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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.28 n.1 Santiago  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2008000100013 

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 28 / N° 1 / 2008 / 265 - 285

ARTÍCULOS

MÉXICO: Reformas pese a un gobierno dividido

 

MEXICO: Reforms Despite Divided Government

 

ERIC MAGAR1, VIDAL ROMERO1.

1 Departamento de Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México.


Resumen

2007 fue el primer año de la presidencia de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. El nuevo gobierno hizo hincapié en la lucha contra la delincuencia organizada, usando al ejército en vez de la policía civil. Destacan también negociaciones entre presidente y partidos para cambiar tres normas de importancia: la ley de pensiones de servidores públicos (que subsana un enorme déficit en las finanzas del gobierno); la creación de nuevos impuestos (que aumentan levemente, pero por primera vez en décadas, la capacidad recaudatoria del gobierno); y una reforma electoral (como respuesta a la crisis postelectoral de 2006). Repasamos también las elecciones locales que se llevaron a cabo en 14 entidades, en las que el Partido Revolucionario Institucional consiguió recuperar algunas posiciones perdidas en los últimos años.

Palabras clave: México, Seguridad pública, Impuestos, Régimen de pensiones, Reforma electoral, Elecciones locales, Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador.


Abstract

2007 was the first year of Felipe Calderón, of the National Action Party, as president. The new government made the fight against organized crime a priority, relying on the army instead of civil police forces for the task. Three important changes to statutes were successfully negotiated between president and parties: the civil servants pensions law (to cut a bubbling deficit in public finance); the creation of new taxes (a slight increase, but for the first time in decades, in government’s revenue capacity); and an electoral reform (as a result to the post-election crisis of 2006). We also review local elections held in 14 states, in which the Revolutionary Institutional Party won back some positions it had lost in the recent past.

Key words: Mexico, Law and Order, Taxes, Pensions law, Electoral reform, Local elections, Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador.


I. TEMAS SALIENTES DE LA REALIDAD NACIONAL Y SU IMPACTO POLÍTICO

1. Coyuntura social

El tema principal que el gobierno de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), decidió poner en la agenda de su primer año de gobierno fue el combate a la delincuencia organizada en general, y al narcotráfico en particular. Como las fuerzas policíacas están en gran medida capturadas por los delincuentes, resultan insuficientes e inoperantes para este fin. Por ello, la administración federal tomó la controvertida decisión de utilizar al ejército en las operaciones de combate a la delincuencia organizada. Aunque no puede ponerse en duda que la lucha contra la inseguridad ha sido, y sigue siendo, una de las principales demandas ciudadanas, no faltan críticos de esta medida, quienes hacen hincapié en los abusos a los derechos humanos que el ejército ha cometido en la lucha contra el narcotráfico (vea, por ejemplo, Garduño 2007).

Como parte de esta campaña, el gobierno mexicano ha conseguido capturar y extraditar a varios narcotraficantes solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Resaltan Osiel Cárdenas Guillén y Héctor “El Güero” Palma, en enero, y Sandra Ávila alias la Reina del Pacífico, una de las principales operadoras del cartel de El Mayo Zambada, en septiembre. Los operativos también permitieron romper dos récord mundiales: en marzo se realizó el mayor aseguramiento de dinero en efectivo –más de 206 millones de dólares– presuntamente propiedad de Zhenli Ye Gon, traficante internacional de pseudoefedrina de origen chino; en octubre se incautó un cargamento de 23,5 toneladas de cocaína en el estado de Colima en la costa del Pacífico.

En octubre el presidente firmó con su homólogo estadounidense la Iniciativa Mérida, una carta de intención a través de la cual el gobierno norteamericano proporcionaría ayuda financiera a México para el combate al narcotráfico. El tema también causó polémica, por su símil con el Plan Colombia, pero sobre todo porque los términos específicos del acuerdo no se hicieron públicos, lo que provocó toda clase de especulaciones. La carta de intención espera aún la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Un pendiente de suma importancia en el frente de seguridad es la reforma del sistema de impartición de justicia. La urgencia de esta reforma deviene del escalofriante mal desempeño del sistema de justicia de México: un estudio reciente estimó que de cada cien responsables de actos delictivos, el sistema consigue castigar sólo a tres (Zepeda 2004).

2007 también vio actos de sabotaje. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo guerrillero que salió a la luz pública en los años 1990, con presencia sobre todo en el sur de México, reapareció. El EPR se responsabilizó de la explosión de gasoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en julio, afectando la provisión de gas en 11 entidades. En su comunicado, el EPR afirmó que se trataba de una medida de presión para que se liberen a varios de sus integrantes –el gobierno federal niega tenerlos presos– y amenazó con seguir los ataques.

México también sufrió un desastre natural que, por las pérdidas materiales que ocasionó, salió de toda previsión. En noviembre se registraron las peores inundaciones de la historia reciente en los estados sureños de Tabasco y Chiapas, dos de los estados con mayores niveles de pobreza. Se estima que cuatro quintas partes de Tabasco quedaron bajo agua. Y aunque hubo sólo un puñado de muertos (en parte por la rápida respuesta del gobierno federal, pero también porque el nivel del agua subió muy lentamente) los damnificados se estiman en medio millón de personas.

En resumen, los esfuerzos para mejorar la situación de seguridad pública en México ocuparon un lugar prominente en la agenda pública del país en el primer año del nuevo gobierno. Otro lo ocuparon algunas reformas en temas vitales para el país sancionadas por el Congreso. Antes de hablar de éstas, repasamos brevemente los principales eventos en materia económica.

2. Coyuntura económica

La situación económica se mantuvo relativamente estable, aunque el crecimiento fue menor que el del año anterior. A lo largo de 2007 hubo eventos que alteraron las expectativas económicas, para bien y para mal. Cabe resaltar tres: el alza al precio de la tortilla; el anuncio, aplazado, de alza al precio de la gasolina; y la exitosa, aunque limitada, reforma fiscal que impulsó el presidente.

Tabla 1: Indicadores económicos 2000-2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


PIB (variación real anual %)a

6,6

–0,2

0,8

1,4

4,2

2,8

4,8

3,3

Inflación anual (%)a

9,0

4,4

5,7

4,0

5,2

3,3

4,1

3,3

Tipo de cambio peso-dólar
(promedio del año)a

9,47

9,35

9,76

10,83

11,32

10,87

10,90

10,98

Balanza comercial
(miles de millones de dólares)a

–8,34

–9,62

–7,63

–5,78

–8,81

–7,59

–6,10

–11,20

Tasa de desocupación abierta nacional
(% promedio en el año)a

2,2

2,8

3,0

3,4

3,9

3,6

3,6

3,7

Individuos que viven en pobreza
alimentaria
(% del total de la población)b

24,1

N.D.

20,0

N.D.

17,4

18,2

13,8

N.D.

Individuos que viven en pobreza de
patrimonio
(% del total de la población)b

53,6

N.D.

50,0

N.D.

47,2

47,0

42,6

N.D.

Coeficiente de Ginic

N.D.

N.D.

0,480

0,453

0,455

0,458

0,446

N.D.


Fuentes: (a) Banamex (www.banamex.com.mx) con datos de INEGI, SHCP y Banxico. (b) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con base en la Encuesta Nacional Ingreso-Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (www.coneval.gob.mx). (c) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia con base en la ENIGH. N.D. = No disponible.

El llamado tortillazo se hizo manifiesto en enero. Como resultado del cambio en la estructura de la demanda por el maíz –insumo que se usa cada vez más para la generación de biocombustibles– el precio de la tortilla se incrementó de forma considerable al aumentar de 6 pesos por kilo a un promedio de 12 pesos, alcanzando los 15 pesos en algunos establecimientos. Después de las acciones del gobierno, el precio se estabilizó alrededor de 8 pesos.

El tema es particularmente sensible por tratarse de la base alimenticia de los mexicanos y porque su consumo representa una proporción importante del gasto de los hogares más pobres. La apreciación desató una percepción, muy generalizada, de inminente crisis económica. El ejecutivo federal fue pronto para responder, incrementando las cuotas de importación de maíz e imponiendo controles de precios. Aunque las medidas funcionan para estabilizar el precio y frenar la especulación, no contribuyen a solucionar el problema de fondo, que es la deficiente estructura productiva del sector agrícola mexicano.

En septiembre, como parte de la propuesta de reforma hacendaria que discutimos en la sección II, se propuso un aumento gradual al impuesto al consumo de gasolina. Este anuncio trajo amargos recuerdos de la década de 1980, cuando aumentos al precio del combustible detonaban los de otros insumos básicos como transporte y alimentos, generando una espiral inflacionaria. Ante las reacciones tan negativas que despertó la medida en la opinión pública –la prensa no tardó en referirse a la medida como el gasolinazo, en referencia a la tortilla– el gobierno de Calderón decidió postergar la entrada en vigor del nuevo impuesto para 2008.

El evento que mayor expectativa tuvo en materia económica fue la aprobación por el Congreso, en septiembre, de una reforma al sistema tributario enviada por el presidente. La reforma permitirá incrementar la recaudación (no petrolera) del gobierno federal de 10% a 12% del producto nacional, según cifras del propio gobierno. Aunque esto representa un avance muy importante en la historia fiscal de México (Díaz Cayeros 2006), el aumento es aún insuficiente para dotar al gobierno de los recursos que permitan generar mejores condiciones para el crecimiento, así como para fomentar un sistema de recaudación más progresivo.

Cabe mencionar que el gobierno de Fox, predecesor del actual gobierno, fracasó en su intento por gravar el consumo de alimentos y medicinas, exentos del pago del IVA. Considerado de forma aislada, este impuesto habría tenido un efecto regresivo en la sociedad, ya que los estratos inferiores de ingreso destinan una proporción mucho mayor al consumo de alimentos y medicamentos. Pero si se toma en cuenta que estos mismos estratos han estado exentos del impuesto de 33% al ingreso, queda claro que la expansión del IVA habría nivelado la carga fiscal con las clases medias. A favor de la expansión del IVA también se encuentra el argumento de que, al tratarse de un impuesto de aplicación general, su recaudación es sencilla y poco costosa.

Ante la virulencia del debate en torno al IVA de alimentos y medicinas, Calderón optó por introducir impuestos nuevos a los productores y al consumo de combustibles (un buen resumen de la reforma fiscal se encuentra en Ernst & Young 2007). Entre los primeros destaca el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU). Este impuesto permitirá a las empresas deducir sueldos y salarios con mayor facilidad (un incentivo para la creación de empleos), pero también representará el cobro de más impuestos a un segmento que ya pagaba más que otros, y complica la ya de por sí compleja contabilidad de las empresas. El paquete fiscal también contempla un nuevo impuesto a los depósitos en efectivo, diseñado para gravar las actividades de la economía informal, que afectará también a los negocios formales que manejan mucho efectivo (como supermercados) y genera incentivos para evadirlo no ingresando dinero a los bancos. La pregunta en el aire es hasta dónde estas fuerzas jugarán en contra de la inversión y la generación de empleos y, a través de una caída en la competitividad, en la propia recaudación del gobierno.

En cuanto a desarrollo social, el gobierno federal ha mantenido la prioridad en los programas Oportunidades (que transfiere dinero a hogares por debajo de la línea de pobreza cuyos hijos no desertan la escuela) y Seguro Popular (que dota de acceso a los servicios de salud a la enorme población que ha estado al margen de la seguridad social). Aunque han sufrido ciertas modificaciones, su estructura mantiene continuidad con la estrategia de combate a la pobreza de gobiernos anteriores, con resultados muy notables. Si 37,4% de la población total se encontraba en situación de pobreza alimentaria en 1996, para 2000 era 24,1%, y para 2006 13,8%. La política social ha sido menos exitosa en la lucha contra la pobreza menos extrema (ver Tabla 1). Mientras México no consiga un crecimiento económico acelerado y sostenido, será muy difícil que mejore el nivel de vida de la población que no ha visto beneficios sustanciales en décadas recientes.

En julio la revista Forbes declaró el hombre más rico del planeta al empresario mexicano Carlos Slim, sobrepasando al legendario magnate norteamericano Bill Gates. Esta nota de ironía es una muestra clara de la marcada polarización de ingresos que prevalece en México.

3. Coyuntura subregional e internacional

La llegada de Calderón a la Presidencia marcó un giro drástico en la política exterior de México respecto de la de su antecesor. Restableció la atención hacia América Latina y logró mejorar las maltrechas relaciones con Venezuela y Cuba. Sin embargo, la política exterior ha sido de bajo perfil, luego de los reiterados fracasos de protagonismo de 2000 a 2006, como el anuncio de una liberalización migratoria en EEUU, que nunca llegó, o el fallido intento de elegir al canciller mexicano Luis Ernesto Derbez para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

4. Coyuntura política

El país se encaminó hacia la reconciliación gradual de las partes en el conflicto postelectoral de 2006, que surgió cuando el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, se negó a reconocer el apretado triunfo de Calderón (vea Magar y Romero 2007a). Ha quedado demostrado que la polarización fue principalmente un fenómeno de élite, mientras que el grueso de la población se mantuvo en el centro del espectro (Bruhn y Greene 2007). Sin embargo, el candidato perdedor sigue siendo popular y su discurso permanece recalcitrante. El autodenominado “presidente legítimo de los mexicanos” convoca con éxito al segmento duro de sus seguidores a mítines masivos en plazas públicas, y realiza apariciones eventuales en los medios para denunciar la fraudulenta elección de 2006 –sin, hasta ahora, haber aportado pruebas convincentes de ello.

Varios sucesos en 2007 resultaron del conflicto postelectoral. El más trascendente fue, quizás, la decisión de los partidos en el Congreso de remover anticipadamente a una parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE, el órgano a cargo de organizar y supervisar las elecciones), incluido su presidente Luis Carlos Ugalde. La decisión se anunció como parte fundamental de una reforma electoral diseñada para subsanar las heridas ocasionadas en 2006 (ver sección II), provocando una intromisión en la autonomía de un órgano que ha sido reconocido internacionalmente por su buen desempeño en la transición de México a la democracia (Estévez et al. 2008). En diciembre, alcanzada la fecha autoimpuesta por los legisladores para nombrar a los tres nuevos consejeros electorales, los partidos políticos en el Congreso no habían logrado acuerdos y optaron por pasar la decisión para febrero de 2008. A raíz de esto, el consejero presidente Ugalde se vio obligado a renunciar a su cargo.

Tabla 2: Confianza ciudadana en instituciones y grupos

A
Mucha / Algo

B
Poca / Nada

C
No sabe

Diferencia A–B


Familia

92%

7%

1%

+85%

 

Escuelas

71

24

5

+47

 

Ejército

70

26

4

+44

 

Iglesias

61

34

5

+27

 

Medios

57

38

5

+19

 

IFE

55

40

5

+15

 

Presidencia

54

42

4

+12

 

CNDH

54

40

6

+14

 

Suprema Corte

49

44

7

+5

 

IFAI

47

40

13

+7

 

Grandes Empresas

46

46

8

0

 

Gobierno Municipal

47

49

4

–2

 

PGR

43

50

7

–7

 

Cámara Senadores

36

57

7

–21

 

Cámara Diputados

34

60

6

–26

 

Partidos Políticos

27

68

5

–41

 

Encuesta nacional en vivienda del 16-18 de febrero 2007, margen de error +/–2,5%. Fuente: Gutiérrez y Moreno 2007.

Los partidos respondieron a los problemas de 2006 como si el IFE hubiera tenido un problema de credibilidad en la opinión pública, lo cual claramente no era el caso (Estrada y Poiré 2007). Una encuesta nacional de principios de 2007 reveló que la confianza neta del IFE (o sea, el porcentaje de entrevistados que afirmaron tener mucha o algo de confianza menos el de quienes dijeron tener poca o nada, ver Tabla 2) era de +15 puntos. Ciertamente no alcanza los niveles de confianza neta de instituciones como la familia (+85 puntos), las escuelas (+47 puntos) o el Ejército (+44 puntos). Pero el superávit del IFE se ubica muy por encima de los déficit de las cámaras del Congreso (–21 y –26 puntos cada una) o los propios partidos políticos (–41 puntos).

Uno de los casos que mayor atención atrajo durante el 2007 fueron las reiteradas acusaciones de corrupción a la esposa del ex presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, y sus hijos, los hermanos Bribiesca-Sahagún. La principal acusación es de tráfico de influencias: haber facilitado contratos de distintos empresarios con el gobierno federal a cambio de retribuciones monetarias. A la fecha no se ha probado fehacientemente ningún cargo, pero los procesos judiciales aún no concluyen.

La Suprema Corte de Justicia tomó decisiones controvertidas en varios casos fundamentales para la construcción del estado de derecho en el país. El balance es de claroscuros.

En junio declaró inconstitucional varios ordenamientos de la llamada Ley Televisa, una legislación aprobada en 2006 que regula el espectro televisivo y que tendía a inhibir la competencia en el sector favoreciendo al existente duopolio de las compañías Televisa y TVAzteca. En diciembre, resolvió no atender el caso contra el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976) por genocidio, con lo que el caso fue finalizado y Echeverría exonerado en este caso específico.

En noviembre, la corte determinó que no había elementos para sancionar al gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, por la violación a los derechos individuales de la periodista Lydia Cacho, quien investigaba actos de pederastia de un empresario poblano, Camel Nacif. La periodista fue prácticamente secuestrada por policías judiciales en Cancún y trasladada a Puebla para comparecer en una audiencia judicial. A pesar de que existían elementos suficientes para vincular este episodio con la estrecha relación entre el gobernador Marín y Nacif, la Corte consideró que la violación a las garantías no fue lo “suficientemente grave.” La resolución causó una fuerte indignación generalizada en amplios segmentos de la población, bajando sustantivamente la confianza ciudadana que la Corte había conseguido.

II. CAMBIOS INSTITUCIONALES Y EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Ninguno de los grupos parlamentarios controla la mayoría absoluta de escaños en las cámaras de la LXa Legislatura (2003-06), situación que se ha mantenido constante desde la LVIIa (1997-2000). Pero, en marcado contraste con el sexenio de Fox, Calderón y su partido lograron acuerdos con otros partidos para llevar a cabo cambios de importancia en política pública. Antes de discutir las tres reformas más importantes, cabe comentar que la alianza legislativa del PAN ha sido principalmente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros partidos pequeños. Pero también consiguió que importantes sectores del PRD apoyaran la reforma electoral. Faltará ver si Calderón logrará mantener el ánimo conciliador del PRI conforme se aproxime la elección intermedia de 2009, cuando se renovará la Cámara de Diputados en su totalidad.

 

Tabla 3: Legislación de importancia en 2007

Fecha de aprobación

Legislación


31 de marzo

Reforma a la ley del ISSSTE: inicia una transición gradual al sistema de aportaciones para pensiones en cuentas individualizadas, dándole viabilidad a largo plazo al sistema de jubilaciones de los burócratas.

14 de septiembre

Reforma hacendaria: creación de un nuevo impuesto sobre las utilidades de las empresas, con posibilidad de deducir inversiones en capital.

11 de diciembre

Reforma a la ley electoral: recorta la duración de las campañas; faculta exclusivamente al Instituto Federal Electoral para contratar tiempo aire para campañas y para censurar toda “calumnia” o mensajes “denigrantes” ; remueve prematuramente una parte del consejo del IFE.


El 31 de marzo se concretó el primer logro de importancia: la reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El esquema existente permitía que los trabajadores gubernamentales se jubilaran a muy temprana edad, imponiéndoles una onerosa carga de pensiones a los trabajadores en activo. Por décadas, las contribuciones de los burócratas han sido insuficientes para cubrir las pensiones de sus jubilados. Cada año, el gobierno ha cubierto el gigantesco déficit con el dinero del tesoro público. En 2006, el subsidio para pensiones del ISSSTE alcanzó 40 mil millones de pesos, más de la tercera parte del gasto discrecional federal, y se estima que en menos de 10 años llegaría a la totalidad de dicho gasto (Sarmiento 2007). El nuevo arreglo, resultado de una iniciativa de Calderón, contempla una transición gradual a cuentas individualizadas, en las que cada trabajador hará aportaciones para su propia jubilación –como el resto de los trabajadores en México– impidiendo que las cuotas sirvan para cubrir pensiones injustificadas de quienes supieron sacar provecho del disfuncional sistema en el pasado reciente. Para superar la oposición del sindicato, la nueva ley garantiza un cuestionable monopolio de las cuentas individualizadas por 3 años al Fondo de Pensiones del propio ISSSTE, en cuyo consejo de administración el sindicato tiene una representación importante.

El 14 de septiembre, el Congreso aprobó, con modificaciones, la reforma a la hacienda pública propuesta por el Ejecutivo. Aunque la reforma alcanzada es relativamente modesta (vea sección I), tuvo una importante dimensión simbólica, ya que manifestó la habilidad negociadora del nuevo presidente, su capacidad para conseguir resultados y sobre todo marcó un contraste fuerte con su antecesor. Cuando parecía que el rubro fiscal era intocable en México –ni siquiera el PRI, aún en tiempos de hegemonía, pudo llevar a cabo una reforma fiscal de importancia (Magar y Romero 2007b)– Calderón y su partido consiguieron el apoyo del PRI para introducir los cambios. El apoyo del PRI a los nuevos impuestos a productores y al consumo de combustibles se consiguió gracias a que la recaudación de este último será transferida en gran medida a los gobiernos de los estados, mayoritariamente controlados por el PRI. Dicho impuesto fue muy mal recibido por la prensa y la opinión pública. La controversia llegó a grado tal que el presidente y los partidos optaron por diferir su entrada en vigor hasta 2008.

El otro cambio con grandes implicaciones fue la reforma electoral, aprobada entre noviembre y diciembre. A diferencia de la ley del ISSSTE y la reforma hacendaria, este conjunto de modificaciones emanó del Poder Legislativo, y fue aprobado casi por unanimidad. Al parecer fue el precio que tuvo que pagar Calderón al PRI por ser su partido pivote (Economist 2007) y al PRD, en un intento por regresarlo a la institucionalidad electoral. Diputados y senadores modificaron múltiples aspectos de la normatividad que rige las elecciones. Por la magnitud de sus implicaciones, sobresalen tres modificaciones. En primer lugar, la Constitución y el código electoral sufrieron enmiendas para reducir la duración de campañas electorales (a 90 días) y facultar exclusivamente al IFE para contratar, en radio y TV, tiempo dirigido a influir en las preferencias electorales. Aunque el objetivo manifiesto de esta serie de enmiendas fue recortar el oneroso costo de las campañas en México, representan un atentado directo contra la libertad de expresión. La nueva norma prevé no sólo el retiro de toda propaganda que infrinja las nuevas disposiciones, sino incluso la posibilidad de sancionar al medio de comunicación responsable, cancelando su licencia de transmisión sin derecho a juicio o apelación (CPEUM 2007 art. 41; COFIPE 2007 art. 49.3). Segundo, las nuevas disposiciones prohíben expresamente a los partidos denigrar a otros partidos, así como calumniar a las personas, y facultan al IFE para retirar toda propaganda que dé lugar a una queja por el afectado (COFIPE art. 233.2). El objetivo, en este caso, fue limitar el tono negativo de las campañas, que predominó en la elección general de 2006. Pero, una vez más, la reforma atenta contra la libertad de expresión y la democracia, ya que se corre el riesgo de que los partidos y sus candidatos pierdan el derecho de decidir cómo quieren persuadir a la ciudadanía para que vote por ellos. En vez de dejar que sea el juicio de las urnas el que decida qué mensaje de campaña resulta preferible (o menos odioso), se ha optado por ungir al IFE como órgano de censura, otorgándole un amplio grado de discrecionalidad para definir lo que constituye una “denigración” o una “calumnia” en los mensajes de campaña. Tercero, la reforma contempla la sustitución prematura de 6 de los 9 miembros de la autoridad máxima del IFE, incluido su presidente. El objetivo, en este caso, fue introducir una renovación escalonada del IFE, pero se alcanzó atentando en contra de uno de los pilares de la autonomía del IFE: la seguridad de los consejeros en su cargo. El consejo que organizó la elección de 2006 ciertamente cometió errores de cálculo en sus funciones, pero es indudable que en todo momento actuaron con apego a la legalidad –López Obrador los acusó de orquestar un fraude en su contra sin nunca aportar pruebas convincentes de ello. La remoción sienta un precedente ominoso para la autonomía del IFE en el futuro. En cambio, la reforma dejó intactos puntos fundamentales como la prohibición de reelección legislativa inmediata o el financiamiento de los partidos y sus campañas con recursos públicos.

Se podría esperar que las restricciones a mensajes electorales en medios masivos privilegiarán campañas de puerta a puerta o territoriales. Como el PRI es el único partido que tiene presencia en todos los rincones del país, es razonable especular que este aspecto de la reforma electoral lo beneficiará.

Los temas pendientes en política pública incluyen las reformas al sector energético para incrementar la inversión en el mismo, eliminando las prohibiciones constitucionales a la inversión privada nacional y extranjera; la liberalización del mercado laboral para multiplicar la generación de empleos; y el urgente cambio al disfuncional sistema de seguridad y justicia, discutido al inicio de esta reseña.

III. ELECCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES

En 2007 no hubo elecciones federales, pero sí estatales y municipales. Catorce entidades (de 32) renovaron un total de 487 diputados locales (297 de mayoría relativa y 190 de representación proporcional), así como el ayuntamiento de 1.640 municipios. Tres estados (Baja California, Michoacán y Yucatán) eligieron, además, un nuevo gobernador.

 

Tabla 4: Elecciones de gobernadores (ejecutivos estatales)

Entidad (fecha)

Partido o coalición

Votos

% de votos


Baja California

(5 de agosto)

PAN/PANAL/PES

436.360

 

50,43

 

PRI/PVEM

380.772

 

44,00

 

PRD

20.003

 

2,31

 

PT/Convergencia

6.749

 

0,78

 

PASC

7.738

 

0,89

 

Nulos

13.742

 

1,59

 

Participación

41,11%


Michoacán (11 de noviembre)

PAN/PANAL

490.595

 

32,97

 

PRI

368.947

 

24,80

 

PRD/PT/Convergencia/PASC

562.270

 

37,79

 

PVEM

24.607

 

1,65

 

Otros

702

 

0,05

 

Nulos

40.658

 

2,73

 

Participación

48,69%


Yucatán (20 de mayo)

PAN

354.805

 

42,07

 

PRI

414.452

 

49,14

 

PRD

22.496

 

2,67

 

PT/Convergencia

27.126

 

3,22

 

PVEM

3.860

 

0,46

 

PAY

1.837

 

0,22

 

PANAL

3.042

 

0,36

 

PASC

1.347

 

0,16

 

Otros

1.314

 

0,16

 

Nulos

13.055

 

1,55

 

Participación

69,76%


Fuentes: Institutos electorales de los estados. Para obtener las direcciones de los portales internet de dichos institutos estatales, consulte http://www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuitem.817e056eb3040a830465237d100000f7/.

 

Tabla 5: Elecciones para legislaturas estatales

Entidad (fecha)

Partido o coalición

Nº de
votos

% de
votos

Nº de
escaños

% de
escaños


Aguascalientes

PAN/PANAL

105.390

 

32,33

 

9

33,33

 

(5 de agosto)

PRD

22.400

 

6,87

 

1

3,70

 

PRI

107.347

 

32,93

 

14

51,85

 

PVEM

28.031

 

8,60

 

1

3,70

 

Convergencia

41.516

 

12,74

 

2

7,41

 

PT

4.952

 

1,52

 

0

0,00

 

PASC

3.570

 

1,10

 

0

0,00

 

Otros

620

 

0,19

 

0

0,00

 

Nulos

12.151

 

3,73

 

 

 

 

Participación

44,74

 

Baja

PAN/PANAL/PES

404.945

 

48,19

 

15

60,00

 

California

PRI/PVEM

349.196

 

41,56

 

9

36,00

 

(5 de agosto)

PRD

3.639

 

4,99

 

1

4,00

 

PT/Convergencia

14.293

 

1,70

 

0

0,00

 

PASC

1.065

 

0,13

 

0

0,00

 

Nulos

14.673

 

1,75

Participación

41,11

 

Chiapas

PAN

 

 

9

22,50

 

(7 de octubre)

PAN/PANAL

324.250

 

21,02

 

PRI

312.743

 

20,27

 

14

35,00

 

PRI/PVEM

153.963

 

9,98

 

PRD

 

 

10

25,00

 

PRD/PVEM/PT/Convergencia

150.868

 

9,78

 

PRD/PT/Convergencia

345.337

 

22,38

 

PVEM

84.794

 

5,50

 

3

7,50

 

PT

 

 

2

5,00

 

Convergencia

 

 

2

5,00

 

PANAL

 

 

2

5,00

 

PASC

32.040

 

2,08

 

0

0,00

 

Votos Nulos

138.723

 

8,99

 

 

Participación

57,17

 

Chihuahua

PAN

376.494

 

41,25

 

10

30,30

 

(1 de julio)

PRI/PANAL

421.876

 

46,22

 

18

54,55

 

PRD/Convergencia

40.390

 

4,42

 

3

9,09

 

PT

17.859

 

1,96

 

2

6,06

 

PVEM

20.675

 

2,27

 

0

0,00

 

PASC

10.876

 

1,19

 

0

0,00

 

Otros

253

 

0,03

 

0

0,00

 

Nulos

24.374

 

2,67

 

 

 

 

Participación

37,43

 

Durango

PAN

191.397

 

36,32

 

8

26,67

 

(1 de julio)

PRI

177.742

 

33,73

 

17

56,67

 

PRI/PANAL/PD

80.526

 

15,28

 

0

0,00

 

PRD

22.225

 

4,22

 

1

3,33

 

PT/Convergencia

24.905

 

4,73

 

2

6,67

 

PVEM

3.919

 

0,74

 

0

0,00

 

PANAL

4.918

 

0,93

 

1

3,33

 

PASC

3.055

 

0,58

 

0

0,00

 

PD

5.616

 

1,07

 

1

3,33

 

Otros

644

 

0,12

 

0

0,00

 

Nulos

11.962

 

2,27

 

 

 

 

Participación

48,85

 

Michoacán

PAN

407.789

 

27,52

 

11

27,50

 

(11 de

PRI

438.582

 

29,60

 

9

22,50

 

noviembre)

PVEM

49.555

 

3,34

 

1

2,50

 

PANAL

30.741

 

2,07

 

3

7,50

 

PASC

23.069

 

1,56

 

0

0,00

 

PRD/PT/Convergencia

477.983

 

32,25

 

16

40,00

 

Otros

995

 

0,07

 

0

0,00

 

Nulos

53.185

 

3,59

Participación

 

 

 48,57

 

Oaxaca

PAN

125.278

 

14,02

 

7

16,67

 

(5 de agosto)

PRI

419.622

 

46,96

 

23

54,76

 

PVEM

243.526

 

27,25

 

1

2,38

 

PRD

28.787

 

3,22

 

8

19,05

 

PT

23.343

 

2,61

 

1

2,38

 

Convergencia

17.168

 

1,92

 

1

2,38

 

PUP

671

 

0,08

 

1

2,38

 

PANAL

35.121

 

3,93

 

0

0,00

 

PASC

125.278

 

14,02

 

0

0,00

 

Participación

55,45

 

Puebla

PAN

540.981

 

29,31

 

8

19,51

 

(11 de

PRI/PVEM

764.757

 

41,43

 

26

63,41

 

noviembre)

PRD/Convergencia

200.487

 

10,86

 

3

7,32

 

PT

69.936

 

3,79

 

2

4,88

 

PANAL

150.815

 

8,17

 

2

4,88

 

PASC

11.004

 

0,60

 

0

0,00

 

PEC

30.230

 

1,64

 

0

0,00

 

Otros

727

 

0,04

 

0

0,00

 

Nulos

77.029

 

4,17

 

 

Participación

 

 

 51,68

 

Sinaloa

PAN

308.895

 

36,15

 

15

37,50

 

(11 de

PRI/PANAL

430.287

 

50,36

 

21

52,50

 

noviembre)

PRD

62.354

 

7,30

 

3

7,50

 

PT

15.171

 

1,78

 

1

2,50

 

PVEM

11.343

 

1,33

 

0

0,00

 

Convergencia

5.924

 

0,69

 

0

0,00

 

PASC

3.688

 

0,43

 

0

0,00

 

Otros

704

 

0,08

 

0

 

 

Nulos

16.080

 

1,88

 

 

 

 

Participación

48,14

 

Tamaulipas

PAN

347.640

 

30,68

 

4

12,50

 

(11 de

PRI

415.904

 

36,70

 

15

46,88

 

noviembre)

PRI/PVEM

125.953

 

11,11

 

4

12,50

 

PRI/PANAL

55.940

 

4,94

 

2

6,25

 

PRD

68.579

 

6,05

 

2

6,25

 

PRD/PT

26.764

 

2,36

 

0

0,00

 

PT

21.592

 

1,91

 

1

3,13

 

PVEM

11.118

 

0,98

 

2

6,25

 

Convergencia

6.889

 

0,61

 

0

0,00

 

PANAL

16.695

 

1,47

 

2

6,25

 

PASC

5.028

 

0,44

 

0

0,00

 

Nulos

31.138

 

2,75

 

 

 

 

Participación

48,87

 

Tlaxcala

PAN

136.127

 

30,55

 

14

43,75

 

(11 de

PRI

84.079

 

18,87

 

6

18,75

 

noviembre)

PRD

89.191

 

20,01

 

6

18,75

 

PT

26.695

 

5,99

 

2

6,25

 

CD

21.719

 

4,87

 

1

3,13

 

PANAL

24.164

 

5,42

 

1

3,13

 

Otros

45.288

 

10,16

 

2

6,25

 

Nulos

18.375

 

4,12

Participación

58,23

 

Veracruz

PAN

812.308

 

28,28

 

11

22

 

(2 de

PRI

1.318.346

 

45,90

 

30

60

 

septiembre)

PRD

304.517

 

10,60

 

4

8

 

Convergencia

175.087

 

6,10

 

2

4

 

PRD–Convergencia (Xalapa)

21.152

 

0,74

 

 

PT

64.156

 

2,23

 

1

2

 

PRV

70.993

 

2,47

 

1

2

 

Independientes

 

 

1

2

 

Nulos

96.406

 

3,36

Participación

57,8

 

Yucatán

PAN

367.560

 

43,35

 

9

36,00

 

(20 de mayo)

PRI/PVEM/PAY

385.275

 

45,43

 

14

56,00

 

PRD

32.375

 

3,82

 

1

4,00

 

PT/Convergencia

30.368

 

3,58

 

1

4,00

 

PANAL

11.399

 

1,34

 

0

0,00

 

PASC

4.314

 

0,51

 

0

0,00

 

Otros

91

 

0,01

 

0

 

 

Nulos

16.593

 

1,96

 

 

 

 

Participación

70,14

 

Zacatecas

PAN

111.728

 

21,19

 

9

15,52

 

(1 de julio)

PRI

133.248

 

25,27

 

26

44,83

 

PRD/Convergencia

167.745

 

31,81

 

18

31,03

 

PT

73.459

 

13,93

 

5

8,62

 

PVEM

11.100

 

2,10

 

0

0,00

 

PANAL

12.223

 

2,32

 

0

0,00

 

PASC

3.130

 

0,59

 

0

0,00

 

Nulos

14.740

 

2,79

 

 0

 

 

Participación

51,92

 

Fuentes: Institutos electorales de los estados. Para la consulta en línea de las páginas de dichos institutos estatales, consulte: http://www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuitem.817e056eb3040a830465237d100000f7/.

El balance general fue de recuperación electoral del PRI después de su desastroso tercer lugar en la presidencial de 2006, y una caída importante del PAN, partido que perdió muchos de los avances logrados, en elecciones de los estados, durante el sexenio de Fox. El PRI recuperó la gubernatura de Yucatán, que había perdido 6 años antes frente al PAN, así como la mayoría en 8 de los 14 congresos locales renovados en 2007. Esto parece confirmar la tendencia del nuevo PRI como partido con muy fuerte desempeño en casi todos los estados, pero incapaz de superar las divisiones entre gobernadores para luchar por la presidencia. El PAN, aunque consiguió retener la gubernatura de Baja California (estado que gobierna desde 1989), mostró un fuerte retroceso en comparación con ciclos anteriores. La Tabla 6, que resume los triunfos anuales de los partidos en las pistas estatales, pone en evidencia la incapacidad del PAN de alcanzar, en 2007, el número de victorias de 2001, el primer año de Fox. La caída panista es aún más patente en comparación con 2004, sobre todo en las municipales: si el PAN había conseguido colocar a su candidato a la cabeza de casi 28% de los ayuntamientos renovados en ese año, no alcanzó el 20% en 2007. EL PRD mostró también una caída de poco menos de 20 a poco más de 15% de triunfos municipales. En el mismo período el PRI pasó de casi 50 a casi 60% de triunfos.

Es todavía temprano para dar una explicación del exitoso balance electoral del PRI en las elecciones locales de 2007. Por tratarse de un año sin elección federal concurrente, y también como resultado del mayor dinamismo del federalismo en la última década en México, los temas de campaña fueron marcadamente locales. Los resultados permiten aventurar que la erosión de la base de apoyo del PRI desde 1988 ha dado lugar más claramente a un fenómeno de desalineación electoral que a una realineación duradera. Como resultado, temas locales y de corto plazo cobran mayor peso en el voto ciudadano. Sin embargo, la escasez de encuestas de opinión para cada estado que celebró elecciones dificulta arrojar luz sobre los ejes de las exitosas campañas del PRI en el año.

Tabla 6: Triunfos anuales en elecciones locales

2001

2002

2003 (federal)

2004

2005

2006
(federal)

2007

A-Gobernadores ganados cada año

PAN

2

0

2

2

0

3

1

 

PRI

1*

0

4

7

6

1

1

 

PRD

1

0

0

1

2

2

1

 

Total

4

0

6

10

8

6

3

 

B-Mayorías en Legislaturas locales obtenidas cada año

PAN

1

0

1

2

0

5

1

 

PRI

9

5

4

6

4

1

8

 

PRD

0

1

1

2

1

1

0

 

sin mayoría

6

0

4

6

2

5

5

 

Total

16

6

10

16

7

12

14

 

C-Ayuntamientos ganados (porcentaje) cada año

PAN

17,2

17,7

31,7

27,5

13,8

39,2

19,2

 

PRI

60,3

59,7

50,0

49,0

52,6

39,3

59,9

 

PRD

18,0

19,9

12,9

19,4

31,5

16,7

15,4

 

Otros

4,6

2,6

5,3

4,1

2,2

4,8

5,3

 

Suma

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

(N)

(1.002)

(231)

(580)

(1.216)

(232)

(582)

(1.217)

 

* La elección de Tabasco en 2000 fue anulada y repetida en 2001.
Fuente: preparado por los autores con datos de las autoridades electorales de los estados.

 

IV. PODER EJECUTIVO

Tras una elección controvertida, una toma de protesta literalmente a empujones y la inicial negativa del PRD a cualquier contacto con el Ejecutivo, el presidente ha conseguido liderar el gobierno con la participación de los principales sectores políticos –la excepción son los seguidores más férreos de López Obrador. Calderón ha conseguido muy altos niveles de aprobación: cerca de dos tercios de entrevistados en encuestas nacionales aprueban su desempeño (Tabla 7). La aprobación se sustenta en la popularidad del combate al narcotráfico y la economía relativamente estable.

Aunada a la alta proporción de ciudadanos que desaprueban la postura de López Obrador, la popularidad presidencial pareciera haber sido la cuña que presionó para que facciones importantes del PRD reconocieran, en los hechos, la legalidad del Ejecutivo.

Tabla 7: Aprobación del presidente Felipe Calderón en 2007

Fecha de aplicación de la encuesta

% de aprobación

Tamaño de muestra


16-18 febrero

58%

1.515

18-20 mayo

65%

1.515

17-20 agosto

65%

1.515

16-18 noviembre

64%

1.530


Fuente: Periódico Reforma en línea (www.reforma.com).

Una diferencia notoria entre Fox y Calderón es su estilo de gobierno. El segundo ha optado por organizar la administración pública de una forma sumamente centralizada. Todas las decisiones importantes pasan por la oficina de la presidencia. Fox, en cambio, dejó amplio margen de discreción a los secretarios de las dependencias, lo cual dio lugar a frecuentes contradicciones en declaraciones y a una imagen, magnificada por la prensa, de falta de liderazgo.

Se produjo un solo cambio en el gabinete desde su conformación en diciembre 2006. El secretario de la Función Pública, Germán Martínez, dejó su cargo para contender por la presidencia del PAN, la cual ganó. El partido quedó así en manos de la facción del presidente.

Tabla 8: Gabinete presidencial 2007

Puesto

Titular

Año de nac.

Último grado de estudios
(Institución)

Filiación /Perfil


Secretaría de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña (desde 1-dic-06)
1952
Licenciatura en Derecho
(Universidad de Guadalajara)
PAN
         

Secretaría de Relaciones
Exteriores

Patricia Espinosa Cantellano (desde 1-dic-06)

1958

Licenciatura en Relaciones
Internacionales(El Colegio de México)

Técnica

         

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

Agustín Carstens Carstens (desde 1-dic-06)

1958

Doctorado en Economía
(University of Chicago)

Técnico

         

Secretaría de la Defensa Nacional

Guillermo Galván Galván (desde 1-dic-06)

1943

(Colegio de la Defensa Nacional)

Militar

         

Secretaría de Marina

Mariano Francisco Saynez Mendoza (desde 1-dic-06)

1942

(Heroico Colegio Militar y Centro de Estudios Superiores Navales de México)

Militar

         

Secretaría de Seguridad Pública

Genaro García Luna (desde 1-dic-06)

1968

Ingeniería Mecánica (Universidad Autónoma Metropolitana)

Técnico

         

Secretaría de Desarrollo Social

Beatriz Zavala Peniche (desde 1-dic-06)

1957

Maestría en Sociología (University of Kentucky)

PAN

         

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Juan Rafael Elvira Quesada (desde 1-dic-06)

1958

Maestría en Ingeniería Agrícola (Cranfield Institute of Technology, UK)

Técnico

Secretaría de Energía

Georgina Yamilet Kessel Martínez (desde 1-dic-06)

no disponible

Doctorado en Economía (Columbia University)

Técnica

         

Secretaría de Economía

Eduardo Sojo Garza-Aldape (desde 1-dic-06)

1956

Doctorado en Economía (University of Pennsylvania)

Fox - Calderón

         

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Alberto Cárdenas Jiménez (desde 1-dic-06)

1958

Doctorado en Ingeniería Industrial (Universidad Politécnica de Madrid)

PAN

         

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Luis Téllez Kuenzler (desde 1-dic-06)

1958

Doctor en Economía (Massachusetts Institute of Technology)

Técnico

         

Secretaría de la Función Pública

Germán Martínez Cázares (hasta 28-sep-07)

1967

Licenciatura en Derecho (Universidad La Salle)

PAN

 

Salvador Vega Casillas (desde 28-sep-07)

1961

Maestría en Dirección y Gestión Pública Local (Universidada Carlos III de Madrid y la UIM)

Felipe Calderón

         

Secretaría de Educación Pública

Josefina Eugenia Vázquez Mota (desde 1-dic-06)

1961

Licenciatura en Economía (Universidad Iberoamericana)

Fox - Calderón

         

Secretaría de Salud

Jose Ángel Córdoba Villalobos (desde 1-dic-06)

1953

Maestría en Administración Pública (Universidad de Guanajuato)

Técnico

         

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Javier Lozano Alarcón (desde 1-dic-06)

1962

Licenciatura en Derecho (Libre de Derecho)

Técnico

         

Secretaría de la Reforma Agraria

Abelardo Escobar Prieto (desde 24-abr-06, repite en la cartera)

no disponible

Maestría en Ciencias (New Mexico State University)

Técnico

         

Secretaría de Turismo

Rodolfo Elizondo Torres (desde 29-jul-03, repite en la cartera)

1946

Licenciatura en Administración de Empresas (ITESM)

PAN

         

Procuraduría General de la República

Eduardo Medina Mora Icaza (desde 1-dic-06)

1957

Licenciatura en Derecho (UNAM)

Felipe Calderón


Fuentes: Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx); Wikipedia (www.wikipedia.org).

V. PODER LEGISLATIVO

Los tan añorados acuerdos entre los partidos en el Congreso por fin llegaron. Aunque en términos generales la sensación es de avance en la capacidad de negociación de los principales actores parlamentarios, no todos los consensos entre legisladores fueron celebrados por la ciudadanía (p.ej., el nuevo impuesto a la gasolina). El distanciamiento del PAN y PRD permitió que el PRI jugara el papel de pivote en las negociaciones parlamentarias. La posición pragmática del PRI facilitó el intercambio entre fracciones políticas. Cabe añadir que el partido optó por bloquear los intentos reformadores de Fox en el Congreso como estrategia para recuperar la presidencia en 2006. El desastroso tercer lugar en esa elección parece haber demostrado que erraron la ruta, regresándolos al pragmatismo –su principal característica durante los 71 años que gobernó al país. A cambio de su apoyo para el presidente, legisladores priístas obtuvieron concesiones importantes, como transferencias de ingresos para gobernadores y la reforma electoral (vea la sección II).

 

Tabla 9: Conformación de la Cámara de Diputados

Período: 1 de septiembre 2006 a 31 de agosto 2009 (LXa Legislatura)
Número efectivo de partidos legislativos: 3,6
Porcentaje de mujeres: 23%


Partido

Escaños

%

% cambio
desde 2003

Partido Acción Nacional

206

 

41,2

 

+11,0

 

Partido de la Revolución Democrática

126

 

25,2

 

+5,8

 

Partido Revolucionario Institucional

104

 

20,8

 

–24,0

 

Partido Verde Ecologista de México

19

 

3,8

 

+0,4

 

Partido del Trabajo

16

 

3,2

 

+2,0

 

Convergencia Democrática

16

 

3,2

 

+2,2

 

Nueva Alianza

9

 

1,8

 

+1,8

 

Alternativa Socialdemócrata Campesina

4

 

0,8

 

+0,8

 

500

 

100


Fuente: Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx) y Cámara de Diputados (www.camaradediputados.gob.mx).

 

Tabla 10: Conformación del Senado de la República

Período: 1 de septiembre 2006 a 31 de agosto 2012 (LXa y LXIa Legislaturas)
Número efectivo de partidos legislativos: 3,6
Porcentaje de mujeres: 18%


Partido

Escaños

%

% cambio
desde 2000

Partido Acción Nacional

52

40,7

+4,7

 

Partido de la Revolución Democrática

26

20,3

+8,7

 

Partido Revolucionario Institucional

33

25,8

–21,1

 

Partido Verde Ecologista de México

6

4,7

+0,8

 

Convergencia Democrática

6

4,7

+3,9

 

Partido del Trabajo

4

3,1

+2,3

 

Nueva Alianza

1

0,8

+0,8

 

128

100


Fuente: Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).

VI. RELACIÓN ENTRE PODERES DEL ESTADO

La fructífera cooperación entre Ejecutivo y Legislativo ha sido narrada en las secciones I y II. La relación del Ejecutivo con el judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue respetuosa, absteniéndose de emitir opiniones sobre las resoluciones de la corte. En cambio, diputados y senadores aplaudieron abiertamente ciertas resoluciones –como la relacionada con la Ley Televisa– y criticaron duramente otras –como en el caso del gobernador de Puebla (ver Sección I.4).

VII. RELACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

El advenimiento de elecciones locales competitivas a mediados de la década de 1990 multiplicó las preferencias e intereses representados en los distintos estratos de gobierno (Lujambio y Vives 2000). De principios a finales de esa década, la convivencia entre gobernantes de distintos partidos pasó de ser la excepción a ser la regla, reforzándose con la alternancia en el ejecutivo federal. Los partidos han aprendido a negociar con relativo éxito en tan solo diez años.

No obstante, una de las relaciones más conflictivas en 2007 fue la de Calderón con Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la capital del país. Ebrard, uno de los principales operadores de López Obrador cuando ocupara ese mismo puesto, es el perredista en funciones de más alto rango que mantiene la negativa a reconocer y tener trato alguno con el presidente. Los demás gobernadores del PRD, en cambio, ya han reconocido, explícitamente o en los hechos, la presidencia del panista.

Por otra parte, el máximo órgano judicial, la Suprema Corte de Justicia, ha deliberado y resuelto casos que involucran a gobiernos de los estados. Los casos que más llamaron la atención en 2007 fueron los juicios políticos (impeachment) de los gobernadores priístas de Puebla, Mario Marín (relatado en la sección I), y de Oaxaca, Ulises Ruiz (cuya resolución sigue pendiente).

VIII. EVALUACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Tras superar con éxito, si bien con gran dificultad, el conflicto postelectoral de 2006, la democracia mexicana continuó enfrentando retos en 2007. Sin embargo, la carencia de mayorías legislativas finalmente dejó de ser un impedimento para alcanzar acuerdos de gobierno. Los partidos lograron a lo largo del año dejar de lado las posiciones maximalistas, comprendiendo la necesidad de dar para recibir. Como los acuerdos alcanzados han sido de corte pragmático y no de posicionamientos en grandes temas, es poco probable que las coaliciones observadas se mantengan estables en el tiempo, sino que observaremos acuerdos caso por caso. El éxito llegará en función de los recursos disponibles para intercambiar de las partes y de su capacidad para comprometerse creíblemente.

Aunque siguen intactas áreas cruciales para hacer al país más competitivo en la nueva economía internacional y algunos de los cambios no parecen muy afortunados –nos preocupa particularmente la restricción a la libertad de expresión fruto de la reforma electoral–, el intercambio de apoyos entre los partidos atestigua a favor de la operación efectiva del proceso democrático en México.

IX. CONCLUSIONES

2007 fue un año de intensa actividad política. Parece haber confirmado que la crisis postelectoral de 2006 fue producto de una elección sumamente cerrada y no síntoma de problemas mayores, y que México continuará su camino hacia la consolidación democrática. Las fuerzas políticas dieron pruebas de capacidad para la consecución de reformas de gran envergadura. Quedará por ver si consiguen coordinarse para empujar otros muchos pendientes de importancia que siguen en el tintero, y que parecen cobrar importancia como medio para reducir los efectos negativos de la desaceleración de la economía estadounidense en 2008.

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Eric Magar es doctor en ciencia política por la Universidad de California en San Diego. Es profesor del departamento de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente estudia la interrelación de los poderes Ejecutivo y Legislativo así como el Instituto Federal Electoral de México.
(Email: emagar@itam.mx)

Vidal Romero es doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford. Es profesor del departamento de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente estudia la toma de decisiones de los ejecutivos, la aprobación presidencial y las reformas de libre mercado.
(Email: vromero@itam.mx)

 

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