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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis vol.21 no.1 Talca  2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122015000100012 

Objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia laboral*

 

The goal of the labor jurisprudence unification application

 

L. Iván Díaz García**

**Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile. Integrante del Grupo de Investigaciones Jurídicas de dicha Facultad. Doctor en Derecho. Correo electrónico: ivandiaz@uct.cl.


Resumen

El presente trabajo pretende determinar el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia y, en particular, si con su incorporación al ordenamiento jurídico chileno se pretendió introducir el seguimiento del precedente en materia laboral. Para tales efectos se revisan diversos antecedentes que permiten concluir que una respuesta afirmativa se puede sostener a partir de ciertos datos y argumentaciones.

Palabras clave

Unificación de jurisprudencia, Derecho del trabajo, Precedente


Abstract

This work aims to determine the goal of the precedent unification resource and, particularly, if its inclusion in the Chilean legal system seeks to introduce the obligation to follow precedents in labor cases. For that purpose we revise different antecedents that allow us to conclude that a positive response can be maintained starting from some data and arguments.

Keywords

Unification of jurisprudence, Labor Law, Precedent


 

Introducción

Mediante la ley N° 20.260, de 2008, se incorporó al ordenamiento jurídico chileno el recuso de unificación de jurisprudencia laboral. Se trata de un mecanismo de impugnación de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones conociendo del recurso de nulidad establecido en el Libro V del Código del Trabajo. Este recurso debe ser resuelto por la Corte Suprema, específicamente por la sala especializada.

Parece necesario reconocer que, en cuanto a sus objetivos, la sola denominación de este recurso provoca problemas. De un lado, se podría sostener que no se trata del tradicional recurso de casación, esencialmente dirigido a corregir una infracción de ley o una errónea aplicación del Derecho. De otro lado, resulta difícil admitir que en la lógica del sistema de fuentes europeo continental y bajo el imperio del artículo 3° del Código Civil sea posible que la sentencia dictada conociendo de este recurso pueda provocar efectos hacia el futuro, esto es, en nuevos casos en los que se trate de la misma materia de Derecho.

En ese contexto, mediante el presente trabajo se pretende elucidar el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia. En particular, interesa precisar si con su inclusión en el ordenamiento jurídico chileno se ha pretendido incorporar el seguimiento del precedente al proceso laboral, o si, por el contrario, los efectos de las respectivas sentencias sólo alcanzan a las causas en que actualmente se pronuncian1.

La cuestión es especialmente relevante si se considera que el recurso de unificación de jurisprudencia laboral es, en algún grado, antecedente directo del recurso extraordinario incorporado al proyecto de Código Procesal Civil en actual tramitación en el Congreso Nacional. De este modo, las investigaciones teóricas y empíricas respecto del primero de estos medios de impugnación constituirán un insumo en el debate que se generará para determinar el diseño y características del segundo.

Para lograr la indicada pretensión la presente investigación se vertebra en torno a tres apartados. En el primero de ellos, y como marco teórico, se precisa qué se entiende por precedente y en qué consiste la vinculación al mismo. En segundo lugar, y desde tales coordenadas, se revisan diversos antecedentes relacionados con el instituto jurídico en análisis que pueden echar luz sobre su finalidad. Alejándose del tenor descriptivo de los dos apartados anteriores, en el último de ellos se ofrece un análisis, en formato de discurso racional, de los antecedentes revisados. La investigación concluye con las pertinentes conclusiones.

1. Marco teórico

1.1. Concepto de precedente

Siguiendo a Duxbury, un precedente es, para plantearlo del modo más simple posible, un evento del pasado que sirve como una guía para la acción presente2. En términos procesales, ese evento del pasado se encuentra en una sentencia y consiste en proposiciones relativas al Derecho, las que pueden adoptar la forma de una regla, de una definición o incluso de un principio3. De este modo, y aunque resulta una obviedad explicitarlo, el precedente no está constituido por la totalidad de la sentencia, sino sólo por una parte bastante específica de aquella.

Esa proposición sobre el Derecho contenida en la sentencia y generalmente aplicable en la que descansa lo resuelto en el caso anterior es denominada ratio decidendi4. Esta "razón para la decisión" no necesariamente se expresa formalmente en la sentencia, pudiendo encontrarse de manera más o menos implícita en el desarrollo argumentativo de la misma5. Lo relevante, por tanto, no es cuán explícita sea la formulación de aquella regla, definición o principio, sino el que lo decidido encuentra sustento normativo en la misma.

Ahora bien, para que la ratio decidendi establecida en un determinado caso resulte aplicable a un caso posterior es imprescindible que los hechos del primero y de este último sean iguales6. Esta igualdad, por cierto, no es sinónimo de identidad, por cuanto no se consideran todas las propiedades de los hechos de ambos casos, sino sólo aquellos que resultan jurídicamente relevantes7. De este modo, el precedente no es un caso, ni tampoco los hechos del mismo, sino la regla, definición o principio creado por el órgano jurisdiccional aplicable a los hechos de un caso actual en cuanto coincide en todas sus propiedades relevantes con los hechos del caso anterior.

1.2. Vinculación al precedente

Contrariamente a lo que puede suponerse, los precedentes no tienen la misma fuerza en los diversos ordenamientos jurídicos, ni dentro del mismo ordenamiento. Así, por ejemplo, el precedente puede ser vinculante o persuasivo, dependiendo de la posición relativa en la jerarquía judicial de la corte que estableció la regla legal y de la corte que está actualmente considerando su aplicación8. A tal conclusión se arriba en un estudio coordinado por Mac-Cormick y Summers, en el que se analizó la incidencia del precedente en decisiones futuras, donde se estudió este problema en nueve países europeos y en Estados Unidos9.

De acuerdo con las conclusiones de este estudio ofrecidas por Aleksander Peczenik respecto de la fuerza vinculante del precedente, es posible distinguir cuatro "estatus" o niveles. Desde los más intensos a los más débiles, esos niveles serían los siguientes: formal, prima facie, apoyo adicional y meramente referencial. A continuación se revisa cada uno de ellos.

a)    La vinculación formal al precedente es el grado más intenso de seguimiento de la ratio decidendi contenida en decisiones judiciales anteriores, pues según explica Peczenik, la sentencia que se aparta de aquellas es ilegal y, por tanto, queda sujeta a ser revocada mediante un recurso10.

b)    La vinculación prima facie al precedente representa un grado menos intenso de seguimiento del precedente que la vinculación formal. En este caso el precedente opera como una regla de decisión que debe ser seguida, de modo que se debe respetar a menos que existan buenas razones para apartarse de él. En este sentido, expresa Peczenik que la decisión que no sigue el precedente es legal, pero puede ser criticada en sus fundamentos y ser objeto de revocación mediante recurso11.

c)    En la vinculación al precedente como apoyo adicional ya no existe obligación de respetar la ratio decidendi adoptada en un caso anterior. Por tanto, ya no se puede hablar de seguimiento del precedente, como en los dos niveles anteriores. En este caso lo previamente decidido constituye un argumento que otorga a la sentencia dictada en el caso actual mayor solidez que si se presenta sin él. Al respecto, Peczenik explica que una decisión que carece de sustento en el precedente es legal y puede estar incluso justificada, pero no tan bien como lo habría estado si hubiere invocado el precedente12.

d)    En la vinculación referencial al precedente tampoco existe obligación de respetar la ratio decidendi adoptada en un caso anterior. Por tanto, al igual que en la vinculación al precedente como apoyo adicional, no se puede hablar de seguimiento del precedente. En este caso la ratio decidendi de un caso anterior tiene, como expresa Couso, mero valor ilustrativo13.

Como se puede advertir, sólo los dos primeros niveles de vinculación (formal y prima facie) permiten hablar de seguimiento del precedente en el sentido que las decisiones anteriores deben ser respetadas en casos futuros. Los dos últimos niveles (apoyo adicional y meramente referencial) no permiten hablar de seguimiento del precedente, pues no existe obligación de respetarlo, de modo que se produce una relación más o menos débil entre la decisión adoptada en el caso anterior y lo que se debe resolver en el caso actual.

2. Antecedentes relacionados con el objetivo del recurso de unificación

La finalidad del presente trabajo es, según ya se expresó, esclarecer el objetivo con el que ha sido introducido el recurso de unificación de jurisprudencia laboral en el ordenamiento jurídico chileno. En particular, se indicó, se desea determinar si se ha pretendido incorporar el seguimiento del precedente o si la sentencia recaída en dicho recurso se limita a producir efectos en la causa en que actualmente se pronuncia.

Pues bien, el marco teórico entregado en el primer apartado de este trabajo permite precisar cómo resolver el problema planteado. Para concluir que el objetivo del medio de impugnación en análisis ha sido instalar en el ámbito laboral el seguimiento de la ratio decidendi establecida en casos anteriores, es necesario que se esté frente a alguno de los dos grados o niveles más intensos de vinculación al precedente. En otras palabras, sólo es posible arribar a dicha conclusión si se está en presencia de lo que se ha denominado vinculaciones formal y prima facie. Por el contrario, si se está en presencia de los dos grados o niveles más débiles, esto es, las vinculaciones argumentativa y referencial, o si no existe conexión alguna entre lo decidido con anterioridad y el caso actual, entonces no se ha incorporado el seguimiento del precedente en el ámbito laboral chileno.

Para resolver a cuál de las situaciones mencionadas responde el recurso procesal en análisis, en lo que sigue se analizan los antecedentes proveídos por la historia de la ley N° 20.260, su regulación en el Código del Trabajo, su objetivo según la doctrina, sus efectos según la misma y, por último, el comportamiento jurisprudencial de la Corte Suprema al respecto.

2.1. La historia de la ley N° 20.260

Uno de los antecedentes en los que se pueden encontrar elementos para identificar la finalidad del recurso de unificación de jurisprudencia laboral es la habitualmente denominada historia fidedigna. Pero no sólo la referida a la ley N° 20.260, como podría suponerse, sino también la relativa a la ley N° 20.087 que precisamente fue modificada por la primera.

En efecto, el antecedente quizás más remoto se encuentra en la historia de la ley N° 20.087, que sustituye el procedimiento establecido en el Libro V del Código del Trabajo. En la tramitación del proyecto que dio lugar a este texto normativo se incorporó, mediante indicación parlamentaria presentada durante el primer trámite constitucional, un recurso semejante al de unificación de jurisprudencia. Este medio de impugnación debía ser conocido por la Corte Suprema si respecto de la materia de derecho objeto del recurso existían distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores14. Sin embargo, durante el segundo trámite constitucional se presentó una indicación, también parlamentaria, para suprimir dicho recurso15. Aprobada esta última propuesta, desapareció definitivamente del proyecto de ley16.

Dentro de la historia de la ley N° 20.260, el primer antecedente sobre el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia se encuentra en una indicación formulada durante el segundo trámite constitucional por la entonces Presidenta de la República. En virtud de esta indicación se modificaba la causal establecida durante el primer trámite parlamentario para el recurso que permitía acceder a la Corte Suprema. En efecto, en el primer trámite se proponía la intervención de la Corte Suprema cuando la sentencia de primera instancia hubiera sido dictada con infracción de derechos constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes17. En la mencionada indicación, en cambio, el recurso procedía cuando la sentencia de primera instancia hubiera sido dictada con infracción de derechos fundamentales y existieran fallos contradictorios sobre la materia18.

Un antecedente quizás más interesante sobre el objetivo del recurso en estudio se encuentra en la información proveída por representantes del Ejecutivo a los Senadores, también durante el segundo trámite constitucional, respecto del nuevo régimen recursivo que se preparaba. En la oportunidad se expresó que en virtud del trabajo desarrollado por los asesores legislativos de los diversos sectores políticos se había llegado a una propuesta de consenso, que incluía el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia. La finalidad de este último era "obtener una interpretación uniforme por parte de la Corte Suprema para que, en definitiva, fije el sentido de las normas laborales, ya que la circunstancia habilitante para acceder a esa sede superior es precisamente la existencia de pronunciamientos contradictorios en la jurisprudencia"''19.

En definitiva la Presidenta de la República retiró la indicación más arriba mencionada y presentó una nueva, igualmente referida al régimen de recursos en materia laboral20. Esta redacción, que encarnó las ideas expresadas por los representantes del Ejecutivo, en definitiva fue aprobada sin modificaciones significativas por el Congreso Nacional. Pues bien, en las explicaciones ofrecidas por los asesores del Gobierno y de la oposición sobre el contenido de esta propuesta se encuentran otros interesantes antecedentes de los objetivos del recurso de unificación de jurisprudencia. Desde los técnicos del Ejecutivo se precisó que "estas normas consagran un recurso de derecho estricto, cuya finalidad no es sanear un vicio como acontece con el recurso de nulidad, sino que su objetivo es unificar la jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia. De ahí que, para interponerlo, es necesario invocar la existencia de otros fallos, sea que provengan de las Cortes de Apelaciones o de la propia Corte Suprema, referidos a los mismos puntos de derecho, pero cuyas fundamentaciones jurídicas son contradictorias con las de la sentencia que se pretende impugnar". En este sentido, se explicó que la finalidad era establecer un precedente respecto del modo en que se debía interpretar una determinada materia de Derecho21. En similar sentido se pronunció uno de los asesores de la oposición, quien sostuvo que este recurso "es muy similar a otros consagrados en el derecho comparado, como la casación francesa o el recurso que se interpone ante la Suprema Corte de Estados Unidos de América para uniformar los fallos de tribunales estatales"22.

Los elementos aportados permiten concluir tres cosas relativas al asunto en análisis. De un lado, que durante la tramitación parlamentaria los asesores de gobierno y oposición explicitaron que el recurso de unificación de jurisprudencia es diferente del recurso de casación o nulidad en sus objetivos. De otro lado, que desde su más embrionario diseño, inicialmente parlamentario y luego mediante mensaje presidencial, se entendió que procedía en caso de existir sentencias contradictorias sobre una determinada materia de Derecho. Por último, y nuevamente en palabras de los asesores que intervinieron durante la tramitación del proyecto de ley, que el pronunciamiento de la Corte Suprema debía servir de "interpretación uniforme", de "precedente" y para "uniformar los fallos". Es bajo tales entendimientos que se aprobó la regulación del recurso de unificación de jurisprudencia en los términos incluidos en la ley N° 20.260.

2.2. La regulación del recurso en el Código del Trabajo

La regulación del recurso de unificación de jurisprudencia en el Código del Trabajo ofrece antecedentes igualmente interesantes respecto de la finalidad con que se incorporó este instituto procesal en el ordenamiento jurídico chileno. El primero de ellos se refiere a sus requisitos de procedencia y a su denominación. El segundo, a los efectos de la sentencia dictada por la Corte Suprema al pronunciarse sobre el mismo.

En cuanto a lo primero, la revisión de las normas que gobiernan este instituto permite sostener que su finalidad es uniformar la interpretación de determinadas materias de Derecho, es decir, uniformar el significado que se atribuye a determinadas disposiciones del Derecho del trabajo. A tal conclusión conduce la consideración de diversas disposiciones.

En efecto, y por una parte, el recurso sólo procede si respecto de la materia de Derecho objeto del juicio existen diversas interpretaciones, las que deben provenir de sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores23. En segundo lugar, el recurso puede ser declarado inadmisible si en el respectivo escrito no se hace una relación precisa y circunstanciada de las diversas interpretaciones recaídas en la materia de Derecho objeto de la sentencia, sostenidas por los tribunales superiores. Del mismo modo, el recurso puede ser igualmente declarado inadmisible si no se acompañan las sentencias que le sirven de fundamento, las que por cierto deben expresar la referida dispersión jurisprudencial24. En tercer lugar, en caso de acoger el recurso, la Corte Suprema debe dictar sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia25, de modo que dicha sentencia tiene por finalidad definir cuál es la jurisprudencia elegida por el máximo tribunal de entre aquellas que estaban en competencia. Por último, y aunque es una perogrullada, no está de más añadir que la denominación del recurso es precisamente de unificación de jurisprudencia.

En cuanto a la segunda idea, el artículo 483-C, inciso primero, del Código del Trabajo establece lo siguiente: "El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en ningún caso afectará las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente".

Como se puede advertir, se trata de una disposición cuya primera parte, esto es, hasta la expresión "causa respectiva", presenta extrema cercanía con lo preceptuado en el artículo 3° del Código Civil, que en su inciso segundo textualmente prescribe: "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren". Este último artículo, por su parte, expresa lo que en doctrina se denomina el "efecto relativo" de las sentencias y que consiste en que las sentencias judiciales sólo producen efecto respecto de las partes en litigio26.

2.3. El objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia, según la doctrina

Un tercer antecedente en el que se pueden encontrar luces para determinar el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia laboral es la opinión de la doctrina respecto de, precisamente, dicho objetivo. Al respecto se debe advertir que el presente apartado tiene una finalidad más bien descriptiva, en el sentido de exponer la opinión de los autores sobre el punto. No obstante, conviene anticipar que no resulta lógicamente compatible esta opinión con los efectos que los mismos autores atribuyen al recurso en análisis, según se mostrará más abajo.

Los autores que se han pronunciado sobre el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia coinciden en que su finalidad es uniformar la interpretación del Derecho. Sin embargo, no todos justifican esta perspectiva. En efecto, algunos autores, como Fábrega27, Halim28, o Halpern y Humeres29, se limitan a sostener que el recurso en análisis pretende generar uniformidad en la interpretación cuando existe dispersión jurisprudencial sobre una determinada materia de Derecho. Otros, como Lanata30 u Odette31, arriban a esta misma conclusión, pero justificándola en los antecedentes ofrecidos por la historia de la ley N° 20.260. Perspectivas diversas (aunque no discrepantes) de esta unitaria posición de la doctrina respecto del objetivo del medio de impugnación en estudio son verdaderamente escasas32.

Conviene destacar que esta pretensión uniformadora no es exclusiva del recurso de unificación de jurisprudencia laboral. Diversos autores encuentran coincidencias en este aspecto entre dicho recurso y el de casación en el fondo, bajo la modalidad del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil33. Otros, por su parte, afirman que el recurso de nulidad regulado en el Código Procesal Penal es un antecedente del recurso laboral en estudio, cuando el conocimiento

del primero se entrega a la Corte Suprema34. Estas conexiones son acertadas en lo relativo a las finalidades de los tres medios de impugnación mencionados bajo las modalidades referidas para los recursos civil y penal. Sin embargo, el recurso laboral presenta una diferencia sustancial desde el punto de vista ideológico, puesto que es el único que no exige la existencia de errónea interpretación de la ley o del Derecho, cuestión sobre la que no resulta pertinente extenderse en este momento.

En definitiva, la generalidad de los autores coincide en atribuir al recurso de unificación de jurisprudencia una finalidad unificadora de las diversas interpretaciones sostenidas por los tribunales superiores respecto de una determinada materia de Derecho. Este consenso constituye un tercer antecedente que ilumina la respuesta que finalmente se entrega en el presente trabajo respecto del objetivo del medio de impugnación en análisis.

2.4. El efecto de las sentencias de unificación de jurisprudencia, según la doctrina

Los autores que se han pronunciado sobre el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia han expresado también su opinión respecto de los efectos del mismo. Todos ellos coinciden en rechazar que las sentencias pronunciadas al conocer de dicho medio de impugnación tengan efecto alguno en futuras decisiones judiciales. Los argumentos al efecto ofrecidos son a lo menos cuatro.

El primero de tales argumentos es el ya transcrito artículo 3° del Código Civil. A partir de lo dispuesto en ese precepto, se concluye que la sentencia recaída en el recurso de unificación de jurisprudencia sólo puede tener efecto sobre quienes son parte en el mismo35. En otras palabras, por simple ''aplicación del artículo 3° del Código Civil esta sentencia tiene efectos relativos"36.

Un segundo argumento en virtud del cual se niega un posible efecto pre-cedencial a las sentencias de unificación laboral es que el juez está llamado a resolver casos particulares. Esto significa que su función se limita a aplicar normas generales y abstractas disponibles en el ordenamiento jurídico, a casos singulares y concretos sometidos a su decisión37.

Los autores sostienen, en tercer lugar, que en virtud de la separación de funciones el juez no crea Derecho, sino que sólo lo aplica38. La misma idea se expresa con otras palabras cuando se rechaza un posible efecto vinculante a las sentencias de unificación fundado en que el juez no es fuente formal del Derecho en el sistema Europeo Continental al que Chile pertenece, pues en aquel no rige el precedente39. Afirmar lo contrario, esto es, otorgar un efecto general a las sentencias judiciales, podría tener carácter inconstitucional40.

Por último, se niega efecto vinculante a las sentencias de unificación en virtud de lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo. En este sentido, Fernando Halim sostiene que esta disposición "no se aparta del efecto relativo de las sentencias. El legislador quiso dar énfasis a la regla general sobre los efectos de las sentencias en atención al equívoco que podría generar el nombre del recurso mismo"41. Como se puede advertir, el autor expresamente reconoce que la denominación de este medio de impugnación es uno de los argumentos que se podrían esgrimir a favor de una posible incorporación del seguimiento del precedente en el ordenamiento jurídico chileno. De ahí, a su juicio, la expresa inclusión de la norma contenida en el artículo 483-C en la regulación del instituto42.

De conformidad con lo que se viene exponiendo, los autores chilenos coinciden en sostener que la sentencia pronunciada en unificación de jurisprudencia sólo produce efectos en el caso a que dicha sentencia se refiere. Tal conclusión es, según se ha señalado y se demostrará más abajo, lógicamente inconciliable con afirmar que el objetivo del recurso laboral en estudio es la uniformidad jurisprudencial.

2.5. Comportamiento jurisprudencial de la Corte Suprema

En un reciente discurso, el Presidente de la Corte Suprema de Chile propuso incorporar en el proyecto de Código Procesal Civil "una norma que otorgue efecto vinculante a las sentencias dictadas con motivo de los recursos de unificación de la jurisprudencia". Justificó esta propuesta en que "los tribunales deben otorgar seguridad jurídica y hacer realidad los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y la justicia". El Presidente incluso detalló algunas condiciones bajo las cuales una sentencia pasaba a tener el carácter de precedente (unanimidad de los miembros de la sala) y las condiciones para la revocación de un determinado precedente (la misma unanimidad)43.

Pues bien, el comportamiento jurisprudencial de la Corte Suprema conociendo del recurso de unificación de jurisprudencia laboral es coherente con la intención de su Presidente, y constituye un nuevo antecedente respecto de la finalidad de este instituto procesal.

Al respecto se debe tener presente que en el cuadrienio que sigue a la fecha de publicación de la ley N° 20.260, es decir, hasta el 29 de marzo de 2012, se dedujeron 1051 de tales recursos, los que fueron resueltos mediante sentencias emitidas entre el 19 de noviembre de 2008 y el 11 de abril de 201344. De los recursos deducidos, 227 fueron conocidos en cuanto al fondo por la Corte Suprema, pues los demás fueron declarados desiertos, no presentados, inadmisibles o desistidos. De aquellos 227 recursos, 59 fueron resueltos mediante sentencias que aplicaron causales de inadmisibilidad, aunque por cierto de manera tardía. Sobre los 168 recursos restantes sí recayó una decisión en cuanto al fondo del problema jurídico planteado.

Al agrupar los 168 casos mencionados de acuerdo a la materia de Derecho objeto del juicio, se generaron 45 universos. De ellos, 29 contenían un único caso, de modo que en ellos no resultaba posible evaluar el seguimiento del precedente. Reducida la investigación a 16 universos (que en conjunto reunían 139 recursos), resultó posible constatar que en la totalidad de los mismos la Corte Suprema sigue su propio precedente al resolver los casos que tratan una misma materia de Derecho objeto del juicio.

De este modo, el comportamiento de la Corte Suprema al resolver los recursos de unificación de jurisprudencia deducidos en el referido cuadrienio permite confirmar dos cosas. En primer lugar, que la finalidad del medio de impugnación en referencia es uniformar la jurisprudencia, lo que se logra mediante el seguimiento de su propio precedente. Segundo, lo que es aún más interesante, que en los hechos dicha finalidad se ha alcanzado en todos aquellos casos en los que la Corte Suprema ha conocido dos o más recursos recaídos sobre una misma materia de Derecho45.

3. Análisis de los antecedentes relativos al objetivo del recurso de unificación

El análisis de los antecedentes ofrecidos en la segunda parte de esta investigación permite sostener, de un modo racionalmente justificado, que el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia laboral ha sido introducir el seguimiento del precedente en el ámbito procesal laboral chileno. Así se evidenciará inmediatamente.

3.1. Antecedentes que justifican la conclusión

A partir de los antecedentes revisados en la segunda parte de este trabajo, es posible sostener que tres de ellos conducen a concluir que la finalidad del recurso de unificación de jurisprudencia ha sido introducir el seguimiento del precedente.

En primer lugar, es necesario recordar que la idea de introducir el seguimiento del precedente en el ordenamiento jurídico laboral chileno se manifiesta de manera explícita durante la tramitación del proyecto de ley que dio lugar a la ley N° 20.260. Aquella intención aparece especialmente clara en las opiniones vertidas por los asesores legislativos de gobierno y oposición que participaron en la tramitación del mencionado proyecto de ley. La discusión legislativa y la prácticamente inexistencia de modificaciones al proyecto propuesto por el Ejecutivo evidencian que en el mismo espíritu fue aprobado por los parlamentarios. No parece posible arribar a otra conclusión si se considera la referencia que se formuló al sistema recursivo de Estados Unidos de América como modelo de finalidad para el recurso de unificación de jurisprudencia y el explícito uso de la expresión precedente para referirse a dicha finalidad. De este modo, los antecedentes de la historia de la ley N° 20.260 conducen a concluir que con la incorporación de este medio de impugnación se pretendió incorporar el seguimiento del precedente en el ámbito laboral.

A la misma conclusión conduce, en segundo lugar, el comportamiento precedencial de la Corte Suprema al resolver los recursos de unificación de jurisprudencia deducidos en el cuadrienio que sigue a la publicación de la ley N° 20.260. En efecto, el análisis de las sentencias recaídas en tales recursos evidencia de manera explícita que la finalidad de dicho medio de impugnación ha sido uniformar la jurisprudencia, mediante el seguimiento de sus propios precedentes. Esta tendencia jurisprudencial revela una inequívoca comprensión respecto del objetivo uniformador de este recurso por parte de la cabeza del Poder Judicial, quien, entendiendo dicha finalidad, se ha comportado en consecuencia.

En tercer lugar, la mayoría de los demás antecedentes entregados en la segunda parte de este trabajo conduce a concluir que la finalidad del recurso de unificación es uniformar la jurisprudencia.

En efecto, ese objetivo aparece implícito, por una parte, en la reiterada referencia a la existencia de sentencias contradictorias sobre una determinada materia de Derecho como requisito de procedencia del recurso en estudio, tanto durante la tramitación parlamentaria de la ley N° 20.087 como de la ley N° 20.260. Esta finalidad aparece igualmente implícita en la regulación del medio de impugnación en análisis en el Código del Trabajo, donde la existencia de sentencias contradictorias resulta esencial para que en definitiva se acoja el recurso. A lo anterior debe añadirse la propia denominación del recurso, que refiere a la necesidad de corregir la dispersión jurisprudencial. Por último, y ahora de manera explícita, los autores que se pronuncian sobre el objetivo del recurso de unificación laboral coinciden en sostener que su finalidad es uniformar la jurisprudencia, es decir, la doctrina o interpretación de las normas laborales por parte de la Corte Suprema.

La coincidente referencia (implícita o explícita) por parte de los diversos antecedentes revisados respecto de la pretensión de uniformar la jurisprudencia como finalidad del medio de impugnación en análisis exige precisar a qué se alude con esta idea.

Al respecto, con acierto expresan Couso y Mera que la uniformidad de la jurisprudencia depende del grado de seguimiento que tengan los precedentes de la Corte Suprema46. Dicho de otra manera, si en cada nuevo caso la disposición aplicable puede ser interpretada de manera distinta del caso anterior, entonces no se cumple el objetivo de alcanzar dicha uniformidad. De este modo, si se afirma que la finalidad del recurso en análisis es uniformar la jurisprudencia, lo que se está sosteniendo de manera lógicamente necesaria es que con él se pretende que exista algún grado de seguimiento de los precedentes, esto es, de las ratio decidendi establecidas en sentencias anteriores al caso que debe ser decidido en el presente.

De este modo, quien sostiene que la unificación de la jurisprudencia es el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia (como aparece en la historia de la ley, en sus requisitos de procedencia, en su denominación y en la opinión de la doctrina nacional), de manera lógicamente necesaria está sosteniendo que se deben seguir los precedentes fijados al resolver este recurso. Y ello porque, según se ha expresado, sin seguimiento del precedente no hay uniformidad jurisprudencial. Para decirlo de modo todavía más claro, resulta lógicamente incompatible afirmar que mediante el medio de impugnación en estudio se persigue la uniformidad jurisprudencial y, al mismo tiempo, negar efecto vinculante o precedencial a las sentencias recaídas en el mismo47.

Ahora bien, entre los diversos grados de seguimiento del precedente indicados en la primera parte de este trabajo, esto es, formal o prima facie, no parece difícil concluir que el recurso de unificación de jurisprudencia genera esta última clase de vinculación. Esto se debe a que no existe antecedente alguno que permita sostener que una sentencia contraria a lo establecido en unificación de jurisprudencia pueda ser considerada ilegal. Esto permite descartar una supuesta vinculación formal. En lugar de ello, la sentencia que se aparta del precedente establecido mediante el recurso de unificación, si bien no es en sí misma ilegal, puede ser revocada fundándose precisamente en que ha afectado la unidad jurisprudencial.

3.2. Análisis de los antecedentes opuestos

No se puede concluir de un modo racionalmente justificado que el recurso de unificación de jurisprudencia ha tenido por finalidad introducir el seguimiento del precedente en el proceso laboral, sin analizar los antecedentes que se oponen a tal conclusión.

Al respecto se debe recordar que la doctrina rechaza que mediante el recurso de unificación de jurisprudencia se esté introduciendo el seguimiento del precedente en el ámbito laboral. Conviene reconocer que este parecer refleja no sólo una perspectiva normativa, sino ante todo cultural frente al fenómeno del seguimiento del precedente. De este modo, la categórica y aparentemente unánime negativa doctrinaria no debe considerarse como simple manifestación de pareceres. Lejos de ello, resulta posible sostener que constituye la expresión (y al mismo tiempo la construcción) de la cultura jurídica prevaleciente sobre la posible introducción del seguimiento del precedente en Chile.

Pero en la búsqueda de la finalidad del recurso de unificación de jurisprudencia la respuesta no ha de encontrarse en posiciones culturalmente asentadas, sino en las razones que se esgrimen para justificarla. En este sentido, los argumentos ofrecidos por los autores para rechazar que mediante el recurso en estudio se pretenda incorporar el seguimiento del precedente son, según más arriba se expuso, los siguientes: (1) el artículo 3° del Código Civil; (2) el juez está llamado a resolver casos concretos; (3) en virtud de la separación de funciones el juez no crea Derecho, sino que lo aplica; y (4) el artículo 483-C del Código del Trabajo.

El argumento (1) puede ser respondido atendiendo a dos de los criterios de solución de incompatibilidades normativas. Se trata de los criterios de temporalidad y excepcionalidad, expresados en las voces latinas lex posterior y lex specialis, respectivamente48. En este sentido, y desde una perspectiva estrictamente formal, las normas que crean un recurso cuyas decisiones generan una vinculación prima facie al precedente prevalecen sobre el artículo 3° del Código Civil, simplemente porque las primeras son posteriores y más especiales que dicho artículo. Bajo el mismo principio, pero ahora desde una perspectiva más sustantiva, resulta posible sostener que el recurso de unificación de jurisprudencia expresa un cambio de concepción sobre la jurisprudencia, respecto de la perspectiva decimonónica contenida en el artículo 3° del Código Civil. Esta nueva concepción encuentra correlato en legislaciones comparadas que han introducido el seguimiento del precedente en el ámbito laboral, como es, por ejemplo, el caso de Venezuela el 200249 y de Perú el 201050, e incluso en el ámbito civil chileno con el proyecto de Código Procesal en actual tramitación51.

Que el juez está llamado a resolver casos concretos, que es el argumento (2), es indiscutible. Sin embargo, no se ve de qué manera aquello puede resultar afectado por el seguimiento del precedente, pues el juez seguirá resolviendo casos concretos. De este modo, la razón ofrecida no constituye realmente un argumento en contra de la conclusión a que se ha llegado en esta investigación. Se podría aducir que en la lógica del precedente el juez al resolver un caso concreto debe, además, preguntarse si estaría dispuesto a resolver de la misma manera otros casos iguales al actual. Con todo, esta pregunta no es tanto consecuencia de una exigencia precedencial, sino ante todo condición de racionalidad de la decisión judicial52, exigencia de la justicia formal53 y aplicación del derecho fundamental a la igualdad ante la justicia54.

El argumento (3) puede formularse de diversas maneras. En efecto, al afirmar que el juez no es fuente formal de Derecho se está sosteniendo que el juez no crea normas jurídicas. Pues bien, estas ideas son herederas de la concepción ilustrada sobre el rol del juez, quien debía operar, siguiendo una ya famosa descripción de Montesquieu, simplemente como la "boca que pronuncia las palabras de la ley"55. Esta concepción, por cierto, se encuentra superada por errónea, como lo han evidenciado destacados filósofos del Derecho, entre los que se puede mencionar al austríaco Kelsen56, al español De Asís57 y al chileno Squella58. Todos ellos reconocen que el juez crea por lo menos una norma de carácter particular en la parte resolutiva de la sentencia. En todo caso, lo relevante para efectos de los argumentos que en este momento se evalúa no es si el juez crea normas en su decisión, sino el reconocer que las disposiciones del Derecho legislado son interpretables y que las distintas interpretaciones de una misma disposición conducen a resultados enteramente diversos. Admitido aquello, la cuestión consiste en determinar si los tribunales pueden interpretar de una manera una disposición frente a un caso e interpretarla de modo diverso frente a otro igual al anterior. El recurso de unificación de jurisprudencia responde negativamente, pues pretende, precisamente, uniformar las diversas interpretaciones que han llevado a resolver de diversa manera casos iguales. En cuanto han constituido la razón de lo decidido, cada una de esas interpretaciones ha sido la ratio decidendi del respectivo caso. De este modo, y en definitiva, se podría sostener que el recurso de unificación de jurisprudencia no pretende imponer la sumisión a normas creadas por los jueces, sino el seguimiento de una determinada interpretación (o ratio decidendi) de una cierta disposición.

El argumento (4), por último, requiere un análisis algo más lato. Según ya se dijo, el inciso primero del artículo 483-C del Código del Trabajo dispone lo siguiente: "El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en ningún caso afectará las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente".

Ahondando en la inteligencia de la disposición recién transcrita, resulta posible sostener que contiene dos prescripciones. La primera de ellas prohíbe afectar otros casos y, según expresa el mismo artículo, en particular no se pueden afectar aquellos en los que se han pronunciado las sentencias que sirven de antecedente a la interposición del recurso. La segunda, que no se expresa directamente en la disposición, prohíbe que la decisión adoptada en el caso actual produzca consecuencias en casos futuros. Es precisamente en este último sentido que el precepto colisiona con la posibilidad de sostener que con el recurso en estudio se ha pretendido incorporar el seguimiento del precedente en el ámbito laboral.

De este modo, y en lo que se puede denominar la interpretación más directa del inciso primero del artículo 483-C, se puede entender que la sentencia en cuestión no puede producir efectos hacia el futuro. De este modo, existiría una norma con directo anclaje en el texto del Código del Trabajo que impide el seguimiento del precedente en el ámbito laboral, en cualquiera de sus grados. Esta es, por lo demás, la interpretación prevaleciente entre los autores mencionados en la segunda parte de este trabajo.

Ahora bien, y en contra de lo que se viene diciendo, se debe advertir que lo que se ha expresado es sólo una de las posibles interpretaciones del artículo 483-C. Para una acertada inteligencia del precepto es necesario tener presente tanto la intención con que fue incorporado el recurso de unificación de jurisprudencia (argumento teleológico), como el resto de las disposiciones que lo regulan (argumento sistemático)59.

En cuanto a la interpretación teleológica, conviene recordar que esta disposición fue incorporada mediante indicación de la Presidenta de la República. Esta indicación fue preparada en forma consensuada por asesores de Gobierno y oposición. Y todos ellos coincidieron en que con el recurso de unificación de jurisprudencia se pretendía que el pronunciamiento de la Corte Suprema sirviera de "interpretación uniforme", de "precedente" y para "uniformar los fallos". En esta lógica fue aprobada la regulación del medio de impugnación en análisis por los parlamentarios de los diversos sectores políticos. Todo esto ha sido expuesto en la segunda parte del presente trabajo.

En cuanto a la interpretación sistemática, se ha mostrado más arriba que el resto de las disposiciones que regulan el recurso en estudio evidencian que con él se persigue la uniformidad jurisprudencial. A la misma conclusión conduce la propia denominación de este medio de impugnación procesal. En fin, y según se mostró en la segunda parte de este trabajo, tal finalidad es reconocida por la totalidad de los autores. Por otra parte, se ha justificado en esta misma tercera parte del presente trabajo que tal uniformidad sólo puede lograrse mediante el seguimiento del precedente y que, por tanto, esta sería la finalidad del recurso de unificación.

A partir de las perspectivas teleológica y sistemática recién señaladas, resulta posible sostener que la segunda parte de la disposición ("y en ningún caso afectará las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente") explicitaría la primera parte ("El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva") en cuanto a que lo que se ha querido con esta disposición es impedir que la sentencia de unificación afecte las sentencias invocadas en el recurso y que adoptaron una interpretación diversa de la sostenida por la Corte Suprema en el caso actual. En este sentido, lo que estrictamente prohíbe la disposición en comentario es afectar una sentencia anterior que es contraria a la interpretación elegida por la Corte Suprema. De este modo, el artículo 483-C en realidad no prohibiría que una sentencia de unificación produzca efectos en futuras sentencias, sino en sentencias ya dictadas.

Conclusión

El análisis de los diversos antecedentes relativos a la finalidad del recurso de unificación de jurisprudencia permite concluir, de un modo racionalmente justificado, que su finalidad ha sido incorporar el seguimiento del precedente en el ordenamiento procesal laboral chileno. En particular, bajo su modalidad de vinculación prima facie.

Sin perjuicio de lo recién concluido, conviene reconocer que durante siglos de tradición jurídica del Civil Law se ha entendido que las sentencias no pueden producir efecto alguno en casos futuros. Por ello, y como lo muestra la experiencia comparada de países de tradición europea continental, como los casos ya señalados de Perú y Venezuela, el seguimiento del precedente en materia laboral debe ser introducido mediante la inclusión de normas de origen legislativo que expliciten claramente dicha pretensión y establezcan arreglos institucionales que aseguren su cumplimiento. Si se carece de aquella expli-citación y de estos arreglos institucionales, el seguimiento del precedente por los tribunales se torna incierto frente a la poderosa cultura jurídica dominante, y se genera una innecesaria y evitable discusión doctrinaria.

Notas

*Investigación desarrollada en el marco del proyecto Fondecyt 11121310, cuyo investigador responsable es Luis Iván Díaz García.

1En el presente trabajo se ha preferido la expresión "seguimiento del precedente" por sobre otras tanto o más acertadas, como "respeto del precedente" o "sumisión al precedente" por cuanto la primera de ellas parece más habitual en la doctrina. Al respecto puede verse, por ejemplo, Couso y Mera (2007), Goldstein (1991) y Duxbury (2008).

2En este sentido, expresa Duxbury: "Theprecedent is a past event -in law the event is nearly always a decision- which serves as a guide for present action. Not all past event are precedents. Much of what we did in the past quicqly fades in the insignificance (or is best forgoten) and does not guide future actions at all". Duxbury (2008), p. 1.

3Whittaker (2008), pp. 49 y 50.

4Llewellyng (1989), p. 15.

5En este mismo sentido, Siltala (2000), p. 86.

6Al respecto Cross expresa que es un principio básico de la administración de justicia que los casos iguales deben ser resueltos de la misma manera. Según precisa, esto es suficiente para explicar el hecho que, en casi todas las jurisdicciones, un juez tiende a decidir un caso en el mismo sentido que aquel en el cual un caso similar ha sido decidido por otro juez. Ver Cross (1997), p. 4.

7Una concisa y acertada explicación sobre las nociones de identidad e igualdad en el sentido que aquí se han utilizado se puede encontrar en Comanducci (1999), pp. 81-90.

8Manchester et al. (1996), p. 4.

9MacCormick y Summers (1997), 585 pp.

10Peczenik (1997), pp. 463.

11Peczenik (1997), pp. 463.

12Peczenik (1997), pp. 463.

13Couso (2011), p. 53.

14La indicación se presentó por los Diputados Bustos, Burgos y Ceroni, según consta en el informe complementario de la Comisión de Constitución. En particular proponía intercalar un recurso de nulidad, entre los artículos 501 y 502 del proyecto. Si no existían las sentencias contradictorias referidas en el texto principal, el recurso era conocido por la Corte de Apelaciones. Ver Biblioteca del Congreso Nacional (2006), p. 190.

15Se trató de la indicación 208 de los Senadores Prokurica, Horvath y Romero, según consta en el segundo informe de la Comisión de Trabajo. Ver Biblioteca del Congreso Nacional (2006), p. 636.

16Sin embargo, y como acertadamente expresa Jordi Delgado, es en este momento que "comienza tímidamente a conformarse la idea de que entregar un recurso al modo de la casación a las Cortes de Apelación implica un riesgo de dispersión de criterios jurisprudenciales que, necesariamente, deben ser corregidos por la Corte Suprema como garante de la uniformidad del ordenamiento jurídico". Ver Delgado (2011), 477.

17El oficio de la Cámara de Diputados al Senado en el que consta el proyecto de ley aprobado por la primera se encuentra en la Historia de la ley N° 20.260, p. 150 y siguientes. Dentro de aquel, la referencia al recurso que permitía la intervención de la Corte Suprema, y que se denominaba de apelación, se encuentra en el artículo 477, pp. 154 y 155. Ver Biblioteca del Congreso Nacional (2008).

18Esta propuesta se formuló mediante indicación de la Presidenta de la República por la que se sustituye el párrafo 5 del Código del Trabajo, sobre recursos procesales. Las disposiciones en las que se regulaba este recurso, que ahora se denominaba de nulidad, son los artículos 477 y 478. Ver Biblioteca del Congreso Nacional (2008), p. 196 y siguientes.

19Biblioteca del Congreso Nacional (2008), p. 218.

20Se trató de la indicación 20 bis, que consta en Biblioteca del Congreso Nacional (2008), p. 266.

21Biblioteca del Congreso Nacional (2008), p. 283.

22Estas explicaciones fueron vertidas por Rodrigo Delaveau, abogado vinculado a Libertad y Desarrollo, uno de los centros de estudios asesores de la oposición de derecha. Ver Biblioteca del Congreso Nacional (2008), p. 272.

23Código del Trabajo de Chile, de 2003, artículo 483.

24La facultad de declarar la inadmisibilidad del recurso por cualquiera de estas dos deficiencias, es decir, no contener la mencionada relación o no adjuntar las sentencias correspondientes, se otorga a la sala especializada de la Corte Suprema. Ver artículo 483-A, inciso séptimo del Código del Trabajo de Chile, de 2003, en relación con el inciso segundo de la misma disposición.

25Artículo 483-C, inciso segundo, del Código del Trabajo de Chile, de 2003.

26Esta es la explicación dada por los textos más tradicionales del Derecho civil, como es el caso de, por ejemplo, Claro Solar (1992), p. 32; y Alessandri et al. (1998), p. 132.

27Hugo Fábrega pone el acento en la unificación de criterios jurisprudenciales cuando existe discrepancia a nivel de las Cortes. En este sentido expresa que el recurso de unificación de jurisprudencia "posee la cualidad procesal de establecer "unificado" algún criterio jurisprudencial en alguna materia jurídico-laboral en el cual han existido opiniones divergentes sobre el particular por parte de los Tribunales Superiores de Justicia". Ver Fábrega (2010), pp. 530 y 531.

28Halim (2011), p. 90.

29Estos autores afirman que "el recurso en comentario tiende a unificar criterios en la aplicación de las normas jurídicas, premisa altamente positiva". Halpern y Humeres (2010), pp. 346 y 367.

30Ver Lanata (2011), pp. 259 y 262.

31La autora agrega que a esa finalidad se añade la declaración de nulidad de la sentencia recurrida y "la enmienda o corrección de las distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del juicio". Ver Odette (2013), p. 444.

32En este sentido se puede citar a Marcela Díaz, quien no alude a pretensiones uniformadoras al explicar el objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia. Al respecto se limita a señalar que este medio de impugnación nació "con la finalidad de evitar arbitrariedades en la aplicación e interpretación de la ley, que buscaba la eficacia y celeridad en la resolución de un conflicto laboral". Como se puede advertir, estas explicaciones no son coincidentes con las opiniones de los demás autores citados, pero tampoco son incompatibles. Ver Díaz (2014), p. 8.

33En este sentido, Fernando Halim sostiene, al hacer un paralelo entre la casación bajo la modalidad del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil con el recurso laboral en estudio, que "se puede inferir que el sistema de fallos de plenarios fue parte de las instituciones consultadas para legislar sobre el recurso de unificación de jurisprudencia laboral" (ver Halim (2011), p. 91). Más tímidamente, aunque en semejante dirección, Gabriela Lanata explica que "no puede desconocerse que el artículo 880 [deben entenderse 780] del Código de Procedimiento Civil regula una situación que encuentra alguna similitud con este recurso" de unificación de jurisprudencia laboral (ver Lanata (2011), p. 261). Este objetivo unificador de la casación civil bajo la modalidad del artículo 780 es también reconocido por procesalistas como, por ejemplo, Mosquera y Maturana (2012), pp. 290 a 292, y Tavolari (1996), pp. 73 y 74.

34Halpern y Humeres (2010), p. 346.

35Al respecto Hugo Fábrega señala lo siguiente: "Nuestro actual sistema de interpretación jurídica nos permite definir que, a la luz del artículo 3° inciso segundo del Código Civil, las sentencias judiciales tendrán un valor restrictivo sólo con alcances directos a las partes que están involucradas y vinculadas en el proceso judicial". A partir de lo dispuesto en el citado precepto, el autor obtiene la siguiente conclusión: "De esta manera, la regla que crea el juez es sólo aplicable, y por lo tanto tiene exclusiva fuerza vinculante, sobre aquellos que tuviesen participación en los grados que determina la ley procesal". Aplicando esa lógica al medio de impugnación introducido por la ley N° 20.260, expresa que la sentencia dictada en unificación de jurisprudencia "sólo es vinculante en las causas en la cual (sic) se pronunciaren, puesto que de modo contrario se pasaría a llevar nuestro sistema regulatorio radicado en la Potestad Jurisdiccional, haciendo vinculante el efecto de la "procedencia" (sic) obligatorio para los Tribunales de Justicia, realidad vigente en otros países1'. Ver Fábrega (2010), pp. 530 y 531.

36Odette (2013), p. 453.

37Al respecto Halpern y Humeres expresan que "en Chile la posición clásica y tradicional respecto del tema enunciado ha sido que el juez está llamado a resolver casos concretos, aplicando el derecho existente, general y abstracto, a una situación particular y concreta. Se ha expresado que no es su misión formular reglas de carácter general". Ver Halpern y Humeres (2010), p. 353.

38En este sentido, Halpern y Humeres afirman que no es misión de los jueces formular reglas de carácter general. Fundan esta perspectiva en que "en el sistema de división de poderes que consagra nuestra Constitución Política, el Poder Judicial está separado del Legislativo y los órganos jurisdiccionales -cuya cúspide es la Corte Suprema- tienen la función de interpretar y aplicar el derecho, pero no de crearlo". Ver Halpern y Humeres (2010), p. 353.

39Sobre el punto Camila Odette destaca que "la jurisprudencia no es fuente formal del derecho chileno, porque su función en el ordenamiento jurídico no es crear normas de derecho positivo". Acogiendo la perspectiva propia del sistema Europeo Continental, añade que este "ordenamiento jurídico no funciona en base al sistema de precedentes". Ver Odette (2013), p. 438.

40Al respecto textualmente expresa Marcela Díaz que "pensarlo de una manera diversa significaría otorgarle al recurso de unificación de jurisprudencia características impropias y hasta inconstitucionales (atentos al debido proceso y a que la relevancia de un criterio jurisprudencial no constituye ley)". Díaz (2014), p. 8.

41Halim (2011), p. 53.

42Gabriela Lanata no alude expresamente al artículo 483-C para negar efecto vinculante a la sentencia de unificación de jurisprudencia. No obstante, en parte reproduce y en parte interpreta aquella disposición cuando declara que, aunque no se señale expresamente en la regulación del recurso en análisis, la sentencia que acoge la unificación de jurisprudencia solicitada no afectará ninguna sentencia anterior "nipuede sostenerse que obligue a los tribunales en un futuro". Ver Lanata (2011), p. 288.

43Muñoz (2014).

44El cuadrienio indicado se justifica en que constituye el período de análisis jurisprudencial establecido en el proyecto Fondecyt del cual es tributario el presente trabajo de investigación.

45El marco teórico, metodología, antecedentes, resultados y conclusiones relativas al seguimiento del precedente por parte de la Corte Suprema conociendo del recurso de unificación de jurisprudencia laboral en el cuadrienio que sigue a la publicación de la ley N° 20.260 constituye el objeto de una investigación que se encuentra en actual proceso de arbitraje ante otra publicación científica. En este apartado sólo se presentan algunos datos de ese estudio que resultan relevantes para la presente investigación, pues evidencian que la Corte Suprema ha entendido y aplicado el recurso en cuestión bajo la lógica de seguimiento del precedente en el período referido.

46Couso y Mera (2011), p. 103.

47Este es el defecto lógico en el que incurren varios autores nacionales al reconocer un objetivo uniformador al recurso de unificación de jurisprudencia laboral y, al mismo tiempo, negarle el efecto precedencial al que se hizo referencia más arriba.

48Respecto del criterio lex posterior, pertinentes resultan las siguientes explicaciones de Guarinoni: "Un sistema que no adoptara este criterio de preferencia tendría normas imodificables, y no permitiría que nuevos legisladores introdujeran normas en el sistema". Y agrega: "Un sistema de este tipo se vería limitado para hacerse cargo de las condiciones sociales cambiantes". En cuanto al criterio lex specialis, explica el autor argentino: "se podría pensar en un sistema en el cual no se admitieran excepciones a la normas generales. La única vía establecerla sería derogar la norma general". Ver Guarinoni (2001), pp. 550, 552 y 553.

49 La ley orgánica procesal del trabajo de Venezuela contempla un recurso de casación que debe ser conocido por el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala de Casación Social. Dicha casación se acoge, entre otras hipótesis, cuando "se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicada falsamente una norma jurídica" (artículo 168, número 2, de la ley orgánica procesal del trabajo, de 2002). En íntima relación con la mencionada norma, el artículo 177 de la misma ley prescribe que los Jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

50La ley N° 29.497, de 2010, que regula el proceso laboral peruano, confiere un recurso de casación que es conocido por la Corte Suprema de Justicia de la República en contra de la sentencia recaída en el recurso de apelación. De acuerdo con el artículo 36 de dicha ley, esta casación procede en dos casos: si se ha incurrido en infracción normativa o, en lo que aquí centralmente interesa, si existe apartamiento de los precedentes vinculantes. A su turno, precedentes vinculantes son ciertas sentencias emanadas tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema cuyo seguimiento es obligatorio por parte de los tribunales que integran el Poder Judicial. En efecto, y respecto de estos últimos, el artículo 22 de la ley orgánica del Poder Judicial, de 1993, dispone que las sentencias de la Corte Suprema que esta misma determine tienen el carácter de precedente vinculante respecto del Poder Judicial.

51En este sentido, Jordi Delgado reconoce que el recurso extraordinario incluido en el proyecto de Código Procesal Civil chileno "apunta a la creación de una doctrina jurisprudencial y hasta podría llegar a ser, un precedente judicial". Ver Delgado (2012), p. 136.

52En este sentido se manifiesta Bulygin cuando expresa: "Cuando digo que la decisión del juez en un caso individual lo compromete a decidir de igual modo todos los casos iguales (o relevantemente análogos) no quiero insinuar que el juez esté (jurídicamente o moralmente) obligado a seguir sus propios precedentes. No se trata de una obligación, sino de una condición de racionalidad: un juez que resuelve dos casos iguales de manera distinta, sin indicar en qué consiste la diferencia que lo induce a hacerlo, actúa irracionalmente". Ver Bulygin (2003), p. 21.

53En el mismo sentido Mendonca y Guibourg afirman: "Tratar los casos iguales de manera igual es una de las formulaciones típicas de la regla de justicia", y precisan que la regla de justicia lo es de la justicia formal, esto es, la igualdad en la aplicación de la ley. Ver Mendonca y Guibourg (2004), pp. 185 y 186.

54Al respecto consultar Díaz (2012), pp. 33-76.

55Al explicar una de las tres excepciones en que el legislador puede juzgar, Montesquieu advierte que podría ocurrir que "la ley, que es al mismo tiempo previsora y ciega, fuese, en casos dados excesivamente rigurosa". Frente a esta situación, afirma que "los jueces de la nación, como es sabido, no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma". Por lo mismo, "es necesario que se constituya en tribunal, y juzgue, la parte del cuerpo legislativo a que dejamos hecha referencia [la formada por los nobles], porque su "autoridad suprema puede moderar la ley en favor de la ley misma, dictando un fallo menos riguroso que ella". Montesquieu (1984), p. 194.

56Según Kelsen, los jueces crean normas jurídicas en la decisión o fallo. Al respecto explica: "Al resolver una controversia entre dos particulares o condenar a un acusado a sufrir determinado castigo, el tribunal aplica, es verdad, una norma general de derecho consuetudinario o legislado". Sin embargo, añade, "al mismo tiempo, crea una norma individual que establece determinada sanción que habría de imponerse a cierto individuo". En este sentido, concluye, "la función judicial, lo mismo que la legislativa, es, al propio tiempo, creación y aplicación del derecho". Ver Kelsen (1995), p. 159. La idea es reiterada, aunque de modo menos desarrollado, en Kelsen (1994), p. 25.

57De Asís expresa que no parece problemático admitir "que todo fallo puede ser descrito como una norma singular o individual. Presenta las notas características de las normas, con la única especialidad de que sus destinatarios son, por regla general, las partes del proceso. Ver De Asís (1995), p. 235.

58Squella explica que "cada vez que un juez, en aplicación de las normas legales que regulan el caso, adopta en su sentencia una determinada decisión, está introduciendo una norma jurídica individual que estatuye alguna consecuencia jurídica bien específica para determinados individuos, norma individual que, como tal, no existía antes de la sentencia y que es también distinta de las normas generales de la ley que condujeron a su establecimiento". Ver Squella (2011), p. 371.

59En palabras de De Asís el criterio sistemático "señala que la interpretación debe hacerse atendiendo al texto legal en el que la norma se inserta o al Ordenamiento en su conjunto", mientras el criterio teleológico "subraya la importancia de analizar el espíritu o finalidad de las normas a la hora de interpretarlas". Ver De Asís (1995), pp. 187 y 188.

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Biblioteca del Congreso Nacional (2008): "Historia de la ley N° 20.260". Disponible en: http://www.leychile.cl/Consulta/portada_hl?tipo_norma=XX1&nro_ley=20260&anio=2013 [visitado el 25/08/2013]         [ Links ].

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Whittaker, Simon (2008): "El precedente en el derecho inglés: una visión desde la ciudadela" (Traducc. Cristián Banfi del Río), en: Revista Chilena de Derecho (Volumen XXXV, N° 1), pp. 37-83. Disponible en: <http://www.scielo. cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000100003&lng=es &nrm=iso > [visitado el 7/05/2009]         [ Links ].

Normas Jurídicas citadas

Código del Trabajo de Chile, decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Diario Oficial de 16 de enero de 2003.

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Ley orgánica del Poder Judicial de Perú, Diario Oficial El Peruano de 2 de junio de 1993. Disponible en: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSupremaPJ/s_Corte_Suprema/as_Conocenos/normativalegal [visitado el 11/04/2013].

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Trabajo recibido el 1 de abril de 2014 y aprobado el 27 de junio de 2014

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