SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.26 issue2Reflections on the viability of mediation as an alternative method of conflict resolution in Spanish penitentiary centersLegal framework of employee-created software in Chile author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • Have no similar articlesSimilars in SciELO
  • On index processSimilars in Google

Share


Ius et Praxis

On-line version ISSN 0718-0012

Ius et Praxis vol.26 no.2 Talca Aug. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122020000200232 

Artículos de Investigación

“Obedientes y No Deliberantes”: Fuerzas Armadas, Autonomía y Control Democrático en Chile

“Obedient and non-deliberating”: Armed Forces, Autonomy and Democratic Control in Chile

Pablo Contreras1 

Sebastián Salazar Pizarro2 

1Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado. Magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado. Master en Derecho (Ll.M.) de Northwestern University. Doctor en Derecho (S.J.D.), Northwestern University. Profesor de Derecho Constitucional y Director del Centro de Regulación y Consumo la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Correo electrónico: pablo.contreras@uautonoma.cl. Correo postal: Europa 1920, Providencia, RM, Chile. Teléfono: +56966019632.

2Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado. Investigador invitado de la Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado. Máster Universitario en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctorando en Derecho y Ciencia Política en la Universitat de Barcelona. Jefe de Asesores Jurídicos y Legislativos en el Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2017. Correo electrónico: sebasalazarp@gmail.com. Correo postal: Avenida Carlos Antúnez 1831, Torre 20, Depto. 1008, Providencia, Santiago, Chile. Teléfono: +56976965500.

Resumen

El texto examina la subordinación democrática y la autonomía de las Fuerzas Armadas en el derecho chileno. Para ello, repasa la evolución constitucional de la cláusula de obediencia y de prohibición de deliberación respecto de las Fuerzas Armadas. En función de los cambios, conceptualiza el principio de obediencia y no deliberación, en una interpretación compatible con el régimen constitucional y democrático chileno. A partir de ello, se analiza la autonomía normativa y funcional de las Fuerzas Armadas bajo el ordenamiento jurídico. El texto concluye que, si bien el esquema constitucional de subordinación democrática de los militares fue adaptado satisfactoriamente para los fines democráticos, persisten espacios importantes de autonomía militar que deben ser revisados.

Palabras Clave: Fuerzas Armadas; Subordinación democrática; autonomía funcional

Abstract

The paper examines autonomy and democratic subordination of the Armed Forces under Chilean law. To this end, it reviews the constitutional evolution of the obedience and non-deliberation clause with respect to the Armed Forces. Considering those changes, the paper conceptualizes the obedience and non-deliberation clause, in a compatible interpretation under the Chilean constitutional and democratic regime. Based on this, the normative and functional autonomy of the Armed Forces is analyzed under the legal system. The paper concludes that although the constitutional rules of democratic subordination of the military was satisfactorily adapted for democratic purposes, important spheres of military autonomy persist and must be reviewed.

Key Words: Armed Forces; Democratic subordination; functional autonomy

Si la fuerza pública pudiera deliberar y obrar de propia autoridad, si se convirtiesen en guardias pretorianas que pretendiesen imponer su voluntad a los primeros mandatarios de la Nación, la Constitución sería un fantasma, el orden público una farsa y las garantías individuales que ella nos asegura, una mera sombra

Manuel Carrasco Albano

Comentarios sobre la Constitución Política de 1833

1. Introducción

Referirse, hoy, a la autonomía y el control democrático sobre las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad podría parecer extemporáneo. Pareciera que este es un tema superado en Chile. Con las reformas constitucionales del 20052 y con la muerte de Augusto Pinochet, para varios, se podía declarar cerrado este capítulo de la transición.

Pero la clausura, en realidad, constituye un pacto que hoy debe ser revisado. En este ensayo proponemos volver a mirar a las condiciones institucionales de autonomía y control de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Carabineros. Si bien el pacto de la transición reconstituyó la posición de las FF.AA. dentro de un sistema democrático, dejó espacios de autonomía institucional que no se condicen con su realidad de un órgano de la Administración central del Estado bajo el mando del Jefe de Estado. Esos espacios de autonomía frente al poder democráticamente electo han quedado invisibilizados y dejados de lado, pero hoy emergen por los costados. Algunos ejemplos podrían ilustrarlo.

Hoy, el sufijo “Gate” se emplea con naturalidad para referir a escándalos políticos3. En el contexto de las FF.AA. y Carabineros, cuando se utiliza el sufijo de “Gate”, hablamos de casos en que habría corrupción y malversación de fondos fiscales. El “Milicogate” y el “Pacogate” son las referencias obligadas4. Estos dos casos de corrupción dicen relación con las compras y ejecución de gastos, con cargo a recursos públicos, de parte de las FF.AA. y Carabineros. Se trata de esa parte del presupuesto público que prescinde del sistema general de control del gasto, que está estructurado bajo un régimen de secretismo, controles ad-hoc y escasa supervisión civil. En estos casos, el secretismo llegó al paroxismo de, incluso, leyes secretas, cuyos alcances constitucionales han sido criticadas por la doctrina nacional por infringir la cláusula democrática de la Constitución, el principio de publicidad constitucional, el contenido esencial del derecho de acceso a la información pública y la obligación constitucional de publicar las leyes5. El Milicogate fue cobijado bajo las reglas de la Ley N° 13.196, Reservada del Cobre (LRC), ley que solo fue desclasificada por el legislador a finales del año 20166.

El argumento principal del documento es que las FF.AA., en tanto instituciones subordinadas al poder civil democráticamente electo, deben ser estructuradas orgánicamente para asegurar condiciones institucionales de obediencia y no deliberación. Deliberación comprende la opinión política tanto sobre el diseño y función de las FF.AA. en decisiones sobre políticas públicas y políticas de defensa, como aquellas materias que digan relación con la organización de la Defensa Nacional, las competencias de la Jefatura de Estado, la conceptualización de términos tales como “seguridad nacional” o, en general, cualquier materia constitucional, organizacional o funcional relativa a políticas públicas.

Sin embargo, los márgenes de autonomía existentes en el funcionamiento interno en las ramas castrenses -como los que originaron dichos fraudes-, complejizan la materialización de los señalados principios constitucionales.

El trabajo se estructura de la siguiente forma. Primero, se revisan los antecedentes institucionales y constitucionales que prohíben la deliberación de las FF.AA. y cómo esta cláusula ha evolucionado en nuestra tradición constitucional. Aquí se repasa brevemente las modificaciones constitucionales que han permitido establecer la apoliticidad de las FF.AA. y el principio de defensa de la Constitución, en base al cumplimiento de las obligaciones y competencias jurídicamente establecidas para todos los órganos del Estado. Segundo, se analiza someramente el contenido de los conceptos de deliberación y participación. Se dispone que la deliberación contiene un elemento de opinión política que es incompatible con el rol constitucional de las FF.AA. Tercero, se analiza cómo la autonomía de las FF.AA. se ha trasladado desde la autonomía política en el plano constitucional, a la autonomía operativa y funcional en el plano legal y administrativo, demostrándose por medio de ejemplos concretos. El texto concluye que, si bien el esquema constitucional de subordinación democrática de los militares fue adaptado satisfactoriamente para los fines democráticos, persisten espacios importantes de autonomía que deben ser revisados.

2. Antecedentes institucionales y constitucionales

La posición de las FF.AA. dentro del actual Estado Democrático de Derecho es fruto de una progresión histórica, una ruptura institucional y la restauración constitucional de las bases democráticas del principio constitucional de no deliberación y de subordinación de las FF.AA. a la autoridad civil.

2.1. La Constitución de 1833

En la Constitución de 1833 se configuró una dependencia de las FF.AA. respecto del poder civil. El artículo 157 disponía que “[l]a fuerza pública es esencialmente obediente” y que “[n]ingún cuerpo puede deliberar”7. La dogmática constitucional, desde temprano, entendió el profundo fundamento republicano de una regla de tal naturaleza. Como sostuvo Carrasco Albano, en la cita que inaugura este texto:

si la fuerza pública pudiera deliberar y obrar de propia autoridad, si se convirtiesen en guardias pretorianas que pretendiesen imponer su voluntad a los primeros mandatarios de la Nación, la Constitución sería un fantasma, el orden público una farsa y las garantías individuales que ella nos asegura, una mera sombra8.

Sin embargo, la regla constitucional estuvo claramente tensionada en distintos episodios de nuestra historia. Así, por ejemplo, en la guerra civil de 18919, en el denominado “ruido de sables” -con funcionarios de la Armada apersonándose en el Congreso Nacional por la discusión de la dieta parlamentaria-10 y en la conducta del Ejército en la generación de la Constitución de 1925, alineándose con el presidente Alessandri para cerrar el texto de constitución y someterla a plebiscito, descartando cualquier alternativa de asamblea constituyente11.

2.2. La Constitución del 1925 y sus modificaciones

Bajo la Constitución de 1925, la progresión histórica fue de consolidación de las bases republicanas de subordinación democrática de los cuerpos castrenses bajo las autoridades democráticamente electas. El texto original de la Constitución de 1925 no tenía una mención explícita respecto de la posición institucional de las FF.AA. Sin embargo, replicaba el principio de obediencia y no deliberación bajo la fórmula de la Constitución de 1833. El artículo 22 establecía: “La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”. El más importante tratadista de la época describía el principio de obediencia de la siguiente forma:

[p]ara la fuerza pública, como cuerpo orgánico, la obediencia es absoluta, sin reservas ni dilaciones de ninguna especie. La más leve oposición o expresión de disentimiento que emane de los institutos armados de defensa o policía, manifiéstese de modo expreso o implícito, ha de considerarse como gravísima ofensa a la democracia y constituye una inminente amenaza potencial a su subsistencia12.

En relación con la prohibición de deliberación, se sostenía que las instituciones no podían “debatir acerca de los problemas colectivos con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o crítica a los órganos del poder político o a hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto”13.

La jurisprudencia de la Corte Marcial de la época interpretó el artículo 22, con el objeto de delimitar el alcance del principio bajo examen y fijó su carácter institucional. En 1956, la Corte sostuvo que dicha disposición no impide que los militares, en tanto cuanto individuos particulares y bajo su condición de ciudadanos, puedan manifestar su opinión política bajo la forma y con las limitaciones que establezca la ley y los reglamentos institucionales, mientras que, sin ambigüedad alguna, el artículo 22 imponía

la más absoluta prohibición de actuar como conglomerado o grupo militar en actividades deliberativas o políticas. Por consiguiente, los que participan en un grupo militar con finalidades políticas, económicas y sociales, como asimismo los que instan a otros a su ingreso o hacen su apología, infringen el deber que prohíbe la deliberación colectiva14.

La reforma de 1971 supuso la consolidación de la progresión institucional aquí anotada respecto de los principios bajo análisis. La modificación al artículo 22 definió que la fuerza pública estaba “constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros”, especificando, a la vez, que eran “instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes” (artículo 22, Constitución de 1925, tras la reforma de la Ley No. 17.398). Los tratadistas de la época precisaron los principios de obediencia y no deliberación en línea con lo que ya se entendía con anterioridad a las especificaciones materializadas. Así, por ejemplo, Evans sostenía que por obediencia debía entenderse “el sometimiento a la autoridad civil, especialmente a la del Presidente de la República, al que la Constitución le confiere un conjunto de atribuciones de carácter militar”15. A su vez, la prohibición de deliberación vedaba a las instituciones a “someter a debate” las órdenes de la autoridad, aunque en un sentido más amplio, comprendía la “prescindencia política como instituciones” de las FF.AA.16. La dogmática constitucional ya presentaba rasgos de la doctrina “ciudadano en uniforme”, puesto que la prohibición de deliberación no excluía la posibilidad que los individuos adoptaran ideas políticas, sino que, lo que se proscribía era que los miembros de las FF.AA. adoptaran “actitudes políticas o someter su vida y carrera militares a posiciones o ideas partidistas”17.

2.3. El modelo original de la Constitución de 1980

La ruptura institucional se cristaliza constitucionalmente con el texto original de la Constitución de 198018. La ruptura es total, dado que el poder constituyente y el legislativo fue ejercido por la Junta Militar que deliberó y adoptó la Constitución de 198019. En este sentido, la arquitectura de la Constitución de 1980 produce una distorsión con la tradición republicana nacional, al dotar de rango constitucional la participación política de las FF.AA. dentro del sistema político20.

Esta posición de las FF.AA., como es evidente, tuvo impacto en el contenido constitucional del deber de obediencia y la prohibición de deliberación. El antiguo artículo 90 disponía, en su inciso 4º, que las FF.AA. “como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes” y agregaba los principios de profesionalidad, jerarquía y disciplina. Si bien en esto seguía la formulación de la Constitución de 1925, la lectura aislada de la Constitución de 1980 no da cuenta de posición que efectivamente tenían las FF.AA. dentro del régimen. Godoy estimó que las reglas constitucionales conducían a la confusión entre “el principio esencial de obediencia y no deliberación de los cuerpos armados, por una parte, y la constitucionalización de su participación en instituciones políticas, por otra”21. Leída la Constitución en su conjunto, la prohibición de deliberación no era más que una promesa vacía.

La mejor forma de explicar el diseño original es recurriendo al mismo título que el constituyente empleó en su momento: las FF.AA. eran parte de un “Poder de Seguridad” a cargo de la tutela de la estructura de poder establecida en la Constitución de 198022. El Poder de Seguridad fue una expresión utilizada, precisamente, por Pinochet, para determinar la arquitectura del poder autoritario definido en las reglas constitucionales23. La intervención de las FF.AA. en materias de decisión política estaba dada por una serie de preceptos en la Constitución24. El mismo artículo 90 antes citado, en su inciso segundo, disponía que las FF.AA. eran garantes “del orden institucional de la República”25. El resto de la normativa constitucional consolidaba este ideal de seguridad, incluyendo la inamovilidad de los Comandantes en Jefe (artículo 93, Constitución de 1980, texto original), la institución de los senadores institucionales o “designados” (artículo 45, inciso tercero, Constitución de 1980, texto original) o la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) con participación mayoritaria de los cuerpos armados (artículos 95 y 96, Constitución de 1980, texto original). El COSENA contaba con la facultad de “[r]epresentar, a cualquier autoridad establecida por la Constitución, su opinión frente a algún hecho, acto o materia, que a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional” (artículo 96, letra b, Constitución de 1980, texto original). Esta sola potestad daba cuenta que las FF.AA., bajo el modelo de la Constitución original, eran deliberantes, al punto que podían representar decisiones a la autoridad democráticamente electa, a través de este organismo.

2.4. La reforma a la Constitución de 1980

La restauración democrática en el marco de las normas jurídicas solo se produce a partir de las reformas constitucionales del 2005. Las reformas de 1989 no tocaron la esencia del Poder de Seguridad, alcanzando solo cuestiones de personal militar y modificaciones menores al COSENA, cambiando la “representación” por “hacer presentaciones” a la autoridad26. El eufemismo, sin embargo, no lograba el objetivo de subordinación militar al poder civil.

Solo a partir de la Ley 20.050 se puede volver a conceptualizar los principios de obediencia y no deliberación bajo la clave democrática que se estableció durante la vigencia de la Constitución de 1925, en contra de lo que ha sostenido una doctrina minoritaria27.

Las reformas constitucionales, entre numerosas modificaciones, desmantelaron el Poder de Seguridad28. Se eliminaron los senadores designados y vitalicios, se estableció la regla de remoción de los Comandantes en Jefe de las FF.AA., se eliminó la facultad del COSENA de “hacer presente” observaciones a las autoridades públicas y, en último término, se dispuso que la garantía de la institucionalidad era un principio que correspondía a cada órgano del Estado, en el marco del reparto de competencias que la misma Constitución fija29.

Tras las reformas, a nivel constitucional, las FF.AA. son genuinamente obedientes, no deliberantes y dependientes del poder civil democráticamente electo, a través del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que su autonomía normativa político-institucional queda limitada. Dada esta estructura, es necesario recomprender los conceptos de obediencia y no deliberación.

3. Obediencia y no deliberación de las FF.AA.

3.1. Fundamentos y alcances de la obediencia y no deliberación

El fundamento del principio de no deliberación se deriva de las consecuencias del monopolio de la violencia estatalmente organizada en el marco de los Estados modernos. Como se ha sostenido, “[p]recisamente porque éstas reciben de la sociedad civil el derecho privativo del uso del poder armado, se las sustrae al debate y las decisiones políticas contingentes que corresponden a una actividad propiamente política”30. Además, dentro del marco del Estado Democrático de Derecho, el poder tiene su legitimidad en la soberanía del pueblo y, por ello, las autoridades democráticamente electas -y responsables políticamente ante la ciudadanía- pueden deliberar en el sentido aquí anotado. Un autor español lo destaca correctamente: “el anverso de la supremacía civil no es otro que la subordinación militar, la cual exige la asunción por la institución armada de su posición sumisa a los poderes constitucionales”31. La obediencia es una condición necesaria para la materialización de la no deliberación. Esta exige, en su dimensión vertical, que el inferior se supedite al mando del superior que, dentro del marco constitucional, obliga a las FF.AA. sujetarse al Ministro de Defensa Nacional e, incluso, al Presidente de la República32. El poder civil democráticamente electo delibera y adopta las decisiones políticas y a las FF.AA. no les cabe otro rol que cumplir con ellas. Esta posición no es más que una proyección de la separación de poderes de un Estado de Derecho, en el cual la Administración se sujeta al marco de las leyes33. Desde el punto de vista de un concepto de obediencia, sometida al imperio del derecho, se ha explicado que el contenido normativo exige el carácter “reflexivo” de parte del subordinado34. En específico

[e]l deber de obediencia no es ilimitado, pues se trata de una ‘obediencia reflexiva’, lo que significa que el subalterno tiene la facultad de ‘discernir’, pudiendo representar al superior la ilegalidad y deberes de cada institución, en todo lo que diga relación con su función específica35.

La Contraloría General de la República, a su vez, ha desarrollado la prohibición de deliberación de las FF.AA. a propósito de sus instrucciones con motivo de elecciones de representantes populares36. De acuerdo a la interpretación de la Contraloría, las FF.AA. están sujetas “a un estricto régimen de prohibiciones y deberes, que los obliga a observar una absoluta prescindencia política y a abstenerse de toda actividad de carácter político partidista, tanto en el desempeño de sus cargos como fuera del servicio”37. Esto implica que las FF.AA. no pueden valerse de sus cargos “para favorecer o perjudicar a una determinada tendencia [político contingente]”38. La única limitación que fija a este criterio es el derecho de sufragio (activo) que se reconoce a todos los ciudadanos39. Este criterio se mantiene sin variantes en la actualidad40.

En consecuencia, la prohibición de deliberación establece la apoliticidad de las FF.AA. Si bien la apoliticidad no es exclusiva de las FF.AA. y afecta a toda la Administración del Estado41, la relevancia del principio constitucional de obediencia y no deliberación es garantizar el mando civil y permitir el funcionamiento del sistema político y no, meramente, una cuestión de neutralidad política por razones técnicas42. Esto significa que las FF.AA. no pueden adoptar una agenda política. Adicionalmente, queda vedado que las FF.AA. utilicen estratégicamente su poder para presionar, explícita o sutilmente, en agendas propias de las instituciones.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1925, los tratadistas entendieron la deliberación como opinión política y excluyeron una serie de intervenciones que, entendían, no violaban el principio constitucional de obediencia y no deliberación. Por ejemplo, Silva Bascuñán sostenía que no constituía deliberación “los debates que sólo con propósitos de estudio o perfeccionamiento se realicen en el seno de los institutos armados […]”43. Dichos estudios solo podían ser evacuados por vía de “conducto regular”, bajo la estructura jerárquica de las FF.AA. y ante la autoridad civil.

Como revisamos, no tenía sentido estudiar el principio de no deliberación en el marco del texto original de la Constitución de 1980, dado que la estructura del Poder de Seguridad impedía reconocer una genuina prohibición, en tal sentido, para las FF.AA.44.

Una vez reformada la Constitución, se reestablece el principio que las FF.AA. no podrán promover institucionalmente agendas de modificación de normas de ningún tipo, -constitucionales, legales o administrativas-, incluso en materias que sean parte de la misión y las funciones de las mismas. Todas estas materias son esencialmente políticas y quedan fuera de la competencia de las FF.AA. Corresponde al poder civil democráticamente electo, determinar los alcances y contenidos de la normativa del sector defensa nacional.

La prohibición de deliberación constituye el cumplimiento del mandato de garantía del orden constitucional que establece, actualmente, el artículo 6 de la Constitución. El quebrantamiento de este principio fundamental de la tradición constitucional chilena supone una violación de las Bases de la Institucionalidad y debe ser sancionado con el máximo rigor que establecen las leyes penales y los reglamentos de disciplina45. A su vez, cualquier intervención política violaría la limitación de la competencia jurídicamente atribuida a las FF.AA. en el artículo 101 de la Constitución. Tal infracción atenta contra la separación de poderes que efectúa la Constitución en el artículo 7 de la Constitución46.

La prohibición de deliberación de las FF.AA. tiene un fundamento democrático que es ineludible: al excluir la opinión política de los cuerpos armados se configura una garantía democrática para todos los sectores políticos. Será el juego democrático el que permitirá determinar el curso y la contingencia de las decisiones políticas que se adopten dentro del sistema político. La neutralidad de las FF.AA. frente al debate público es central para permitir el desarrollo político pacífico dentro de un Estado de Derecho Democrático de tal deliberación. En este sentido, es una forma de resguardar el principio democrático que establece la Constitución en su artículo 4, puesto que, si las FF.AA. toman posición, entonces no es posible la deliberación política pacífica sin amenaza o coerción.

La síntesis obligada de este análisis constitucional es la sentencia de Carrasco Albano: si no respeta la regla de obediencia y no deliberación, la Constitución sería un fantasma.

3.2. Canales de participaciones y restricciones

La prohibición de deliberación consolida la subordinación de los militares al poder civil. Para analizar la actuación de las FF.AA., dentro del sistema político, deberá distinguirse entre lo institucional y lo individual.

La autoridad civil podrá solicitar aportes, estudios e informes a las FF.AA. en la forma y modo que determine. Para ello podrá dictar las instrucciones y órdenes pertinentes al mando militar. En el caso de los miembros de las FF.AA., se emplea un concepto democrático de participación, esto es, participación sin perjuicio de las limitaciones y restricciones a sus derechos políticos dado el carácter de relación especial de sujeción.

En lo institucional, las FF.AA. pueden expedir los informes y estudios en la forma y el modo que el poder civil democráticamente electo disponga. Esto supone que la actuación de las FF.AA. es reglada y ordenado por el Presidente de la República, a través del Ministro de Defensa Nacional47. Esta es la única modalidad compatible con los principios de obediencia y no deliberación, en el marco de la subordinación democrática de los militares.

Además, y tal como señalaba Silva Bascuñán, la participación se reduce a debates sobre “estudios y perfeccionamientos” al interior de las instituciones48. Con ello, el tratadista entendía que la intervención no podía nunca ser política. Cualquier ambigüedad en la forma de cumplir con tales tareas es sumamente delicada:

[l]a más leve oposición o expresión de disentimiento que emane de los institutos armados de defensa o policía, manifiéstese de modo expreso o implícito, ha de considerarse como gravísima ofensa a la democracia y constituye una inminente amenaza potencial a su subsistencia49.

Desde el punto de vista de los individuos, el problema se conecta con las doctrinas de ciudadanos y ciudadanas “en uniforme” y las restricciones de sus derechos fundamentales. Como se ha sostenido

[n]o debe confundirse, sin embargo, el comportamiento personal de cada integrante de las fuerzas armadas de aquel que les corresponde específicamente como miembros de éstas. […] Cada militar, marino, aviador o carabinero, no deja, por revestir alguna de esas calidades, de disfrutar de las garantías de que tiene como cualquier habitante de la República y de sus derechos de chileno y de ciudadano50.

Sobre los funcionarios de las FF.AA. pesan restricciones especiales que condicionan, al mínimo, su agencia política. Evidentemente, dichas restricciones tienen el objeto de consolidar la expectativa institucional de obediencia y no deliberación. Al igual que el resto de la Administración del Estado, los uniformados se sujetan a un principio de alta tecnificación51 y con una exigencia de apoliticidad con concreción positiva en su propia ley orgánica constitucional52.

No todas las restricciones especiales de los derechos fundamentales de los uniformados tienen su fundamento en la protección de la cláusula de subordinación democrática de las FF.AA. Básicamente, las restricciones se dividen en dos grupos53. En general, las limitaciones están establecidas en función de asegurar la eficacia de las instituciones castrenses, bajo la lógica de la disciplina, la jerarquía y otros dispositivos burocráticos54. El segundo orden de restricciones está ideado, precisamente, para garantizar la prohibición de deliberación de las FF.AA. En el caso chileno, las restricciones están explicitadas en materia de sufragio pasivo, asociación, sindicalización y reunión.

Esto significa que la participación democrática de los uniformados, considerados individualmente, requiere cumplir con las restricciones del derecho de asociación o las inhabilidades de derechos sufragio pasivo que la Constitución y las leyes fijen. Asimismo, la ley y los reglamentos pueden disciplinar la participación de los militares en las instancias de diálogos ciudadanos.

4. Autonomía normativa de las FF.AA.

Sin embargo, debemos identificar una serie de ejemplos que dificultan la materialización y control de los principios en estudio, radicado principalmente en el exceso de autonomía normativa que cuentan las FF.AA. en la actualidad. En este sentido, lo que constitucionalmente se ha resuelto, aún requiere de un programa de revisión legislativo y administrativo coherente para fortalecer la subordinación democrática de los militares al poder civil.

4.1. Origen de la autonomía normativa de las FF.AA.

Las FF.AA. tienen un tratamiento en el capítulo IX de la Constitución de 1980, complementado por la Ley 18.948, LOC FF.AA., lo que ha motivado a parte de la literatura militar a sostener que estas deben ser entendidas como autonomías constitucionales, en consideración a las funciones encargadas a los cuerpos armados55. No obstante, lo anterior, importa recordar que las FF.AA. son organismos pertenecientes a la Administración del Estado56, como así lo estipula el artículo 1º inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE)57.

Esta sujeción implica la existencia de una normativa genérica para los organismos de la Administración del Estado en aspectos organizacionales, regímenes de contratación, control de su actividad, entre otras, en virtud al artículo 38 inciso primero de la Constitución.

A su vez, para el caso de los organismos autónomos fuera de este régimen general, estos se caracterizan (i) por ser organismos de la Administración que se descentralizan funcionalmente por mandato de la ley; (ii) por constituirse como personas jurídicas públicas, dotadas de patrimonio propio administrado con independencia del poder central; y (iii) por no encontrarse sujetos a subordinación jerárquica, sino a una relación de tutela u supervigilancia administrativa con el Presidente de la República58.

Este no es el caso de las FF.AA., que no son autonomías según los criterios ya señalados, pues dependen directamente del Ministerio de Defensa Nacional, en su condición de colaborador directo del Presidente de la República59. Sin embargo, se les reconoce un ámbito de desconcentración funcional60, establecido en el artículo 21 inciso segundo de la LOCBGAE, al permitir un régimen diferenciado en favor de estas, que remite a las normas constitucionales pertinentes y leyes orgánicas constitucionales (LOC) o de quórum calificados, la regulación de sus aspectos fundamentales, como su organización y funcionamiento.

La elaboración de dicha normativa se desarrolló principalmente durante los últimos años de la dictadura militar, con colaboración directa de civiles tecnócratas afines al régimen, buscándose implementar un alto grado de autonomía de las FF.AA. en su relación con el poder civil, protegiéndose su carácter profesional y generándose una serie de estatutos especiales y diferenciados, respecto al resto de los organismos de la Administración del Estado61.

En este sentido, podemos sostener la existencia de dos niveles de funcionamiento autónomo normativo en las FF.AA.: (i) la denominada político-institucional, referida al rol que cumplen (y cumplieron) las ramas castrenses en el sistema político y constitucional nacional62; y (ii) la llamada operativa-funcional. En el segundo nivel, los criterios se agrupan en (a) el establecimiento de materias reguladas por LOC; (b) materias protegidas bajo causales de reserva o secreto; y (c) regulaciones especiales que se diferencian del régimen general de la Administración del Estado, como los bienes inmuebles, ejemplos que veremos a continuación.

4.2. Niveles de autonomía normativa operativa-funcional

A continuación, se estudiarán en forma somera los 3 niveles de autonomía normativa operativa-funcional identificados, análisis que contará forzosamente con ejemplos concretos provenientes de su normativa, los que ilustraran de mejor manera, los márgenes de actuación autónoma de las FF.AA. en el cumplimiento de sus funciones63.

4.2.1. Materias reguladas por leyes orgánicas constitucionales

El primer criterio corresponde a materias reguladas por LOC, en virtud al artículo 105 de la Constitución de 1980. La LOC FF.AA., norma aprobada a finales de febrero de 1990, materializa principalmente este mandato, y considera también la organización general de las instituciones; la carrera profesional de su correspondiente personal, con decisiones que, por regla general, son a proposición discrecional del Comandante en Jefe institucional (CJI); el funcionamiento de la antigüedad y mando ejercido principalmente por los CJI; aspectos previsionales y de seguridad social; y normas generales sobre el régimen presupuestario de las FF.AA., estableciendo niveles concretos de autonomía.

Las LOC exigen para su creación, modificación o supresión, el voto de cuatro séptimos de diputados y senadores en ejercicio, lo que acompañado del sistema binominal para la elección de los parlamentarios (antiguo artículo 109 bis ley Nº 18.799, de 1989), bajo la redacción original de la Constitución, que contemplaba la existencia de senadores designados ex uniformados, que representaban directamente los intereses de las FF.AA., y con un control preventivo obligatorio por parte del Tribunal Constitucional (TC) de estas materias, dificultaban el desarrollo de una agenda reformista en el sector defensa.

Este panorama afectó el proceso de deliberación democrática, por lo que cualquier cambio normativo que se impulsaba, debía contar necesariamente con el acuerdo de los señalados representantes y de la derecha política en general, pues la finalidad era conservar los ámbitos de privilegios establecidos normativamente, y asegurar la autonomía en el funcionamiento y desempeño de las atribuciones constitucionales conferidas a las ramas castrenses64.

Respecto a la carrera profesional65, los nombramientos, ascensos y retiros de cargos importantes y estratégicos del personal militar, se efectúan por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del respectivo CJI, esto último, como requisito fundamental en dicha decisión66, para asegurar el carácter jerarquizado y el ejercicio del mando en las FF.AA. Además, estas autoridades adoptan decisiones discrecionales en materias tan diversas como el ingreso y reincorporación al servicio del personal en retiro temporal; el pase para el ascenso de los Oficiales Superiores; las convocatorias y el funcionamiento de las Juntas de Selección y de Apelaciones; las comisiones de servicio al extranjero; la contratación de personal a contrata y su encasillamiento a un determinado grado de sueldo base; la fijación de los periodos de feriados; entre otras, decisiones adoptadas por el CJI, o el Director de Personal y sus equivalentes67.

En relación a la calificación del personal, se establece un régimen de evaluación por medio de las Juntas de Selección y de Apelación de las FF.AA., las cuales contemplan amplias atribuciones para determinar las listas de ascensos, formación y retiro del personal militar, cuyas deliberaciones son secretas y sus resultados son soberanos68.

Los procesos de formación, perfeccionamiento y capacitación quedan entregados a las propias FF.AA., con un mandato de aseguramiento de estos procesos en la Ley de Presupuestos. Estas determinan sus propios planes y programas de estudio en las escuelas matrices, las que son consideradas como Instituciones de Educación Superior para estos efectos, y entregan una serie de grados académicos y títulos técnicos y profesionales, equivalentes a los que otorgan las otras instituciones de educación reconocidas por el Estado69.

Sobre los aspectos previsionales y de seguridad social, la LOC FF.AA. establece un régimen autónomo de reparto solidario que considera la progresión de la carrera profesional militar, contemplando una serie de beneficios previsionales. El sistema se financia: (i) por el aporte que realiza el personal militar adscrito al régimen a través de imposiciones, cotizaciones y aportes diversos; y (ii) el Fisco, el que aporta anualmente la mayor parte de los fondos suficientes para cubrir el pago de los beneficios70. En relación a las inutilidades, le corresponde a los CJI determinar los respectivos grados de inutilidad y la capacidad de continuar o no en el servicio por parte del personal militar, por lo que podemos observar que los mayores niveles de autonomía o decisión discrecional sobre la materia, se encuentran en la determinación de estos beneficios71. Ahora bien, este régimen ha sido criticado por las ostensibles diferencias con el resto de la población adscrita a las normas generales de previsión y seguridad social, ya que se ha sostenido que, ante niveles similares de cotización, las pensiones de las FF.AA. son entre cuatro y siete veces superiores al resto (promedio de CAPREDENA es de $741.487)72.

Por último, la LOC FF.AA. establece disposiciones sobre el régimen de financiamiento de las FF.AA., que aseguran un importante grado de autonomía funcional-operativa a estas, con prerrogativas bastante beneficiosas en comparación con el resto de los organismos públicos. Dicha norma establece tres mecanismos73:

(i) el aporte fiscal por medio de la Ley de Presupuestos, con reglas especiales, en un régimen de relación directa entre los CJI y el Ministro de Defensa Nacional, en que se informan de las necesidades presupuestarias de las ramas y los servicios públicos asociados a estas, las que, posteriormente, son remitidas al Ministerio de Hacienda, procediendo a aplicarse las normas generales sobre Administración Financiera del Estado74; y el establecimiento de pisos mínimos de financiamiento presupuestario para las FF.AA.75, lo que constituye uno de los principales mecanismos de protección o garantía, que asegura su autonomía funcional ante cualquier decisión política que implicase una disminución en su financiamiento regular76. Esto debe complementarse con lo referente al gasto en personal, ya que el citado artículo también prescribe que estos deberán reajustarse periódicamente de conformidad a las normas respectivas, distinguiendo en forma nítida este tipo de gasto en función al resto, asegurado por el señalado piso.

(ii) ingresos propios en moneda nacional o extranjera, como los Fondos Rotativos de Abastecimiento (FORA)77, que permite a las ramas disponer de cuentas bancarias destinadas y efectuar variadas operaciones financieras para ingresar o gastar recursos originados en los respectivos sistemas de abastecimiento, con la posibilidad de ejecutar dichos montos más allá de un año calendario presupuestario, y con una serie de exenciones y beneficios aduaneros y tributarios78; y

(iii) recursos provenientes de otras leyes vigentes a la dictación de esta ley, como el caso de la Ley Reservada del Cobre (LRC).

4.2.2. Materias protegidas bajo causales de reserva o secreto

El segundo criterio consiste en las causales de reserva y secreto, consideradas principalmente para el financiamiento de Proyectos de Inversión (PI) y de Mantenimiento del Potencial Bélico (MPB) de las FF.AA., por medio de la LRC79.

Actualmente, la LRC autoriza el ingreso de un 10% de las ventas totales de las exportaciones de cobre y sus subproductos realizadas por CODELCO, recursos que son recaudados por única vez, y a más tardar al 15 de diciembre del año en curso80, por la Tesorería General de la República en una cuenta del Banco Central. Esta recaudación se divide contablemente en partes iguales en las cuentas de reserva individualizadas para cada rama castrense, en consideración del piso mínimo de ingreso fijado por el artículo 1º inciso segundo de la LRC, es decir, si la cantidad total del rendimiento del 10% fuera inferior a ciento ochenta millones de dólares (US$ 180.000.000,00) los que serán reajustados año a año a contar del 1º de enero de 1987, en la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Por Mayor de los Estados Unidos de América del año anterior al del respectivo reajuste. Si existe diferencia, esta deberá ser completada por el Fisco81.

Para proceder al gasto de los fondos disponibles, es necesario la dictación de un Decreto, por orden del Presidente de la República y que lleva las firmas del Ministro de Hacienda y de Defensa Nacional, en el cual se fija el marco de gasto global por conceptos de MPB y PI, correspondiente a un año calendario82.

Este régimen excepcional de financiamiento ha sido fuertemente criticado por la falta de transparencia y gran opacidad en su funcionamiento, el excesivo recelo por el carácter reservado o secreto de la normativa y la información relacionada, la falta de deliberación democrática de las decisiones sobre qué proyectos priorizar y financiar, acorde con una metodología y estrategia concreta para el desarrollo de las capacidades militares, y el control -principalmente financiero y macroeconómico por el Ministerio de Hacienda- escaso que se efectúa en el uso y en la rendición de cuentas sobre los recursos utilizados en función de la LRC83.

Incluso, los hechos señalados en la introducción motivaron la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la H. Cámara de Diputados, que propuso (i) la tramitación de la ley 20.977 de 2016, que exigía la publicación en el Diario Oficial de la Ley Nº 13.196, Reservada del Cobre84; y (ii) la derogación de la LRC, y establecer un nuevo Sistema de Financiamiento para las FF.AA.85, entre otras medidas, adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional, de índole normativas, administrativas, de fiscalización y auditoría, y probidad tendientes a mejorar los niveles de control dentro del flujo de la LRC86.

4.2.3. Regulaciones especiales sobre bienes inmuebles de las FF.AA.

Por último, tenemos las excepcionales autorizaciones para adquirir y enajenar bienes inmuebles y la existencia del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) en los Servicios de Bienestar.

El artículo 99 del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, mantiene vigente el Decreto Ley N° 1.113 de 1975, y otras disposiciones legales vigentes que rigen la adquisición, administración y disposición de bienes inmuebles para las FF.AA. La Ley 17.174 de 1969, faculta al Presidente de la República para enajenar predios e inmuebles que indica, previa proposición de los CJI, a título oneroso los predios, viviendas y cuarteles de propiedad fiscal no imprescindibles que fuesen destinados a las ramas castrenses; y con los fondos resultantes se podrán financiar la adquisición de propiedades y de terrenos o para la construcción de nuevas instalaciones y viviendas destinadas todas ellas al uso de la respectiva Institución, o en la ampliación, reparación y dotación de las ya existentes.

Además, el Decreto Ley N° 1.113 de 1975, que fija normas para la Adquisición de Bienes Raíces por las FF.AA, dispone un régimen especial de adquisición y enajenación de inmuebles para las instituciones, representando al Fisco para adquirir o enajenar87 a cualquier título, bienes raíces para sus instituciones. Esta ley faculta, mediante autorización previa de los CJI, a los comandantes o jefes del Comando de Ingenieros del Ejército, del Servicio de Obras y Construcciones de la Armada y del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, para representar al Fisco para adquirir o enajenar88 a cualquier título, bienes raíces para sus instituciones. Estos terrenos son complementarios a los destinados por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, para el cumplimiento de los fines de los cuerpos castrenses. Dichos fondos serán usados en el estudio, planeamiento, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación, conservación, reposición o adquisición de bienes destinados al uso de la respectiva institución; si no son usados durante el año calendario, estos fondos igualmente quedarán a disposición de las ramas castrenses para su uso en los fines indicados, los cuales estarán libres del pago de impuestos o derechos.

Adicionalmente, la Ley N° 18.712 de 198889, que aprueba un nuevo Estatuto de los Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas, cuya finalidad es proporcionar al personal las prestaciones que tiendan a promover una adecuada calidad de vida que contribuya a su bienestar y al de sus familias, principalmente para fines educativos, habitacionales y recreacionales, creándose el PAF para el cumplimiento de dichos fines. Este se encuentra compuesto de bienes y recursos proveniente de operaciones comerciales y financieras de diversa índole.

Esta ley prescribe que los Servicios de Bienestar de las FF.AA. actuarán como personas jurídicas representadas por sus correspondientes jefes, los que podrán celebrar una gran cantidad de actos y contratos, operaciones financieras y bancarias sobre los bienes que componen el PAF, tendiente a conseguir y mantener las condiciones de bienestar social ya señaladas. Determinan sus presupuestos anualmente y previa autorización de la autoridad respectiva; y los fondos no invertidos dentro del presupuesto anual, pueden ser usados al año siguiente. Además, las prestaciones otorgadas por los servicios de Bienestar Social quedan liberados de los impuestos al valor agregado, a la renta, de timbres y estampillas y exentos del pago del impuesto territorial.

Finalmente, el único control que se ha realizado en este aspecto ha sido desde la Ley de Presupuestos, ya que durante los años 2010, 2011, 2012, 2017 y 2018, se ha establecido un artículo que incorpora los recursos obtenidos por enajenaciones de bienes inmuebles de las FF.AA. a los correspondientes capítulos de la partida del Ministerio de Defensa Nacional, para financiar proyectos de infraestructura militar y social de las FF.AA., junto con informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las enajenaciones de estos.

5. Conclusiones

La posición de las FF.AA. dentro del actual Estado Democrático de Derecho es fruto de una progresión histórica de dependencia bajo el poder civil elegido democráticamente, durante la vigencia de las Constituciones de 1833 y 1925. La Constitución de 1980, en su versión original, implicó una ruptura institucional con la tradición constitucional chilena, al asumir las ramas castrenses el rol de garantes e intervinientes en la institucionalidad política, como manifestación concreta del Poder de Seguridad. Con las reformas constitucionales de 2005, se restauran las bases democráticas del principio constitucional de no deliberación y de subordinación de las FF.AA. a la autoridad civil.

Los principios de obediencia y no deliberación cumplen una función fundamental en una democracia, pues se configuran como límite al monopolio de la fuerza entregado a las FF.AA., en consideración a sus atribuciones constitucionales. La intervención de estas en el proceso político atenta gravemente el ejercicio del poder, el que radica en la soberanía popular y en sus representantes electos. Por tanto, la obediencia y no deliberación de los cuerpos castrenses implica la subordinación a las decisiones del poder civil, la apoliticidad en las decisiones adoptadas por estas, y en la no injerencia o favoritismo sobre posiciones políticas que pueden esgrimirse por determinados sectores en la deliberación pública.

Ahora bien, la exclusión de la deliberación requiere precisión. Una vez que la autoridad civil adopte una decisión de políticas públicas o de organización administrativa, se podrá requerir a las instituciones castrenses que provean estudios o insumos necesarios para que se analicen las consecuencias de las decisiones o acuerdos que se adopten, especialmente, en materia de defensa nacional. Para ello, las FF.AA. deben intervenir bajo la metodología que defina el Ejecutivo y a través de los informes y opiniones técnicas que sean requeridos al efecto. Esta forma de conducir la acción de las FF.AA., permite consolidar el control civil de los cuerpos armados y reafirmar la subordinación democrática de estos.

Sin embargo, de la revisión de la normativa constitucional y legal, ha quedado patente la existencia de amplios márgenes de autonomía en las FF.AA. Estas esferas de autonomía se clasificaron como político-institucional y operativa-funcional, y grafican la compleja relación entre el poder civil y militar, para materializar adecuadamente los principios de obediencia y no deliberación. Esta situación se concretiza por la subsistencia de privilegios y regímenes diferenciados, sin una justificación plausible, en favor de los militares; por las amplias decisiones discrecionales y carentes de motivación que adoptan sus autoridades en el ejercicio del mando; y por la falta de actualización de su normativa a partir de las reformas constitucionales del año 2005.

Por tanto, es fundamental que el poder civil efectúe una revisión completa de la normativa estudiada, en clave democrática, y acorde a la interpretación entregada sobre los principios analizados. De esta manera, se podrá eliminar o restringir, todos aquellos aspectos de autonomía que se consideren perjudiciales para la implementación de principios de actual vigencia en el Derecho Administrativo general, como la probidad administrativa, la transparencia y el acceso a la información pública, principalmente, y el respeto y promoción de los Derechos Fundamentales, dentro de las instituciones armadas. Así, se configurará una evolución desde el escenario actual hacia una buena administración y promoción del buen gobierno90, como exigencia concreta a las FF.AA. en un Estado Democrático de Derecho.

Bibliografía Citada

AGÜERO, FELIPE (1986): “La Constitución y las Fuerzas Armadas en algunos países de América del sur y España”, en: Revista de Ciencia Política (Año 8, Nº 12), pp. 101-122. [ Links ]

__________ (2003): “30 Años Después: La Ciencia Política y las Relaciones Fuerzas Armadas, Estado y Sociedad”, en: Revista de Ciencia Política (Año 23, Nº 2), pp. 251-272. [ Links ]

AGUIRRE, LUPE (2007): “El Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, en: Revista de Estudios de la Justicia (Año 9), pp. 277-286. [ Links ]

ANDRADE GEYWITZ, CARLOS (2002): Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, 2ª edición (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). [ Links ]

ATRIA, RODRIGO (2009): “Chile y su Defensa: transformaciones y desafíos”, en: Revista Política y Estrategia (Nº 113), pp. 13-43. [ Links ]

BARROS, ROBERT (2005): La Junta Militar. Pinochet y la Constitución de 1980 (Santiago, Editorial Sudamericana). [ Links ]

BENAVIDES, PAULA y JONES, INGRID (2012): “Sistema de Pensiones y otros Beneficios Pecuniarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile: Situación Actual y Proyecciones Fiscales 2012-2050”, en: Estudios de Finanzas Públicas (Santiago, Publicación de la Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda). [ Links ]

BORN, HANS; CAPARINI, MARINA; HALTINER, KARL W, y KUHLMANN, JÜRGEN (2006): “Patterns of democratic governance of civil-military relations”, en: Born, Hans (Ed.), Civil-Military Relations in Europe. Learning from Crisis and Institutional Change (London, Routledge), pp. 235-255. [ Links ]

CARRASCO ALBANO, MANUEL (1858): Comentarios sobre la Constitución Política de 1833 (Valparaíso, Imprenta y Librería del Mercurio). [ Links ]

CEA, SERGIO y CORONADO, RICARDO (2011A): “¿Qué perspectiva de futuro tiene el Derecho Militar chileno?”, en: Revista Ars Boni et Aequi (Año 7, Nº 1), pp. 63-82. [ Links ]

__________ (2011B): “La Constitucionalización de las Fuerzas Armadas”, en: Actualidad Jurídica (Nº 23), pp. 435-452. [ Links ]

CEA, SERGIO y MORALES, PATRICIO (2014): “Las Fuerzas Armadas en la Constitución Política de la República” en: Revista Derecho Público Iberoamericano (Nº 5), pp. 209-228. [ Links ]

CENC (1978): “Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, Tomo XI, Sesión Nº. 383”. Disponible en: Disponible en: https://www.leychile.cl/Consulta/antecedentes_const_1980 [visitado el 14 de agosto de 2018]. [ Links ]

CIEDESS (2017): “Sistemas de Seguridad Social Especiales en Chile. CAPREDENA y DIPRECA”. Disponible en: Disponible en: http://www.ciedess.cl/601/articles-2086_archivo_01.pdf . [visitado el 14 de agosto de 2018]. [ Links ]

CLEARY, LAURA R. (2006): “Political direction: the essence of democratic, civil and civilian control”, en: Cleary, Laura R. y McConville, Teri (Eds.), Managing Defence in a Democracy (London, Routledge ), pp. 32-45. [ Links ]

CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS DE INTERÉS, EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIÓN (2015): “Informe Final”. Disponible en: Disponible en: http://www.minsegpres.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/Informe-del-Consejo-Asesor-Presidencial-Contra-los-Conflictos-de-Intereses-el-trafico-de-Influencias-la-Corrupcion.pdf [visitado el 29 de agosto de 2018]. [ Links ]

CONTRERAS, PABLO (2010): “Transparencia y Leyes Secretas en Chile”, en: Estudios Constitucionales (Vol. 8, N° 2), pp. 87-124. [ Links ]

__________ (2011): “Independencia e Imparcialidad en Sistemas de Justicia Militar: Estándares Internacionales Comparados”, en: Estudios Constitucionales (Vol. 9, Nº 2), pp. 191-248. [ Links ]

__________ (2014): Secretos de Estado. Transparencia y Seguridad Nacional (Santiago, Thomson Reuters). [ Links ]

__________ (2015): “Las Fuerzas Armadas en la Constitución”, en: Bassa Mercado, Jaime; Ferrada Bórquez, Juan Carlos y Viera Álvarez, Christian, La Constitución Chilena. Una Revisión Crítica a su Práctica Política (Santiago, LOM), pp. 315-335. [ Links ]

__________ (2017): “El futuro de las leyes secretas”, en: Anuario de Derecho Público Universidad Diego Portales (Nº 1), pp. 409-426. [ Links ]

CORDERO, LUIS (2015): Lecciones de Derecho Administrativo, 2ª edición (Santiago, Legal Publishing Chile). [ Links ]

COTINO, LORENZO (2002): El Modelo Constitucional de las Fuerzas Armadas (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). [ Links ]

CRISTI, RENATO (1999): El Pensamiento Político de Jaime Guzmán (Santiago, LOM ). [ Links ]

DÍAZ, REGINA (2007): “Reforma de la Justicia Militar chilena a la luz de las consideraciones del fallo Palamara”, en: Revista Chilena de Derecho (Vol. 34, Nº 1), pp. 139-151. [ Links ]

EVA PARADA, MARÍA JOSÉ (2006): “Chile ante el Sistema Interamericano: El Caso Palamara”, en: Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile (N° 2), pp. 157-164. [ Links ]

EVANS, ENRIQUE (1973): Chile, Hacia una Constitución Contemporánea (Santiago, Editorial Jurídica de Chile ). [ Links ]

FERNÁNDEZ, M. ELISA (2011): “Análisis de Dos Movimientos Político Militares y sus Consecuencias en el Golpe de Estado de 1973: Puma y Línea Recta”, en: Tiempo Histórico (Nº 2), pp. 85-115. [ Links ]

FINER, SAMUEL (2002): The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics (New Brunswick, Transaction Pub.). [ Links ]

FLISFISCH, ÁNGEL y ROBLEDO, MARCOS (2012): Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile. Un Índice para el Período 1990-2010 (Santiago, PNUD). [ Links ]

FUENTES, CLAUDIO (2012): El Pacto. Poder, Constitución y Prácticas Políticas en Chile (1990-2010) (Santiago, Ediciones UDP). [ Links ]

__________ (2018): “Eliminación de la Ley Reservada del Cobre: que no le pasen gato por liebre”. Disponible en: https://ciperchile.cl/2018/08/16/eliminacion-de-la-ley-reservada-del-cobre-que-no-le-pasen-gato-por-liebre/ [visitado el 16 de septiembre de 2018]. [ Links ]

GARCÍA, GONZALO y MONTES, JUAN ESTEBAN (1994): Subordinación Democrática de los Militares. Éxitos y Fracasos en Chile (Santiago, Centro de Estudios del Desarrollo). [ Links ]

GODOY, ÓSCAR (1996): “¿Pueden las Fuerzas Armadas ser Garantes de la Democracia?”, en: Estudios Públicos (Nº 61), pp. 269-307. [ Links ]

GREZ, SERGIO (2010): “La Ausencia de un Poder Constituyente Democrático en la Historia de Chile”, en: Tiempo Histórico (Nº 1), pp. 15-35. [ Links ]

HABERMAS, JÜRGEN (1998): Facticidad y Validez (Traducc. Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Trotta). [ Links ]

HEISS, CLAUDIA y NAVIA, PATRICIO (2007): “You Win Some, You Lose Some: Constitutional Reforms in Chile’s Transition to Democracy”, en: Latin American Politics and Society (Nº 3), pp. 163-190. [ Links ]

HUIDOBRO, RAMÓN (2011): “Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas en Chile”, en: Fernández Ruiz, Jorge, Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas (México, UNAM), pp. 105-124. [ Links ]

HUNTINGTON, SAMUEL (1957): The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press). [ Links ]

JIMÉNEZ, FERNANDO (1986): “Bases Constitucionales de las Fuerzas Armadas”, en: Revista de Derecho PUCV (Nº 10), pp. 355-373. [ Links ]

MAIRA, LUIS (1988): La Constitución de 1980 y la Ruptura Democrática (Santiago, Emisión Ltda.). [ Links ]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (2017): “Libro de la Defensa Nacional de Chile”. Disponible en: Disponible en: http://www.defensa.cl/media/LibroDefensa.pdf [visitado el 25 de agosto de 2018]. [ Links ]

MOLINA JOHNSON, CARLOS (1989): Chile: los militares y la política (Santiago, Ed. Andrés Bello). [ Links ]

OXFORD ENGLISH DICTIONARY (2012): “The ‘Gate’ Suffix”. Disponible en: Disponible en: https://public.oed.com/blog/the-gate-suffix/# [visitado el 11 de octubre de 2018]. [ Links ]

PEÑA, MARISOL (2002): “Funciones de las Fuerzas Armadas y del Consejo De Seguridad Nacional en Chile y Propuestas de Reforma Constitucional”, en: Ius et Praxis (Vol. 8, Nº 1), pp. 95-116. [ Links ]

__________ (2005): “El Término de la Inamovilidad Relativa de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros”, en: Zúñiga, Francisco, Reforma Constitucional (Santiago, Editorial LexisNexis): pp. 711-728. [ Links ]

PFEFFER, EMILIO (2005): Reformas Constitucionales 2005. Antecedentes - Debates - Informes (Santiago, Editorial Jurídica de Chile ). [ Links ]

PONCE SOLÉ, JULI (2016): “La discrecionalidad no puede ser arbitrariedad y debe ser buena administración”, en: Revista española de Derecho Administrativo (Nº 175), pp. 57-84. [ Links ]

RDJ (1957): Revista de Derecho y Jurisprudencia (Santiago), tomo 54. [ Links ]

RUIZ-TAGLE, PABLO (2017): “Fuerzas Armadas y Democracia Constitucional: Un debate entre Federalistas y Republicanos”, en: Alvarado, Claudio, Imaginar la República. Reflexiones sobre El Federalista (Santiago, Instituto de Estudios de la Sociedad), pp. 191-225. [ Links ]

SILVA BASCUÑÁN, ALEJANDRO (1963): Tratado de Derecho Constitucional (Santiago, Editorial Jurídica de Chile ), tomo 3, volumen 2. [ Links ]

SILVA BASCUÑÁN, ALEJANDRO y SILVA GALLINATO, MARÍA (2002): “Cambios en el Régimen de las Fuerzas Armadas”, en: Ius et Praxis (Vol. 8, Nº 1), pp. 71-94. [ Links ]

VERDUGO, MARIO (2002): “Funciones de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional en Chile de Acuerdo a las Propuestas de la Reforma Constitucional”, en: Ius et Praxis (Vol. 8, Nº 1), pp. 53-70. [ Links ]

WEBER, MAX. (1969[1936]): Economía y Sociedad (Traducc. José Medina Echavarría et al., México, Fondo de Cultura Económica). [ Links ]

WEIBEL, MAURICIO (2016): Traición a la Patria. “MilicoGate” El Millonario Desfalco a la Ley del Cobre (Santiago, Aguilar). [ Links ]

__________ (2018): Ni Orden ni Patria. La Trama Secreta del Pacogate (Santiago, Aguilar). [ Links ]

Normas Jurídicas Citadas

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, de 1833. [ Links ]

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, de 1925. [ Links ]

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, de 1980. [ Links ]

LEY Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Diario Oficial, 27 de febrero de 1990. [ Links ]

LEY Nº 19.047, Modifica diversos textos legales que indica, a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas. Diario Oficial, 14 de febrero de 1991. [ Links ]

LEY Nº 20.050, Reforma constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la República. Diario Oficial, 26 de agosto de 2005. [ Links ]

LEY Nº 20.477, Modifica competencia de tribunales militares. Diario Oficial, 30 de diciembre de 2010. [ Links ]

LEY Nº 20.968, Tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Diario Oficial, 22 de noviembre de 2016. [ Links ]

LEY Nº 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. Diario Oficial, 4 de febrero de 2010. [ Links ]

DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1-19.653, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Diario Oficial, 17 de noviembre de 2001. [ Links ]

LEY Nº 13.196, Reservada del Cobre. Diario Oficial, edición restringida de 1958. [ Links ]

LEY 17.174, que faculta al Presidente de la República para enajenar predios e inmuebles que indica. Diario Oficial, 21 de agosto de 1969. [ Links ]

DECRETO LEY Nº 1.113, que fija normas para la Adquisición de Bienes Raíces por las FF.AA. Diario Oficial, 11 de agosto de 1975. [ Links ]

DECRETO LEY Nº 1.277, que fija nuevo texto de la Ley Nº 16.256, sobre Fondo Rotativo de Abastecimiento. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1975. [ Links ]

DECRETO LEY Nº 1.939, normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. Diario Oficial, 10 de noviembre de 1977. [ Links ]

LEY Nº 18.712, que aprueba un nuevo Estatuto de los Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas. Diario Oficial, 4 de junio de 1988. [ Links ]

LEY Nº 20.303, que Crea una Planta de Tropa Profesional para las Fuerzas Armadas. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2008. [ Links ]

DECRETO CON FUERZA DE LEY (DFL) Nº 1, que Establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Diario Oficial, 27 de octubre de 1997. [ Links ]

LEY Nº 20.977, Exige la Publicación de la Ley Nº. 13.196, Reservada del Cobre. Diario Oficial, 22 de diciembre de 2016. [ Links ]

LEY Nº 20.989, Autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al Tesoro Público, permitiendo una capitalización extraordinaria a la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Diario Oficial, 27 de enero de 2017. [ Links ]

2FUENTES (2012); CONTRERAS (2015), pp. 321-322.

3Sobre el origen y alcance del sufijo “gate” como forma de nominar escándalos de corrupción, véase OXFORD ENGLISH DICTIONARY (2012).

4La expresión “milicogate” fue empleada por el periodista que destapó los hechos y que ha documentado el millonario desfalco al Estado. WEIBEL (2016); WEIBEL (2018).

5CONTRERAS (2010); CONTRERAS (2014); CONTRERAS (2017).

6Ley Nº20.977, de 2016. CONTRERAS (2017), pp. 418-421.

7Los antecedentes históricos de dicha cláusula pueden ser remontados al constitucionalismo revolucionario francés que, en la Constitución del Año III (1793), consagraron el artículo 275: “[l]a force publique est essentiellement obéissante: nul corps armé ne peut délibérer”.

8CARRASCO (1858), p. 236.

9GARCÍA Y MONTES (1994), p. 179.

10MOLINA (1989), p. 99.

11GREZ (2010), p. 28.

12SILVA (1963), p. 344.

13SILVA (1963), p. 345.

14RDJ (1957), p. 403; SILVA (1963) pp. 346-347; FERNÁNDEZ (2011).

15EVANS (1973), p. 119.

16EVANS (1973), p. 120.

17EVANS (1973), p. 120.

18AGÜERO (1986), p. 110.

19GODOY (1996), p. 295; AGÜERO (2003), p. 256. Sobre la potestad constituyente de la Junta Militar, véase CRISTI (1999), pp. 77-100; BARROS (2005), pp. 207-232.

20GODOY (1996), p. 295.

21GODOY (1996), p. 304.

22GARCÍA Y MONTES (1994), pp. 386-398; CONTRERAS (2015), pp. 319-321.

23Mensaje del Ejecutivo a la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, 10 de noviembre de 1977 (las FF.AA. debían “garantizar la supervivencia del Estado, los principios básicos de la institucionalidad, y los grandes y permanentes objetivos de la Nación”).

24GODOY (1996), pp. 298-300.

25El texto original no acogió la posición extrema de Jaime Guzmán, quien propuso establecer a las FF.AA. como la “garantía última” del orden institucional. CENC (1978), p. 2803.

26ANDRADE (2002), pp. 232-234.

27CEA Y MORALES (2014), pp. 216-222. Estos autores parecen observar continuidad en el principio de obediencia y no deliberación en toda la tradición constitucional chilena. Por ejemplo, estos autores sostienen que “[l]a Constitución Política de 1980 vino a consolidar el rol que el constitucionalismo ha cumplido a lo largo de la historia institucional chilena al reafirmar la obediencia de las Fuerzas Armadas y su condición de órganos ‘no deliberantes’. Por primera vez un texto constitucional dedicó un capítulo completo a las Fuerzas Armadas, además de una serie de otros preceptos que las mencionan expresamente, como las normas relativas al orden público en los actos electorales” CEA Y MORALES (2014), p. 220. La posición de los autores no advierte la confusión que, casi dos décadas antes, había ilustrado Godoy y que presentamos más arriba. GODOY (1996), p. 304. Su análisis omite el diseño original de la Constitución de 1980, la forma como las FF.AA. eran autónomas frente al poder civil y las facultades de deliberación que tenían a través del COSENA. Por ello, no basta solo con mirar la regla constitucional aislada, sin haber examinado, en su conjunto, el sistema constitucional originalmente diseñado para mantener una supremacía militar sobre el poder civil.

28CONTRERAS (2015), pp. 319-321.

29PFEFFER (2005); PEÑA (2005); FUENTES (2012), pp. 93-96.

30MAIRA (1988), p. 297.

31COTINO (2002), p. 351. En materia de derecho comparado, en general, véase a HUNTINGTON (1957), pp. 80 y ss.; FINER (2002), pp. 1-6; BORN et al. (2006), pp. 235-255; CLEARY (2006), pp. 32-45.

32CEA Y CORONADO (2011a), p. 66

33La dominación burocrática debe quedar sujeta a las órdenes del soberano, formalizadas a través del Derecho. La idea se recoge de WEBER (1969), p. 173 y ss. y 716 y ss. La conexión con la separación de poderes se toma de HABERMAS (1998), p. 255 y ss.

34VERDUGO (2002); PEÑA (2002).

35VERDUGO (2002), p. 60.

36Contraloría General de la República, Dictamen Nº 57.200, de 05 de septiembre 2013.

37Contraloría General de la República, Dictamen Nº 57.200, de 05 de septiembre 2013.

38Contraloría General de la República, Dictamen Nº 57.200, de 05 de septiembre 2013.

39Contraloría General de la República, Dictamen Nº 57.200, de 05 de septiembre 2013, citando a Contraloría General de la República, Dictamen Nº 24.886, de 14 de agosto de 1995.

40Contraloría General de la República, Dictamen Nº 28.330, de 28 de julio de 2017.

41CEA Y CORONADO (2011b), p. 442.

42Por lo tanto, no se trata de un dilema de extensión del principio de apoliticidad —esto es, cuán restringida está la agencia política de los miembros de las FF.AA. frente a los de la Administración del Estado— sino una consideración cualitativa en torno a las características de las FF.AA. como entes que monopolizan la violencia estatalmente organizada.

43SILVA (1963), p. 345.

44Sin perjuicio de ello, el principio de obediencia y no deliberación fue impuesto, políticamente, en el marco de la discusión de las mismas reformas constitucionales del 2005. El Ministro de Defensa de la época, Mario Fernández, “demandó al Senado no pedir directamente la opinión de las Fuerzas Armadas, sino siguiendo el conducto formal a través del Ministerio de la Defensa Nacional para evitar la pública deliberación de los militares sobre la mayoría de los temas de política nacional. Fernández solicitó la opinión de los comandantes en jefe y luego concurrió personalmente a informar la opinión de las FF.AA. y la del Gobierno” ante el Senado, FLISFISCH Y ROBLEDO (2012), pp. 76-77. Sobre este aspecto de las reformas constitucionales del 2005, véase SILVA Y SILVA (2002), pp. 71-73.

45Para profundizar esta materia, véase parágrafo 3.2.

46JIMÉNEZ (1986), p. 362.

47Artículo 101 de la Constitución, de 1980. Artículo 1º de la Ley 18.948, de 1990. Artículo 2º de la Ley 20.424, de 2010.

48SILVA (1963), p. 345. La posición de JIMÉNEZ (1986), p. 361, se puede interpretar en el mismo sentido.

49SILVA (1963), p. 344.

50SILVA (1963), p. 345.

51RUIZ-TAGLE (2017), p. 218.

52Artículo 2° de la Ley 18.948, de 1990. Véase HUIDOBRO (2011), pp. 109-111.

53COTINO (2002), pp. 373-376.

54Un ejemplo de esto sería la regla especial, en materia de derecho de defensa de los militares en el contexto administrativo disciplinario. La Constitución hace excepción de la reserva de ley en la regulación del derecho de defensa y dispone que, en esta materia, el derecho “se regirá por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos” (artículo 19 N° 3, inciso 2).

55CEA Y CORONADO (2011a), p. 65.

56RUIZ-TAGLE (2017), pp. 217-218.

57Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-19653, de 2001.

58CORDERO (2015), pp. 186-190.

59Ver nota al pie 47. En este sentido, es menester destacar la atribución exclusiva del Presidente de la República contenida en el artículo 32 Nº 17 de la Constitución: “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;”.

60CORDERO (2015), pp. 122-123.

61AGÜERO (2003), pp. 256-257.

62Visto en parágrafo 2.4. El concepto de autonomía militar también fue acuñado desde la ciencia política, HEISS Y NAVIA (2007), pp. 179-184.

63Existen otros niveles de autonomía operativa-funcional en relación al control de la función militar y, específicamente, en materia de jurisdicción penal militar. Si bien han existido cambios significativos en el alcance de la competencia de los tribunales militares —destacando las leyes Nº 19.047, de 1991; Nº 20.050, de 2005; Nº 20.477, de 2010 y Nº 20.968, de 2016— tanto la estructura de la judicatura militar como el procedimiento penal militar se encuentran al debe en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos, definidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne v. Chile y reiteradas en el caso Almonacid Arellano et al. v. Chile. Sobre estos estándares, véase EVA (2006); AGUIRRE (2007); DÍAZ (2007); CONTRERAS (2011): 209-226. Por motivos de extensión, hemos dejado fuera este aspecto que remarca más el control penal militar que la organización administrativa de la Defensa nacional.

64AGÜERO (2003), p. 258; ATRIA (2009), pp. 19-20; CONTRERAS (2015), pp. 326-327.

65En esta materia, la LOC FF.AA. se complementa con el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 1, de 1997.

66Artículos 8º y 9º de la Ley 18.948, de 1990.

67Artículo 53 letra e) de la Ley 18.948, de 1990. A su vez, el artículo 57 TER de la Ley 18.948, de 1990, modificado por la Ley Nº 20.303, de 2008, que establece una innovación respecto al retiro absoluto de los Oficiales, Cuadro Permanente y Gente de Mar, y Empleados Civiles de las FF.AA, al exigirse razones fundadas para determinar las necesidades del servicio y proceder al retiro absoluto del personal adscrito a la Tropa Profesional.

68Artículo 26 de la Ley 18.948, de 1990.

69Artículo 18 y siguientes de la Ley 18.948, de 1990.

70Complementando dicha información, el aporte del Fisco establecido en la Partida 15, Capítulo 13, Programa 01, Subtítulo 09, Ítem Asignado 01, para la Ley de Presupuesto del Sector Público de los años 2016 y 2017 ejecutado fue de 943.166.632 y 984.295.062, respectivamente; y lo aprobado en 2018 asciende a 1.018.606.742. Cifras en miles de pesos. BENAVIDES Y JONES (2012); CIEDESS (2017), pp. 24-26.

71Artículo 66 y siguientes de la Ley 18.948, de 1990.

72CIEDESS (2017).

73Artículo 93 de la Ley 18.948, de 1990.

74Artículo 94 de la Ley 18.948, de 1990. Las principales normas son: (i) la Ley Nº20.128, de 2006, que fija la regla de balance estructural, y (ii) el Decreto Ley Nº1.263, de 1975.

75Artículos 96 y 98 de la Ley 18.948, de 1990, el primero para presupuesto general de las FF.AA., y el segundo para gastos reservados. La fórmula establecida en el artículo 96 asegura la asignación de un monto mínimo correspondiente al determinado en la Ley de Presupuestos aprobada y ejecutada para el año 1989, reajustado en función del aporte en moneda nacional por el factor que resulte de dividir el valor del Índice Promedio de Precios al Consumidor del año en que rija la Ley de Presupuestos y el promedio del año 1989. A su vez, el artículo 98 utiliza idéntica formula respecto para los gastos reservados, los cuales serán fijados para cada Institución de las Fuerzas Armadas por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, y tendrán la sola obligación de rendir cuenta en forma global y reservada, mediante Certificados de Buena Inversión.

76AGÜERO (2003), pp. 259-260.

77Decreto Ley Nº 1.277, de 1975.

78Artículo 101 de la Ley 18.948, de 1990.

79Vigente en virtud del artículo 97 de la Ley 18.948, de 1990.

80Última modificación introducida por la Ley Nº 20.989, de 2017.

81MDN (2017), p. 222; CONTRERAS (2015), pp. 331-332.

82MDN (2017), p. 208.

83CONTRERAS (2015), pp. 331-333; CONSEJO (2015), p. 41.

84CONTRERAS (2017), pp. 418-421.

85El 06 de agosto de 2018, el actual gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley señalado, que considera la creación del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, encargado de financiar la inversión en material bélico, infraestructura y gastos de sostenimiento con un programa plurianual de inversiones. FUENTES (2018).

86MDN (2017), pp. 234-243.

87Modificación agregada por la ley Nº 18.872, de 1990.

88Modificación agregada por la ley Nº 18.872, de 1990.

89La Ley Nº 18.713, de 1988, trata sobre Carabineros de Chile, y la Ley Nº 18.714, de 1988, se refiere a la Policía de Investigaciones de Chile.

90PONCE (2016).

1 Borradores preliminares de este trabajo fueron presentados y comentados en distintas instancias académicas. Especialmente, deseamos agradecer a la ex ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, y a los asistentes del Seminario que se efectuó en la Universidad Alberto Hurtado (04.03.2016), así como a los participantes de la jornada “Visiones críticas: tensiones constitucionales y políticas”, organizada por la Universidad de Antofagasta (04.05.2017). Por último, queremos agradecer a Benjamín Johnson por su asistencia en algunas de las fuentes bibliográficas citadas. El resultado final es de exclusiva responsabilidad de los autores.

Recibido: 14 de Noviembre de 2018; Aprobado: 10 de Enero de 2020

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons