Revista Ius et Praxis - año 14 - n° 2 :373-406, 2008.

ARTICULOS DE DOCTRINA

 

LA EFICACIA CIVIL DEL MATRIMONIO CANÓNICO Y DE LAS DECISIONES ECLESIÁSTICAS EN EL DERECHO ESPAÑOL*

 

CIVIL EFFECTS OF CANONICAL MARRIAGE AND ECCLESIASTICAL JUDGMENTS UNDER SPANISH LAW

 

Javier Ferrer Ortiz

Catedrático de Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado, Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza (España). Correo electrónico: jferrer@unizar.es

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RESUMEN

El trabajo ofrece una visión, ampliamente documentada, del sistema de reconocimiento del matrimonio canónico, así como de las decisiones eclesiásticas de nulidad y de disolución del matrimonio rato y no consumado. Una breve referencia histórica precede a la exposición de las fuentes de un sistema matrimonial facultativo, compuesto, plural y de formación progresiva. El estudio se centra en el régimen del matrimonio canónico, contenido en el Acuerdo concordatario de 1979 y en el Código Civil reformado en 1981. En particular afronta los problemas del control registral, al que el legislador estatal supedita el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio canónico. Asimismo se analizan los problemas surgidos de la interpretación del ajuste al Derecho del Estado que las decisiones eclesiásticas de nulidad o disolución deberán obtener para producir efectos civiles. Este análisis se completa con la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Por último, se muestra la incidencia de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y del Reglamento 2201/2003 del Consejo de Europa relativo, entre otros asuntos, al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, que reconoce en los países miembros y en terceros países las decisiones canónicas que produzcan efectos civiles en los países concordatarios de la Unión Europea.

PALABRAS CLAVES: Sistema matrimonial. Matrimonio civil y matrimonio religioso. Efectos civiles del matrimonio canónico.

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ABSTRACT

This paper gives a wide vision about recognition of canonical marriage just as the ecclesiastical judgments upon void marriage and dissolution of ratified but not consummated marriage. After a historical account, the sources of the facultative, compound and plural Spanish matrimonial system, which also is formed in a progressive way, are exposed in the present work in detail. Therefore this work focus the attention on canonical marriage legislation included in the Concordat signed in 1979 and in the Civil Code amended by Act 1981. Particularly the present paper deals with problems arising from the irregular statutory control of canonical marriage, whereas according Law of the State, registration in the Civil Register is compulsory with regard to have effects in Spanish jurisdiction. Furthermore it's analyzed the controversial legal condition consisting of the adjustment of ecclesiastical judgments to the Law of State in order to have civil effects; the exam of the different opinions determining the scope of this condition is enhanced with a suitable and recent jurisprudence from Constitutional Court and Supreme Court in which the mentioned question is discussed. Finally this report tackles the influence of the "Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil" and the Regulation of European Council 2201/2003 concerning, among other subjects, jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters that provides a wide field to canonical judgments which have civil effects in Member States signatories to the Concordat, over Member States and third States.

KEYWORDS: Matrimonial system. Civil marriage and religious marriage. Civil effects of canonical marriage.

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1. Introducción.

Hasta finales del siglo XV y comienzos del XVI existe una pluralidad de regímenes matrimoniales en la Península Ibérica, como consecuencia de la convivencia de judíos, cristianos y musulmanes. La toma de Granada por los Reyes Católicos (1492) es el hito que marca el final de la Reconquista y el inicio de la constitución de España en Estado. En los albores de la Edad Moderna, los sucesivos decretos de expulsión o conversión de judíos y musulmanes hacen que desaparezcan oficialmente de España. El matrimonio canónico adquiere un predominio absoluto, del que es expresión jurídica la Real Cédula de 1564: la Corona reconoce la competencia de la Iglesia católica en todo lo relativo a la disciplina sustantiva y procesal del matrimonio, reservándose tan sólo la facultad de completarla regulando los efectos civiles del matrimonio y estableciendo algunas prohibiciones para contraerlo¹.

Desde entonces, el régimen jurídico del matrimonio canónico en España no sólo ha sido la cuestión clave del sistema matrimonial español, sino que -en palabras de Navarro Valls-, «en ella han confluido con especial intensidad las tensiones políticas y sociológicas acerca de la noción misma de matrimonio; ella ha sido el índice del grado de aceptación o rechazo del hecho religioso por el poder constituido, y al hilo de las diversas soluciones técnicas acogidas para valorarlo, positiva o negativamente, es factible reconstruir no sólo la historia de un concreto instituto jurídico, sino también la historia de las relaciones Iglesia-Estado en España»2 .

Entre 1564 y 1870 el único matrimonio presente en nuestro Derecho histórico es el matrimonio canónico, mientras el matrimonio religioso de judíos y musulmanes subsiste en la clandestinidad. El panorama cambia radicalmente con la Ley de matrimonio civil de 18 de junio de 1870 3 que, después de varios intentos de introducirlo en nuestra legislación ⁴, establece un sistema de matrimonio civil obligatorio ⁵. La población española mostró mayoritariamente su rechazo y siguió celebrando matrimonio canónico, por más que careciera de efectos civiles. En 1875 la Ley fue derogada, aunque el matrimonio civil se mantuvo para quienes no profesaran la religión católica⁶, quedando instaurado un sistema de matrimonio civil subsidiario del canónico. Este sistema fue incorporado a la Ley de Bases de 1888 y de ahí pasó al Código civil de 18897 . Así pues, salvo el parentesis de la 11.^a República -con un sistema de matrimonio civil obligatorio y divorcio8 -, la interpretación del término profesar se convierte en la pieza clave sobre la que bascula el matrimonio en España: en las etapas en que se exige una prueba rigurosa de la acatolicidad el sistema es de matrimonio civil subsidiario, mientras que cuando se flexibiliza, nos encontramos de hecho ante un sistema de matrimonio civil facultativo⁹.

A lo largo de casi un siglo (1875-1981) el sistema matrimonial español estará centrado en el binomio matrimonio civil-matrimonio canónico; con la peculiaridad de que en todo ese tiempo las sucesivas redacciones del Código civil, exceptuada la etapa republicana (1932-1938), reconocen el matrimonio canónico como una realidad con sustantividad propia. Este rasgo característico queda subrayado con mayor fuerza si cabe con ocasión de las modificaciones introducidas por la Ley de 24 de abril de 1958, dictada para adecuar la redacción del Código a lo establecido en los artículos 23 y 24 del Concordato de 27 de agosto de 1953¹⁰.

2. Fuentes del sistema matrimonial español.

La Constitución de 29 de diciembre de 1978 desencadena un proceso de profundas reformas en nuestro ordenamiento, que también afecta al matrimonio. Su aprobación llevó de modo inmediato a la sustitución formal del sistema de matrimonio civil subsidiario por el de matrimonio civil facultativo.

En 1979, se produce la firma (3 de enero) y posterior ratificación (4 de diciembre) del Acuerdo sobre asuntos jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español que, unido a otros tres Acuerdos de esas mismas fechas y al Acuerdo de 28 de julio de 1976, derogan el Concordato de 1953 y proporcionan una nueva regulación a todas las materias de interés común de la Iglesia y del Estado¹¹. En concreto, el primer texto citado dedica varias disposiciones a la eficacia civil del matrimonio canónico y de las resoluciones eclesiásticas de nulidad y de disolución de rato y no consumado.

Poco después, la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, establece el cauce para que las demás confesiones religiosas puedan estipular convenios de cooperación con el Estado y, por esta vía, sus matrimonios religiosos puedan ser reconocidos en el orden civil.

Un año más tarde se aprueba la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Junto al matrimonio civil y al matrimonio canónico aparece el matrimonio religioso acatólico, en lo que constituye sin duda una de sus novedades más destacadas. Determina que el matrimonio celebrado «en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados por el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste» (art. 59), también «produce efectos civiles» (art. 60).

Estos preceptos cobran todo su sentido respecto a tres matrimonios religiosos -evangélico, judío e islámico- en 1992, cuando entran en vigor los Acuerdos de cooperación entre el Estado español y las comunidades religiosas respectivas ¹². En cambio, las personas que pertenezcan a las demás confesiones pueden seguir celebrando sus ritos matrimoniales (art. 2.1.b LOLR), aunque el Estado sólo les considerará casados si contraen matrimonio civil¹³. Del juego conjunto de estos cuerpos legales básicos surge el nuevo sistema matrimonial español14 . En primer lugar destaca la propia diversidad de las normas que lo configuran, con la peculiaridad de que, en virtud de los principios de jerarquía normativa y de competencia - según los casos-, bastantes de ellas acotan el margen de discrecionalidad dentro del cual puede moverse el legislador ordinario. Y todo ello sin olvidar tampoco que el reconocimiento del derecho a celebrar los ritos matrimoniales de la Ley orgánica de libertad religiosa (art. 2.1.b) tiene el carácter de mínimo susceptible de ser ampliado a otros extremos, siempre dentro del orden público protegido por la ley (art. 3.1). En segundo lugar, el sistema se caracteriza por la traslación de su eje al binomio matrimonio civil-matrimonio religioso, que lo convierte en un sistema plural -con diversos matrimonios: civil, canónico, evangélico, judío e islámico- y de formación progresiva, abierto al reconocimiento de otros matrimonios religiosos. En tercer lugar, centrándonos en el matrimonio canónico y en los matrimonios de las demás confesiones con acuerdo, se observa que el Estado les reconoce efectos civiles si superan ciertos controles -ya sean previos o posteriores a la celebración del matrimonio-; y lo mismo sucede con las decisiones eclesiásticas de nulidad y disolución del matrimonio canónico -las únicas que admite-. En cuarto lugar, el Código aplica las causas civiles de separación, nulidad y disolución -entre ellas el divorcio- a todo matrimonio sin excepción.

Finalmente, en quinto lugar, resulta que los términos en que aparece reconocido el matrimonio canónico -con cierta sustantividad-, no sólo en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos sino también en el propio Código civil, no permiten considerarlo como una simple forma religiosa de celebración del matrimonio civil y mucho menos confundir la forma jurídica canónica con una ceremonia religiosa de celebración civil de éste.

Hechas estas consideraciones, se comprende que los criterios tradicionales de calificación del sistema resultan en buena medida insuficientes. Podemos afirmar que estamos ante un sistema de matrimonio civil facultativo pero resulta tarea inútil el intento de adscribirlo al modelo latino o al anglosajón. Con el matrimonio civil concurren diversos matrimonios religiosos; pero mientras el reconocimiento de los matrimonios evangélico, judío e islámico como formas religiosas de celebración induce a calificarlo de tipo anglosajón, el matrimonio canónico aparece reconocido en otros términos que ni son los propios de este modelo ni tampoco coinciden con los del tipo latino. A efectos prácticos, lo que interesa determinar es el grado de reconocimiento civil que recibe cada uno de esos matrimonios, pero no sólo en el momento constitutivo o de la celebración del matrimonio -como venía sucediendo hasta ahora-, sino también en el momento registral o de la inscripción en el Registro civil -al que se supedita el pleno reconocimiento de efectos- y en el momento crítico o de la separación, nulidad y disolución del matrimonio.

3. Marco constitucional del matrimonio.

Antes de exponer con detalle la posición jurídica del matrimonio canónico en el ordenamiento español, resulta obligado que nos ocupemos del marco constitucional del sistema. Sus líneas de fuerza son, básicamente, el derecho fundamental al matrimonio (art. 32) y los principios de libertad e igualdad religiosa, laicidad del Estado y cooperación con las confesiones (arts. 16 y 14). La vigencia inmediata de estos preceptos supuso la derogación de los artículos 42 y 86 del Código civil y la consiguiente introducción del sistema de matrimonio civil facultativo¹⁵. El hecho de que el resto de texto codicial permaneciera inalterado y, señaladamente su artículo 75 ¹⁶, permitió adscribir el sistema al modelo latino, por cuanto el matrimonio canónico seguía siendo reconocido como un todo por el Derecho español.

El artículo 32.1 de la Constitución reconoce, en su literalidad, el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio en pie de igualdad, e indirectamente ampara la monogamia y la hetero-sexualidad¹⁷. Su enclave sistemático le proporciona una especial garantía porque, además de vincular a todos los poderes públicos, sólo podrá regularse su ejercicio mediante ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, y podrá ser objeto de recurso de inconstitucionalidad (art. 53.1)¹⁸.

El artículo 32.2 de la Constitución confía al legislador ordinario el desarrollo normativo de diversos aspectos del matrimonio con la expresión la ley regulará, a la que sigue, entre otras, la mención de las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para con traerlo y las causas de separación y disolución. Las redacciones precedentes del párrafo¹⁹ y la generalidad de su fórmula final, permiten deducir que la ley regulará directamente el matrimonio civil, que le es propio, y per reía-tionem, es decir mediante remisión a otros ordenamientos, los matrimonios religiosos20 . La referencia a las formas de matrimonio es lo suficientemente amplia como para comprender clases de matrimonio y formas de recepción del consentimiento matrimonial21 . Debe tenerse presente que la expresión formas en nuestro Derecho ha sido tradicionalmente -y lo sigue siendo- sinónima de clases de matrimonio, como lo confirma el propio texto constitucional cuando, a propósito de las Comunidades Autónomas, establece la competencia exclusiva del Estado para legislar sobre las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio22 . También cabe señalar la escueta referencia final a las causas de separación y disolución -que no resuelve la cuestión del divorcio: ni lo introduce ni lo prohibe23 - y el silencio respecto a las causas de nulidad.

El artículo 32 debe completarse con los artículos 14, 16 y 149.1.8.^a de la Constitución. El primero de ellos, aplicado al matrimonio, posibilita la instauración de un sistema compuesto en el que, junto al matrimonio civil, concurra el matrimonio religioso ²⁴; y también fundamenta, tal y como viene siendo interpretado por la jurisprudencia constitucional, la existencia de distinciones de trato cuando exista una causa justa y razonable.

El segundo precepto, excluida la constitucionalidad de un sistema de matrimonio civil subsidiario (art. 16.2), hace viable la instauración de un sistema facultativo, en virtud de los principios de libertad religiosa (art. 16.1), laicidad del Estado y cooperación con las confesiones (art. 16.3). En efecto, el Estado debe garantizar la admisión de diversas formas de matrimonio religioso, sin más limitaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley²⁵; también parece descartable «la imposición a todos los ciudadanos de un único standard de matrimonio»²6 ; y, por último, el Estado reconoce que las confesiones pueden participar en la determinación de su status jurídico civil, facilitando la implantación de un sistema matrimonial compuesto, donde coexistan el matrimonio civil y una pluralidad de matrimonios religiosos, en los términos que se establezca para cada uno de ellos, ya sea como simple forma de manifestación del consentimiento o como realidad sustantiva 27 .

Finalmente, del artículo 149.1.8.^a se deriva la inconstitucionalidad de un sistema semejante al de algunos países de estructura federal, como es el caso de los Estados Unidos, donde cada uno de ellos tiene su propio régimen matrimonial 28 ; pero no impide otro tipo de sistema matrimonial compuesto, como el que acabamos de apuntar.

A la vista de todo lo anterior puede concluirse que la Constitución, según lo que suele ser práctica habitual, no establece ningún sistema matrimonial determinado, aunque los artículos examinados perfilan las líneas de un sistema facultativo, compuesto y de formación progresiva. La amplitud constitucional es además deliberada en el artículo 32.2, como resultado del consenso, con el que se pretendió sortear el conflictivo tema del divorcio y agilizar la redacción del texto fundamental29 . Este procedimiento consagra «un margen de libertad que permite al legislador ordinario establecer fórmulas amparadoras del pluralismo, sin exigirle la imposición legal de ninguno de los criterios que se mantienen en noble liza»30 .

Sin embargo, traslada el centro de decisión de las Cortes Constituyentes a las Cortes Generales, donde son menores las garantías³¹; por eso no es de extrañar que ya entonces este modo de actuar fuera calificado como consenso de la ambigüedad32 .

4. Marco específico del matrimonio concordatario.

Presupuesto el marco constitucional, común para todo matrimonio -civil o religioso-, nos corresponde examinar ahora el régimen jurídico del matrimonio canónico en España, contenido en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 3 de enero 1979 y en el Código civil reformado por Ley de 7 de julio de 1981. Conviene recordar que durante la elaboración de esta última, la Iglesia solicitó infructuosamente del Gobierno la constitución de una Comisión mixta y manifestó su rechazo de los términos en que estaban redactados algunos preceptos (arts. 60, 63, 73, 80, 85 y DA 2.^a), llegando a afirmar -en Nota Verbal de 20 de julio de 1981-que, si hubiera tenido previo conocimiento de cuál iba a ser la interpretación del Estado, hubiera preferido dejar la materia matrimonial al margen de las estipulaciones concordatarias³³.

El Acuerdo sobre asuntos jurídicos dedica al matrimonio canónico el artículo 6 y el Protocolo final. El sistema en ellos delineado marca un hito en el Derecho matrimonial español y en el Derecho concordatario, porque supone la implantación de un nuevo modelo facultativo con tres momentos y distintas normas gravitando sobre cada uno de ellos³⁴. En el momento constitutivo el Estado contempla el matrimonio canónico como realidad autónoma que produce los mismos efectos que el matrimonio civil y reconoce a los ciudadanos la facultad de elegir libremente entre una u otra forma de celebración. En el momento registral el Estado supedita el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio canónico a la inscripción en el Registro civil para evitar que los matrimonios canónicos contrarios a su orden público alcancen eficacia civil. En el momento procesal los cónyuges pueden optar por la jurisdicción eclesiástica o por la jurisdicción civil para obtener la disolución o la declaración de nulidad del matrimonio canónico, pero las decisiones eclesiásticas solo tendrán efectos civiles si se declaran ajustadas al Derecho del Estado.

Las normas del Código civil aplicables al matrimonio canónico también pueden agruparse en torno a los tres momentos aludidos En el primero de ellos el matrimonio canónico tiene autonomía de contenido, sin perjuicio de que incidan sobre él normas canónicas y civiles; pero mientras las primeras condicionan su celebración y por tanto su existencia, las segundas condicionan sólo relativamente su eficacia civil, en cuanto puedan obstaculizar su inscripción. Respecto a este segundo momento, el artículo 63.2 complica el sencillo mecanismo registral porque impone al matrimonio canónico el cumplimiento de los requisitos de validez del civil. Además, la inscripción no se limita a hacer operativos los efectos civiles del matrimonio válidamente constituido según las normas del Derecho canónico, sino que lo incluye definitivamente en la órbita estatal, posibilitando que la duplicidad de normas actuantes, respectivamente, en los momentos constitutivo y registral operen ahora alternativamente en el momento extintivo del matrimonio, aunque cada una en su propio fuero: a la elección de los contrayentes en el momento constitutivo entre el matrimonio canónico -o en otra forma religiosa, en su caso-, y el matrimonio civil, se añade ahora, por la inscripción y para el momento extintivo, la elección entre normas canónicas y civiles para regular la fase crítica del matrimonio concordatario. No obstante, esta libertad no es absoluta: en el caso de la separación, la obtenida en el foro canónico carecerá de efectos civiles -en este sentido el sistema no es facultativo-; y, en los supuestos de nulidad y disolución de rato y no consumado, la eficacia civil de las sentencias y decisiones canónicas respectivas, está condicionada al control del Juez civil que declarará si se ajustan o no al Derecho del Estado³⁵. A la vista de lo anterior, se comprende la disparidad de opiniones doctrinales sobre si el Código civil respeta o no el contenido del Acuerdo sobre asuntos jurídico y, en conexión con ellas, las distintas valoraciones que se han hecho del sistema matrimonial español. Todo ello aconseja examinar conjuntamente las normas concordadas y civiles que regulan cada una de las fases del matrimonio canónico en el ordenamiento español.

5. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico.

En el artículo 6.1 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos «el Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico» y precisa que «se producen desde su celebración». Con independencia de la lectura que los representantes de la Iglesia y del Estado hicieron de la expresión celebrado según las normas del Derecho canónico³⁶, parece oportuno observar lo siguiente: 1.°) que la redacción en ese punto es idéntica a la del artículo 23 del Concordato de 1953 y a la del artículo 76.1 del Código civil en su redacción de 1958, con un sentido inequívoco de clase en las fuentes y en la literatura jurídica; 2.°) que el propio artículo 6.1 en su segundo párrafo emplea la expresión matrimonio canónico, más precisa, en un contexto inconciliable con una consideración del mismo como mera forma o simple rito; 3.°) que tal y como declara el precepto en su literalidad, lo que produce efectos civiles no es simplemente la forma canónica de celebración, entendida como forma sustancial, sino el matrimonio canónico celebrado según nor-mas diferentes de las que rigen el matrimonio civil37 ; y 4.°) que a idéntica conclusión conducen las referencias del artículo 6.1 y del Protocolo final del Acuerdo a la certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio38 y al matrimonio canónico no inscrito39 . En definitiva, la interpretación gramatical, histórica y sistemática del Acuerdo apunta a que el matrimonio canónico es reconocido como clase en el momento de la celebración.

Por su parte, el Código civil reconoce genéricamente que «el consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados por el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste» (art. 59). Y cuando se refiere expresamente al matrimonio canónico lo hace empleando la misma expresión que el Acuerdo -matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico-, para afirmar que éste -al igual que el matrimonio celebrado en cualquiera de las formas religiosas del artículo anterior- produce efectos civiles (art. 60). Por lo demás, el artículo 61 precisa -para todo matrimonio- que los efectos civiles se producen desde su celebración, con lo que la sintonía de estas expresiones del Código civil con las del artículo 6.1 del Acuerdo es total.

A la vista de lo anterior, podemos concluir que en el momento constitutivo el Código civil reconoce al «matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico» (art. 60) autonomía de contenido, sin perjuicio de que incidan sobre él normas canónicas y civiles; pero mientras las primeras condicionan su celebración y por tanto su existencia, las segundas condicionan sólo relativamente su eficacia civil, en cuanto pueden obstaculizar su inscripción ⁴⁰. Por lo demás, en esta fase del matrimonio canónico no se requiere la presencia de funcionario civil alguno -a diferencia de lo sucedido en el pasado-, ni tampoco el cumplimiento de formalidades civiles previas: expediente, licencia matrimonial, lectura de los artículos del Código civil relativos a los derechos y deberes conyugales, etc.⁴¹.

6. La inscripción del matrimonio canónico en el Registro civil.

El artículo 6.1 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos supedita el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio canónico a la inscripción en el Registro civil. Así evita que los matrimonios contrarios al orden público estatal alcancen esa eficacia y que los demás matrimonios no inscritos perjudiquen los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. En principio, es una medida lógica, respetuosa de la competencia eclesiástica y tradicional en nuestro Derecho. El Estado establece un sencillo mecanismo administrativo para tomar conocimiento de esos matrimonios nacidos fuera de su ordenamiento y reconoce plenamente los efectos civiles que producen desde su celebración. En este contexto se comprende que el Acuerdo se limite a decir que la inscripción «se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio» (art. 6.1 in fine), «con los datos exigidos para su inscripción en el Registro civil» (Protocolo final) y que fije con cierta amplitud quiénes están legitimados para promoverla.

El Código civil se ocupa de la cuestión en los artículos 61 a 65. Dispone que para el pleno reconocimiento de efectos civiles del matrimonio «será necesaria su inscripción en el Registro civil» (art. 61.2), mientras que «el matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas» (art. 61.3). Por lo demás, el artículo 63.1 -específico del matrimonio religioso-, afirma que su inscripción se practicará «con la simple certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro civil». Hasta aquí la armonía con el régimen concordatario es completa.

Sin embargo, el párrafo siguiente introduce un elemento perturbador cuando prescribe que «se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título». De esta suerte, el legislador convierte la inscripción en mecanismo unificador de todos los matrimonios religiosos exentos del expediente civil previo (art. 65), a los que con posterioridad a su celebración impone el cumplimiento de los requisitos de validez del matrimonio civil. Ya en el debate parlamentario el artículo 63.2 fue duramente criticado porque añadía un requisito no previsto en el Acuerdo que vaciaba de contenido el matrimonio canónico y rebasaba los límites del artículo 32.2 de la Constitución⁴². El portavoz de la Ponencia en el Congreso minimizó la transcendencia del requisito añadido, pero su explicación vino a confirmar que no se trataba de algo sin importancia, por más que insistiera en que las diferencias entre la normativas civil y canónica eran insignificantes⁴³. Si se tiene en cuenta que el propio Derecho canónico trata de evitar los matrimonios que no puedan ser reconocidos o celebrados según la ley civil, ya se comprende que serán pocos los matrimonios canónicos que no puedan acceder al Registro⁴⁴. Pero el problema de fondo no es este, sino si el Código civil respeta la letra y el espíritu del Acuerdo o no, en un intento de reducir el matrimonio canónico a una celebración religiosa del civil.

La eficacia del control registral depende de que se promueva la inscripción y, en última instancia, de los instrumentos con que cuenta el Juez o encargado del Registro para comprobar que el matrimonio canónico reúne los requisitos civiles de validez. Esto supone pronunciarse sobre quiénes pueden o deben solicitar la inscripción, qué documentación deberán presentar y cuál es el grado de efectividad del control registral.

En cuanto a la primera cuestión, el Código civil no establece norma alguna, pero el Protocolo final del Acuerdo determina que «inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el sacerdote ante el cual se celebró entregará a los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro civil. Y, en todo caso, el párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días, transmitirá al encargado del Registro civil que corresponda el acta del matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las partes interesadas». De su tenor se deduce que tanto el párroco como las partes están legitimadas activamente para promoverla, pero no es pacífica la naturaleza jurídica -principal, cumulativa o subsidiaria- de la obligación de inscribir del párroco y/o de los contrayentes, ni en la propia norma concordataria -acentuada por la disparidad entre el texto italiano y el español⁴⁵-, ni en las disposiciones canónicas de derecho particular emanadas del Nuncio⁴⁶ y de los Obispos⁴⁷, ni en las disposiciones civiles de derecho registral⁴⁸ y, en consecuencia, tampoco en la doctrina.

En otro orden de cosas, una consideración global de las líneas de fuerza que configuran el sistema, remarcando su facultatividad en los momentos constitutivo y crítico del matrimonio, permite sostener que también debería estar presente en el momento registral, reconociendo a los contrayentes la libertad de optar por un matrimonio canónico sin efectos civiles⁴⁹. De todos modos, conviene advertir que la doctrina española se ha pronunciado mayoritariamente por el automatismo en la inscripción del matrimonio canónico50 ; y, ciertamente, no le faltan argumentos, incluidos los normativos ⁵¹. En cuanto a la documentación que deberá presentarse para promover la inscripción y, a pesar de las diferentes expresiones empleadas ⁵², bastará cualquier documento que jurídicamente sea una certificación de la Iglesia sobre la existencia del matrimonio53 .

Tampoco la mención, en plural, de «los documentos presentados» (art. 63.2 Ce.) supone ampliación de títulos, pero permite resolver los casos en que la existencia de un impedimento se deduce de la certificación eclesiástica y su remoción consta en otro documento⁵⁴. Y, por lo que se refiere a la actividad calificadora del encargado del Registro, hay que tener en cuenta que está limitada a los documentos presentados y a los asientos regístrales (art. 63.2 Ce). Por eso es posible que no detecte el incumplimiento de algunos requisitos e inscriba matrimonios canónicos que no hubieran podido celebrarse civilmente⁵⁵. De todos modos, no estamos ante una simple limitación del procedimiento sino ante una consecuencia de la contradicción que supone reconocer la certificación de la Iglesia al mismo tiempo que se pretende imponer al matrimonio canónico las normas de validez del matrimonio civil. Las posibilidades de que el matrimonio tenga relevancia en un ámbito y no en otro crecen ⁵⁶ y se hace necesario distinguir distintas categorías en relación al Registro.

El matrimonio canónico no inscrito -explica Navarro Valls- «es un acto jurídico válido, relevante (no inexistente), dotado de toda la potencial eficacia virtual necesaria para producir, una vez inscrito, la plenitud de efectos civiles, y revestido, al mismo tiempo, de aquella concreta dosis de eficacia actual que permite tanto la producción de efectos preliminares necesarios para que su plenitud de efectos pueda alcanzarse en el futuro, como para obtener también los llamados efectos atípicos»57 . Entre los primeros sobresale el derecho de las partes a todas las actuaciones necesarias de los órganos eclesiásticos para que el matrimonio obtenga la plentitud de sus efectos civiles; y entre los atípicos o primarios hay que incluir los efectos personales, así como los económicos que no perjudiquen los derechos adquiridos de buena fe por terceros58 .

El matrimonio no inscribible, aquel matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico cuya inscripción ha sido denegada por imperativo del artículo 63.2, aunque siga siendo un verdadero matrimonio canónico, no podrá obtener el reconocimiento de sus efectos civiles⁵⁹. De todos modos, a nuestro juicio, el rechazo de la inscripción no determina ni su inexistencia ni su invalidez en el ámbito del Derecho civil, sino su ineficacia relativa. En efecto, la denegación no puede equiparase a la declaración de nulidad porque de los respectivos actos judicial y administrativo se derivan efectos diferentes: el primero declara que no existió el matrimonio y el segundo simplemente no le reconoce plena eficacia civil. Pero mientras el matrimonio declarado nulo ya no puede producir efectos civiles -salvo que vuelva a celebrarse, una vez removida la causa de nulidad-, el matrimonio canónico no inscribible sigue existiendo: ante su ordenamiento propio como res iuris y ante el civil como res facti con potencial eficacia, de tal forma que, superado el obstáculo, puede ser objeto de inscripción registral⁶⁰.

Todavía cabe precisar más la posición del matrimonio no inscribible, distinguiendo - con Martín de Agar- el no inscribible por chocar con un simple requisito legal fácilmente subsanable (mediante dispensa ulterior, paso del tiempo sin impugnación, emancipación, etc.), del no inscribible por chocar con un obstáculo que se considera de orden público. En rigor, sólo a estos últimos se les debe sancionar con una ineficacia, doblemente relativa: en primer lugar en cuanto es temporal y pueden llegar a inscribirse con efectos retroactivos (sin perjuicio de terceros); y en segundo lugar porque es relativa al obstáculo que la origina y por tanto respecto a los efectos cuya actuación impide⁶¹.

En un tono menor, cabe preguntarse por la inscripción de los matrimonios canónicos celebrados en el extranjero⁶², en forma canónica extraordinaria⁶³, en secreto⁶⁴ y en otras circunstancias especiales⁶⁵. En principio, no deberían plantear problemas porque todos ellos son matrimonios celebrados según las normas del Derecho canónico.

Finalmente, para dar por concluida esta exposición sobre el momento registral podemos afirmar que lo más razonable sería interpretar el artículo 63.2 del Código civil en el sentido de que sólo se deniegue la inscripción del matrimonio canónico cuando conste que alguno de los contrayentes está afectado por un impedimento considerado de orden público, como el de edad por debajo del límite de los 14 años en que es civilmente indispensable (arts. 46.1 y 48) y el de ligamen civil subsistente (art. 46.2); pero no cuando se trate de impedimentos canónicos coincidentes con los civiles y se haya obtenido la correspondiente dispensa canónica⁶⁶.

7. Aplicación de las normas civiles de separación, nulidad y disolución.

En contraste con lo establecido en la primera redacción del Código civil de 1889, en su texto reformado por Ley de 24 de abril de 1958 y en el Concordato de 1953, el reconocimiento del matrimonio canónico por parte del Estado ya no supone una remisión global e incondicionada al Derecho de la Iglesia y a sus autoridades como las únicas competentes para regular todo lo relativo a la separación, nulidad y disolución canónicas. En este punto los silencios del Acuerdo sobre asuntos jurídicos son más elocuentes que sus afirmaciones, mientras que el Código civil proyecta expresa y tajantemente sus normas de separación (art. 81), nulidad (art. 73) y disolución (art. 85) a todo matrimonio, cualquiera que sea la forma de su celebración.

En materia de separación, el silencio del Acuerdo posibilitó que el Estado atribuyera de inmediato los procesos de separación conyugal a los Jueces de Primera Instancia mediante Real Decreto-ley 22/1979, de 29 de diciembre. En los mismos términos lo hizo después la Ley 78/1980, de 26 de diciembre, derogatoria del anterior y, por último, el Código civil reformado por Ley 30/1981, de 7 de julio: «Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio...» (art. 81) 67 .

El panorama es muy diferente en cuanto a la nulidad. Los términos en que fue redactado el Acuerdo, reconociendo que los contrayentes «podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad» (art. 6.2) no permitían deducir de modo inequívoco que el Estado se abstendría de aplicar su propia normativa al matrimonio canónico ⁶⁸. Más rotundo es el artículo 73 del Código civil, cuando proyecta explícitamente sus causales a todo matrimonio cualquiera que sea la forma de su celebración⁶⁹. De igual modo, la aplicación al matrimonio canónico de los artículos 74 -legitimación activa general para pedir la nulidad-, 75 y 76 -legitimación especial en el matrimonio de menores y en el contraído por error, coacción o miedo grave y sus correspondientes supuestos convalidatorios- y 78 -eficacia convalidante de la buena fe de al menos uno de los contrayentes del matrimonio nulo por defecto de forma-, plantea problemas porque no coincide la regulación civil con la canónica (ce. 1156-1165) y se multiplican las hipótesis en que el matrimonio pueda ser considerado válido por un ordenamiento y nulo por el otro.

En definitiva, los preceptos codicíales han plasmado el claro designio del legislador civil de interpretar el texto concordatario, no simplemente sin tener en cuenta a la otra parte contratante -la Iglesia católica-, sino contra su expresa voluntad70 , admitiendo que la nulidad del matrimonio canónico -a efectos civiles- se resuelva ante la jurisdicción eclesiástica o ante la civil, con la única limitación de que no se haya solicitado antes la eficacia civil de una sentencia canónica de nulidad sobre el mismo matrimonio. Por lo demás, cada jurisdicción se pronunciará sobre la nulidad o validez del matrimonio aplicando sus propias normas.

Finalmente, es preciso que nos ocupemos de la disolución civil del matrimonio canónico. El Acuerdo alude a ella de modo indirecto en el artículo 6.3: «La Santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales». Es una declaración unilateral de la Santa Sede que por sí misma no obliga al Estado, aunque es evidente que los representantes de la Iglesia, al incluirla en el Acuerdo, quisieron darle un significado jurídico⁷¹. La cláusula venía a prevenir una hipotética interpretación divorcista del término disolución incluido en el artículo 32.2 de la Constitución, que comprendiera también al matrimonio canónico. No obstante, los acontecimientos impusieron otro significado bien distinto, alterando lo que hasta entonces se venía entendiendo en Derecho concordatario por reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico⁷².

Y así, el artículo 85 del Código civil establece que «el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio». De esta forma introduce el divorcio con carácter general y eficacia retroactiva, lo que constituye la novedad más importante de la reforma. En un plano menor, pero también innovador, el precepto considera la declaración de fallecimiento como causa de disolución, equiparada a la muerte73 . De todas maneras, el punto central del precepto es la extensión del divorcio al matrimonio canónico.

El divorcio fue presentado en la Exposición de motivos del Proyecto de ley y defendido por el Ministro de Justicia y los portavoces de la Ponencia en el Congreso y en el Senado como la constatación jurídica de una incontestable realidad social: la existencia de miles de matrimonios rotos y de uniones de hecho⁷⁴. Sus argumentos fueron rebatidos aduciendo, entre otras, las siguientes razones⁷⁵: 1.^a) la existencia de miles de parejas frustradas no había sido avalada por ningún estudio estadístico serio; 2.^a) la parcialidad del argumento sociológico de acoplar la norma a la realidad; 3.^a) la incongruencia entre la motivación y la amplitud con que aparecen perfiladas las causas de divorcio y el desequilibrio entre la ratio legis y sus efectos jurídicos y sociales ⁷⁶; 4.^a) la interpretación reduccionista del ius connubii al regular todo matrimonio como disoluble⁷⁷; y 5.^a) la vulneración del Acuerdo con la Santa Sede. En el debate parlamentario la Ponencia invocó los artículos 14, 16 y 32 de la Constitución, de los que ofreció un interpretación bastante discutible. En concreto alegó los principios de igualdad y libertad religiosa para justificar un régimen jurídico unitario, adujo que la libertad no admitía compromisos para toda la vida y afirmó la inconstitucionalidad del matrimonio indisoluble78 . La Ponencia repitió una y otra vez que a nadie se le obligaba a divor-ciarse y que, en cambio, sí cabía un matrimonio indisoluble: el de quienes no se divorciaran79 . Frente a estos argumentos, se recordó oportunamente que, en los casos de cese unilateral de la convivencia, el divorcio se impone aunque uno de los cónyuges no lo quiera y que si la indisolubi-lidad depende del hecho de que los cónyuges no se divorcien es que no existe como tal80 .

La retroactividad de la Ley del divorcio, también fue objeto de importantes críticas; y, aunque se propuso una fórmula respetuosa con los derechos fundamentales del individuo y con los derechos 1

adquiridos , la Ponencia no respondió ni a las objeciones ni a la fórmula sugerida para evitarlas y se aprobó el divorcio en los términos mencionados de máxima retroactividad y extensión 82.

8. Eficacia civil de las decisiones matrimoniales canónicas.

Entre las características del régimen jurídico del matrimonio canónico en España ocupa un lugar destacado la eficacia civil de las decisiones eclesiásticas. En contraste con la normativa anterior83 el Estado no reconoce a las Tribunales eclesiásticos una competencia única y exclusiva sobre las causas matrimoniales, sino parcial y sometida a control. El artículo 6.2 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos limita ese reconocimiento a las sentencias canónicas de nulidad de matrimonio y a las decisiones pontificias de disolución de matrimonio rato y no consumado si se declaran ajustadas al Derecho del Estado. El artículo 80 del Código civil reproduce la expresión, limitándose a añadir conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La interpretación de estas normas ha estado acompañada de una cierta dosis de indeterminación e incertidumbre, potenciada por el procedimiento previsto por el legislador ordinario, que atribuye la declaración de ajuste al Juez de Primera Instancia o, más específicamente, al Juez de Familia84 .

Referido genéricamente al Derecho del Estado, el ajuste comprende tanto el Derecho material como el procesal, pero no en su totalidad, si se pretende mantener la aplicación de las normas dentro de las más elementales normas de interpretación jurídica (art. 3.1 Ce.) y de los límites de la racionalidad. En consecuencia, no supone una revisión de fondo de la resolución eclesiástica, de tal manera que el Juez civil deba inquirir si coincide o no con la que hubiera recaído de haberse aplicado las causas civiles de nulidad y disolución (arts. 73, 85 y complementarios); sino su conformidad con las condiciones del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento civil85 .

Su examen pormenorizado permite concluir que ni la circusntancia 1 .^a -que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal-, ni la 2.^a - que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para que hagan fe en España- plantean problemas. La primera, porque es evidente que la acción de nulidad del matrimonio canónico es una acción personal (c. 1674 § 1), y también lo es el ejercicio del derecho a pedir la dispensa del matrimonio rato y no consumado (c. 1697). Algo parecido ocurre con la cuarta circunstancia que impone, en rigor, tres condiciones distintas a la resolución eclesiástica: constancia en documento público, autenticidad, y firmeza⁸⁶.

La circunstancia 2.^a -que [la ejecutoria] no haya sido dictada en rebeldí- tampoco debería presentar dificultades. En nuestros días existe la opinión generalizada de que el concepto tradicional de rebeldía es técnicamente incorrecto y que la exigencia del artículo 954.2 de la Ley procesal civil es anacrónica y fraudulenta, debiendo sustituirse por el principio de bilateralidad y contradicción, en virtud del cual nadie puede ser condenado en juicio sin previa oportunidad de audiencia. Así lo establecen la doctrina dominante87 , la jurisprudencia del Tribunal Supremo y diversos convenios internacionales sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras suscritos por España, sin olvidar tampoco el Reglamento europeo 2201/2003, de 27 de noviembre, sobre la materia88 . Por lo tanto, las resoluciones eclesiásticas que pretendan ser reconocidas civilmente cumplen este requisito siempre que en el correspondiente proceso canónico se haya citado y emplazado oportunamente al demandado, dándole la oportunidad de defenderse. Por lo demás, adviértase que este principio procesal tiene tanta importancia en el ámbito civil como en el eclesiástico89 .

Por último, la circunstancia 3.^a exige que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. Como sucede con la anterior, la fórmula legal resulta técnicamente defectuosa y, de hecho, tanto la jurisprudencia como la doctrina afirman que la licitud equivale a la no contradicción de la causa canónica con el orden público⁹⁰. En sentido positivo, el orden público urge que se posibilite y defienda el libre ejercicio de los derechos fundamentales -entre ellos, el de libertad religiosa y el ius connubii- reconocidos y garantizados por la Constitución y por normas de rango internacional y ordinario, para que sean reales y efectivos; y, en sentido negativo, exige la no contradicción con los principios constitucionales, pero no con las normas imperativas en general⁹¹.

Y es que no todas las normas imperativas del Código civil -incluidas las del título IV del libro I-, son de orden público, por lo que entendemos que la licitud -y con ella el ajuste- exige que las decisiones canónicas no choquen abiertamente con las normas civiles de carácter imperativo a las que el legislador haya reforzado con la inexcusabilidad de lo preceptuado por ellas .

La conclusión es plenamente coherente con la facultad que el Estado reconoce a los cónyuges de elegir entre la jurisdicción civil y la canónica para someter a cualquiera de ellas la decisión sobre la nulidad o la disolución del vínculo matrimonial . Por eso, su eficacia en el orden civil no supone discriminación, ni vulnera el principio de unidad jurisdiccional, ni tampoco el de tutela judicial efectiva, sino que -como ha declarado el Tribunal Constitucional- supone el ejercicio de derechos constitucionales⁹⁴. Por otro lado, existe una analogía entre las sentencias extranjeras de separación y divorcio, y las sentencias canónicas de nulidad y las decisiones de rato y no consumado, por lo que no deben exigirse más condiciones a unas que a otras.

Firme todo lo anterior, conviene advertir que hasta hace relativamente poco tiempo, la pieza clave para el reconocimiento civil de las resoluciones canónicas no ha sido el ajuste al Derecho del Estado, sino la interpretación del requisito de la no oposición a la petición de ejecución civil de la resolución canónica, establecido por la Disposición adicional 2.^a de la Ley 30/1981. Durante años, el criterio adoptado por los tribunales españoles fue que si una de las partes se oponía en el procedimiento de ejecución civil, ésta se denegaba, pudiendo entonces la parte que pidió la ejecución acudir al proceso ordinario de menor cuantía; mientras que, si no había oposición, la sentencia canónica se ejecutaba civilmente sin mayores problemas, tras la verificación de las condiciones establecidas en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento civil⁹⁵.

Contra toda lógica, la exigencia de la no oposición, no prevista ni en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos ni en el Código civil, que se limitan a decir que la petición de eficacia civil se realizará a solicitud de cualquiera de las partes, supuso un recorte a su reconocimiento. Y aunque en sede doctrinal no hubo unanimidad sobre cómo resolver el conflicto, ni tampoco sobre cómo evitar el fraude, los Tribunales civiles ante la oposición daban por concluido el procedimiento y no se pronunciaban sobre si la resolución canónica era o no ajustada al Derecho del Estado. Esta postura fue adoptada inicialmente por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 93/1983, de 8 de noviembre ⁹⁶; aunque, a partir de la Sentencia 265/1988, de 22 de diciembre, exige expresamente que la oposición sea fundada97 , y así lo ha confirmado la Sentencia 328/1993, de 8 de noviembre, y, por extenso, la Sentencia 150/1999, de 14 de septiembre98 .

Mucho menos conflictiva ha sido la interpretación judicial del ajuste al Derecho del Estado. Algunos autores"99 examinaron una muestra lo suficientemente representativa de resoluciones y llegaron a la conclusión de que los criterios de los jueces son menos dispares de lo que presagiaba la doctrina: por lo general, prescinden de toda lucubración doctrinal y aprecian el ajuste, sea cual sea la causa de nulidad en que se base la sentencia canónica. «Lo que ha sido un vendaval en la doctrina -explica Navarro Valls- va quedando reducido en la práctica a una 'tempestad en un vaso de agua', porque la jurisprudencia mayoritariamente parece entender que si el sistema permite la libertad en el momento de la elección de un matrimonio regulado por normas propias lo lógico es que si esas normas han sido contravenidas se acepte la libertad en la ejecución civil, es decir, la no oposición»100 .

Todo este panorama se vio notablemente enriquecido cuando el Tribunal Supremo se pronunció sobre el particular en su Sentencia de 23 de noviembre de 1995 (RJA 8433), asumiendo como propia la línea argumental adoptada por la mayor parte de la doctrina científica y de los tribunales inferiores. No era la primera vez que se ocupaba de la materia después de la reforma¹⁰¹, pero hasta entonces no lo había hecho ofreciendo una fundamentación jurídica exhaustiva de los extremos sobre los que recae el control civil. Su contenido puede resumirse diciendo que el ajuste al Derecho del Estado no impone una revisión del fondo y contenido sustantivo de la decisión canónica. Basta comprobar la concurrencia de las condiciones exigidas por el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento civil para el reconocimiento de las sentencias extranjeras y en particular la licitud, entendida como el respeto del orden público interno español. Este no exige identidad entre las causas de disolución canónica -o de nulidad en su caso- y las civiles. Referido preferentemente al servicio de los ciudadanos y sus derechos inviolables -uno de los cuales es el de libertad religiosa-, faculta a los contrayentes para optar por el matrimonio canónico y recurrir, en caso de ruptura, a los Tribunales eclesiásticos, con posterior eficacia civil de la decisión canónica, cuando es decretada con las debidas garantías y formalidades. Entender el ajuste de otro modo llevaría a remontarse a situaciones de mala fe o de fraude a cargo del Estado, al hacer inoperante el Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 1979 en supuestos de matrimonio rato y no consumado; lo que tampoco se aviene con el principio constitucional de cooperación, ni con las obligaciones surgidas del citado instrumento jurídico con rango de Tratado internacional, válidamente celebrado y publicado oficialmente en España¹⁰².

Unos meses después, el Alto Tribunal volvió a pronunciarse sobre el particular en su Sentencia del 17 de junio de 1996 (RJA 5072) y, aunque no lo hace con la misma extensión y detalle que en la anterior, mantiene la misma doctrina de fondo y abunda en alguno de sus argumentos103 .

Antes de dar por concluido el régimen jurídico de la eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas en España, debemos referirnos, siquiera brevemente, a la incidencia que tienen sobre ella la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y el Reglamento europeo 2201/2003, de 27 de noviembre, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes.

La primera ha sustituido la centenaria Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881. No obstante, el tantas veces mencionado artículo 954 mantiene su vigencia, en virtud de la disposición derogatoria única que en su número 1, excepción tercera: «Los artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, [que] estarán en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil»¹⁰⁴. En cambio, ha derogado la disposición adicional segunda de la Ley 30/1981, de 7 de julio¹⁰⁵, por lo que desaparece formalmente la exigencia de la no oposición que tantas controversias suscitó. Mayor trascendencia todavía reviste el artículo 778 de la nueva Ley procesal, que contempla expresamente la eficacia civil de resoluciones canónicas. Dispone que «en las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera la adopción o modificación de medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica» (art. 778.1). En cambio, prevé que «cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770» (art. 778.2). Es decir, que la homologación de las resoluciones eclesiásticas va a seguir un procedimiento u otro dependiendo de que la demanda de reconocimiento civil incluya o no la adopción o modificación de medidas; aunque de ordinario no se acumularán las dos peticiones porque antes de acudir a la jurisdicción canónica, se habrá promovido la separación o el divorcio ante la jurisdicción civil, con la consiguiente adopción de medidas reguladoras de la crisis¹⁰⁶.

Todo el panorama descrito hasta ahora sobre la eficacia civil del matrimonio canónico y de la resoluciones eclesiásticas, ha visto notablemente ampliado su horizonte de aplicación en virtud de las disposiciones aprobadas por el Consejo de Europa. En efecto, el Reglamento 2201/2003, que entró en vigor el 1 de marzo de 2005 reconoce -como ya lo hiciera su precedente inmediato, el Reglamentó 1347/2000, de 29 de mayo107 -, las obligaciones internacionales contraídas con la Santa Sede por España. Italia y Portugal, de tal manera que las resoluciones eclesiásticas sobre matrimonios canónicos que produzcan efectos civiles en estos países en virtud de sus respectivas disposiciones concordatarias serán reconocidas por los demás Estados miembros en las condiciones previstas para las resoluciones objeto del Reglamento108.

Con ocasión de la incorporación de Malta a la Unión Europea se ha producido una modificación del artículo 63 del Reglamento, para que atender igualmente sus compromisos concordatarios con la Santa Sede en materia de eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas¹⁰⁹.

El Reglamento reconoce la eficacia de un título complejo que resultará del conjunto de la resolución canónica con cobertura concordataria y de la resolución civil homologadota (italiana, portuguesa, española y maltesa). Por lo tanto, en el caso de los tres últimos podrán versar tanto sobre sentencias canónicas de nulidad como sobre dispensas de matrimonio rato y no consumado. Además, como el artículo 63 no exige que la resolución canónica haya sido dictada por un tribunal eclesiástico con sede en uno de los cuatro países concordatarios mencionados, sino que haya sido reconocida su eficacia civil por sus respectivos tribunales civiles (la resolución canónica podría haber sido adoptada en un Estado miembro de la Unión Europea o en uno que no lo sea), es posible que resoluciones canónicas dictadas por tribunales eclesiásticos con sede en países donde no producen en cuanto tales efectos civiles, terminen teniéndolos plenos en esos países, tras su homologación en Italia, Portugal, España o Malta.

NOTAS

* Trabajo recibido el 21 de octubre de 2008; aprobada su publicación el 27 de noviembre de 2008.

¹  Sobre todas estas cuestiones, cfr. De Jorge García Reyes, Juan A., El matrimonio de las minorías religiosas en el Derecho español, Tecnos, Madrid, 1986. Siguiendo a este autor, conviene advertir que hubo una interesante excepción en las Indias españolas, donde los matrimonios contraídos por los aborígenes según sus propias normas y costumbres fueron reconocidos inicialmente, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia sobre la validez del matrimonio de infieles, siempre que no se opusieran al Derecho natural. En la medida en que la conquista y evangelización fueron graduales y se respetó la libertad de los indios para abrazar o no el cristianismo, estos matrimonios legítimos continuaron celebrándose. Siglos después, también se plantearán situaciones peculiares en el Protectorado español de Marruecos y en las Provincias españolas de África occidental y África ecuatorial.

²  Navarro Valls, Rafael, "La posición jurídica del matrimonio canónico en la Ley de 7 de julio de 1981", en Revista de Derecho Privado, 1982, p. 667.

³ Para una exposición detallada de su elaboración, cfr. Carrión Olmos, Salvador, Historia y futuro del matrimonio civil en España, Edersa, Jaén, 1977. Vid., también Martí Gilabert, Francisco, El matrimonio civil en España. Desde ¡a República hasta Franco, Eunsa, Pamplona, 2000.

⁴  Cfr. Crespo de Miguel, Luis, La secularización del matrimonio. Intentos anteriores a la Revolución de 1868, Eunsa, Pamplona, 1992.

⁵ «El matrimonio que no se celebre con arreglo a las disposiciones de esta ley, no producirá efectos civiles con respecto a las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes» (art. 2).

⁶  Cfr. Decreto de 9 de febrero de 1875 y Real Orden del 27 de febrero de 1875.

⁷  Art. 42 Ce: «La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer todos los que profesan la religión católica, y el civil, que se celebrará del modo que determine este Código».

⁸  La Constitución de 1931 determinó en su artículo 43.1 que «el matrimonio (...) podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa». Más tarde, se dictó la Ley de divorcio, de 2 de marzo de 1932, a la que siguió la Ley de matrimonio civil, de 28 de junio de 1932: «A partir de la vigencia de la presente Ley sólo se reconoce una forma de matrimonio, el civil» (art. 1).

¹⁹  Cfr. Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, Sistema de Derecho Civil, IV, Tecnos, Madrid 1978, pp. 71-78. Vid. también Iban, Iván C, "El término profesar la religión católica en las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado", enlus Canonicum, 1980, pp. 125-147.

¹⁰  En el caso del artículo 42 del Código civil, la expresión inicial «dos formas de matrimonio» es sustituida por la inequívoca «dos clases de matrimonio», sin posibilidad alguna de confusión. Algo semejante sucede con el artículo 75 del Código civil, que establece una remisión formal al ordenamiento canónico -«el matrimonio canónico, en cuanto se refiere a su constitución, validez y, en general, a su reglamentación jurídica, se regirá por las disposiciones de la Iglesia católica»- mejorando la primitiva remisión material -«los requisitos, forma y solemnidades para la celebración del matrimonio canónico se rigen por las disposiciones de la Iglesia Católica y del Santo Concilio de Trento, admitidas como Leyes del Reino»-. Lo mismo sucede con el artículo 80 del Código civil, que no sólo supera en precisión a su homónimo sino también al artículo 24 del Concordato del que trae causa, cuando determina que «el conocimiento de las causas sobre nulidad y separación de los matrimonios canónicos, sobre dispensa del matrimonio rato y no consumado y sobre uso y aplicación del privilegio paulino, corresponde exclusivamente a la jurisdicción eclesiástica, conforme al procedimiento canónico, y sus sentencias y resoluciones tendrán eficacia en el orden civil, a tenor del artículo 82»: esto es, «en virtud de comunicación canónica de las sentencias o resoluciones, o a instancia de quien tenga interés legítimo y presente el oportuno testimonio» (art. 82).

¹¹ Cfr. el Preámbulo del Acuerdo sobre renuncia a la presentación de obispos y al privilegio del fuero, de 28 de julio de 1976, también conocido como Acuerdo Base.

¹² Cfr. artículo 7 de los Acuerdos con la Federación de Entidades religiosas evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades israelitas (hoy judías) de España (FCJ) y la Comisión islámica de España (CIÉ), publicados como anexo de las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre.

¹³ Para estos matrimonios la LOLR no supone un cambio respecto al régimen anterior, pues la Ley de libertad religiosa, de 28 de junio de 1967, en su artículo 6.1 ya incluía una previsión semejante, si bien matizada por el carácter supletorio que entonces tenía el matrimonio civil: «Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código civil, se autorizará el matrimonio civil cuando ninguno de los contrayentes profese la religión católica, sin perjuicio de los ritos o ceremonias propios de las distintas confesiones no católicas que podrán celebrarse antes o después del matrimonio civil en cuanto no atenten a la moral o a las buenas costumbres».

¹⁴ Además deben ser tenidas en cuenta otras disposiciones como la Ley del Registro civil (1957) y su Reglamento (1958), con sus sucesivas reformas; y las instrucciones, circulares y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

¹⁵ Así lo declaró, incluso antes de la entrada en vigor de la Constitución, la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Instrucción de 26 de diciembre de 1978.

¹⁶ «El matrimonio canónico, en cuanto se refiere a su constitución y validez y, en general, a su reglamentación jurídica, se regirá por las disposiciones de la Iglesia católica».

¹⁷  Así lo venía entendiendo toda la doctrina (cfr. Espín Cánovas, Diego, "Artículo 32", en Comentarios a ¡as ¡eyes políticas, III, Edersa, Madrid, 1984, pp. 355-360; y García Cantero, Gabriel, "Artículos 42 a 107 del Código civil", en Comentarios al Código civil y Compilaciones /orales, II, Edersa, Madrid, 1982, p. 58) y así se ha entendido pacíficamente hasta la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, ampliándolo a las personas del mismo sexo. El iter parlamentario de la ley fue acompañado de numerosos pronunciamientos de juristas y, señaladamente, de dictámenes de las principales instancias jurídicas del país (el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación), que formularon serias reservas acerca de la constitucionalidad de la norma. En concreto, recordaron expresamente la doctrina del Tribuna Constitucional de que existe un derecho constitucional al matrimonio entre hombre y mujer, pero no a la unión entre personas del mismo sexo (Auto 222/1994, de 11 de julio); asimismo afirmaron que la heterosexualidad (un hombre y una mujer) es un elemento constitutivo esencial del matrimonio y que el concepto de matrimonio no es libremente disponible por el legislador. Estos y otros argumentos fueron incorporados al recurso de inconstitucionalidad, presentado el 28 de septiembre de 2005, por 50 diputados y que a día de hoy está pendiente de resolución. Por último, y a propósito de la heterosexualidad, conviene señalar que el artículo 32.1 es el único precepto de la Constitución en el que los titulares son mencionados en orden a su diferenciación sexual (hombre-mujer) y no como sucede en la formulación de los demás derechos, en los que se emplean expresiones indistintas: todos, toda persona, nadie, los españoles, los ciudadanos, etc.

¹⁸ Cfr. Diez-Picazo, Luis, "Bases constitucionales del Derecho matrimonial y de familia: el ius connubii del art. 32 de la Constitución y su función definidora y ordenadora del sistema matrimonial español", en Libertades públicas y sistema matrimonial, Pamplona, 1990, p. 8 (pro manuscripto).

¹⁹ En los primeros borradores constitucionales y hasta la segunda redacción del artículo, obra de la Ponencia, se leía: «el Derecho civil regulará...» (cfr. BOC, n. 44, 5.1.78, pp. 673-674 y n. 82, 17.IV.78, p. 1539). La tercera redacción, elaborada por la Comisión de la Constitución del Congreso, introduce la referencia a la ley que, por su mayor amplitud, permite la remisión a otros ordenamientos (cfr. BOC, n. 72, 23.V.78, pp. 2610-2622).

 ²⁰ Cfr. Lacruz Berdejo, José Luis y Sancho Rebullida, Francisco de Asís, Elementos de Derecho civil, IV, Librería Bosch, Barcelona, 1982 p. 57; López Alarcón, Mariano, "El matrimonio concordatario en el actual proceso legislativo español", en Ius Canonicum, 1978, p. 58; y De Pablo Contreras, Pedro, Constitución democrática y pluralismo matrimonial, Eunsa, Pamplona, 1985, pp. 368 y 381.

²¹ Cfr. De Fuenmayor y Champín, Amadeo, "El marco del nuevo sistema matrimonial español", en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1979, p. 268; Lalaguna Domínguez, Enrique, La reforma del sistema matrimonial español, Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Madrid, 1983, p. 39; y Olmos Ortega, María Elena, "El matrimonio canónico en el Código civil de 1981", en Revista Española de Derecho Canónico, 1983, p. 45.

²² Es evidente que formas aquí tampoco es sinónimo de forma de celebración, sino de régimen matrimonial (cfr. Sancho Rebullida, Francisco de Asís, "El matrimonio canónico en el sistema matrimonial español", en Ius Canonicum, 1980, p. 23; García-Amigo, Manuel, "La competencia legislativa civil según la Constitución", en Revista de Derecho Público, 1983, p. 440; Roca i Trías, Encarna, "El Derecho civil catalán en la Constitución de 1978", en Revista Jurídica de Cataluña, 1979, p. 30; De Fuenmayor y Champín, Amadeo, "El marco del nuevo sistema matrimonial español", cit., p. 278; y De Pablo Contreras, Pedro, Constitución democrática y pluralismo matrimonial, cit. p. 369).

²³  Los grupos parlamentarios que defendieron los términos aludidos, se manifestaron contra la constitucionalización directa del divorcio y a favor de dejar las puertas abiertas a su introducción por ley ordinaria (cfr. la intervención de los portavoces del PSOE, PC y UCD en DSC, n. 107, ll.VII,78, pp. 4082- 4087). En contra se manifestaron otros parlamentarios, especialmente de AP, para quienes el texto venía a constitucionalizarlo (cfr. DSC, n. 72, 23.V.78, pp. 2611-2617). En cualquier caso, el precepto supone que la indisolubilidad del matrimonio no está reconocida de modo expreso en la Constitución.

²⁴  «Un sistema matrimonial sobre la base de tantas clases de matrimonio como confesiones religiosas existan no violaría este principio (...). El principio de igualdad ante la ley no exige que todo el mundo contraiga matrimonio en igual forma o de la misma clase, pero sí exige que, si se tiene en cuenta una circunstancia para la clase o forma de matrimonio a contraer, esta sea la religión y no la religión católica» (Valladares Rascón, Etelvina, "El principio de igualdad ante la ley y el sistema matrimonial", en Revista de Derecho Privado, 1981, p. 318).

²⁵  Cfr., entre otros, Luna Serrano, Agustín, "La reforma de la legislación matrimonial", en Matrimonio y divorcio. Comentarios al nuevo título IV del libro I del Código Civil, Civitas, Madrid, 1982, p. 17; y Sancho Rebullida, Francisco de Asís, "El matrimonio canónico en el sistema matrimonial español", cit., p. 24.