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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.28 n.1 Santiago  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2008000100006 

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 28 / N° 1 / 2008 / 103 - 119

ARTÍCULOS

 

Chile: Transantiago recargado*

 

Chile: Transantiago Reloaded

 

RODRIGO MARDONES Z.
Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile


RESUMEN

El 2007 fue el segundo año del gobierno de Michelle Bachelet. Se trató de un año sin elecciones; con un buen desempeño económico, a pesar de una inflación creciente en los últimos meses; y marcado por la discusión sobre escándalos de corrupción. Sin embargo, lo que más afectó al Gobierno fue la desastrosa puesta en marcha de la reforma al sistema de transporte público de la capital: Transantiago. Este puso un velo sobre los importantes avances en materias previsionales y educacionales, cuestionando no sólo la capacidad ejecutiva del Gobierno, sino que profundizando un flanco de indisciplina al interior de la coalición oficialista (Concertación); síntoma de su desgaste después de 17 años ocupando la Presidencia de Chile.

Palabras clave: Chile, Michelle Bachelet, política chilena.


ABSTRACT

The year 2007 was the second in Michelle Bachelet’s presidencial term. It was a year free of elections, exhibiting a fairly good economic performance, despite the high rate of inflation shown during the last months. Public discussion on corruption escandals was frequent; however, the most important issue was the disestrous beginning of the reform on the public transportation system of the country’s capital: Transantiago. This has placed a veil over the important achievements on the pension system and education, questioning not only the government’s capacity, but also opening and edge of indiscipline within the ruling coalition (Concertación), which is a symtom of its erosion after 17 years in the presidential office.

Key words: Chile, Michelle Bachelet, chilean politics.


I. INTRODUCCIÓN

Este informe realiza una revisión selectiva de los hitos políticos más importantes del año sistematizados por área. El segundo año del gobierno de Michelle Bachelet no fue fácil. Hubo avances en aspectos emblemáticos de su programa presidencial, pero la sombra de la catastrófica puesta en marcha de la reforma al sistema de trasporte público de la capital (Transantiago) puso en jaque no sólo la capacidad de gestión del gobierno, afectando seriamente los índices de aprobación de la presidenta, sino su capacidad para articular y cohesionar una coalición política que muestra síntomas de descomposición, tales como una creciente indisciplina legislativa y diferencias de fondo tanto en la dicotomía Estado-mercado, como en las posiciones sobre la agenda valórica.

El artículo parte con una discusión sobre el desempeño económico, de manera de caracterizar el contexto en que las cuestiones políticas han tomado lugar. Luego, se presenta la demanda marítima peruana como el hecho más relavente en la coyuntura internacional. A continuación se reporta una serie de reformas –aprobadas y en proyecto– en el ámbito social, dando cuenta de la ley de subcontrataciones, la reforma previsional y los avances de la reforma educacional; todo en el contexto del llamado "pacto social" impulsado por el Gobierno. En el siguiente acápite se presentan los casos más importantes de corrupción que concentraron la atención pública durante el año, así como hechos que pusieron en duda ciertas prácticas en el ámbito de la transparencia del ejercicio de los cargos públicos. En seguida, se explica en detalle el problema del año (Transantiago), así como sus efectos políticos. Después, se presentan y analizan los cambios principales en el gabinete presidencial. Finalmente, se ofrecen consideraciones en función de la prospectiva del año que viene.

II. DESEMPEÑO ECONÓMICO

Durante el 2007 el desempeño económico de Chile fue aceptable. Según el Banco Central el crecimiento estimado del PIB durante el año fue de 5,2%; superior al 4,0% experimentado en 2006. El optimismo del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, de un crecimiento de 5,7% para 20071 no se cumplió producto de una desaceleración experimentada durante el último trimestre del año; en particular por los efectos de la crisis energética que afecta al país, además de los mayores precios del petróleo (BCCh 2008, 37). Para 2008 se esperan niveles similares de crecimiento.

A septiembre de 2007 la ejecución del presupuesto del Gobierno había alcanzado un superávit acumulado de 8,9% del PIB (estimándose en 9% al finalizar 2007), superior al 7,0% a septiembre de 2006, constituyéndose así en el superávit más alto en la historia económica de Chile, y con un gasto fiscal que en 2008 seguirá ajustado a la regla de superávit estructural del 0,5% del PIB (BCCh 2008, 35).

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa promedio anual de desempleo pasó de 8,0% en 2006 a 7,0% en 2007, confirmando su tendencia decreciente, aunque sin superar el nivel más bajo de 6,1% logrado en 1997.2

El aumento del Índice de Precios al Consumidor acumulado durante 2007 fue de 7,8% (BCCh 2008, 11), por sobre el 2,6% experimentado en 2006, y a pesar que la proyección de inflación para 2007 realizada en enero de ese año se había situado en 2,3% (BCCh 2007, 11). La inflación de 2007 se transformó así en la más alta registrada desde 1995 y en un grueso error de estimación por parte de la autoridad monetaria. Con condiciones similares al año anterior, el Banco Central proyecta una inflación para 2008 de 4,5% (BCCh 2008, 41).

La crisis energética fue clave en el desempeño de la economía chilena durante el año. Frente a la ola de frío que afectó a Argentina desde fines de mayo, los cortes esporádicos de suministro hacia Chile se hicieron totales, lo que obligó al Gobierno a diseñar una campaña de ahorro de energía, así como un plan de contingencia para restringir el uso de la calefacción a gas en hogares. Las demandas de la oposición eran apurar la construcción de las plantas de gas natural licuado (GLN) en los puertos de Quintero y Antofagasta, y que entrarían en operación en 2009, así como la construcción de las centrales hidroeléctricas en Aysén.

La incapacidad de la economía chilena para retomar indicadores de crecimiento similares a aquellos exhibidos antes de 1998 muestra no sólo su permeabilidad a los shocks externos en el corto plazo, sino ciertas limitaciones microeconómicas endógenas con efectos en el mediano y largo plazo, que ponen en evidencia la dicotomía crecimiento-redistribución y la vigencia del clivaje Estado-Mercado en la discusión política; en particular, en lo relativo a la flexibilidad/precariedad laboral y a las necesidades energéticas para el desarrollo versus la protección del medio ambiente.

III. DEMANDA MARÍTIMA DEL PERÚ

El hecho más importante del año relativo a la coyuntura internacional fue la demanda marítima peruana. El 12 de agosto de 2007 el gobierno de Alan García publicó un mapa oficial donde establecía un nuevo límite marítimo, reactivando un conflicto que se venía gestando desde algunos años. Chile sostiene que el límite entre ambos países está definido desde el Tratado de 1952 en el paralelo ubicado donde termina la frontera terrestre (Hito 1), la cual a su vez estaba resuelto por el Tratado de 1929. Al no estar el Hito 1 ubicado a orillas del mar, la reclamación peruana es que el punto terrestre más austral del territorio peruano está en la costa al sur del Hito 1, con la proyección sobre el mar de una línea equidistante que compromete una extensión de dominio marítimo que Chile considera legalmente propio, y sobre el cual ejerce soberanía efectiva.

Al asumir Alan García la Presidencia del Perú a fines de julio de 2006, manifestó su propósito de recomponer las relaciones con Chile, resentidas debido a la ofensiva diplomática realizada por su antecesor Alejandro Toledo, aunque declaró las intenciones de su gobierno de presentar una demanda ante la Corte Internacional de La Haya. En junio de 2007, en la Cumbre de la Comunidad Andina de Naciones en Tarija, García le habría comunicado personalmente a Bachelet su decisión de presentar la demanda, lo que finalmente ocurrió el 16 de enero de 2008, en una estrategia que, dejando el asunto en curso legal, prioriza la buena vecindad con Chile en todos los demás asuntos. Para el Gobierno de Chile, en cambio, la presentación de una demanda en su contra equivale a un acto inamistoso que afectará negativamente las relaciones bilaterales.

IV. COYUNTURA SOCIAL

A raíz de la cuenta anual presidencial ante el Congreso del 21 de mayo de 2008, el Gobierno propuso a la Alianza la suscripción de un acuerdo legislativo para sacar adelante los proyectos de ley referidos a materias de política social, tales como las reformas educacionales y previsionales. Aunque la Derecha no rechazó abiertamente la invitación, se mostró escéptica. El eventual entendimiento recibió pronto el nombre de "pacto social", pero operó en la práctica sobre la base de acuerdos específicos en dos temas principales: educación y previsión. Adicionalmente, la discusión social continuó en los temas de distribución del ingreso, puestos de relieve también por la difusión de los resultados de la encuesta de Caracterización Socieconómica, CASEN 2006, la que revelaba avances muy discretos en este aspecto.

A propósito de esta discusión, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo Alejandro Goic, llamó en agosto de 2007 a un crecimiento en justicia e igualdad social, sugiriendo que aquellos empleadores que pudiesen hacerlo pagaran al menos un "sueldo ético" de $ 250.000 (500 dólares); superior al sueldo mínimo exigido por ley de $ 144.000 (300 dólares).

El llamado recibió inmediata acogida del Gobierno y la Concertación y también de algunos líderes de la Alianza, como Sebastián Piñera (RN) y Pablo Longueira (UDI), los que en todo no caso no fueron respaldados por el grueso de la Derecha. La respuesta más dura provino de la senadora Evelyn Matthei (UDI), quien señaló que "él [Goic] no tiene idea de Economía y se está metiendo en cosas muy difíciles". La Concertación acusó el doble estándar de la Alianza, quien aplaudía a la Iglesia Católica cuando esta se refería a moral sexual y la criticaba cuando se pronunciaba sobre moral social.3

Dos de las tres cuestiones que se detallan a continuación –ley de subcontratación y reforma educacional– muestran concepciones diversas al interior de la Concertación en reformas claves del programa de gobierno de Bachelet, mientras que en el tercer punto –reforma previsional– la Concertación exhibe un alto grado de consenso interno.

1. Aplicación de la Ley de Subcontratación

El 14 enero de 2007 entró en vigencia el nuevo régimen de subcontratación, ley que regula las relaciones laborales de trabajadores que prestan servicios a empresas a través de firmas contratistas. A los pocos meses de su funcionamiento arreciaban las denuncias contra sus infractores. Para sorpresa del Gobierno, el mayor de ellos resultó ser la cuprífera estatal CODELCO.

Los trabajadores subcontratados de CODELCO la acusaban de utilizar subterfugios para incumplir la nueva normativa. Además de la contratación directa, el punto central de la demanda sindical era la enorme brecha salarial existente a iguales funciones entre trabajadores contratados y subcontratados.

La huelga se desarrolló con serios incidentes con la fuerza pública. Después de 37 días culminó con un acuerdo firmado el 1 de agosto. Sin embargo, en diciembre de 2007 CODELCO decidió impugnar en la justicia el dictamen de la Dirección del Trabajo de internalizar a unos 5.000 trabajadores, esperándose la reactivación del conflicto durante 2008.

Adicionalmente, la disputa es entre dos reparticiones del Estado –la Dirección del Trabajo y CODELCO– reflejando el divorcio entre el sector económico-liberal de la Concertación y el sector progresista-social.

2. Avance de la Reforma Educacional

Luego de recibir el informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma Educacional creada en 2006 después del movimiento de los estudiantes secundarios, el Gobierno envió al Congreso el 11 de abril de 2007 un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Paralelamente, el 4 de junio de 2007 el Gobierno ingresó a tramitación en el Congreso el proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación. En su primer trámite constitucional en el Senado el proyecto fue aprobado en general el 14 de noviembre de 2007.

En lo que respecta a la reforma de la LOCE, entre otras cosas el proyecto garantizaba la gratuidad de las escuelas públicas; enumeraba derechos y deberes para estudiantes, apoderados, docentes y directivos y sostenedores; y establecía la obligatoriedad de la evaluación docente. Dos han sido los puntos más conflictivos de esta reforma, los que no sólo han generado pugnas entre la Concertación y la Alianza, sino que también desacuerdo al interior del bloque oficialista. Por un lado, se proponía eliminar el fin de lucro en las escuelas privadas subvencionadas y, por el otro, se prescribía el fin de los procesos de selección en todas las escuelas que reciben aportes del Estado.

El 13 de noviembre el Gobierno firmó con la oposición un acuerdo de reforma educacional. Se sancionó que los privados sostenedores de escuelas podrían obtener utilidades, siempre y cuando tuviesen giro único; es decir, no podrían dedicarse a otras actividades económicas. Sobre la selección de estudiantes se prescribió que sólo se haría efectiva a partir del séptimo año de la enseñanza básica y exclusivamente por razones académicas. El proyecto entonces siguió su tramitación parlamentaria.

3. Aprobación de la Reforma Previsional

Luego de las recomendaciones de una comisión presidencial ad hoc, la presidenta envío al Congreso en diciembre de 2006 el proyecto de ley de reforma del sistema previsional, considerado su proyecto estrella. La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados en agosto de 2007. Frente el entrampamiento posterior en el Senado, el 13 de diciembre de 2007 los senadores de la Concertación y de la Alianza y los ministros de Hacienda y Trabajo firmaron un Protocolo de Acuerdo sobre 22 puntos para el Proyecto de Reforma Previsional, con el fin de que fuera aprobado antes de que terminara el año, de manera que la reforma se hiciera efectiva a contar del 1 de julio de 2008.

Paralelamente, el Gobierno insistió en introducir una polémica indicación cuyo objetivo final era la creación de una AFP estatal, cuestión que la Alianza rechazaba de plano. El Gobierno pretendía lograr por esta vía la creación de una AFP pública filial del Banco Estado, al mismo tiempo que se permitía el ingreso al negocio de filiales de bancos privados.

El proyecto de reforma previsional fue aprobado el 9 de enero 2008 en el Senado. Votaron en contra los senadores de la Alianza y los independientes Carlos Bianchi, Fernando Flores (ex PPD) y Adolfo Zaldívar (ex PDC). En la Cámara el proyecto fue aprobado en su trámite final el 16 de enero de 2008. La nueva ley incluirá una pensión básica dirigida al sector más vulnerable de la población; un aporte previsional solidario destinado a complementar los ingresos de aquellas personas que reciban una pensión baja; un bono para mujeres, de manera de compensar las lagunas en el ahorro previsional que sufren como consecuencia de la maternidad; un subsidio del Estado a las empresas que contraten jóvenes; y un mecanismo de ahorro previsional colectivo con aportes de empleadores y trabajadores. Las indicaciones sobre ingreso de la banca al negocio y la creación de una AFP estatal fueron rechazadas.

V. CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PROBIDAD

El año 2007 continuó con las secuelas judiciales y políticas de los graves casos de corrupción denunciados con anterioridad, además de una intensa discusión sobre transparencia y probidad, al tomar la opinión pública conocimiento de una serie de prácticas cuestionables.

El primer caso grave de corrupción fue el de los "empleos brujos", originado en la elección parlamentaria de diciembre de 2005, cuando se denunció el uso de fondos públicos destinados a programas de generación de empleo (PGE) para financiar campañas de candidatos de la Concertación en la Región de Valparaíso. Las denuncias afectaban a cinco diputados y a un senador. La justicia finalmente formalizó a los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto, siendo ratificado por la Corte Suprema el desafuero contra esta última en enero de 2008.

El segundo caso ocurrió en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). El año 2007 había comenzado con la renuncia a la Presidencia de EFE de Guillermo Díaz, como efecto de su procesamiento en otro caso de corrupción (MOP-Gate). Las mayores irregularidades en EFE, sin embargo, se habrían cometido durante el gobierno de Ricardo Lagos, siendo Luis Ajenjo presidente de EFE, en el contexto de un Plan Trienal de Modernización 2003-2005. Dicho plan generó solo magros resultados, aun cuando contempló una inyección de alrededor de 1.350 millones de dólares. En abril de 2007 la Cámara de Diputados creó una comisión para investigar las irregularidades detectadas en EFE. En noviembre de 2007 esta Comisión acordó sólo con los votos de la Alianza enviar al ex presidente Ricardo Lagos preguntas sobre el plan trienal de la empresa. En junio de 2007, el Consejo de Defensa del Estado presentó querellas contra ex ejecutivos de EFE y de empresas consultoras por duplicación de contratos y consultorías no realizadas, entre otras irregularidades.

El tercer caso grave de corrupción fue el de la agencia nacional del deporte (Chiledeportes). En 2006 la Controlaría General de la República había detectado un fraude por $ 417 millones (unos 800 mil dólares). El 5 de octubre de 2007 se conoció la primera condena de tres años por este caso, la que sólo afectó a funcionarios de rango medio e inferior.

Pese a las escasas consecuencias judiciales, el caso Chiledeportes ha tenido importantes repercusiones políticas para la Concertación, debido a la crisis que se gestó al interior del PPD. El ex diputado y ex presidente de ese partido Jorge Schaulsohn señaló a fines de 2006 que en la Concertación existía una ideología de la corrupción,4 lo que terminó con su pronta expulsión del partido, y la solidaridad del senador Fernando Flores y del diputado Esteban Valenzuela que renunciaron a esa tienda en enero de 2007. Encabezado por Schaulsohn, Flores y Valenzuela, en mayo de 2007 fue estrenado el movimiento Chile Primero. En octubre el movimiento presentó la documentación requerida ante el Servicio Electoral para convertirse en partido político, estableciéndose un plazo de 7 meses para reunir las 35.000 firmas establecidas por ley.

Aunque era esperable un deterioro importante en la percepción ciudadana sobre la gravedad del problema de la corrupción, la comparación de las cifras arrojadas por versiones sucesivas de la encuesta CEP muestra que dicha percepción se mantiene más bien estática en el largo plazo y que el problema tendría una relevancia más bien secundaria, aunque no marginal. En efecto, si en diciembre de 2007 el 9% de los encuestados mencionaba a la corrupción como uno de los tres problemas más importantes a los que el Gobierno debiera dedicar esfuerzos a resolver, esta cifra no es muy distinta al 11% que lo mencionaba en julio de 2003.5

Es posible también que los efectos sobre la opinión pública derivados de los escándalos de corrupción se hagan sentir más como desprestigio de la política. De hecho, la encuesta LAPOP 2006 reveló, que pese a que Chile tiene los niveles de percepción y victimización de la corrupción más bajos en América Latina, se observa al mismo tiempo un apoyo muy discreto por parte de la ciudadanía a las instituciones políticas (Luna y Seligson 2007, 43).

A ello puede contribuir una menor tolerancia ciudadana en relación a faltas a la probidad o prácticas cuestionables o al filo de la legalidad. Durante el año se sucedieron una serie de hechos con amplia cobertura mediática que ponían en tela de juicio la honestidad de las autoridades públicas, tales como antecedentes personales donde figuran títulos profesionales inexistentes (subsecretaria Depassier y superintendente Ferreiro), copia de textos desde Wikipedia para redacción de proyectos de ley (senador Navarro), inflación de desempeño escolar personal (ministra Provoste); o bien prácticas de nepotismo o clientelismo, tales como el otorgamiento de becas a hijos de ministros de Estado, la distribución de fondos del Estado para ciencia y tecnología, así como las dietas y primacía del criterio político para la designación de los directorios de las empresas públicas.

VI. TRANSANTIAGO: EL CICLO DE UNA MALA POLÍTICA PÚBLICA

La fracasada puesta en marcha del Transantiago –el nuevo sistema de trasporte público para la ciudad de Santiago– ha sido en Chile el hecho político más importante del año 2007. Se trata de una reforma total del sistema, que incluye la licitación de recorridos, una renovación de la flota, y un rediseño de la malla de rutas en función de recorridos troncales y recorridos alimentadores articulada, además, con el ferrocarril metropolitano de Santiago: Metro. Por otro lado, el sistema regularía el parque automotor de buses, las tarifas, las frecuencias y los sistemas tecnológicos de gestión de flota y pago por parte de los usuarios. La participación de los privados se realizaría mediante la licitación, tanto de los recorridos como de un administrador financiero.

Después de años de preparación, el Transantiago fue inaugurado con bombos y platillos el 10 de febrero de 2007. Aunque ya en los meses previos Libertad y Desarrollo (2007) –el think tank de la aliancista UDI– anticipaba correctamente los problemas asociados a modelos de demanda erróneos utilizados por el Ministerio de Transporte y que tendrían efecto en el tamaño de la flota, un financiamiento deficiente, la incapacidad del Metro de absorber una demanda creciente, y un mayor tiempo de viaje para los usuarios, no fue posible prever que la puesta en marcha del sistema adquiriría ribetes de catástrofe. Rápidamente surgieron problemas adicionales relacionados con frecuencias, el diseño de una malla de recorridos que dejaba poblaciones enteras sin cobertura o realizando largas caminatas, o escasez o ausencia de cobertura nocturna, todo agravado por situaciones complejas de orden público (caos y aglomeraciones), con gran cobertura desfavorable de prensa nacional e internacional y un altísimo e inmediato costo político para el Gobierno.

Las medidas de contingencia adoptadas no fueron suficientes; el problema era demasiado profundo, requiriendo la reingeniería de un sistema que acababa de estrenarse. A partir del 27 de marzo de 2007, el nuevo ministro de Transportes, René Cortázar (PDC) abordaría los cinco nudos críticos del Transantiago: insuficiente número de buses; mejora de frecuencias; modificación de los recorridos; descongestionamiento del Metro; así como mayor información a los usuarios. Prometiendo renunciar si no lograba normalizar el sistema a diciembre de 2007, Cortázar reafirmaba que por lo pronto no se alzarían las tarifas y que lo sustancial de los cambios debía realizarse a través de la renegociación de los contratos vigentes con los privados que participaban en el sistema, incluyendo utilidades por pasajero transportado, a fin de terminar con la evasión de pasajeros, considerado el punto clave de la crisis financiera del nuevo sistema.

Según el Gobierno en marzo el Transantiago había generado un déficit de 14 millones de dólares, mientras que en abril la cifra se habría elevado a 30 millones. En mayo de 2007 el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que inyectaría 290 millones de dólares para el financiamiento del sistema durante lo que restaba del año. Por su parte, el Metro se comprometió a prestar 80 millones de dólares al Transantiago, en una decisión del directorio de la empresa estatal del ferrocarril subterráneo que no fue compartida por su presidente Blas Tomic, lo que le costó el cargo.

Los 290 millones de dólares se descomponían en 100 millones de aporte directo del fisco y en 190 provenientes de una línea de financiamiento público de largo plazo. El proyecto fue aprobado en la Cámara el 11 de junio con 63 votos a favor, 48 abstenciones y 3 votos en contra. En el Senado el 19 de junio la iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor y 18 en contra. Por la negativa estuvieron todos los senadores de la Alianza más el PDC Adolfo Zaldívar. Por la aceptación votaron el resto de los senadores de la Concertación más los independientes Fernando Flores y Carlos Bianchi. La pasada exitosa por el Congreso dio pie, sin embargo, a la creación de una comisión investigadora del Transantiago aprobada el 5 de junio con votos de la Alianza y de la Concertación.

Para el Gobierno el panorama comenzó a ser más alentador a partir de agosto. Desde entonces la normalización ha sido muy gradual con un aumento paulatino de buses, ampliación de los horarios, nuevos recorridos, extensión de recorridos ya existentes, aumento de frecuencias, y reducción de los tiempos de espera en las paraderos. A eso se sumó el cambio de los contratos y de las autoridades del administrador financiero.

En septiembre de 2007 se dio a conocer la solicitud del Ministerio de Transportes de 145 millones de dólares para el financiamiento del Transantiago durante 2008 con cargo al presupuesto de la nación. El Gobierno intentaba de esta forma no aumentar la tarifa a los usuarios hasta que el sistema no se normalizara. El 15 de noviembre la Cámara de Diputados resolvió otorgarle simbólicos mil pesos (dos dólares) al Transantiago; lo anterior con los votos de la Alianza, los de los cinco diputados del sector colorín del PDC, seguidores del senador Zaldívar, más Gabriel Ascencio (PDC), y Esteban Valenzuela (Chile Primero), todos los cuales fueron duramente recriminados por sus pares de la Concertación. Para salvar su aprobación en el Senado el Gobierno redujo la cifra de 145 a 90 millones. Sin embargo, el Senado rechazó la propuesta el 20 de noviembre con los votos de toda la Alianza más los senadores de la Concertación Adolfo Zaldívar (PDC) y Fernando Flores (Chile Primero). Ante el fracaso, el 2 de enero de 2008 el Gobierno dio a conocer el mecanismo que permitiría financiar el sistema hasta abril de 2008, consistente en un crédito a cinco años suscrito con el BancoEstado, fecha en la cual debía estar diseñado un mecanismo definitivo.

La magnitud de la desastrosa puesta en marcha del Transantiago generó de inmediato la discusión sobre las responsabilidades. En primer lugar, el Gobierno se apresuró en culpar a los privados –empresas de buses, administrador financiero (AFT) y soporte tecnológico (SONDA)– quienes no habrían estado a la altura del desafío, o que abiertamente habían incumplido lo especificado en los contratos.

La responsabilidad política fue asumida por el ministro de Trasportes Sergio Espejo. Después de su salida del Gobierno, el ministro Ricardo Lagos Weber señaló que había sido Espejo quien proporcionó información errada a la presidenta. Los dardos también recayeron sobre el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien para evitar la personalización de las culpas señaló que se trató de una "decisión de gobierno". Transcendió con posterioridad que el único que se habría opuesto al inicio del Transantiago fue el ministro del Interior Belisario Velasco. La magnitud del problema, sin embargo, dejaba en evidencia que Espejo era sólo un responsable parcial, y que la decisión involucró además de varios ministros, a la misma presidenta, e incluso al gobierno de Ricardo Lagos.

La presidenta por su parte señaló que en su momento había tenido el presentimiento de que el Transantiago no iba a andar bien, pero que fue inducida por sus ministros a autorizar la puesta en marcha. En su cuenta anual del 21 de mayo ante el Congreso la presidenta reconoció que en lo que respecta a la implementación hubo un masivo incumpliendo de los privados, pero al mismo tiempo fallas de supervisión y fiscalización por parte del Estado, además de que se debió haber hecho una partida gradual.

A fines de julio de 2007 salió a la luz pública un informe confidencial fechado en diciembre de 2006 –dos meses antes de la puesta en marcha–, firmado por el presidente del Metro Blas Tomic, que anticipaba el colapso económico, financiero y de orden público que generaría el Transantiago. Tal informe habría sido conocido por varios ministros. El ministro del Interior Belisario Velasco primero respondió que el informe "confidencial" era en realidad un informe público, que incluso la presidenta conocía; sin embargo, precisó luego ante la comisión investigadora del Congreso que ella nunca lo tuvo en sus manos, y que sólo supo de sus conclusiones mediante los informes periódicos que él mismo le preparaba.

En agosto de 2007 se dio a conocer otro informe, esta vez elaborado por Carabineros (policía uniformada nacional), también fechado en diciembre de 2006 y que era desfavorable a la puesta marcha debido a los efectos negativos de orden público que se generarían. En la sesión de interpelación parlamentaria al ministro del Interior, ocurrida el 14 de agosto de 2007, Velasco señaló que fue él quien encargó el informe a Carabineros; sin embargo, precisó que ninguno de los informes recomendaba la postergación de la puesta en marcha.

La responsabilidad del gobierno de Ricardo Lagos en lo que respecta al diseño del sistema comenzó a hacerse patente. Sucesivamente testificaron ante la comisión de la Cámara sus ex ministros, y el mismo ex presidente por oficio el 31 de octubre. La derecha acusó a Lagos de eludir también sus responsabilidades en la fallida etapa de puesta en marcha, puesto que habría dejado atados una serie de compromisos que forzaban la partida. En una segunda carta a la Comisión el 13 de noviembre, Lagos precisó que el plan se había diseñado en tres etapas, y que el inicio de las etapas sucesivas era contingente a los logros de los objetivos de las anteriores.

En cumplimiento de su promesa, en diciembre el ministro Cortázar puso su cargo a disposición de la presidenta señalando que aunque se habían alcanzado avances importantes el sistema aún no estaba a la altura de lo que los santiaguinos se merecían. Bachelet no aceptó su dimisión. Para algunos observadores aceptar la renuncia de Cortázar significaba reconocer que las soluciones implementas desde fines de marzo habían sido también un fracaso.

El 7 de diciembre le correspondió el turno a la presidenta responder por oficio ante la Comisión Investigadora del Transantiago. Finalmente, el 13 de diciembre la Comisión aprobó el informe por 7 votos a favor y 6 en contra. El informe que se impuso fue aquel redactado por los diputados de la Concertación. El 19 de diciembre el informe fue aprobado por el pleno de la Cámara por 88 votos a favor y 8 abstenciones. No teniendo los votos para imponer su propio informe, la Alianza optó por aprobar como sucedáneo el de la Concertación.

El informe sancionado atribuyó la responsabilidad principal a la línea de mando del Ministerio de Transportes: al ministro Espejo, al subsecretario Danilo Núñez y al Secretario Regional Ministerial. Culpó también a los ministros de Hacienda y Obras Públicas por su escasa capacidad de prevención; exculpó de responsabilidad directa a la presidenta Bachelet; sentenció que hubo incumplimiento grave de los contratos por parte de los bancos privados que componen el administrador financiero y de la empresa SONDA; y, finalmente, atribuyó responsabilidad al ex presidente Lagos y a sus ministros de Transportes y Obras Públicas, por adelantar un proceso sin haber creado las condiciones mínimas necesarias.

En una conferencia de prensa el 19 de diciembre el ex presidente Lagos pidió excusas públicas a los ciudadanos afectados por el sistema, asumiendo su responsabilidad en haber tomado la decisión de reformar el sistema. Su tono afable y conciliador fue interpretado por algunos como el inicio de su campaña política para volver a La Moneda en 2010.

El Transantiago ya pasó su momento crítico. Una encuesta de diciembre de 2007, aunque revela mejoras leves con respecto a la medición anterior de julio, concluye que para el 77% de los usuarios el sistema funciona mal, el 63% cree que se demora más que antes en realizar un viaje, el 62% cree que viaja menos cómodo, y el 43% cree que lo hace con menor seguridad (CEP 2007); esto es, el sistema termina mal evaluado en todos los aspectos en que prometía mejoras sustanciales. Por otro lado, la cifra de la aprobación presidencial en términos de Santiago versus regiones permite –con cautela– aislar el efecto del Transantiago sobre la forma en que Michelle Bachelet conduce su gobierno. Si el nivel de aprobación presidencial en diciembre de 2007 era de un 42% en regiones, en Santiago éste sólo alcanzaba el 34%, con variaciones mínimas en relación a la medición de julio del mismo año.6

Aparte de las responsabilidades establecidas y el costo en el nivel de aprobación tanto de Bachelet como de Lagos, la consecuencia política más notoria del Transantiago fue la expulsión del senador Adolfo Zaldívar del PDC y la posterior renuncia a ese partido de cinco diputados. Zaldívar había sido pasado al Tribunal Supremo del PDC por no respetar el acuerdo político del Consejo Nacional del partido en la aprobación de los 290 millones de dólares para el Transantiago. El 1 de agosto el Tribunal Supremo en fallo dividido decidió amonestar al senador. Sin embargo, la postura de disidencia permanente de Zaldívar con respecto a la directiva habían exacerbado al máximo los ánimos en su contra cuando en noviembre rechazó con su voto la segunda partida de fondos para el Transantiago. El 26 de noviembre la directiva del PDC acordó suspender la militancia de Adolfo Zaldívar lo que debía ser sancionado por el Tribunal Supremo, además de acordar quitar el cupo de reelección a aquellos parlamentarios que no respeten los acuerdos partidarios.

Zaldívar fue finalmente expulsado del PDC el 27 de diciembre, mientras que los cinco diputados colorines (Pedro Araya, Eduardo Díaz, Jaime Mulet, Carlos Olivares y Alejandra Sepúlveda) decidieron renunciar al partido el 8 de enero de 2008. Con lo anterior, la Concertación perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque Zaldívar señalaba que las diferencias eran de fondo, referidas entre otras cosas a la necesidad de corregir el modelo económico, la opinión pública nunca validó esta idea e identificó correctamente la causa del conflicto en una pugna de poder ligada a personalismos.

VII. AJUSTES MINISTERIALES

En relación a la configuración de un gabinete paritario, Bachelet había iniciado su presidencia en marzo de 2006 con 10 ministerios asignados a mujeres. Con su primer cambio de gabinete, ocurrido en julio de 2006, la paridad de género se mantuvo; sin embargo, esta se alteró a partir de marzo de 2007, cuando el gabinete quedó conformado con un 59% de hombres y 41% de mujeres.

En cuanto a la edad promedio de los ministros, esta descendió de 53 años para el último gabinete de Lagos, a 50 años para el primer gabinete de Bachelet. Después del primer de gabinete en 2006 la edad promedio bajó a 49 años; sin embargo, con el último cambio ocurrido el 8 de enero de 2008, la edad promedio subió a 52 años.

El cambio de gabinete del 27 de marzo de 2007 mantuvo estrictamente el equilibrio político de los partidos de la coalición. Esta vez hubo modificaciones en cuatro ministerios: Defensa, Secretaría General de la Presidencia, Justicia, y Transportes y Telecomunicaciones. A ello se agregó la decisión de otorgar rango de ministro de Estado a los presidentes de dos comisiones nacionales: la de Energía y la de Medio Ambiente. Como ministro de Energía fue designado el economista Marcelo Tokman (PPD) y como ministra de Medio Ambiente la abogada Ana L. Uriarte (PS).

Con respecto a la salida del ministro de Trasportes Sergio Espejo, no hay mayor sorpresa habiendo sido acusado como uno de los responsables principales de la partida en falso del Transantiago. Mientras la salida del ministro de Justicia, Isidro Solís, también parecía justificada por la abierta pugna que había generado con las autoridades del Poder Judicial, la situación de Defensa fue más bien críptica para la opinión pública, al no identificarse razones claras para la ida de Vivianne Blanlot (PPD) y para la llegada de José Goñi (PPD). En la Secretaría General de la Presidencia asumió José Antonio Viera-Gallo (PS) debido a que la ministra Paulina Veloso (PS), siendo considerada uno de los miembros más brillantes del Gabinete, además de muy cercana a la Presidencia, habría sufrido un progresivo desgaste en su capacidad de interlocución con los partidos políticos, incluyendo su propio partido, además de roces importantes con los ministros del Trabajo y Relaciones Exteriores.

El cambio de gabinete siguiente se hizo en dos etapas. Primero, la presidenta aceptó la renuncia del ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien deseaba postularse al Senado, designando en su lugar a Francisco Vidal (PPD) el 6 de diciembre de 2007. Segundo, la presidenta se vio forzada a adelantar el ajuste ministerial que preparaba debido a la intempestiva renuncia del ministro del Interior, Belisario Velasco (PDC) el 3 de enero de 2008. Velasco era criticado por la supuesta falta de liderazgo político en la conducción y coordinación del equipo ministerial. Por otro lado, una serie de desaires de la presidenta ad portas del ajuste ministerial le habían hecho tomar la decisión de presentar su renuncia inmediata e indeclinable en señal de molestia.

Apurada por las circunstancias, la presidenta anunció finalmente su ajuste ministerial el 8 de enero de 2008 en las carteras de Interior, Economía, Agricultura, Planificación y Cooperación, Obras Públicas, y Minería.

En Interior, Belisario Velasco fue reemplazado por su correligionario Edmundo Pérez-Yoma. Ex ministro de Defensa del presidente Frei Ruiz-Tagle, ex Cónsul en Bolivia y ex Embajador en Argentina, se trata de un personaje con amplia experiencia política, sobre quien se cifraba no sólo la expectativa de suplir la falta de liderazgo político existente en el Gabinete, sino también para algunos la falta de liderazgo exhibida por la propia presidenta Bachelet.

En Minería, la independiente Karen Poniachik habría sido mal evaluada por su falta de conocimiento del tema y su deficiente manejo de la crisis energética, en particular de las negociaciones con Argentina tendientes a asegurar el suministro de gas natural desde ese país. En su reemplazado fue designado Santiago González. Su pertenencia al Partido Radical Social Demócrata, socio menor de la Concertación, fue interpretada como un guiño a ese partido en un intento de fortalecer la unidad de la coalición. También motivado por un supuesto mal desempeño salió de MIDEPLAN la ministra Clarisa Hardy, quien fue reemplazada por la PS Paula Quintana.

En Agricultura, el PDC Álvaro Rojas, aunque muy bien evaluado por amplios sectores de gobierno y oposición, tenía serios problemas de salud, lo que habría motivado su salida del gabinete. En su reemplazo fue designada su camarada Marigen Hornkohl, quien con nula experiencia de la cartera que asumía, pertenecía en cambio al círculo de confianza de la presidenta del PDC, Soledad Alvear.

En Economía, del PDC Alejandro Ferreiro fue reemplazado por el también PDC Hugo Lavados con la intención de quitar el sesgo tecnocrático del gabinete y priorizar la dimensión política; criterio que parece ser el mismo utilizado para el Ministerio de Obras Públicas, donde Eduardo Bitrán (PPD) fue reemplazado por Sergio Bitar (PPD).

Una crítica recurrente a los gobiernos de la Concertación había sido la imagen de "la puerta giratoria" de sus personajes públicos, aludiendo a aquellos que llevaban años pasando de un cargo a otro, en una suerte de enquistamiento en el poder por parte de un grupo reducido de políticos. Para neutralizar esta crítica, la presidenta había anunciado que "nadie se repetiría el plato" y que haría una renovación completa de su gabinete. Este principio declarado de Bachelet comenzó a esfumarse con la llegada de Yasna Provoste (PDC) a la cartera de Educación (julio de 2006), habiendo ya ocupado el cargo de ministra de Planificación bajo la Presidencia de Ricardo Lagos, para luego quedar en nada con la integración al gabinete en diciembre de 2007 de Francisco Vidal, y en enero de 2008 de Sergio Bitar y Marigen Hornkohl. Ello sin contar con la variedad de ministros que antes habían ocupado altas responsabilidades en los gobiernos de Frei y Aylwin; tales como, Alejandro Foxley, René Cortázar, Edmundo Pérez-Yoma y Belisario Velasco.

Aunque manteniendo los equilibrios partidarios en la conformación del Gabinete, la relativización de los principios de paridad de género y de renovación de los personajes, más allá de mostrar una incapacidad para honrar principios programáticos, evidencia de modo más general que la gobernabilidad democrática de un país se logra en un equilibrio difícil entre lo tecnocrático y lo político; ingredientes requeridos en medidas distintas de acuerdo a un contexto cambiante. La proximidad de las elecciones municipales en octubre de 2008, así como la realización de las elecciones parlamentarias y presidenciales en diciembre de 2009, en un marco de mayor indisciplina y falta de cohesión de la Concertación, apuntan a que un sesgo más político en el Gabinete es lo que corresponde para el llamado "segundo tiempo" de la Presidencia de Bachelet.

VIII. EVALUACIÓN GENERAL

El 2007 fue un año político difícil para esta administración. Aunque la economía ha marchado bien, a pesar de la imprevista mayor inflación, de no mediar shocks económicos externos, y salvo la crisis energética, Bachelet no debiera preocuparse en exceso del desempeño de la economía. Sin embargo, la entrada en recesión de Estados Unidos podría tener efectos aún insospechados en la economía nacional, afectando los niveles de aprobación del Gobierno y por esa vía, el desempeño de la Concertación en las elecciones municipales de octubre de 2008 y en las parlamentarias y presidenciales de diciembre de 2009. Ante un panorama económico incierto, es poco lo que el Gobierno puede hacer al respecto, más que medidas paliativas y un control aún más estricto del gasto fiscal en años electorales. La mantención de Andrés Velasco en el Ministerio de Hacienda asegura la disciplina fiscal que el momento requiere.

Bachelet afronta una pesada tendencia de desgaste de la Concertación, que hace a muchos vaticinar el fin de su era en 2010. Heredó además el lastre del gobierno de Lagos en la forma de escándalos de corrupción (EFE, Chiledeportes, empleos brujos). Pese a que su administración ha demostrado gran capacidad para llevar adelante reformas emblemáticas de política pública, tales como la previsional y la educacional, con el Transantiago cometió un gravísimo error que le ha costado en todos los planos. Según la encuesta CEP (2007) la aprobación ciudadana del gobierno de la presidenta Bachelet pasó de un 50% en diciembre de 2006 a un 39% en diciembre de 2007. Aunque la tendencia a la baja es preocupante, la realidad es que este nivel de aprobación no es inédito para los gobiernos de la Concertación. En efecto, aunque en el contexto inmediato de la post Crisis Asiática y de un escenario electoral desfavorable, en noviembre de 1999 el presidente Frei había tocado el piso con sólo un 28% de aprobación. Con todo, en julio de 1996, es decir, previo a la Crisis Asiática y en un contexto político más favorable, la aprobación de Frei había alcanzado un 34%.

Si durante 2008 el Gobierno no es capaz de transformar en positiva la aún desfavorable percepción del Transantiago, este pasará a la historia como caso paradigmático de la peor política pública, tanto en su diseño, como en su implementación y evaluación.

Pero los casos de corrupción y el Transantiago han tenido un efecto adicional no previsto. En la Concertación están operando fuerzas centrífugas que tienden a atomizarla y que en los dos años que le restan a Bachelet comprometen la disciplina legislativa con la que sí contaron los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos. La conformación de Chile Primero escindido del PPD y la salida de los colorines del PDC, a lo que se suma la acción de los díscolos del PS, ponen por delante un difícil escenario de gobernabilidad y cohesión al interior de la Concertación. Frente a este escenario, Bachelet acertadamente ha priorizado para el "segundo tiempo" de su administración la conformación de un gabinete más político que tecnócrata, de manera de posibilitar además un cuarto mandato presidencial para la Concertación.

Esto último queda en duda tanto por la creciente falta de cohesión de la Concertación, como por la más reciente tendencia electoral, la cual marca el ascenso de la Alianza, pero sin consolidarla aún como la principal fuerza política del país. En la primera vuelta de la elección presidencial de 1999 la Alianza había obtenido un 47,51% de los votos, mientras que en la primera vuelta de la elección de 2005 logró un 48,64%.7 Por otro lado, en las elecciones de concejales, consideradas las más proporcionales de las que operan en Chile, la Alianza pasó de obtener el 35,61% de los escaños en 1996, al 38,47 en 2000, para terminar en 2004 con un 41,31%. De este modo, las elecciones municipales que se realizarán en octubre de 2008 constituirán una prueba de fuego; será el momento clave para la Alianza en su camino a la elección presidencial de 2009, confirmando su tendencia al alza, pero que además alcance para superar el 50% de los votos. Sobre este último punto, un elemento tranquilizador para la Concertación es la relativa incapacidad de la Derecha para constituirse en alternativa de gobierno. De hecho, sólo el 20% de los encuestados aprueba la forma en que la oposición desarrolla su labor (CEP 2007).

Por otro lado, en las elecciones municipales de 2008 los escindidos de la Concertación medirán su real peso político, lo que podrá incidir en su desaparición o en su fortalecimiento. Es previsible que si el resultado de estas elecciones les resulta favorable, y de persistir en su intención de estar fuera de la Concertación, comenzarán a buscar la reforma al sistema electoral binominal, ocupando en definitiva el espacio pensado hasta ahora para ser ocupado por el Partido Comunista. Estas nuevas condiciones políticas podrían favorecer la modificación del sistema electoral, tema sobre el que el Gobierno nuevamente volvió a la carga en 2007 para encontrarse nuevamente con el rechazo frontal de la UDI y la ambigüedad de RN.

 

Notas

* El autor agradece los útiles y detallados comentarios de un árbitro anónimo de la Revista de Ciencia Política.

1 Andrés Velasco [columna de opinión], La Tercera, 29 de octubre de 2006.

2 Fuente: http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/index_erd.htm

3 Ver recuento del incidente en: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=31088, accedido el 16 de enero de 2008.

4 Ver en http://www.tercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_243854831,00.html, accedido el 20 de enero de 2008.

5 Los datos de la encuesta no permiten inferir la significancia estadística de esta diferencia de dos puntos porcentuales.

6 La cautela se debe a que en sus versiones anteriores a 2007 la encuesta CEP no desagregó la aprobación presidencial en Santiago versus regiones, por lo que no hay un punto de comparación anterior, pudiendo las diferencias adjudicarse a otros factores no relacionados con el Transantiago.

7 Para una sistematización de datos electorales en elecciones presidenciales y parlamentarias ver Mardones (2007, anexos 1 y 3); para elecciones municipales ver Mardones (2006, Tablas 1 a 6).

 

REFERENCIAS

Banco Central de Chile (BCCh). 2008. Informe de Política Monetaria. Enero.        [ Links ]

Centro de Estudios Públicos (CEP). 2007. Encuesta Nacional de Opinión Pública. Noviembre-diciembre.        [ Links ]

Libertad y Desarrollo. 2007. "Transantiago: promesas incumplidas". Temas Públicos N° 804, 5 de enero.        [ Links ]

Luna, Juan Pablo y Mitchell A.Seligson. 2007. Cultura Política de la Democracia en Chile: 2006. Informe del Barómetro de las Américas, LAPOP. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.        [ Links ]

Mardones, Rodrigo. 2006. "Descentralización y transición en Chile". Revista de Ciencia Política, 26(1): 3-24.         [ Links ]

Mardones, Rodrigo. 2007. "Chile: todas íbamos a ser reinas". Revista de Ciencia Política, Vol. especial [Anuario Político de América Latina], pp. 79-96.        [ Links ]

Acronismos

PS : Partido Socialista.
PPD : Partido Por la Democracia.
PRSD : Partido Radical Social Demócrata.
PDC : Partido Democrática Cristiano.
RN : Partido Renovación Nacional.
UDI : Partido Unión Demócrata Independiente.

Anexo 1: Gabinete 2007-2008 de la presidenta Michelle Bachelet


Ministerio

Nombre

Partido

Año nacimiento

Profesión

Fecha designación


Interior

Belisario Velasco

PDC

1936

Abogado

14/7/2006

Edmundo Pérez-Yoma

PDC

1939

Bachelor of Arts (EE.UU.)

8/1/2008

Relaciones Exteriores

Alejandro Foxley

PDC

1939

Economista

11/03/2006

Defensa

Vivianne Blanlot

PPD

1956

Economista

11/03/2006

José Goñi

PPD

1948

Economista

27/3/2007

Hacienda

Andrés Velasco

Ind.

1960

Economista

11/03/2006

Secretaría General de la Presidencia

Paulina Veloso

PS

1957

Abogada

11/03/2006

José A. Viera-Gallo

PS

1943

Abogado

27/3/2007

Secretaría General de Gobierno

Ricardo Lagos W.

PPD

1962

Abogado

11/03/2006

Francisco Vidal

PPD

1953

Profesor de Historia

6/12/2007

Economía

Ingrid Antonijevic

PPD

1951

Economista

11/03/2006

Alejandro Ferreiro

PDC

1966

Abogado

14/7/2006

Hugo Lavados

PDC

1949

Economista

8/1/2008

Planificación y Cooperación

Clarisa Hardy

PS

1945

Psicóloga

11/03/2006

Paula Quintana

PS

1965

Socióloga

8/1/2008

Educación

Martín Zilic

PDC

1947

Médico

11/03/2006

Yasna Provoste

PDC

1969

Profesora de Edu. Física

14/7/2006

Justicia

Isidro Solís

PRSD

1954

Abogado

11/03/2006

Carlos Maldonado

PRSD

1963

Abogado

27/3/2007

Trabajo y Previsión Social

Osvaldo Andrade

PPD

1952

Abogado

11/03/2006

Obras Públicas

Eduardo Bitrán

PPD

1958

Ingeniero Civil

11/03/2006

Sergio Bitar

PPD

1940

Ingeniero Civil

8/1/2008

Transportes y Telecomunicaciones

Sergio Espejo

PDC

1967

Abogado

11/03/2006

René Cortázar

PDC

1952

Economista

27/3/2007

Salud

Soledad Barría

PS

1954

Médica

11/03/2006

Vivienda y Urbanismo

Patricia Poblete

PDC

1947

Economista

11/03/2006

Bienes Naciones

Romi Schmidt

PPD

1965

Abogada

11/03/2006

Agricultura

Álvaro Rojas

PDC

1953

Médico Veterinario

11/03/2006

Minería

Karen Poniachik

Ind.

1966

Periodista

11/03/2006

Santiago González

PRSD

1956

Ingeniero Civil

8/1/2008

Comisión Nacional de Energía

Marcelo Tokman

PPD

1967

Economista

27/3/2007

Servicio Nacional de la Mujer

Laura Albornoz

PDC

1969

Abogada

11/03/2006

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Paulina Urrutia

Ind.

1969

Actriz

11/03/2006

Comisión Nacional del Medio Ambiente

Ana L. Uriarte

PS

1962

Abogada

27/3/2007


Fuente: Elaboración propia basada en sitios web de prensa chilena y sus motores de búsqueda: www.emol.com; www.latercera.cl; www.cooperativa.cl. Adicionalmente, sitios web de la presidencia (www.gobiernodechile.cl) y de los ministerios.

Rodrigo Mardones Z. es Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política de la Universidad de Nueva York (2005). Sus áreas de especialización son política comparada, políticas públicas y economía política. Ha investigado en temas de descentralización, gobiernos municipales y desarrollo regional y local.
(E-mail: rmardonesz@uc.cl)

 

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