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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.9 n.1 Talca  2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000100027 

Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 1

III. RECENSIONES Y COMENTARIOS

TEMAS DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Bordalí S., Andrés, Ed. Fallos del Mes, U. Austral de Chile, Valdivia,
2002, 245 páginas.

Diego Palomo Vélez (*)

La obra del profesor Dr. Andrés Bordalí Salamanca constituye ante todo una inteligente e interesante invitación a mirar la denominada Justicia Constitucional desde una perspectiva distinta a la que clásicamente estamos acostumbrados. En efecto, nos formula una propuesta distinta y novedosa: intentar recuperar este tema para los procesalistas y la ciencia procesal. Tarea nada de simple si ponemos atención en lo que ha sido nuestra realidad nacional y también la experiencia comparada. Un simple vistazo nos muestra que el análisis propiamente procesal ha quedado relegado a un muy secundario plano por quienes hasta ahora se han apoderado de estos temas: los constitucionalistas.

En otras palabras, es precisamente este novedoso enfoque procesal que el autor sigue lo que individualiza su obra y la diferencia claramente de la producción científica constitucional. Ahora, por cierto que la opción por este enfoque no obsta a que exista una constante conexión entre la disciplina procesal y la carta fundamental, y así queda claramente demostrado en cada una de sus páginas.

Es la compleja armazón de normas que organizan los tribunales y los procedimientos por los que se va a hacer realidad el respeto del principio de supremacía constitucional y la plena vigencia de los derechos fundamentales, el objeto de esta obra. Con una agudeza e inquietud que destacan, el autor va guiando al lector por las aguas de la Justicia Constitucional, pero ahora - como dijimos - desde una perspectiva propia del derecho procesal.

Con esta base o principio orientador sólidamente establecido, Bordalí da cuenta en la Parte Primera de su obra (que denomina Introducción) del origen y desarrollo de la disciplina del derecho procesal constitucional. Destaca principalmente aquí su detenimiento en torno a los fundamentos que sirven para identificar en esta disciplina una autonomía tanto respecto del derecho constitucional como del derecho procesal civil.

Asentado lo anterior, en su Parte Segunda (titulada: Atribución orgánica de la defensa de la Constitución) entra de lleno al tratamiento de temas de suyo relevantes en lo referido a la Justicia Constitucional. De hecho, en su Capítulo Primero se hace cargo de los órganos jurisdiccionales de control de supremacía constitucional en nuestro Derecho nacional. Particularmente interesante resulta el permanente interés del autor de atacar las cuestiones a través de importantes y agudas preguntas, especialmente en lo referente al Tribunal Constitucional. Entre ellas: a.- El Tribunal Constitucional ¿Resuelve problemas políticos o jurídicos?; b.- ¿Es su actividad de naturaleza jurisdiccional?; c.- ¿Dónde radica la legitimidad de los jueces constitucionales para arrogarse la defensa de la Constitución?. Interrogantes todas que reciben del autor una profunda respuesta.

En lo que respecta a la potestad jurisdiccional ordinaria, Bordalí transita un camino que plantea tres vías que reciben su correlato normativo en nuestro Ordenamiento Jurídico: a.- La declaración (o recurso o proceso) de inaplicabilidad ante la Corte Suprema; b.- Los procesos tuteladores de los derechos fundamentales ante las Cortes de Apelaciones, léase el proceso de protección, el hábeas corpus y el amparo económico; c.- Un tercer mecanismo lo constituye la actividad que corresponde a todo tribunal de la República en torno al respeto de las normas constitucionales y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su explicación en estos extremos, sin ceder en la prolijidad, resulta muy pedagógica y esclarecedora al lector.

En el Capítulo Segundo de esta Parte Segunda (y que le sirve de cierre), el autor aborda la tutela de los derechos fundamentales por todos los jueces vía aplicación del Principio de Proporcionalidad o la defensa judicial del contenido esencial de los derechos fundamentales, estudio que aborda centrando la atención en la garantía contenida en el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política y en el desarrollo del señalado principio.

La Parte Tercera (Procesos para la tutela de la Constitución y los derechos fundamentales) está derechamente destinada al estudio de los diferentes mecanismos de protección de las libertades y derechos fundamentales que contempla nuestro derecho, siempre enfocando la problemática desde la perspectiva procesal. Por ello, el autor da comienzo a esta parte con un Capítulo Primero donde establece qué es un proceso constitucional, fijando las claves que le identifican y diferencian del tradicional proceso civil1.

Acto seguido se hace cargo - en sucesivos Capítulos y con profundidad - de los procesos constitucionales que contempla el Ordenamiento Jurídico nacional. A saber: a.- Capítulo Segundo: Los procesos para la defensa de la Constitución ante el Tribunal Constitucional; b.- Capítulo Tercero: El recurso de inaplicabilidad ante la Corte Suprema; c.- Capítulo Cuarto: Los procesos ante los tribunales ordinarios para la tutela de los derechos fundamentales (Proceso de protección, Hábeas Corpus y Amparo Económico); d.- Capítulo Quinto: Legitimación activa en los procesos de tutela de los derechos fundamentales; e.- Capítulo Sexto: Regulación procesal para la tutela de los derechos fundamentales. En cada uno de los capítulos, Bordalí va planteando preguntas que le sirven de hilos conductores, cuyas respuestas van orientando al lector en torno a los exactos contornos (procesales constitucionales) de cada institución.

Especial interés y dedicación tiene el autor respecto al proceso de protección, convencido - por cierto - que la piedra angular de la defensa de los derechos fundamentales de las personas se encuentra en su control jurisdiccional. Justamente allí radica la razón por la cual algunos de ellos han sido objeto de una protección constitucional más enérgica (o reforzada, si se prefiere), a través de la previsión - en la propia carta fundamental - de específicas vías procesales para su defensa jurisdiccional, las que en su conjunto han venido a constituir un verdadero derecho procesal de rango constitucional. No es antojadizo señalar que tales procesos se destacan como elementos básicos del sistema de Justicia Constitucional y posibilitan que el carácter normativo de la Constitución se traduzca en la existencia de genuinos derechos subjetivos accionables por los particulares sin necesidad de intermediación alguna.

En este contexto, el trabajo del profesor Bordalí aspira a constituir el primer paso en el análisis de este gran tema denominado Justicia Constitucional, pero ahora desde la perspectiva propia que brinda el derecho procesal constitucional, como disciplina jurídica autónoma y diversa al derecho constitucional y procesal. De esta forma, la obra puede ser considerada pionera en la materia, y un gran aporte a la literatura jurídica relativa a la tutela de la Constitución y los derechos y libertades fundamentales.

En otras palabras, una obra que combina de modo perfecto la dimensión constitucional y procesal del objeto de estudio: La Justicia Constitucional.


(*) Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Profesor instructor de Derecho Procesal en la misma Universidad. Actualmente cursa créditos en el Programa de Magíster y Cursos de Doctorado en Instituciones de Derecho Público y Privado que la misma Universidad imparte en asociación con la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Artículo recepcionado el 30 abril de 2003. Aceptado por Comité Editorial el 14 de mayo de 2003.

Correo electrónico: dpalomo@utalca.cl.

1 Bordalí concluye que lo propio del proceso constitucional predispuesto por el legislador chileno para la tutela de los derechos y libertades fundamentales (y que le diferencia del proceso civil), radica en una mayor atribución de facultades procesales de dirección del proceso. Precisa que se trata de un proceso con principios completamente diversos del proceso civil, sino sólo una mayor intensidad en tales facultades, lo que reflejaría una mayor "publificación" de tales procesos, y que encontraría justificación en la mayor importancia y entidad de los derechos tutelados (p. 89).

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