que tal doctrina propugna la violencia y una concepción de la sociedad, del Estado y el orden jurídico de carácter totalitario. Si bien esta doctrina atenta también contra la familia y propugna una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, esta sentencia no se hará cargo de estos aspectos, por cuanto, como quedó demostrado, para incurrir en el ilícito constitucional sancionado en el precepto en estudio basta con la propagación de una cualquiera de las doctrinas que propugnan la violencia o una concepción totalitaria de la sociedad" (sent. Cons. 33). El Tribunal da por probada (la prueba se aprecia en conciencia por el Tribunal Constitucional al tenor de Art. 82 inciso 3º), la existencia de las organizaciones requeridas (sent. Cons. 43) y que tienden a propagar la doctrina marxista-leninista (sent. Cons. 48-50). El Tribunal resuelve, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8º, 19 Nº 15, 82 Nº 7 e incisos 2º y 13 de la Constitución y lo preceptuado en disposiciones transitorias décima y vigésima primera, lo dispuesto en D. L. Nº 77, de 1973 y en los artículos 63 a 72 de la Ley Nº 17.997, de 1981, acoger el requerimiento y declarar la inconstitucionalidad del movimiento y organizaciones requeridas. Un voto disidente estuvo por rechazar el requerimiento, puesto que el Partido Comunista, Socialista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fueron prohibidos, declarados asociaciones ilícitas, disueltos y cancelada la personalidad jurídica al tenor del D. L. Nº 77, de 1973, norma de rango constitucional y contraria a Art. 9º de la Constitución de 1925. De ahí que la declaración de inconstitucionalidad resulta "improcedente y jurídicamente inocua, desde el momento que tales entidades ya son ilícitas" (ilícito constitucional establecido por el D. L. Nº 77); y lo que corresponde es aplicar las sanciones legales contra estas organizaciones.

Los magistrados disidentes hacen suya la sentencia en cuanto declara aplicando el Art. 8º de la Constitución, la inconstitucionalidad del Movimiento Democrático Popular y condena la propagación de la doctrina que sustenta dicho movimiento. El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia haciendo un ejercicio hermenéutico exegético del Art. 8º de la Constitución. Subyace a la exégesis del Tribunal los prejuicios ideológicos de éste y su claro compromiso con el régimen y las limitaciones del pluralismo político e ideológico.

Un breve comentario crítico de la sentencia no puede pasar por alto dos cuestiones (u orígenes de problemas): las jurídicas y las políticas. La sentencia del Tribunal realiza una interpretación literal del Art. 8º de la Constitución, declarando inconstitucionales unas determinadas "organizaciones" políticas que con antelación eran ilícitas e inexistentes jurídicamente a la luz del D. L. Nº 77, de 1973, norma de rango "constitucional" según la "legalidad" dada por el propio régimen autoritario de facto (en este sentido el voto disidente resulta más razonable jurídicamente, aunque reconoce con desparpajo la legalidad postgolpe militar, voto suscrito entre otros por dos magistrados integrantes de la Judicatura). Ahora bien, políticamente una interpretación literal del Art. 8º queda como resultado "cuatro géneros de doctrina": las que atentan contra la familia (es decir, una interpretación "literal" puede conducir a declarar inconstitucional movimientos comunitaristas, movimientos anarquistas libertarios, movimientos político-religiosos, etc., que no creen en la familia como unidad básica de organización de la sociedad civil y el Estado; las que propugnan la violencia (es decir, la interpretación literal engloba a movimientos políticos anarquistas, nihilistas, movimientos de desobediencia civil, etc., sin adentrarnos en la ambigüedad del término "violencia"); las que propugnen una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario (una interpretación literal no lleva a ninguna parte, pues como destacan diversos politólogos la categoría normativa de totalitarismo es muy poco funcional o descriptiva de una realidad jurídico política, y corresponde a un enfoque teórico-metodológico determinado)10; y las que propugnen una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico fundada en la lucha de clases (una interpretación literal, histórica, sistemática, etc. nos conduce a reconocer que importantes ideólogos liberales han trabajado sobre la categoría: lucha de clases, para sus construcciones teóricas y políticas no marxistas)11.

Por vía ejemplar, la sentencia del Tribunal Constitucional define el totalitarismo en los siguientes elementos: "El aniquilamiento de la persona individual y la exaltación del Estado. Se propone un Estado absoluto, en el cual el ser individual no sólo carece de identidad, sino incluso de voluntad. Se politiza toda manifestación de la vida humana organizando y planificando las relaciones entre los hombres" (considerando Nº 37). Por cierto si esta definición pretende englobar a la doctrina marxista, no podrá prosperar bajo ningún concepto; puesto que un conocimiento aún superficial de esta doctrina nos conduce a un corpus anti-estatal y radicalmente democrático12. Asimismo, resulta inaplicable la identificación marxismo y marxismo-leninismo (considerando Nº 36); pues esta separación da cuenta del quiebre del movimiento socialista en la postguerra. Las objeciones de este orden, son innumerables.

Este breve comentario nos demuestra, que la restricción del pluralismo político e ideológico (inaceptable en un "sistema político" democrático-pluralista, por cierto), por la vía del artículo 8º de la Constitución y por la extensión en el marco interpretativo "literal" que le da el Tribunal Constitucional, puede perfectamente conducir a este órgano constitucional a la supresión del pluralismo político (pues una exégesis del Art. 8º puede conducir a declarar inconstitucional toda organización o partido político). La restricción al pluralismo político en un régimen autoritario, es funcional a su reforzamiento. En la estructura constitucional, un Gobierno incontrolado y un "Tribunal Constitucional" controlado, conduce a la ausencia de justicia constitucional (a la ausencia de un régimen político democrático).

III. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL CASO ALMEYDA

Especial interés tiene para el tema de nuestra ponencia la cuestión del pluralismo político-ideológico en el marco del derogado artículo 8º y la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en requerimiento formulado en contra del señor Clodomiro Almeyda Medina (Rol. Nº 46, de 21 de diciembre de 1980); la que tiene como antecedente el antes comentado fallo recaído en requerimiento en contra del Movimiento Democrático Popular (MDP), Partido Comunista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Partido Socialista de Chile. En el caso Almeyda se plantearon como argumentos de la cuestión previa de su defensa: la ilegitimidad del Art. 8º por infringir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en artículo 18 consagra la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; infracción del artículo 5º en cuanto la soberanía tiene como limitación derechos esenciales, y la ilegitimidad de la Constitución de 1980 por su origen en un régimen de facto.

Ahora bien, la sentencia, que tiene un valor histórico, es útil en su doctrina jurisprudencial al precisar algunas cuestiones que planteó el derogado artículo 8º, como es el concepto de Tribunal y "debido proceso", la irretroactividad del precepto, y en especial la relación de este precepto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; materia sobre la cual señala en sus fundamentos jurídicos:

"25) Que se sostiene luego en la contestación al requerimiento que el artículo 8º de la Constitución es intrínsecamente ilegítimo, porque infringe los artículos 18 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los artículo 18 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, instrumentos ratificados por Chile los cuales, según el requerido, están incorporados en el ordenamiento jurídico nacional."

"26) Que la argumentación del señor Almeyda en este orden de ideas plantea diversas cuestiones jurídicas, tales como la incorporación de aquellos instrumentos internacionales en el orden positivo interno; la naturaleza jurídica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el punto de si el artículo 8º de la Constitución efectivamente infringiría los señalados instrumentos internacionales y, en fin, determinar la norma que debe prevalecer en el Derecho Internacional convencional y un precepto de la Constitución Política de la República."

"27) Que, sin embargo, resulta inoficioso analizar y resolver tal cúmulo de cuestiones, ya que el objeto perseguido por el requerido, la ilegitimidad del artículo 8º de la Constitución por una supuesta contradicción con las normas referidas de Derecho Internacional resulta improcedente, habida consideración de que de existir tal conflicto, él debería ser resuelto, como bien lo afirma Kelsen, "sobre la base del derecho nacional correspondiente" (Principios de Derecho Internacional Público, p. 359), esto es, en el caso en estudio, de acuerdo con la Constitución Política de Chile. De conformidad a ella, según se infiere del contexto de los artículo 6º, 32, Nº 17, 50, Nº 1 y 82 Nº2, entre otros, las normas sobre las disposiciones contenidas en los tratados internacionales."

"28) Que la prevalencia, en el orden interno, de los preceptos constitucionales sobre las disposiciones de un tratado resulta por lo demás del todo consecuente con el sistema jurídico, ya que la interpretación contraria significaría permitir la reforma de la Carta Fundamental por un modo distinto del establecido en sus artículos 116 al 118. De allí que dicha prevalencia, tanto en la doctrina nacional como extranjera, sea la generalmente aceptada, salvo en aquellos casos excepcionalísimos en que la propia preceptiva constitucional respectiva establezca lo contrario."

"29) Que, a mayor abundamiento, y sin pretender agotar el tema, atendido lo expuesto en los dos considerandos precedentes, el artículo 8º de la Constitución cuya finalidad, según se expresa en la historia de su establecimiento, es "proteger la democracia" y "preservar los valores básicos en que se funda la institucionalidad" no vulnera normas internacionales, ya que éstas no deben interpretarse en el sentido de conferir derechos a personas o grupos de personas para realizar actos tendientes a destruir los valores aludidos."

"30 Que el informe de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución con el cual se envió al Presidente de la República al anteproyecto de la Carta Fundamental, demuestra que este orden de consideraciones estuvo presente en la elaboración del artículo 8º. Refiriéndose a esta materia el señalado informe expresa: "No se trata de que la democracia tenga un tutor o protector sino que se proteja a sí misma mediante adecuados instrumentos jurídicos que le dan vigor. Este concepto de autodefensa de la democracia y de los derechos fundamentales que ella reconoce no es ajeno a la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por las naciones unidas. En efecto, el artículo 30 de este documento expresa textualmente: "Nada de la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración" (Inf. Cit., p. 14)."

"37) Que, por último, tampoco resultan aceptables las peticiones de la contestación al requerimiento fundadas en que el artículo 8º contradice el artículo 5º, inciso segundo, de nuestra Constitución que establece: "el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana."

"38) Que como se señala en el Informe de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución con que se envió el anteproyecto de la Carta Fundamental al Presidente de la República, el artículo 8º es el precepto destinado a "proteger la democracia y a preservar los principios y valores básicos en que se funda la institucionalidad". Al respecto se señala textualmente: "Estos valores se consideran inamovibles, puesto que la sociedad y convivencia de las personas descansa en ellos. Todo acto que propenda a la destrucción de estos principios, en el hecho atenta contra la dignidad del ser o contra los derechos que emanan de la naturaleza humana, contra la familia o contra el orden jurídico democrático" (p. 52).

"39) Que, por tanto, la contradicción que cree ver el requerido entre ambos preceptos no existe, pues el artículo 8º sanciona, precisamente, los actos destinados a propagar doctrinas que, por su contenido, atentan contra los derechos fundamentales de la persona humana."

"40) Que, por lo demás, como lo ha sostenido este Tribunal sentencia de 24 de septiembre de 1985, en principio, debe excluirse de la interpretación constitucional las posiciones que lleven a dejar sin aplicación, razonable, determinados preceptos de la Carta Fundamental. La Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación que conduzca a anular o a privar de eficacia algún precepto de ella."

"41) Que, en consecuencia, en mérito de las consideraciones precedentes, deben rechazarse las peticiones 1 y 2 del escrito de contestación al requerimiento, sobre prevalencia del artículo 5º, inciso segundo, sobre el artículo 8º, como asimismo sobre nulidad de este último precepto constitucional."

También, merece citarse la disidencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que estuvo por negar lugar al requerimiento en contra de Almeyda, fundada en argumentos del tenor siguiente:

"10º) Que un análisis del contenido de las doctrinas cuya propagación se proscribe, de la ubicación del precepto dentro de la Carta Fundamental y de su historia en la Comisión de Estudio de la Nueva constitución nos permite afirmar que los bienes jurídicos protegidos por el precepto en estudios son: los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, la familia, la democracia, la soberanía nacional y los principio básicos que configuran un "Estado de Derecho".

De allí que este Tribunal haya expresado en su sentencia de 2 de junio de 1983, "que no cualquier atentado en contra del ordenamiento institucional, por grave que sea, configura el ilícito constitucional a que se refieren los artículo 8º y 82 Nº 8, de la Carta Fundamental" (considerando 13)."

"11º) Que del análisis exegético del artículo 8º, inciso primero, de la Constitución y de los bienes jurídicos protegidos por esta norma, fluye con nitidez su verdadero sentido y alcance: el ilícito que contempla se configura por un actuar constante destinado a difundir, con ánimo proselitista, doctrinas contra la familia, totalitarias, violentistas o fundadas en la lucha de clases que ponen en peligro los valores y principios básicos y permanente en que se funda la institucionalidad. En otras palabras, el artículo 8º, sanciona el comportamiento de una persona o grupo encaminado a propugnar la destrucción de esos valores y principios mediante la propagación de las doctrinas señaladas.

No sanciona, en cambio, ni las ideas ni tampoco los actos aislados o reiterados en contra de un Gobierno determinado, actos éstos últimos que caen bajo la competencia de la legislación penal."

"13º) Que precisado el sentido y alcance del artículo 8º, sólo resta por señalar dos reglas básicas que deben guiar al Tribunal en su aplicación, a fin de mantener incólumes los principios fundamentales en que descansa nuestra institucionalidad expresados en el Capítulo I de la Constitución. Ellos son:

1) El artículo 8º, es un precepto de excepción porque limita el ejercicio de determinados derechos individuales en casos muy calificados que el propio constituyente ha descrito. Por ende, conforme a una norma elemental de hermenéutica jurídica, debe aplicarse restrictivamente. Así, por lo demás, lo ha recordado este Tribunal cada vez que ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre él. (considerandos 8º de la resolución de 19 de mayo de 1983 y 22 de la sentencia de 31 de enero de 1985), y

2) En la apreciación de los hechos, en conciencia como lo permite la Constitución, el Juez debe ser particularmente estricto para resolver si en la especie concurren o no los elementos que configuran el ilícito constitucional, a fin de no vulnerar ni los valores que inspiran la Constitución, ni el espíritu y razón de ser de su artículo 8º. Y este es un imperativo que no sólo impone la Constitución misma sino también la prudencia, virtud fundamental de la equidad, conforme a lo cual deben resolver sobre los hechos quienes están llamados a apreciarlos en conciencia."

Con todo, la disidencia carece de argumentos fundados en derechos fundamentales o en instrumentos internacionales que le confieran apoyatura a la libertad de pensamiento y de conciencia.

IV. CONCLUSIONES

La Constitución es la norma fundamental de las organizaciones políticas democráticas. Una Constitución en un Estado autocrático, sólo puede ser una Constitución otorgada (también alejada de los modelos históricos de Constitución liberal garantista o social) y una Constitución "semántica" o "nominal", un disfraz que difícilmente podrá ocultar la realidad del poder. La legitimidad democrática sólo se configura en un sistema político y forma de Estado en que haya distribución de las funciones del poder, control del poder político, responsabilidades y protección de los derechos fundamentales.

En los Estados democráticos el "guardián de la Constitución" es el Tribunal Constitucional, un órgano constitucional autónomo y con amplias atribuciones de control de constitucionalidad y protección de los derechos fundamentales. En un régimen político autoritario _como fue el caso de Chile, paradigmático en el concierto de América Latina- un "Tribunal Constitucional" dependiente de un Gobierno incontrolado, hace ilusoria cualquier posibilidad de real justicia constitucional. El jurista Pedro De Vega, en este orden de ideas ha escrito: "Cuando las Constituciones, lejos de actualizar un sistema de valores, se convierten en meros instrumentos de falsificación de la realidad política, dejan, por tanto, sin justificación posible la defensa dentro de ellas de ningún sistema de justicia constitucional"13. Asimismo, cuando el "guardián de la Constitución" tiene atribución de restringir o suprimir el pluralismo político e ideológico, simplemente no hay "justicia constitucional". El "defensor de la Constitución" en la estructura constitucional del Estado de Chile, es el soberano, es decir, el "dictador-Presidente". Defensor de una Constitución semántica, que le otorga legalidad a un régimen político nacido de un quiebre institucional ("revolución") de la crisis -real, por cierto- de las viejas instituciones políticas democráticas, que habían tenido una continuidad por ciento cincuenta años de historia republicana. El régimen autoritario tiene su legalidad, su orden jurídico es eficaz, pero carece de toda legitimidad democrática y este contexto no es posible en un sistema de justicia constitucional.

La reconstitución del sistema democrático en Chile pasa por una nueva o reformada estructura constitucional del poder que asegure la distribución de las funciones del poder, el control de los órganos detentadores del poder, amplia protección de los derechos fundamentales (civiles, políticos, sociales, económicos y culturales) y un adecuado sistema de justicia constitucional, que precisamente asegure el pluralismo político e ideológico para restaurar los consensos básicos de la vida política civilizada. Parte de estos objetivos se han logrado con la reforma constitucional de 1989 y posteriores. La reforma en actual trámite en el Senado termina por remover los denominados "enclaves autoritarios" que aún subsisten en la Constitución, y refuerzan nuestro sistema de justicia constitucional.

En otro orden de ideas, además de constituir la doctrina jurisprudencial comentada en dos casos ejemplares de "justicia política", en que el derogado artículo 8º de la Constitución, sirvió de "espada oxidada" para perseguir la disidencia política en el contexto de un régimen autoritario; es una constatación elemental de una arraigada "insularidad" de nuestro Tribunal Constitucional en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos14.

Tal "insularidad" que se predica de la Constitución, podemos hacerla extensiva al Tribunal Constitucional, es un problema de ethos cultural, pero también de la construcción de una doctrina jurisprudencial menesterosa en el campo de los principios o reglas hermenéuticas que exigen soluciones argumentativas, integrativas e interpretativas que guardan armonía con las características básicas de los derechos humanos: irreversibilidad, progresividad, posición preferente, eficacia erga omnes y fuerza expansiva (favor libertatis). El déficit de nuestra doctrina jurisprudencial no es sólo argumentativa, integrativa e interpretativa, sino también teleológico o finalista, es decir, de compromiso con la democracia constitucional y Estado de Derecho15.


(*) Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Central de Chile, Santiago, Chile.

Artículo recepcionado el 7 de mayo de 2003. Aceptado por el Comité Editorial el 22 de mayo de 2003.

Correo electrónico: zugogan@manquehue.cl

1 Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, Edit. Ariel, Barcelona, 1964, pp. 216 y ss. En relación al concepto "revolución" en H. Kelsen, consultar Teoría General del Estado (trad. L. Legaz) Edit. Nacional, México DF, 1979. En cuanto al concepto gobierno de facto entendemos "un gobierno creado ya en contra de la Constitución existente, ya espontáneamente, en el caso de no existencia de un orden estatal previo. La esencia de un gobierno de hecho consiste, pues, en que los jefes ejercen la autoridad gubernamental sin ningún fundamento constitucional. Se opone al gobierno de iure que es aquel en el cual el Poder se ejerce de acuerdo con un estatuto preexistente" (G. Burdeau, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas(trad. R. Falcón) Edit. Nacional, Madrid, 1981, p. 65). Sobre transición y "Derecho Constitucional Transitorio", son útiles las obras de Pablo Lucas Verdú, La Octava Ley Fundamental- Critica jurídico-política de la reforma de Suárez, Madrid, 1978 y de Miguel Satrustegui.

2 García de Enterría, E., La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Edit. Civitas S.A., Madrid, 1982, pp. 45-49.

3 Fix Zamudio, H., La Protección Procesal de los Derechos Humanos Ante las Jurisdicciones Nacionales, Edit. Civitas S.A., Madrid, 1982, pp. 102-103.

4 Schmitt, Carl, "Teología Política" en Estudios Políticos, Edit. Doncel, Madrid, 1975, p. 35.

5 Fix Zamudio, H., Op. cit., p. 225.

6 El pluralismo como hecho existe en toda sociedad, que se reconoce heterogénea, con diferentes intereses, actitudes, creencias y cultura; lo que exige de un marco para el conflicto que acepte la diversidad. "En la democracia pluralista _dice Torres del Moral- las decisiones son abiertas, por cuanto los poderes públicos consultan y oyen a los representantes de los intereses en juego, y públicas porque trascienden a través de los medios de comunicación e incluso, a veces, porque se adoptan cara a cara ante el público político" (p. 80). La consecuencia de una democracia pluralista es una sociedad plural y una comunidad política con Oposición y Gobierno responsable. El mencionado pluralismo tiene varios planos; a saber: pluralismo político, pluralismo ideológico, pluralismo social, pluralismo lingüístico, pluralismo religioso, entre otros. Interesa a esta ponencia el pluralismo político e ideológico, que admite como principio la asociación política en partidos que encarnen intereses y cosmovisiones de diversa orientación, y la admisión de ideologías diversas, incluso aquellas que estén fuera del sistema imperante. Consultar: Torres del Moral, Antonio, Principios de Derecho Constitucional, 4ª Edic., U. Complutense-Servicio de Publicaciones, Madrid, 1998, pp. 79-83, pp. 351-364.

7 Kelsen, Hans, Esencia y Valor de la Democracia (trad. R. Luengo y Letra Legaz y Lacambra), Edit. Labor S.A., Barcelona, 1977, p. 37.

8 En la doctrina de época resulta necesario destacar los trabajos de Teodora Rivera N., en especial: "Alcances y Finalidad del artículo 8º de la Constitución política del `80", documento Nº 31, CEP, 1984 y "Más allá de la Inconstitucionalidad" sobre la inconstitucionalidad del MDP y otras organizaciones, Política Nº 10, 1986, Institucionalidad Política, U. de Chile, pp. 29-70.

9 Leibholz, Gerhard, Problemas Fundamentales de la Democracia Moderna (Trad. E. Fuente), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1971. Para un análisis crítico del Tribunal Constitucional Federal, ver Abendroth, W., Sociedad antagónica y Democracia Política. Ensayos sobre Sociología Política (Trad. M. Sacristán), Edit. Grijalbo S.A., Barcelona, 1973. Una referencia general a este tema en obra del autor Elementos de Jurisdicción Constitucional, 2º vol., U. Central, Santiago, 2002.

10 Beyme, K.V., Teorías Políticas Contemporáneas, I.E.P., Madrid, 1977, pp. 45-55.

11 Guizot, F., De la Democracia en Francia, CEC, Madrid, 1981. Lo propio ocurre con la obra política de Alexis Tocqueville.

12 Marx, Karl, Obras Marx-Engels, Tomo V "Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel", Edit. Crítica S.A. Barcelona, 1978, de Karl Marx también "La Guerra Civil en Francia" en Obras Escogidas, Tomo II, Edit. Progreso, Moscú, 1981. La sola lectura de estas obras de Marx demuestran que el corpus doctrinal marxiano es anti-estatal (o para estatal) y radicalmente democrático.

13 De Vega García, Pedro, "Jurisdicción Constitucional y Crisis de la Constitución", Revista de Estudios Políticos Nº 7, Instituto Nueva Época, Número Monográfico sobre Garantías Constitucionales, Madrid, 1979.

14 Ver Ríos, Lautaro y Núñez, M.A., "Chile, una Constitución Insular", Revista Chilena de Derecho Nº especial, 1998, pp. 229-236.

15 Ver Bidart Campos, Germán, Teoría General de los Derechos Humanos, UNAM, México, 1ª ed., 2ª reimp., 1993, en especial pp. 386-410.

V. BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL

1. Constitución Política de la República de Chile 1980, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1981.         [ Links ]

2. Fallos Pronunciados por el Excmo. Tribunal Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, vol. 1986 y vol. 1993.         [ Links ]

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