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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.27 n.1 Santiago  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2007000200005 

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 27 / N° 1 / 2007 / 89 - 109

ARTÍCULOS

 

¿Garantías del ingreso para garantizar el trabajo?

 

Cristian Pérez Muñoz1, José Luis Rey Pérez2

1 Universidad de la República, Uruguay (E-mall: crlperez@ucu.edu.uy)
2 Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España (E-mall: jlrey@der.upcomlllas.es)


Resumen

En este trabajo realizamos una evaluación normativa de la propuesta de Ingreso Básico Universal (IBU), frente a las propuestas más importantes de garantía de empleo y derecho al trabajo. En primer lugar, presentamos los argumentos principales que fundamentan un IBU. En segundo lugar, exponemos las razones más importantes para creer que un IBU es una política virtuosa frente a las actuales políticas de garantía de empleo. En tercer lugar, analizamos el argumento de que una política incondicional y universal de redistribución del ingreso quebranta el principio de reciprocidad. Como ¡dea principal, sostenemos que una política de redistribución del ingreso como el IBU es un mejor camino para alcanzar los objetivos propuestos por los defensores de "garantías del trabajo", especialmente por los promotores de las actuales políticas de workfare. Así, el objetivo de este trabajo consiste en mostrar algunos argumentos de relevancia normativa a la hora de pensar en los actuales y potenciales esquemas de redistribución de recursos.

Abstract

In this paper we offer a normative evaluation about the Universal Basic Income proposal (UBI) face to the most important justifications of "guarantee job" and "right to work" proposals. Firstly, we present the main arguments that justify a UBI. Secondly, we examine some of the most relevant reasons to believe that a UBI can be a desirable redistributive plan face to the current job guarantee policies. Thirdly, we analyse the idea that an unconditional and universal income redistribution policy violates the reciprocity principle. In this sense, we argue that a redistributive policy like UBI is a better way to achieve the objectives put forward by "guarantee job" promoters, especially by those advocates with the present workfare policies. Thus, the objective of this paper is to show some relevant and useful normative arguments in order to think about the existing and potential redistributive resources schemes.

PALABRAS CLAVE • Ingreso Básico Universal • Garantías de empleo • Workfare • Reciprocidad


I. INTRODUCCIÓN

La crisis de los Estados de Bienestar1 (EB) ha tenido numerosas repercusiones. Quizás el fuerte vínculo que las políticas e instituciones bienestaristas mantuvieron con el mercado formal de empleo explica en buena medida por qué el "mundo del trabajo" se encuentra actualmente tan afectado. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que la implementación de políticas activas de empleo, Así como la regulación política de la seguridad social conformaron algunos de los rasgos más significativos de los EB (Esping-Andersen, 1990). Sin embargo, hoy en día buena parte de las economías del mundo conviven con altas tasas de desempleo, subempleo, informalización y precarización del mercado laboral. Fenómenos que se ven agravados con la consolidación de tendencias regresivas y desiguales de redistribución del ingreso, conjuntamente con un deterioro importante de los modelos de previsión y seguridad social. El resultado más evidente es desprotección y falta de cobertura para un importante número de personas (Sen, 1997; Standing, 2002).

Ante estos problemas se han planteado dos potenciales respuestas. Por un lado, se ha propuesto revitalizar la idea de garantizar el empleo a través de un "derecho al trabajo", como vehículo para obtener beneficios bienestaristas (Arneson, 1990; Harvey, 2004). Por otro lado, se ha propuesto la implementación de un ingreso básico universal (Universal Basic Income) de un modo incondicional (Van Parijs, 1995 y 2004; Raventós, 1999). Esto es, un ingreso pagado a todos los ciudadanos de una comunidad política específica, sin ningún tipo de condición ni exigencia a cambio.

En este trabajo ofrecemos una evaluación normativa de la propuesta de Ingreso Básico Universal (IBU), y sus relaciones con un pretendido derecho al trabajo. Para esto, presentaremos algunos argumentos a favor del IBU, mediante una evaluación de las propuestas de garantía del empleo y "derecho al trabajo" (Job Guarantee). Así, sostendremos que una política de redistribución del ingreso como el IBU es un mejor camino para alcanzar los objetivos propuestos por los defensores de "garantías del trabajo". En este sentido, argumentaremos que las políticas de garantía del empleo pueden traer consigo problemas normativos inaceptables, en términos dejusticia, equidad y libertad.

Prestamos atención además a algunos de los posibles efectos no deseados que podría llegar a presentar un IBU. Fundamentalmente, nos concentraremos en analizar por qué lasustentabilidad de un programa redistributivo de este tipo depende fuertemente de cómo se supere la idea de que la implementación de políticas de ingresos incondicionales atenta contra el "principio de reciprocidad". Dicho principio plantea que aquellos individuos que disfrutan voluntariamente de los beneficios de la cooperación social tienen la obligación de contribuir productivamente con la comunidad que los provee (White, 1997: 317). Tomando en cuenta esto, examinaremos en qué medida podemos decir que una política de ingresos incondicionales violenta este principio, así como también en qué forma (si la hay) podemos decir que lo favorece.

Para esto dividiremos el trabajo en cuatro partes. En primer lugar, presentaremos los argumentos principales que fundamentan la propuesta de IBU. En segundo lugar, expondremos las razones más importantes para creer que un IBU es una política virtuosa frente a las actuales políticas de garantía de empleo. En tercer lugar, analizaremos el argumento de que una política incondicional y universal de redistribución del ingreso quebranta el principio de reciprocidad. Por último, presentaremos algunas consideraciones finales. El objetivo de este trabajo consiste en mostrar algunos argumentos de relevancia normativa a la hora de pensar en los actuales y potenciales esquemas de redistribución de recursos.

II. ¿QUÉ ES UN INGRESO BÁSICO UNIVERSAL?

Un ingreso básico universal (IBU) es un ingreso pagado por el gobierno de una comunidad política específica, a cada uno de sus miembros de pleno derecho: "a) incluso si no quiere trabajar, b). Sin tener en cuenta si es rico o pobre, c). Sin importar con quién vive. d). Con independencia de la parte del país en la que viva" (Van Parijs, 1995: 56)2. Así, un IBU es definido por tres elementos principales: Universalidad, Incondicionalidad, Individualidad3 (De Wispelaere y Stirton, 2004: 266). En primer lugar, es una política de redistribución del ingreso universal dado que el alcance pretendido de la política está pensado en términos incluyentes, abarcando a todos los miembros de una comunidad política específica. Dicho en otras palabras, la dimensión de universalidad refiere a la extensión de la población que se proyecta cubrir. En segundo lugar, un IBU es una propuesta incondicional ya que no exige ninguna condición o contraprestación a sus beneficiarios. Esto significa que para ser titular de este beneficio no se requiere ningún tipo de caracteíastica específica (pobre, desempleado, etc.), sino que cada ciudadano por el solo hecho de ser parte de la comunidad política en cuestión tiene derecho a percibir un IBU. Quizá la mejor forma de entender esta dimensión de "incondicionalidad" sea contrastándola con las actuales políticas bienestaristas de empleo e ingresos que exigen condiciones específicas para poder acceder a ellas. La condicionalidad no es otra cosa que un criterio de elegibilidad. Típicamente los subsidios condicionales son ingresos pagados a individuos que reúnen determinadas características (desempleados, pobres, etc.), seleccionados a través de diferentes tests de recursos (means-tested). De esta manera, podemos decir que un IBU se diferencia de la mayor parte de las políticas bienestaristas de empleo e ingresos aplicadas en todo el mundo, con rasgos definitorios de condicionalidad y focalización. Finalmente, la individualidad hace referencia a la unidad estándar a que está dirigida. Un IBU, a diferencia de otras políticas bienestaristas, es un ingreso pagado a cada individuo (De Wispaelere y Stirton, 2004: 267-268).

Virtualmente todas las políticas bienestaristas (al menos en la práctica) están sujetas a la condicionalidad de una forma u otra. No podemos pensar sólo en ausencia de test de recursos. Para verlo más claramente, vale pensar que un IBU tiene un alcance universal para todos los ciudadanos de una comunidad política específica, pero ¿qué sucede con los no ciudadanos? Este tipo de problemas nos lleva a pensar que las condiciones de incondicionalidad y universalidad no son puras, aunque si' distinguibles de las políticas condicionales y focalizadas (Rothstein, 1998: 21; Goodin, 2004: 298).

Finalmente es importante señalar las posibles alternativas de financ¡amiento para un potencial IBU. Si bien hay numerosas discrepancias respecto a este punto, podemos decir que existen al menos dos grandes caminos. Por un lado, están quienes defienden la idea de gravar los rendimientos de trabajo (Van Parijs, 1995); la idea implícita aquí radica en considerar el empleo (al igual que los recursos naturales) como un recurso actualmente escaso al que sólo algunos tienen acceso. Por esto, Van Parijs propone que todos aquellos que decidan trabajar, y por ende utilizar los recursos naturales que nos pertenecen a todos, deben ser gravados por ese beneficio. Por otro lado, podemos encontrar alternativas que precisamente evitan fundar un esquema de financiamiento basado en los rendimientos de trabajo. Dentro del abanico de opciones manejadas podemos encontrar desde impuestos ecológicos, impuestos al consumo, gravámenes al aumento especulativo del capital, hasta latasaTobin (Rey Pérez, 2005:445). Como veremos más adelante, buena parte de las posibilidades de la propuesta de IBU depende de las fuentes de financiamiento elegidas. En este sentido evaluaremos por qué el primer camino es problemático desde un punto de vista normativo.

III. EL IBU FRENTE A LAS POLÍTICAS DE GARANTÍA DE EMPLEO

La laboralidad fue el elemento central del vínculo social construido en el desarrollo de los EB. Sin embargo, desde la década del 70 el incremento del desempleo, la precarización y desprotección han situado el derecho al trabajo en el centro del cuestionamiento de los derechos sociales. Hoy se puede decir que el desempleo ha pasado de ser un elemento coyuntural a un ingrediente estructural de nuestras economías. Cómo tratar el empleo, cómo protegerlo o desprotegerlo, es uno de los elementos de todo programa político. Y la tendencia apunta a debilitar la protección de los trabajadores y rebajar la defensa de la que gozaron en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial.

Antes de entrar a analizar las alternativas que en la literatura se han trabajado en torno a cómo hacer efectivo el derecho al trabajo, conviene quizá hacer una previa distinción conceptual. El derecho al trabajo es algo diferente de la libertad de trabajar y de los derechos laborales. La primera, la libertad de trabajar, proclamada y garantizada en todas las declaraciones de derechos, supone la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso, la libertad, en definitiva, de elegir la ocupación que se desee sin ninguna intromisión estatal. Ésta no es discutida por los autores liberales o libertarios; al contrario, justifican la desprotección del empleo precisamente para aumentar la libertad de trabajar. De hecho, se suele decir que si se incrementa la protección del empleo eso significa la consecuente reducción de la libertad de trabajar. Por otra parte, el derecho al trabajo es distinto de los derechos laborales, es decir, del conjunto de derechos que acompañan y protegen la posición del trabajador, como la seguridad e higiene, la limitación de la jornada, el derecho al descanso, etc. El derecho al trabajo es diferente de los derechos en el puesto de trabajo. A pesar de que los textos legales recogen el derecho al trabajo y los derechos laborales de manera conjunta favoreciendo su confusión, lo cierto es que están protegiendo valores e intereses diferentes: una cosa es el derecho al trabajo y otra cosa distinta los derechos de que se dispone una vez que ya existe la relación laboral. Incluso podría decirse que la diferencia es una cuestión de titularidad: mientras que el derecho al trabajo es un derecho potencialmente universal, que todos los ciudadanos disfrutan, los derechos laborales sólo se pueden ejercer en tanto en cuanto se ocupa la posición social de trabajador, algo que necesariamente en la biografía de las personas no tiene por qué ocurrir y que, de hecho, dada la precariedad, ocurre cada vez con menor frecuencia.

La cuestión entonces estriba en intentar definir cuál es el ámbito y el objeto que el derecho al trabajo protege y, a partir de ahí, ver qué instituciones o mecanismos pueden garantizarlo y hacerlo efectivo.

1. El derecho al trabajo como el derecho a un empleo. La garantía del empleo (job guarantee)

Tradicionalmente el derecho al trabajo se ha interpretado como el derecho a un puesto de trabajo. Existe un grupo de autores que han querido hacerlo operativo garantizando empleos a todos los ciudadanos. La propuesta normalmente se presenta en el contexto de la precariedad laboral como una alternativa a, por un lado, las políticas de workfare y, por el otro, a la idea del IBU que desde este prisma se analiza como una institución que asegura los ingresos a todos los ciudadanos prescindiendo del empleo.

Para los partidarios de la garantía del empleo, el derecho al trabajo supone algo más que la libertad de trabajar y que la libre competencia por empleos disponibles. Es un derecho a ser empleado, a un empleo (Harvey, 2002: 380). Esto supone que sobre el Estado y los poderes públicos recae el deber de crear empleos para aquellos que no pudiesen conseguir uno en el mercado de trabajo (Forstater, 1999: 431). Los defensores de esta idea han aportado argumentos económicos para respaldar su visión, señalando que esta medida evitaría las consecuencias inflacionistas de las políticas keynesianas, y argumentos de corte juíadico, apelando a que así se concretaría el contenido del derecho al trabajo interpretado como regla y, en consecuencia, como una norma juíadica eficaz y no como mero principio difuso. La propuesta parece sugerente y supondría que aquellas personas que el mercado excluyese del reparto de empleos, disfrutarían de un puesto de trabajo, por el que percibirían una contraprestación, que recaería sobre tareas beneficiosas a la sociedad; su objeto sería pues el del care work, esto es, actividades de asistencia social, compañía a personas mayores, menores, discapacitados, tareas complementarias en las escuelas públicas, labores de seguridad en calles, estaciones y centros comerciales, limpieza de parques y zonas vecinales, etc. (Randall Way, 1999: 486). La filosofía que subyace es la de garantizar la reciprocidad y no dar nada a cambio de nada, como los partidarios del workfare critican que hacen muchas de las instituciones de los EB. Además, se promovería el reconocimiento y la participación social haciendo cosas a cambio de las cuales se perciben unos ingresos. La pertenencia a la sociedad aparece vinculada a la laboralidad, como durante los años de desarrollo de los EB, sólo que ahora esa laboralidad si el mercado no la crea, subsidiariamente es ofrecida por el propio Estado.

Esta idea, con todo, no está exenta de obstáculos y dificultades. En primer lugar, cabe preguntarse qué tipo de empleos son los que el Estado habría de crear y hasta qué punto no son ficticios, ya que si no existen es sencillamente porque no se requieren en el mercado. Es cierto que tales tareas se demandan, pero carecen de interés económico, el mercado no las colma porque no resultan financieramente rentables. El Estado las asumiría y las pagaría por lo que aportan al bien común, pero en sentido estricto no constituirían empleos, ya que el empleo, esto es, el trabajo por el cual se recibe una contraprestación económica, es algo que únicamente tiene sentido en relación con el mercado. Empleo denota una relación mercantil. Con lo que el Estado estaría creando empleos que no serían reales. Lo que estos autores hacen es ampliar el sentido de la palabra empleo para incluir dentro de ella actividades que el mercado no valora para no abandonar su concepto restringido de derecho al trabajo entendido únicamente como derecho a un empleo. El problema aquí es evidente: para mantener esta interpretación incluyen dentro del empleo actividades que no lo son, sin reconocer que el trabajo puede poseer más sentidos que el empleo.

Por otra parte, estos empleos creados directamente por el Estado serían la última opción para aquellos que no han podido encontrar un puesto en el mercado de trabajo. En consecuencia, parece que tendrían un efecto estigmatizador ya que, como señala Elster, si la agencia pública de empleo eleva los salarios de los trabajos ofertados por el Estado para evitar el estigma, ello provocaría que los empleadores privados se vieran obligados a hacer lo mismo para contrarrestar y mantener el atractivo de sus empleos, lo que, al aumentar la contraprestación salarial, acabaría por reducir la demanda de empleo en un proceso que, al final, llevaría a que las empresas privadas fueran expulsadas del sistema al no poder competir con los salarios ofrecidos en el sector público (Elster, 1988: 74). Para Elster, el Estado sólo puede asegurar el derecho al trabajo o bien pagando el precio de nacionalizar toda la economía, lo que supondría acabar con nuestro tradicional sistema de libertades, o bien creando una fuerza de trabajo de segundo orden con consecuencias estigmatizadoras, lo que violaría también los derechos de esos trabajadores.

No obstante, los autores que defienden la garantía del empleo han señalado que Elster parte de dos presupuestos que no hace explícitos y que están en la base de su razonamiento. En primer lugar, que el Estado habría de ofrecer puestos públicos a todo aquel que se lo pidiese favoreciendo así la migración de los trabajadores del sector privado al sector público, al margen del número de vacantes que hubiera en el primero. Y, en segundo lugar, el Estado debería reaccionar ante cualquier incremento en los salarios del sector privado, para evitar que éste frenara la migración de trabajadores ofreciendo salarios marginales más altos que los del programa público de empleo (Harvey, 2004). Frente a esto, los defensores de la garantía de empleo sostienen que sería posible articular un sistema de creación pública de empleos únicamente en ausencia de vacantes en el sector privado. Además, los niveles de los salarios públicos se podrían establecer lo suficientemente bajos como para hacer a los trabajadores indiferentes entre trabajar en el sector privado y hacerlo en el sector garantizado. No obstante, aunque esta respuesta pueda ser factible, no evita el argumento de la estigmatización, ya que los que trabajaran en el sector de empleo garantizado serían percibidos como aquellos que el mercado desecha. Ésta es la razón por la que otros autores han defendido un reparto igualitario del deber de ocupar estos empleos garantizados imponiendo un deber temporal a todos los ciudadanos para hacerse cargo de ellos (Randall Way, 1999:488).

Sin duda la garantía del empleo presenta algunas ventajas al proveer con una ocupación a todos y garantizar unos salarios y unas condiciones de trabajo mínimas y más elevadas que muchos de los empleos precarios que hoy existen en nuestras economías, aunque el rango de salarios ofrecido estaría en el mínimo de lo que se considera que debe exigir un empleo "decente" (Harvey, 2004). Esto significa que la migración del sector privado al público sólo se produciría en los casos de excesiva precarización, pero no en aquellos con un nivel de protección adecuado, con lo que, a la larga, la garantía de empleo no sólo serviría para cumplir con el derecho al trabajo sino para reforzar los derechos laborales. Frente a quienes argumentan que nunca el derecho al trabajo puede configurarse institucionalmente como regla, los defensores de la garantía de empleo señalan que es viable entenderlo así y que el único desempleo que no se podría eliminar es el que resulta del tiempo que media entre abandonar un puesto de trabajo y encontrar otro nuevo, lo que en términos económicos se suele denominar desempleo friccional (Harvey, 2005).

No obstante, desde nuestro punto de vista, la objeción que estos autores no acaban de solucionar es la que se señaló unos párrafos más arriba. Y es que para mantener la identidad entre el derecho al trabajo y el derecho al empleo manipulan el propio concepto de empleo. Empleo es todo trabajo a cambio del cual el mercado ofrece una contraprestación, usualmente económica y de reconocimiento. Los partidarios de la garantía del empleo sostienen que cuando éste no es suficiente en el mercado de trabajo, el Estado debe ofrecer puestos pero éstos ya no serían propiamente empleos, sino algo ficticio creado cuando se sostiene que el derecho al trabajo no es más que el derecho al empleo. En nuestra opinión, la manera de salir de este círculo vicioso consiste en defender un concepto general y no restringido de trabajo que amplíe en consecuencia el significado de este derecho, esto es, abandonar la identificación entre trabajo y empleo asalariado.

2. La filosofía del workfare

La filosofía del workfare y su concepción de la reciprocidad que se analizará en el siguiente apartado tienen su apoyo ideológico en el liberalismo más conservador. El cual, ante la crisis de las instituciones de bienestar, sostiene que éste no debe ser responsabilidad colectiva sino individual (Mead, 1992). Como el bienestar no es gratuito sino que tiene un costo, hacer recaer su provisión en el colectivo supondría romper la reciprocidad. El Estado debería limitarse a fomentar la responsabilidad sobre la propia vida o, incluso, permitir la existencia de asociaciones caritativas o sociedades de ayuda mutua en las que existiera una asunción de responsabilidad colectiva, pero siempre fruto de una decisión libre e individual y no forzada por el aparato coactivo estatal. Estos autores consideran que todo el mundo puede y debe contribuir aun a pesar de que sufran enfermedades de las que no son responsables, entre otras cosas, porque eso aumentaría su propia autoestima. Por tanto, la supresión del bienestar y la existencia de un mercado con una mínima regulación crearía redes de ayuda mutua o, al menos, aumentaría la responsabilidad de los sujetos (Schmidtz, 1998). La manera de contribuir entonces consiste en pertenecer a un mercado de trabajo apenas regulado por el Estado, renunciándose Así al derecho al trabajo entendido como derecho al empleo, pues sólo se concibe la libertad de trabajar llevándose por delante los derechos laborales que protegen la posición del trabajador.

El workfare se basa en tres elementos. En primer lugar, la obligación real y efectiva de trabajar; considerando al empleo como el único medio adecuado de integración social, sean cuales fueran sus caracteíasticas. En segundo lugar, no se aceptan visiones diferentes de lo que es trabajar de las que admita el mercado, es decir, el trabajo es únicamente aquello que la economía considera como tal, se da una identidad entre trabajo y empleo, no son pues aceptables programas de empleo público. Y, por último, el trabajo se considera un deber derivado de la pertenencia a la sociedad; ésta no está obligada a nada si no se cumple tal deber (Goodin, 1998; Lodemel y Trickey, 2001). Este sistema se ha puesto en práctica con mayor rad¡calidad en el escenario anglosajón, pero ha inspirado las reformas de muchas de las instituciones de los EB europeos como, por ejemplo, la creación de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI)4.

Desde la ideología del workfare se considera que la pobreza es un problema cuya solución depende principalmente de las acciones de aquellos que la sufren. Fomentar los intereses del capital beneficia a toda la sociedad y es la única acción del Estado que se considera justificada, junto con la de la seguridad, una seguridad orientada también a mantener a salvo el mercado. En el extremo, sociedad es identificada con mercado y por ello cualquier desigualdad parece justificarse éticamente (Mead, 1992). Bajo el orden del mercado se niega la propia idea de sociedad. El mercado es la causa de excesos que todos conocemos y además no significa la ausencia de regulación. Los intereses mercantiles recurren a la regulación cuando el beneficio corre el riesgo de disminuir. En este sentido, si bien es posible fundamentar el workfare sobre idea de libertad (desde una perspectiva libertariana), lo que está detrás de este tipo de política es la negación de la idea de sociedad democrática asentada y construida históricamente sobre los derechos fundamentales. Así, tanto los sociales que no reconocen, como las propias libertades, que sólo se admiten en función de su contribución a la rentabilidad, serían omitidas. Los principios que rigen la filosofía del workfare son los intereses mercantiles y eso significa debilitar nuestras convicciones sobre justicia social.

3. La garantía del I BU

Frente a la posibilidad de negar el derecho al trabajo de los partidarios del workfare, frente a las garantías limitadas para la integración que presenta la RMI y frente a la garantía del empleo, se ha venido defendiendo la posibilidad de otorgar un IBU a todas las personas. Creemos que la mejor manera de enmarcar las ventajas del IBU en este debate es partir de un concepto de trabajo que no quede restringido al empleo, a lo laboral. Una de las deficiencias que se han venido observando en los EB es que no daban respuesta ni reconocimiento a actividades que se realizaban y que aportaban mucho a las sociedades, todo el care work. El trabajo entonces debe abordarse desde una concepción amplia y no restringida. Si consideramos al trabajo como sinónimo del empleo, esto es, aquellas tareas a cambio de las cuales el mercado ofrece una contraprestación, el concepto de trabajo dependería directamente del mercado y, como se sabe, el mercado fluctúa y no es estable con lo que nunca acabaríamos de saber qué es y qué deja de ser trabajo, porque lo que el mercado hoy valora puede dejar de hacerlo mañana. Por poner un ejemplo, una mujer limpiando su casa no estaría trabajando, pero si realiza la misma actividad fuera de ella a cambio de un dinero, ya lo estaría haciendo (Raventós, 1999). ¿Qué es lo que ha cambiado? En la acción, en el objeto del trabajo, nada. Únicamente la valoración que de esa actividad hace el mercado, pero esto, como se puede comprobar, no arroja mucha luz conceptual.

Es, por tanto, conveniente distinguir entre trabajo y empleo y considerar que el primero tiene un sentido y un significado mucho más amplio que el segundo (Standing, 1999: 3-9). Trabajo serían todas aquellas actividades donde la gente combina su creatividad con su destreza física, su inteligencia con sus capacidades y que implica siempre, bien de manera mediata o inmediata, la interacción con otros. El empleo lo constituirían únicamente el grupo de estas actividades que obtienen un reconocimiento en el mercado. Por lo que todo empleo es trabajo, pero no todo trabajo es empleo.

Si partimos de una concepción amplia de trabajo entonces cuando hablamos del derecho al trabajo no podemos identificarlo con el derecho a un empleo. Significará el derecho a realizar esas actividades a través de las cuales se interactúa con otros y que suponen el uso de nuestra fuerza y de nuestra inteligencia en mayor o menor medida. ¿Por qué el Derecho entra a proteger esto? ¿Qué valor se está amparando? Se está dando cobertura a lo que la realización de estas actividades implica, que no es otra cosa que el establecimiento de una relación humana a través de la cual unos satisfacen las necesidades de otros y mediante las cuales se obtiene una posición y un reconocimiento en la sociedad. Schwarzenbach, en este sentido, distingue entre un concepto lockeano de trabajo, puramente mercantil, orientado a la producción de un objeto para su consumo en el mercado, y un concepto reproductivo de trabajo cuyo propósito es establecer relaciones humanas de interacción (Schwarzenbach, 2005). En definitiva, lo que se está protegiendo es la pertenencia o la inclusión social. Podemos identificar el trabajo con toda aquella actividad que sirve para el establecimiento de relaciones humanas aportando algo a la sociedad, aunque eso no sea considerado por el mercado. A través del trabajo las personas logran un puesto en la sociedad, un reconocimiento, una identidad y un lugar en el mundo. El empleo entonces es sólo uno de los trabajos que existen. Sostenemos, en consecuencia, un concepto amplio de trabajo. Algunos autores han criticado que esta concepción excluye el trabajo pagado o devalúa su importancia vulnerando así la idea de reciprocidad. Esto no es exacto: se trata de una concepción amplia de trabajo precisamente porque abarca e incluye la concepción estrecha pero que considera que el trabajo no puede ser considerado únicamente por su valor de mercado (Ben-lsrael, 2001: 4). Otros autores han reconocido la importancia de esas actividades que se salen del trabajo remunerado, subrayando que son elementos de relevancia para la integración social pero rechazando que se incluyan en el mismo concepto de trabajo (Méda, 1996: 643). Sin embargo, esta exclusión no parece justificada porque si convenimos que lo que caracteriza el trabajo es la capacidad para establecer relaciones humanas orientadas a la integración social, no parece lógico y justificado excluir aquellas que no tienen un reconocimiento mercantil que decide además no la sociedad, sino los intereses privados que rigen e imperan en el mercado. El valor moral que subyace y que protege este derecho es la cohesión social y el reconocimiento, la oportunidad para participar en la sociedad, en definitiva, la integración social. El derecho al trabajo significa el derecho a no estar excluido, porque la pertenencia a una sociedad es uno de los principales valores de la justicia social (Perret, 1995: 20).

Defendemos este concepto de trabajo y su correspondiente derecho no por la inseguridad laboral y la escasez de empleo pagado. Lo defendemos porque el valor moral que trata de realizar es la inclusión social. Antes, cuando el mercado laboral aseguraba un empleo a todos, cuando no existía tanta precariedad, el empleo podfa servir de garantía a la inserción social. Ahora el contexto ha cambiado y tenemos nuevas formas de garantizar este derecho. La garantía de empleo, como se ha señalado antes, no parece muy adecuada porque tiene efectos estigmatizadores y porque parte de una confusión conceptual. Tener un empleo no es un valor por sí mismo, sino un medio para obtener el reconocimiento social. Tampoco es cierto que entender el derecho al trabajo como el derecho a la inserción suponga vaciar de contenido este derecho, reducirlo a un "derecho a tener derechos". Significa el derecho a estar en una posición que permita ejercitar otros derechos y, en este sentido, como derecho a la pertenencia a una sociedad, es uno de los primeros derechos.

El IBU se ha presentado como una forma de asegurar esta pertenencia social. Porque otorgar un ingreso incondicional a todos los miembros de la sociedad es una buena forma de ofrecer ese reconocimiento y lograr un puesto y una sensación de identificación y de pertenencia en la ciudadanía, ahora que el mercado laboral no puede cumplir este papel. El ingreso básico supone, además, detraer del mercado la satisfacción de las necesidades más básicas y fundamentales, aquellas que si no están cubiertas es imposible hablar de inserción social. El ejercicio de la ciudadanía, la ciudadanía misma, sólo podría construirse a partir de otorgar un IBU a todos los ciudadanos.

Comparando el IBU con las alternativas que se le presentan y que ya hemos examinado podemos comprobar sus ventajas. En primer lugar, frente a la filosofía del workfare que, como se ha apuntado, no intenta alcanzar la cohesión social sino más bien negar la ciudadanía y la pertenencia a los excluidos del mercado, el IBU otorga un reconocimiento a todos para que cada uno pueda elegir y desarrollar su propio plan de vida, para que hagan todo lo que puedan querer hacer (Van Parijs, 1995). En este sentido no es un parche al problema de la exclusión social como las RMI, no es simplemente un instrumento de control sobre ella cuando ya se ha producido, sino que se constituye en un instrumento preventivo que intenta evitar precisamente su aparición.

En segundo lugar, frente a la garantía de empleo, un IBU está mejor adaptado al reconocimiento de una concepción amplia de trabajo no incurriendo en la contradicción conceptual que subyace a esta posición. Un IBU permitiría la realización de tareas que no son empleo, sin forzar a nadie a hacer algo que no quiera hacer, manteniendo Así la neutralidad liberal sobre la elección de los planes de vida. Al mismo tiempo, evita la estigmatización que necesariamente parece que habría de implicar el programa de garantía de empleo.

IV. CRÍTICAS SOBRE LA INCONDICIONAUDAD

Preguntar sobre las ventajas y desventajas de un IBU, dice Brian Barry, es como examinar los beneficios y los perjuicios, de tener un felino como mascota sin distinguir si se trata de un tigre o un gato doméstico. Se supone que un IBU debería alcanzar diferentes resultados de acuerdo a la forma en que éste sea implementado (Barry, 2001: 63). Como ya vimos, la incondicionalidad, la universalidad y la individualidad son sus aspectos definitorios. Por esa misma razón, la mayor parte de las críticas se concentra en estas caracteíasticas.

Existen objeciones técnicas frente al principio de universalidad, sosteniendo que la focalización puede ser menos costosa, o bien que la universalidad es impagable. Pero existen ante todo, criticas que recaen sobre el principio de incondicionalidad5. Fundamentalmente, existe un fuerte rechazo hacia la idea de promover una política redistributiva que no imponga ningún tipo de deber a sus beneficiarios. Esto es, objetan la idea de dar algo a cambio de nada (Goodin, 2001: 93).

Así, se pueden ver al menos dos puntos claves en las argumentaciones en contra de la incondicionalidad. Por un lado, se encuentran aquéllos que creen que su carácter incondicional es inaceptable desde un punto de vista normativo (Elster, 1988; White, 1997,2003 y 2004). Por otro lado, están quienes sostienen que si bien la incondicionalidad es deseable, ésta puede ser perjudicial para los propios fines de la propuesta, dado que es el punto más difícil de ser aceptado y promovido políticamente. De este modo, algunos piensan que es deseable introducir componentes de condicionalidad que favorezcan la viabilidad política del IBU (Atkinson, 1996; Goodin, 2003).

Con todo esto, no caben dudas de que el tratamiento que decidamos dar al principio de incondicionalidad es determinante para el futuro de la propuesta6. Desde el punto de vista estrictamente normativo, su carácter incondicional es decisivo porque a través de él es posible respetar el "principio de neutralidad liberal", mediante el cual todos los ideales de vida buena deben ser considerados porigual6. Desde una perspectiva práctica, la incondicionalidad es substancial ya que existen buenas razones para pensar que permitiría evitar o aminorar algunos de los problemas administrativos característicos de los programas condicionales (trampa de pobreza y desempleo, desarrollo de prácticas clientelares, estigmatización, etc.) (Raventós, 1999; De Wispelaere y Stirton, 2004).

Tomando en cuenta que la incondicionalidad es el punto que genera mayor discordia, planteemos algunas preguntas. ¿Es el principio de reciprocidad de vital importancia para la propuesta de IBU? ¿Podemos pensar en IBU aun si quebrantamos su principio de incondicionalidad? ¿Hasta qué punto podemos mantener el espíritu de este programa redistributivo si reformulamos dicho principio? ¿Podríamos por esta vía superar sus principales etílicas sin atentar contra sus primordiales virtudes? Ensayaremos algunas respuestas tentativas.

1. Incondicionalidad y reciprocidad

Los programas bienestaristas incondicionales han sido objeto de numerosas etílicas. Una de las más destacadas en el debate actual puede ser encontrada en los trabajos de Lawrence Mead. Este autor argumenta que los planes welfaristas incondicionales permiten el desarrollo de conductas de dependencia en la ciudadanía frente a estos programas. Para Mead este fenómeno explicaría el surgimiento de altos niveles de pobreza patológica explicados principalmente por un sistema de incentivos contraproducente a la "independencia de los ciudadanos" (Mead, 1992 y 1997). Desde la postura de Mead, la imposición de un esquema de bienestar condicionado al trabajo por parte de los receptores parece ser la solución. Este tipo de evaluación opuesta a los programas incondicionales ha jugado un papel decisivo en las reformas bienestaristas de los últimos años tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña (King, 1999). De la misma manera, la idea de "reciprocidad" como relación "justa" y "equitativa" de intercambio entre dos o más partes ha sido uno de los pilares normativos más importantes en dichas reformas (King, 1999; White, 2000)7. La implementación de políticas redistributivas sujetas a la contrapartida de los beneficiarios implica, entre otras cosas, el rechazo a fomentar y extender (por parte del Estado) derechos sin responsabilidades. De este modo, sus promotores defienden la necesidad de establecer un nuevo contrato entre el Estado y la ciudadanía que promueva conductas responsables de la ciudadanía especialmente en lo referente a las políticas sociales. Con este planteo, el acceso a los beneficios bienestaristas es una parte del contrato entre ciudadanos y la comunidad a la que pertenecen. En su contraparte se establece que cada ciudadano tiene la obligación y responsabilidad de realizar (como condición para obtener esos beneficios) actividades productivas que beneficien al resto de la sociedad. Por tanto, el Estado puede legítimamente implementar políticas que fomenten la realización de esas obligaciones dentro de las cuales el trabajo de cada ciudadano juega un papel primordial (White, 2000: 507).

Desde el punto de vista normativo, la idea de reciprocidad también ha sido relevante. Especialmente en el debate sobre políticas redistributivas incondicionales. Básicamente, algunos autores argumentan que este tipo de políticas redistributivas viola el "principio de reciprocidad", dado que las mismas no establecen ningún tipo de condición a los beneficiarios (White, 1997, 2003 y 2004). De este argumento se deriva la idea de que es imperativo para el Estado imponer un "requisito de trabajo" (work requirement) a todos aquellos que se beneficien de la asistencia pública (Segall, 2005:332).

En el caso concreto del IBU, la objeción principal de sus opositores se apoya en la idea de que este plan redistributivo es injusto, dado que permitiría que algunos individuos aptos para trabajar puedan vivir sin hacerlo, apropiándose de los beneficios generados por aquellos que sí trabajan. En otras palabras, para muchos un IBU posibilitaría una nueva modalidad de explotadores y explotados (Elster, 1988; Van Donselaar, 1997 y 1998). Como sostiene Stuart White, el "principio de reciprocidad" es el principio de justicia violado por la no contribución de los individuos productivamente aptos que reciben un IBU. De acuerdo con este principio, aquellos individuos que voluntariamente disfrutan de los beneficios económicos de la cooperación social tienen la obligación correspondiente de hacer una contribución productiva, siempre y cuando sean aptos para cooperar con la comunidad que los provee de esos beneficios (White, 1997: 317). Con esto, los beneficiarios de un IBU tienen la obligación y responsabilidad de realizar algún tipo de actividad que beneficie al resto de la comunidad8.

Ahora bien, es importante notar que la idea de reciprocidad es un componente significativo en distintas posturas normativas (Anderson, 2004: 243). Pensemos, por ejemplo, en las posturas "libertarias de derecha", para quienes los ciudadanos merecen únicamente lo que ellos puedan ganar en el mercado, apoyando los requerimientos de trabajo como un paso necesario para ser beneficiario de cualquier política bienestarista (Mead, 1992). 0 bien, las teorías de la justicia más conservadoras9, desde donde se defiende un ideal de ciudadanía basado en el concepto de reciprocidad, por el cual los individuos pueden pedir apoyo del Estado siempre y cuando puedan contribuir responsablemente con la sociedad (Mead, 1992 y 1997). Incluso, para los promotores del liberalismo igualitario la idea de reciprocidad es importante en sus teorías (Rawls, 1971 y 1988). Un caso claro podemos encontrarlo en la defensa (y la tensión que eso representa) realizada por liberales igualitarios acerca de los derechos de cada individuo a ser sustentado públicamente sobre la base de sus necesidades. El problema es que este compromiso debe evitar caer, al mismo tiempo, en los diferentes efectos no deseados atribuidos a las políticas asistenciales, como la dependencia de muchos ciudadanos hacia estas medidas y los efectos perversos que esto puede ocasionar. Tomando en cuenta que estos efectos son un problema a superar, una solución aceptada desde estas posturas radica en considerar los requerimientos de trabajo como medida de intercambio para aquellos que reciben asistencia pública (Anderson, 2004: 244)10.

Parece evidente, que si aceptamos la importancia del principio de reciprocidad como un principio de justicia digno de ser respetado y defendido, entonces deberíamos solucionar su relación con el carácter incondicional de la propuesta de IBU. En primer lugar, deberíamos preguntarnos en qué medida estos dos principios son excluyentes. De ser Así, nos veríamos obligados a evaluar cuál de ellos es imprescindible para alcanzar los objetivos propuestos por los defensores del IBU. En segundo lugar, podríamos pensar que estos dos principios, contrariamente a ser excluyentes son complementarios, y su aplicación conjunta los beneficia mutuamente. Pero para este tipo de evaluación normativa debemos profundizar en el concepto mismo de "reciprocidad".

2. White y la justicia como reciprocidad equitativa

La contribución de Stuart White al debate normativo sobre IBU ha sido sustancial. Como hemos visto, White se opone principalmente al carácter incondicional de la propuesta. Argumentando que bajo un esquema de redistribución incondicional estaríamos violando un componente esencial del pensamiento igualitarista, como lo es el principio de reciprocidad. Para empezar, White sostiene que la idea de reciprocidad es intrínseca e instrumentalmente importante. Por un lado, es intrínsecamente relevante que aquellos individuos aptos para tomar partido en el proceso productivo, solidariamente beneficien a través de sus acciones productivas a aquellos individuos incapacitados e imposibilitados para hacerlo. Por otro lado, es deseable que los individuos aptos para formar parte del proceso productivo realicen un esfuerzo razonable para proveer al resto de la comunidad con bienes y servicios como contrapartida de lo que ellos reciben (White, 2003b).

Asimismo, este autor argumenta que la idea de reciprocidad es instrumentalmente relevante, porque su violación socava la legitimidad de los arreglos institucionales de cada comunidad. Si proponemos una política que fomenta potenciales situaciones de explotación o parasitismo, estaríamos dando margen (al menos potencialmente) al desarrollo de conductas reprochables que pueden generar a la larga sentimientos de rechazo hacia el orden institucional (White, 2000: 513).

Pero más allá de esto, White propone modificaciones sustanciales al propio concepto de reciprocidad. Su propuesta gira en torno a la idea de "reciprocidad equitativa" o "justa reciprocidad" (Justice as fair reciprocity). Mediante este cambio, evita interpretar este principio como una relación estrictamente proporcional entre el valor de los beneficios que un individuo disfruta y el valor de su contribución productiva. Si, por el contrario, utilizáramos una concepción de reciprocidad basada en la proporcionalidad entre contribución y beneficios, estaríamos avalando una serie potencial de resultados injustos e inequitativos. Dado que no todos los individuos poseen las mismas capacidades ni las mismas oportunidades para contribuir y así obtener mayores beneficios. Por esa razón, defender un criterio proporcional de reciprocidad beneficiaría a aquellos individuos con mayor capacidad para contribuir. En este sentido, aquellos individuos con problemas físicos que los deshabiliten para formar parte del proceso productivo no tendrían derecho a recibir ningún tipo de beneficio de la comunidad, ya que ellos no contribuyen (Buchanan, 1990). Sin embargo, White sugiere que el principio de reciprocidad no tiene por qué ser interpretado de esta manera.

Él cree que es posible defender dicho principio desde una perspectiva igualitaria, en donde la idea de reciprocidad esté estrictamente vinculada con un principio de "igualdad de oportunidades" (White, 1997: 318).

Siguiendo la tradición rawlsiana, White se apoya en la idea de que nadie debe ser responsable de los recursos que le han sido asignados por la "lotería natural" (Rawls, 1971). Tomando en cuenta la existencia de desigualdades atribuibles a la mera suerte, debemos pensar y establecer determinados principios de justicia que compensen y corrijan dichas desigualdades. (Wolff, 2003). De este modo, White concuerda en que es deseable garantizar un ingreso universal para todos los individuos, con la salvedad de que este ingreso sea condicional a la contribución de cada uno (White, 2004a).

La concepción igualitaria de reciprocidad implica que en retorno por este mínimo de ingreso cada ciudadano tiene una obligación correspondiente a realizar una actividad contributiva. Sin embargo, el tamaño de este mínimo contributivo no varía con el grado de productividad de cada uno. Esto es lo que White denomina "línea base de reciprocidad" (baseline reciprocity) (White, 1997:319). Una ciudadanía económica y social consistirá en un "mínimo cívico" (Civic minimum), basado en derechos a apropiarse de una parte del producto social y también en la obligación de hacer contribuciones productivas, es decir, en un mínimo de derechos garantizados por el Estado, en sintonía con una mínima contribución que los individuos hacen en retorno.

Así, la propuesta de "reciprocidad equitativa" defendida por White presenta puntos en contacto con la propuesta de IBU. Pensemos en sus cuatro condiciones principales. En primer lugar, para respetar el principio de reciprocidad equitativa, cada comunidad debe garantizar una parte decente del producto social para aquellos que cumplen con estándares mínimos de participación productiva. La segunda condición de un esquema de reciprocidad equitativa consiste en garantizar que todos los individuos aptos para trabajar cuenten con las oportunidades necesarias para llevar adelante la vida laboral que cada uno considere valiosa. Estas oportunidades están dadas entre otras cosas cuando cada ciudadano cuenta con un rango amplio de elección de tareas a realizar, lo cual permitiría realizar sus obligaciones en un sentido significativo.

En tercer lugar, White sostiene que es necesario fomentar un igual tratamiento de las diferentes formas de participación productiva. Aquí entra enjuego una gran discusión acerca de qué actividades pueden ser consideradas como productivas a la sociedad y cuáles no lo son. White entiende que para satisfacer este punto no es conveniente tomar como medida a aquellas actividades cotizadas dentro del mercado formal de empleo, dado que existen una serie de actividades productivas para la comunidad que son realizadas fuera del sector formal (care work). Finalmente, este autor sugiere que es imprescindible establecer estándares universales de participación productiva a todos los ciudadanos. Es decir, la aplicación universal del principio de reciprocidad que no recaiga sólo en aquellos individuos peor ubicados en la sociedad (White, 2000: 516).

De esta forma, es importante destacar que White cuestiona esencialmente el carácter incondicional del IBU, ya que éste permitiría financiar el ocio de algunos a través del trabajo de otros. Como vimos al principio, buena parte de la financiación de un IBU provendría de un impuesto al trabajo (Van Parijs, 1995, 2003 y 2004). Sin embargo, la implementación de un IBU financiado, por ejemplo, a través de impuestos a la herencia es válido y moralmente aceptable para el propio White. El problema es que ese mecanismo de financiación es insuficiente a la hora de promover un esquema de igualación de oportunidades (White, 1997)11.

Tomando en cuenta esto, White sostiene que si pretendemos implementar un ingreso que sea suficiente para los fines igualitaristas gravando el trabajo de las personas, deberíamos pensar al mismo tiempo en la implementación de un sistema contributivo. Necesitaríamos, portante, formular un principio de reciprocidad en donde cada persona sea titular de una parte de los beneficios económicos de la cooperación social, pero que en retorno realice actividades socialmente útiles12. Así, su planteo comparte puntos esenciales con la propuesta de "participación del ingreso" formulada por Anthony Atkinson. La cual consiste básicamente en un ingreso universal pero condicional a la participación de cada ciudadano en tareas socialmente contributivas. Esto no supone una limitación a la participación en el mercado laboral, sino, fundamentalmente, se traduce en un beneficio monetario a aquellos individuos dispuestos a realizar actividades socialmente útiles, incluyendo aquellas tareas no vinculadas al sector formal de la economía, como por ejemplo el trabajo doméstico (Atkinson, 1996: 69).

En resumen, podemos decir que White intenta justificar la implementación de esquemas contributivos condicionales, tomando como base la idea de reciprocidad. A través de este plan redistributivo intenta desarrollar una concepción de la justicia que regule el conjunto de derechos y obligaciones de una ciudadanía económica. Esto supone al menos el cumplimiento de tres puntos imprescindibles. En primer lugar, garantizar el respeto y la protección de los intereses de cada ciudadano, mediante la garantía y el mantenimiento de un esquema de libertades básicas. En segundo lugar, establecer y mantener un compromiso que establezca criterios justos para compensar las formas significativas de mala suerte. Finalmente, proteger la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al mercado, la explotación y los diferentes tipos de abuso que puedan tener lugar en él (White, 2003a y b). Por tanto, el "contractualismo welfarista" puede ser una práctica justa y legítima siempre y cuando existan ciertas condiciones previas13.

3. Incondicionalidad como requisito para la reciprocidad

Existe otra posibilidad de entender la relación entre los principios de incondicionalidad y reciprocidad. Esta opción descansa en la idea de que la incondicionalidad no sólo no es perjudicial para el principio de reciprocidad, sino que por el contrario la beneficia. Argumentos en esta dirección pueden ser encontrados en los trabajos de Karl Widerquist y Shlomi Segall (Widerquist, 1999; Segal I, 2005).

Widerquist sostiene que un IBU es un requisito necesario para que el principio de reciprocidad pueda ser cumplido en nuestras sociedades industriales. En este sentido un IBU es un arreglo institucional necesario para revertir las violaciones actualmente existentes al propio principio de reciprocidad. Estas violaciones derivan del hecho de que algunos individuos deben trabajar para poder sobrevivir (aquellos que no poseen el capital suficiente) mientras que otros (quienes poseen cantidades importantes de capital) pueden vivir sin trabajar. De aquí que la reciprocidad es violentada cuando el dictamen "quien no trabaja no come" se aplica a algunos y no a otros (Widerquist, 1999: 390). Así, un IBU puede corregir potencialmente el problema de explotación generado por aquellos que tienen propiedad ante quienes no la tienen, estableciendo que la posibilidad de vivir sin trabajar sea para todos los ciudadanos y no sólo para una minoría. Además de esto, Widerquist piensa que el IBU es consistente con el principio de reciprocidad defendido por White. Esto sucede precisamente por el hecho de que un IBU permite a cada ciudadano optar por trabajar o no. Widerquist, basándose en este punto, entiende que no existiría entonces explotación dado que quienes deciden trabajar lo hacen de forma voluntaria y conocen las condiciones que eso supone (Widerquist, 1999:400). Sin embargo, la puntualización de Widerquist no deja de forzar el argumento de White. Su postura sólo podría ser defendida si el gravamen sobre el trabajo no fuera el sostén de un IBU, Así como si la opción de no trabajar fuera una verdadera opción disponible para cada ciudadano (Rey Pérez, 2005: 370).

Recientemente, Shlomi Segall ha argumentado, mediante una evaluación de diferentes interpretaciones igualitarias de la justicia, que un beneficio bienestarista incondicional es compatible e incluso usualmente puede ser garantizado por cualquier principio igualitario de reciprocidad (Segall, 2005: 331). Su intención principal es mostrar que los requerimientos de trabajo adjudicados a los beneficiarios de las políticas bienestaristas incondicionales no pueden ser justificados sobre un mandato de reciprocidad.

Del mismo modo que Widerquist, Segall cree que los argumentos en oposición al principio de incondicionalidad revelan que se tolera que algunos individuos "coman" aunque no trabajen, mientras que no tolera que los beneficiarios de políticas bienestaristas lo hagan. Básicamente, los test de recursos y de trabajo (work- tested) no imponen reglas igualitarias a todos los ciudadanos, y como tal violan no sólo los fundamentos de cualquier principio de reciprocidad, sino además el principio de igualdad ante la ley (Segall, 2005: 332).

Siguiendo este razonamiento, si decidiéramos exigir un principio de reciprocidad sobre una base de ciudadanía igualitaria, el trabajo socialmente valorable no debería ser exigido a algunos ciudadanos (aquellos que necesitan de beneficios bienestaristas), sino que debería ser exigido a cada ciudadano sin importar si es rico o pobre. En este punto, Segall se opone al planteo de Lawrence Mead y todos aquellos que defienden la idea de que cada ciudadano es libre de trabajar o no, siempre y cuando su decisión no lo lleve a demandar asistencia del Estado. Segall señala que Mead termina imponiendo obligaciones únicamente a los más necesitados (Segall, 2005: 334). Así, tanto las obligaciones como los derechos deben tener un alcance universal. Si realmente queremos imponer condiciones de contraprestación para quienes reciben asistencia del Estado deberíamos pensar que un principio de reciprocidad puede implicar una obligación a trabajar si y sólo si los beneficios son garantizados incondicionalmente. En este sentido, Segall concluye que los beneficiarios de cualquier política bienestarista incondicional tienen el deber de contribuir si y sólo si un modelo igualitario de reciprocidad es adoptado. Lo cual implica que los beneficios sean distribuidos de un modo incondicional (Segall, 2005: 345).

4. Propuestas híbridas

La objeción de reciprocidad no es plenamente asumida por los defensores de un IBU. De un modo u otro, parece razonable pensar que cualquier violación al principio de incondicionalidad transformaría la propuesta de IBU en algo muy distinto. Sin embargo, ya sea como la manera de obtener un "second best" (Goodin, 2003) o bien como una forma de alcanzar un programa que cumpla de mejor forma con los principios de una sociedad justa, algunos autores creen en la necesidad de formular un tipo híbrido que incorpore ciertos niveles de condicionalidad (White, 2003a, 2004b; Atkinson, 1996). Esto puede ser requerido por varios motivos. En primer lugar, podemosjustificar componentes de condicionalidad considerando que es difícil asegurar un soporte político para un IBU, mientras éste sea incondicional ante el mercado laboral u otra actividad (Goodin, 2003; Atkinson, 1996)14. En segundo lugar, como ya vimos es posible fundamentar la incorporación de elementos de condicionalidad como forma de no violentar el principio de reciprocidad (White, 2003a). Esto supone la implementación de un ingreso universal, pero que sea condicional a la realización de actividades socialmente productivas por parte de sus beneficiarios.

Pero además de lo anterior, un tercer motivo para justificar la condicionalidad contempla otro problema asociado a la propuesta de IBU. Esto es, el problema que puede causar un subsidio en algunas personas (problemas de alienación en palabras de White) tras un uso que sea perjudicial (White, 2004a: 62). El acceso a dinero que los individuos tendrían bajo esta propuesta no sólo aumentaría su grado de independencia o sus niveles de libertad, sino que además posibilitaría que éstos puedan darle un mal uso, de un modo tal en que terminen siendo perjudicados (Pérez Muñoz, 2005a). Para evitar el mal uso (incluso perjudicial) que algunos pueden dar a un IBU, White examina algunas correcciones posibles. Básicamente, analiza la posibilidad de completar este tipo de subsidios con educación, que permita a los individuos contar con más herramientas a la hora de hacer uso del dinero, o bien establecer restricciones al número de usos posibles del dinero subsidiado (White, 2004a: 64).

Naturalmente, lo importante aquí es determinar en qué medida la implementación de ciertas condiciones terminan desfigurando o anulando las virtudes atribuibles a un IBU incondicional. La pregunta pendiente será entonces qué tanto pierde la propuesta de IBU si incorporamos condiciones, o bien qué tanto puede ganar.

V. CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo hemos argumentado a favor de la propuesta de IBU como un mejor camino a la hora de garantizar un "derecho al trabajo". En este sentido, mostramos por qué las garantías de ingreso tienen potenciales ventajas comparativas respecto a las propias propuestas de garantía de empleo. Sobre todo, si pensamos en las actuales políticas de empleo del tipo de workfare.

Podríamos resumir el argumento central como sigue: las políticas de garantía de empleo actualmente impulsadas generan problemas normativos inaceptables en términos de justicia, equidad y libertad. Muchos de estos problemas podrían ser evitados si implementamos una política incondicional y universal de redistribución del ingreso como el IBU. A pesar de ello, hemos visto que la iniciativa aquí defendida tampoco está exenta de objeciones. Fundamentalmente, los planes redistributivos incondicionales han sido acusados de violentar un principio de justicia decisivo, como el principio de reciprocidad. En el caso concreto de la propuesta de IBU, la objeción y resistencia principal reside en su financiación basada en gravámenes a los rendimientos de trabajo. Así, muchos de sus opositores consideran indeseable e insostenible que aquellos individuos que trabajan financien a aquellos que no realizan ningún tipo de contraprestación productiva a la sociedad.

Si bien hemos evaluado distintas consideraciones respecto a cómo superar la cíatica de la reciprocidad, creemos que la mejor forma de superar esta objeción radica en pensar mecanismos alternativos de financiación que no graven el trabajo15 porque, de hecho, la objeción de la reciprocidad se apoya en modelos de IBU que se financian de obtener los medios económicos a partir de impuestos sobre el trabajo. Si se obtuviesen de otras fuentes la crítica desaparecería. Con ello se ve que la objeción de la reciprocidad no puede presentarse frente al IBU, sino tan sólo frente a un modelo concreto del mismo. Un IBU que estuviese financiado de un gravamen a la explotación del medio ambiente y de los recursos naturales o del consumo eludiría con facilidad la usual cíatica. Y es en esta línea sobre la que algunos defensores del IBU vienen trabajando en los últimos años.

Una segunda opción posible consiste en aceptar ciertos niveles de condicionalidad de un modo tal en que se evite desfigurar las ventajas atribuibles al carácter incondicional. Sin embargo, esta opción no es sencilla. Requiere una elaboración que trasciende este trabajo, y que por lo tanto queda pendiente.

 

NOTAS

1 Utilizamos la expresión Estados de Bienestar en el mismo sentido que se utiliza en la literatura "mainstream" de la temática. Ver (Esping Andersen, 1990), (Korpi y Palme, 1998), (Rothstein, 1998).

2 Otra definición ampliamente difundida es la de Daniel Raventós: "Un subsidio Universal garantizado es ni más ni menos que un ingreso pagado por el gobierno a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de sus otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva" (Raventós, 1999:13)

3 Actualmente existen diferentes propuestas universales de redistribución del ingreso (Widerquist, 2001; Wright, 2001; Pérez Muñoz, 2005b). Una de las más relevantes es la propuesta de "Subsidio de Capital único" (Stakeholder Society) presentada por BruceAckermanyAnneAlstott (AckermanyAlstott, 1999). Agrandes rasgos,estos autores proponen otorgar una suma de 80.000 dólares, a todos los ciudadanos de Estados Unidos que lleguen a la edad de 21 años, y que además hayan finalizado sus estudios secundarios (High School). Mediante este ingreso, que puede ser utilizado de la forma que cada uno crea conveniente, se pretende mejorar las oportunidades de la ciudadanía para llevar adelante la forma de vida que cada uno quiera (Pérez Muñoz, 2005b: 6).

4 Esta renta originalmente se creó en Bélgica y en Francia y su modelo ha sido copiado por otros países europeos como Italia, España o Grecia. Intenta luchar contra la exclusión social a través de los tres componentes que la integran: una ayuda económica (el ingreso propiamente), una ayuda social de emergencia de carácter extraordinario que también tiene una naturaleza monetaria pero tiene adscrita una finalidad y, finalmente, el contrato de inserción. La ayuda monetaria tiene un carácter periódico (usualmente mensual) y no suele ser muy elevada, lo suficiente para cubrir las necesidades de subsistencia: alimentación y limpieza. El ingreso, a diferencia del IBU, no es individual, sino que se calcula tomando como base la familia, si bien un modelo bastante amplio de familia que algunos casos de RMI han denominado unidad de convivencia. Se ha observado cómo estos esquemas tienden a penalizar a las familias de más miembros al tener un tope a partir del cual aunque haya más miembros en la unidad de familiar la ayuda no se incrementa. Además, el incremento por cada miembro adicional es menor conforme aumenta el número total. Como ha señalado Susín, se puede leer una intención de penalizar las minorías étnicas de las sociedades donde se dan estos esquemas que son las que acostumbran a tener un mayor número de hijos (Susín, 2000: 326). La ayuda de las RMI a diferencia de un IBU no es incondicional, sino condicionada a que las necesidades del beneficiario persistan, lo que significa que cada seis meses o cada año los trabajadores sociales exigen a los beneficiarios que demuestren su situación de necesidad, esto es, su incapacidad para subsistir. La institución origina estigmatización que en muchos casos provoca su abandono.

El segundo elemento que componen las RMI, las ayudas de emergencia social, no se suelen conceder salvo que el beneficiario demuestre ante el trabajador social una necesidad especial relativa a la salud, la educación o el vestido. Ese dinero está condicionado a gastarlo para la finalidad que se concedió bajo la amenaza de sanciones que pueden llegar a la retirada del programa de RMI. Finalmente, estas dos ayudas están condicionadas a la firma del contrato de inserción que es quizá el elemento más peculiar de esta institución. El trabajador social en cada contrato de inserción establece un grupo de actividades que el beneficiario se compromete a llevar a cabo si quiere recibir a cambio el dinero. Con ello se pretende respetar un cierto principio de reciprocidad. Las actividades dependen de las causas concretas por las que cada beneficiario sufre la exclusión social; pueden ser educativas, el inicio de un programa de desintoxicación, etc. La posibilidad de penalización que conlleva otorga un gran poder a los trabajadores sociales y no parece que en el proceso sancionador exista ninguna garantía o posibilidad de defensa. Todo dependerá del talante, intención o interés del propio trabajador social. Por ello parece que los programas de RMI más que acabar con la exclusión, lo que pretenden es tener bajo control a los grupos excluidos (Susín, 2000).

5 Como sostiene Noguera (2002), el rechazo hacia el componente de incondicionalidad ha sido desarrollado al menos en tres etapas diferentes pero complementarias. En primer lugar, podemos ubicar las objeciones presentadas en la década del ochenta, relacionadas con el problema de cómo considerar el "ocio" dentro de un esquema liberal igualitario de justicia distributiva. Aquí encontramos la discusión entre Rawls y Van Parijs acerca de si el tiempo libre debería ser considerado como un "bien primario" en el sentido rawlsiano (Rawls 1988). La segunda fase del debate tuvo su inicio en la segunda mitad de los 90 a partir de la contribución de Stuart White sobre reciprocidad. (White, 1997; Van Parijs, 1997; Van derVeen, 1998; Widerquist, 1999). Finalmente, una tercera etapa del debate gira en torno a los aportes de Angelika Krebs (2000). Esta autora plantea que un IBU no puede ser justificado actualmente, ya que vivimos en una sociedad sustentada en el trabajo como un valor fundamental. El dinero no puede compensar a los individuos por la falta de trabajo, por tanto, la solución a nuestros problemas distributivos debería ser buscada en garantizar un derecho al trabajo y a la participación social para todos (Noguera, 2002).

6 La ¡dea de neutralidad liberal ocupa un papel central en la teoría liberal igualitaria. A grandes rasgos, puede ser entendida como la visión de que el Estado no debería premiar ni penalizar ninguna concepción particular de "vida buena", sino, por el contrario, debería proveer un esquema institucional neutral dentro del cual diferentes y confl ¡divas concepciones del bien puedan ser perseguidas (Kymlicka, 1989: 883).

7 Estas reformas que presuponen la implementación de programas de "workfare" fueron impulsadas en Estados Unidos en agosto de 1996, bajo el gobierno de Bill Clinton y en Gran Bretaña en abril de 1998, bajo el gobierno de Tony Blair. Ver, entre otros, King, 1999.

8 Un útil análisis acerca de la ¡dea de reciprocidad y su uso en diferentes posturas teóricas puede ser encontrado en Alien Buchanan (1990).

9 La propia Anderson sugiere que el "conservadurismo" aparece más como una teoría popular que como una teoría académica.

10 Podríamos agregar la perspectiva socialista, la cual incluye un principio distributivo que incluye claramente un componente de reciprocidad. Vale recordar el principio ideal socialista de redistribución presentado por Marx en su Crítica al programa de Gotha: "a cada quien de acuerdo a sus habilidades, a cada quien de acuerdo a sus necesidades".

(Carens, 1986). Actualmente, Joseph Carens argumenta que este principio redistributivo es moralmente superior a los presentados desde el liberalismo. Sostiene que dicho ideal socialista es compatible con un profundo compromiso con la libertad individual y que puede significar una contribución crucial a la teoría igualitarista (Carens, 2003:145).

11 De hecho, se ha señalado la conveniencia de financiar el IBU a partir de impuestos sobre el consumo más que impuestos sobre los rendimientos del trabajo para así evitar la objeción de la reciprocidad (Rey Pérez, 2005: 379-380).

12 En posteriores trabajos, White sostiene que es necesario encontrar combinaciones entre ingresos universales pero condicionales que aseguren al mismo tiempo el principio de igualdad de oportunidades y el principio de reciprocidad. Ver, sobre todo (White, 2004 a).

13 White cuestiona las objeciones que señalan que las políticas de workfare son inherentemente incompatibles con los principios del liberalismo igualitario. A pesar de esto, reconoce que actualmente este tipo de políticas producen inequidades objetables (White, 2004b; White 2005).

14 Atkinson sostiene que los tests de verificación de medios (means-tested) no pueden ofrecer una solución efectiva a la reforma del Estado de Bienestar. El objetivo debería ser reducir la dependencia a la hora de diseñar políticas sociales, de los criterios de verificación de medios. El camino que propone consiste en ¡mplementar una participación del ingreso, con una mejora del sistema de seguridad social (Atkinson, 1996).

15 Un ejemplo de este camino lo podemos encontrar en los Ingresos Incondicionales y universales ¡mplementados en Alaska desde la década del 80. Este esquema redlstrlbutlvo se sustenta a partir de la creación de un fondo permanente de recursos. Dicho fondo es alimentado por un porcentaje de los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos naturales de propiedad estatal. Así, cada ciudadano de Alaska recibe un IBU que escapa a la objeción de reciprocidad. Ver Goldsmith (2005).

 

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Cristian Pérez Muñoz es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República, Uruguay. Actualmente se desempeña como Investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, y como profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay. Su principal línea de Investigación refiere a políticas universales de redistribución del Ingreso, especialmente sobre Ingreso Básico Universal. Precisamente su aporte en este trabajo forma parte de los avances de su proyecto de Investigación sobre Ingreso Básico en Uruguay, financiado por la comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. Sus últimos trabajos han sido publicados en el Journal of Basic Income Studies, Revista de Estudios Políticos, Cuadernos del Claeh, Res Publica, entre otros.

José Luis Rey Pérez es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE). Se doctoró en Filosofía del Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Su principal campo de estudio son los derechos sociales, sobre los que ha escrito varios artículos. Asimismo es editor de los dos volúmenes Desafíos actuales de los derechos humanos (Dyklnson, 2005 y 2006). Ha sido Investigador visitante de la Universidad Católica de Lovalna, la Universidad de Amsterdam y la Humboldt Unlversltát de Berlín. En la actualidad es profesor de Teoría del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

 

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