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Ius et Praxis

On-line version ISSN 0718-0012

Ius et Praxis vol.24 no.2 Talca Dec. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122018000200183 

Artículos de Investigación

Procedimientos administrativos disciplinarios en Chile. Una regulación vulneradora del derecho fundamental al debido proceso

Disciplinary administrative procedures in Chile. A Due Process of Law Fundamental Right infringing regulation

Luis Iván Díaz García1 

Patricia Urzúa Gacitúa2 

1Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho Universidad Carlos III de Madrid, España. Correo electrónico: ivandiaz@uct.cl.

2Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Magíster en Derecho por la misma Universidad, Chile. Correo electrónico: patriciaurzu@gmail.com.

Resumen:

La presente investigación evidencia que los procedimientos administrativos disciplinarios, a través de los cuales se pretende hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en Chile, vulnera sustancialmente diversas exigencias del derecho fundamental al debido proceso.

Palabras clave: Derechos fundamentales; Proceso debido; Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos

Abstract:

This research makes evident that disciplinary administrative procedures through which public servants administrative responsibility is intended to be put in effect in Chile, substantially violates a number of the right to a Due process of Law requirements.

Key words: Fundamental Rights; Due Process of Law; Public Servant’s Disciplinary Responsibility

Introducción1

Lo que, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, se denomina derecho fundamental al debido proceso2 puede ser definido como el conjunto de derechos que tienen por finalidad asegurar que las pretensiones de las partes sean adecuadamente consideradas por el órgano llamado a tomar una decisión sobre las mismas. Ese conjunto de derechos de incidencia orgánica y procedimental constituyen las exigencias de lo que genéricamente se denomina proceso equitativo en el Convenio Europeo3, proceso con todas las garantías en la Constitución española4, debido proceso legal en la Constitución de Estados Unidos de América5, proceso justo en la tradición constitucional alemana6 y proceso racional y justo en la Constitución chilena7.

En general, resulta posible sostener que esos derechos fundamentales irradian sus efectos sobre la configuración y aplicación de todos los órganos y procedimientos a través de los cuales se ejerce jurisdicción. Sin embargo, una tal afirmación no está exenta de dificultades en el ámbito administrativo disciplinario. La primera de ellas consiste en elucidar si estas exigencias del debido proceso son efectivamente aplicables a los procedimientos administrativos a través de los cuales se intenta hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios8. La segunda se refiere a si tales procedimientos administrativos son respetuosos de esas mismas exigencias.

Esta investigación se incardina precisamente en aquella órbita de dificultades, pero limitándose a los procedimientos administrativos disciplinarios de general aplicación, esto es, el sumario administrativo y la investigación sumaria contemplados en la Ley Nº 18.834. De acuerdo con lo que se viene diciendo, el trabajo pretende responder dos preguntas. La primera de ellas se refiere a si los mencionados procedimientos disciplinarios deben respetar las exigencias del derecho fundamental al debido proceso. Aunque la respuesta es bastante simple en el contexto del ordenamiento jurídico chileno, conviene enfrentarla como cimiento del segundo y principal problema planteado en este texto. En efecto, la segunda de esas preguntas inquiere si aquellos procedimientos respetan las exigencias iusfundamentales del debido proceso.

Las preguntas planteadas no son irrelevantes si se considera que en virtud de un procedimiento administrativo disciplinario se pueden aplicar diversas sanciones al funcionario investigado, entre las cuales se incluyen la destitución del cargo. La cuestión, por cierto, no consiste en rechazar la aplicación de medidas disciplinarias a quien incumple sus deberes funcionarios. El problema, más bien, se vincula con la legitimidad de la sanción estatal. En efecto, seguramente resultaría muy difícil cuestionar su aplicación si constituye el resultado de un debido proceso. La posición no sería la misma si la sanción aplicada deriva de un procedimiento en que se han infringido de manera más o menos severa los derechos fundamentales del ámbito procesal.

Las hipótesis sostenidas en este trabajo responden de modo afirmativo y de modo negativo, respectivamente, las dos preguntas indicadas: los procedimientos administrativos disciplinarios contemplados en la Ley Nº 18.834 deben someterse a las exigencias del derecho fundamental al debido proceso, pero su actual regulación evidencia que aquellas exigencias se encuentran severamente insatisfechas.

Para efectos de enfrentar las dos cuestiones mencionadas el trabajo se vertebra en torno a tres apartados.

El apartado inicial se hace cargo de la primera de las preguntas planteadas, ofreciendo las razones por las que las exigencias del derecho fundamental al debido proceso resultan aplicables a los procedimientos administrativos disciplinarios. El asunto, según se ha anunciado, tiene una respuesta sencilla en el Derecho chileno, y de ahí su breve extensión.

El siguiente apartado enfrenta la segunda de las preguntas que guían la investigación. Para este efecto se hace un análisis de cada uno de los derechos constitutivos del debido proceso, en una doble perspectiva. Por una parte, se precisa el contenido de cada uno de ellos, a partir de lo establecido en el Derecho internacional y en el Derecho constitucional chileno. Por otra parte, y en contraste con aquel contenido, se explicitan las falencias iusfundamentales de la regulación del sumario administrativo y de la investigación sumaria regulados en la Ley Nº 18.834.

En el tercer y último apartado se ofrecen las conclusiones, en las que se evidencia que, pese a ciertos aportes de la Ley Nº 19.880, los mencionados procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran todavía muy lejos de las exigencias que derivan del derecho fundamental al debido proceso.

I. El derecho fundamental al debido proceso y los procedimientos disciplinarios

El Derecho internacional de los derechos humanos establece un conjunto de exigencias para estar en presencia de un debido proceso. Al efecto se suele distinguir entre aquellos derechos que resultan aplicables a toda clase de proceso de aquellos dirigidos fundamentalmente al proceso penal. Así, por ejemplo, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9, en adelante el Pacto, y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos10, en adelante la Convención Americana, establecen “los requisitos aplicables a todo proceso judicial, los que son seguidos por varios párrafos aplicables a los procesos penales11. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante la Declaración Universal, por su parte, hace similar distinción en los artículos 10 y 1112. La Constitución chilena también contempla un conjunto de derechos fundamentales a los que se debe someter un proceso, y su imperfecto texto ha sido complementado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El problema consiste en determinar si ese conjunto de exigencias iusfundamentales establecidas tanto por el Derecho internacional como por el Derecho interno resultan aplicables a los procedimientos administrativos disciplinarios. A partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno y de las normas legales del país, resulta posible sostener una respuesta afirmativa.

La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que “cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas”. Y agrega: “Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana”13.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha declarado que la expresión “órgano que ejerza jurisdicción” del artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución chilena, debe entenderse en sentido amplio, sin limitación alguna, a todo ente, cualquiera sea su naturaleza. La expresión “sentencia”, incluida en la misma disposición, alude a toda resolución que decide una controversia de relevancia jurídica14. Por lo mismo, ha declarado que tanto los órganos administrativos como los judiciales deben someterse a las exigencias de un procedimiento racional y justo15. De este modo, aquellas exigencias del debido proceso son aplicables a los procedimientos disciplinarios e, incluso, al seguido en contra de un funcionario del Poder Judicial16.

La Ley Nº 18.575 extiende el derecho fundamental al debido proceso de manera específica a los procedimientos administrativos disciplinarios al establecer: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento17. Según se expresó al inicio de este trabajo, la expresión “racional y justo procedimiento” es la fórmula elegida por la Constitución chilena para aludir al derecho al debido proceso18. De este modo, y en virtud de una decisión político jurídica expresa, este derecho fundamental se aplica a los procedimientos administrativos a través de los cuales se pretende determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos.

Sólo el Comité de Derechos Humanos aparece en algún grado desalineado de la perspectiva que acaba de explicarse, al negar uno de los derechos incluidos en el derecho al debido proceso a los funcionarios públicos. Al efecto ha precisado que la expresión “determinación de los derechos y obligaciones civiles”, contenida en el mencionado artículo 14.1 no abarca “sólo los procedimientos para determinar los derechos y las obligaciones relativos a los contratos, la propiedad y los perjuicios extracontractuales en derecho privado”, sino también otros procedimientos que deben ser determinados caso a caso19. No obstante, el mismo Comité ha sostenido expresamente que el derecho al acceso a un tribunal competente, independiente e imparcial no se aplica en el caso de las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos, porque no se comprenden en el concepto de “derechos u obligaciones de carácter civil20.

La posición del Comité de Derechos Humanos no puede, sin embargo, ser aplicada en el orden interno. Esto se debe, en primer lugar, a que la interpretación que en definitiva se adopte en Chile sobre el contenido del derecho fundamental al debido proceso no puede estar por debajo de los mínimos establecidos por la Convención Americana21. En segundo lugar, porque el principio pro homini exige interpretar las normas de derechos fundamentales de un modo que permita su efectivo disfrute por las personas. Por último, porque a nivel constitucional y legal chilenos se ha optado por someter los procedimientos administrativos disciplinarios al derecho fundamental al debido proceso, según se ha visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la regulación de la Ley Nº 18.834.

En definitiva, los procedimientos administrativos disciplinarios deben respetar el derecho fundamental al debido proceso por exigirlo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y expresas normas chilenas de jerarquía legal22.

II. Exigencias del derecho fundamental al debido proceso

A partir de lo establecido por la Declaración Universal, por el Pacto, por la Convención Americana, y por la Constitución chilena, enriquecidos por la jurisprudencia y por la doctrina, resulta posible precisar qué derechos se incluyen en el derecho fundamental al debido proceso. Siguiendo a Bordalí, son todos aquellos derechos del ámbito procesal, excluidos los que constituyen el derecho a la tutela judicial23. En concreto, y para el ámbito no penal, los derechos incluidos en el derecho fundamental al debido proceso son los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, (2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad de los actos procesales, (5) derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una sentencia motivada24.

A continuación se revisa cada uno de estos derechos, en una doble dimensión. Por una parte, se precisa el contenido de los mismos, con la finalidad de establecer el estándar conforme al cual serán evaluados los procedimientos disciplinarios. Por otra parte, se analizan los procedimientos administrativos disciplinarios regulados en la Ley Nº 18.834, de 1989, en relación con cada una de las exigencias establecidas por el derecho fundamental al proceso debido. Mediante este contraste se podrá evaluar la regulación ofrecida por el Derecho chileno, desde la perspectiva del respeto de los derechos que permiten configurar el proceso debido.

1. El derecho fundamental a un juzgador equitativo

1.1. Contenido del derecho fundamental al juzgador equitativo

El derecho fundamental al juez natural25 es también denominado derecho al juez predeterminado por ley26. En el contexto nacional se le conoce como la prohibición de comisiones especiales, debido a la fórmula semántica empleada por la Constitución27. Sin embargo, ninguna de estas expresiones otorga una adecuada cobertura semántica al contenido de este derecho fundamental, que incluye cinco exigencias relativas al órgano llamado a ejercer jurisdicción: que haya sido establecido por ley, que haya sido establecido con anterioridad al hecho que debe enjuiciar, que sea legalmente competente, que sea independiente y que sea imparcial.

En el ámbito internacional, la Declaración Universal sólo menciona dos de esas exigencias28 y el Pacto cuatro de las mismas29. No obstante, la Convención Americana las menciona todas30 y la Corte Interamericana ha sostenido que constituye un principio básico del proceso justo31. Por su parte la Constitución chilena, pese a ser posterior a todos esos instrumentos internacionales, sólo menciona dos de esos requisitos: que el juez esté determinado por ley y con anterioridad al hecho que debe enjuiciar32. En todo caso, el Tribunal Constitucional chileno se ha encargado de completar estas exigencias al sostener que todo juzgamiento debe proceder de un órgano independiente e imparcial33.

Ahora bien, conviene destacar que lo esencial en el derecho al juez equitativo es que el juzgador cuente con las cualidades de independencia e imparcialidad, las que por cierto no deben ser confundidas34. Las exigencias de creación por ley, con anterioridad a los hechos que debe enjuiciar y legalmente competente, si bien son relevantes, tienden a asegurar aquellas cualidades35. De hecho el Comité de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las mismas al declarar, con acierto, que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”36. Por ello a continuación se dirá algo más sobre ambas exigencias.

Desde un punto de vista histórico, el derecho fundamental a la independencia consiste en que el juzgador no sea influenciado o controlado por el gobierno al momento de resolver los casos sometidos a su decisión37. No obstante, en un sentido más amplio, la independencia consiste esencialmente en la no interferencia38, esto es, en que el juzgador cuenta con las condiciones necesarias para resolver el asunto sin presiones, influencias o injerencia de terceros39. Para asegurar esta independencia son necesarios, en palabras de la Corte Interamericana, resguardos como un adecuado proceso de nombramiento, una duración establecida en el cargo y una garantía contra presiones externas40.

En palabras de la Asamblea de Naciones Unidas, la imparcialidad del juzgador es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, y exige resolver los asuntos de que conoce basándose en los hechos y en consonancia con el Derecho41. Supone “que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes”42. Para el resguardo de la imparcialidad, deben existir mecanismos que puedan ser promovidos tanto por el propio juzgador, como por las partes o, para efectos del presente estudio, el afectado.

1.2. El derecho al juzgador equitativo en procedimientos administrativos disciplinarios

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Nº 18.834, el juzgador en los procedimientos disciplinarios es el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda43. De este modo, resulta posible concluir que se encuentra establecido legalmente, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y que su competencia le ha sido otorgada por ley. Menos satisfactoria es la situación del juzgador respecto de la independencia y de la imparcialidad, como se verá de inmediato44.

En efecto, y en cuanto a la primera, las jefaturas más arriba mencionadas no cuentan con resguardos que puedan asegurar la no interferencia de terceros en la decisión del procedimiento administrativo disciplinario. En efecto, se trata de autoridades que carecen de un adecuado proceso de nombramiento, de una duración establecida en el cargo y de una garantía contra presiones externas. Nada de esto caracteriza el ejercicio del cargo por parte del jefe superior de la institución, del Secretario Regional Ministerial o del Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, que habitualmente son funcionarios de exclusiva confianza del Gobierno de turno.

En cuanto a la imparcialidad, el estatuto administrativo no contempla mecanismos para asegurarla respecto de la autoridad llamada a resolver la aplicación de la sanción disciplinaria. No obstante, la Ley Nº 19.880 establece que los procedimientos administrativos deben someterse, entre otros, a los principios de imparcialidad y de abstención45. El primero de ellos es definido sobre genéricas exigencias de objetividad y probidad46. Más precisa es la regulación del segundo principio, en el que se “materializa un medio para lograr la imparcialidad”47. En efecto, el principio de abstención impide a los funcionarios afectados participar en procesos administrativos en que puedan carecer de imparcialidad y, además, se puede pedir su inhabilidad por los interesados48.

Esta escasa regulación normativa del principio de imparcialidad no es suficiente. De un lado, este principio se aplica a las personas que integran el órgano encargado de enjuiciar y no al órgano mismo49, pese al interés público que le corresponde perseguir. De otro lado, la actuación de las autoridades en las que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayan intervenido50. Esta última disposición de la Ley Nº 19.880 permite tener por válidas las decisiones adoptadas por una autoridad carente de imparcialidad. Con todo, la jurisprudencia ha declarado inconstitucional la sanción aplicada en el contexto de un procedimiento disciplinario si el jefe superior del servicio que la dictó no es imparcial51.

Aunque la evaluación de imparcialidad no alcanza al fiscal o investigador del respectivo procedimiento disciplinario, parece conveniente exigirla por la importancia de este órgano en la configuración de las pruebas que obrarán en la causa y por su facultad de proponer la decisión a la autoridad que en definitiva resolverá52.

2. El derecho fundamental a la igualdad procesal de las partes

2.1. Contenido del derecho fundamental a la igualdad procesal de las partes

El derecho fundamental a la igualdad procesal de las partes es acogido por los diversos instrumentos internacionales, aunque bajo diversas fórmulas semánticas. Así, por ejemplo, la Declaración Universal y el Pacto enfatizan la igualdad de toda persona ante los tribunales53, mientras la Convención Americana pone el acento en la igualdad en el proceso penal54. Resulta posible sostener que la Constitución chilena acoge el mismo derecho fundamental al otorgar a toda persona la igual protección en el ejercicio de sus derechos55. Este derecho no debe ser confundido con el derecho fundamental a la igualdad ante la justicia, también llamado igualdad en la aplicación de la ley56, que consiste, en esencia, en que los casos iguales sean decididos de la misma manera57.

El derecho fundamental a la igualdad procesal garantiza, en palabras del Comité de Derechos Humanos, “los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna”58. Por tanto, se trata de un derecho que irradia tanto sobre el momento previo al inicio del proceso (igualdad de acceso), como durante el desarrollo del mismo (igualdad de medios procesales)59. Para efectos de este trabajo resulta pertinente centrarse únicamente en el segundo.

El derecho fundamental a la igualdad de medios procesales consiste en que los distintos sujetos del proceso, esto es, quien solicita una decisión jurisdiccional y aquel contra o frente al cual tal decisión se solicita, reciban un trato equivalente en el desarrollo de sus pretensiones y deberes durante el transcurso del juicio, de modo tal que ambos dispongan de posibilidades equivalentes para sostener y fundamentar lo que cada cual estime que le conviene60. Esto significa, en palabras de Hunter, que “el proceso debe articularse como una balanza equilibrada de posibilidades de acción y defensa, para uno u otro litigante”61.

Corresponde preguntarse a quiénes se aplica este derecho fundamental a la igualdad de medios procesales, es decir, quiénes son las partes. Desde el punto de vista procesal civil, las partes son cada uno de los sujetos del conflicto62 o, para decirlo más precisamente, “los sujetos privados del proceso, en relación a los cuales se cumple la función jurisdiccional”63. Esta noción no es, sin embargo, del todo acertada desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos. Desde esta perspectiva el concepto de parte debe ser entendido en un sentido más amplio como cada uno de aquellos intervinientes en el proceso que sostienen una determinada posición frente a quien debe resolver el caso. Entenderlo de otra manera importaría limitar indebidamente el alcance del derecho a la igualdad procesal de las partes. En efecto, y según ha declarado el Comité de Derechos Humanos, este derecho resulta aplicable no sólo frente a los tribunales de justicia, “sino que también debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un órgano una función judicial”64.

Por último, conviene explicitar la relación que existe entre el derecho fundamental a la igualdad de medios procesales y los principios de bilateralidad de la audiencia65 y de contradicción66. La bilateralidad de la audiencia es condición de posibilidad de la igualdad de medios procesales, porque exige otorgar a la contraparte la posibilidad de oponerse a los hechos y pruebas presentados en su contra67. El principio de contradicción, por su parte, surge cuando la parte se opone a las pretensiones o impugnaciones sostenidas en su contra. Pues bien, y siguiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos, la prueba debe ser producida respetando el principio de contradicción (o cláusula de confrontación, en la terminología anglosajona) por cuanto aquél refleja un juicio acerca de cómo la credibilidad de la prueba puede ser mejor determinada”68. En similar sentido, pero ahora en el ámbito administrativo, el Tribunal Constitucional ha sostenido que un acto administrativo que permite la baja o retiro del personal generado sin contradicción lesiona el derecho a la defensa69.

En suma, el derecho fundamental a la igualdad de las partes, bajo su dimensión de igualdad de medios procesales, exige, entre otros elementos, que las partes cuenten con iguales posibilidades para formular sus pretensiones y alegaciones y para probarlas, como así también que, en virtud de los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción, cuenten con iguales oportunidades para desvirtuar las alegaciones y para confrontar la prueba presentada en su contra durante el desarrollo del proceso.

2.2. El derecho a la igualdad de las partes en procedimientos administrativos disciplinarios

No resulta acertado hablar de “partes” en los procedimientos que buscan determinar la responsabilidad administrativa de un empleado público. En efecto, sólo el funcionario inculpado tiene esta calidad, no así el investigador en el caso de la investigación sumaria ni el fiscal en el caso del sumario administrativo.

En efecto, el inculpado es aquel funcionario que aparece involucrado en los hechos y que puede ser responsable administrativamente de eventuales infracciones disciplinarias70. El investigador es el funcionario encargado de verificar la existencia de los hechos de individualizar los responsables y su participación, si los hubiere, de formular cargos y de emitir el informe o vista en el que formulará la proposición de sanción que estime pertinente, si procede71. El fiscal, a su turno, es el funcionario encargado de investigar el hecho y la participación, de formular los cargos y de emitir un dictamen en el que propondrá la sanción aplicable, si procede72.

Lo expresado permite afirmar que los procedimientos administrativos disciplinarios no responden al modelo acusatorio73, sino que se asemejan al procedimiento inquisitivo74. En efecto, “el procedimiento consiste en una investigación secreta (encuesta), cuyos resultados constan por escrito, en actas que, a la postre, constituirán el material sobre la base del cual se dictará el fallo75. Por otra parte, y desde un punto de vista orgánico, en el fiscal y en el investigador se radican, simultáneamente, los roles de investigador, acusador y autor de la propuesta de sanción. En el relatado contexto el fiscal y el investigador aparecen dotados de amplias facultades para realizar la investigación y generar pruebas incriminatorias76, y con conocimiento exclusivo de los antecedentes de la misma gracias al secreto del sumario77.

El funcionario inculpado, por su parte, y es esto lo que repugna al principio de igualdad procesal de las partes, se encuentra claramente en desventaja. Por una parte, no tiene noticia de que se desarrolla una investigación sumaria o un sumario administrativo en su contra hasta que se le toma declaración78, lo que perfectamente puede constituir la última actuación del sumario. Por otra parte, no tiene conocimiento de las pruebas que obran en su contra hasta que concluye el sumario debido al secreto del mismo79. En tercer lugar, todos los antecedentes reunidos durante la investigación sumaria o durante el sumario administrativo pueden ser utilizados para fundar la sanción disciplinaria que en definitiva se aplique. Esto significa que la prueba se ha producido sin que el inculpado haya podido controvertirla al momento de producirse, lo que constituye una infracción al principio de contradicción80.

Todos estos problemas constituyen consecuencias del diseño jurídico institucional del procedimiento disciplinario, que ha asumido la estructura orgánica inquisitiva reformada. En efecto, el fiscal o el investigador se encuentran inevitablemente comprometidos con el resultado de su propia investigación. En cuanto órgano encargado de investigar y de acusar a partir de los resultados de la instrucción, en algún grado le son aplicables las críticas dirigidas al juez del sistema inquisitivo y que fueron profusamente analizadas en la época en que se debatía la implementación de la actual justicia penal oral81. Este diseño repugna, por lo demás, a las exigencias establecidas en el Derecho comparado para poder utilizar las pruebas producidas durante la etapa de investigación o instrucción82. Sólo bajo un diseño acusatorio formal sería posible asegurar la igualdad entre quien pretende la imposición de una sanción administrativa disciplinaria y quien se defiende de ella83.

Por último, es efectivo que el Tribunal Constitucional ha sostenido que “el hecho de que el investigador que formula cargos tenga asimismo la facultad de dirigir la producción de la prueba no repugna, por sí solo, la racionalidad o la justicia de un proceso o de la investigación que le precede”84. Sin embargo, no es este aspecto el que se cuestiona al procedimiento administrativo disciplinario, sino la desigualdad procesal en que se encuentra el funcionario desde las perspectivas de conocer, alegar y probar.

3. Derecho fundamental a la defensa

3.1. Contenido del derecho fundamental a la defensa

El derecho fundamental a la defensa puede resumirse, siguiendo la Declaración Universal, en que la persona cuente con todas las garantías necesarias para su defensa85. En el ámbito internacional el derecho a la defensa abarca dos dimensiones. De un lado, el derecho al tiempo y a los medios necesarios para preparar la defensa86. De otro lado, el derecho a la asistencia letrada87. El texto de la Constitución chilena, por su parte, sólo recoge la segunda de las señaladas dimensiones, aunque de manera bastante limitada88.

En cuanto al tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa, la Corte Interamericana ha sostenido que este derecho fundamental exige que el imputado sea notificado que tiene tal calidad antes de su primera declaración89. Además, incluye el doble derecho al acceso a los documentos y testimonios necesarios para preparar la defensa y al tiempo necesario “para conocer la totalidad de las pruebas que obran en su contra”90. El Tribunal Constitucional chileno, por su parte, de manera inexacta ha vinculado el derecho a la defensa al principio de igualdad procesal de las partes, en su vertiente de bilateralidad de la audiencia91. No obstante, la jurisprudencia judicial ha declarado que sancionar al funcionario por hechos acaecidos con posterioridad al inicio del respectivo procedimiento administrativo atenta contra el derecho a defensa92.

En cuanto al derecho a la defensa letrada, el Pacto y la Convención Americana coinciden en otorgar tres derechos de libertad a toda persona acusada de delito: a ser asistido por un defensor de su confianza, a comunicarse libre y privadamente con él y, como alternativa, a defenderse por sí mismo93. El Pacto agrega el derecho a ser informado del derecho a contar con asistencia letrada94. La Constitución chilena, según se ha dicho, regula este derecho al establecer, en esencia, que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale95.

El Tribunal Constitucional chileno ha enriquecido el contenido constitucional del derecho fundamental a la defensa letrada. Además de reconocer su relación sustancial con el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos96, ha sostenido que la defensa técnica no se limita a la accesibilidad inicial a un medio de defensa, sino que se ha de manifestar en todos los estadios del procedimiento97. Así lo ha entendido al sostener que “el derecho a la defensa jurídica debe poder ejercerse, en plenitud, en todos y cada uno de los estadios en que se desarrolla el procedimiento, en los cuales se podrán ir consolidando situaciones jurídicas muchas veces irreversibles”98.

3.2. El derecho a la defensa en procedimientos administrativos disciplinarios

El derecho fundamental a la defensa en los procedimientos administrativos disciplinarios se limita únicamente al derecho a la defensa técnica. En cuanto a la defensa técnica, el Estatuto Administrativo reconoce expresamente la posibilidad de efectuar la defensa del inculpado por medio de abogado. No obstante, el letrado sólo puede tener acceso al expediente de investigación luego de la formulación de cargos99, lo que ha sido confirmado por la Contraloría100.

Por otra parte, el Estatuto Administrativo no contiene normas relativas al derecho del funcionario público llamado a declarar durante la etapa indagatoria de un sumario a comparecer asistido por su abogado. No obstante, por aplicación supletoria del inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880 puede actuar con dicha asistencia cualquiera sea la calidad en que se solicite su declaración101. Así lo ha entendido también la Contraloría, reconociendo la aplicación, en el ámbito disciplinario, del derecho a la defensa jurídica. Al respecto ha precisado que “la presencia del abogado del declarante no obsta al carácter secreto de la etapa indagatoria de los sumarios administrativos previsto por el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, toda vez que si bien en virtud de dicho secreto se limita el conocimiento del expediente administrativo respectivo, ello no puede constituir un impedimento para el ejercicio del derecho que se examina102.

Sin perjuicio de lo recién indicado, conviene advertir que el funcionario inculpado carece de importantes derechos asociados al derecho fundamental a la defensa. Por una parte, el tiempo que se otorga al inculpado para acceder a los medios de prueba que obran en su contra y, en su caso, defenderse de ellos, es de dos días en el caso de la investigación sumaria103 y de cinco días en el caso del sumario administrativo104. Por otra parte, el inculpado tiene esos mismos plazos para manifestar si desea presentar prueba105, la que por cierto deberá estar identificada106. En tercer lugar, no existe obligación legal de informar al inculpado sobre su derecho a contar con asistencia letrada. Por último, y según se ha expresado, se carece de asistencia letrada de incidencia en el proceso durante el sumario, precisamente cuando se genera la mayor parte de la prueba, sino sólo desde la notificación de cargos.

4. Derecho fundamental a la publicidad del proceso

4.1. Contenido del derecho fundamental a la publicidad del proceso

La publicidad del proceso es un derecho fundamental expresamente reconocido en la Declaración Universal107, en el Pacto108 y en la Convención Americana109. Conviene advertir que en el caso de los dos primeros se establece respecto de todo proceso, mientras en el último se otorga específicamente en el ámbito penal. La Constitución chilena no menciona el derecho fundamental a la publicidad del proceso de manera expresa. No obstante, el Tribunal Constitucional lo ha incluido reiterada y expresamente como requisito del proceso racional y justo110. Por lo demás, la publicidad de los actos de los órganos del Estado resulta esencial para la adecuada protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos111, y de ahí su centralidad en la configuración de un proceso debido.

Este derecho fundamental tiene un doble alcance, atendiendo a quiénes son favorecidos con el mismo. En efecto, el principio de publicidad del proceso puede referirse a quienes forman parte del proceso, de un lado, y puede referirse a terceros ajenos al mismo, de otro lado. En el primer caso se “favorece a los interesados en el ejercicio de los derechos subjetivos” y en el segundo se favorece “a la sociedad en la participación democrática, en cuanto a la toma de decisiones y en el control del poder público en general”112.

Aquel doble alcance del derecho fundamental a la publicidad ha sido expresamente reconocido por el Comité de Derechos Humanos. En efecto, interpretando el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “La publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye así una importante garantía que va en interés de la persona y de la sociedad en su conjunto”113. Esta distinción, bastante evidente por lo demás, permite, por ejemplo, que se otorgue publicidad a los actos del proceso para quienes forman parte del mismo y se le niegue a terceros ajenos cuando así lo recomiende el interés de la justicia114.

Ahora bien, y en lo que centralmente interesa a efectos del presente trabajo, corresponde decir todavía algo más sobre el alcance del derecho a la publicidad respecto de quienes forman parte del proceso. La publicidad de los actos procesales respecto de las partes “no sólo alcanza los actos judiciales, sino también los documentos y los demás escritos que constan en los autos”115. Como los instrumentos internacionales mencionan los casos en que se puede limitar la publicidad con carácter excepcional116, el disfrute de este derecho fundamental por las partes del proceso, debe constituir la regla general en los diversos momentos del mismo.

4.2. El derecho fundamental a la publicidad del proceso en los procedimientos disciplinarios

En los procedimientos administrativos disciplinarios existe una grave limitación al derecho a la publicidad del proceso. En efecto, durante la etapa indagatoria rige el llamado “secreto del sumario”, en virtud del cual se priva tanto a las partes como a los terceros de la posibilidad de conocer los resultados de la carpeta investigativa117.

Aquella reserva decae de manera progresiva para el funcionario afectado y para terceros. Respecto del inculpado y del abogado que asumiere su representación el secreto del sumario administrativo subsiste sólo hasta la fecha de formulación de cargos, momento a partir del cual tendrá acceso al expediente. Por ende, en el lapso que media entre la formulación de cargos y la fecha en que el proceso queda concluido, éste puede ser conocido sólo por el funcionario inculpado y su abogado. Sólo una vez que los procesos disciplinarios se encuentran totalmente tramitados, los documentos que les sirvan de sustento pierden la connotación de secretos y les resulta aplicable el principio de publicidad, pudiendo los interesados acceder al mismo.

La Contraloría ha justificado el secreto del sumario al afirmar que, si bien “tiene como uno de sus sustentos básicos el asegurar el éxito de la investigación y el resguardo del debido proceso, como se expresa en el referido oficio Nº 0639, del presente año, tal privacidad también posee como uno de sus fundamentos esenciales el resguardar la honra y el respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos que se investigan, toda vez que las conclusiones a que se llegue en dicho proceso sólo quedan a firme una vez que éste se encuentre totalmente tramitado”.

Como se puede advertir, la reserva respecto de terceros aparece justificada en la tutela del derecho fundamental a la honra del afectado. No obstante, respecto del funcionario afectado el secreto se ampara en el éxito de la investigación. Tal justificación no parece admisible, si se tiene en cuenta que incluso en el ámbito penal la reserva tiene una duración limitada respecto del imputado, debe extenderse a piezas determinadas y puede siempre ser objeto de control judicial118. Ninguna de estas tres limitaciones, que intentan equilibrar el éxito de la investigación con el derecho a la publicidad del proceso para el afectado, encuentran acogida en el ámbito administrativo disciplinario. La reserva resulta todavía más grave si se considera que el fiscal puede decretar la suspensión provisional del cargo al funcionario investigado, sin que este conozca los antecedentes que justifican esa medida provisoria119.

5. Derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable

5.1. Contenido del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable

El único de los textos jurídicos en análisis que incluye el derecho a ser enjuiciado “dentro de un plazo razonable” de manera general es la Convención Americana120. El Pacto contempla el derecho a ser enjuiciado “sin dilaciones indebidas121, pero limitado al ámbito penal122. Con todo, el alcance de ambas fórmulas semánticas debe entenderse referida al mismo bien. Por su parte, la Declaración Universal y la Constitución chilena nada expresan sobre la materia. No obstante, el Tribunal Constitucional le ha otorgado carácter iusfundamental al sostener que forma parte del derecho fundamental a un procedimiento racional y justo123.

La razonabilidad del plazo de enjuiciamiento no puede ser evaluada sino en relación con el caso concreto. Al respecto la Corte Interamericana ha declarado que “se debe tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”124. El Comité de Derechos Humanos, en una interpretación referida al ámbito penal, pero perfectamente aplicable a sedes no penales, considera los tres primeros elementos125.

En definitiva, ser enjuiciado en un plazo razonable constituye un derecho fundamental relativo a las circunstancias del caso, de modo que no se puede resolver en abstracto si han existido dilaciones indebidas. Con todo, conviene advertir que no resulta aplicable el decaimiento del acto administrativo, porque dicha institución se aplica a un acto terminal126, cuando han desaparecido los supuestos fácticos o jurídicos que se tuvieron en cuenta para la dictación del mismo127. Al efecto se debe recordar que los procedimientos disciplinarios tienen como acto terminal precisamente la decisión del caso y el retardo en su dictación o en la conclusión del procedimiento respectivo no generan el decaimiento128.

5.2. El derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable en los procedimientos disciplinarios

El Estatuto Administrativo establece plazos breves para la ejecución de los trámites contemplados en la investigación sumaria y en el sumario administrativo129. Sin embargo, estos plazos no son fatales, atendida su finalidad, que es el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos. De este modo, su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo130. En consecuencia, la inobservancia de los plazos no afecta la regularidad de las actuaciones del procedimiento131.

Esta falta de caducidad ha llevado que en la práctica sea común que estos plazos se excedan ampliamente. Así lo evidencia la nutrida jurisprudencia administrativa, la que se ha pronunciado reiteradamente sobre la dilación de los procesos disciplinarios. Al respecto ha señalado que “en cuanto al exceso de los plazos en la sustanciación del sumario en examen, cumple con anotar, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen Nº 55.658, de 2014, de esta procedencia, que si bien la demora en la instrucción de un proceso disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, ya que no incide en aspectos esenciales del mismo, ello no obsta a que la superioridad del servicio pondere perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación132.

De este modo, la excesiva demora en la sustanciación de un proceso sumarial no afectará su validez, pero puede originar la responsabilidad administrativa de quienes ocasionaron ese retraso. La Contraloría ha precisado que tal cuestión debe ser ponderada por la superioridad, quien determinará si ello amerita la instrucción de un nuevo procedimiento disciplinario133. De este modo, la jurisprudencia administrativa no se orienta a la tutela del derecho fundamental a ser enjuiciado dentro de un plazo razonable, sino sólo perseguir una eventual falta administrativa del investigador o del fiscal, derivada del incumplimiento de sus funciones.

6. Derecho fundamental a una sentencia motivada

6.1. Contenido del derecho fundamental a una sentencia motivada

El derecho fundamental a una sentencia motivada no se contempla directamente en los instrumentos internacionales a que se ha venido aludiendo, ni en la Constitución chilena. No obstante, a partir de la interpretación de esos mismos textos jurídicos, los diversos organismos y tribunales han otorgado jerarquía iusfundamental a este derecho.

En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, interpretando el derecho al juicio público contenido en el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “la sentencia, con inclusión de las conclusiones esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública”134. De esta manera, implícitamente exige una motivación tanto en cuanto a los hechos como respecto del Derecho. La Corte Interamericana, por su parte, ha declarado que “el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”135. El Tribunal Constitucional chileno, por su parte, reiteradamente ha sostenido que la motivación de las sentencias es una exigencia constitucional. Al respecto ha precisado que “la motivación y fundamentación de las sentencias es connatural a la jurisdicción” y que su omisión vulnera el derecho fundamental al racional y justo procedimiento136.

En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas137. Esto no significa exigir al juzgador que se pronuncie sobre todas las pretensiones deducidas, pues evidentemente podrá omitir aquellas que sean subsidiarias o incompatibles con las principales138. Por el contrario, al juzgador sí se le exige una fundamentación coherente con los hechos que han sido probados y con el Derecho aplicable.

6.2. El derecho fundamental a una sentencia motivada en los procedimientos disciplinarios

El Estatuto Administrativo nada señala respecto de la fundamentación de la resolución con que se pone término a la investigación sumaria o al sumario administrativo. El problema aparece solucionado, al menos en principio, en la Ley Nº 19.880, de 2003, sobre Bases de los procedimientos administrativos. En este texto normativo se exige, de manera bastante general, por cierto, que la decisión contenida en la resolución que pone fin a un procedimiento sea fundada139. Conviene destacar que, pese a tratarse de una ley relativamente reciente, no se entregan más precisiones sobre el alcance de la fundamentación que se exige.

El problema ha sido solucionado por la jurisprudencia judicial y, especialmente, por la administrativa. En cuanto a la primera, la Corte de Apelaciones de Chillán ha sostenido que la resolución por la que se aplica una sanción administrativa sin hacer mención alguna a las agravantes o atenuantes que concurren en el caso debe ser considerada carente de motivación y, por tanto, es inconstitucional140. Por su parte la Contraloría ha dictaminado que el acto administrativo que pone término al sumario se encontrará fundado, siempre que las razones que lo motivan -que deben explicitarse en el instrumento correspondiente-, sean de carácter objetivo, atingentes a la situación investigada, de acuerdo al mérito de los antecedentes del proceso y, en fin, ajustadas a derecho141. Agrega, igualmente, que en el caso de la resolución que aplica una medida disciplinaria debe enunciar en forma precisa las infracciones por las cuales se le castiga y el modo en que se acredita la responsabilidad del funcionario en esos hechos142. La Contraloría extiende también el derecho a la motivación a las resoluciones que se pronuncien sobre los recursos de reposición y apelación143.

Conviene destacar que el órgano de control condiciona la legitimidad de la decisión derivada de un procedimiento disciplinario a la adecuada motivación del respectivo acto. Sobre el punto ha dictaminado que el reconocimiento de este derecho en el ámbito administrativo implica que “los actos de la Administración deben tener una motivación y un fundamento racional, no pudiendo obedecer al mero capricho o a una apreciación subjetiva de la autoridad, pues, en tal caso, resultan arbitrarios y, por ende, ilegítimos144. Las consecuencias sobre una tal declaración, sobre las que no resulta pertinente extenderse aquí, son sin duda significativas incluso desde el punto de vista constitucional.

En definitiva, el derecho fundamental a una sentencia motivada aparece adecuadamente satisfecho en el ordenamiento jurídico chileno. Esto no se debe, como se ha visto, a la actividad del legislador, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República que ha precisado el significado de una resolución motivada y ha declarado arbitrarios e ilegítimos los actos administrativos que no satisfacen aquellas exigencias.

4. Conclusiones

La presente investigación permite concluir que la regulación chilena de los procedimientos administrativos disciplinarios infringe severamente el derecho fundamental al debido proceso.

En efecto:

1) Los procedimientos administrativos disciplinarios infringen los aspectos más esenciales del juez equitativo. Es efectivo que respetan los derechos fundamentales a un juzgador establecido por ley, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y legalmente competente. No obstante, vulneran los derechos fundamentales a la independencia y a la imparcialidad del juzgador.

2) El derecho fundamental a la igualdad de las partes se encuentra abiertamente infringido por la regulación establecida por los procedimientos administrativos disciplinarios.

3) En cuanto al derecho fundamental a la defensa, los procedimientos administrativos disciplinarios lo reconocen de manera muy debilitada. De un lado, se reconoce el derecho a la asistencia letrada, pero las posibilidades de intervención que se confieren al abogado restringen un efectivo ejercicio del mismo. De otro lado, la regulación vigente dificulta severamente que el inculpado cuente con el tiempo y los medios necesarios para su defensa.

4) El derecho fundamental a la publicidad de los actos procesales se encuentra extremadamente restringido en los procedimientos administrativos disciplinarios, en un nivel que ni siquiera se advierte en la regulación procesal penal.

5) Los procedimientos administrativos disciplinarios no aseguran el derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable. Al respecto se debe reconocer que se establecen breves plazos para el desarrollo de los procedimientos. No obstante, no existen mecanismos jurídicos que aseguren su cumplimiento, en términos que la dilación indebida carece de consecuencias en el procedimiento mismo.

6) El derecho fundamental a una sentencia motivada es el único efectivamente satisfecho en los procedimientos administrativos disciplinarios. Esto no se debe, por cierto, a la regulación legal, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República.

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Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Mariano Saavedra Mora y Asesorías e Inversiones Mass Ltda. respecto del artículo 6° de la Ley Nº 2.487, en autos sobre procedimiento voluntario de ejecución de prenda bancaria, caratulados “Banco de Crédito e Inversiones”, seguidos ante el vigésimo séptimo Juzgado Civil de Santiago bajo el rol Nº V-109-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 1 de septiembre de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2701-2014). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3159 . [Visitado el: 30 de junio de 2016]. [ Links ]

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Metalúrgica Vergara Hermanos Limitada . respecto del artículo 303, inciso segundo, del Código Procesal Penal, en los autos criminales rol Nº 1665-2013, RUC 1310011194-7,, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el rol de ingreso Reforma Procesal Penal Nº 1264-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 11 de junio de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2702-2014). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=3130 . [Visitado el: 28 de junio de 2016]. [ Links ]

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Leonardo Rodríguez Sepúlveda respecto de las partes que indica del artículo 277 del Código Procesal Penal, en el marco del proceso penal RIT 2171-2010, del Juzgado de Garantía de Concepción, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Concepción por recurso de hecho en rol Nº 28-2014 (2014): Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 30 de diciembre de 2014 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 2618-2014). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068 . [Visitado el: 30 de junio de 2016]. [ Links ]

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Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresas Ariztía S.A. respecto del artículo 29 del D.L. Nº 211, de 1973, en cuanto permite la aplicación del artículo 385 del Código de Procedimiento Civil en los autos caratulados “Requerimiento de la FNE contra Agrícola Agrosuper S.A. y otros”, de que conoce el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo el rol C Nº 236-11 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 20 de agosto de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2381-2012). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2822 . [Visitado el: 28 de junio de 2016]. [ Links ]

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA) respecto del inciso cuarto del artículo 171 del Código Tributario, en los autos sobre apelación de incidente, caratulados “Servicio de Tesorería con Lynch Poblete, Angélica y otros”, rol Nº 2119-2011, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema (2013): Tribunal Constitucional de Chile, 2 de mayo de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2259-2012). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2766 . [Visitado el: 28 de junio de 2016]. [ Links ]

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Corte de Apelaciones de Talca respecto del artículo 237 del D.F.L. Nº 1, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en los autos rol Nº 304-2011, caratulados “Lorena Paz Pérez Ramírez con Ejército de Chile” sobre recurso de protección del que conoce la Corte de Apelaciones de Talca (2011): Tribunal Constitucional de Chile, 8 de enero de 2013 (recurso de inaplicabilidad, rol Nº 2029-2011). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2639 . [Visitado el: 5 de octubre de 2016]. [ Links ]

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Inversiones Alce S.A. respecto del artículo 115, inciso 1° del Código Tributario, en los autos sobre reclamación Tributaria, caratulados “Inversiones Alce S.A. con Servicio de Impuestos Internos”, del que conoce el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco, bajo el rol Nº 10057 (2012): Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 11 de diciembre de 2012 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 2041-2011). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688 . [Visitado el: 18 de agosto de 2016]. [ Links ]

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Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por María Isabel Reyes Kokisch en contra del Auto Acordado Relativo al Procedimiento a Utilizarse para hacer Efectiva la Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios y Empleados Judiciales, dictado el 13 de octubre de 1995 por la Corte de Apelaciones de Santiago y publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 1995 (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 783-2007). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=22 . [Visitado el: 5 de octubre de 2016]. [ Links ]

Requerimiento de inaplicabilidad presentado por María Isabel Reyes Kokish, respecto del inciso tercero del artículo 551; inciso segundo del artículo 539; inciso segundo del artículo 541; inciso segundo del artículo 539 (sic); artículos 536, 537 y 542; número 4° del artículo 544; artículos 557 y 558; todos del Código Orgánico de Tribunales, en la causa Antecedentes del pleno rol Nº 1920-2006 ad, seguida ante el ministro en visita don Juan Escobar Zepeda (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 747-2007). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=30 . [Visitado el: 11 de Julio de 2016]. [ Links ]

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6. Documentos

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2El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención Americana, se denomina “Garantías judiciales”. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, ha sostenido que resulta más preciso denominar “debido proceso” o “debido proceso legal” a ese conjunto de derechos. Al respecto ha sostenido en la Opinión Consultiva 09 (1987), párrafo 28, que el “artículo 8º reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.

3Artículo 6.1 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. (1950).

4Artículo 24.2 de la Constitución española. (1978).

5Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América.

6Roxin (2000), p. 79, explica que el principio del proceso justo “es una consecuencia de las decisiones valorativas fundamentales del Estado de Derecho y del Estado social” que se desprende de los artículos 1°, 20 y 28 de la Ley Fundamental alemana.

7Artículo 3°, inciso sexto, de la Constitución chilena. (1980).

8En palabras de Bermúdez (2014), p. 463, la responsabilidad administrativa es “la que tiene el empleado público, por el hecho de ser tal, y que surge por infracción a sus obligaciones y deberes funcionarios”.

9El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante el Pacto, confiere un conjunto de derechos a toda persona “en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

10El artículo 8.1 de la Convención Americana extiende la aplicación de garantías judiciales a “la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

11O´Donnell, (2007), p. 360.

12En efecto, mientras el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante Declaración Universal, se refiere a los derechos aplicables a todo procedimiento, el artículo 11 se limita a aquellos propios del ámbito penal.

13Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 71. En similar sentido, la misma Corte sostuvo en el caso Ivcher Bronstein c. Perú, mediante sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 104, que “tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana”.

14Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero.

15Tribunal Constitucional, rol 1393-2009, sentencia de 28 de octubre de 2010, considerando séptimo. En similar sentido, Tribunal Constitucional rol 747-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando quinto, que a su turno transcribe la sentencia recaída en la causa rol 478-2006, de 8 de agosto de 2006.

16Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero.

17Artículo 15, inciso segundo, de la Ley Nº 18.575, de 1986.

18En este mismo sentido, Bordalí (2011), p. 320.

19Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 16.

20Al respecto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) en su Observación General Nº 32, párrafo 17, ha sostenido que “no se consideran derechos u obligaciones de carácter civil cuando las personas son sometidas a medidas adoptadas en su contra en cuanto personas subordinadas a un nivel alto de control administrativo, como en el caso de las medidas disciplinarias que no equivalen a sanciones penales tomadas contra un funcionario público”.

21El respeto de los derechos estatuidos en la Convención Americana se hace todavía más intenso desde la aparición de la doctrina de la Corte Interamericana, sobre el control de convencionalidad al que están obligados todos los órganos de cada Estado parte de aquella Convención. Al respecto ver, por ejemplo, Corte Interamericana, caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 123. Esto significa, a lo menos, que la legislación nacional debe ser interpretada y aplicada de conformidad con las normas de la Convención Americana y con la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de las mismas.

22Aunque excede las pretensiones del presente trabajo, conviene hacer presente que esta conclusión también se aplica a lo que Ferrada (2007), p. 128, denomina un “sinnúmero de órganos administrativos, establecidos como tribunales algunos o simples órganos administrativos con “facultades jurisdiccionales” –en la denominación que emplea el propio legislador– otros”, todos los cuales forman parte de la Administración.

23Al respecto Bordalí (2011), p. 321, expresa que “el debido proceso como principio constitucional incluye todos aquellos derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado chileno, a excepción del derecho a la tutela judicial”. El autor (p. 323) incluye en el derecho a la tutela judicial (a) el derecho de acceso a la justicia, (b) el derecho a que el tribunal resuelva sus pretensiones conforme a derecho, (c) el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, y (d) el derecho al recurso legalmente previsto.

24Esta enumeración resulta coincidente con el criterio sostenido por Bordalí que se expresa en la nota al pie anterior. Por el contrario, se aleja un tanto de la propuesta de García y Contreras (2013), pp. 257-274, pues incluyen en el debido proceso el derecho a la revisión judicial por un tribunal superior, y excluyen los derechos a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas y a la publicidad de los actos jurisdiccionales, los que ubican en el derecho a la tutela judicial.

25Como explica O´Donnell (2007), p. 375, “el vocablo juez natural es empleado como sinónimo de tribunal competente”.

26García y Contreras (2013), p. 258, prefieren la expresión “juez predeterminado por ley, por considerar que la expresión juez natural y ordinario pueden generar ambigüedad respecto a que lo natural importaría contar con jueces vinculados a un cierto arraigo territorial o que lo ordinario impida la constitución de justicia especializada”.

27Esta denominación deriva del artículo 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución chilena (1980).

28El artículo 10 de la Declaración Universal alude únicamente a la independencia y a la imparcialidad del juzgador, que por cierto son las exigencias más importantes del juzgador equitativo.

29El artículo 14 del Pacto se refiere a cuatro de las cinco exigencias mencionadas para el juez equitativo, al requerir “un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.

30El artículo 8º de la Convención Americana se refiere expresamente a los cinco requisitos del juez equitativo al exigir “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”.

31La Corte Interamericana en el caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 143, implícitamente se refiere en los siguientes términos a las exigencias de un juzgador equitativo: “El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso”.

32El artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución chilena textualmente dispone: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

33Al respecto textualmente sostuvo el Tribunal Constitucional de Chile, en la causa rol 2041-2011, en sentencia de 11 de diciembre de 2012, considerando octavo, que “todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea”. En el mismo sentido ver Tribunal Constitucional de Chile, rol Nº 1243-2008, sentencia de 30 de diciembre de 2008.

34Bordalí (2009), p. 281, precisa que “la independencia se relaciona con la doctrina de la separación de poderes y con la autonomía para juzgar de todo juez dentro de la estructura judicial interna. La imparcialidad a su vez dice relación con posibles relaciones del juez con las partes de la causa o con el objeto litigioso”.

35Una idea que parece orientarse en la misma dirección expresan García y Contreras (2013), pp. 258 y 259, cuando sostienen que las exigencias de un juzgador creado por ley, con anterioridad a los hechos que debe enjuiciar y legalmente competente constituyen “un derecho conectado conceptualmente con la imparcialidad e independencia de los tribunales de justicia, puesto que obliga a la configuración legal previa del tribunal de conformidad con criterios objetivos y públicos”.

36Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso González del Río c. Perú, dictamen de 28 de octubre de 1992, párrafo 5.2.

37Castagnola (2010).

38En este sentido, Fernández (2004), p. 114.

39La Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), número 2, ha declarado que la independencia judicial consiste en que los jueces deben resolver los asuntos que han de juzgar “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.

40Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, 31 de enero de 2001, párrafo 75.

41Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), números 7 y 2.

42Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia (1992), párrafo 7.2. En el mismo sentido, Aguirrezabal (2011), p. 373, explica que “a través de la garantía de la imparcialidad, se busca que no se desdibujen en el ánimo del juez su carácter de tercero, evitando que concurra a resolver un asunto si existe la mera sospecha de que, por determinadas circunstancias, favorecerá a una de las partes, dejándose llevar por sus vínculos de parentesco, amistad, enemistad, interés en el objeto del proceso o estrechez en el trato con uno de los justiciables, sus representantes o sus abogados”.

43En efecto, el artículo 134 de la Ley Nº 18.334, de 1989, inciso primero, dispone que el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales descentralizados, según corresponda, “resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso”.

44Adviértase que el análisis se limita al encargado de resolver la investigación sumaria o el sumario administrativo, y no se extiende al investigador ni al fiscal, por cuanto estos últimos no resuelven el procedimiento. Sin perjuicio de ello, resulta conveniente recordar que el Tribunal Constitucional chileno en la causa rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo tercero, ha sostenido que al investigador o al fiscal de un sumario administrativo también se le debe exigir imparcialidad. No obstante, precisó, dicha imparcialidad no se pierde por el solo hecho de formular los cargos o de proponer la sanción aplicable. Esta última afirmación es evidentemente discutible, pero su análisis excede los objetivos de la presente investigación.

45Artículo 4° de la Ley Nº 19.880, de 2003.

46El artículo 11 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

47Bermúdez (2014), p. 187.

48Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003.

49Cordero (2015), p. 368.

50Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003.

51Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol Nº 59-2013, sentencia de 23 de abril de 2013, considerando quinto, confirmada por la Corte Suprema en causa rol Nº 3292-2013, de 5 de junio de 2013, ha sostenido que carece de imparcialidad el Alcalde que aplica la sanción de destitución, si dos días antes de las elecciones municipales y cuarenta y cinco días antes de asumir el cargo había anunciado la aplicación de esta medida en contra del funcionario afectado.

52Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no se atentaba contra el principio de imparcialidad si el fiscal instructor del sumario seguido contra un funcionario municipal se presentó poco antes como testigo en un juicio seguido en contra de ese mismo funcionario y a favor de la municipalidad en que se prestaban los servicios. Ver Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol Nº 905-2015 protección, sentencia de 4 de mayo de 2015, especialmente voto de minoría.

53La Declaración Universal en su artículo 10, dispone: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída” por un tribunal. El Pacto, por su parte, establece en su artículo 14.1, seguramente en la formulación más precisa de este derecho fundamental, que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”.

54El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”.

55Artículo 19, número 3, inciso primero de la Constitución chilena.

56La aclaración parece necesaria, debido a que algunos autores confunden el significado de ambos derechos. Así ocurre, por ejemplo, con Pfeffer (1985), p. 372; Evans (2001), p. 182, quienes aluden a la igualdad ante la justicia, pero la explican en el sentido de igualdad de las partes.

57Díaz (2012), p. 65, precisa que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley consiste en que “el juzgador utilice las mismas disposiciones, las interprete del mismo modo y adopte una misma decisión respecto de casos que coinciden en la totalidad de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes y utilice diversas disposiciones respecto de los casos que divergen en uno o más de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes”.

58Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 8. En el párrafo 13 se complementa aquella idea al expresar que el derecho a la igualdad procesal garantiza, entre otros aspectos, “la igualdad de medios procesales. Esto significa que todas las partes en un proceso gozarán de los mismos derechos en materia de procedimiento”.

59En palabras de O´Donnell (2007), p. 428: “El principio de igualdad se aplica no sólo al desarrollo de los procesos, sino también al acceso a la justicia”.

60Benítez (2007), p. 592.

61Hunter (2011), p. 56.

62Carnelutti (1944), p. 4.

63Satta (1971), p. 82.

64Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 7.

65Entre el principio de igualdad de las partes en el proceso y el principio de bilateralidad de la audiencia existen una relación cercana. Precisamente por ello Benítez (2007), p. 591, sostiene que este último es el “derivado consustancial” del primero. No obstante, no son lo mismo.

66Aunque algunos asimilan los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción, como es el caso de Leal (1966), p. 230, se trata de máximas diferentes entre sí, aunque por cierto estrechamente vinculadas.

67En palabras de Gandulfo (2008), p. 625, la bilateralidad de la audiencia “tiene por sentido que al litigante deba dársele la opción de ser escuchado para poder influir en lo dispositivo del fallo”. En similar sentido, López (1987), p. 48, afirma que el principio de bilateralidad de la audiencia consiste en “que se dé oportunidad a la contraparte para que desvirtúe los hechos”.

68Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Crawford v. Washington, apartado V, subapartado A, párrafo primero. Esta fundamentación epistemológica de los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción es respaldada por Taruffo (2003), p. 24.

69Más allá de la confusión del Tribunal Constitucional chileno entre el derecho a la defensa y el principio de contradicción, lo relevante es que el máximo intérprete de la Constitución entiende lesionado un elemento esencial del debido proceso si el acto administrativo que afecta al funcionario público se ha generado sin posibilidad de contradicción por parte de este último. Al respecto ver Tribunal Constitucional de Chile, rol 2029-2011, sentencia de 8 de enero de 2013, considerando trigésimo segundo.

70La Ley Nº 18.834, de 1989 utiliza la expresión inculpado para referirse al afectado por el procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el artículo 120 relativo a la investigación sumaria y en el artículo 126 en relación con el sumario administrativo.

71Artículo 120, inciso primero, tercero y cuarto, de la Ley Nº 18.834, de 1989.

72Artículos 120, 121, 129 y 130 de la Ley Nº 18.834, de 1989.

73Obando (1999), p. 1, explica que la característica básica del sistema acusatorio es la división de funciones de acusar, defensa y fallo en órganos diferentes e independientes entre sí.

74No resulta posible sostener que los procedimientos administrativos disciplinarios responden al modelo inquisitivo, sino sólo que se asemejan al procedimiento inquisitivo. En efecto, el modelo inquisitivo responde a una concepción del poder, el acusado y la prueba, como explica Maier (1999), pp. 446-449, que no se presenta en los procedimientos administrativos sancionatorios.

75Maier (1999), p. 448.

76El artículo 192, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989 entrega al fiscal las más amplias facultades para investigar e impone a los funcionarios la obligación de prestar la colaboración que se les solicite.

77Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de1989. La Contraloría General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010, confirmó lo imperativo de esta norma al rechazar el reclamo deducido por un funcionario que alegó que la autoridad del servicio le había negado entregarle información durante la sustanciación del proceso.

78Artículo 126 de la Ley Nº 18.834, de 1989.

79Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de 1989.

80No obsta a esta conclusión el que la Contraloría haya sostenido en el dictamen 22.655, de 13 de abril de 2011, que “el cumplimiento eficaz del contradictorio en el probatorio, dependerá, entre otras medidas, de que el inculpado pueda presenciar la producción de la prueba en el proceso, lo que dada la naturaleza de las declaraciones de testigos, requiere de su observación en el momento en que éstas se presten. De esta manera, y con el objeto de dar cumplimiento al principio de contradictoriedad en el marco del procedimiento administrativo, el inculpado tiene derecho a presenciar, asistido por su abogado, las declaraciones de testigos verificadas en el término probatorio del proceso”. En efecto, tal jurisprudencia no se opone a lo señalado porque las pruebas se han producido durante la etapa de investigación, sin presencia del funcionario inculpado ni de su abogado defensor. Sólo podrán tener derecho a la contradicción de las testificaciones que se produzcan una vez cerrada la indagatoria, oportunidad en que gran parte de la prueba ya ha sido rendida.

81Al respecto resulta interesante transcribir lo que en este sentido se objetaba ya en el mensaje del Código de Procedimiento Penal de Chile de 1894: “Todos los argumentos aducidos en contra de este sistema pueden resumirse en uno solo. El juez sumariante adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y aún sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar la investigación por el sendero que se ha trazado a fin de comprobar los hechos que cree verdaderos, sino también a fallar en definitiva conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde la instrucción del sumario” (Código de Procedimiento Penal de Chile, mensaje presidencial del 31 de diciembre de 1894).

82En este sentido se pueden citar las consolidadas doctrinas del Tribunal Constitucional español y de la Corte Suprema de Estados Unidos, que si bien se refieren al ámbito penal, resultan aplicables al ámbito administrativo disciplinario. La doctrina jurisprudencial española, iniciada en la STC 31/1981, de 28 de julio, sostiene “que sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral. En su virtud sólo pueden considerarse verdaderas pruebas aptas para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y fundar la declaración de culpabilidad las practicadas en el acto del juicio que se desarrolla ante el Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de modo oral, contradictorio y con inmediación”. Véase STC 56/2010, de 4 de octubre de 2010, fundamento jurídico 3. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha establecido que la prueba debe producirse bajo contradicción. De este modo, la prueba producida durante la etapa de investigación no podrá ser utilizada en contra del acusado si en su producción no se respetó el principio de contradicción. Así lo resolvió en el Caso Crawford v. Washington, apartado V, con invocación de precedentes.

83El sistema acusatorio formal es aquel en el que las funciones de investigar y acusar, por una parte, y la de juzgar, por la otra, han sido entregadas a autoridades diversas. Al respecto ver Rodríguez (2013).

84Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo cuarto.

85Artículo 11.1 de la Declaración Universal.

86Artículo 14.3, letra b) del Pacto, y artículo 7.2, letra c) de la Convención Americana.

87Artículo 14.3, letras b) y d) del Pacto, y artículo 7.2, letras d) y e) de la Convención Americana.

88Artículo 19, número 3, incisos segundo a cuarto de la Constitución chilena (1980).

89En el caso Tibi c. Ecuador (2004), párrafo 187, la Corte Interamericana declaró que “es necesario que esa notificación [de la acusación deducida en su contra] ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa”.

90Montero y Salazar (2013), p. 115.

91En efecto, el Tribunal Constitucional chileno, en la causa rol 2701-2014, mediante sentencia de 1 de septiembre de 2015, considerando décimo séptimo, entiende infringido el derecho a la defensa porque en un procedimiento ejecutivo no se otorga al ejecutado “la posibilidad de impugnar la naturaleza ejecutiva del título, la condición indubitada del mismo y el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos que permiten sostener un relativo equilibrio procesal en las posiciones del acreedor y del deudor, respectivamente”. En la misma línea en la causa rol 2628-2014, mediante sentencia de 30 de diciembre de 2014, considerando séptimo, el Tribunal Constitucional sostiene que el imputado tiene derecho a “obtener y presentar los medios de prueba que estime conducentes”.

92Corte de Apelaciones de Talca, rol Nº 1466-2016, sentencia de 11 de agosto de 2016, considerando quinto.

93Artículo 14.3, letras b) y d) del Pacto, y artículo 7.2, letra d) de la Convención Americana.

94Artículo 14.3, letra d) del Pacto.

95Artículo 19, número 3, inciso segundo.

96Tribunal Constitucional de Chile, rol 1.001-2007, sentencia de 28 de enero de 2008, considerando décimo noveno.

97García y Contreras (2013), p. 263.

98Tribunal Constitucional de Chile, causa rol 376-2003, sentencia de 17 de junio de 2003, considerando trigésimo séptimo.

99Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de 1989.

100Contraloría General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010.

101El inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses”.

102Contraloría General de la República, dictamen Nº 24.733, de 21 de abril de 2011.

103El artículo 120 de la Ley Nº 18.834, de 1989 dispone que en la investigación sumaria el inculpado tiene dos días para responder los cargos formulados en su contra, contados desde que se le notificaron. Esto significa que dentro del mismo plazo debe tomar noticia de los medios de prueba que obran en su contra para preparar su defensa.

104El artículo 132 de la Ley Nº 18.834, de 1989 prescribe que en el sumario administrativo el inculpado tiene cinco días para responder los cargos formulados en su contra, contados desde que se le notificaron. Esto significa que dentro del mismo plazo debe tomar noticia de los medios de prueba que obran en su contra para preparar su defensa. La misma norma permite ampliar por otros cinco días dicho plazo en casos calificados.

105La Ley Nº 18.834, de 1989 extiende el plazo para “presentar” la prueba a un máximo de tres días en la investigación sumaria y a un máximo de 20 días en el sumario administrativo (artículos 120 y 132, respectivamente).

106Es efectivo que el Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo noveno, ha sostenido que el plazo de cinco días para presentar descargos y ofrecer prueba no es contrario al debido proceso. No resulta posible compartir esta conclusión, si se considera, adicionalmente, que dentro del plazo de dos días o de cinco días, según corresponda, deberá, además, informarse del contenido del sumario, hasta ese momento secreto.

107Toda persona tiene derecho “a ser oída públicamente”, expresa el artículo 10 de la Declaración Universal.

108“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente”, dispone el artículo 14.1 del Pacto.

109“El proceso penal debe ser público”, ordena el artículo 8.5 de la Convención Americana.

110En este sentido se pueden citar, a modo de ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en las causas rol 2702, de 11 de junio de 2015, considerando trigésimo; rol 2381, de 20 de agosto de 2013, considerando décimo segundo; y rol 2259, de 2 de mayo de 2013, considerando undécimo.

111Navarro (2014), p. 52, con referencia al Tribunal Constitucional.

112Perlingeiro (2013), p. 231.

113Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 28.

114La referencia al “interés de la justicia” es el supuesto establecido en el artículo 8.5 de la Convención Americana para excepcionar la aplicación del principio de publicidad del proceso contenido en la misma disposición. Constituye una fórmula sin duda extremadamente vaga, como denuncia O´Donnell (2007), p. 383, al calificarla de “amplia y nebulosa”. No obstante, es al mismo tiempo comprensiva de las diversas circunstancias por las que puede resultar necesario limitar el derecho fundamental la publicidad del proceso por parte de terceros ajenos al mismo.

115Perlingeiro (2013), p. 232.

116Así, por ejemplo, el artículo 14.1 del Pacto menciona los casos en los que se podrá excluir a la prensa o al público luego de consagrar el derecho de toda persona a ser oída públicamente. El artículo 8.5 de la Convención Americana, por su parte, asienta el derecho a un juicio público “salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

117Artículo 131, inciso final, de la Ley Nº 18.834, de 1989.

118Artículo 182 del Código Procesal Penal, de 2000.

119Artículo 130, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989.

120El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que toda persona tiene derecho a ser oída “dentro de un plazo razonable”.

121El artículo 14.3, letra c) confiere a todo individuo acusado de un delito el derecho a “ser juzgado sin dilaciones indebidas”.

122El Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35, precisa que este derecho se confiere al acusado con la finalidad de “evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en la incertidumbre acerca de su suerte y, si se las mantiene recluidas durante el período del juicio, de garantizar que dicha privación de libertad no se prolongue más de lo necesario en las circunstancias del caso”.

123Así lo sostuvo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia recaída en la causa rol 3066-2016, de 6 de junio de 2016, considerando 6°; y en la sentencia rol 3067-2016, de 6 de junio de 2016, considerando 6°.

124La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tenido una evolución en la materia. En efecto, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, inicialmente consideraba sólo los tres primeros elementos mencionados en el texto principal. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero c. Ecuador (1997), párrafo 72. El cuarto elemento fue incluido en el caso Valle Jaramillo y otros c. Colombia (2008), párrafo 155. Los cuatro elementos aparecen consolidados en la más reciente sentencia en que la Corte se refiere a este derecho fundamental, recaída en el caso Mémoli c. Argentina (2013), párrafo 172, relativo a un asunto civil.

125Expresa el Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35: “Lo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta principalmente la complejidad del caso, la conducta del acusado y la manera como las autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asunto”.

126Cordero (2015), p. 303.

127Bermúdez (2014), p. 173.

128La Contraloría General de la República también ha rechazado aplicar el decaimiento del acto administrativo, aunque hayan transcurrido muchos años desde el inicio del procedimiento disciplinario sin que se hubiere resuelto el caso. Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. En sentido contrario se ha pronunciado la Corte Suprema, en la causa rol Nº 5228-2010, mediante sentencia de 20 de octubre de 2010, considerando sexto, al sostener que el excesivo tiempo transcurrido para la declaración de responsabilidad de una empresa produce una especie de decaimiento del procedimiento administrativo. No obstante, no es el procedimiento el que decae, sino el acto administrativo, y en ningún caso por el transcurso del tiempo.

129Artículo 120, incisos tercero y siguientes, en el caso de la investigación sumaria, y artículos 129 y 131 a 136, en el caso del sumario administrativo, de la Ley Nº 18.834 (1989).

130Contraloría General de la República, dictamen Nº 4571, de 16 de enero de 2015.

131Contraloría General de la República, dictamen Nº 77.189, de 25 de noviembre de 2013.

132Contraloría General de la República, dictamen Nº 10.630, de 9 de febrero de 2015, en armonía con el artículo 143 de la Ley Nº 18.834, de 1989.

133Contraloría General de la República, dictamen Nº 72.396, de 10 de septiembre de 2015.

134El Comité agrega que la publicidad de estos fundamentos de hecho y de Derecho se exceptúa “cuando el interés de menores de edad exija lo contrario, o en los procedimientos referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 29.

135Justificando esta interpretación, la Corte Interamericana en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78, precisa que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”.

136Así lo expresa en el considerando décimo segundo de la sentencia recaída en la causa rol 2898-2015, de 21 de julio de 2016. Justificando la necesidad de motivación, en el considerando décimo afirma que “el deber de justificación o motivación del contenido y decisión de las sentencias tiene como fin demostrar que el juez ha realizado un razonamiento tal, capaz de explicar que los fundamentos de su decisión son los correctos y, en consecuencia, que la sentencia se encuentra conforme a derecho”.

137Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78.

138Es en este sentido que García y Contreras (2013), p. 269, afirman que la “motivación debe ser razonable, no necesariamente exhaustiva a toda la solicitud”.

139Artículo 41, inciso cuarto de la Ley Nº 19.880, de 2003.

140Corte de Apelaciones de Chillán, rol Nº 320-2014, protección, sentencia de 30 de octubre de 2014, considerando 10.

141Contraloría General de la República, dictamen Nº 6036, de 31 de enero de 2012.

142Contraloría General de la República, dictamen Nº 37.728, de 29 de mayo de 2014.

143Contraloría General de la República, dictamen Nº 6.364, de 1 de febrero de 2012.

144Contraloría General de la República, dictamen Nº 25.627, de 13 de mayo de 2010.

Recibido: 10 de Enero de 2017; Aprobado: 20 de Julio de 2017

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