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Ius et Praxis

On-line version ISSN 0718-0012

Ius et Praxis vol.25 no.2 Talca Aug. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122019000200507 

Jurisprudencia

El tratamiento procesal de la capacidad de postulación. Naturaleza del plazo para constituir o acreditar el mandato judicial y sanción por el incumplimiento de la carga procesal de designar apoderado. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema rol Nº 8226-2018, de 25 de septiembre de 2018

Günther Besser Valenzuela1 

1Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción. Máster en Derecho Público y doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Profesor asistente, Departamento de Derecho Procesal, Universidad de Concepción, Chile. Correo electrónico: gbesser@udec.cl.

1. Introducción

La capacidad de postulación -o ius postulandi- puede definirse como la aptitud para realizar directamente en el proceso actos procesales1 o como la capacidad para pedir o formular peticiones en juicio. Se trata de una capacidad especial, típicamente procesal, que el ordenamiento jurídico atribuye a ciertas personas en razón de los conocimientos técnicos que ellas poseen sobre la ciencia del derecho y la actividad judicial.

Precisamente, atendidas las complejidades y tecnicismos del fenómeno procesal, los distintos ordenamientos jurídicos suelen disponer que las partes, aunque se trate de personas naturales o jurídicas con capacidad procesal, vale decir, con la aptitud para realizar actos válidos en el proceso2, actúen ante los tribunales representadas y defendidas por sujetos dotados de cierta capacidad técnica en función de su formación profesional.

Entre nosotros, este presupuesto procesal se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil y, especialmente, en la Ley Nº 18.120, sobre Comparecencia en Juicio, de cuyo tenor se desprende que en todo proceso o gestión judicial las partes deben cumplir con dos cargas relacionadas con la postulación procesal: la designación de abogado patrocinante y la designación de mandatario judicial.

El patrocinio se relaciona con la defensa de las partes y la fijación de las estrategias del juicio. En efecto, de acuerdo con el artículo 528 del Código Orgánico de Tribunales, el abogado patrocinante asume la defensa de los derechos de la parte. A su vez, en virtud del mandato judicial o poder, el mandatario judicial o apoderado asume la representación procesal o técnica de la parte.

Como se observa, técnicamente se trata de funciones diversas, las que en algunos ordenamientos jurídicos corresponden a personas también distintas, aunque en nuestro sistema no existe inconveniente alguno en que ambas calidades recaigan en una misma persona -con tal de que se encuentre legalmente habilitada para ello- (art. 1º, inc. 3º, Ley Nº 18.120).

La sentencia objeto de este comentario se refiere exclusivamente al tratamiento procesal del mandato judicial o poder, por lo que en los párrafos que siguen nos limitaremos a analizar este presupuesto, integrante de la capacidad de postulación.

2. Antecedentes del caso

En un juicio ejecutivo seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción3, el ejecutado fue requerido de pago en la comuna de Tomé con fecha 17 de noviembre de 2017. El día 27 del mismo mes y año, su mandatario judicial formuló oposición a la ejecución ante el tribunal exhortante y solicitó, en un otrosí de su presentación, tener por acompañada copia de la escritura pública del mandato judicial en la que constaba su personería para obrar en representación de su mandante. Frente a esta solicitud, el día 29 de noviembre el tribunal de la ejecución pronunció la siguiente resolución: “Para proveer, acompáñese mandato, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito”.

Habiendo trascurrido seis días hábiles contados desde la notificación por el estado diario de la resolución transcrita, esto es, el día 6 de diciembre de 2017, el apoderado de la ejecutada acompañó una copia del respectivo mandato judicial y solicitó al tribunal tener por cumplido lo ordenado. No obstante, con fecha 7 de diciembre, la jueza subrogante del tribunal no accedió a lo solicitado, en los siguientes términos: “No ha lugar, por extemporáneo. Téngase por no presentado el escrito de 27 de noviembre de folio 6 para todos los efectos legales”.

La ejecutada impugnó esta resolución, interponiendo un recurso de reposición con apelación subsidiaria y una apelación directa. El tribunal de la ejecución, tras rechazar los recursos interpuestos en lo principal de la presentación de la parte ejecutada, concedió el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.

La Corte de Apelaciones de Concepción, por unanimidad, confirmó la resolución impugnada, atendido lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2º de la Ley Nº 18.1204.

En contra de esta resolución, el mandatario judicial de la parte ejecutada interpuso un recurso de casación en el fondo, fundado en la infracción de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 2º de la Ley Nº 18.120, en relación con lo dispuesto en los artículos 64 y 78 del Código de Procedimiento Civil.

La Corte Suprema, a través de la resolución objeto de este comentario, acogió el recurso de casación en el fondo e invalidó la sentencia de segundo grado, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción5. En su sentencia, el máximo tribunal razona sobre la base de que la resolución pronunciada por el tribunal de primera instancia que ordenó acompañar el mandato judicial no se dictó por existir algún defecto en la forma de constituirse el mandato, sino por no haberse acreditado su constitución. De este modo, el tribunal actuó dentro del uso de las facultades de que está dotado, y no en virtud del mandato establecido en el artículo 2º, inciso 4º, de la Ley Nº 18.120. Así las cosas, el plazo que confirió el tribunal al apoderado de la ejecutada para acompañar el poder tenía el carácter de judicial y, como consecuencia de ello, no fatal, por lo que no habiéndose declarado la rebeldía de la parte ejecutada tras el vencimiento de dicho plazo, la misma se encontraba aún habilitada para cumplir lo ordenado y acompañar la respectiva escritura pública de mandato judicial. Por todo ello, no resultaba aplicable la sanción establecida en el citado inciso 4º de la norma analizada, y sí lo dispuesto en los artículos 64 y 78 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, la Corte Suprema pronunció la respectiva sentencia de reemplazo en virtud de la cual revocó la resolución de 7 de diciembre de 2017, pronunciada por el Segundo Juzgado Civil de Concepción, y en su lugar resolvió tener por cumplido lo ordenado, “debiendo el tribunal de primer grado proveer el escrito presentado por el ejecutado con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete6.

3. Requisitos del mandato judicial

El mandato judicial es un contrato solemne por el cual una parte o interesado encomienda a una persona dotada de ius postulandi la representación de sus derechos en juicio7.

A partir de este concepto, se puede concluir que los requisitos básicos del poder son la legalidad y la suficiencia8: el primero de ellos conecta con la forma en que se constituye el mandato judicial; el segundo, con las facultades que el mismo confiere al apoderado o procurador.

En relación con la legalidad del mandato judicial, el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil establece las principales formas por medio de las cuales se puede constituir el poder: a) por escritura pública; b) por acta extendida ante el juez de letras o juez árbitro, suscrita por todos los otorgantes, y c) por declaración del mandante autorizada por el secretario del tribunal. Otros cuerpos legales autorizan formas distintas de constituir el poder, como el mandato judicial otorgado por firma electrónica avanzada del mandante (art. 7º, inc. 2º, Ley Nº 20.886).

Por su parte, en cuanto a la suficiencia del poder, las facultades del mandato judicial pueden ser de tres clases: a) facultades de la esencia u ordinarias, consistentes en la facultad del apoderado de representar en juicio al mandante (art. 7º, inc. 1º, CPC); b) facultades accidentales o extraordinarias, referidas a aquellas actuaciones procesales que requieren de autorización expresa por parte del mandante, sea en términos genéricos o específicos (art. 7º, inc. 2º, CPC), y c) facultad de la naturaleza, referida a la posibilidad de delegar el poder (art. 7º, inc. 1º in fine, CPC).

4. Tratamiento procesal de la capacidad de postulación

En nuestro sistema procesal, la regla general en materia de postulación procesal es la comparecencia ante los tribunales a través de mandatario judicial -y patrocinado por abogado-, pues solo excepcionalmente se autoriza la comparecencia personal.

Partiendo de la exigencia general de este presupuesto procesal, y aun cuando la ley no lo ordena con la misma claridad que al regular el cumplimiento de la carga de designar abogado patrocinante, se desprende del artículo 2º de la Ley Nº 18.120 que en todo asunto contencioso o no contencioso, la parte o el interesado deberá, en su primera presentación ante los tribunales, nombrar un mandatario judicial en forma legal9.

Establecida entonces la carga de designar mandatario judicial, puede suceder que una de las partes no constituya apoderado o no acredite su constitución en forma oportuna o que, compareciendo un sujeto en representación procesal de otro, su poder no se haya constituido en forma legal o no sea suficiente para obrar por su mandante10. Esta diversidad de hipótesis supone un tratamiento diferencial para la falta o inexistencia de poder y para la insuficiencia del mismo.

Al respecto, el inciso 4º del artículo 2º de la Ley Nº 18.120 regula la sanción por la falta de constitución oportuna del poder, al establecer que “si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato, éste no estuviere legalmente constituido, el tribunal se limitará a ordenar la debida constitución de aquél dentro de un plazo de tres días. Extinguido este plazo y sin otro trámite, se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales”.

Si bien la norma trascrita pareciera referirse exclusivamente a la falta de constitución del mandato judicial, entendemos que, contrariamente a lo resuleto en la sentencia que se comenta, la misma regla se debe aplicar -y, en consecuencia, igual sanción- en caso de no haberse acreditado el nombramiento de apoderado en la primera presentación de la parte, aunque el poder se encuentre legalmente constituido. En efecto, la expresión legalmente constituido supone el cumplimiento oportuno de la carga de designar mandatario judicial, lo que solo se puede realizar a través de alguna de las formas autorizadas por la ley y respecto de un sujeto dotado de ius postulandi, todo ello en la primera presentación de la parte.

Así las cosas, si comparece una parte personalmente sin designar mandatario judicial -salvo que se trate de un caso de excepción en que se encuentre autorizado para ello-; si comparece el apoderado en representación de su mandante sin acreditar el poder -como sucedió en el caso que motivó la sentencia que se comenta, en que no se acompañó la escritura pública de mandato judicial-, o si comparece un sujeto que no tiene ius postulandi en representación procesal de otro, nos encontramos dentro del ámbito de aplicación del inciso 4º del artículo 2º de la Ley Nº 18.120, pues en todos estos supuestos no se ha dado cumplimiento a la carga procesal de designar mandatario judicial en forma legal. Por tanto, si se verifica alguna de estas situaciones, el tribunal deberá, al pronunciarse sobre la respectiva solicitud, ordenar que se constituya legalmente el mandato judicial o que acredite su constitución. A lo anterior cabe agregar que, según se ha entendido por nuestros tribunales, incluso los defectos formales en la forma de constituir el mandato dan lugar a la aplicación de la regla que se comenta11.

No nos parece acertado que se limiten las facultades de los tribunales de controlar de oficio el presupuesto de la postulación-en lo que se refiere a la designación de mandatario judicial- solo a los casos en que se constituyó defectuosamente el mandato, sea porque se utilizó una forma no autorizada por la ley o porque recayó la designación en una persona que no se encuentra habilitada para ello por carecer de ius postulandi, excluyendo las hipótesis en que no se acompañó el documento que acredita el poder, bajo el pretexto, como estableció la sentencia que se comenta, de que no constando en el expediente el mandato, el tribunal no se encuentra posibilitado de pronunciarse sobre la legalidad de su constitución, lo que solo puede tener lugar una vez que se acompaña dicho instrumento. Por lo demás, esta lectura de las normas que se analizan olvida lo dispuesto en el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, que exige a quien comparece en representación -técnica o procesal- de otro acreditar el poder mediante la exhibición del título en que se basa, norma que, interpretada en armonía con lo dispuesto en el tantas veces citado inciso 4º del artículo 2º de la Ley Nº 18.120, impone al juez el deber de controlar de oficio este presupuesto procesal.

Ahora bien, que los tribunales puedan controlar de oficio el cumplimiento de la carga de designar mandatario judicial no significa que no se puedan corregir los vicios relativos a este presupuesto. En efecto, nos encontramos frente a un defecto subsanable, razón por la cual el tribunal debe conceder a la parte un plazo para corregir el defecto. Desde esta perspectiva, se diferencia el tratamiento procesal del mandato judicial del previsto para el patrocinio, puesto que el incumplimiento de la carga de acreditar en juicio la designación de abogado patrocinante no puede ser subsanado.

De acuerdo con lo anterior, si al examinar la primera presentación de un litigante el tribunal advierte que no se ha constituido legalmente el mandato judicial -en los términos antes explicados-, deberá ordenar que se constituya o que se acredite su constitución dentro del plazo de tres días. Al respecto, se ha resuelto, con razón, que no pueden los tribunales aplicar directamente la sanción de tener por no presentado un escrito sin haber antes otorgado la posibilidad de subsanar la falta consistente en no haber acompañado oportunamente copia del mandato judicial12.

Sobre la forma en que los tribunales deben pronunciar la resolución que ordena la constitución del mandato judicial, no existen términos sacramentales, aunque se ha declarado que no da cabal cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 2º de la Ley Nº 18.120 la resolución que se limita a proveer la presentación de la parte “venga en forma la presentación”, sin ordenar de manera expresa la constitución del mandato13. Nos parece excesivamente formalista este criterio, máxime cuando las hipótesis de aplicación del precepto analizado no se limitan, como hemos advertido, solo a la constitución del poder, sino que contemplan también la acreditación oportuna del mismo.

Con todo, con el objeto de procurar una adecuada comprensión de sus resoluciones y en cumplimiento del deber de motivación de las mismas, resulta conveniente que los tribunales a lo menos citen el inciso 4º del artículo 2º del la Ley Nº 18.120 al tiempo de ordenar la subsanación de los defectos relacionados con el presupuesto de la posutlación que nos ocupa, pues la remisión a dicha norma es suficientemente clarificadora de las consecuencias que acarrea el incumplimiento de esta carga. Por esta razón, compartimos lo resuelto en orden a que no es necesario que se aperciba al litigante a quien se ha ordenado la constitución a acreditación del poder con tener por no presentada la demanda en caso de no cumplir oportunamente con esta carga, porque la ley no lo exige y porque la sanción viene establecida en la propia norma legal14.

Aunque resulta frecuente que en la literatura especializada y en resoluciones de nuestros tribunales se exprese que la oportunidad para constituir o acreditar el mandato judicial en las hipótesis que comentamos corresponde a un plazo máximo de tres días, lo cierto es que la ley no se vale de tal expresión, por lo que el plazo para subsanar los defectos relativos al mandato judicial es de tres días, y viene establecido en la propia ley. En caso contrario, correspondería al tribunal fijar el plazo para ordenar la subsanación, dentro del marco prefijado por el legislador.

De lo anterior, se coligen algunas importantes consecuencias. En primer lugar, estamos siempre en presencia de un plazo legal, incluso en el supuesto de que se ordene acreditar el mandato previamente constituido. No consitutye esta última hipótesis un caso de plazo judicial, como se sostiene por la Corte Suprema en la sentencia objeto de este comentario.

En segundo término, y más importante aún, el plazo para subsanar los defectos relacionados con el poder es fatal o preclusivo, lo que quiere decir que, una vez vencido el plazo legal de tres días sin que se haya cumplido lo ordenado por el tribunal, se aplicará la sanción prevista en la norma sin necesidad de trámite alguno. Vale decir, no se debe acusar ni declarar rebeldía alguna. Por lo anterior, no compartimos lo resuelto por nuestro máximo tribunal en la sentencia que sirve de base a estos párrafos, pues incluso en el evento de encontrarnos en presencia de un plazo judicial -tesis a la que no adherimos-, no resultarían aplicables las reglas generales previstas para dichos términos en el Código de Procedimiento Civil, pues existe una regla especial contenida en la propia Ley Nº 18.120, que sanciona el incumplimiento de la carga de postulación procesal que nos ocupa sin necesidad de pronunciamiento alguno sobre la caducidad o preclusión para realizar una determinada actuación procesal. De lo contrario, ningún sentido tendría la expresión sin otro trámite, que emplea el legislador para regular este presupuesto procesal.

Existen otras consecuencias que se siguen del carácter legal del plazo para subsanar defectos relativos al mandato judicial: se trata de un plazo improrrogable (art. 67, CPC) y de un plazo de días hábiles o útiles (art. 66, CPC). Si bien el tenor literal y la ubicación sistemática de la regla sobre comparecencia en juicio que comentamos podría llevar a pensar que se trata de un plazo continuo, el espíritu del artículo 66 del Código de Procedimiento fue dotar de carácter general a la excepción a la regla contenida en el artículo 50 del Código Civil, de forma que todos los plazos referidos a la tramitación de procesos judiciales15.

En suma, intentando hacer compatible la pretendida naturaleza judicial del plazo para corregir los defectos relacionados con la constitución del mandato judicial con la especial sanción prevista en forma por la ley para el caso de no cumplirse con esta carga procesal, podría decirse que la oportunidad para constituir o acreditar el poder la fija el juez, pero la sanción la determina el legislador y opera ipso iure, sin declaración de rebeldía previa. Se trata, no obstante, de una solución algo artificiosa y perfectamente prescindible si se parte de la naturaleza legal y, por tanto, fatal del plazo en cuestión. Por lo demás, se tiene resuelto en este sentido que “el plazo de tres días indicado es de carácter legal pues está establecido en la ley (Ley Nº 18.120), es perentorio y lleva ínsito su fatalidad, por lo cual no está en lo cierto el recurrente cuando dice que dicho plazo es judicial y, por ende, no sería fatal16.

Finalmente, la existencia de facultades oficionas para controlar el presupuesto procesal de la postulación al tiempo de pronunciarse sobre el mandato judicial no obsta a que, en uso de sus atribuciones para evitar nulidades procesales, los tribunales puedan pronunciarse sobre este presupuesto procesal en cualquier estado del juicio17. Del mismo modo, nada impide que las partes puedan denunciar algún defecto no advertido por el tribunal en la forma de constituirse el poder a través de una excepción dilatoria o promoviendo una cuestión incidental, según las reglas generales. A estos mismos expedientes se debe recurrir para controlar o examinar la insuficiencia del poder, pues ello procede solo a instancia de parte.

Conclusiones

La designación de mandatario judicial, como uno de los elementos de la capacidad de postulación, debe realizarse en forma legal y acreditarse ante los tribunales en la primera presentación de la parte o del interesado.

El incumplimiento de este presupuesto procesal se debe controlar de oficio por el tribunal, al momento de proveer la primera presentación del litigante. Si el tribunal advierte que no se ha constituido poder alguno, o existe algún defecto legal en la forma en que se otorgó, o no se acompaña o exhibe documento que acredite el mandato judicial de la persona que comparece en representación procesal de la parte o del solicitante, el tribunal deberá ordenar la constitución o la acreditación del poder dentro del plazo de tres días.

El plazo para subsanar los defectos relativos al mandato judicial o representación técnica es legal, de días hábiles, improrrogable y fatal o preclusivo.

En consecuencia, si no se constituye el mandato judicial o no se acredita el poder oportunamente, caduca el derecho del litigante de subsanar tal defecto por el solo ministerio de la ley, sin necesidad de declaración alguna por parte del tribunal.

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1Ortells (2010), p. 137.

2De La Oliva (2017), p. 436.

3Causa rol Nº C-6468-2017.

4Corte de Apelaciones de Concepción, rol Nº 2048-2017, de 2 de abril de 2018.

5Corte Suprema, rol Nº 8226-2018, de 25 de septiembre de 2018.

6Corte Suprema, rol Nº 8226-2018, de 25 de septiembre de 2018, sentencia de reemplazo.

7Romero (2010), p. 76.

8Montero (2012), p. 106.

9Contreras y Delgado (2018), p. 159.

10De La Oliva (2016), p. 476.

11Casarino (2005), p. 37.

12Corte Suprema, rol Nº 4380-2013, de 23 de enero de 2014.

13Corte de Apelaciones de Concepción, rol Nº 1082-2015, de 8 de septiembre de 2015.

14Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol Nº 31-2015, de 11 de septiembre de 2015.

15Cortez (2018), p. 100.

16Corte de Apelaciones de Concepción, rol Nº 306-2014, de 9 de febrero de 2015.

17Corte de Apelaciones de Concepción, rol Nº 1360-2015, de 16 de octubre de 2015.

Recibido: 26 de Mayo de 2019; Aprobado: 03 de Junio de 2019

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