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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.13 n.1 Talca  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100019 

 

Revista Ius et Praxis, 13 (1): 487 - 496, 2007

III. RECENSIONES Y COMENTARIOS

Constitucionalismo y Derechos Fundamentales.
Grimm, Dieter, Editorial Trotta, Madrid, 2006, 214 páginas. Estudio preliminar de Antonio López Pina; traducción de Raúl Sanz Burgos y José Luis Muñoz de Baena Simón.

 

Patricio Masbernat*

* Abogado. Magíster en Derecho, Universidad de Chile. Magíster en Derecho, Universidad de Talca. Doctor (c) en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Correo electrónico: pmasbernat@utalca.cl


 

1.- En estas líneas trataré de describir simplificada y brevemente un libro magnífico tanto por su profundidad (y alta complejidad) como por su fundamentación. Se trata de un informe de investigación escrito como un ensayo maduro de un jurista sabio en el que despliega sus teorías sobre las materias abordadas (Grimm es catedrático e investigador de diversos organismos, y ex magistrado del Tribunal Constitucional Alemán). Su metodología es comparativa, tanto desde una perspectiva jurídica como histórica y social. Este trabajo muestra cómo la explicación profunda de las instituciones jurídicas requiere considerar el contexto en que nacen y se desarrollan. Asimismo, hace caer una gran cantidad de falsas premisas en que se sustentan varias corrientes de pensamiento de diferentes especialidades jurídicas. Ello es uno de los aspectos más relevantes de la obra.

2.- Esta versión española contiene un estudio preliminar en que el catedrático Antonio López entrega su apreciación tanto de Grimm como de su extensa obra, y examina dos de los más importantes temas del constitucionalismo actual, los derechos fundamentales (DDFF) como eje de la Constitución y la defensa de la misma (que también es la defensa de los anteriores). A continuación, la obra de Grimm. En su primer capítulo aborda la Constitución desde una perspectiva teórica (concepto, contexto de su origen, y propagación, sus condiciones y límites, su validez y efectividad, su mutación e identidad, en un contexto de cambio y crisis, y su futuro). En el capítulo segundo el autor expone las condiciones de nacimiento y las consecuencias del constitucionalismo moderno, construyendo un modelo explicativo acerca de la génesis de la Constitución que usará a lo largo de toda la obra y que pondrá a prueba sobre algunos casos históricos (Inglaterra, Estados Unidos de América, Francia, Alemania y otros). Luego, desde esa perspectiva genética realiza un análisis sobre la situación actual de la Constitución. El capítulo tercero conecta los DDFF y la Constitución con las sociedades burguesas, con lo que su principal tesis queda configurada, sosteniendo que la Constitución y los DDFF (ambos indisolublemente vinculados entre sí y con la Democracia) son fruto de las aspiraciones sociales e históricas y la filosofía social burguesas (tesis que también contrasta con la evolución política y social de los países mencionados). El cuarto capítulo informa de la evolución histórica de la Constitución (su origen y las luchas por su implantación, su consolidación y crisis, y su perspectiva actual y futura). El capitulo quinto aborda un posible retorno a la comprensión liberal de los DDFF. El capítulo final, en buena medida una evaluación del material tratado, se refiere al futuro de la Constitución, desde las ideas y condiciones sociales e históricas que la hicieron posible hasta las actuales condiciones, que podrían plantear dudas acerca de su pervivencia.

3.- La tesis central que el libro defiende y fundamenta es la siguiente: "En la medida en que estas condiciones (del modelo explicativo) sólo son aplicables a ¡a burguesía moderna, al modelo social burgués y a la revolución burguesa, la Constitución puede calificarse como fenómeno burgués " (p. 61). La tesis tiene su reverso: "Cuanto más lejos se hallaba un país de las circunstancias en las que había surgido el Estado Constitucional, más restringía el contenido de la Constitución en lo referido a la legitimación y limitación del poder"'. Para probar esta tesis, Grimm construye un modelo explicativo relativo al nacimiento de la Constitución moderna (p. 50) en que distingue:

a) Condiciones previas. La Constitución moderna2 (que es el único concepto genuino de Constitución, por lo cual se usarán los términos 'Constitución' y 'Constitución moderna' de manera intercambiable) pretende regular el poder de modo completo y unitario como norma de rango supremo, lo que es logrado bajo determinadas condiciones políticas que se traducen en que la legitimación del poder depende de un orden político que es objeto de decisión humana (dejando de aceptarse su fundamentación religiosa). La ideología y la filosofía social (liberal) que se encuentran a la base del constitucionalismo son burguesas.

b) Titular, la soberanía popular. El gobernante debe constituirse y actuar como órgano estatal, y es dependiente y legitimado por el consenso social. Esta idea es burguesa.

c) Ruptura revolucionaria. Esto no se refiere sólo a que el constitucionalismo significó una transformación total de las estructuras de poder hasta entonces vigentes, sino que frente a la oposición y resistencia de los estamentos privilegiados (especialmente realeza, nobleza e Iglesia Católica) las clases burguesas al mando del Tercer Estado (en Francia) debieron buscar el cambio de manera forzada. En EEUU, al contrario, la revolución independentista surgió entre otros factores por la inflexibilidad de la Corona a las reformas solicitadas por las colonias.

d) Separación entre Estado y sociedad. El modelo social burgués buscaba la autonomía de la sociedad (su autogobierno de acuerdo a sus propios criterios de racionalidad) frente a las decisiones políticas. Esto lleva a que se revierte el orden de prioridades: los intereses privados y la sociedad se ponen por delante de los intereses públicos y el Estado. El Derecho Constitucional fue idóneo para sujetar al Estado (con las ideas de división de poderes y la sujeción a la ley parlamentaria) y proteger a la sociedad y los individuos (con los DDFF). Los DDFF limitaban el poder de regulación del Estado y señalaban la frontera entre el Estado y la sociedad. De ahí que la decisión de la limitación de la libertad individual (en virtud de la libertad igual) no pertenecía a la discrecionalidad del Estado sino a los representantes electos de la sociedad. Surge la ley como expresión de la voluntad general3. Con ello se genera la positivización del Derecho.

4.- La Constitución nace como un producto de la filosofía social liberal en países donde existía una burguesía suficientemente fuerte como para imponerla. Si bien nace ligada al Derecho Natural4, la necesidad de fundarla en la decisión humana la llevó a anclarla en el Derecho Positivo. Ello se requería para dar un carácter constitutivo (en todos sus aspectos) al poder político, de modo tal que beneficiara a todas las personas (en adelante ciudadanos con derechos inalienables) sometidas al poder (un poder dependiente y con limitaciones de efectos generales y no particulares). Por ello, la Constitución era distinta a las viejas cartas forales y otros instrumentos jurídicos anteriores (de carácter meramente contractual derivados del cumplimiento de deberes de los subditos) que vinculaban al detentador del poder (de origen divino) con sus subditos o una parte de ellos (p. 48).

Asimismo, el constitucionalismo dio configuración normativa a la Constitución (ámbito del deber ser) desechando su vieja concepción empírica o fáctica (ámbito del ser, como configuración política y social de un pueblo). Ello era necesario para instaurar su programa de limitación y regulación del poder y de establecimiento de los DDFF (p. 49).

El moderno concepto de Constitución prescribe su origen está en la voluntad del pueblo, hace referencia a una norma (suprema del ordenamiento jurídico) creadora de una situación jurídica, fijada en un documento escrito y con forma jurídica, con pretensión exhaustiva y sistemática, que instituye la forma de gobierno y regula la organización y ejercicio del poder estatal (excluyendo la discrecionalidad, indicando competencias y límites de ese poder) y que es indisponible para el mismo, y establece un catálogo de DDFF como compromisos materiales del Estado en relación a los derechos del hombre (p. 111).

La Constitución constituye el mínimo de consenso político de la sociedad (sustituyendo el origen del poder divino del rey por la soberanía popular) y le entrega a este consenso fundamental, por primera vez en la historia, certeza, obligatoriedad y regulabilidad. Con ello, el proceso político se descongestiona de la discusión permanente acerca de los fundamentos de la formación del sistema, siendo la Constitución la premisa y no el objeto de la actividad política (pp. 200 y 201). De ahí proviene la idea de Poder Constituyente.

La legitimidad de la Constitución (y el requisito para que ésta exista y no una semi-Constitución o una aparente Constitución) se encuentra en que ella sea producto del consenso político de la sociedad, i.e., que ella incluya todas las posiciones ideológicas y políticas de los ciudadanos, que reconozcan la legitimidad de la pluralidad de opiniones e intereses, y que contenga sólo los consensos políticos básicos5. No debe ser concebida como "carente de lagunas" ni convertir a la política en innecesaria y en mera ejecución constitucional o administración, sino que debe proporcionar un marco para las posibles decisiones políticas6. En este contexto se torna legítimo el actuar del Tribunal Constitucional7, por que el garante de la Constitución es también su destinatario, en su función de sustraer la interpretación de la Constitución a los poderes sociales y políticos más fuertes -que intentan coaccionar y hacer primar sus intereses-, de la lucha política cotidiana, y de este modo restaurar su función como base para el consenso de los adversarios (p. 36)8. De ahí la importancia de que la Constitución obedezca al consenso básico a fin de lograr su cumplimiento y efectividad, destacando su carácter eminentemente instrumental, en cuanto que "¡a indiferencia del sistema/rente a la verdad presta a ¡as regías que garantizan pluralidad mayor peso especifico y más posibilidad de cumplimiento " (p. 36).

5.- Grimm aplica su modelo a diversos casos. Destaca la diferencia entre Francia y EEUU. Francia (cuyo ejemplo influyó a toda Europa continental) debió transformar a los ideales burgueses y liberales su sistema jurídico, político y social luego de la Revolución Burguesa, ya que la sociedad prerrevolucionaria era estamental-feudal y había una praxis estatal mercantilista y dirigista. EEUU, al contrario, tenía una sociedad burguesa por lo que tras su independencia sólo debió instaurar Constituciones (Federal y Estaduales) acordes a su orden (social, jurídico y político) burgués. Apesar de heredar gran parte del sistema jurídico de Inglaterra, decidió escriturar la Constitución y no heredar la idea de omnipotencia del Parlamento porque habiéndose cometido abusos a los derechos de los americanos por el Parlamento inglés (que legalmente también los representaba) se estimó necesario establecer que los derechos estaban sobre el Parlamento. Ello dio paso, según Grimm, a la idea de DDFF y Constitución en el sentido moderno (p. 67).

La Inglaterra de la época también era una sociedad burguesa y liberal (donde nobles y burgueses compartían los derechos y deberes derivados del poder) pero no influyó directamente en la Europa continental debido a que no había sistematizado su Constitución en el modo en que a la Europa Continental le resultara comprensible. En este país está el origen de los DDFF y el constitucionalismo, pero no completó el proceso pues carecía de Constitución formal.

Alemania se mantuvo siempre muy alejada del constitucionalismo moderno, en el sentido de que ni contemporáneamente a su nacimiento ni muchas décadas después lo aceptaría (de hecho, verdaderamente nunca lo aceptó y le fue impuesto finalmente por la fuerza), y (sólo) hacia el siglo XIX intentó hacer frente a su influjo creando un sistema constitucional no (u opuesto al) burgués (liberal) y no democrático (o en palabras de Grimm "transplantarlo a otras circunstancias o usarlo para otros fines", p. 69) con otra clase de fundamentos y adecuándolo (recreándolo) a las características propias de su tradición (y filosofía social) e intereses de las clases dirigentes (acomodando la Constitución formal a su Constitución empírica) y más tarde a la preeminencia del Estado; y hacia entrado el Siglo XX (en palabras del Schmitt de 1932, alabado por Huber, citado en p. 150) a favor de un "orden sustancial", y finalmente para sustentar el nacionalsocialismo. Tras el naufragio de la República de Weimar y la dictadura nacionalsocialista la Constitución debió ser reconstruida y protegida, entre otros, por la jurisdicción constitucional dotada de amplias facultades que, en Alemania, ha significado la intervención judicial de su sistema político (p. 152). Bajo el positivismo alemán y su doctrina del Derecho Público, y ya en el último cuarto del siglo XIX, la Constitución planteaba un tema jurídico y no político (a lo que también aportó Kelsen). El problema de la aversión alemana a la idea burguesa de Constitución y al orden liberal lo tratará Grimm minuciosamente en varios lugares de su obra9.

6.- Para Grimm es muy importante abordar el problema de la vigencia de la Constitución en la medida que las condiciones (sociales, políticas, históricas, etc.) han cambiado desde su origen. Cree que el Derecho Constitucional (el genuino, no el Constitucionalismo aparente) actualmente muestra incapacidad para regular muchos aspectos del ejercicio del poder estatal y de los cambios sociales, los que generan problemas materiales y no sólo formales (a estos últimos podría responder el Derecho), traduciéndose en que la Constitución ve mermada su validez. Por ejemplo, la modificación de la naturaleza y funciones del Estado (pp. 71 y 185) significa que éste ahora está a cargo de la dirección global del desarrollo social y de la construcción de un orden social justo10, generando nuevas formas de relacionarse con los ciudadanos; la satisfacción de los derechos económicos y sociales y las normas constitucionales de contenido material; los obstáculos estructurales al control jurídico de la política, especialmente la actividad de los partidos políticos (que neutralizan la función jurídico-constitucional de división de poderes y su control); los efectos de los avances científicos y tecnológicos; la acumulación de poder social11; la actividad de organizaciones de la sociedad civil que buscan influir en las decisiones estatales; las competencias (en detrimento de la soberanía estatal) de los organismos internacionales y supranacionales; etc.

7.- Otro punto relevante tratado por Grimm (pp. 77) se refiere al origen y desarrollo de los DDFF. Afirma que ellos son un producto de las revoluciones burguesas de fines del S. XVIII y pertenecen al programa del moderno constitucionalismo. No hay Constitución y DDFF sin sociedad burguesa, pero al contrario, podía haber sociedad burguesa sin ellos (p. 99), y por ello es un error considerar cualquier libertad jurídicamente protegida como un DDFF. Ellos constituyen un modelo muy determinado que rompe con pasadas expresiones de reconocimientos de derechos, los cuales eran privilegios concedidos de modo gracioso por reyes para influir políticamente en sectores sociales (estamentos) o geográficos (fueros). Opuestamente, los DDFF tienen carácter universal (pertenecen a todos los hombres) y son independientes (e indisponibles) de la voluntad de los soberanos (los hombres los poseen por naturaleza y el Derecho Positivo sólo los reconoce). No es el soberano quien los configura sino que ellos configuran al poder soberano. Grimm revisa y contraste los modernos catálogos de DDFF con las antiguas formas de protección jurídica de la libertad, y en tal sentido explica que en la construcción del orden social burgués (liberal), los DDFF tuvieron por función separar la sociedad (autónoma y autogobernada) del Estado (limitado y regulado, cuya función será proteger los derechos). Esta distinción es importante.

En Inglaterra se consideraba que los DDFF eran disponibles para el Parlamento por que era el representante de los gobernados y siempre había luchado por protegerlos. Grimm, con Stourzh, afirma que el origen de la conversión de las libertades en DDFF en Inglaterra no se consumó al no haberse transformado en derechos constitucionales12, y que fue en EEUU donde se perfeccionan explícitamente los DDFF, con rasgos de superioridad jerárquica y protección jurisdiccional, vinculando a todos los poderes públicos y ubicándose sobre el Parlamento (p. 90). En Alemania las declaraciones de derechos contenidas en las normas superiores (que no eran constituciones modernas) del S. XIX de los pequeños estados alemanes (Austria y Prusia se resistían a cualquier influencia del constitucionalismo) tuvieron mero carácter positivo (sin reminiscencias iusnaturalistas racionalistas) y debían su existencia a la mera voluntad del monarca, se formularon como derechos de los ciudadanos del Estado (derechospúblicos subjetivos) y no como derechos del hombre, lo que unido a la supervivencia de los derechos estamentales-feudales, frenaba el desarrollo pleno del principio de la libertad, fundamental para el constitucionalismo moderno (p. 96). En la Francia post-revolucionaria los DDFF fueron configuradores del orden social, se adecuó el sistema jurídico a los principios liberales y una vez concluido el proceso los DDFF garantizaron la permanecía del sistema y del Derecho burgueses. En EEUU, donde había una sociedad burguesa, los DDFF otorgarían al nuevo Estado sólo una función de abstención.

Grimm examina la posibilidad de separar los DDFF de sus condiciones originales (el orden burgués) y que ellos pudieran servir en nuevos órdenes sociales. En el orden burgués liberal la igualdad y libertad terminaron para muchos siendo sólo un sueño inmerecidamente irrealizable, por lo que nacieron nuevas interpretaciones de los DDFF que excedieron los intereses burgueses. Se reclamó la concreción de la base material de los DDFF (que sólo fueron posibles para quienes tuvieran educación y propiedad) y que dejaran de constituir instrumento de opresión de los poderosos (p. 104), lo que exigía restringir la libertad y propiedad para extender la libertad igual y efectiva. Ello significó que los DDFF se revirtieran en una amenaza a los intereses burgueses, lo que motivó a los burgueses a abandonarlos o a darles una interpretación defensiva, donde la defensa contra el Estado sustituyó a su valor central {¡a libertad personal igual13). De ahí que la conclusión del autor es que los DDFF tienen un papel que cumplir en la medida que se adaptan a la cambiante realidad estatal y a las nuevas amenazas a la libertad.

8.- Grimm considera que las dos mayores innovaciones de la dogmática de los DDFF de la posguerra son el principio de proporcionalidad14 y el despliegue del contenido jurídico objetivo de los DDFF (p. 155). Mientras el principio de proporcionalidad se desenvuelve en el marco de la defensa negativa de los DDFF y la defensa de la libertad contra las intromisiones del Estado, la comprensión jurídico objetiva de los DDFF abre nuevas áreas a la aplicación de ellos, produciendo su expansión, en términos de irradiación a las relaciones entre privados, los derechos de prestación o derechos de participación frente al Estado, al deber estatal de su protección, a sus garantías procesales, a los principios de organización de las instituciones públicas y privadas, y otros espacios que progresivamente se abren. De ahí que hoy los DDFF no sólo son una obligación para el Estado sino para toda la sociedad, y obligan no sólo negativa sino positivamente a ambos. Esto no deja de generar críticas, tales como la elevada discrecionalidad de la interpretación jurídico-objetiva de los DDFF y la consiguiente pérdida de racionalidad en la aplicación jurídica, y de ser la causa de la usurpación de competencias políticas por parte de los tribunales (especialmente el Tribunal Constitucional), con el consecuente costo para la Democracia, lo que lleva a algunos a abogar por recuperar la vieja concepción negativa y subjetiva de los DDFF. Para Grimm la crítica es superada con la dogmática de la protección frente a la intervención. Por lo demás, sólo en EEUU la revolución significó sólo el establecimiento de una Constitución y de DDFF, pues en Francia (y luego en toda Europa) el constitucionalismo instaurado tras la revolución significó la reforma del orden social. Por ello los DDFF no fueron considerados meras defensas frente a o límites al Estado que dejaban subsistente las condiciones existentes, sino que hicieron las veces de principios supremos conductores del orden social a establecer (siendo mandatos de actuación al Estado) y llamados a dar firmeza y continuidad a la reforma del sistema jurídico (p. 159). De ahí que los DDFF siempre tuvieron tanto un aspecto negativo como positivo, este último latente desde la instauración completa del orden liberal en la Europa continental, que luego resurgirá con la caída de la premisa liberal de acuerdo a la cual con el simple establecimiento de la libertad igual la sociedad automáticamente se conduciría a la prosperidad y la justicia. La cuestión social evidenció que la sola libertad sin equilibrio de fuerzas conducía al derecho del más fuerte, produciendo acumulaciones de poder social que generaban riesgos a la libertad. El modelo liberal no era capaz de producir los ajustes necesarios y el problema que había intentado resolver no aparecía resuelto. De ahí que la respuesta para lograr la eficacia de los DDFF sea la recuperación de la dimensión jurídico objetiva de los DDFF (p. 163)15 y su mandato se dirige a todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial16. Pero a diferencia de la defensa negativa de los DDFF (que exige la anulación del acto violatorio) su defensa positiva (frente a una omisión) exige un actuar inespecífico, no hay un actuar constitucionalmente definido sino una multitud de opciones conforme a la Constitución (y en principio corresponde a las autoridades políticas decidir conforme a los recursos disponibles). Esta situación plantea un sinnúmero de cuestiones problemáticas a la actividad de la Administración y de los Tribunales, frente a las cuales Grimm también sugiere algunas soluciones para abordarlas (pp. 171 y 173)17, los que llevan también al análisis de los contenidos y límites de la argumentación jurídica institucional. Tema interesante, pero del que no puedo explayarme aquí.


1 Son los casos de Alemania, Suecia o Polonia, en los ejemplos de Grimm. Otro ejemplo del difícil camino hacia el constitucionalismo en Europa (siguiendo el análisis de Grimm) es el caso de España, que lo instaura sólo a partir de la caída del franquismo y con la Constitución de 1978 (ver Jiménez, Rafael, El Constitucionalismo. Proceso de Formación y Fundamentos del Derecho Constitucional, Marcial Pons, Barcelona, 2005).

2 La Constitución moderna tiene una estructura bien definida, tanto formal como materialmente. Tiene carácter normativo (con características y contenidos precisos, que la distingue de figuras tales como la constitución aparente) y no fáctico o empírico (relacionada a elementos descriptivos y formativos de las realidades sociales y políticas nacionales).

3 Para Grimm, democracia, Estado de Derecho y división de poderes flanquean la protección sustancial de los DDFF y estabilizan la disociación existente entre Estado y Sociedad. La ley (Parlamentaria) se convierte en el eje del sistema (el parlamento actúa como eslabón entre Estado e individuos o sociedad, tanto porque la representa y tiene la potestad exclusiva de limitar los DDFF), y el éxito del modelo depende de su aptitud para vincular la actividad del Estado (184).

4 Nos referimos aquí concretamente al iusnaturalismo racionalista, secularizado y contractualista de los S XVII y XVIII.

5 Podemos ver la distancia de esa idea de Constitución, con la Constitución Política de Chile.

6 Este interesante rasgo se contradice con cierta tendencia en la doctrina constitucional chilena de otorgar a la Constitución un contenido valórico de tal entidad que lleva a concebirla sin lagunas, lo cual es extremadamente peligroso para una democracia, más aún considerando el origen altamente cuestionable de nuestra Constitución y el papel de un Tribunal Constitucional que coacciona su aplicación aún en contra del proceso democrático. Sobre un análisis respecto de las implicancias intervención del juez constitucional en la vida institucional, Stone Sweet, Alez; Governing with judges. Constituional Politics in Europe.Oxford University Press, New York, 2000. Luis Prieto estima que el juez constitucional es un protagonista político (Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 96).

7 Pero en Derecho Comparada la revisión judicial no es un tema exento de debate. Ver, por ejemplo, las obras de Jeremy Waldron (v.g., Law and Disagreement, Oxford: Clarendon Press, 1999).

8 Para Grimm uno de los riesgos de la jurisdicción constitucional es que con la excusa de interpretar las indeterminadas normas constitucionales se puede modificar su sentido produciendo una mutación constitucional (p. 37). Por ello mantiene la interrogante acerca de los límites de una interpretación lícita (de adecuación a las nuevas situaciones históricas y sociales) y su obstaculización a la modificación formal de la Constitución.

9 A mi juicio, esto evidencia el abismo existente entre los sistemas constitucionales anglosajones y europeos continentales, y además que la inquietud por protegerlos del proceso político a través de mecanismos tales como la jurisdicción constitucional constituye una carga histórica enquistado en la conciencia colectiva que no constituye un elemento necesario para el sistema constitucional democrático.

10 Donde el principio de legalidad tiene una aplicación muy limitada frente a la nueva actuación extensiva, prospectiva, poliédrica, sin claros contornos de hechos y consecuencias.

11 Que también generan riegos a los DDFF y desajustes en la actuación constitucional de los órganos estatales.

12 Discrepo en esto de Grimm, pues estimo que en Inglaterra la importancia y funcionalidad de los derechos no hacía necesaria su formalización jurídica, por ejemplo, al estilo alemán. Esto se vincula a las especiales características del sistema jurídico ingles, extrañas para los continentales. Considérese el hecho de que hoy Inglaterra es el único país europeo que ha incluido la Carta Europea de Derechos Humanos como norma interna de rango constitucional, lo que otorga a los DDFF un contenido muchísimo mayor al de los catálogos de derechos constitucionales, los que implican una manera de limitar y cercenar los derechos humanos y adecuarlos a las prácticas internas (como sucede en Chile).

13 Grimm define libertad como preeminencia de la autodeterminación, frente a la heteronimia, la posibilidad de proyectar un plan de vida propio, de establecer relaciones ventajosas, pero siempre con la reserva de un derecho igual para todos.

14 El principio de proporcionalidad (al igual que la extensión y efectos del contenido objetivo de los DDFF) no es un tema pacífico. Considérese, v.g., que Robert Alexy (Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, Ratio Juris, Vol. 16 N°2 June 2003, 131-40) discute al respecto con Jürgen Habermas (Between Facts and Norms. Trans. W. Rehg. Cambridge: Polity. 1st ed. 1992, 1996).

15 Este es un tema presente en toda Europa actualmente, y que está en la base de las reformas -en actual tramitación-ai recurso de amparo constitucional en España.

16 El autor da ejemplos en los que se elimina la intervención estatal y sin embargo el DDFF no reaparece, con lo que el DDFF sólo puede satisfacerse con una prestación estatal (p. 170).

17 Considérese que en España las omisiones son consideradas como actos pasibles de recursos de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en el proyecto de reforma a su ley orgánica.

 

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