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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.13 n.1 Talca  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100016 

 

Revista Ius et Praxis, 13 (1): 463 - 472, 2007

II. DOCUMENTOS

Control Ético y Deontología

 

Jean Pierre Matus Acuña*

* Director Centro de Estudios de Derecho Penal, Universidad de Talca, Campus Santiago. Correo electrónico: jpmatusa@utalca.cl


 

Quisiera en primer lugar agradecer la invitación que me han hecho a este Seminario el Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, y Luis Cordero, su Jefe de Evaluación; felicitándolos por continuar con la preocupación por el tema ético en la defensa penal, iniciada en un Seminario que, con el decidor título de "La ética en el Nuevo Proceso Penal", se realizara el año 2003.1

Dice el Programa de este Seminario que me corresponde abordar "el tema de las necesidades de aconsejar en la conducta del abogado, dentro y fuera de la función, modelos de control deontológicos (más o menos sancionatorios: el modelo fiscalizador, los reclamos y los comités consultivos), (pertinencias y limitaciones del órgano público)".

Por suerte, ante la variedad de los temas que se me proponen, puede la audiencia disculpar el hecho de que no me refiera a todos ellos, sino sólo a algunos.

Desde luego, quisiera plantear una clara distinción entre el control ético de la conducta del abogado "dentro de su profesión", esto es, del abogado como "servidor de la justicia y colaborador de su administración", cuyo "deber profesional es defender empeñosamente, con estricto apego a las normas jurídicas y morales, los derechos de su cliente" (Art. Io CEP); del que pudiera corresponder a su conducta "fuera de la función", esto es, en su vida privada o como funcionario de alguna institución pública o administrador o empleado de una organización empresarial o profesional.

Entiendo que, desde un punto de vista "institucional" todos estos planos parezcan confundirse, pero creo que es absolutamente necesaria la distinción planteada, dado que mientras el control del abogado en cuanto tal está sujeto actualmente a las regulaciones de la ética profesional, como quedaron fijadas en el D.L. 3.621 de 7 de febrero de 1981; el del abogado como funcionario depende fundamentalmente de las normas contenidas en el Estatuto Administrativo y otras normas aplicables a la probidad en la función pública; mientras que como parte de una organización empresarial o profesional, está sujeto a las normas de autorregulación contractuales que ellas se den.

Debo señalar, además, que el alcance de la expresión "fuera de su función" parece insinuar que también sea posible un control de la conducta del profesional que, sin ser constitutiva de infracción administrativa o contractual, directa o indirectamente afecte algo así como el "honor", "prestigio", "función" o "valor de marca" -para usar términos modernos- de la institución u organización en que presta servicios o a la que pertenece. Un ejemplo claro de regulaciones de este tipo aplicable a los abogados, es la relativa a aquellos que son jueces, contenida en el No. 4 del 544 del Código Orgánico de los Tribunales, según el cual debe sancionarse disciplinariamente a un Magistrado "cuando por irregularidad de si conducta moral o por vicios que les hicieren desmerecer en el concepto público comprometieren el decoro de su ministerio".

Hecha la distinción anterior, se puede apreciar con claridad que existen cuatro ámbitos de regulación "ética" posible para los abogados: a) el del abogado en tanto "personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes" (art. 520 COT); b) el del abogado en tanto funcionario público sujeto al Estatuto Administrativo y a las normas particulares del servicio a que pertenece; c) el del abogado en tanto miembro de una organización empresarial o profesional; y d) el del abogado, en tanto miembro de la comunidad y "representante" en ella (en un sentido muy laxo), de la organización a que pertenece y de la función general de administración de Justicia de que es parte.

Naturalmente, lo propio de la ética profesional del abogado es el primer ámbito; mientras los dos siguientes son los legítimos ámbitos de regulación del comportamiento exigido para pertenecer a ciertas organizaciones, pero no parecen referirse a deberes exigibles a los profesionales en tanto abogados, sino en tanto miembros de una organización pública o privada. Más difícil es abordar la pertinencia y legitimidad del control de las conductas de los abogados en tanto portadores del "valor" de la organización a que pertenecen o de la función que cumplen, fuera del ámbito de ejercicio de esa función y del espacio disciplinario de la organización a que pertenecen.

Como ya dijimos, que esta última esfera de vida sea regulada externamente no es algo extraño a la profesión legal: la pregunta es en qué condiciones puede ser legítimo este control, esto es, por qué se justifica y hasta dónde puede ejercerse ese control "fuera de la función". En el caso de los magistrados, el fundamento de las reglas contenidas en el art. 544 COT parece ser la necesidad de mantener su imparcialidad, esto es, que no se vean sometidos a presiones por parte de los litigantes, fundadas en dar a conocer actos que se estimen viciosos (No. 4) o en sus deudas (No. 5).

¿Son extensibles estas consideraciones a los abogados defensores públicos o licitados?

El art. 6o del Código de Ética Profesional (en adelante CEP) establece el principio general de que un abogado sólo puede "hacerse cargo de un asunto ... cuando tenga la libertad moral para dirigirlo", el cual se reitera, respecto de los defensores, en el art. 8° ("el abogado es libre para hacerse cargo de la defensa de un acusado"). Siguiendo el ejemplo de los jueces, si pensamos en un abogado que se encuentra agobiado por las deudas o es víctima de una adicción o un vicio moral que puede ser descubierto por un tercero, ¿es "libre" para dirigir un asunto? Fácilmente podemos imaginar situaciones en que el acusado y aun el acusador puedan influir en el ánimo y las decisiones del defensor con base a tales debilidades (y por ello, en el extremo, es considerado desdoroso y sancionable como falta ética el solicitar préstamos de los clientes y mantener deudas con los trabajadores y proveedores2).

Hechas estas distinciones, podemos pasar a preguntarnos cuál es el modelo para ejercer el control deontológico de la profesión en los dos ámbitos que le serían propios: el del ejercicio de "la función de abogado" como defensa de derechos de terceros y el del mantenimiento de su libertad ("honor y dignidad profesional"), "fuera de la función" para asegurar la independencia personal y calidad de esa defensa.

En el Programa del Seminario se mencionan tres modelos posibles para ejercer este control: "el modelo fiscalizador, los reclamos y los comités consultivos".

Lamentablemente, no me es posible, porque los desconozco y no he tenido tiempo para estudiarlos, dar cuenta de las particularidades de tales modelos y de las diferencias que existirían entre ellos. También desconozco la experiencia comparada al respecto.

Sin embargo, tengo una excusa para no ahondar en este asunto: para fortuna mía, existe ya en Chile un modelo de control ético que podríamos denominar "institucional", con normas relativamente claras acerca de cuáles son los deberes éticos, qué órgano es competente para imponer las sanciones correspondientes y cuál es el procedimiento a seguir.

En efecto, el D.L. 3.621, de 7 de febrero de 1981, que fijó las normas que rigen actualmente a los Colegios Profesionales, establece en su Considerando 4o que

"las facultades jurisdiccionales tanto para dirimir conflictos entre los profesionales o entre éstos y sus clientes como para velar por el cumplimiento de la ética profesional, otorgadas a los Colegios, pueden ser idóneamente ejercidas por los Tribunales de Justicia, estableciendo con este fin procedimientos adecuados, lo que evitará el contrasentido que la misma entidad encargada de la defensa y desarrollo de los intereses profesionales de sus miembros, conozca y resuelva sobre las faltas a la ética profesional cometidas por éstos en el ejercicio de su profesión".

Para ello, en su art. 4°, inc. primero, se dispone que, conforme al procedimiento sumario,

"Toda persona que fuere afectada por un acto desdoroso, abusivo, o contrario a la ética, cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión, podrá recurrir a los Tribunales de Justicia en demanda de la aplicación de las sanciones que actualmente contemplen para estos actos la Ley Orgánica del Colegio respectivo o las normas de ética vigentes [el subrayado es mío]."

A la fecha de publicación de este D.L., las "normas de éticas vigentes" para la profesión de abogado, y según las cuales se debían fallar estas reclamaciones, eran las aprobadas por el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile, en ejercicio de la facultad legal concedida por el art. 15 de la Ley No. 4.409, en sesiones de 28 de octubre de 1948, 12 de diciembre de 1960, 10 de julio de 1961 y 24 de julio de 1967.

El mismo D.L., en su Art. Transitorio 2o estableció un mecanismo por el cual se facultaba a quien entonces ejercía de hecho el cargo de Presidente de la República, para, en el plazo de 6 meses, "a través de decretos con fuerza de ley... dictar o modificar las normas que reglamenten el ejercicio de las profesiones correspondientes a la ética profesional". El D.F.L. correspondiente a la profesión del abogado nunca se dictó, con lo cual el valor del Código de Ética Profesional aprobado por el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile, como norma derivada del ejercicio de una facultad legal, se cristalizó.

A ello no obsta el hecho de que con la creación de la Asociación Gremial sucesora del Colegio regido por la Ley No. 4.409, esta Ley se entienda derogada, según el art. Io transitorio del mencionado D.L. 3.621, pues el Código de Ética vigente a 1981 era una norma derivada de dicha Ley, pero diferente y con vigencia autónoma, tal como lo reconoce ese mismo D.L. al remitir a ella el juzgamiento de las reclamaciones éticas por parte de los Tribunales civiles y facultar a quien ejercía de hecho el Poder Ejecutivo para "modificarlas", con independencia del término de vigencia de la Ley Orgánica correspondiente.

Fijado así el marco jurídico y procedimental que rige el control ético de la profesión de abogado, debemos preguntarnos qué rol ha de jugar un Servicio Público, como la Defensoría Penal, en hacer cumplir la regulación ética vigente.

En primer lugar, como organismo público, las facultades de la Defensoría Penal Pública están sujetas estrictamente a la Ley que la creó y demás disposiciones legales y constitucionales aplicables. Por lo tanto, encontrándose vigente el art. 4o del D.L. 3.621, que entrega a los Tribunales el conocimiento y sanción de las faltas éticas, no corresponde, en caso alguno, que la Defensoría Penal se avoque directamente al conocimiento y sanción de tales faltas.

Sin embargo, la Defensoría Penal está obligada, según el Art. 56 de su ley Orgánica a controlar "el desempeño de los defensores locales y de los abogados que presten defensa penal ... a través de las siguientes modalidades: a) Inspecciones; b) Auditorías externas; c) Informes, que serán semestrales y final, y d) Reclamaciones."

Según el art. 69, letra a), de dicha Ley, la responsabilidad que puede hacer efectiva administrativamente la Defensoría Penal por el "desempeño" profesional de los abogados controlados mediante algunos de los mecanismos señalados anteriormente, se originaría únicamente "cuando su defensa no fuere satisfactoria, de acuerdo con los estándares básicos, definidos por el Defensor Nacional, que deben cumplir en el procedimiento penal quienes presten servicios de defensa penal pública", sin "perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan"3.

Luego, sólo en la medida que las regulaciones éticas se encuentren recogidas o duplicadas en los "Estándares de Defensa Penal", tendrá competencia la defensoría Penal para controlar el cumplimiento de tales deberes y sancionar las infracciones administrativamente, "sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales" que correspondan. Afortunadamente, y como ya tuve ocasión de manifestar en un Seminario realizado el año 2003, a propósito del establecimiento de dichos estándares, buena parte de ellos no hacen más que reflejar las obligaciones propias de los abogados con sus clientes, constitutivas de los deberes esenciales de la profesión, recogidos en el Código de Ética.4

Así, por ejemplo, el "estándar de defensa", consistente en que el "defensor resguarda lealmente en todo momento los intereses de imputadas e imputados ... proporcionando una asesoría jurídica técnico penal adecuada", es una forma algo enrevesada de decir que "su deber profesional es defender empeñosamente, con estricto apego a las normas jurídicas y morales, los derechos de su cliente" (art. Io CEP) y que, una vez aceptada una defensa criminal "debe emplear en ella todos los medios lícitos" (art. 8o CEP).

Lo mismo vale respecto del estándar de la "dignidad del imputado": que el defensor deba respetar "la voluntad de imputadas e imputados" y brindarles un "trato digno" es tanto como decir que "las relaciones del abogado con su cliente deben ser personales" (art. 27° CEP), a quien debe servir "con eficacia y empeño para que haga valer sus derechos sin temor a la antipatía del juzgador, ni a la impopularidad" (art. 25° CEP).

Los demás estándares (recursos, libertad, prueba, plazo razonable, contradicción") son especificaciones de la misma idea, como puede verse en antiguos fallos del Consejo General del Colegio de Abogados declarativos de que "falta a sus obligaciones legales, el abogado de turno que demora negligentemente la tramitación de una causa entregada a su defensa; que esta falta "se agrava cuando se trata de la defensa de un reo preso"; que también falta a la ética el que actúa "con negligencia en la defensa de un acusado"; que "el hecho de no alegar una causa criminal con reo preso cuya defensa se ha asumido está reñido con el regular y correcto ejercicio de la profesión de abogado"; tanto como la conducta del "abogado que permite que se declare desistida la apelación interpuesta"; que "es inadmisible que un abogado se excuse del hecho de no haber contestado una acusación"; que "el incumplimiento de la gestión encomendada se agrava cuando esta actitud afecta a una persona de escasos recursos y que por estar privada de libertad no ha podido proveer a su defensa en forma debida"; que "revela negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales el abogado que no concurre a las audiencias de prueba"; que "actúa con negligencia en el desempeño de la defensa confiada el abogado que no presenta la lista de testigos"; etc.5

Sin embargo, no se encuentran en los mencionados estándares de defensa penal, entre otras, las obligaciones de fraternidad con los demás colegas, que importan el respeto recíproco y la abstención cuidadosa de "expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra naturaleza, de sus colegas" (art. 40 CEP); tampoco se menciona la obligación de que "los convenios celebrados entre abogados deben ser estrictamente cumplidos" (art. 43 CEP) -aplicable particularmente en todo el ámbito de la justicia consensuada que existe en el procedimiento actual: suspensiones condicionales, juicios abreviados, simplificados con reconocimiento, etc.-6; ni la obligación general de que se debe actuar "con honradez y de buena fe", sin "aconsejar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia" (art. 3o CEP).

Sé que para algunos las referencias que hago al Código de Ética Profesional podrían parecer antidiluvianas, como si los problemas que dicho cuerpo normativo enfrentaba eran propios únicamente del anterior sistema procesal penal y nada tuviera que ver con la actual regulación. Esta es una idea equivocada del sentido de las normas del Código de Ética, que son aplicables no en razón de la clase de procedimiento que se trate, sino de las relaciones que establecen los abogados entre sí, con sus clientes, con la magistratura y, en general, con la administración de justicia como función socialmente relevante. Por eso, si se revisa un texto norteamericano sobre ética de los abogados defensores, como el editado por Rodney J. Uphoff, podrá observarse que los problemas presentados y las guías ofrecidas para su solución se encuentran abordados también por nuestro Código de Ética y la jurisprudencia del Consejo General del Colegio de Abogados al respecto: ¿cuál es el interés que prima, el del abogado o el del defendido?; ¿quién decide en definitiva la estrategia defensa, el abogado o el inculpado?; ¿se pueden presentar pruebas falsas si las aporta el defendido?; ¿qué pasa si se descubre la impostura del defendido?; ¿qué abarca el secreto profesional y hasta donde se extiende?; ¿qué hacer si se tienen relaciones íntimas o se es cónyuge con el imputado, el fiscal o un juez de la jurisdicción?; ¿qué es lo correcto cuando se pasa de fiscal a defensor en la misma jurisdicción?; ¿cómo se resuelve el problema de las defensas incompatibles?; ¿qué pasa si por exceso de trabajo no se puede brindar una buena defensa?; etc.7

Luego, la cuestión que surge enseguida es qué hacer si, después de una inspección, una auditoría, la revisión de un informe o la resolución de un reclamo, se descubre alguna falta a la ética, constitutiva o no de una infracción a los estándares de defensa.

Es obvio que, tratándose de faltas reconducibles a incumplimiento de estándares, deben imponerse las sanciones correspondientes. Pero dado que esa sanción es "sin perjuicio" de la responsabilidad civil que corresponde por la infracción a las normas de ética vigentes, queda la pregunta acerca de si con base a esa infracción se puede intentar algo más. La situación es más clara tratándose de faltas a la ética que no se refieren a las relaciones entre el abogado y sus clientes, sino entre abogados y entre éstos y los magistrados y demás servidores de la Administración de Justicia.

Aquí, aunque la discusión pareciera dar lugar a discurrir acerca de los "modelos" a que hace referencia la convocatoria de este Seminario, de nuevo me permito volver a mi afirmación inicial: el modelo de control deóntico existe, está legalmente regulado y a un Servicio Público como al Defensoría Penal sólo le cabe ejecutarlo, poniendo en conocimiento de los Tribunales competentes las infracciones que detecte, sea cuál sea el mecanismo mediante el cual ellas se descubran.

En efecto, volvamos al artículo 2o del Código de Ética. Según esta disposición,

"El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesionales. No solamente es un derecho, sino un deber, combatir, por todos los medios lícitos, la conducta moralmente censurable de jueces y colegas."

Esto significa que "no falta a la ética profesional el abogado que advierte a un colega que denunciará su conducta al Consejo del Colegio de Abogados [hoy: Juzgado de Letras]"; ni es censurable "la actitud de un abogado que en defensa de los intereses de su cliente, ocurre al respectivo Consejo de la Orden [hoy: Juzgado de Letras] para pedir que se sancionen actos que él estima desdorosos para la profesión"; pero sí lo hace el que en vez de recurrir a los órganos competentes, representa ante los tribunales la conducta de un colega.8

Luego, la Defensoría Penal Pública, si mediante inspecciones y auditorías, o la revisión de informes o la resolución de reclamaciones, advierte faltas a la ética profesional, en la medida que los colegas que han incurrido en tales conductas perjudican el desempeño de su encargo legal, puede considerarse perfectamente legitimada como "persona que fuere afectada por un acto desdoroso, abusivo o contrario a la ética" para accionar contra el infractor, según el Art. 4o del D.L. 3.621. En tales casos, corresponde al Defensor Nacional el ejercicio de la acción correspondiente, según el art. 7o, letra i) de la Ley Orgánica No. 19.718, facultad que podría delegar en los Defensores Regionales, según lo permite el art. 20 letra i) de dicho cuerpo legal.

Más complicada es la situación que se produce respecto a los abogados que, como personas naturales y funcionarios de la Defensoría Penal toman conocimiento de tales infracciones cometidas por defensores públicos o licitados. ¿Podrán comparecer directamente ante el Juzgado de Letras correspondiente?. Ami juicio, sí, pues el tenor literal del citado art. 4o del D.L. 3.621 no limita los legitimados a los clientes afectados, sino hace referencia genérica a "toda persona que fuere afectada por un acto desdoroso" y, sin duda, todos los miembros del Foro son afectados por los actos reñidos con la ética de otros colegas, al reafirmarse con ellos la idea de que todos participaríamos de tales comportamientos al tolerarlos (precisamente, para evitar esta "tolerencia", el anteriormente vigente art. 10o del Reglamento para la Tramitación de Asuntos Jurisdiccionales, entregaba a los Consejos la facultad de imponer medidas disciplinarias de oficio o a petición de parte, lo que se mantiene en el actual Reglamento para la Tramitación de Acusaciones o Denuncias por Infracciones a la Ética Profesional de los Abogados, el cual, aunque no tiene igual rango normativo, hace extensiva, en su art. Io, la facultad de denunciar tales infracciones a todo abogado).

Para concluir, quisiera llamar la atención sobre un punto en el que todo el andamiaje del Código de Ética Profesional descansa: la defensa "empeñosa" y por todos los "medios lícitos" del cliente, y que quizás es el que más ha sufrido con la instalación de nuestro actual sistema procesal penal.

En efecto, nuestro actual sistema procesal penal, aunque se encuentra alejado del inquisitivo prototípico anterior, no es del todo un sistema acusatorio, sino más bien parece, en su funcionamiento real, un "sistema de gestión de causas" cuya finalidad principal -según Langer la ha descrito para el procedimiento civil federal en Estados Unidos y el actual procedimiento en la Corte Penal Internacional-, es reducir los tiempos de tramitación, evitando la acumulación de stocks difíciles de manejar, contando para ello con la colaboración activa de jueces y abogados de las partes:

"ambas partes son concebidas no sólo como celosos abogados de sus posiciones, sino también como colaboradores con los jueces, con el deber de ayudarles a reducir los casos pendientes ante el tribunal, simplificar los casos particulares y apurar el procedimiento ... De este modo, su rol como auxiliares de la administración de justicia es profundizado y enfatizado".9

No es para nadie un misterio que el número y porcentaje de causas terminadas es una obsesión entre los gestores del sistema, que los asumen como indicadores óptimos de su "eficacia", esto es, del logro de su objetivo: el rápido procesamiento de casos. Esto ha llevado a la increíble estadística que concibe como casos terminados los archivos provisionales (que en realidad son casos no investigados o pendientes), lo que permite afirmar la existencia de porcentajes de términos cercanos al 90%> anual. Lo impresionante es que si sólo se toman en cuenta los casos con imputados, las cifras de términos ya llegan casi al 100%o anual (98%> en 2004 y 2005, y 99% en lo que va 2006).10

Debo reconocer que, lamentablemente, el Consejo Nacional de Licitaciones no se ha visto ajeno a esta dinámica, agravada por el hecho de que se deben administrar recursos escasos, lo que ha llevado a la igual valorización de todo término jurisdiccional, con independencia del resultado, estímulo más que claro para que los abogados licitados prefieran aquellos términos que les importen un menor gasto de tiempo y recursos. Entiendo que Luis Cordero ha explicado esta mañana que un fenómeno similar se produce entre los abogados defensores públicos. Como sea, la estadística es clara al respecto: mientras en año 2001 el porcentaje de salidas alternativas representaba un 24,9%o del total de las causas, al año 2006 este porcentaje se ha elevado casi al doble, llegando al 40,1%; en tanto que el de absoluciones ha recorrido un camino inverso: del 3,8% de 2001 a sólo un 1,0% el año 2006; mientras el de condenas se mantiene alrededor de un estable 30% durante todos estos años.

Naturalmente, no es posible inferir de estas cifras que buena parte de los términos que importan menor gasto de recursos por parte de los defensores supongan negociaciones entre éstos y los fiscales, fomentadas o toleradas por los jueces, que pongan por sobre la obligación de defender empeñosamente a los clientes el objetivo de producir "causas terminadas" de manera eficaz (rápida) y eficiente (con el menor gasto posible de recursos por parte de todos los intervinientes). Pero dado que este es un objetivo compartido entre fiscales, jueces y defensores, parece difícil que todos estos "intervinientes" pongan trabas a su cumplimiento, cuantimás si ellas sólo serían de carácter ético y cuyo resultado sería obtener eventualmente una absolución o una pena reducida en un tiempo futuro. Sin embargo, esta inclinación hacia el sistema en vez del defendido puede que esté compensada por los denunciados graves déficits de control y ejecución de las "salidas alternativas", lo que podría ser un fuerte estímulo para que el imputado también prefiera estas salidas en vez de una eventual absolución o pena reducida.

Como sea, estas estadísticas deben llamarnos la atención acerca de la posibilidad de que ciertos objetivos del sistema, tangencialmente sean incompatibles con el deber de defender empeñosamente los derechos del cliente y por lo mismo, acerca de la necesidad de tomar en serio el control ético de la profesión y de darle vida al "modelo institucional" que existe para ello.


1 Los resultados de ese seminario ha sido publicados en el volumen La ética en el nuevo proceso penal. Santiago: Centro de Documentación Defensoría Penal Pública, 2003, 128 p.

2 PARDO VALENCIA, Fanny. Ética y Derecho de la abogacía en Chile Santiago: Editorial Jurídica de Chile. 1969. 601 p., p. 20 y siguientes.

3 En tanto funcionarios públicos, el art. 68 les aplica el Estatuto Administrativo; y en tanto contratantes de servicios para la Defensoría Penal, las letras b) y c) del art. 69 los hace responsables "b) Cuando no hicieren entrega oportuna de los informes semestrales o del informe final, o consignaren en ellos datos falsos, y c) Cuando incurrieren en incumplimiento del contrato celebrado".

4 MATUS ACUÑA, Jean Pierre. "Impacto de los estándares de defensa penal en la profesión de abogado". En: Sistemas contractuales y estándares de defensa penal pública. Santiago: Centro de Documentación Defensoría Penal Pública, 2003, p. 124-130.

5 PARDO, p. 69 a 77 y 108 a 132

6 Al respecto, ver MATUS, Jean Pierre. "La justicia penal consensuada en el nuevo Código de Procedimiento Penal". Revista Crea. n° 1, 2000, p. 122-143.

7 UPHOFF, Rodney J. (editor). Ethical problems Facing the Crimial Defense Lawyer. Practicas answers to tough questions. Chicago: American Bar Asociation, 351 p.

8 VALENCIA, p. 24, 25 y 186.

9 LANGER, Máximo. The Rise of managerial Judging in International Criminal Law. Research paper No. 04-19. En http://ssrn.com/abstract=606341. p. 59 y siguientes, la cita, en p. 65.

10 Todas las estadísticas que se citan han sido facilitadas por Luis Cordero, Jefe del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones.

 

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