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 issue522BACKGROUND ON THE CREATION OF THE GRADUATE AND PROFESSIONAL CONTINUING EDUCATION SCHOOL AT UNIVERSIDAD DE CONCEPCIONFROM THE CARICATURE OF THE FOREIGN PRESS TO THE NATIONAL HISTORICAL MUSEUM. SOME HISTORICAL BACKGROUND ON THE CONTROVERSY OVER THE REPRESENTATION OF AUGUSTO PINOCHET IN THE PUBLIC SPACE author indexsubject indexarticles search
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Atenea (Concepción)

On-line version ISSN 0718-0462

Atenea (Concepc.)  no.522 Concepción Dec. 2020

http://dx.doi.org/10.29393/at522-106pddj30106 

DOSIER

PRESENTACIÓN

1Ph.D. en Sociología. Académica de la Escuela de Sociología, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Correo electrónico: daniela.jara@uv.cl.

2Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos. Investigadora postdoctoral, Instituto de Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Correo electrónico: caaguilera@uc.cl.

3Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora postdoctoral Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Correo electrónico: lorelopez@ug.uchile.cl.

A continuación, presentamos la segunda parte del dosier "Límites y Dilemas de la Representación de Perpetradores de Violaciones de Derechos Humanos en los Espacios Públicos", donde se incluyen tres de las ponencias realizadas en 2018, durante el ciclo de foros "Representaciones de la Historia Reciente y Perpetradores en Museos del Estado". Este ciclo se trató de un espacio de reflexión y debate convocado a propósito de la polémica que originó la inclusión de Augusto Pinochet en la muestra "Hijos de la Libertad. 200 años de Independencia", en el Museo Histórico Nacional en 2018. El ciclo fue organizado por el Coloquio Memorias en Conflicto, el Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile y la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso, y fue patrocinado por el Centro de Estudios de la Cohesión Social y el Conflicto (COES). Las interrogantes que animaron la discusión de los foros fueron: ¿cuáles son las implicancias y consideraciones para la representación de perpetradores de violaciones a los derechos humanos (en adelante DD.HH.) en espacios públicos y en particular en museos del Estado?, ¿de qué forma estos problemas han sido abordados en distintos casos?, ¿cuáles son los límites y dilemas éticos de la representación de conflictos políticos?, y por último, ¿cuál es el rol de las nuevas generaciones, incluyendo a historiadores, productores culturales y nuevas audiencias, en la interpretación y mediación de la historia reciente?

Los dilemas y debates generados por el lugar de los victimarios de crímenes de DD.HH. en la historia reciente no son algo nuevo en Chile, sin embargo, es solo durante los últimos años que el problema de la representación de los perpetradores o victimarios se ha ido constituyendo como un subcampo de estudio específico en nuestro país (Jara y Aguilera, 2017). La representación refiere a los múltiples procesos de mediación que intervienen en la significación de los perpetradores de violaciones de DD.HH. En esta mediación participa una serie de actores, medios y fuentes: medios de comunicación, colectivos, memoriales e incluso discursos políticos. Esta mediación, por medio de una serie de estrategias de significación que construyen social y culturalmente la figura de un perpetrador de violaciones de DD.HH., es parte de la elaboración de la atrocidad que tiene lugar después de pasados violentos, o, en otros términos, el proceso que Jeffery Alexander (2016) denomina como la construcción social del trauma. Tal como señala el autor, estos procesos colectivos de representación del pasado como traumático tienen el potencial de generar procesos de responsabilidad colectiva después de experiencias de vulneración a sectores de la sociedad, fomentando la atribución de responsabilidad y la materialización de justicia. Este dosier es parte de los esfuerzos por llevar la atención y la reflexión en torno a las representaciones de perpetradores, involucrando así a los estudios de la memoria, la historia reciente, el debate jurídico y también la gestión cultural de sitios de memoria, museos y otras formas de selección y elaboración del pasado en el presente.

El "problema del perpetrador" fue parte de los dilemas de la posdictadura desde sus orígenes, como producto de la política de reconciliación implementada en la transición. En esta, sobre todo durante la década de los 90, la aspiración a la justicia por parte de víctimas de la violencia de Estado se reformuló en el lenguaje semi-religioso del perdón individual. Este dilema lo registró el documental Chili: Mon voisin est un tortionnaire (Chile: "Mi vecino es un torturador" (Comiti y d'Arthus, 1999), el que daba cuenta de las dificultades cotidianas que trajo la convivencia entre victimarios y víctimas. En este documental se muestra la historia de víctimas de la dictadura que se encuentran en las calles de un nuevo Chile supuestamente reconciliado, con quienes previamente los habían torturado (Jara, 2020b). Es esa profunda brecha entre dos protagonistas del Chile posdictatorial, así como la negación de los perpetradores a la experiencia de sus víctimas, lo que el trabajo de Comiti y d'Arthus logró enmarcar. Desde entonces, el tema fue abordado por diversos sectores y actores, entre ellos, el periodismo político de investigación, con autores como Patricia Verdugo, Nancy Guzmán y más recientemente Javier Rebolledo. Estos autores abordaron en la esfera pública la historia del terrorismo de Estado y la responsabilidad de cada uno de sus protagonistas, contribuyendo a la representación de la atrocidad con un enfoque de DD.HH. y a la construcción social del trauma. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil también jugaron un rol relevante en la demanda ya no solo por develar la veracidad de su testimonio como víctimas de tortura, sino por reclamar una sanción simbólica y social hacia las atrocidades cometidas y su tipificación jurídica y cultural como crímenes, además de reclamar la solidaridad de la sociedad con experiencias de vulneración por parte del Estado. De manera específica, colectivos tales como Comisión Funa o más recientemente Desclasificación Popular han llevado a cabo acciones de activismo en el espacio público, contribuyendo a representar la figura de los perpetradores de violaciones de DD.HH. en cuanto tales (ver artículo de Jara en el primer volumen de este dosier: Jara, 2020a).

Si bien en la primera década de la democracia no producía mayor escándalo que Pinochet siguiera al mando del Ejército y se le concediera posteriormente un lugar en el Parlamento, con el tiempo, su figura y la de los represores que participaron de los crímenes han sido cada vez más desprestigiadas, aun cuando persistan ambivalencias hasta ahora (Jara, 2020a; Jara y Aguilera, 2017). Esta ambivalencia, en sus casos más extremos, se traduce en expresiones de negacionismo, ya sea por justificación o relativización de los crímenes, o por elogios públicos a los victimarios. Si bien estas expresiones parecen estar restringidas a espacios minoritarios, no son por eso periféricas. Por ejemplo, en 2018, el otrora jefe máximo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, publicó el libro "Las respuestas de Corbalán", donde daría cuenta de "su verdad", el que fue presentado públicamente en un céntrico hotel, a pesar de que el autor se encuentra cumpliendo condena en Punta Peuco. En contraste con ese caso, las y los violadores de DD.HH., por lo general han gozado de cierto anonimato. Aun cuando han sido juzgados han logrado ampararse en la escasa publicidad que reciben los procesos por violaciones a los DD.HH. cometidos durante la dictadura. A diferencia de otros países como Argentina, en Chile las causas judiciales por crímenes de la dictadura transcurren bajo las normas del antiguo sistema penal, anterior a la reforma procesal penal que introdujo los juicios públicos y orales. Esta situación ha tenido como consecuencia la inexistencia de imágenes de victimarios frente al juez siendo sentenciados en su calidad de cómplices o ejecutores. Quizás la única y más elocuente imagen de este tipo, fue el juicio televisado por el caso Letelier en 1994, aunque con ausencia de los acusados, y en otro registro, la detención de Manuel Contreras en su fundo en el sur de Chile.

Adhesiones públicas y reivindicación de perpetradores se han observado en ataques y actos vandálicos contra distintos espacios de memoria a lo largo del país, registrados desde 2018, algunos de los cuales se los han atribuido grupos de extrema derecha (Collins et al., 2019). Esto se agudizó desde el estallido social de octubre de 2019, con el ataque a al menos 26 memoriales de DD.HH. hasta agosto de 2020 (Aguilera y Badilla, 2020). Se trata de espacios y sitios de memoria que fueron vandalizados, y algunos de ellos incendiados, en 13 ciudades de 10 regiones del país. En el mismo periodo se han registrado ingresos y robos a sitios de memoria, siendo el hecho más grave el incendio padecido por la Casa de los Derechos Humanos ubicada en Punta Arenas. En este contexto, resulta relevante fortalecer los espacios de debate en torno a la historización del pasado y los aspectos éticos que de este ejercicio derivan, y lo clave que resulta en la elaboración del pasado reciente el trabajo de mediación y representación.

Estas ambigüedades dan cuenta de que el país no tiene una sola mirada moral en torno al rol histórico y político que estas personas han desempeñado, y que el pasado sigue siendo materia de disputas. Como muestra el caso alemán, analizado en este dosier, se presentan desafíos complejos a todos quienes intentan formular representaciones sobre los represores que, por un lado, apelen al reconocimiento de la sociedad en su conjunto, y por otro descansen en una ética de los DD.HH. Es decir, el pasado no está ahí esperando ser descubierto, sino que es fruto de un trabajo de representación. Por ejemplo, sitios de memoria como Villa Grimaldi (ver artículo de Rebolledo y Sagredo, 2020) han contribuido de manera significativa a la narración del pasado reciente y han debido enfrentar el desafío de interpelar a audiencias jóvenes con formas de representación que permitan una elaboración colectiva y abierta sobre el pasado. Así también, en la última década, la producción documental audiovisual ha abordado con sofisticación el problema de la representación de los colaboradores del régimen de Pinochet, en trabajos como El Mocito (Said y de Certeau, 2011), El Pacto de Adriana (Orozco, 2017) y El Color de Camaleón (Lübbert, 2017) (ver el artículo de Lazzara, al respecto, en el primer tomo del dosier, Lazzara, 2020).

En esta segunda versión del dosier se presentan tres artículos, que complementan los cuatro artículos presentados previamente (Jara, Aguilera y López 2020). En este número el trabajo del historiador Manuel Gárate aborda la forma en que Augusto Pinochet fue tempranamente representado en la prensa internacional, sobre todo europea, construyéndose así una imagen internacional del dictador. Por medio de la tradición de la caricatura política, Pinochet fue retratado en su condición de dictador, desde los inicios del régimen. En distintas imágenes que de él se produjeron y publicaron en la prensa europea, Pinochet aparece como una figura vinculada a la traición, la cobardía y la violencia. Gárate advierte, además, que la proliferación de la caricatura política desarrollada en torno a la persona del dictador en la prensa extranjera, especialmente europea, permite establecer un contraste con la situación chilena en dos sentidos. Primero, la restricción del derecho a la libertad de expresión que se vivió durante la dictadura, uno de los principios fundamentales de los regímenes democráticos, implicó que en Chile fueran muy limitados los medios de comunicación capaces de darle un tratamiento crítico a la figura del dictador. Segundo, Pinochet es representado fuera de Chile con nula ambigüedad, en cuanto sus atributos negativos prevalecen y a la vez concitan el interés de los medios de comunicación. Esto último contrasta con la situación nacional, donde una parte de la sociedad continúa considerando al dictador como un salvador de la patria, a pesar de los crímenes que condujo. Gárate sostiene que en esos grupos, solo el descubrimiento de los delitos financieros investigados en el marco del llamado caso Riggs habrían opacado parcialmente la imagen de Pinochet. El autor concluye que la imagen internacional de Pinochet construida a lo largo de más de cuarenta y cinco años, a través de diversos formatos, incluyendo la caricatura política como forma de condensar sus atributos, recién comenzó a ser realmente percibida en Chile a partir de su detención en Londres en 1998. Desde entonces, su imagen nacional solo ha padecido deterioro. Esto explicaría, entre otras cosas, el rechazo que suscitó la inclusión del dictador en la exhibición en el Museo Histórico Nacional (en adelante, MHN).

Por su parte, el artículo de Sigal Meirovich también reflexiona sobre la polémica generada a raíz de la exhibición del MHN, pero propone una argumentación distinta. La autora, más que dar cuenta de la polémica, busca evaluarla en relación con los supuestos implícitos respecto del rol social de un museo. Plantea que los debates tras la exhibición problematizaron, por un lado, la representación de Pinochet y, por otro lado, la función social que tiene un museo. Es en este punto donde se detiene la autora. Sugiere que en la museografía contemporánea se entiende el museo como una tecnología patrimonial que aspira a tener agencia sobre la experiencia, y en ese sentido, a constituirse como un espacio esencialmente de negociación de las vivencias, capaz de catalizar diferencias y traumas culturales. Sin embargo, la autora plantea que, en el caso chileno, la institución museal conserva resabios autoritarios, debido al rol legitimador que habría jugado el MHN durante la dictadura. Es a fines de los 90 que el museo hace un giro en sus prácticas y lleva la atención a la idea de la exhibición, más allá del objeto exhibido. Este giro habría marcado el incipiente inicio de una trayectoria reflexiva sobre las políticas de patrimonialización que el mismo museo ejerce. La autora plantea que entre 2011 y 2013 se inicia una fase de reflexión intensiva entre funcionarios del museo que, no obstante, no alcanza al público masivo. Desde entonces el museo, pese a la crítica conservadora local, comienza a convertirse en un laboratorio cívico de experimentación. La exhibición de 2018 fue, según Meirovich, parte de este proceso, y uno de los primeros ejercicios de curatoría colectiva, en que se buscaba reflexionar sobre el uso y discurso en torno a ideas para la producción de la patria. Para Meirovich, la exhibición "Hijos de la Libertad" fue un intento fallido del MHN de generar una reflexión crítica, ya no solo triunfalista, sobre la construcción jurídico-política y simbólica de la ciudadanía en Chile en el contexto de su Bicentenario. La pregunta de la autora es cuánto hemos perdido por entender el museo como espacio de adoctrinamiento y no como una comunidad de aprendizaje. Meirovich concluye que "la censura [a propósito de la polémica] le impidió al MHN plantearse como plataforma de debate".

La experta en educación en museos de memoria, Jo Siemon, nos presenta un análisis de uno de los casos nacionales en que se han creado exposiciones para representar perpetradores de crímenes de lesa humanidad, Alemania. Esto, a partir de un análisis del sitio del castillo Wewelsburg, usado por las SS, y la exposición sobre el rol del ejército alemán durante la 2a Guerra Mundial. Ambas experiencias evidencian las problemáticas éticas, políticas y también expositivas que enfrentan este tipo de exhibiciones. El caso del sitio de las SS, y hasta cierto punto también las polémicas en torno a la exposición sobre el ejército alemán, evidencian dos aspectos éticos de relevancia para el debate. En primer lugar, que las representaciones sobre este tipo de pasados implican asumir una condena a este tipo de crímenes, y por tanto evitar ciertos ejercicios más ambiguos en términos interpretativos o amparados en una errónea versión de pluralismo democrático, a la que recurren otras exposiciones históricas. En segundo lugar, ambos casos dan cuenta de que los represores aún son admirados por parte de algunos sectores de la sociedad, de lo cual las exposiciones deben hacerse cargo. Ello, principalmente, para evitar que este tipo de lugares se transformen en lugares de culto y peregrinaje, y, por lo tanto, en un fomento a este tipo de posiciones morales. Estas consideraciones conllevan, a su vez, atenciones políticas y de diseño. Por un lado, implica asumir que las posiciones ideológicas de ultra-derecha no serán representadas de manera positiva o valóricamente neutral en el espacio. Por otro, la forma de exhibir elementos vinculados a los perpetradores (uniformes y objetos) debe hacerse de manera de no glorificarlos. El caso de la exposición sobre el ejército alemán ha enseñado también que, sobre todo en este tipo de pasados, el rigor historiográfico permite que estos espacios sirvan al debate democrático.

Los tres artículos presentados en esta segunda parte del dosier abordan de distinta manera los desafíos que tiene la representación de violadores de DD.HH. en sociedades con legados de violencia de Estado y que enfrentan conflictos de la memoria. Todos esos casos nos muestran que las representaciones sobre el pasado son social y culturalmente producidas, y que en estos procesos intervienen aspectos específicos de subcampos, por ejemplo, el periodismo y la caricatura, o la museografía y sus debates sobre el rol social del museo. Estos debates involucran a comunidades expertas, como muestran los artículos de Gárate, Meirovich y Siemon. Sin embargo, también involucran las políticas de Estado y sobre todo a la ciudadanía. La representación del pasado, y en específico la representación de la atrocidad a través de la participación de perpetradores en escenarios de deshumanización, puede generar una reflexión social amplia, que no está dada ni asegurada, y que demanda un trabajo de interpretación y participación de múltiples actores: productores culturales, audiencias, historiadores y, tal como demuestran los artículos, de sectores amplios de la sociedad civil.

REFERENCIAS

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