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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.27 n.Esp Santiago  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2007000100011 

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN ESPECIAL / 2007 / 183-204

ARTÍCULOS

 

México: la accidentada consolidación democrática

 

Eric Magar1, Vidal Romero2

1 Departamento de Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México e Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (E-mail: emagar@itam.mx)
2 Departamento de Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México (E-mail: vromero@itam.mx)


Resumen

Repasamos los principales eventos políticos de México en 2006. La elección presidencial más reñida de la historia de México dejó en un lejano segundo plano las demás elecciones que se desarrollaron en el año (para renovar las dos cámaras del Congreso federal, 6 gubernaturas, 12 congresos estatales, y 566 Ayuntamientos en 12 estados) y dejó fuera de la agenda muchos temas de política pública. Y aunque el desconocimiento del triunfo del adversario por parte del candidato derrotado parece dejar mal parada a la naciente democracia mexicana, son muchos más los indicadores de una democracia perfectible pero que funciona. Por tratarse de la primera entrega de lo que será un ejercicio anual, hemos incluido en la reseña, por su relevancia, información previa al 1 de enero de 2006.

Abstract

We review the principal political events of Mexico in 2006. The most competitive presidential election in Mexican history left without much coverage the other elections that took place during the year (to renew both chambers of the federal Congress, 6 governorships, 12 state congresses, and 566 county councils in 12 states) and removed from the agenda many policy issues. Even if the failure by the defeated candidate to concede victory to his adversary in a nasty post-election dispute would appear to leave the nascent Mexican democracy in a bad condition, there are many more indicators of a healthy and working democratic system. Because this is the first review in what will become a yearly exercise, we include some relevant information previous to January 1st, 2006. (Article is in Spanish.)

PALABRAS CLAVE México Elecciones Vicente Fox Felipe Calderón Andrés Manuel López Obrador


I. TEMAS SOBRESALIENTES DE LA REALIDAD NACIONAL Y SU IMPACTO POLÍTICO

1. Coyuntura política y social

La agenda de México durante 2006 fue dominada por la elección presidencial. Un periodo extenso de campañas electorales que comenzó desde fines de 2005 con la nominación de los candidatos; una intensa jornada electoral el 2 de julio, y una agria disputa postelectoral que culminó el 1 de diciembre con la toma de posesión del Presidente Felipe Calderón entre protestas estridentes del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el recinto legislativo.

Con la conclusión, en el año 2000, de 71 años de régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los de 2006 fueron los primeros comicios para presidente de la república en que los mexicanos acudían a las urnas con la certeza de que su voto sería respetado. Las campañas electorales arrancaron oficialmente el 19 de enero del 2006 con Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, a la cabeza en las preferencias electorales, ventaja que venía reflejándose, con creciente claridad, en mediciones desde 2003. Parecía que era el seguro ganador de la contienda. Sin embargo, para fines de marzo y especialmente durante abril de 2006, las encuestas revelaron que la ventaja de López Obrador se había esfumado y que ahora compartía el liderato con Felipe Calderón, el candidato del gobernante Partido Acción Nacional (PAN). Para entonces también quedaba claro que el candidato del otrora dominante PRI, Roberto Madrazo, no tenía posibilidad alguna en la elección.

Una serie de errores estratégicos y de comunicación fueron los causantes del descenso en las preferencias por López Obrador. Su negativa a asistir al primer de dos debates televisados, su continuo tono retador contra las instituciones públicas, y su lenta e ineficaz respuesta a los ataques de sus adversarios, determinaron que parte de sus votantes decidieran abandonarlo.

El tono de las campañas fue crecientemente negativo. El PAN acusaba al candidato del PRD de ser "un peligro para México" por proponer un retorno al populismo, argumentando que llevaría al país a una nueva crisis económica. El PAN se esforzó en ligar a López Obrador con los gobiernos priístas de los años 1970 y con el presidente venezolano Hugo Chávez. Por su lado, el PRD acusó al candidato del PAN de ser un títere de los poderosos, cuyos intereses jamás combatiría y destapó actos de corrupción ligados al candidato panista. El escándalo más sonado involucró a una empresa de software, propiedad del cuñado de Calderón, que creció exponencialmente durante el gobierno de Vicente Fox y que, entre otros muchos clientes, fue contratada por el Instituto Federal Electoral (IFE). Otro tema en el que el PRD insistió desde el inicio de la campaña fue la repetida intervención del Presidente Vicente Fox a favor del candidato del PAN, reclamo que crecería en intensidad durante la etapa de conflicto postelectoral.

El 2 de julio las encuestas, tanto públicas como privadas, diferían sobre quién sería el futuro presidente; sólo coincidían en que sería un final muy cerrado. La jornada electoral transcurrió en un ambiente de normalidad. La situación se tensó una vez que cerraron las casillas y las encuestas de salida mostraron un empate técnico. El IFE prefirió no hacer público el resultado de sus diversos conteos rápidos porque, a pesar de que daban como ganador a Calderón (lo cual se hizo público más adelante), estimaban un margen entre primero y segundo lugar menor a un punto porcentual. Los resultados oficiales no se conocerían sino hasta el 6 de julio, cuando terminó el conteo completo de las actas en los comités distritales. Además, por lo cerrado de la contienda, restaba que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera en última instancia las potenciales impugnaciones de los partidos para poder declarar un ganador.

El tiempo de espera fue conflictivo y acrecentó la polarización de las posiciones de líderes y seguidores de PAN y PRD. López Obrador encabezó distintas acciones de resistencia civil para presionar la resolución del TEPJF. La más notoria fue la instalación de campamentos en avenida Reforma, una de las arterias principales de la capital, y otras calles del centro.

Fue hasta el 5 de septiembre, pasados dos meses después de la elección, que el TEPJF declaró presidente electo a Felipe Calderón ante airados reclamos de la coalición encabezada por López Obrador, quien llegó al grado de autoproclamarse "presidente legítimo de los mexicanos" ante una multitud de simpatizantes reunidos en el zócalo de la capital. El 1 de diciembre diputados y senadores de su partido intentaron impedir que Calderón asumiese la presidencia en la sede del Congreso. Pero a partir de esa fecha las posiciones se flexibilizaron. La negociación del presupuesto anual, en diciembre, se dio en términos mucho más civilizados.

Las pugnas entre Calderón y López Obrador se trasladaron a la sociedad, polarizando algunos segmentos al calor de la contienda electoral, especialmente durante el conflicto postelectoral. Es importante mencionar que, contra muchas apariencias, la polarización no siguió claros patrones geográficos ni de clase social. El argumento de que los "ricos" votaron por Calderón se viene abajo al considerar que fueron poco más de 15 millones los votos que obtuvo. Y si consideramos los resultados de la contienda presidencial desde el nivel de los municipios, como aparece en el Mapa 1, lo que observamos es un mosaico multipartidista en todo el país. Cierto, hay una preponderancia del voto de Calderón en el norte, y de López Obrador en el sur, pero la segmentación norte-sur está muy lejos de ser perfecta. Las divisiones entre los mexicanos obedecen más bien a preferencias distintas de política económica y a posiciones ideológicas en el eje izquierda-derecha. Unas semanas después del fallo del Tribunal Electoral, las diferencias en la sociedad se fueron diluyendo, aunque ciertamente quedan latentes intensas diferencias en preferencias de política económica.


Paralelo a la elección federal, un conflicto entre las autoridades estatales y distintos grupos en el sureño estado de Oaxaca escaló hasta alcanzar importancia nacional por varios meses. El conflicto se inició con la demanda del sindicato de maestros al gobernador del estado por mejores salarios y prestaciones. El gobernador Ulises Ruiz, del PRI, fue incapaz de dar cauce a las demandas. Como resultado, distintas organizaciones se unieron a los maestros, y el movimiento se expandió en sus demandas y organización, bajo la bandera de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), centrándose ahora en exigir la renuncia del gobernador Ruiz. La ciudad de Oaxaca, capital del estado, fue literalmente tomada por la APPO y grupos afines, quienes instalaron barricadas callejeras y expulsaron a las autoridades electas. El gobierno federal trató sin éxito de mediar para que las partes del conflicto llegasen a un acuerdo, pero se rehusó a intervenir con la fuerza policíaca federal para recuperar la ciudad, como demandaba mayoritariamente la opinión pública, tanto en Oaxaca como en el resto del país. Hacia fines de octubre fue muerto por bala (no queda totalmente claro qué bando la disparó) un periodista norteamericano, a raíz de lo cual el gobierno federal no pudo resistir más a la presión y envió la fuerza pública para recuperar, sin mucha dificultad, la ciudad tomada por cinco meses.

Hubo dos eventos de la esfera internacional que cobraron importancia para la política interna. El primero fue la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la construcción de un muro fronterizo de miles de kilómetros para, supuestamente, frenar en seco la migración ilegal, compuesta mayoritariamente por mexicanos. El acto resaltó el fracaso de uno de los puntos que Fox hizo prioritarios al inicio de su presidencia: conseguir que el vecino del norte aprobase una reforma migratoria que, en el marco del Tratado de Libre Comercio, permita a los mexicanos obtener permisos de trabajo y un estatus legal en Estados Unidos. A pesar de que el Presidente Bush, electo el mismo año que Fox, había manifestado que presionaría a su partido para aprobar cambios de esta índole, todo quedó en letra muerta tras el giro radical de prioridades que siguió al 11 de septiembre de 2001. Y aunque el muro es ante todo un ejercicio de retórica, su autorización en diciembre 2005 dio municiones para atacar los fracasos de la administración panista de Fox al inicio de la campaña. El otro evento fue la confrontación entre el Presidente Hugo Chávez de Venezuela y Vicente Fox, que alcanzó varias primeras planas en los medios del mundo. Chávez acusó a Fox de ser títere de los intereses imperiales de Estados Unidos; Fox nunca supo resistir a la tentación de contestar a cada provocación tildando a Chávez de representante de un populismo anacrónico en Latinoamérica. Es imposible saber qué motivó a Fox a caer, en repetidas ocasiones, en lo que muchos analistas vieron como deslices diplomáticos. Pero se puede aventurar la hipótesis de que todo fue calculado para consumo interno de los mexicanos durante la campaña, ayudando así al candidato de su partido a asociar a López Obrador con la tendencia representada por Chávez.

2. Coyuntura económica

Como muestran los principales indicadores económicos en la Tabla 1, la situación económica en México fue bastante estable respecto de años anteriores. Sin embargo, estas son sólo buenas noticias a medias, dado que el crecimiento de la economía ha sido insuficiente para las necesidades del país y respecto del crecimiento de los competidores en el mercado mundial, especialmente naciones de Asia y Europa del Este.


En buena medida el estancamiento de la economía mexicana se debe al estancamiento de las reformas estructurales (laboral, fiscal y energética) que el país necesita para alentar la inversión e incrementar la productividad.

II. CAMBIOS INSTITUCIONALES Y EN POLÍTICAS PÚBLICAS

2006 fue un año de pocos cambios de fondo en la estructura formal e informal del sistema mexicano. Esto se debió en buena medida a que era un año electoral y la atención de los actores políticos estaba más centrada en prometer y publicitar lo alcanzado, que en iniciar nuevos programas o reformas. Las reformas estructurales en materias fiscal, laboral y energética continuaron como gran pendiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo durante el gobierno del Presidente Fox. El aplazamiento de dichas reformas limita la capacidad productiva del país y su atractivo para captar inversión. Sin embargo, la conformación de preferencias en el Congreso Federal y en la ciudadanía difícilmente permitirán, en el corto plazo, que estas reformas fructifiquen.

En términos de políticas públicas, el gobierno saliente centró su atención en culminar distintos programas iniciados en el sexenio, especialmente los relacionados con vivienda y el seguro popular.



III. ELECCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES

El 2006 fue un año especialmente activo en materia electoral en México. Los mexicanos eligieron Presidente de la República; renovaron las dos cámaras del Congreso Federal; en seis entidades (Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Tabasco) votaron por gobernador; en doce entidades votaron para conformar sus asambleas locales (Campeche, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco); y en once entidades (las mismas menos Tabasco) votaron para renovar los Ayuntamientos en 566 municipios.

En el Apéndice aparecen tablas que resumen los resultados de las elecciones presidencial y de las dos cámaras del Congreso. Como es natural en elecciones concurrentes (Shugart 1995), la presidencial se llevó el grueso de la atención. En números redondos, 250 mil votos (de 42 millones) separaron a Calderón de López Obrador, un margen mínimo de poco más de medio punto porcentual. Resultados tan cerrados suelen generar pugnas virulentas entre los punteros (recuérdese la elección presidencial de Estados Unidos en 2000), pero representaron una prueba de fuego para la joven democracia mexicana. En la pista legislativa el PAN tuvo un mejor desempeño que los demás partidos, aunque el claro ganador fue el PRD, que arrastrado por la candidatura de López Obrador obtuvo el mayor número de votos (y de escaños) en su historia. El partido que más perdió, en comparación con las pasadas elecciones (2000 para la presidencia, 2003 para el Congreso) fue, sin lugar a dudas, el PRI.

La foto general de los comicios es de un mosaico multipartidista a lo largo y ancho del país, reflejo de una pluralidad de preferencias y necesidades. En general, las elecciones al nivel local se desarrollaron de forma limpia y equitativa, aunque restan aún enclaves que se resisten al cambio democrático, especialmente en entidades del sureste, como Chiapas y Tabasco. La elección en este último estado cobró especial relevancia por tres razones: por celebrarse tres meses y medio después de la federal, una vez que el PRD retomó un discurso más radical a raíz de la disputa postelectoral; por ser la tierra de origen de López Obrador, en la que ganó por un amplísimo margen el 2 de julio, y por la derrota que sufrió el PRD en la elección de gobernador frente al PRI.

En el Apéndice aparecen también tablas con los resultados de elecciones subnacionales para renovar poderes Ejecutivo y Legislativo en doce entidades federativas. Y aunque no las reportamos por falta de espacio, hay que recordar que también se celebraron elecciones para renovar Ayuntamientos en 566 municipios de doce estados.

IV. PODER EJECUTIVO

Aunque ha visto acotada su autoridad respecto del régimen hegemónico del PRI, el Presidente de la República continúa siendo la figura principal del sistema político mexicano. Es el Ejecutivo quien regularmente determina la agenda nacional y determina la mayor parte de la inversión pública en el país.

La renovación del Ejecutivo federal en México trajo cambios importantes en la forma y fondo de operar de este poder. La organización laxa y sin directrices centrales del Presidente Fox generaba que su gabinete operara de forma dispersa en términos de objetivos y acciones. En cambio, el estilo del Presidente Calderón centraliza muchas de las decisiones y la administración federal tiene objetivos comunes claramente delineados, lo que presenta un gobierno más coherente en cuanto a sus acciones.

La composición del gabinete (que aparece detallada en una tabla en el Apéndice) también es distinta con Fox y Calderón. El Presidente Fox omitió a miembros destacados de su partido en puestos clave y seleccionó con base en colaboradores de su gestión como gobernador de Guanajuato y otros seleccionados por head-hunters, muchos de ellos sin experiencia en el sector público. En cambio, el Presidente Calderón dio un giro hacia un gabinete más cercano a su partido, el PAN, y con más técnicos con experiencia en el sector público, incluso durante las administraciones del PRI, que son coherentes ideológicamente con políticas de libre mercado.

También observamos diferencias en cuanto a la efectividad de ambos ejecutivos en la solución de problemas coyunturales. El Presidente Fox se caracterizó por evitar acciones prontas en los temas difíciles, como el conflicto en Oaxaca, por ejemplo. Por el contrario, en buena medida como una estrategia para diferenciarse de su antecesor, el Presidente Calderón arribó al cargo confrontando directamente problemas importantes que habían sido ignorados por la anterior administración, como la seguridad pública y el narcotráfico. A pesar de la forma poco ortodoxa de comportamiento como presidente, en general la gestión del Presidente Vicente Fox es bien evaluada. Terminó su mandato con un 61% de aprobación según una encuesta del periódico Reforma, en buena medida gracias a que logró una economía estable y a programas sociales de salud y vivienda. Curiosamente, el Presidente Fox logró su legado antes de iniciar su encargo: sacar al PRI del poder.

V. PODER LEGISLATIVO

La renovación del Poder Legislativo federal en 2006 arrojó pérdidas significativas para el PRI y ganancias compartidas para el PAN y, sobre todo, para el PRD. El resultado general es el mismo que el de las elecciones de 2000 y 2003: ningún partido ganó escaños suficientes para tener control mayoritario de alguna de las cámaras (en 1997 esto había ocurrido en la Cámara de Diputados, pero el PRI mantuvo el control mayoritario del Senado). Esta situación convierte a las alianzas en condición necesaria para la aprobación de legislación. Pero hay que notar que, a pesar de esta situación, el Congreso durante el gobierno del Presidente Fox estuvo muy lejos de la parálisis. Ciertamente las grandes reformas (fiscal, energética, laboral, etc.) se quedaron en el tintero, pero el Congreso rompió, año tras año, sus niveles de productividad (vea Weldon 2005).



VI. RELACIÓN ENTRE PODERES DEL ESTADO

Un cambio fundamental en la estructura que rige relación entre el Presidente y el Congreso ocurrió en 2005, tras un fallo de la Suprema Corte de la Nación. Mainwaring y Shugart (1997) ubicaron al Presidente mexicano entre los más débiles del continente, por carecer de facultades constitucionales de iniciativa exclusiva, de intervención en la agenda legislativa y de decreto. Y para colmar esto, la Constitución es ambigua respecto de si tiene o no facultad para vetar el presupuesto de egresos de la federación, la ley más importante que tramita el Congreso cada año.

Esta ambigüedad dejó el ámbito de las discusiones eruditas entre juristas el 30 noviembre de 2004, día en que Vicente Fox tomó la decisión de vetar la ley de presupuesto que había aprobado conjuntamente la oposición unida en la Cámara de Diputados (véase Weldon 2005).1 Con sus enmiendas a la iniciativa del Ejecutivo, la oposición aumentó el déficit en más de 50% y modificó el destino de la tercera parte del gasto discrecional para introducir toda clase de partidas para pork-barrel. En vez de intentar superar el veto del Ejecutivo -lo cual era perfectamente factible dado que el PAN contaba con sólo 30% de los diputados, insuficientes para sostener el veto de su Presidente- los líderes de la oposición prefirieron iniciar una controversia ante la Suprema Corte. La principal razón detrás de esta decisión fue probablemente que votar para superar el veto hubiese sido una forma tácita de aceptar que el Ejecutivo tiene, de facto, dicha facultad, sentando así un precedente legal. El 17 de mayo de 2005 la Suprema Corte falló a favor del Ejecutivo en la disputa, otorgándole al Presidente mexicano la facultad de vetar la ley de presupuesto.

Este cambio tuvo las repercusiones esperables en la negociación presupuestal de fines de 2005: a pesar de desarrollarse en plena campaña electoral, los diputados optaron por no volver a caer en la tentación de excluir al PAN de la discusión y aprobación de la ley de presupuesto. Tras modificaciones menores (comparadas con las del año anterior) el presupuesto fue aprobado en noviembre con el voto en contra del PRD. A fines de 2006, con poderes federales renovados, a pesar de la polarización postelectoral, el proyecto de presupuesto de Felipe Calderón fue aprobado con modificaciones menores y contó con el apoyo mayoritario del PRD.

VII. RELACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

Para entender la relativa armonía que privó en 2006 (y en años anteriores) entre el gobierno federal y los estatales y municipales es preciso recordar que la hegemonía del PRI le heredó a México un rasgo de centralismo fiscal, no obstante el carácter federal de la República (Díaz Cayeros 2006). El gobierno federal es responsable del grueso de la recaudación fiscal, mientras que gobiernos estatales y municipales financian sus actividades con transferencias que reciben, año tras año, de la federación. Como es de esperar, es quien lleva a cabo el esfuerzo recaudatorio, el gobierno federal, quien a su vez ejerce el grueso del gasto público: más de 9 de cada 10 centavos de gasto público le corresponden a la federación. Sin embargo, la situación ha venido evolucionando de manera importante en los últimos años.

En 1997 se inició un período de crecimiento marcado y sostenido en las transferencias federales a los estados. En ese año los dos rubros principales de transferencias (conocidas formalmente como aportaciones y participaciones) representaban, en conjunto, poco menos del 4% del gasto corriente total del gobierno federal. En 2000 superaban 6%. Y para 2003 se ubicaban alrededor de 7,5%. Estas cifras son un botón de muestra de la desigualdad de recursos que priva entre niveles de gobierno en México. Pero también puede dárseles una lectura más optimista: en menos de una década los gobiernos estatales y municipales vieron casi duplicarse los recursos con que cuentan para realizar sus actividades. Zedillo y Fox serán indudablemente recordados como los presidentes que más favorecieron a los estados en mucho tiempo.

La situación de dependencia de estados con la federación tiene consecuencias múltiples. Entre ellas se cuenta la insensatez de muchos gobiernos locales que, al no tener responsabilidad alguna por haberle cobrado impuestos a sus ciudadanos, tampoco la tienen al abrir las arcas públicas. También se cuenta la relativa afabilidad de gobernadores con el gobierno federal: durante el pleito postelectoral, mientras López Obrador desconocía desde el Zócalo de la Ciudad de México a los gobiernos del PAN saliente y entrante, los gobernadores de su partido mantuvieron un silencio explicable. Las fechas coincidían con las negociaciones presupuestales en la Secretaría de Hacienda, incluidas las partidas correspondientes a sus estados.

VIII. EVALUACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

No cabe duda que, tras alcanzar la alternancia pacífica en el poder en 2000, los eventos políticos de 2006 tuvieron un distintivo gusto de anticlímax. Pero mientras López Obrador desconocía el resultado de la elección presidencial y denunciaba la parcialidad del IFE y el involucramiento de Fox en la campaña del PAN, su propio partido aceptaba el desenlace de las demás elecciones y asumía las posiciones ganadas. Comparado con 2000 y 2003, de hecho, el gran ganador fue el PRD.

Las acusaciones de López Obrador hicieron cierta mella en la confianza ciudadana hacia el IFE y la democracia. Pero este descontento ciudadano tiene, de hecho, claros tintes partidistas. Encuestas tipo panel reportadas por Estrada y Poiré (2007) permiten comparar las actitudes democráticas de los simpatizantes de candidatos perdedores. Los votantes del PRD eran, de entrada, más desconfiados: una cuarta parte expresó que México no es una democracia, tanto antes como después de la elección, comparado con 13% de votantes del PRI. Pero esta diferencia se acentuó después del 2 de julio. Otra cuarta parte de votantes del PRD, que originalmente había declarado tener confianza en la democracia, se unió al campo de los desconfiados después de la derrota. Sólo 10% más priístas hizo lo mismo. Tras la elección, la mitad de votantes del PRD afirmó no creer en la democracia mexicana, comparado con una cuarta parte de los del PRI (y 16% de los del PAN). El ensanchamiento de la brecha es, muy posiblemente, resultado de la presión de las élites partidistas, especialmente en la disputa postelectoral. En la medida en que el PRD modere su discurso de denuncia (como lo está haciendo en los hechos) no debiera resultar difícil recobrar la confianza perdida.

El conflicto postelectoral puso a prueba a la naciente democracia mexicana. Pero el sistema fue capaz de soportar los embates de grupos inconformes con el resultado de la elección a través de las instituciones para ello creadas, en particular el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Y no deja de resultar paradójico que esta prueba amarga pareciera haber servido para consolidar la democracia mexicana.

 

NOTAS

1 Por disposición constitucional, el Senado sólo interviene en la discusión y votación del presupuesto de ingresos, mas no en el de egresos.

 

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X. APÉNDICE: RESULTADOS ELECTORALES (NACIONALES Y SUBNACIONALES) Y CONFORMACIÓN DEL GABINETE FEDERAL










Fuentes: Instituto Electoral del Estado de México (http://www.ieem.org.mx); Congreso del Estado de México (http://www.cddiputados.gob.mx); Instituto Electoral del Estado de Campeche (http://www.ieec.org.mx; Congreso del Estado de Campeche (http://congresocam.gob.mx); Instituto Electoral del Estado de Colima (http://www.ieecolima.org.mx); Congreso del Estado de Colima (http://www.congresocol.gob.mx); Instituto Electoral del Distrito Federal (http://www.iedf.org.mx); Asamblea Legislativa del Distrito Federal (http://www.asambleadf.gob.mx); Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (http://www.ieeg.org.mx); Congreso del Estado de Guanajuato (http://www.congresogto.gob.mx); Instituto Electoral del Estado de Jalisco (http://www.ieej.org.mx); Congreso del Estado de Jalisco (http://www.congresojal.gob.mx); Instituto Electoral del Estado de Morelos (http://www.ieemorelos.org.mx); Congreso del Estado de Morelos (http://www.congresomorelos.gob.mx).; Consejo Electoral del Estado de Nuevo León (http://www.cee-nl.org.mx); Congreso del Estado de Nuevo León (http://www.congreso-nl.gob.mx); Instituto Electoral del Estado de Querétaro (http://www.ieq.org.mx); Congreso del Estado de Querétaro (http://www.legislaturaqro.gob.mx); Consejo Electoral del Estado de San Luis Potosí (http://www.cee-slp.org.mx); Consejo Electoral del Estado de Sonora (http://www.ceesonora.org.mx); Congreso del Estado de Sonora (http://www.congresoson.gob.mx); Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (http://www.iepct.org.mx); El Diario de Chiapas (http://www.diariodechiapas.com.mx).






 

Eric Magar es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Es Profesor en el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México y actualmente Profesor Visitante en el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. Su investigación actual se enfoca en la interrelación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

 

Vidal Romero es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Es Profesor en el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su investigación actual se enfoca en la toma de decisión de los presidentes y en reformas neoliberales.

 

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