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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.13 n.1 Talca  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100014 

 

Revista Ius et Praxis, 13 (1): 425 - 434, 2007

II. DOCUMENTOS

La Comisión chilena sobre verdad y reconciliación*

 

Patricio Aylwin Azocar


 

1.- Antecedentes

Como es sabido, el régimen militar que imperó en Chile entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990 fue condenado reiteradamente por la comunidad internacional por muy graves violaciones a los derechos humanos. Una de las más difíciles tareas a que debió abocarse el gobierno democrático que asumió a comienzos de 1990, que tuve el honor de encabezar, fue esclarecer la verdad de lo que había acontecido en la materia y procurar hacer justicia.

Al asumir la Presidencia de la República reiteré solemnemente el compromiso que teníamos en este tema. «La conciencia moral de la nación exige -expresé en esa ocasión- que se esclarezca la verdad respecto a los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura». Me comprometí a abordar «este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia». Y agregué textualmente: «En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de nuestros deberes con el porvenir. Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado. La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la patria nos demanda».

¿Cómo hacerlo? Esa tarea entrañaba muy serias dificultades, tanto políticas como jurídicas.

En el orden político, la opinión pública estaba profundamente dividida respecto a esta materia. Mientras grandes sectores de la población, -precisamente los que habían apoyado el retorno a la democracia y, sobre todo, los más vinculados a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos- reclamaban y esperaban el esclarecimiento de la verdad y el juzgamiento y condena de los culpables, otros sectores -especialmente los que habían sido partidarios del régimen militar y, entre estos, los que formaban parte o eran cercanos a las Fuerzas Armadas-no ocultaban su rechazo a que se investigara sobre la materia y planteaban que hacerlo era revivir el pasado y generar un conflicto de impredecibles consecuencias. Importantes sectores de chilenos, de buena fe, no creían en la seriedad de las denuncias sobre la materia y preferían que se diera vuelta la hoja sobre ese tema.

Para el nuevo gobierno era claro que el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido constituía una base indispensable para el reencuentro y reconciliación entre los chilenos. Ninguna sociedad puede convivir pacíficamente sobre la base del imperio de la mentira o con la herida de la desconfianza recíproca entre sus integrantes. Pero, al mismo tiempo, entendíamos que no podíamos centrar indefinidamente el debate nacional en escudriñar el pasado, porque esto significaría ahondar las divisiones que queríamos superar, postergar los grandes desafíos en el ámbito económico social y aún poner en riesgo el propio proceso de democratización.

Era, pues, indispensable encontrar una fórmula capaz de dar pronta respuesta al justo anhelo de verdad y de justicia, sin poner en peligro el proceso de consolidación democrática ni sacrificar las reformas económico-sociales que habíamos propuesto al país y que considerábamos indispensables para lograr un desarrollo nacional equitativo.

En el plano jurídico las dificultades no eran menores. Es principio fundamental de todo Estado de Derecho que nadie puede ser juzgado sino por el tribunal establecido por la ley con anterioridad. Así lo establece expresamente nuestra Constitución Política. Pero todos sabemos cuánto duran los procesos judiciales; dejar el asunto simplemente en manos de los tribunales de justicia sería eternizarlo. Además, no podía esperarse mucho de la vía judicial, porque estaba vigente una ley de amnistía dictada por el régimen militar; aunque en nuestro programa de gobierno habíamos propuesto su derogación, no teníamos en el Senado la mayoría necesaria para hacerlo. Y aún si hubiéramos podido derogarla, en estricto derecho era dudoso que ello nos hubiera permitido procesar con éxito a los responsables de hechos ocurridos con anterioridad.

Por otra parte, la experiencia de algunas naciones hermanas, como Argentina y Uruguay, que habían intentado resolver el problema por la vía judicial, no era nada auspiciosa; en ambos países se había terminado, por mecanismos diversos, poniendo fin al asunto sin lograr hacer justicia ni esclarecer la verdad.

2.- Fundamentos y Constitución

Considerando que lo fundamental para restablecer la confianza entre los chilenos era esclarecer la verdad y que era indispensable proceder con rapidez, asumí la responsabilidad de poner rápidamente en marcha un camino distinto, que aún a riesgo de dejar pendiente el anhelo de plena justicia, nos permitiera avanzar en el esclarecimiento de la verdad y abriera puertas para el logro de la reconciliación. Para ello creamos, el 24 de abril de 1990, antes de haber enterado mes y medio en el Gobierno, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Lo hicimos por la vía del decreto, como una decisión del Presidente de la República.

Como entonces explicamos al país, sabíamos que el juzgamiento de delitos es tarea propia de los Tribunales de Justicia y respetábamos su competencia. La Comisión que creamos no podría asumir funciones judiciales ni interferir en los procesos pendientes ante la justicia y mi gobierno prestaría toda la cooperación que fuera necesaria a los tribunales en su tarea de establecer posibles responsabilidades.

Recordamos a nuestros compatriotas que, por las características de los procedimientos judiciales, necesariamente circunscritos a la situación particular de cada proceso y con frecuencia demasiado demorosos, no era posible esperar que por esa vía se pudiera lograr dentro de un plazo prudente el conocimiento global de la verdad de lo ocurrido en materia de violaciones a los derechos humanos. Convencidos de que la demora en el esclarecimiento de esa verdad sería un factor de perturbación en la convivencia nacional, quisimos intentar un camino que, sin entrar al juzgamiento de cada caso particular, permitiera a la comunidad nacional formarse un concepto colectivo serio y fundado sobre lo sucedido en materia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

El decreto estableció que la Comisión que se creaba tendría como objeto:

«contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos».

Para esos efectos el mismo decreto precisó que se entendería:

«por graves violaciones las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos».

En cumplimiento de su cometido la Comisión debería procurar:

"a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;

b) reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;

c) recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia; y

d) recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deben adoptarse para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que este artículo se refiere».

El decreto precisó:

«En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.

Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que corresponda».

Para el cumplimiento de su cometido, se encargó a la Comisión:

«a) Recibir, dentro del plazo y en la forma que ella misma fije, los antecedentes que le proporcionen las posibles víctimas, sus representantes, sucesores o familiares;

b) reunir y evaluar la información que puedan entregarle, por propia iniciativa, o a petición suya, las organizaciones de derechos humanos, chilenas o internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales, sobre las materias de su competencia;

c) practicar todas las indagaciones y diligencias que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso la solicitud de informes, documentos o antecedentes a las autoridades y servicios del Estado; y

d) elaborar un informe, sobre la base de los antecedentes que reúna, en que exprese las conclusiones a que, según el recto criterio y conciencia de sus miembros, la Comisión arribe acerca de los asuntos referidos en el artículo Io".

Este informe será presentado al Presidente de la República, quien lo entregará a conocimiento público y adoptará las decisiones o iniciativas que crea pertinentes. Entregado el informe la Comisión terminará su cometido y quedará automáticamente disuelta».

Se estableció que de oficio o a petición de parte, la Comisión podría tomar medidas

«para guardar la identidad de quienes le proporcionen información o colaboren en sus tareas». Se dispuso, asimismo, que «las autoridades y servicios de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboración que ella le solicite, poner a su disposición los documentos que les requiera y facilitar su acceso a los lugares que ella estime necesario visitar».

Lo más difícil fue designar a los miembros que constituirían la Comisión. Debían ser personas de gran prestigio moral, que en lo posible fueran representativas de las diversas tendencias existentes en la comunidad nacional y merecieran confianza a la opinión pública del país. Había que buscarlas no sólo entre los partidarios del nuevo gobierno, sino también entre quienes habían colaborado con el régimen militar o sido partidarios suyos.

Me costó muchísimo encontrar a sus ocho miembros, especialmente en el ámbito opositor. Distinguidas personalidades se excusaron. Nunca terminaré de agradecer a quienes aceptaron integrarla: al ex Senador y ex Presidente del Colegio de Abogados don Raúl Rettig, que la presidió; don Jaime Castillo Velasco, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: el profesor universitario don José Luis Cea; doña Mónica Jiménez, integrante de la Comisión Paz y Justicia de la Iglesia Católica; don Ricardo Martin, ex Ministro de la Corte Suprema; la profesora universitaria doña Laura Novoa; el abogado e historiador, ex Ministro del Gobierno Militar, don Gonzalo Vial y el abogado don José Zalaquet, ex Presidente de Amnesty Internacional. Todos ellos desempeñaron sus funciones ad honoren.

Actuó como Secretario el abogado y profesor universitario don Jorge Correa, y se organizó una secretaría que asesoró a la Comisión con un grupo reducido y muy calificado de 17 abogados, 18 egresados de Derecho, 6 asistentes sociales, secretarias y auxiliares.

3.- Labor realizada. Informe de la Comisión.

Para dar cumplimiento a su tarea la Comisión, luego de organizarse y aprobar un plan general de trabajo y los procedimientos de que se valdría, convocó mediante avisos a los familiares de las posibles víctimas a presentar sus denuncias tanto en la capital del país como en provincias y aún en el exterior ante los Consulados. Se le presentaron poco más 3.400 casos. Se abrió un expediente para cada caso; se recibieron las declaraciones de los denunciantes y de sus testigos, se requirió informes a instituciones u organismos públicos como servicios policiales -Carabineros e Investigaciones- Fuerzas Armadas, Registro Civil y cualquier otro que pudiera saber algo al respecto. Se solicitó también informes a las personas que en la investigación aparecían como posibles inculpados o testigos, pero habiendo sido creada por simple decreto y no por ley, la Comisión no tuvo potestad para exigir la comparecencia de particulares. Reunidos todos los antecedentes que pudo conseguir, la Comisión deliberó sobre cada caso y formuló sus conclusiones.

El 8 de Febrero de 1991, dentro del plazo de nueve meses que se le fijó como máximo para cumplir su tarea, la Comisión entregó su Informe, acordado por unanimidad, al Presidente de la República.

El Informe deja constancia expresa de que «la Comisión trabajó con la más absoluta y total autonomía. Ni el Gobierno que la había creado ni ningún otro Poder o autoridad intentó influir de manera alguna en sus decisiones, las que fueron siempre tomadas conforme a la conciencia de sus miembros», circunstancia ésta que creo necesario destacar, porque en mi concepto fue decisiva para la valoración que la opinión pública hizo del trabajo de la Comisión y de su Informe.

El Informe está dividido en dos volúmenes. El primero contiene cuatro partes, divididas cada una de ellas en varios capítulos. Luego de una síntesis de la labor desplegada y de exponer someramente las normas, conceptos y criterios en que se basan sus deliberaciones y conclusiones, el Informe analiza, en la segunda parte, el marco político, legal e institucional en que ocurrieron los hechos y la actuación de los Tribunales de Justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. La tercera parte distingue tres etapas en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar: de Septiembre a Diciembre de 1973; de Enero de 1974 a Agosto de 1977, periodo de funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada precisamente para la represión política y a la que el Informe califica de "organización ilícita"; y de Agosto de 1977 a Marzo de 1990, en que dicho organismo represivo fue reemplazado por la Central Nacional de Informaciones (C.N.I). Concluye esta parte con un capítulo sobre los «efectos familiares y sociales de las más graves violaciones a los derechos humanos» y otro en que se refiere a casos en que la Comisión no logró formarse convicción. La Cuarta parte contiene las propuestas y recomendaciones de la Comisión sobre reivindicación simbólica a las víctimas, sobre reparaciones a sus familiares y sobre una política nacional de prevención de violaciones a los derechos humanos.

El Segundo Volumen contiene, por orden alfabético, los nombres y datos biográficos de todas las personas a las que la Comisión declara que murieron como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En síntesis, el Informe concluye señalando que, de las 2.920 personas cuya muerte o desaparecimiento se sometió a su conocimiento, 2.115 fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, 164 murieron a consecuencia de actos de violencia política y en 641 casos no logró formarse convicción.

De las 2.115 personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, 1.068 fueron muertas -en ejecuciones, torturas, por decisión de Consejos de Guerra, alegando la llamada ley de fuga en represión a protestas-, 90 murieron por acciones de particulares actuando bajo pretextos políticos y 957 son detenidos desaparecidos.

4.- Efectos del Informe

La publicación del Informe tuvo gran trascendencia en el país y aún en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido y valoró su gravedad. Quienes no creían hasta entonces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y, especialmente, sobre desaparecimientos de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas.

La seriedad y ponderación del Informe fue valorizada en acuerdos unánimes por el Senado y por la Cámara de Diputados, que expresaron su reconocimiento a los miembros de la Comisión por el aporte que hicieron al conocimiento de la verdad y el reencuentro nacional. Ambas Cámaras manifestaron su confianza en que los tribunales de justicia investigarían a fondo, «de acuerdo con la legislación vigente y con la prontitud necesaria», los hechos constitutivos de delitos.

Las instituciones armadas -Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros- plantearon ante el Consejo de Seguridad Nacional y ante la opinión pública sus reservas; pero éstas, más que desconocer las verdad de los cruentos hechos que el Informe estableció, hicieron alcances sobre las circunstancias en que esos hechos ocurrieron, que podrían explicarlos.

Al dar a conocer al país el contenido del informe, que tuvo gran divulgación, estimé mi deber como Jefe del Estado exponer a mis compatriotas algunas consideraciones sobre la verdad, sobre el perdón y sobre la justicia.

Creo oportuno repetir en esta oportunidad algunas de las ideas que entonces expresé, que sin duda contribuyeron a orientar a la opinión pública sobre el significado del Informe.

Sobre el tema de la verdad, dije textualmente:

«El informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores, varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado, esa verdad debe ser aceptada por todos. Nadie, de buena fe, podría desconocerla.

No digo que sea una verdad «oficial». El Estado no tiene derecho a «imponer» una verdad. Pero, convencido de ella, yo llamo a todos mis compatriotas a asumirla y a actuar en consecuencia. Compartida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y división entre los chilenos.

El reconocimiento de esta verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época, ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Eso lo juzgará la historia; pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe».

Sobre el tema del perdón y de la reconciliación, entre otras cosas, expresé:

«Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner «punto final» a este asunto. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia el futuro que nos une más que al pasado que nos separa. Es mucho lo que tenemos que hacer para construir una sociedad verdaderamente democrática, impulsar el desarrollo y alcanzar la justicia social, para que desgastemos nuestros esfuerzos en escudriñar heridas que son irremediables. Y nos recuerdan las palabras de S.S. Juan Pablo II en su visita: «Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y la reconciliación».

¿Quién podría no compartir estos anhelos? Para realizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quiénes los ofensores que han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una parte y, de la otra, generosidad.

Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el Informe son compartidas por todos los sectores.

Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas».

Sobre el tema de la justicia dije:

«La justicia no es venganza; por el contrario, la excluye. No se sanciona ni repara un delito, cometiendo otro análogo. Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas. También importan la reivindicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a sus familiares que el Informe propone.

Pero ello no basta. La justicia exige, también que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.

En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a los familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero.

En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que dentro de un Estado de Derecho corresponde a los Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso. La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales».

5.- Cumplimiento de las recomendaciones del Informe

Consecuente con los planteamientos referidos y acogiendo las sugerencias del Informe, se adoptaron, entre otras, las siguientes medidas:

1) Se presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre Reparaciones a las víctimas, que dio origen a la ley 19.123, de 8 de Febrero de 1992 que, creó las Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, organismo de derecho público que ha tenido como tarea coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe. En conformidad a las sugerencias que éste formuló, dicha ley estableció una pensión mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (cónyuge sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años) como asimismo el derecho a ciertas prestaciones de salud por los servicios públicos respectivos y a becas de estudio en la enseñanza media y superior para los hijos. Asimismo, la ley facultó a la nueva Corporación para resolver los casos de eventuales violaciones graves a derechos humanos con resultado de muerte sobre los cuales la Comisión no había alcanzado a formarse convicción, no se pronunció por falta de antecedentes, o no tuvo conocimiento oportuno. Le encomendó, también, promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas.

En ejercicio de estas atribuciones, conociendo de las denuncias que la Comisión de Verdad y Reconciliación no logró resolver y de mil doscientos casos nuevos que se le presentaron, la Corporación declaró víctimas de violaciones de derechos humanos a 899 personas, de ellas 776 muertas y 123 desaparecidas. De este modo, el total de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado chileno se eleva a 3.014 personas, de las cuales 1.080 son detenidos desaparecidos.

Por otra parte, la Corporación ha reconocido a casi cinco mil familiares de las víctimas el derecho a las pensiones de reparación, de cargo fiscal, a que la ley les da derecho, cuyo monto es, como promedio, una cantidad equivalente a cerca de quinientos dólares por causante.

2) El Presidente de la República envió un oficio a la Corte Suprema acompañándole el texto completo del Informe y pidiéndole que se activaran por los Tribunales correspondientes las investigaciones para esclarecer los delitos que se hubieran cometido, para ubicar el paradero de las personas desaparecidas y para aplicar las sanciones que correspondieren. En ese oficio se hizo presente que, en concepto del gobierno, la vigencia de la ley de amnistía no podía ser obstáculo para que se llevara adelante la investigación judicial. Tres razones abonan esta interpretación: a) que para sobreseer en un proceso en razón de amnistía, la ley procesal exige que previamente se agote la investigación sobre el hecho delictuoso y los posibles responsables; b) que en los casos de desaparecimiento de personas, se trata de «delitos continuados» que se prolongan en el tiempo hasta que no se aclare lo que ocurrió con las víctimas, lo que impide aplicar la amnistía relativa a delitos cometidos antes de su dictación en 1978, y c) que la reforma constitucional de 1989, en cuanto reconoció a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile como una de las bases de la institucionalidad nacional, obliga al Estado chileno a reconocer el carácter de imprescriptible y no amnistiable de ciertos delitos de lesa humanidad.

Desde entonces muchos procesos han sido ventilados en los Tribunales. En un principio éstos se inclinaban por aplicar la amnistía, pero ha terminado prevaleciendo la tesis de que dicha ley no impide investigar. Finalizada la investigación, en algunos casos los tribunales han optado por sobreseer en virtud de la amnistía, pero en muchos otros, estimando que ésta es inaplicable, han dictado sentencias condenatorias.

Creo que los chilenos tenemos justo motivo de satisfacción por la forma cómo hemos enfrentado el drama de violación de derechos humanos ocurrido sistemáticamente en un periodo doloroso de nuestra historia. Se ha avanzado mucho en el esclarecimiento de la verdad y en la búsqueda de justicia, dentro del marco de la plena vigencia del Estado de Derecho.


Texto corresponde a clase magistral dictada por D. Patricio Aylwin A. el 4 de junio de 2007 en el marco de la inauguración del año académico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Ex presidente de la República y profesor de Derecho administrativo.

 

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