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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.27 n.Esp Santiago  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2007000100001 

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN ESPECIAL / 2007 / 3-28

ARTÍCULOS

 

Desafección cívica, polarización ideológica y calidad de la democracia: una introducción al Anuario Político de América Latina*

 

David Altman1,Juan Pablo Luna2

1 Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. (E-mail: daltman@uc.cl)
2 Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile (E-mail: jpluna@geo.puc.cl)


Resumen

El año 2006 América Latina estuvo dominada por una inusual actividad electoral a lo largo y ancho del continente. A nivel de relaciones internacionales, este año se caracterizó por mostrar un nivel infrecuente de conflictividad entre los países, llegando inclusive a manifestarse en roces diplomáticos serios. Al interior de cada país, también resultaron evidentes problemas transversales: déficits persistentes de desarrollo humano a contramano de la expansión económica, la exclusión casi sistemática de importantes grupos sociales del juego político, la persistencia de discriminación social y política por razones de género y/o étnicas, y la presencia de un creciente nivel de desafección política. En algunos países, además, han existido roces entre los ejecutivos y los legislativos y, en un sentido más amplio, se han observado múltiples deficiencias a nivel de "gobernabilidad democrática". Si bien la democracia ha logrado instalarse en la gran mayoría del continente y las elecciones son el principal vehículo de selección de gobiernos, hoy resultan evidentes problemas a los que en un momento de transición, y por razones entendibles, la disciplina no otorgó suficiente importancia. La realidad política de la región se ha vuelto tan dinámica y "fluida" y los nuevos desafíos de nuestras democracias son actualmente tan variados y significativos, que una crónica comparativa anual sobre los procesos políticos vividos por cada país constituye, a nuestro entender, una herramienta de investigación tan fundamental como necesaria. Este trabajo ofrece una introducción a este anuario.

Abstract

The year 2006 was marked by extraordinary electoral activity all over the continent. This year has also shown a higher than normal level of conflict between countries, amounting in some cases to serious diplomatic friction. In addition, there were evident domestic problems touching almost every country: enduring deficits of human development despite an economic expansion, the systematic exclusion of important social groups from the political arena, and an increasing level of political disaffection among the population as a whole. Some countries were paralyzed by conflicts and stalemates between the branches of government, and in a broader sense, serious shortcomings have been observed in respect to "democratic governability". Although democracy is firmly in place in most of the continent and elections are the main vehicle for selecting governments, we are now facing problems to which, years ago and for understandable reasons, political scientists did not give sufficient attention. The political reality of the region has become so fluid and the new challenges are so varied and significant, that an annual comparative chronicle on the political processes lived by each country constitutes, to our understanding, a fundamental and necessary tool for research. This article is meant to offer an introduction to this Political Data Yearbook of Latin America.

PALABRAS CLAVE Desafección Polarización Calidad de la democracia América Latina Opinión pública


I. INTRODUCCIÓN

El año 2006 América Latina estuvo dominada por una inusual actividad electoral a lo largo y ancho del continente. A nivel de relaciones internacionales, entre países latinoamericanos, el 2006 también fue un año peculiar. Este año se caracterizó por mostrar un nivel inusual de conflictividad entre los países, llegando inclusive a manifestarse en roces diplomáticos serios (entre Bolivia y Brasil por el tema de los pozos gasíferos y petroleros; entre Perú y Venezuela por la intromisión del segundo en los procesos electorales peruanos; y entre Argentina y Uruguay por la construcción de una planta de celulosa en las riberas del Río Uruguay). Simultáneamente, y aunque hoy día no dejan de ser preocupantes los eventuales efectos que podrían ejercer sobre la economía regional la desaceleración del mercado estadounidense y los traspiés de la economía china, en 2006 la economía regional volvió a crecer a tasas inusualmente altas.

Al interior de cada país, también resultaron evidentes problemas transversales: déficits persistentes de desarrollo humano a contramano de la expansión económica, la exclusión casi sistemática de importantes grupos sociales del juego político, la persistencia de discriminación social y política por razones de género y/o étnicas y la presencia de un creciente nivel de desafección política. En algunos países, además, han existido roces entre los ejecutivos y los legislativos y, en un sentido más amplio, se han observado múltiples deficiencias a nivel de "gobernabilidad democrática".

En síntesis, si bien la democracia ha logrado instalarse en la gran mayoría del continente y las elecciones son el principal vehículo de selección de gobiernos, hoy resultan evidentes problemas a los que en un momento de transición, y por razones entendibles, la disciplina no otorgó suficiente importancia. Por tanto, la realidad política de la región se ha vuelto tan dinámica y "fluida" y los nuevos desafíos de nuestras democracias son actualmente tan variados y significativos, que una crónica comparativa anual sobre los procesos políticos vividos por cada país constituye, a nuestro entender, una herramienta de investigación tan fundamental, como necesaria.

Este estado de cosas fue el principal catalizador de una idea que Revista de Ciencia Política venía pensando hace tiempo: crear un Anuario Político de América Latina. La importancia de este proyecto va mucho más allá del simple hecho de llenar un espacio inexistente y necesario en la región. A partir de hoy y en sus próximas ediciones, el Anuario se convertirá en testigo y documento de los hechos políticos que pautan cada año el acontecer regional, recuperando, además, las principales reflexiones teóricas que dichos hechos inspiran. Por tanto, estamos convencidos de que el contenido de los trabajos que componen desde hoy el Anuario Político de América Latina se constituirá en un referente ineludible para la reflexión académica sobre la realidad de la región.

Al comenzar a diseñar el Anuario Político, RCP le proporcionó a cada uno de los autores un esquema detallado de los temas a tratar a fin de facilitar la comparación entre países. Más aun, al estar este anuario inspirado en el Political Data Yearbook que anualmente publica el European Journal of Political Research (y a cuyos editores deseamos agradecer por el apoyo brindado a esta empresa)1, hemos intentado que nuestro esquema analítico se acoplara lo mejor posible al del Political Data Yearbook. El esquema de análisis propuesto para cumplir dicho objetivo se presenta a continuación.

Toda la información contenida en los trabajos del Anuario cubre el periodo que va desde el 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre de ese año. Por supuesto, los autores han contado con total libertad en cuanto al estilo y formato de sus artículos, pudiendo además referirse a eventos que escapen a dicho período si el análisis así lo requería. Nuestro intento de cubrir toda América Latina logró plasmarse casi cabalmente. Lamentablemente, sin embargo, no fue posible incluir a un pequeño grupo de países. No obstante, esperamos lograr un ciento por ciento de cobertura a partir de las próximas ediciones del Anuario.

Lo que resta de esta introducción al Anuario 2006 se encuentra estructurado de la siguiente forma. En primera instancia, ofreceremos una breve mirada sobre los datos más singulares asociados a los eventos eleccionarios que tuvieron lugar en América Latina durante el año pasado. Prestaremos especial atención a las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas y a la conformación de los nuevos gabinetes de gobierno. En segundo lugar y en virtud de la participación reciente del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el proyecto de opinión pública Latin American Public Opinion Project (LAPOP), presentamos información comparada acerca de las opiniones y actitudes ciudadanas respecto a la situación política y social en un conjunto amplio de países que también se encuentran incluidos en nuestro anuario. Esta información, tomada como línea de base y comparada con aquella que generen próximas replicaciones del proyecto LAPOP, podrá facilitar también el estudio futuro acerca de las actitudes ciudadanas sobre los principales asuntos que pautan la experiencia democrática en la región.

II. AÑO ELECTORAL

El año 2006 ha sido para América Latina un año notoriamente electoral y tendremos que esperar una buena cantidad de años para que los calendarios eleccionarios coincidan de esta forma una vez más. Durante 2006 tuvieron lugar diez contiendas presidenciales (Chile, Nicaragua, México, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití y Venezuela) y otras tantas elecciones legislativas (incluyendo las legislativas de renovación a mitad de mandato en República Dominicana y El Salvador). A su vez, se celebraron cuatro elecciones municipales (República Dominicana, Paraguay, Perú y Costa Rica), a las que se sumaron una iniciativa popular en Bolivia y un plebiscito presidencial en Panamá.

En términos generales, a juicio de los observadores electorales, las elecciones fueron justas y sus resultados aceptados, sin que los organismos supervisores de los procesos electorales (tanto nacionales como internacionales) encontraran problemas o cuestionamientos significativos. Sin embargo, no todas las elecciones dejaron de concitar suspicacias. Las elecciones de Honduras, México, y parcialmente las de Costa Rica, fueron duramente cuestionadas; y cada uno de estos países siguió diferentes rumbos a la hora de solucionar sus respectivas crisis electorales. Mientras en algunos casos se recurrió al marco legal y se aceptó el dictamen de los órganos competentes (como en Costa Rica y Honduras), en México la resolución tomó varios meses e involucró múltiples pulseadas entre los contendientes (incluyendo procesos de movilización popular), hasta que el 1o de diciembre se celebró la toma de posesión del Presidente Felipe Calderón.

Asimismo, si bien el 2006 no fue un año de transformaciones radicales, se observan cambios y continuidades dignos de ser mencionados. Las principales líneas de continuidad no necesariamente se relacionan con una mejora en la calidad democrática. Así, los triunfos electorales de candidaturas de outsiders políticos (claramente la elección de Rafael Correa en Ecuador, quien por lo demás no cuenta en términos formales con ningún legislador propio en el Congreso) constituyen una constante en la historia reciente de la región, especialmente en el contexto de sistemas de partidos que han pasado por procesos fuertes de desinstitucionalización.

En cuanto a los cambios, el caso de Costa Rica es particularmente interesante. Contando con una de las democracias mejor establecidas del continente, el sistema político "tico" sufrió en 2006 un sacudón importante, al punto que Vargas titula su contribución al Anuario como "el fin de una era política".

De forma simultánea, estamos siendo testigos de una Asamblea Constituyente en Bolivia que, posiblemente, cambie de forma significativa la fisonomía político-administrativa de esta nación andina. Asimismo, el domingo 15 de abril de 2007 la ciudadanía ecuatoriana ha dado un contundente apoyo, superior al 80%, a la realización de su Asamblea Constituyente que, de acuerdo al plan del Poder Ejecutivo, se plasmará en un nuevo texto constitucional antes que termine el 2007.

Entre las elecciones presidenciales, cuatro se dirimieron en segundas vueltas (Brasil, Chile, Ecuador, y Perú). Tres de estos ballotages mantuvieron la preferencia mayoritaria de primera vuelta. Sólo en Perú se dio un resultado inverso (siendo que el candidato que obtuvo en primera vuelta la segunda preferencia resultó electo presidente en el ballotage). La elección peruana también fue problemática, en tanto la diferencia entre el segundo (Alan García) y la tercera (Lourdes Flores) en la primera vuelta fue de apenas 0,5% de los votos. Según la evidencia presentada por Pérez-Liñán (2002), escenarios como el observado en Perú ameritan un seguimiento especial, en tanto podrían desembocar en situaciones problemáticas a futuro.

La magnitud de los apoyos electorales recibidos por los presidentes electos durante 2006 ha sido también muy heterogénea. En las primeras vueltas los presidentes han recibido un apoyo promedio de 46,5% de los votos (con una desviación estándar de 11.6 puntos porcentuales), siendo Chávez (62,8%) y Uribe (62,2%) los presidentes más apoyados. Mientras tanto, los presidentes con menor apoyo electoral en primera vuelta fueron Kirchner (21,9%) y Correa (22,8%). Es interesante observar que los contendientes de quienes resultaron electos tuvieron un apoyo en primera vuelta que osciló entre un piso de 22% (Gaviria en Colombia) hasta un máximo de 47,4% (Humala en Perú). De hecho, solamente un candidato redujo su caudal electoral entre la primera y segunda vuelta: Geraldo Alckmin en Brasil, cuya votación cayó de 41,6% en primera vuelta a 39,2% en segunda.

Estas elecciones del 2006 confirmaron también la clásica ventaja, tan reiteradamente señalada por la literatura, del incumbent. Los tres presidentes que fueron a la reelección resultaron exitosos y ninguno de ellos por menos de 20 puntos porcentuales sobre el segundo en carrera: Uribe en Colombia logró la aplastante diferencia de 40,4% frente a su contendiente, mientras que Chávez en Venezuela (25,9%) y Lula (21,6%) en Brasil también obtuvieron ventajas muy significativas frente a sus respectivos adversarios de segunda vuelta. Un dato que sí resulta llamativo refiere a la participación cívica en las segundas vueltas presidenciales. En este plano, no necesariamente se produjo un aumento homogéneo de participación electoral como habría sido teóricamente esperable. De hecho, en dos países, el voto en la segunda vuelta no registra un cambio significativo (Chile y Brasil), aunque sí lo tuvo en otros dos casos: Ecuador (de 72,2% a 76,0%) y Perú (de 74,4% a 80,2%).

En términos generales, las elecciones presidenciales tuvieron un promedio de participación cívica (respecto a la población adulta en edad de votar) de 66,1% en la primera vuelta con una desviación estándar de 12,8%. La competencia política (por lo pronto entendida como la cercanía del voto acumulado por los dos candidatos más votados) no parece ser un buen antecedente para la determinar la participación electoral en la segunda vuelta, como también se podría establecer en términos teóricos ("mayor competencia, mayor participación"). De hecho, el coeficiente de correlación entre el valor absoluto de la diferencia del porcentaje de votos entre los dos primeros candidatos en la primera vuelta y la tasa de participación en la segunda vuelta no es ni siquiera marginalmente significativo (p>,9579).

Dentro del universo eleccionario de 2006, destaca también la elección de Michelle Bachelet en Chile ya que por primera vez en América Latina una mujer alcanza la Presidencia de la República a través del voto directo, sin depender de lazos familiares con liderazgos masculinos. Esto es especialmente subrayable en un continente que sigue funcionando, por lo menos en términos políticos, bajo patrones tradicionales y machistas. No obstante, lógicamente, la condición de género de su liderazgo no aísla a un gobierno de los mismos problemas que enfrentan sus pares. Así, a más de un año de haber asumido la primera magistratura se constata en Chile una suerte de desilusión frente al gobierno de Bachelet, estado de ánimo magistralmente sintetizado en el título con que Mardones decidió encabezar su contribución a este Anuario, parafraseando a la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral: "(T)odas íbamos a ser reinas".

Como era de esperar, la participación electoral en elecciones legislativas ha estado subordinada en 2006 a aquella observada a nivel presidencial. Así, las contiendas legislativas registraron un promedio de participación del 58,28%, con una desviación estándar algo superior a 15 puntos porcentuales. Las tasas mayores tuvieron lugar en Uruguay (87,5%) y Panamá (76,0%), mientras que los valores mínimos se registraron en Venezuela (23,8%) y Colombia (34,6%). Resulta especialmente llamativo que sean estos dos últimos países aquellos en los que sus respectivos presidentes lograron las victorias más claras. Esto último evidencia una extrema presidencialización de las elecciones generales, al tiempo que sugiere la presencia de deficiencias de calidad democrática vinculadas a la consolidación de liderazgos presidenciales hegemónicos.

En cuanto a la conformación de las nuevas legislaturas elegidas en la región durante 2006, es importante realizar un par de observaciones. Guatemala y Colombia se han convertido en los países de la región que poseen las legislaturas más atomizadas del continente, dejando por detrás a Ecuador, país que tradicionalmente fue considerado uno de los países más fragmentados de América Latina, junto a Brasil. A fines del 2006, Colombia tenía un número efectivo de partidos de 7.38, pero es aun más apremiante la situación de Guatemala, que con un N de 8.3 y un apoyo del Ejecutivo en el Legislativo de menos de un 20% de los congresistas posee una configuración potencialmente muy problemática, en cuanto a la gobernabilidad democrática y las relaciones ejecutivo-legislativas. De la misma forma, resulta interesante puntualizar que a pesar de la crisis asociada a la elección presidencial, México ha logrado mantener y ciertamente consolidar el multipartidismo moderado, presentando un número efectivo de partidos de 3.4 en diputados.

En algunos países, la difícil relación entre los poderes ejecutivos y legislativos ha seguido llamando la atención, llegando en algunos casos particulares a manifestarse en conflictos abiertos. El caso ecuatoriano es especialmente preocupante con la destitución de 57 de los 100 legisladores por oponerse al plebiscito presidencial para la creación de una Asamblea Constituyente, siendo 51 de ellos recientemente restituidos. Asimismo, el boicot a las elecciones legislativas por varias fuerzas políticas opositoras en Venezuela constituye una señal de alarma, acerca del funcionamiento de las relaciones entre los poderes en dicho país.

La propia conformación de los gabinetes otorga pistas interesantes acerca de los lineamientos político-programáticos del gobierno de turno y sobre cómo se realiza la gestión de las agendas presidenciales (Amorim Neto, 2006). En general, los gabinetes latinoamericanos tienden a estar conformados por un número de ministerios usualmente establecidos en los textos constitucionales y muy pocos de ellos presentan "ministros sin cartera", institución por demás común en regímenes parlamentarios. Otra vez Costa Rica sobresale en la región por ser el país que más ha usado (y usa) este tipo de institución.

Si bien un grupo importante de los gabinetes en América Latina es indiscutiblemente multicolor, otros tantos (quizás más que algunos años atrás) podrían catalogarse, de forma incuestionable, como gobiernos de partido. En Costa Rica, la homogeneidad partidaria en puestos ministeriales no sorprende ya que el nuevo gobierno no ha roto con la tradición "tica" de conformar gabinetes monocolores. En este país, cuando un miembro de otro partido ha sido nominado al gabinete, tradicionalmente se ha integrado como "independiente" y en ausencia de un pacto coalicional entre gobierno y oposición. Un fenómeno semejante se ha observado tradicionalmente en Paraguay. El caso que sí presenta discontinuidades es el uruguayo, en tanto, rompiendo con una larga tradición de coaliciones multipartidistas y gobiernos de "coparticipación", presenta en 2006 un gobierno de partido y un gabinete monocolor (ciertamente fragmentado en cuanto a fracciones del Frente Amplio, pero de partido al fin).

Del mismo modo, también resulta llamativo el enorme porcentaje de ministros "técnicos", "apartidarios" o "independientes" que han sido nominados en Bolivia. Indudablemente, el gobierno del MAS se encuentra tensionado por la presencia de dos alas dentro del movimiento (el ala política y el ala social), lo que podría explicar, al menos parcialmente, dicha conformación. Pero el fenómeno del independentismo no se restringe únicamente a este caso. En Ecuador, si bien la mayoría de los ministros poseen vínculos claros con algunos partidos políticos, los secretarios de Estado fueron nominados por el Presidente Correa a título personal y no como producto de acuerdos interpartidarios. También en México, casi la mitad del gabinete se encuentra constituido por técnicos.

Pero conformar una extensa coalición de gobierno o contar con un partido político que numéricamente supere los umbrales necesarios para aprobar legislación en el parlamento no implica necesariamente contar con luz verde para sancionar los proyectos de ley del Ejecutivo. La disciplina partidaria se convierte así en una pieza clave en el andamiaje institucional de la gobernabilidad democrática. En esta dimensión, los casos de Colombia y Guatemala presentan situaciones especialmente problemáticas. No obstante, otros casos en que se observa menor fragmentación también presentan desafíos importantes, sea en el caso de Chile, donde la disciplina dentro del bloque de gobierno ha encontrado recientemente algunos obstáculos, como en gobiernos de partidos (internamente fraccionados) como el de Uruguay. En ambos países hemos sido testigos recientemente del fracaso parlamentario de proyectos de ley emanados de los ejecutivos, debido a la presencia de legisladores díscolos al interior del oficialismo.

Un aspecto, generalmente obviado en este tipo de análisis, tiene relación con las características demográficas de los gabinetes. A este respecto, las diferencias en América Latina son notables. Por ejemplo, cuando en Honduras el promedio de edad del gabinete es apenas superior a 48 años, en Uruguay dicho promedio es superior a 65 años, dejando claramente en evidencia la "gerontocracia" que reina en dicho país. En cuanto a la composición de género de los gabinetes, también encontramos diferencias evidentes. En este ámbito, Chile fue reiteradamente renombrado en el concierto internacional por haber tenido un gabinete paritario entre hombres y mujeres (que duró aproximadamente un año). No obstante, al momento de escribir estas líneas Honduras es, en el contexto latinoamericano, el único país que tiene un gabinete equitativamente distribuido según género (véase Ajenjo en el Anuario).

Mientras tanto, la presencia de la mujer en la Cámara Baja no tiene relación con su presencia en la sociedad (que se sitúa, de forma transversal en la región, en porcentajes siempre superiores al 50%). Así, el promedio de participación femenina en las cámaras bajas o parlamentos unicamerales en América Latina es de 18%, observándose una desviación estándar de 7,3%. Ciertamente, las políticas de acción afirmativa llevadas adelante en algunos países como Costa Rica y Argentina han contribuido a elevar la participación de la mujer en la arena legislativa, llevándola a porcentajes holgadamente superiores al 30% (38,5% y 35,4%, respectivamente).

Sin embargo, las políticas de inclusión destinadas a la mujer no necesariamente implican un alza en su presencia legislativa. En este sentido, Bolivia es un caso interesante, ya que a pesar de haber aprobado una política de acción afirmativa respecto a las mujeres, ellas todavía no han alcanzado una presencia que supere el 16,5%. Brasil, Guatemala y Colombia son los países donde las legisladoras no superan el 10%. Esto es especialmente sorprendente en Colombia, un país que tradicionalmente se ha destacado en el contexto latinoamericano por una posición de "vanguardia" en materia de género.

Antes de adentrarnos en la segunda sección de esta introducción, con el objetivo de analizar las opiniones y actitudes ciudadanas sobre las democracias latinoamericanas, las Tablas 1 y 2 sintetizan la información concerniente a las últimas elecciones presidenciales y legislativas que tuvieron lugar en América Latina.





III. OPINIÓN PÚBLICA Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA EN BASE AL PROYECTO LAPOP 200610

Sabemos que la tonicidad del músculo democrático de un país no responde únicamente a los resultados que generan las instituciones formales que elegimos y que nos gobiernan. La calidad de vida democrática tiene que ver también con el apoyo que los ciudadanos otorgan al "juego democrático". Dicho apoyo posee implicancias directas en cuanto a la sustentabilidad a largo plazo de las democracias que hoy nos gobiernan (PNUD, 2004).

En esta sección, entonces, presentamos información comparada acerca de las opiniones y actitudes ciudadanas respecto a la situación política y social de la región, cubriendo un conjunto importante de países que se encuentran incluidos en esta primera versión del Anuario. Esta información, tomada como línea de base y comparada con aquella que generen próximas replicaciones del proyecto LAPOP, podrá facilitar el estudio futuro de la evolución de cada caso en el marco de este Anuario.

A continuación presentamos una síntesis de los principales resultados comparativos obtenidos, al sondear las opiniones y actitudes ciudadanas acerca de distintos aspectos del régimen político de cada país. Especialmente abordaremos tres dimensiones: la presencia de actitudes favorables hacia el régimen democrático, el posicionamiento ideológico y el comportamiento electoral de los ciudadanos de la región y la centralidad de dos problemas sociales de alta connotación en el debate público regional: la corrupción y la delincuencia.

En primer lugar, se discute evidencia acerca del nivel de apoyo a la democracia observado en la región. Usualmente referida como "legitimidad democrática" o "bases actitudinales para una democracia estable", esta variable resulta central en los estudios de opinión pública que desde distintas perspectivas se han desarrollado en la ciencia política comparada.

Existen respecto a este campo de estudio dos controversias centrales. En primer lugar, distintas corrientes analíticas le asignan a la legitimidad democrática (y a la cultura política en general) distintos grados de importancia al momento de explicar fenómenos de interés para la disciplina, como, por ejemplo, la caída o permanencia de un régimen democrático. En breve, según algunos autores, la legitimidad democrática y el apoyo al sistema constituyen una variable clave, en muchos casos imbricada en la cultura política de una sociedad, para entender su desempeño político-institucional (Easton, 1965).11 Según otros, no obstante, el concepto de cultura política es falaz e impreciso. Su utilización, usualmente al influjo de corrientes con una fuerte orientación empírica, genera más retrocesos que avances en la ciencia política contemporánea (véase especialmente Johnson 2003).

Desde corrientes teóricas diversas y mediante la aplicación de diseños de investigación que se ubican en un amplio continuo entre análisis histórico-comparativos de n pequeño a formalizaciones matemáticas en base a cálculos de utilidad derivados de una teoría de acción racional, distintos autores explican la emergencia, mantenimiento o colapso de un régimen democrático en función de mecanismos causales que pueden ser considerados como hipótesis rivales de la cultura política; otorgando preeminencia a vectores institucionales (véase, por ejemplo, Linz 1978; Valenzuela 1978); histórico-estructurales (Boix, 2003; Moore, 1966; O'Donnell, 1979; Rueschemeyer, Huber, y Stephens, 1992) o de tipo económico (Przeworski, Alvarez, Cheibub y Limongi, 2000). A medio camino entre ambas perspectivas es posible ubicar argumentos que asignan a la "cultura política", y especialmente a las variables de apoyo al sistema, un rol significativo en tanto elementos contextuales que dan lugar a una estructura de oportunidad que impacta en el comportamiento de elites y actores institucionales. Así, cuando la democracia se convierte en "el único juego legítimo en la polis" ello facilitaría la supervivencia democrática, al generar incentivos para que las elites nacionales eviten incurrir en comportamientos antisistema (Linz y Stepan, 1996).

En segundo lugar, entre quienes se embarcan en estudios sobre "cultura política" existe una fuerte controversia metodológica acerca de cómo medir concretamente el apoyo al sistema y sus componentes principales.12 En este capítulo se aplica en primer lugar la metodología desarrollada por Seligson y sus colaboradores. Según esta estrategia analítica, el apoyo a la democracia puede ser medido mediante la observación conjunta de los niveles de confianza ciudadana respecto a instituciones claves de un régimen democrático y el grado de tolerancia observado en una sociedad. Según esta propuesta, la conjunción de niveles de confianza y tolerancia altos se traduce en la presencia de un escenario favorable respecto a la presencia de una democracia estable (Seligson y Booth, 1993).

Con el objetivo de medir el "apoyo al sistema" se utilizó la siguiente batería de preguntas:


B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de [país] garantizan un juicio justo? (Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan en nada la justicia, escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia escoja el número 7 o escoja un puntaje intermedio)

B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de [país]?


B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político [país]?

B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político [país]?

B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar el sistema político [país]?


De acuerdo a la metodología común definida por LAPOP, se analizan aquí los componentes B1, B2, B3, B4 y B6, cuyo índice sumatorio simple (estandarizado a una escala con un mínimo teórico de 0 y un máximo de 100) da lugar al índice de apoyo al sistema institucional.


D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de [país], no sólo del gobierno de turno, sino la forma de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el derecho de votar de esas personas? Por favor, léame el número de la escala: [Sondee: ¿Hasta qué punto?]

D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el que estas personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor, léame el número.

D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan postularse para cargos públicos?

D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan en la televisión para dar un discurso?

D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?


Al igual que en el caso del apoyo al sistema, se construyó aquí un índice de tolerancia, cuyo rango de variación se extiende entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 puntos.

Según la tipología propuesta en base a investigaciones previas lideradas por Mitchell Seligson y sus colaboradores, dichas actitudes resultan de una confluencia entre niveles altos de tolerancia y apoyo al sistema. Cuando el apoyo al sistema institucional es alto y la tolerancia baja, se estaría en presencia de actitudes que favorecen la "estabilidad autoritaria". Mientras tanto, niveles altos de tolerancia y bajos de apoyo configuran actitudes asociadas a una "democracia inestable". Finalmente, si ambos índices son bajos, la democracia se encontraría "en riesgo".

Según se observa en el Gráfico 1, Costa Rica es el país de la región cuyos ciudadanos poseen un complejo actitudinal teóricamente asociado a un mayor apoyo al sistema democrático, siendo quienes presentan mayores niveles combinados de apoyo al sistema y tolerancia. El caso de Costa Rica es seguido por México, República Dominicana y Jamaica. En el extremo inferior del gráfico, Ecuador seguido de Bolivia, Paraguay y Perú obtienen los puntajes más bajos. Panamá, Haití, Nicaragua poseen también niveles estadísticamente equivalentes a los de Bolivia y Paraguay. El resto de los países de la región se ubica en posiciones intermedias en este índice.


Gráfico 1: Promedio actitudes que favorecen a la democracia estable
Fuente: LAPOP

En segundo lugar, nos interesa analizar el posicionamiento ideológico y el comportamiento electoral de los ciudadanos de la región. Siendo 2006 un año plagado de instancias electorales, el análisis de esta serie es de especial interés. El estudio LAPOP 2006 incluye también una batería de preguntas en que los entrevistados asignan puntajes a la actuación del gobierno de su país en distintos ámbitos. Los ítems aquí analizados se presentan en la Tabla 1 del Anexo. En función de las respuestas obtenidas, se creó un índice de eficacia percibida del gobierno, con el propósito de establecer comparaciones entre los distintos casos.

Según se observa en el Gráfico 2, el gobierno de República Dominicana, el chileno y el colombiano son aquellos percibidos como más eficaces en el contexto regional, en una escala recodificada cuyo máximo teórico es 100. Les siguen los gobiernos de México, El Salvador y Costa Rica. Mientras tanto, los gobiernos de Ecuador, Paraguay y Haití son los peor evaluados en la región.


Gráfico 2: Eficacia en el gobierno de turno
Fuente: LAPOP, 2006.

De forma complementaria, LAPOP 2006 también relevó la opinión de los encuestados respecto al trabajo realizado por los Presidentes de la región (véase Tabla 2 en el Anexo). Como se observa en el Gráfico 3, la evaluación de la actuación presidencial se corresponde, de forma bastante consistente, con los niveles de eficacia del gobierno percibidos por la población. Así, los liderazgos presidenciales de Colombia, República Dominicana, Bolivia y Chile son, de forma consistente, los que obtienen mejores niveles de aprobación.


Gráfico 3: Promedio en el índice de aprobación presidencial
Fuente: LAPOP, 2006.

También resulta fundamental analizar la participación electoral declarada por los entrevistados. Los gráficos 4 y 5 presentan la información relativa a la participación electoral en elecciones presidenciales y parlamentarias.


Gráfico 4: Participación electoral declarada en la última elección parlamentaria
Fuente: LAPOP, 2006.


Gráfico 5: Participación electoral declarada en la última elección presidencial
Fuente: LAPOP, 2006.

Jamaica, Guatemala, Colombia y Nicaragua aparecen situados, en ambos casos, como los países con menor participación electoral declarada. En el otro extremo encontramos a Perú, con los niveles de participación electoral más altos en ambos tipos de elección. El caso de Costa Rica es interesante, en tanto, si bien posee muy altos niveles declarados de participación electoral a nivel parlamentario, se ubica a "mitad de tabla" respecto a la elección presidencial.

En los últimos años parece haberse consolidado en la región un proceso de alternancia hacia gobiernos y liderazgos de "izquierda". Más allá de las diferencias existentes entre dichos liderazgos e independientemente de los significados sustantivos que asuma el eje izquierda-derecha en cada país, resulta interesante, finalmente, comparar el posicionamiento del electorado latinoamericano en esa díada.

Como puede observarse en el Gráfico 6, en promedio, los electorados latinoamericanos se encuentran del centro hacia la derecha del espectro ideológico. En alguna medida, y si bien debiésemos analizar la evolución temporal del posicionamiento ideológico en la región para llegar a juicios concluyentes, es interesante constatar que los ciudadanos de la región, aparentemente a contramano de tendencias recientes, se autoperciben como de centro-derecha. En este sentido, los casos de República Dominicana, Honduras y Colombia son los que presentan un autoposicionamiento más volcado hacia la derecha. Mientras tanto, los ciudadanos de Panamá, Haití, Bolivia y Chile poseen un posicionamiento casi plenamente de "centro".


Gráfico 6: Promedio de autoidentificación en el eje izquierda-derecha
Fuente: LAPOP, 2006.

En tercer lugar y para cerrar este breve panorama de la opinión pública latinoamericana en 2006, resulta interesante comparar la situación respecto a dos problemáticas que aparecen como temas centrales en el debate público de los países de la región: la corrupción y la delincuencia.

La medición del concepto de corrupción y de su presencia en la vida social y política de un país es compleja. En este sentido, gran parte de las mediciones disponibles se basa en sondear "percepciones" acerca de cuán corrupto es un país o una institución. Resulta menos frecuente, sin embargo, medir la presencia y extensión de la corrupción en función de experiencias concretas de "victimización" o "participación" en actos corruptos. Los resultados que pueden obtenerse al aplicar ambas metodologías no son necesariamente equivalentes. De hecho, la evidencia disponible indica, por ejemplo, que en una sociedad puede existir una alta percepción de corrupción y una baja incidencia real de la misma, cuando esta es medida en base a un indicador de victimización (Seligson, 2006). Por otra parte, las "percepciones" pueden estar más condicionadas por el impacto coyuntural de escándalos específicos, siendo eventualmente más volátiles y tornándose fuertemente dependientes del momento en que se realiza la medición.

La metodología desarrollada por LAPOP nos permite analizar el alcance de la corrupción a nivel regional en función de la "victimización" declarada por los entrevistados. Las estimaciones generadas, en base a la información recogida acerca de percepciones y presencia de victimización por actos de corrupción. Con el fin de estimar la percepción acerca de la presencia de la corrupción en la población se utilizó la pregunta transcrita en la Tabla 3 del Anexo.

Al analizar los resultados obtenidos mediante esta pregunta de forma comparada, es posible observar que Chile junto a Bolivia y Haití son los países latinoamericanos que presentan una menor incidencia percibida de la corrupción (Gráfico 7). No obstante, como se planteó anteriormente, estos resultados pueden ser engañosos.


Gráfico 7: Promedio extensión percibida de la corrupción
Fuente: LAPOP, 2006.

Con el propósito de analizar el impacto real de la corrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos latinoamericanos, se utilizó una batería de preguntas acerca de distintas instancias en las que el entrevistado puede haber experimentado los efectos de un sistema de gestión corrupto (la batería utilizada se encuentra disponible en la Tabla 4 del Anexo). Con la información recabada sobre esta base, se calculó un indicador de victimización por corrupción que asume valor 100 cuando el entrevistado ha participado durante el último año en por lo menos una instancia de corrupción.

Según la información comparada que se presenta en el Gráfico 8, Chile aparece situado de forma consistente a lo indicado por otros indicadores de corrupción entre los países (en este caso junto a Colombia y Panamá) con menor índice de victimización por dicho concepto. La recurrencia de este posicionamiento es relevante, ya que otros países como Haití y Bolivia que eran percibidos por sus ciudadanos como relativamente poco corruptos, presentan aquí los peores índices (especialmente en el caso del primero de dichos países). Bolivia, junto a México, Perú, Ecuador y Jamaica, se encuentra en un grupo de casos con niveles homogéneos y relativamente altos de victimización. Finalmente, la mayoría de los países centroamericanos poseen niveles intermedios de victimización.


Gráfico 8: Porcentaje de la población que han sido víctimas de la corrupción al menos una vez el último año
Fuente: LAPOP, 2006.

En cuanto a la centralidad de la delincuencia e inseguridad pública en la vida cotidiana de las sociedades latinoamericanas, el Estudio LAPOP dispone de dos ítems que recogen información acerca de la presencia de crímenes en la experiencia reciente del entrevistado (ver Tabla 5 en el Anexo). El Gráfico 9 presenta información comparada acerca del nivel de victimización por crimen observado en la muestra regional. Según este sondeo comparado, Chile posee junto con Perú los porcentajes de victimización por crimen más altos de la región. Tomando en cuenta las estimaciones de error, ambos países, junto con México, Ecuador, Honduras y Guatemala, conforman un primer grupo de casos en que los niveles de criminalidad reportados son los más altos. Mientras tanto, Jamaica y Panamá son los países de la región incluidos en LAPOP con menor incidencia de la criminalidad.


Gráfico 9: Porcentaje de victimización por delincuencia
Fuente: LAPOP, 2006.

El Gráfico 10 complementa esta primera caracterización, distinguiendo los casos de victimización según criterios de gravedad. A este respecto, el caso de Chile destaca por la mayor preeminencia de delitos "leves" (especialmente de robos sin agresión o amenaza física) sobre delitos graves, los que implican agresión, secuestro o daño a la propiedad. El tipo de distribución de los delitos según gravedad observado en Chile no es necesariamente similar al de otros casos. Por ejemplo, también a niveles altos de victimización, Perú y México muestran una mayor incidencia relativa de casos "graves". También ocurre lo propio en casos con niveles de victimización reportados relativamente más bajos que los de Chile, como Haití o El Salvador.


Gráfico 10: Casos de victimización según criterios de gravedad
Fuente: LAPOP, 2006.

En virtud de esta evidencia también resulta interesante analizar en perspectiva comparada los niveles de confianza que los ciudadanos latinoamericanos poseen respecto al sistema de justicia. En base a puntajes calculados en función de las respuestas obtenidas en referencia al ítem B10A (véase Tabla 6 del Anexo), el Gráfico 11 presenta dicha información para todos los casos considerados. Como se observa, Costa Rica, México, El Salvador y Colombia son los países en que la ciudadanía posee más confianza en el sistema de justicia, siendo Ecuador y Perú los casos que se encuentran en la posición opuesta. Mientras tanto, el caso de Chile (con grados de confianza similares a los de Bolivia, Haití, Nicaragua y Jamaica) se encuentra en una situación intermedia, con un puntaje cercano a 41 puntos sobre un máximo teórico de 100.


Gráfico 11: Promedio de confianza en el sistema de justicia
Fuente: LAPOP, 2006.

IV. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Entendida como un mínimo procedural (Dahl, 1971), la democracia latinoamericana continúa funcionando razonablemente bien. No obstante, como dice O'Donnell, "el desarrollo de la democracia es mucho más que la perfección de su sistema electoral" (2004: 49), y consecuentemente, de sus resultados. Al analizar con más detalle las realidades institucionales y actitudinales de los países incluidos en este Anuario, nuestra evaluación acerca de los regímenes políticos que gobiernan la región resulta más preocupante, especialmente en lo que refiere a la relación entre los poderes ejecutivos y legislativos.

Asimismo, al analizar las actitudes ciudadanas frente a la democracia, también nos encontramos con divergencias muy significativas dentro de la región. Por ejemplo, Costa Rica presenta cuatro veces más apoyo al sistema democrático y tolerancia que Ecuador. Este último país, a su vez, posee una de las ciudadanías más desafectadas y pesimistas acerca de la eficacia de sus gobernantes, el funcionamiento de su sistema judicial y la extensión de la corrupción y la delincuencia. Sin ser demasiado osados, creemos que un análisis profundo acerca del funcionamiento del régimen democrático ecuatoriano está plenamente justificado.

Asimismo, la extensión de la desafección cívica (tema que corta lo institucional y actitudinal) también resulta preocupante. A modo de ejemplo, las legislaturas de muchos de nuestros países han sido elegidas por menos de la mitad de la población en edad de votar, como lo atestiguan los casos de Colombia, Guatemala, Honduras y, especialmente, Venezuela. En este último caso menos de una cuarta parte de la población participó en la elección legislativa, generando un Congreso con fuertes déficits de legitimidad.

Con estas breves reflexiones, no pretendemos realizar un tratamiento exhaustivo del fenómeno político latinoamericano. Nuestro propósito ha sido simplemente el de subrayar algunos de los puntos más llamativos acerca de la realidad latinoamericana en 2006, a modo de invitar al lector a realizar un análisis más profundo de cada caso a partir de las contribuciones nacionales que componen este Anuario. Así, esperamos que esta introducción provoque la curiosidad del lector, actuando como puerta de entrada a esta primera versión del Anuario Político de América Latina. Cada uno podrá luego generar sus propias reflexiones y conclusiones, las que ojalá deriven en nuevos proyectos de investigación sobre la apasionante realidad política de nuestra región.

 

NOTAS

* Agradecemos los comentarios de Tomás Chuaqui, Rodrigo Mardones, Mitchell Seligson y Sergio Toro. Asimismo, queremos subrayar el apoyo brindado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de Vanderbilt y al Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile para la realización del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) sobre el cual se basa la segunda sección de esta contribución. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto FONDECYT #1060749.

1 Kris Deschouwer y Richard Katz.

10 El Estudio LAPOP forma parte de un esfuerzo de colaboración multinacional para la medición y el análisis de las actitudes y valores democráticos en el continente americano, liderado por Mitchell Seligson (Vanderbilt University). En 2004 se realizó una primera ola de mediciones comparativas en once países latinoamericanos (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Ecuador), luego de una larga trayectoria de acumulación por parte de Seligson e investigadores asociados, en una serie importante de estos países. En 2006, con la incorporación de Chile junto a Jamaica, Guyana, Haití, Paraguay y Perú la serie de estudios aumentó significativamente su cobertura geográfica. No obstante, el estudio LAPOP no sólo se distingue por su amplia cobertura a nivel regional, sino también por la alta estandarización de todos los elementos que componen la investigación. En particular, se destaca la utilización de un diseño muestral, que, aunque se adapta a las características específicas de cada país, coincide en sus características esenciales en todos los casos. Sumado a la aplicación de un cuestionario común (más allá de la inclusión de preguntas adicionales en países o grupos de países determinados) dicho diseño permite realizar comparaciones válidas entre los casos y a través del tiempo (en aquellos países en los que se cuenta ya con más de una medición). Esta constituye una de las ventaja comparativas clave de la serie de estudios LAPOP frente a otras investigaciones disponibles hasta el momento. Por una descripción detallada del proyecto, así como instrucciones acerca de cómo acceder a las publicaciones y bases de datos correspondientes a cada país, véase http://www.vanderbilt.edu/lapop. Agradecemos al profesor Seligson la autorización para publicar una síntesis de los resultados en el marco de este Anuario.

11 Véase entre otros: Almond y Verba, 1963; Almond y Verba, 1980; Inglehart, 1990; Inglehart y Welzel, 2003; Lipset, 1959; Norris, 1999; Putnam, 1993; Putnam, 2002; Seligson, 1978; Seligson, 2004; Seligson y Booth, 1993; Seligson y Córdova, 2001.

12 Sobre este punto véase nuevamente la serie de trabajos presentados en el seminario coorganizado por LAPOP y el UNDP en mayo de 2006. http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/LAPOPUNDPWorkshop. Véase también el reporte nacional del caso chileno, por una discusión más amplia acerca de los resultados disonantes que se obtienen a partir de distintos indicadores relacionados con el concepto de legitimidad o apoyo democrático y, por tanto, de la presencia de sesgos que penalizan más o menos a un caso con trayectorias históricas particulares cuando se utiliza una única medida como la que presentamos aquí.

 

REFERENCIAS

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ANEXOS

Tabla 1

Ahora, en esta misma escala (seguir con tarjeta "E": escala de 1 a 7 puntos)

N1. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual combate la pobreza.

N3. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual promueve y protege los principios democráticos.

N9. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual combate la corrupción en el gobierno.

N10. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual protege los derechos humanos.

N11. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual mejora la seguridad ciudadana.

N12. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual combate el desempleo.


Tabla 2

M1. Y hablando en general del actual gobierno, diría usted que el trabajo que está realizando la/el Presidenta/e es: [Leer alternativas]

(1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno, ni malo (regular) (4) Malo (5) Muy malo (pésimo) (8) NS/NR


Tabla 3

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos está...? [LEER] (1) Muy generalizada (2) Algo generalizada (3) Poco generalizada (4) Nada generalizada (8) NS/NR

Tabla 4      

    No

Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida...    
EXC2. ¿Algún agente de carabineros/policía le pidió un soborno en el último año? 0 1
EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado un soborno en el último año? 0 1
EXC11. ¿Ha tramitado algo en el municipio/ delegación en el último año
No Marcar 9

Preguntar:  
0 1
Para tramitar algo en el municipio/delegación (como un permiso, por ejemplo) durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?    
EXC13.

¿Usted trabaja?

No Marcar 9
Preguntar:

0 1

En su trabajo, ¿le han solicitado algún soborno en el último año?

   
EXC14. ¿En el último año, tuvo algún trato con los juzgados?
No Marcar 9
Preguntar:  
0 1
¿Ha tenido que pagar un soborno en los juzgados en el último año?    
EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año?
No Marcar 9
Preguntar:  
0 1
Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año, ¿ha tenido que pagar algún soborno?    
EXC16. ¿Tuvo algún hijo en la escuela o colegio en el último año?
No Marcar 9
Preguntar:
0 1
En la escuela o colegio durante el último año, ¿tuvo que pagar algún soborno?    

Tabla 5


VIC1. ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? (1) Sí [siga] (2) No [pasar a AOJ8] (8) NS [pasar a AOJ8]

VIC2. ¿Qué tipo de acto delincuencial sufrió? [Leer alternativas]

 

(1) Robo sin agresión o amenaza física

(2) Robo con agresión o amenaza física

(3) Agresión física sin robo

(4) Violación o asalto sexual

(5) Secuestro

(6) Daño a la propiedad

(7) Robo de la casa

(88) NS

(99) Inap (no víctima)


Tabla 6

En una escala de 1 a 7…

B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?


 

David Altman es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, actualmente es profesor adjunto en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y editor de Revista de Ciencia Política. Trabaja en política comparada con especial énfasis en las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en América Latina, instituciones y calidad de la democracia y métodos de investigación.

Juan Pablo Luna es Doctor en Ciencia Política (Ph.D.) de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill (2006). Actualmente se desempeña como Profesor Auxiliar en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La política comparada y los métodos de investigación en Ciencia Política constituyen sus principales áreas de interés profesional.

 

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