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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis vol.20 no.2 Talca  2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122014000200001 

Presentación

 

Dra. M. Fernanda Vásquez Palma

Directora


 

Si analizamos las corrientes actuales que cruzan el Derecho, veremos que en distintas áreas disciplinarias se ha comenzado a emplear la nomenclatura de "Modernización del Derecho", como una parcela especial del conocimiento y la investigación jurídica. Es así, como hoy se alude a la "Modernización del Derecho del trabajo"; "Modernización del Derecho de la contratación"; "Modernización del Derecho penal"; "Modernización del Derecho de sociedades", entre tantas otras. Frente a esta tendencia, estimamos que habita en el ambiente jurídico cierta imprecisión o a lo menos diversidad en el uso de este término, lo que nos invita a reflexionar sobre el significado de esta nomenclatura o terminología.

Sabido es que el Derecho debe dar respuesta adecuada a las necesidades de sus tiempos, lo que obliga a enfrentarlas, introduciendo cambios de manera constante y consistente. En este contexto se reclama la revisión de viejos paradigmas y la fijación de nuevas ideas rectoras que permitan dotar al sistema jurídico de nuevas estructuras y herramientas que, al mismo tiempo, gocen de una razonable flexibilidad y ofrezcan a los individuos la necesaria seguridad, conciliando los intereses imperantes. Los caminos para enfrentar esta necesidad son fundamentalmente dos: la vía de reforma legislativa y la relectura interpretativa de la normativa existente, teniendo a la vista que los fundamentos de aquéllas residen en condiciones del tráfico diversas a las actuales o una realidad social distinta. Considerar que solo una reforma legislativa ocupa este rol es un error de concepto, toda vez que la modernización es un imperativo que no puede estar condicionado a un paso que depende de múltiples factores sociales y políticos.

En este orden de ideas, hemos de considerar que una reforma legislativa no siempre envuelve un proceso modernizador, ni toda modernización implica una reforma legislativa o jurídica. No todas las reformas pueden entenderse necesariamente como la manifestación de una modernización efectiva, pues en muchos casos ellas no alcanzarán la contextura necesaria para ser entendidas como tales. Por modernización no podemos entender solo un proceso que ofrece o propone cambios renovadores, ni aquella correspondencia entre medios aptos y adecuados para el logro de ciertos fines; sin duda, estos componentes deben estar presentes, pero la modernización del derecho requiere de algo más. Desde la modernidad las cosas no se aceptan porque son tradicionales, sino porque, examinadas a la luz de nuestro interés y las necesidades imperantes, representan una ventaja.

De este modo, la modernización se contrapone a la tradición, entendida como aquella transmisión de regímenes e instituciones pasadas o la comunicación de creencias, doctrinas, costumbres y hechos de generación en generación. En el discurso de la modernidad, la máxima autoridad es la razón, de manera que no puede tolerar elementos sustancialmente desprovistos de este elemento. En tal sentido, si bien el derecho siempre ha sido objeto de innovaciones, no por ello puede estimarse que ha disfrutado de un proceso de modernización constante.

Por otra parte, si bien la modernización jurídica consiste en adaptar el derecho a las necesidades actuales, en dicho ejercicio debe asumirse una actitud crítica ante las tendencias evolutivas. No se trata solo de actualizar cierta normativa, simplificar procedimientos destinados a disminuir costos, ni trasladar un derecho foráneo o novedoso a otro, sino más bien de reconstruir un área particular del Derecho desde el análisis de las adecuaciones que se consideren aptas para atender a los nuevos requerimientos, cuidando en dicho proceso los elementos destinados a trascender más allá de la contingencia. En este camino, debe mostrarse una preocupación sincera con el desarrollo de la institución jurídica comprometida.

Desde esta intelección, nuestra revista pretende contribuir en el proceso moder-nizador a partir de la revisión y reconstrucción dogmática que ha de estar presente en todo análisis y preceder a la labor legislativa y jurisprudencial. Nuestra invitación, en estas líneas, apunta a detenerse en este aspecto desde una óptica global y específica, al brindar la posibilidad de constatar este esfuerzo en los diversos aportes doctrinales que aquí se presentan.

En el presente número se contienen los siguientes artículos de investigación: "La violación como delito contra la indemnidad sexual bajo el derecho penal chileno. Una reconstrucción desde la teoría de las normas", de Juan Pablo Mañalich R.; "Sobre la estructura dogmática de los delitos de falsedad en el proceso", de Javier Wilenmann von Bernath; "La cláusula de no competencia post-contractual en el contrato de trabajo", de Alfredo Sierra Herrero; "La constitución de sindicatos con fines ilícitos y sus efectos jurídicos en el derecho del trabajo chileno", de Raúl Fernández Toledo; "Estado y perspectivas de la reforma proyectada en Chile sobre el sistema de protección de menores de edad", de Francisco Maldonado Fuentes; "Control de Convencionalidad, Deferencia Internacional y Discreción Nacional en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", de Pablo Contreras; "La presunción de culpa por el hecho propio en el Derecho europeo", de Rodrigo Barría Díaz; "División de sociedades y sucesión universal", de Marcelo Mardones Osorio; "Control de fusiones y nueva guía para el análisis de operaciones de concentración: lo positivo, lo que falta y lo que sólo el legislador puede solucionar", de Cristóbal Caviedes Paúl; "Fragmentos de un Imaginario Judicial de la Sana Crítica", de Rodrigo Coloma Correa y Claudio Agüero San Juan; y "Kelsen en la encrucijada: Ciencia jurídica e interpretación del derecho", de Álvaro Núñez Vaquero.

A continuación, en la sección de ensayos, se insertan los siguientes trabajos: "Afiliación de los extranjeros al sistema general de pensiones en Colombia dentro del marco jurídico internacional", de Adriana Camacho Ramírez y Mónica Rodríguez Ronderos; "Prestaciones no contributivas de los trabajadores migrantes: un desafío pendiente en Latinoamérica", de Pablo Arellano Ortiz; "Derechos humanos en tanto derechos morales: dos concepciones", de Johnny Antonio Dávila; "Sobre la regulación del must-carry en Chile", de Felipe Bravo Alliende; y "La narrativa del deber de ayudar a otro: Samaritanos, héroes, y superhéroes", de Jonatan Valenzuela.

Luego, en la sección de comentarios de jurisprudencia, se contemplan las siguientes colaboraciones: "Comentario de sentencia sobre el régimen de garantías derivado de la Ley N° 19.496", de Erika Marlene Isler Soto; y "El error del consumidor (Sobre la "inducción a error" en la Ley N° 19.496)", de Ignacio Rostión Casas.

Finalmente, se han incorporado las recensiones de la obra de John Rawls, "La justicia como equidad. Una reformulación", de Jorge Brower Beltramín, y del libro de John Sorabji, "English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms: a critical analysis", de Álvaro Pérez Ragone.

Destacamos que los trabajos de Juan Pablo Mañalich R.; Alfredo Sierra Herrero; Rodrigo Coloma Correa y Claudio Agüero San Juan; y Álvaro Núñez Vaquero corresponden a investigaciones que forman parte de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).

Agradecemos la invaluable contribución de todos los autores y pares evaluadores a la presente publicación.

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